CAPÍTULO IV

LAS COLECTIVIZACIONES EN CATALUÑA

Las colectivizaciones en la «zona republicana», especialmente en Cataluña y Aragón, son, a mi entender, el fenómeno más importante dentro de la maraña de acontecimientos revolucionarios de este periodo.¹ Las colectivizaciones, que fueron violentamente calumniadas por sus adversarios, encabezados por los comunistas, que fueron prácticamente ignoradas durante mucho tiempo por los historiadores o que fueron idealizadas por la mayoría de los comentaristas anarquistas, constituyen una realidad contradictoria donde aparece más claramente que, en el ámbito «militar» o «político», el carácter de lo que se estaba ventilando en aquella lucha. Se atacó todo el orden social, con las transformaciones en las relaciones de producción, se trastocó toda la vida económica, se derrumbó toda la pirámide jerárquica de la sociedad. No sólo se hacía tabla rasa de los «sacrosantos» principios de la propiedad privada sino también de aquellos otros principios —también «sacrosantos» para los llamados partidos de «vanguardia»— que justificaban la división entre dirigentes y ejecutantes.

¹ Han aparecido recientemente varios libros que tratan de las colectivizaciones en la zona republicana en general y en Cataluña en particular. Citaremos: Gaston Leval, L'Espagne libertaire, 36-39, Ed. du Cercle y Ed. de la Tête des Feuilles, Paris, 1972; es la versión, revisada y corregida del libro publicado en italiano con el titulo de Ne Franco ne Stalin. (En castellano: Colectividades libertarías en España, 2 vol. Editorial Proyección, Buenos Aires, 1972.) Frank Mintz, L'autogestion dans l´Espagne révolutionnaire, Editions Bélibaste, París, 1970.

En la propia Cataluña se han publicado (en catalán):

Albert Pérez-Baró, 30 mesos de collectivisme a Catalunya, Ediciones Ariel, Barcelona, 1970.

Josep Maria Bricall, Política econòmica de la Generalitat, 19361939, Ediciones 62, Barcelona, 1970.

«Los de siempre», Colectividades campesinas, 1936-1399, Col. Acracia (Libertarios) n.º 15, Tusquets Editores, 1977.

Agustín Souchy Baver, Entre los campesinos de Aragón (El comunismo libertario en las comarcas liberadas), Col. Acracia (Libertarios) n.º 21, Tusquets Editores, 1977.

Pero vamos a ver cómo, a lo largo de su experiencia, los trabajadores tuvieron que luchar —y cómo no supieron hacerlo eficazmente— no sólo contra las dificultades inherentes, por ejemplo, a la guerra, no sólo contra los adversarios declarados de las colectivizaciones, sino también contra los nuevos obstáculos surgidos de esa misma experiencia.

La primera comprobación que hacemos es la del carácter espontáneo de las experiencias de colectivización. En este movimiento masivo y espontáneo de las colectivizaciones es en lo que mejor puede basarse mi afirmación sobre la importancia del movimiento autónomo de las masas obreras en Cataluña que, de lo contrario, sería sólo cháchara «izquierdista».

En efecto, el 18 de julio los comités directivos de la CNT-FAI lanzaron la consigna de huelga general revolucionaria para hacer frente al levantamiento militar en Africa del Norte. «Exactamente el día 28 de ese mismo mes, los propios comités dieron pura y simplemente la orden de volver al trabajo.²» Ahora bien, desde el 21 de julio empezaron las primeras incautaciones. El movimiento empezó en los servicios públicos. Ese mismo día los ferroviarios catalanes colectivizaron los ferrocarriles. El 25 los transportes urbanos, el 26 la electricidad y así sucesivamente.

«Hasta los primeros días de agosto, la CNT no se encargó de modo oficial y organizado de canalizar las colectivizaciones.³» Su primera reacción oficial fue restrictiva: los dirigentes de la CNT intervinieron para que no fuesen colectivizadas las empresas extranjeras, como lo exigían a gritos los consulados.

² José Peirats, in «Presència», n.º 5 (septiembre-octubre de 1966).

³ José Peirats, in «Presència», n.º 5.

En un gran movimiento de entusiasmo, los trabajadores, prescindiendo de cualquier tipo de «tutor», se lanzaron a colectivizar las industrias, los transportes públicos, los servicios públicos, comercios e incluso salas e industrias del espectáculo, cafés, hoteles, peluquerías, etc. Desde el principio cada colectivización constituía un caso particular, pero a pesar de ello pueden clasificarse en tres sectores principales (hablaré de la agricultura más adelante): 1) Empresas en las que el propietario seguía teóricamente en su puesto, pero en las que los trabajadores elegían un Comité de Control Obrero cuyos poderes, al menos al principio, eran tan reales como extensos (se trataba sobre todo de empresas extranjeras).

2) Empresas en las que se sustituye pura y simplemente al patrón por un comité electo.

3) Empresas socializadas.

La diferencia fundamental entre empresas colectivizadas y empresas socializadas consiste en que estas últimas agrupaban a todas las empresas en un mismo ramo productivo. El mejor ejemplo, sin duda, lo constituye la industria de la madera que, bajo la égida del Sindicato de la Madera (CNT), unificó todas las actividades relacionadas con la madera, desde la tala de árboles hasta la venta de muebles, reorganizando de arriba abajo talleres y almacenes. Las empresas socializadas constituían, no obstante, una minoría. Las empresas colectivizadas solían ignorarse mutuamente, incluso las de un mismo sector industrial, ya fuese el textil o el metalúrgico.

Estas colectivizaciones tuvieron una amplísima difusión en toda Cataluña, donde más del 70 % de las empresas industriales y comerciales fueron incautadas por sus trabajadores, pocos días después del levantamiento militar del 19 de julio. En algunas ciudades pequeñas —o pueblos— de la zona catalana, y sobre todo en Aragón, se implantaron unas fórmulas originales que unificaban a las colectivizaciones agrícolas e industriales, en el seno de una comuna libertaria.

Los protagonistas de esta oleada anticapitalista fueron, sin lugar a dudas, los trabajadores anarquistas y anarcosindicalistas de la CNT. Evidentemente no obedecieron a ninguna consigna de «arriba», puesto que sus dirigentes permanecían mudos al respecto, en un principio, ya que estaban muy ocupados «haciendo política» (y también organizando la guerra). Pero esto no debió plantearles graves problemas de conciencia pues no hacían nada más que aplicar las ideas libertarias, sobre todo aquéllas plasmadas en el reciente Congreso de Zaragoza. Se apartaron de sus dirigentes en el sentido de que decidieron que había llegado el momento de poner en práctica dichas ideas, mientras que los líderes, por su parte, decidían que había que sacrificar el «programa del comunismo libertario» en aras de la unidad antifascista.

Hay que señalar que las colectivizaciones se vieron favorecidas objetivamente por la huida al extranjero —o al campo franquista— de muchos patronos, gerentes o directores de empresas. En su libro Por qué perdimos la guerra, Diego Abad de Santillán revela que durante los quince días que precedieron al levantamiento franquista, fueron retirados 90 millones de pesetas de los bancos catalanes. Por supuesto, los capitalistas no iban a huir con las manos vacías. Los patronos que se quedaron, que no fueron eliminados de la «esfera social» y que aceptaron el nuevo régimen, encontraron trabajo en su antigua fábrica según su cualificación profesional (se calcula que fueron un 10 %). Fueran ingenieros, o contables o agentes comerciales o incluso simples obreros. Su sueldo, el mismo que el de aquellos que cumpliesen idénticas funciones. Daniel Guérin no se equivoca cuando señala que los trabajadores catalanes, en relación con otras experiencias del mismo tipo, tuvieron la suerte de contar con la colaboración de un número relativamente importante de ingenieros y técnicos. «Durante más de cuatro meses, las empresas en las que ondeaba la bandera roja y negra de la CNT, fueron dirigidas por los trabajadores, agrupados en Comités Revolucionarios. ⁴»

⁴ Daniel Guérin, l´Anarchisme, Ed. Gallimard, col. «Idées», pág. 157.

Sin embargo, pronto empezaron a surgir graves dificultades en algunos sectores industriales, dificultades que eran debidas, entre otras cosas, a la falta de materias primas y a la reducción de los mercados a consecuencia de la guerra. «La situación no es tan buena en la industria textil (muy importante en Cataluña en aquella época [C. S.-M.]): a causa de la carencia de materias primas sólo se trabaja 2 o 3 días a la semana en muchas fábricas, pero se paga el salario correspondiente a 4 días. La prolongación de esta situación debilita a las empresas. Las ganancias de los obreros, que sólo cobran un sueldo de 4 días, son insuficientes. Esto no es una consecuencia de la colectivización sino de la guerra. La industria textil catalana, ha perdido sus principales mercados. Parte de Andalucía, Extremadura, Castilla la Vieja y todo el norte de España, con la poblada e industriosa región de Asturias, se encuentran en manos de los fascistas. ⁵»

⁵ A. Souchy, Collectivisations: L'Oeuvre constructive de la Révolution Espagnole (1936-1939) (recopilación de documentos), Ediciones de la CNT, Toulouse, reeditada en 1965, pág. 21. Durante mucho tiempo, este folleto ha sido el único trabajo medianamente sistemático sobre la cuestión, publicado en Francés.  

Lo que el autor no dice es que el Gobierno catalán encargaba tela para los uniformes del nuevo ejército al extranjero, tan grande era su desconfianza (por no llamarla de otro modo) en las colectivizaciones. La situación mejoró a principios de 1937: la industria textil catalana trabajó entonces para el ejército republicano.

Sin embargo, los trabajadores cometieron varios errores graves. Uno de ellos fue el de no tocar a los Bancos, volviendo a caer en el error de sus ilustres antecesores de la Comuna de París. La Generalitat fue quien controló todas las Bancas catalanas. Esto le creó problemas con el Banco de España y por tanto con el Gobierno central, como veremos más adelante, pero al mismo tiempo le permitió ejercer una presión muy eficaz sobre las empresas colectivizadas con dificultades financieras o incluso tan sólo con dificultades de tesorería.

Las incautaciones

El 27 de julio, los empleados de las agencias marítimas, afiliados a la UGT, se presentaron en sus oficinas y procedieron a la incautación de la Compañía Transatlántica. Lo mismo pasó en las Compañías Mediterráneas, Ibarra, Ramos, etc. Esta incautación constituye prácticamente el único ejemplo en el que la UGT tomó la iniciativa en relación con la CNT. Recordemos que la UGT, que era una organización esquelética en Cataluña, tenía no obstante algunas secciones entre los empleados, pequeños funcionarios y otros proletarios de «cuello blanco». Sin embargo, la CNT participó desde el primer momento en el Comité Central de control de la Compañía Transatlántica que estaba compuesto como sigue: 3 miembros de la CNT, 3 de la UGT y dos delegados gubernamentales, uno de la Generalitat, otro del Gobierno central.

La flota de esta compañía era de cien mil toneladas. La primera medida del Comité, Central que dirigía la actividad de los comités de navíos, almacenes, oficinas, etc., fue la de destituir al administrador-gerente, a su adjunto y a casi todos los responsables de la antigua dirección. Se suspendió igualmente el pago a los accionistas.

En Barcelona los servicios públicos de transporte, tranvías, metro y autobús formaban una única empresa privada. Desde el 19 de julio, el Sindicato Unico del Transporte decidió la incautación. La empresa quedó dividida en tres sectores: Tranvías, Metro y Autobús. Frente a cada ramo se eligió un Comité. La Generalitat también nombró un delegado, pero su papel, por lo menos al principio, tan sólo fue simbólico. La estructura organizativa creada por la sección de tranvías sirvió de modelo a las demás secciones. Se eligió un Comité de Empresa formado por un delegado de cada ramo o sección de trabajo. Cada sección tenía su Comité que organizaba su trabajo en coordinación con el Comité de Empresa. Una de las medidas más importantes fue la igualación de salarios. Los ingenieros y técnicos que continuaban en su trabajo, por ejemplo, vieron cómo disminuía su salario mientras que los salarios más bajos aumentaban. Se reorganizó el trabajo suprimiendo los puestos burocráticos que se consideraban inútiles. Desde julio de 1936 hasta el final de la guerra, los servicios de transporte urbano de Barcelona funcionaron mejor que antes —según numerosos testimonios— en manos de los trabajadores.

El 21 de julio los ferroviarios se apoderaron de las redes de ferrocarriles catalanes: M. Z. A. y Norte. Se constituyeron inmediatamente Comités Revolucionarios que se ocuparon también de la defensa de las estaciones y de los nudos de comunicación. También aquí, como en el caso de los transportes urbanos, y como en el 99 % de los casos, fueron los militantes de la CNT quienes tomaron la iniciativa, pero después, los miembros de la UGT —empleados, técnicos— formaron parte de los Comités Revolucionarios en plano de igualdad con los de la CNT, sin tener en cuenta la proporción de afiliados. Todas las redes catalanas de ferrocarril fueron colectivizadas por los ferroviarios, organizados en Comités Revolucionarios de estación, depósitos, etc. Se comunicó a los antiguos jefes de servicios que estaban despedidos. Algunos, sin embargo, volvieron al trabajo, no ya en calidad de directores —papel que asumían los Comités— sino en calidad de técnicos.

En Cataluña, el servicio telefónico era propiedad privada de un trust americano. Obedeciendo a las órdenes de la Generalitat y a la de sus propios dirigentes, los sindicatos de teléfonos no colectivizaron esa empresa, pero instauraron en ella un rígido control obrero, dirigido por comités CNT-UGT en cada central, en toda Cataluña. Los «patronos» americanos —o sus representantes españoles— no tuvieron otra actividad que la de controlar las «entradas» y «salidas» de sus pesetas. Entre otras medidas se les impuso el licenciamiento de los directores y jefes de servicio considerados inútiles y demasiado bien pagados.

Sería demasiado largo enumerar la lista de colectivizaciones. Antes de estudiar con más detalle algunos casos concretos, señalemos que la marea «colectivista» invadió casi toda la actividad productiva de Cataluña, incluso las peluquerías: los peluqueros sindicados despidieron a sus patronos y administraron ellos mismos sus salones, suprimiendo las propinas e imponiendo precios únicos. En algunos cafés y hoteles se hizo lo mismo. Los comunistas, al querer demostrar la «locura colectivista» de los anarquistas, han dicho que los famosos burdeles del no menos famoso «barrio chino» de Barcelona también fueron colectivizados. Pero no hemos encontrado rastro alguno de esa interesante iniciativa en los documentos y libros que tratan de este tema...

Por el contrario, existe una abundante documentación sobre las colectivizaciones realizadas por el Sindicato del Espectáculo CNT. Toda la actividad teatral, cinematográfica, ballets, «music hall», fue colectivizada. Productores, patronos y demás propietarios fueron despedidos y el sindicato regentó directamente todas las actividades del espectáculo, encargándose tanto de los programas como de las retribuciones de los artistas, el precio de las entradas, etc.

El Sindicato de la Madera

El Sindicato de la Madera realizó, como ya dije, la «socialización» de esta industria. Es el ejemplo de lo que la CNT entendía entonces por socialización: unificación de todas las empresas y actividades de un ramo industrial en el seno de una única entidad socializada, administrada directamente por el correspondiente sindicato. El sindicato —y no sólo el de la Madera, por supuesto— cambió de «naturaleza». De un organismo de «lucha revolucionaria y económica del proletariado» que decía ser —lo que en gran medida había sido realmente la CNT antes del 36— se convirtió en el organizador y gerente de una serie de sectores esenciales de la economía, una vez que «los expropiadores habían sido expropiados». En la Cataluña revolucionaria, el Sindicato (CNT) iba a desempeñar un papel prácticamente sin igual en la historia del movimiento obrero internacional: en pocos días se convirtió en la primera fuerza política del país —desempeñando un papel determinante desde el Comité Central de Milicias, hasta el más oscuro Comité Revolucionario de barrio—, la fuerza militar más importante, aunque sólo fuese por la cantidad de milicianos, y al mismo tiempo, el elemento primordial de la economía catalana, cuyas tres cuartas partes habían sido colectivizadas por los propios trabajadores. Esta original situación causo toda una serie de problemas y contradicciones. La primera y más evidente de todas ellas fue el nacimiento —rápidamente liquidado por la derrota— de una burocracia obrera.

*   *   *

El 6 de octubre de 1936 el Sindicato Único del Ramo de la Madera (CNT) publicó un informe sobre su actividad, que empezaba así:

«NOSOTROS VAMOS A POR TODO. Ya decíamos en otro artículo que hay que ir a por todo, que hay que trastocar todo lo existente; hay que sanear los focos de infección. Tenemos que dar una sensación de estabilidad reconociendo que al régimen burgués le ha tocado su hora final.

Tenemos que hacer renacer la confianza entre los trabajadores. Tenemos que decirles y les decimos: Obreros de la Madera: los patronos no existen, y para que lo veáis claro presentamos este balance. Los patronos, carpinteros, cobijados en la guarida de trabucaires del Fomento,⁶ ya que no existen, y en su lugar el Ramo de la Madera ha instalado una de sus oficinas.

⁶ «Trabucaires del Fomento»: los bandidos de la organización patronal (Fomento).

La canalla ebanista que tenía su sede en la Escuela de Artífices, hoy completamente desorganizada, destruida, ya no existe, y el local y documentación están bajo nuestra custodia, La «Patronal Embaladora y Tapicera» también ha desaparecido. Locales y documentos están en nuestro Poder. Nosotros vamos a por todo, y tenemos el deber de imponernos, y nos imponemos como sector revolucionario. A los pequeños patronos, los reagrupamos en talleres grandes. Y conseguido esto, controlamos toda la producción. Al crearse nuestros talleres confederales, tenemos que imprimir ritmo a nuestras actividades. Nosotros queremos, y cuando lo decimos es que estamos seguros de poder ser en plazo corto los únicos que tengamos bajo nuestro control toda la producción. Todos los trabajos han de hacerse por medio del Sindicato, ya que si bien es verdad que antes fueron organismos de lucha contra el capital, hoy han de ser los que regulen la producción ⁷».

⁷ Archivos personales.

Idéntica vivacidad de tono encontramos en el texto siguiente, publicado el 25 de diciembre de 1936, en el Boletín CNT-FAI, pero esta vez no sólo va dirigido contra los patronos.

«...En vez de llegarse a la verdadera incautación, en vez de dar amplia satisfacción al pueblo, se obliga a los patronos a pagar el semanal y se aumentan los jornales y se reduce el horario. ¡Y esto en plena guerra! Hecha la incautación por la Generalitat de todos los valores, se admite la pignoración sobre unos inventarios imaginarios y se dan cantidades tan fabulosas que hoy se han de arrepentir cuando, hecho el balance, se pueda demostrar la cantidad de millones que se han gastado sin producir y que tan quebrantada han dejado a la economía.

Se ha creado una cantidad de burócratas parasitarios (subrayado por mí, [C. S.-M.]), que el Ramo de la Madera ha procurado aminorar en los trabajos que controla. Hay demasiados comités de control que no producen, y a esto no hay derecho... »  

.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 

«El Sindicato de la Madera, con un sentido amplio de responsabilidad, dándonos cuenta del momento, quisimos, no tan sólo seguir la marcha de la revolución, quisimos encauzarla teniendo en cuenta nuestra economía, la economía del pueblo. A tal efecto recogimos todos los pequeños propietarios, aquellos pequeños patronos insolventes, sin medios propios de vida, nos hicimos cargo de los microscópicos talleres, compuestos de insignificante número de operarios, sin preguntarles a qué central sindical pertenecían, no viendo más que obreros que estaban inactivos, perjudicando la economía.

Pues bien: de estos talleres, valiéndonos de nuestros propios medios y de las cuotas de los trabajadores, montamos talleres confederales de doscientos o más trabajadores, como jamás existieran en Barcelona y poquísimos en el resto de España.»

Después de notificar la incomprensión y el sabotaje que esta reorganización de la industria de la madera levantó en todos los medios, se quejan de la actitud de los Comités de Control gubernamentales para con ellos. Estos, les vendieron las materias primas que necesitaban a unos precios exorbitantes. Sólo consiguieron ser tomados en serio —continúa el texto— cuando pagaron sus deudas en el plazo señalado, cualquiera que fuera el precio, cosa que nadie debía hacer en Cataluña. De todos modos, no basta con hacer algunas declaraciones de principio para eliminar el espíritu mercantil de las relaciones sociales. El texto concluye así:

«Hay un malentendido al afirmar que nosotros no aceptamos el Decreto de colectivización. Todo lo contrario, lo aceptamos, sólo que en el terreno práctico le damos otra interpretación. Lo fácil, lo lógico para algunos hubiese sido hacer esas colectivizaciones que no son otra cosa que grandes cooperativas, en las cuales, sólo las industrias con vida propia tendrán asegurada su existencia. Pero, en cambio, dejan abandonadas a las pobres a sus propios medios, que no es otra cosa que crear dos clases: los nuevos ricos y los eternos pobres. ¡Desigualdad que no se puede consentir! Nosotros aceptamos la colectivización de todas las industrias, pero con una sola caja, llegando al reparto equitativo. Lo que no aceptamos es que haya colectividades pobres y ricas. He aquí el verdadero problema de la colectivización: o se colectivizan todas las ramas de la producción en general, o se deja en libertad de hacer ensayos prácticos ... ⁸»

⁸ Archivos personales.

El verdadero problema de las colectivizaciones era el planteado por la desigualdad, debida a todo tipo de factores (falta de dinero, de mercados, de materias primas, etc.) entre las empresas colectivizadas que, en su mayor parte eran independientes, formando una entidad aislada y actuando cada cual en su propio provecho.

El problema de la coordinación entre las empresas colectivizadas fue rápidamente percibido por numerosos sectores de la CNT y no sólo por el Sindicato de la Madera. En octubre de 1936 se celebró en Barcelona un Congreso sindical que representaba a 600.000 trabajadores cuyo objeto era la socialización (en el sentido que se ha indicado anteriormente) de la industria. Se decidieron adoptar una serie de medidas prácticas tendentes a agrupar a todas las actividades de las diferentes ramas, todo esto bajo la égida y el control de los sindicatos. Pero estas medidas que pretendían responder a las dificultades reales, nunca se aplicaron de una manera efectiva. Seguidamente, el Decreto de Colectivización de 24 de octubre de 1936, propuso una organización diferente en la que, naturalmente, el Estado seria quien controlara todo el aparato de los sindicatos y de los diversos comités.

Para luchar contra el problema de las colectividades «ricas» que se desinteresaban de la suerte de sus «hermanas pobres», todos, tanto la Generalitat, como los sindicatos, multiplicaron las gestiones administrativas y burocráticas, los organismos de control, etc. —los burócratas parasitarios denunciados por el Sindicato de la Madera —que no llegaron a conseguir una verdadera «planificación democrática», pero que en cambio hicieron que proliferaran los conflictos y los abusos inherentes al funcionarismo obrero.

El Sindicato de la Madera parece que consiguió bastante bien, por lo que a él respecta, resolver el problema de la coordinación. Como hemos visto, se desembarazaron rápidamente de los patronos, agruparon en amplios talleres a los pequeños artesanos ebanistas y otros, con los obreros carpinteros, etc., talleres que también se encargaban de la venta de los productos que fabricaban. El paso de las empresas microscópicas y desperdigadas por todas partes a los talleres confederales donde estaban agrupados las diversas actividades de la industria de la madera, permitía una planificación de la producción, una reducción de la burocracia improductiva y una igualación de los salarios de los trabajadores, medida que se encuentra en la inmensa mayoría de las experiencias de colectivización. Teóricamente parece que existían las condiciones necesarias para una verdadera gestión obrera de la producción. Pero el «gerente» estaba explícitamente designado; era el sindicato. Cuando los textos del Sindicato de la Madera afirman que los sindicatos eran quienes tenían que «gestionar la producción» están dentro de la mas pura ortodoxia de la CNT. Como yo siento una gran desconfianza hacia cualquier ortodoxia, me hubiera gustado ir más allá de las palabras y saber con más exactitud lo que significaba gestión sindical en la industria de la madera. Nos faltan documentos —o yo no he sabido encontrarlos. Para mí resulta evidente que no se puede en modo alguno confundir sindicato de la madera con trabajadores de esa industria. Pongamos un ejemplo banal: Sindicato puede querer decir el secretario general y sus adjuntos, como el conjunto de los miembros de la CNT (o sea la mayoría de los trabajadores) ejerciendo democráticamente sus derechos y realizando de verdad y colectivamente la gestión de la producción.

En el primer caso, «en nombre del sindicato», los dirigentes de este último podían imponer algunas medidas a los trabajadores, manipular las asambleas y los votos y, a fin de cuentas, reconstruir el monopolio del saber y del poder en provecho de la «dirección». Es un conocido mecanismo —que resumo— que conduce a la jerarquización burocrática. En el segundo caso, sería interesante estudiar cómo se hubiera ejercitado la democracia y la gestión obreras a través del Sindicato y cuáles eran las relaciones de la CNT con la minoría UGT y con los no sindicados —por lo menos durante las primeras semanas—, pues la adhesión a un sindicato se hizo muy pronto prácticamente obligatoria. La ideología de la CNT constituye aquí un obstáculo para el análisis: puesto que el sindicato es la forma superior de organización social y de democracia obrera, la gestión de una industria por el sindicato correspondiente ¡tiene que ser obligatoriamente eficaz y democrática! La palabra mágica de sindicato oculta los conflictos que pudieran existir.

La industria textil

La industria textil era tradicionalmente una de las más importantes industrias catalanas. Pero su estructura era arcaica, incluso para aquella época y por ejemplo, menudeaban los pequeños talleres.

He aquí algunos aspectos del balance oficial de la colectivización en la industria textil, según el informe del Sindicato único de Barcelona (CNT) publicado sin fecha, en el folleto de la CNT: La obra constructiva de la revolución española:

«Una de las industrias mas importantes de Cataluña, que está concentrada especialmente en Sabadell y Tarrasa, es la textil. El Sindicato único controla, solamente en Barcelona, a 40.000 trabajadores de la CNT. El total de trabajadores controlados por las dos centrales sindicales asciende a 230.000 obreros, de los cuales 170.000 pertenecen a nuestra Confederación. Entre los trabajadores sindicados un 70% pertenece a la CNT y un 30 % a la UGT. 

Jornales: Antes del movimiento los trabajadores del sector de tintorería percibían un salario de 68 pesetas a la semana. Hoy día perciben 78,20, lo que representa un aumento del 15 %. Los trabajadores del sector de mantenimiento perciben el mismo salario.

Tricotaje: los trabajadores de esta subdivisión trabajaban por piezas y antes del 19 de julio ganaban 175 pesetas a la semana, en base a una media de 10 horas de trabajo por día. Hoy, ganan 135 pesetas a la semana de 40 horas y trabajan por días.

Las obreras que trabajaban por pieza sobre "Standard" y percibían 60 a 70 pesetas, perciben hoy un salario de 65 pesetas a la semana.

Los salarios de los técnicos industriales han pasado de 250-350 pesetas a 200-250 pesetas a la semana.

El de los encargados de servicio, de 125 a 125-130 pesetas.

Según estas cifras, parece que los salarios han sufrido una disminución.

En realidad ha habido una evidente ventaja para el obrero, puesto que tiene un salario fijo, seguro y permanente al desaparecer el trabajo por piezas. Antes del 19 de julio, los obreros trabajaban con "Cotton" y "Standard"; para conseguir los salarios que mencionábamos antes, tenían que hacer 80 horas semanales; hoy día, en las fábricas en las que no se ha adoptado la semana reducida (por escasez de materias primas) sólo se trabaja 40 horas.

El coeficiente de salario-horario es muy superior en este momento al que se practicaba bajo el régimen burgués.» (Estos argumentos me parecen poco convincentes [C. S.-M.])

«Milicias en el frente. El número de afiliados a la CNT del sector textil, que han abandonado su trabajo en las fábricas y talleres controlados por nuestra Confederación para ir al frente es muy elevado. Podemos decir que en el momento actual la mano de obra se ha reducido mucho en este ramo de la industria. En Barcelona-ciudad, 20 a 25.000 hombres, afiliados a la CNT, han partido como voluntarios al frente, mientras que de la UGT sólo lo han hecho 3.000.

Donativos para las victimas del fascismo. El SUFT (Sindicato Unico Fabril y Textil) ha ofrecido hasta hoy al Comité, para las victimas del fascismo 2.500.000 pesetas. Debido a la disminución del trabajo por falta de materias primas, los donativos, que antes eran de 110.000 pesetas semanales, han descendido a 55.000 ⁹.»

⁹ A. Souchy: Collectivisations.... págs. 48-50. Hay que señalar como «vestigio reaccionario del pasado» que la discriminación salarial respecto a las mujeres (sin duda alguna reflejo de una discriminación más generalizada), persistió tanto en las colectividades industriales como en las agrarias.

Después de indicar que los trabajadores del textil cedían del 5 al 15% de sus salarios, según el importe, al Comité de Milicias para las necesidades de la guerra, el informe continúa describiendo la estructura de la organización de las empresas colectivizadas. Quizá sea de lamentar la imprecisión de la fórmula «casi toda la industria textil está colectivizada en Cataluña», que no nos indica cual era el porcentaje de industria que todavía era privada, ni las relaciones entre la industria colectivizada y los Comités de Control en la industria privada. Sin embargo, la segunda parte de este informe que empieza por: «Cuando hayan implantado la colectivización, los Comités de Control se convertirán en Comités técnicos administrativos», parece indicar que en el momento en que ese informe fue redactado (septiembre u octubre de 1936, por las alusiones al Comité de Milicias) la colectivización estaba muy lejos de haber acabado.

La estructura organizativa era clásica desde el punto de vista de la CNT. Se trataba de una pirámide de comités: Comité de Empresa, Comité Local que reagrupa a los delegados de los Comités de Fábrica de la localidad, Comité de Zona, Comité Regional (para la CNT, Cataluña siempre fue una «región») y Comité Nacional del Textil. Los textos insisten en el aspecto democrático de las estructuras organizativas, no sólo porque todos sus comités han sido elegidos, sino también porque, en caso de conflicto, se decide recurrir a la Asamblea plenaria de trabajadores de una empresa o incluso de una localidad, y esta Asamblea es la que decide. Cuando el conflicto se sitúa a un nivel más «elevado», zona, región o nación, los Asambleas de delegados o los Congresos son los que naturalmente deciden.

Sobre el papel parece que hay una coordinación, a través de los comités elegidos, entre todas las empresas textiles catalanas, que hacía que fuera posible luchar contra las desigualdades de las que ya he hablado. Ahora bien, el informe se limita a constatar que, debido al trabajo y a los salarios reducidos, los trabajadores de algunas empresas sólo podían pagar una cotización pequeña para las necesidades de la guerra. No se mencionan los medios previstos para remediar esta situación. ¿Llegó dicha coordinación a superar realmente el estadio de los buenos deseos? Por lo demás, no se sabe lo que subsistió una vez que el Decreto sobre colectivizaciones hubo levantado otra estructura estatal-sindical.

También nos gustaría tener mas información sobre el hecho de que cada comité, que a su vez estaba subdividido en cuatro o cinco departamentos, podía nombrar «al personal técnico y burocrático (sic) necesario para realizar sus funciones».

La industria metalúrgica

En el sector metalúrgico las cosas tampoco fueron demasiado sencillas. Hay que señalar, ante todo, que algunas fábricas metalúrgicas bastante importantes eran extranjeras y que, por lo tanto, no fueron colectivizadas. Algunas, como la Barret, S. A., que había sido colectivizada, cuando el Consulado belga intervino comunicando que el 80 % del capital de esa empresa era belga, tuvieron que dar marcha atrás y pasar de la colectivización al control obrero.

Evidentemente, la metalurgia catalana se convirtió por completo —o casi por completo— en una industria de guerra, a la que se intentó colocar, primero bajo control directo del Comité de Milicias, luego bajo el control de la Generalitat y por últmo bajo el del Gobierno central, como se verá más adelante. Pero a pesar de todo también en este sector la iniciativa obrera se desplegó un poco por todas partes. Citemos el ejemplo de la fábrica Hispano-Suiza:

«TALLERES HISPANO-SUIZA:

»Los talleres de esta importante empresa se cuentan entre los que trabajan con mayor intensidad en las más diversas ramas para el avituallamiento de las milicias obreras. Las organizaciones sindicales, desde un principio, procedieron a la incautación de la fábrica y a la organización del trabajo bajo la dirección íntegra de los organismos creados por el proletariado con el fin de adaptar la fabricación a las necesidades impuestas por la guerra civil. Nunca se ha realizado de un modo tan completo y tan rápido una modificación de los servicios para transformar una producción de paz en una producción de guerra. Los productos que salen de todos los establecimientos de la industria metalúrgica para el servicio de la guerra, están sometidos al control del Comité de Milicias, que actúa por medio de un delegado directo nombrado especialmente para ello. El camarada que realiza estas funciones tan complejas y delicadas es uno de los miembros más destacados del Sindicato Unico de la Metalurgia (CNT). Tiene sus oficinas instaladas dentro de la fábrica Hispano-Suiza, por lo tanto, la dirección de la producción metalúrgica de guerra se encuentra centralizada ahí.

»Hay 1.000 obreros trabajando bajo el régimen de la empresa colectivizada. La suma total de los salarios de la semana asciende a 110.000 pesetas.

»La dirección interior de la fábrica está asegurada por un Comité de Empresa, formado por un representante de cada sector, incluidos los delegados de los técnicos, empleados de oficina, ingenieros, etc.

»Se han construido en la fábrica las siguientes especialidades:

— Camiones blindados.

— Bombas de mano (granadas).

— Ambulancias.

— Soportes para ametralladoras.

— Correas y sacos de campaña.

»La fabricación de tanques y obuses está en estudio.

»Además se sigue con los trabajos habituales: fabricación de automóviles y motores de avión. De estos últimos se han mandado algunos al aeródromo del Prat y al Gobierno de Madrid.

»El estado de ánimo de los trabajadores es admirable. Todos trabajan concienzudamente en la elaboración de esos instrumentos, tan útiles para la lucha antifascista. Durante los siete primeros días, se blindaron quince camiones con doble tabique metalizado y corcho aislante, lo que representa un considerable récord. Todos esos camiones han sido enviados a los frentes de Aragón.

»La producción de granadas asciende a quinientas al día, completamente terminadas y cargadas. Consideramos superfluo indicar que tales granadas son de manejo seguro y de gran poder mortífero.

»Por el momento no es posible establecer cuadros comparativos con la situación anterior, pues la diferencia de trabajo y circunstancias creadas por la guerra civil falsearían los cálculos. Pero el ritmo de trabajo de esta empresa y su situación financiera nos permite tener grandes esperanzas. Esta será una de las más notorias manifestaciones de las posibilidades del proletariado y de la nueva organización, tan llena de promesas para el futuro ¹⁰.»

¹⁰ Ibid., pág. 71.

El Decreto sobre colectivizaciones y sus consecuencias

Los pocos ejemplos de colectivización que acabamos de ver sólo pueden darnos una idea muy somera y posiblemente abstracta de lo que en realidad fue ese movimiento. Hay que poder imaginarse lo que representaba: centenares de miles de trabajadores, de un día para otro, se iban a encontrar en una situación que sin duda alguna habían soñado, pero que nunca habían vivido. Los patronos habían sido aniquilados, la propiedad privada abolida, ellos eran ahora los dueños. Durante casi cuatro meses (desde julio al 24 de octubre de 1936), ninguna autoridad patronal o estatal se atrevió a invadir el terreno conquistado. Todo estaba por inventar. Y naturalmente había que hacerlo basándose en las ideas libertarias sobre la cuestión, pero tales ideas definían una línea de conducta general y no aportaban solución a los problemas concretos. Y estos problemas (cajas vacías, carencia de materias primas, carencia de mercados, etc.) eran cotidianos y la guerra civil hacía que su solución fuese todavía más difícil.

Hay que repetir que cada colectivización era un caso particular. En el fervor del primer período (hasta el Decreto de Colectivización) las soluciones aparecían sobre la marcha. Parece que es durante ese período cuando la democracia directa fue más completa: las asambleas de trabajadores son las que eligen a los Comités de Empresa (o de Control) y también son las que deciden sobre todas las cuestiones importantes.

En los servicios públicos (ferrocarril, transportes urbanos, electricidad, etc.), la naturaleza misma de su trabajo unía entre sí a los trabajadores de una ciudad, e incluso, hasta cierto punto, a los de toda Cataluña. Algo parecido ocurría con la metalurgia, que se había transformado casi por completo en una industria de guerra (pero en este caso se plantearon problemas particulares de los que volveremos a hablar). Se hicieron algunos intentos de coordinación entre empresas de un mismo ramo industrial, no sin éxito —por ejemplo, el Sindicato de la Madera— o entre todas las industrias de algunas ciudades catalanas. Pero generalmente cada empresa autogestionada constituía una entidad autónoma, un bastión, a la vez aislado (respecto a los problemas financieros u otros) y asociado al conjunto del movimiento por mil lazos. Esto es fácil de comprender: los trabajadores de cada empresa se ocupaban en primer lugar de reorganizar su vida y su trabajo dentro de su empresa. Pero muy pronto esta situación planteó problemas económicos (aun cuando los problemas puramente económicos no sean sino, una añagaza más). La guerra, las necesidades de todo tipo de la población, etc., exigían que se desviase la producción en determinadas direcciones y algunas empresas continuaban produciendo las mismas cosas que antes de la guerra sin encontrar salidas. Sobre esto podemos dar un ejemplo pintoresco: bajo el entusiasmo producido por crear una «nueva vida», una sociedad «proletaria», se hizo una gran campaña, por otra parte espontánea, contra el modo burgués de vestirse (hasta los burgueses se vestían como si fuesen obreros para pasar desapercibidos). El sombrero, símbolo del modo de vestirse burgués, cayó en completo desuso. Ahora bien, los obreros sombrereros, a través de su sindicato, protestaron contra esta «discriminación». Toda su vida habían hecho sombreros, por lo tanto continuaban haciéndolos, pero como nadie los llevaba, ¿cómo venderlos? Se encontraron ante una situación sin salida... Este ejemplo «chaplinesco», escogido entre otros muchos, demuestra en todo caso que era necesaria una reconversión de determinadas ramas industriales. No bastaba con seguir produciendo, también y sobre todo, había que producir de otro modo... «Producir de otro modo» exigía, una vez mas, saber quién decide qué y como producir. La «producción por la producción» no puede ser en ningún caso el objetivo de una economía autogestionada. La meta que había que alcanzar tenía que ser la de producir para satisfacer cada vez más las necesidades libremente expresadas de las masas. Evidentemente, la inmensa mayoría de los catalanes estaba de acuerdo sobre algunas prioridades debidas a la guerra: creación de una industria de guerra, avituallamiento de las milicias, etc. Pero los problemas no acababan ahí.

La coordinación, la reconversión de determinadas industrias, la nueva orientación que había que dar a la producción, la igualdad de condiciones de vida y de salario, no ya sólo dentro de cada empresa, sino también para todos los trabajadores catalanes, etc., exigían que se crearan puentes entre las islas de ese inmenso archipiélago que eran las empresas colectivizadas. Durante los cuatro meses del primer período, fueron los sindicatos (sobre todo la CNT) quienes constituyeron el único lazo entre los trabajadores de las diferentes empresas, las diferentes ciudades y las diferentes ramas industriales (la CNT llegó a crear incluso un Consejo de Economía que sólo tuvo un papel de consulta). Ese nexo, como hemos visto y volveremos a ver, en el transcurso de los días se fue haciendo cada vez más burocrático, pero esto les parecía perfectamente normal a los trabajadores, que en su mayoría estaban sindicados en la CNT y aceptaban en gran medida la ideología cenetista según la cual los sindicatos —después de la revolución— se convierten en los órganos de gestión de la producción.

Pero nosotros sabemos que los Estados Mayores de la CNT, no sólo no habían organizado las colectivizaciones, sino que éstas se habían realizado a pesar suyo. Al adquirir tal envergadura el fenómeno, la CNT, también la UGT e incluso la Generalitat, se impresionaron. La economía catalana estaba prácticamente en manos de los trabajadores, no podían seguir ignorando ese hecho. Por supuesto el Estado catalán se basó en las lagunas y los defectos, a veces reales, a veces ficticios, de esas experiencias, para hacerse cargo de las colectivizaciones.

Las «exigencias de la racionalización económica» ocultaron en este caso también las intenciones más profundas de las burocracias políticas. ¿Quién dirigía la economía catalana una vez desposeídos los patronos? Nadie. Ese era el escandaloso hecho que no podían tolerar. Después de cuatro meses de creatividad, de democracia obrera, de tanteos y ¿por que no?, de errores, se podían proponer varias soluciones, ya fuese para ir más lejos, ya para «reimplantar el orden». Se eligió la solución mas autoritaria posible, dentro del contexto de la Cataluña revolucionaria.

*   *   *

El 24 de octubre de 1936, el Gobierno catalán institucionalizó por Decreto las colectivizaciones. Esto ha sido presentado en muchas ocasiones, hasta por gran número de exégetas de tendencia libertaria, como el simple reconocimiento de lo que habían realizado los propios trabajadores. En realidad, era exactamente lo contrario: el Estado se hace cargo de las colectivizaciones, en primer lugar, para limitarlas pero también, y sobre todo, para ampliar su propia influencia y su control en detrimento de la autonomía obrera. En el transcurso de los días y debido a la acumulación de problemas que plantea inevitablemente una transformación radical de la vida económica en plena guerra civil, se podían haber encontrado diferentes soluciones. El hecho de que se hayan escogido las previstas por el decreto no tiene nada de asombroso. No se puede aislar la cuestión de las colectivizaciones de los demás problemas que planteaba diariamente la situación revolucionaria. También en este caso, como vamos a ver, los dirigentes anarquistas eligieron la autoridad como habían elegido —o eligirían— la «unidad antifascista» contra la revolución, el Ejército contra las milicias, etc.

El Decreto había sido preparado por el Consejero de Economía del Gobierno catalán, Juan P. Fábregas, quien no se afilió a la CNT hasta julio de 1936. Anteriormente había sido director del Instituto de Ciencias Económicas de Barcelona y estaba políticamente ligado a los medios nacionalistas burgueses de la Lliga. Parece que el Decreto fue ásperamente discutido por las diferentes tendencias políticas representadas en la Generalitat, antes de ser aprobado. Pues algunos lo encontraban demasiado revolucionario...

El Decreto y la organización de la economía

«ARTÍCULO PRIMERO. De acuerdo con las normas que quedan establecidas en el presente decreto, las empresas industriales y comerciales de Cataluña se clasifican en:

A) Empresas colectivizadas, en las cuales la responsabilidad de la dirección recae en los propios obreros que las integran, representados por un Consejo de Empresa.

B) Empresas privadas, en las cuales la dirección va a cargo del propietario o gerente con la colaboración y el control del Comité obrero de Control.

A) Empresas colectivizadas

ART. 2: Serán obligatoriamente colectivizadas las empresas industriales y comerciales que el día 30 de junio de 1936 ocupaban a más de cien asalariados, y asimismo aquéllas que, ocupando una cifra inferior de obreros, sus patronos hayan sido declarados facciosos o hayan abandonado la empresa. No obstante, las empresas de menos de cien obreros podrán ser colectivizadas si se ponen de acuerdo la mayoría de los obreros y el propietario o propietarios. Las empresas de más de cincuenta obreros y de menos de cien podrán también ser colectivizadas, siempre que así lo acuerden las tres cuartas partes de los obreros. El Consejo de Economía (del gobierno catalán [C. S.-M.]) podrá acordar también la colectivización de aquellas otras industrias que, por su importancia dentro de la economía nacional o por otras características, convenga sustraerlas de la acción de la empresa privada.»

Recordemos a quienes estuviesen tentados de encontrar estos artículos muy favorables a la idea de la colectivización que todo lo que esta estipulado en ellos ya había sido realizado por los obreros desde hacia cuatro meses y que además, en ese momento, era políticamente imposible volverse atrás. Además, en el decreto hay un primer intento de limitación, al querer dejar al margen de las colectivizaciones a las empresas de menos de 100 obreros. Pero estas empresas constituían la inmensa mayoría en la Cataluña de 1936 —observemos de paso que casi todas ya estaban colectivizadas. Según el Decreto, el Sindicato de la Madera, por ejemplo, hubiese tenido que devolver al sector privado el enorme porcentaje de talleres que contaban con menos de 100 obreros el 30 de junio de 1936. Naturalmente no lo hizo.

Incluso desde el punto de vista de la productividad, era completamente absurdo dejar que una masa de empresas comerciales e industriales microscópicas vegetasen, como ocurría en España que estaba muy atrasada en relación con los países industriales europeos. Su reagrupación y fusión era una condición necesaria para la expansión —como se dice hoy día. Esta medida, por lo tanto, iba en contra de la «filosofía» del Decreto que, apoyada por todos los Estados Mayores políticos, pretendía organizar la economía obedeciendo a los imperativos de la producción.

Pero no era a esos supuestos «imperativos de la producción» a los que obedecían sino a los imperativos políticos, a fin de no enajenarse a las capas medias al atacar los sacrosantos principios de la propiedad privada a los que, como se sabe, están tan estrechamente ligadas.

La alianza con las «clases medias» —campesinos, comerciantes, industriales— formaba parte del programa de los estalinistas, era incluso el eje principal de su pretendida estrategia de revolución «democrático-burguesa». El POUM también consideraba necesaria tal alianza para la etapa imaginaria en la que colocaba la lucha: la etapa «democrático-socialista». También eran sensibles a estos argumentas, amplios sectores de la dirección de la CNT, pero no con la óptica de la absurda teoría de las «etapas» de la vulgata marxista-leninista, sino con la de la unidad antifascista que se suponía indispensable para ganar la guerra. En cuanto a los partidos «burgueses» y nacionalistas del Frente Popular, al ser los representantes políticos de dichas clases, como es natural, estaban inclinados a defender su derecho a la propiedad.

Además de las empresas de menos de 100 asalariados, estaba previsto un sector privado que subsistió en la realidad, paralelamente al sector colectivizado. En realidad, eran fundamentalmente empresas extranjeras —o que tenían una parte de capital extranjero— a las que todos los Estados Mayores de las organizaciones políticas o sindicales, de acuerdo por una vez en su vida, respetaron a fin de no molestar a las democracias occidentales. En efecto, Gran Bretaña, Francia y Bélgica, se contaban entre los países con mayores intereses en Cataluña.

En el sector privado se instauró pues el «control obrero». Según el Decreto, los poderes del Comité de Control eran los siguientes: (ART. 22):

«a) El control de las condiciones de trabajo, o sea el cumplimiento estricto de las condiciones vigentes en cuanto a sueldos, horarios, seguros sociales, higiene y seguridad, etc., así como también la estricta disciplina en el trabajo. Todas las advertencias y notificaciones que tenga que hacer el gerente de la empresa al personal serán dirigidas por medio del Comité.

b) El control administrativo en el sentido de fiscalizar los ingresos y pagos, tanto en efectivo como por conducto de Bancos, procurando que respondan a las necesidades del negocio, interviniendo a la vez todas las demás operaciones de carácter comercial.

c) Control de la producción, consistiendo en la estrecha colaboración con el patrono a fin de perfeccionar el proceso de la producción. Los Comités obreros de Control procurarán mantenerlas mejores relaciones posibles con los elementos técnicos, a fin de asegurar la buena marcha del trabajo.

ART. 23: Los patronos estarán obligados a presentar a los Comités obreros de Control los balances y memorias anuales, que mandarán informados al Consejo general de la industria respectiva.»

Como puede verse, este texto permitía, tanto a un patrono hábil y emprendedor, endosar al Comité obrero los trabajos más duros para mantener una «estricta disciplina» y para «el desarrollo de la producción» como a unos obreros decididos a ejercer un verdadero control. Pero sin duda el destino de los textos legales es el de ser ambiguos e intentar disimular los conflictos reales. También hubo aquí una evolución ligada a la evolución política general de Cataluña: al principio, a los patronos «no les llegaba la camisa al cuerpo» ante el despliegue revolucionario y se plegaban a las exigencias de los obreros, seguidamente, ayudados por las autoridades gubernamentales, intentaron recuperar su poder, un poco en todas partes.

(Sea como fuere, la misma noción de Control obrero es cuando menos ambigua, porque casi siempre equivale a decir ¡que los obreros deben controlar ellos mismos su propia explotación!).

El Decreto también estipulaba que los Comités de Control debían estar compuestos por delegados de todos los servicios: obreros, técnicos, empleados y cuadros administrativos. Estos delegados eran elegidos, pero la representación de cada sindicato debía ser proporcional al número de sus respectivos afiliados en la empresa, lo cual garantizaba automáticamente el predominio de la CNT, dada su influencia mayoritaria en la clase obrera catalana.

Volvamos a las empresas colectivizadas y a las medidas que limitaron la autogestión de los primeros meses:

«ART. 15: En todas las empresas colectivizadas habrá obligatoriamente un interventor de la Generalitat que formará parate del Consejo de Empresa, y que será nombrado por el Consejo de Economía, de acuerdo con los trabajadores.»

Mientras el Consejero de Economía fuese de la CNT, se puede lógicamente pensar, dado el clima de la época, que el interventor también lo era casi siempre, hecho que no le exime automáticamente del espíritu burocrático —o de ineptitud—, pero, por lo menos, no debía ser en principio hostil a las colectivizaciones. Esto cambió más adelante, y después de las jornadas de mayo del 37, que vieron la restauración del poder del Estado en casi todos los aspectos, los «interventores» se convirtieron en muchas empresas en los verdaderos directores. Sobre todo en las empresas que se consideraban necesarias para el esfuerzo de la guerra. De cualquier manera, desde el principio, como esos «interventores» eran los representantes de la autoridad suprema en Cataluña, el Gobierno autónomo, gozaron de gran autoridad política, reforzada, dadas las dificultades financieras de muchas empresas y el control de la Generalitat sobre los bancos, por un evidente medio de presión y de chantaje, al conceder o negar créditos.

«ART. 14: Para atender de una manera permanente la marcha de la empresa, el Consejo de ésta nombrará un director, en el cual delegará, total o parcialmente, las funciones que incumben al mencionado Consejo. (Subrayado por mil [C.S.-M.].)

En las empresas donde se ocupen a más de 500 obreros, o bien que su capital sea superior a un millón de pesetas, o bien que elaboren o intervengan materiales relacionados con la defensa nacional, el nombramiento del director deberá ser aprobado por el Consejo de Economía.»

Este artículo es muy significativo porque anula de hecho el ejercicio de la democracia directa basada en los Consejos de delegados elegidos y revocables (aun cuando nos faltan detalles sobre su revocación, y aunque parece que sólo se admitía en los casos extremos en los que la Asamblea general de la fábrica debía decidir). La jerarquía de la producción se reintrodujo en su aspecto más tradicional y retrógrado: al frente de una empresa —como al frente de un partido, de un ejército y ¿por qué no? al frente de un país— hace falta un jefe. El esquema se repite, incansablemente. A pesar de todos los discursos sobre la democracia, incluso sobre la anarquía, a la hora de actuar, lo único que se hace es oponer una jerarquía que se supone buena, a otra considerada mala. Y los anarquistas, feroces adversarios de todo tipo de jerarquía, han sido precisamente los principales autores de ese proyecto.

Pero no se acabó aquí el control estatal. En efecto, el Decreto preveyó asimismo la creación de unos Consejos generales de Industria:

«ART. 24: Los Consejos generales de Industria estarán formados de la manera siguiente:

—4 representantes del Consejo de Empresa, elegidos en la forma que oportunamente se señalará (subrayado por mi [C.S.-M.]);

—8 representantes de las diversas centrales sindicales, en número proporcional al de los afiliados en cada una de ellas;

—4 técnicos nombrados por el Consejo de Economía. Estos Consejos estarán presididos por el vocal respectivo del Consejo de Economía de Cataluña (subrayado por mi [C.S.-M.]).

ART. 25: Los Consejos generales de Industria formularán los planes de trabajo de la Industria, planificarán la producción de cada rama y regularán todas las cuestiones relacionadas con ella.

ART. 26: Los acuerdos que adopten los Consejos generales de Industria serán ejecutivos. Ningún Consejo de Empresa ni empresa privada podrán desatender su cumplimiento. Solamente podrá recurrir contra ellos ante el Consejero de Economía, la decisión del cual será inapelable.»

Estos Consejos de Industria compartían con la Asamblea plenaria de la empresa el privilegio de poder revocar todo o parte de los Consejos de Empresa. Pero cuando era el Consejo de Industria el que había decidido la revocación de un Consejo de Empresa, este último sólo podía recurrir —sí estaba apoyado por la Asamblea— al Consejero de Economía, es decir, al ministro, «pero la decisión de este último, previo informe del Consejo de Economía, será inapelable» (ART. 20).

Los Consejos de Industria fijaban, con independencia de los Consejos de Empresa «el plan general de producción». «Para el establecimiento del margen de beneficios, fijación de las condiciones generales de venta, obtención de materias primas, y en lo que afecta a las normas de amortización de material, formación de capital circulante, fondo de reserva y repartimiento de beneficios, se atenderá, asimismo, a las disposiciones de los Consejos generales de Industria» (ART. 12).¹¹

¹¹ El texto del Decreto está reproducido íntegramente en Baldomero Cerdí y Richart, Empresas colectivizadas e intervenidas, Ed. Bosch, Barcelona, 1937. Véase también Peirats, Op. cit., t. I, págs. 341 a 345.

Observemos de pasada que según el modelo de estatutos de las empresas colectivizadas, previsto por el Gobierno catalán, el 50 % de los beneficios debían de ir a la Caja de Crédito Industrial de Cataluña (es decir, a la Generalitat); el 15 % destinado a obras sociales de carácter colectivo; otro 15 % debía entregarse a los obreros para que, reunidos en asamblea, la utilizasen como mejor les pareciera. El 20 % restante estaba destinado al Fondo de reserva, a la amortización de las máquinas, etc.

El poder ha sido restablecido de arriba a abajo, la autonomía obrera ha quedado prácticamente reducida a nada. La pirámide burocrática en las empresas volvió a ponerse en marcha; el «interventor» del Gobierno y el director  al frente de las empresas, los Consejos de Industria por encima de ellos y por encima de todo el mundo, como debe ser en el universo burocrático, el ministro y su Consejo de Economía.

Pero una lectura demasiado rápida podría dar la impresión de que, al estar esos Consejos de Industria dominados en teoría por los representantes de los trabajadores, la democracia obrera quedaba garantizada automáticamente. Pero esto equivaldría una vez más a confundir burocracia con clase obrera, confusión por otra parte muy corriente, sobre todo en aquella época. Examinemos las cosas más a fondo los únicos delegados de los trabajadores, los 4 representantes de los Consejos de Empresa, no sólo eran una minoría sino que además no estaba especificado su modo de elección. Y esto ¿porqué iba a ser sino porque no podían ser elegidos directamente en las asambleas de los trabajadores? Los 8 representantes de las centrales sindicales eran de hecho funcionarios sindicales «no productivos» que dependían y obedecían a los jefes de la CNT y de la UGT y por consiguiente al Gobierno catalán, porque eran los líderes de esos sindicatos quienes les representaban tanto en el Gobierno catalán como en el Gobierno central.

Por último, había 4 «técnicos» nombrados directamente por el Gobierno catalán. Lo menos que puede decirse es que el Gobierno catalán tenía un papel preponderante en esos Consejos, papel reforzado y garantizado por el hecho de que, en caso de conflicto, siempre era el ministro quien en difinitiva decidía.

Por otra parte, esto está confirmado plenamente en el texto del acuerdo firmado en Barcelona, el 22 de octubre de 1936 (dos días antes de la publicación del Decreto) por la CNT-FAI y la UGT-PSUC:

«1) Nos comprometemos formalmente a ejecutar los acuerdos y decisiones del Consejo de la Generalitat, poniendo en juego toda nuestra influencia y capacidad organizativa a fin de facilitar su aplicación.

2) Somos partidarios de la colectivización de producción, es decir, de la expropiación sin indemnización de los capitalistas y de la transferencia de esa propiedad a la colectividad. Somos partidarios de la colectivización de todo lo que sea necesario para las necesidades de la guerra.

Estamos de acuerdo en considerar que esa colectivización no daría el resultado deseado sí no estuviera dirigida y coordinada por un organismo, representante natural de la colectividad que, en ese caso, sólo puede ser el Consejo de la Generalitat (subrayado por mí [C.S.-M.]). Respecto a la pequeña industria no somos partidarios de la colectivización, si no es en el caso previsto de elementos facciosos o de las necesidades ineludibles de la guerra ¹²

¹² Citado por J. Andrade, Les syndicats dans la révolution espagnole, «Confrontation Internationales», nº 3 (1949).

Toda la filosofía del Decreto está aquí resumida.

La industria de guerra constituye un caso especial en el problema de las colectivizaciones. A pesar de que Cataluña era una de las regiones más industrializadas de España, las fábricas de armamento eran extremadamente raras. La primera tarea fue la de crear una verdadera industria de guerra. Cosa que se hizo, y, por supuesto, fue el Sindicato CNT de la Metalurgia quien realizó el mayor esfuerzo.

«El 21 de julio (1936), el Sindicato de la Metalurgia, de acuerdo con García Oliver, eligió a Vallejo para organizar las fábricas de material de guerra. Desde el 19 de julio, varias casas de Barcelona se habían destacado espontáneamente en la fabricación de tanques, con más buena voluntad que técnica. Vallejo se dedicó a recorrer las empresas y a acoplar en ellas a todos los compañeros útiles para la labor. A los seis días se entregaban ya algunos tanques al Comité de Milicias ¹³.»

¹³ «Solidaridad Obrera», citado por Peirats, Op. cit.., t. II, pág. 97.

Esos «tanques» eran casi siempre simples camiones blindados. De cualquier manera, se creó por entero una verdadera industria de guerra, por supuesto, artesanal en su mayor parte.

El Sindicato CNT de la Metalurgia y Vallejo, como delegado, adoptaron las primeras medidas. Primero, en el seno del Comité de Milicias (con Iglesias como Delegado de Defensa y Diego Abad de Santillán como delegado de Economía, ambos de la CNT, recordémoslo) y seguidamente en el seno de la Generalitat, los responsables gubernamentales de la industria de guerra fueron líderes anarquistas. Esto cambió después de las jornadas de mayo, cuando el Gobierno Central se encargó directamente de la Defensa y de la Policía en Cataluña, como veremos más adelante.

A los estalinistas no podía gustarles esa responsabilidad de los anarquistas sobre la totalidad de la nueva industria de guerra catalana. En varias ocasiones lanzaron campañas de prensa contra el «sabotaje» y la «incuria» de la CNT en este esfuerzo de guerra. La CNT contraatacó vigorosamente en la prensa y el 15 de abril de 1937, José Tarradellas, en persona, por entonces Primer Consejero de la Generalitat, rechazó las insinuaciones y los ataques de la prensa del PSUC, defendiendo los esfuerzos realizados en Cataluña por la industria de guerra. Después de mayo, los estalinistas, en la persona de Comorera, se dirigieron directamente al socialista de derechas Indalecio Prieto, Ministro de Defensa del Gobierno central, renovando sus acusaciones. Prieto escribió a Companys, Presidente de la Generalitat, quien le respondió con una larga carta defendiendo la obra realizada, carta de la que ofrecemos aquí un extracto: «En Cataluña, dada su situación industrial y económica, nuestras masas obreras sintieron, como una reivindicación histórica, la necesidad de incautar todo tipo de industria. Pero esta incautación, sobre todo en lo que respecta a la metalurgia, no sólo obedece a los deseos de tenerla entre sus manos, pues hay que reconocer que inmediatamente se pensó en transformarla para que pudiese producir material bélico...¹⁴». La carta prosigue reconociendo los conflictos surgidos entre el Gobierno catalán y los Comités obreros por la dirección y la organización de esa industria, conflictos que se «resolvieron» a favor de la Generalitat. Companys hacia el balance de la producción de guerra y recordaba todas las fábricas y material de guerra que se puso a disposición del Gobierno central, tal como el propio Prieto había decretado después de los acontecimientos de mayo.

¹⁴ Ossorio y Gallardo, Op. cit., pág. 210.

También en esta ocasión vemos como se reproduce el escenario clásico. Los sindicatos de la CNT toman la iniciativa de crear por completo una industria de guerra. Companys bendice esta osada tentativa, pero considera, por supuesto, demasiado peligroso dejar esa industria en manos de los Comités obreros. Consigue ejercer sobre ella el control de la Generalitat. Después de mayo, la autonomía de Cataluña se va a ver limitada, a la vez porque es demasiado revolucionaria y porque la corriente jacobina que predomina en el Gobierno central y en las organizaciones que le apoyan, exige la vuelta al centralismo estatal. El Gobierno central será quien tome entre sus manos, poco a poco, lo esencial de la industria de guerra catalana. La campaña estalinista de difamación no tenía otro fin que el de favorecer la desposesión de los Comités obreros.

*     *     *

¿Cómo reaccionaron los trabajadores ante las medidas del Decreto de Colectivización? Parece que en la mayoría de los casos se negaron pura y simplemente a aplicarlo. Juan Andrade da el siguiente testimonio de la situación:

«El 17 de mayo de 1937 (es decir, algunos días después de la "semana sangrienta" de Barcelona [C.S.-M.]), una comisión nombrada por la Federación Local de Sindicatos CNT de Barcelona, publicaba una nota: "sobre la reorganización económica de Cataluña", en la que declaraba, a propósito de los factores de desorden, lo siguiente: "En primer lugar hay que señalar como factor de perturbación el no estricto cumplimiento del Decreto de colectivización en vigor, cada vez que amplios sectores de trabajadores han hecho totalmente abstracción de la letra y el espíritu del Decreto y se han lanzado en colectivizaciones que carecían de fundamento económico y científico... El ansia desmesurada de colectivizarlo todo, especialmente aquellas empresas que detentan reservas monetarias, ha despertado entre las masas un espíritu utilitario o pequeño-burgués incalificable. Al considerar a cada colectividad como propiedad particular de la empresa colectivizada, en vez de considerarla como en usufructo, han hecho abstracción de los intereses del resto de la colectividad, se han comportado de una manera egoísta y cruel, y se han puesto en práctica unos procedimientos que son patrimonio del régimen capitalista. En lugar de avanzar rápidamente hacia la creación de unos Consejos generales de Industria, las propias organizaciones sindicales han retrocedido, perturbando el proceso de desarrollo y de perfeccionamiento prescrito por el Decreto... Las empresas colectivizadas sólo se han preocupado de su pasivo, produciendo un desequilibrio en las finanzas de las empresas, lo que implica otros elementos de perturbación... También hay un factor de indisciplina social: falta un estimulante moral para obligar a cada cual a dar el rendimiento, indispensable para su empresa (subrayado por mí, [C.S.-M.]) al tiempo que se deja un margen suficiente para mantener los otros gastos del frente y de la retaguardia."»

Entre las medidas susceptibles de remediar esta situación, la Comisión de la Federación Local de Sindicatos de la CNT de Barcelona, aconsejaba las siguientes:

«Aplicación estricta y rigurosa del Decreto de colectivización en vigor, sin que se permita la más mínima derogación. Concentración de las industrias y reducción del personal de cada una de ellas, según las estrictas necesidades de la producción del momento. Obligación para todas las colectividades de liquidar su pasivo. Establecer un impuesto de guerra sobre todos los salarios para acercar al máximo su igualación y evitar la existencia de obreros manuales de primera, segunda y tercera clase, así como funcionarios que perciban salarios tres, cuatro y cinco veces superiores a los más altos salarios de los obreros. Creación de un empréstito de guerra sacado de los beneficios de todas las empresas, colectivizadas o no, con el fin de disminuir tales beneficios al mínimo durante la guerra. Crear una política financiera que permita a los poderes públicos obtener el producto fiscal y al Gobierno de la Generalitat realizar sus funciones gubernativas desde el punto de vista económico.»

La nota terminaba así:

«La Comisión considera que hay que aplicar rápidamente estas medidas si queremos evitar antes de algunas semanas el hundimiento que amenaza a la economía de la región. Hay que obtener esta reacción favorable, garantizar el orden social e imponer la moralidad y la austeridad en la retaguardia. Conviene fijar de nuevo la política económica a seguir para salvar la experiencia que estamos llevando a cabo. La comisión insiste de nuevo en el hecho de que el crédito o descrédito del Decreto de Colectivización en vigor, está íntimamente ligado a la CNT que lo ha defendido, lo ha impuesto y se ha encargado principalmente de su ejecución.

La Comisión considera que son nuestros propios camaradas los que han creado las mayores dificultades para la aplicación del Decreto, haciendo continuamente abstracción de sus consejos, poniendo así al Decreto en una situación crítica, tanto en Cataluña como fuera de ella ¹⁵.»

15 Juan Andrade, L’intervention des syndicats dans la révolution espagnole, «Confrontation Internationale» (sept-oct. 1949), pág. 43.

No puede dejar de asombrarnos el espíritu autoritario y burgués de este texto: es una vehemente llamada a la autoridad del Gobierno y una continua insistencia en los principios de disciplina, rentabilidad, productividad, a los que consideran prioritarios. De las ideas libertarias sólo queda la justa mención a la necesaria igualación de salarios. Todo esto después de que la contrarrevolución estalinista hubo intentado, y en parte conseguido, ahogar en sangre la revolución catalana.

No he disimulado los defectos y los fallos de la experiencia colectivista en la industria catalana (tampoco las dificultades de todo tipo) pero no deja de resultar extraño que en la resistencia a aplicar el Decreto sólo se vea un «resurgimiento del espíritu capitalista», cuando lo que ocurría era que los trabajadores se oponían a aplicar unas medidas que, en realidad, acababan con su autonomía y con la autogestión de los primeros meses. A todo esto se unían, por supuesto, los egoístas intereses particulares de algunas colectividades «ricas» que querían conservar su autonomía y el «statu quo» que les permitiese repartirse unos beneficios relativamente importantes. Pero dada la difícil situación de la industria catalana en su conjunto, esos casos particulares no eran frecuentes y lo que estaba en juego eran dos conceptos radicalmente diferentes de las colectivizaciones: el concepto democrático que se basaba en la autonomía y la autogestión y el estatal que reintroducía la jerarquía burocrática en la economía. Una vez más, la CNT estaba en los dos campos.

Las colectividades en la agricultura

En todas las regiones donde la insurrección franquista resultó vencida, se produjeron experiencias de colectivización agrícola. Tan sólo hablaré aquí de las de Cataluña y Aragón, que está tan directamente ligado, tanto militar como socialmente a Cataluña, al menos durante la época que estudiamos, que resulta difícil separarlas. No hablaré de las colectivizaciones en Levante (Valencia, Alicante, etc.) que es sin duda alguna la región de España más rica desde el punto de vista agrícola y donde las colectivizaciones también llegaron muy lejos.

En Cataluña los sectores agrícolas de los sindicatos CNT y UGT no eran las únicas organizaciones campesinas importantes, como ocurría en otras regiones de España (incluido Aragón, que estaba dominado por la CNT). También existía una poderosa organización campesina, específicamente catalana, que era la principal fuerza social y política de la Esquerra: la «Unión de Rabassaires». Estaba formada principalmente por aparceros y pequeños campesinos. Los Rabassaires eran contrarios a las colectivizaciones y partidarios del reparto de tierras, de la liquidación de la aparcería y de la creación de explotaciones agrícolas de tipo «familiar». Cosa que, por otra parte, se realizó. Desde julio de 1936 los campesinos catalanes quemaron las actas de propiedad de los grandes terratenientes y de aparceros pasaron a ser propietarios de la parcela —más o menos grande— que cultivaban. No obstante durante el Congreso regional de campesinos catalanes que tuvo lugar en enero de 1937, la CNT intentó poner a punto una «política agraria común» con los otros sindicatos agrícolas. Los Rabassarires y los sindicatos agrícolas CNT se pusieron de acuerdo sobre un «pacto» cuyos principales puntos eran los siguientes:

«1.º) Cada familia tendrá la tierra que se le señale. La sobrante y las otras llevadas en administración podrán ser colectivizadas siempre que haya individuos controlados por organizaciones responsables que voluntariamente quieran colectivizarlas.

2.º) La capacidad de explotación familiar será fijada en cada pueblo según sus características y calidad de la tierra del mismo.

3.º) Los frutos de la tierra serán de aquellos que la trabajen, de la cual no podrán ser desposeídos mientras la trabajen debidamente.

4.º) Para organizar las colectividades en los pueblos o localidades en donde se constituyan, los colectivizadores pondrán en común las tierras que poseen, así como las otras tierras no cultivadas individualmente, siendo condición indispensable que los que vayan a la colectivización lleven a la misma todas las tierras que tengan y todos los útiles de trabajo.»

Otros puntos se refieren a la concentración de tierras, a la cooperación entre las colectividades y los campesinos individuales dentro de un Sindicato Único Agrícola por localidad; el derecho de los obreros agrícolas, sin tierras, a entrar en una colectividad con sólo su «trabajo personal», con los mismos derechos y obligaciones que los demás miembros, etc.

En una palabra, se trataba de que coexistieran e incluso cooperaran el sector individual y el sector colectivizado. Pero la UGT, bajo diferentes pretextos, no asistió a ese congreso y no firmó el acuerdo. Como los Rabassaires consideraban indispensable la firma de la UGT para ponerlo en práctica, tuvo lugar una nueva reunión, pero en ella la UGT declaró que no podía firmar el acuerdo porque estaba en contra de las colectivizaciones, no «por principio» sino «por las circunstancias». La negativa de la UGT a firmar este acuerdo rompió las relaciones entre las tres organizaciones respecto al intento de coordinación de una política agrícola común.¹⁶

16 Peirats, Op. cit., t. II, págs. 29-32.

Pero, por supuesto, desde julio-agosto de 1936, se habían creado colectivizaciones en la agricultura, como había ocurrido en la industria. Se realizaron casi siempre espontáneamente y a veces bajo la presión o el impulso de la CNT. Cuando la Columna Durruti entró en Aragón, pocos días después de que fuese aplastado el levantamiento militar en Barcelona, se convirtió en un fermento de colectivizaciones y de «comunismo libertario» en la región.

A pesar de la diversidad de experiencias y de los conflictos, en muchos casos armados, entre colectivistas y campesinos individuales —o más bien entre organizaciones favorables a una u otra solución—, los principios generales que inspiraron la constitución y la actividad de las colectividades se pueden resumir de la siguiente manera:

La colectivización debía ser libre y voluntaria. En un pueblo determinado todos los campesinos y obreros agrícolas que lo deseasen se agrupaban en una colectividad agrícola autogestionada. Aportaban a la colectividad todo cuanto poseían: tierras, instrumentos de trabajo, bestias de labor o cualquier otra cosa. Naturalmente, los obreros agrícolas, como ya hemos dicho, sólo ponían sus brazos. En un registro se inscribían los bienes que cada campesino entregaba a la colectividad para que cuando quisiera marcharse, cosa a la que en principio tenía siempre derecho, lo pudiese recuperar. No se podía expulsar a ningún miembro de la colectividad sin que hubiese sido acordado por la Asamblea general de todos sus miembros y sin que se le hubiese notificado por un aviso —o varios— de esa misma Asamblea. Todas las tierras de la comuna estaban colectivizadas; las de sus miembros, evidentemente, y también las de los grandes terratenientes así como las tierras comunales y municipales. Las únicas que no se colectivizaban eran las de los campesinos independientes que las trabajaban con sus familias, pero que no podían explotar trabajo ajeno, es decir, no podían contratar obreros agrícolas. Evidentemente, estas normas generales tropezaban con múltiples dificultades y originaron conflictos. Además, variaban de importancia según las regiones. Ahí donde predominaban los Rabassaires prevalecieron los repartos de tierras entre campesinos independientes. En cambio, en Aragón, gracias a la influencia de las ideas libertarias, las colectivizaciones fueron numerosísimas. Se ha acusado (sobre todo los estalinistas, naturalmente) a los anarquistas de obligar por el terror a los campesinos a colectivizarse. Estas calumnias, que obedecen a un prejuicio político, han quedado, desmentidas por numerosos testimonios (que citaré más adelante). Es completamente ridículo hablar de terror cuando las comunas libertarias de Aragón (que fue precisamente donde se, dice que esos pretendidos excesos anarquistas fueron más numerosos) estaban autogestionadas y las asambleas de trabajadores no sólo elegían y revocaban sus comités, sino que además resolvían directamente, durante sus reuniones periódicas, todas las cuestiones importantes. ¿Quién ejercía el terror y contra quién, si la inmensa mayoría de una comuna (aldea, pueblo o incluso ciudad) participaba directamente en su gestión? Es verdad que en Cataluña hubo algunas escaramuzas, a veces armadas, entre partidarios y adversarios de las colectivizaciones, entre miembros de la CNT y Rabassaires, o del Sindicato Agrícola creado por la UGT, dominado por los estalinistas. Pero eran casos aislados y aun cuando se cometieran algunos abusos contra algunas minorías hostiles a las colectivizaciones, lo que llama la atención, sobre todo, en las colectivizaciones agrícolas (así como en las industriales) fue su carácter de masa, su creatividad, su espontaneidad, en una palabra. Además —como se verá en la última parte de este libro— cuando las tropas comunistas mandadas por el inefable Líster, entran en Aragón en el verano de 1937, para liquidar por el terror a las comunas libertarias, no lo conseguirán, tan grande era la resistencia de los trabajadores agrícolas —y de los demás trabajadores—. Los comunistas tuvieron que dar marcha atrás y suspender la «reorganización de la agricultura» (la liquidación de las comunas) bajo el pretexto de no «entorpecer las labores de la cosecha». Evidentemente, la intervención armada de las tropas de Líster, frenó, limitó, y a menudo redujo el movimiento de las colectivizaciones agrícolas en Aragón. Para acabar con el ficticio «terror» anarquista, se abatió una verdadera represión armada sobre esa región que, a pesar de todo, no alcanzó su objetivo: involuntaria y sangrienta demostración de la adhesión de las masas campesinas a las colectivizaciones.

*     *     *

He aquí algunos ejemplos de colectivizaciones agrícolas, en primer lugar en Cataluña:

«Pla de Cabra: Dos mil habitantes, parte de ellos ocupados en la fábrica textil Martí Llopart. La Colectividad la formaban, en junio de 1937, unos 270 individuos. Cultivaban unas 5.000 hectáreas de terreno. Las tierras aumentaron su productividad en un 75 %. No existía horario de trabajo fijo. El salario era familiar. Cada colectivista percibía cinco pesetas de jornal, añadiéndosele dos pesetas más por cada miembro de la familia sin fijar la edad. Producían cereales, legumbres, viña, almendra y avellanas. El excedente del consumo lo vendían al exterior, o bien ejercían el intercambio. Granja con 500 gallinas para la producción de huevos. Nueve vacas, seis terneras y un toro. Habilitaron un almacén en la iglesia. Montaron tiendas colectivas de comestigles, legumbres, pesca salada y carne. Carecían de maquinaria agrícola. La fábrica textil, colectivizada por los obreros, pasaba por una época de crisis por falta de materias primas e ingredientes químicos. Los obreros pertenecían a la CNT y a la UGT.

»Hospitalet de Llobregat: Las tierras cultivadas por la Colectividad representaban una superficie de 15 kilómetros cuadrados. Más de 1.000 colectivistas entre hombres y mujeres. Se pagaban unas 90.000 pesetas semanales en concepto de salarios. La cosecha de judías de 1937 dio la cantidad de 555.000 kilos. Las tierras estaban repartidas en 38 zonas; 35 eran de regadío y las tres restantes de secano. Desde su constitución se venían pagando 7.000 pesetas semanales por gastos de mejoramiento general en la construcción de nuevas obras. En diez meses se compró maquinaria por valor de 180.000 pesetas. He aquí un balance muy ilustrativo de su administración:

imagen pag 143

La Colectividad envió al frente unos ocho vagones de alcachofas, valoradas en 30.000 pesetas, y varios camiones de hortalizas. También prestó solidaridad a otras Colectividades necesitadas. Cada trimestre se celebraba Asamblea general para estudiar los resultados obtenidos y señalar nuevas necesidades. Con antelación a estas asambleas, el Consejo de Administración presentaba a los colectivistas un estado de cuentas detallado. Este Consejo de Administración estaba formado por cinco compañeros, ayudados por delegados de cada zona, uno sindical y el otro técnico. Los delegados técnicos se reunían cada quince días para estudiar las necesidades del trabajo. Con las informaciones de los delegados técnicos, el Consejo de Administración determinaba lo que diariamente debía ser transportado a los mercados, tanto de Hospitalet como de Barcelona. Los colectivistas acariciaban el proyecto de canalización de la ribera del Llobregat para poner el término municipal a cubierto de las frecuentes inundaciones. Excepto unos sesenta colectivistas, los demás pertenecían a la CNT. La colectivización de las tierras era total. Se practicaban la solidaridad y el intercambio con otras Colectividades. Se compró un camión para el transporte de los productos.»

Ambos ejemplos, sacados del libro de Peirats ¹⁷, permiten hacerse una idea sobre el funcionamiento de las colectividades agrícolas en Cataluña. Los principios que seguían esas experiencias estaban inspirados en las teorías anarquistas. Señalemos el aspecto democrático y autogestionado de las colectividades; la Asamblea general constituía el «órgano supremo del poder», el Consejo de Administración era elegido y revocable; la igualdad de todos los miembros, tanto en derechos como en deberes era total. En general, no se imponían horarios de trabajos rígidos, sino que las tareas se repartían en grupos de 5 o 10 personas. Señalemos igualmente la racionalización y el aumento de la producción, la ayuda al frente mediante donativos en especie —¡y en hombres! —, etc. Un aspecto igualmente importante fue el gran esfuerzo social realizado en el plano educativo y sanitario por las colectividades agrícolas. Todos los informes señalan la creación de nuevas escuelas, de cursos de alfabetización o de perfeccionamiento para adultos, la apertura de clínicas y de hospitales, la creación de bibliotecas y de clubs culturales.

17 Peirats, Op. cit., t. I, págs. 278-279.

En los pueblos donde la Colectividad agrupaba a casi todos los habitantes, Colectividad y Municipalidad se confundían de hecho, ya que no de derecho. En los demás, había una Municipalidad formaba por todas las organizaciones antifranquistas y, según las relaciones que hubiese entre las fuerzas políticas, había tensiones y fricciones. Por regla general se puede decir que, por lo menos desde julio de 1936 hasta el verano de 1937, en casi todos los casos, los Comités Revolucionarios y los Comités de las colectivizaciones, constituían los órganos de poder local, pues los Consejos Municipales, o bien se integraban en los Comités Revolucionarios, ó bien existían paralelamente como simples adornos o vestigios de un pasado momentáneamente abolido. A partir del verano de 1937, las autoridades gubernamentales iban a intentar —y a veces lo conseguirían— devolver a los Consejos Municipales sus funciones legales. Dichos Consejos Municipales apoyados por el Gobierno, no eran reelegidos, sino cooptados en el seno de las organizaciones del Frente Popular.

Respecto a las colectividades agrícolas en Cataluña —y en otros sitios— hay que destacar la increíble discriminación en el salario de las mujeres —cosa que también ocurría en la industria. Aunque el sistema de salarios no fuese uniforme —porque se decidía en común en cada colectividad: salario familiar o salario individual o combinación de ambos—, a las mujeres se les pagaba menos que a los hombres. Cualquiera que sea el pretexto que se invoque, hay en todo ello una pervivencia reaccionaria del pasado, que no encaja muy bien en la experiencia profundamente liberadora de las colectivizaciones.

Aragón: Los días 14 y 17 de febrero de 1937 se celebró en Caspe —capital del Aragón revolucionario y sede del Consejo de Aragón— el Congreso constituyente de la Federación de Colectividades de Aragón. Estaban representadas veinticinco federaciones cantonales, o sea 275 pueblos y 141.430 familias. Algunos meses después, el número de colectividades en Aragón llegó a alcanzar las 450, que agrupaban a 433.000 trabajadores.

Evidentemente, el objetivo de la Federación de Colectividades era el de coordinar y planificar la actividad de cada una de ellas, al tiempo que se respetaba su autonomía:

«El cuarto punto del orden del día fue el establecimiento de un Reglamento general que estipulaba las directrices globales de las Colectividades aragonesas. Este es su texto:

1)     Con la denominación de Federación de Colectividades Agrícolas se constituye en Aragón una asociación que tendrá por misión la defensa de los intereses colectivos de los trabajadores organizados en las mismas.

2)     Atributos de esta Federación: 

a)     Propagar intensamente las ventajas del colectivismo basándolo en el apoyo mutuo.

b)    Controlar las granjas de experimentación que puedan crearse en aquellas localidades donde las condiciones del terreno sean favorables para sembrar toda clase de semillas.

c) Atender a los jóvenes que tengan disposiciones para la preparación técnica mediante la creación de escuelas técnicas especializadas.

d)    Organizar un equipo de técnicos que estudien en Aragón la forma de conseguir mayor rendimiento al trabajo que se efectúa en las diversas labores del campo.

e)     Buscar las expansiones comerciales en el exterior de la región tendiendo siempre a mejorar las condiciones de intercambio.

f) Se ocupará también de hacer las operaciones comerciales con el exterior, mediante el control, por estadísticas, de la producción sobrante de la región, y por lo tanto tendrá a su cargo una caja de resistencia para hacer frente a todas las necesidades de las colectividades federales, siempre en buena armonía con el Consejo Regional de Defensa de Aragón.»

La Federación también se encargaba:

«a) De procurar a las Colectividades todos los elementos de expansión que a la vez que sirvan de distracción eleven la cultura de los individuos en sentido general.

b) De organizar conferencias que tiendan a perfeccionar la educación del campesino, como asimismo por medio del cinema, teatro, y cuantos medios de propaganda sean posibles.

3) También es necesario constituir, dentro de cada Colectividad, centros de crianza a fin de seleccionar animales de diferentes razas, merced a los avances de la ciencia moderna, para conseguir mejores rendimientos que los obtenidos hasta este momento... Todas estas actividades serán dirigidas por técnicos cualificados para ello... Por otra parte, cada explotación agrícola debe englobar al mismo tiempo la agricultura y la crianza... Tenemos a disposición de los Colectivistas varios planos de granjas experimentales ¹⁸.»

18. Gaston Leval, Colectividades libertarias en España, págs. 89-93.  

La Federación también se encargaba de aconsejar una planificación de los cultivos según la naturaleza del terreno, la relación de convivencia con los campesinos privados, etc. El órgano «político» de la Federación era el Consejo de Aragón, presidido por el cenetista Joaquín Ascaso, que sustituía al antiguo Gobernador.

Por último, este mismo Congreso de Caspe se definió respecto a un Decreto del Gobierno por el cual los Consejos Municipales debían ser restablecidos en todas partes. El Congreso decidió aceptar el Decreto, al considerar «que los Consejos Municipales desempeñan un papel diferente al de las Colectividades», y que «ejercen una función diferente a la de los Comités Administrativos de las Colectividades ». De todos modos encomendó a la CNT —que, por supuesto, estaba en todas partes— la tarea de vigilar para que reinase el entendimiento entre ambos organismos y la de controlar políticamente a los Consejos Municipales. No obstante, aun cuando se suponía que estos últimos representaban a toda la población —pues no todo el mundo era miembro de una Colectividad— no parece que el Decreto haya sido realmente aplicado en aquellas comunas libertarias donde la inmensa mayoría de la población pertenecía a la Colectividad. Los Consejos Municipales, no elegidos, fueron instalados por la fuerza en aquellas ciudades y pueblos, a raíz del ataque militar de los estalinistas contra las colectividades agrícolas de Aragón. También aquí, la democracia libertaria —muy difundida— iba a convivir con la «legalidad republicana» antes de ser brutalmente atacada por esta última. Con lo cual, una vez más se confirma aquello de que el ataque es la mejor defensa y que habría que haber procedido a una renovación radical de los miembros, métodos y funciones de los Consejos Municipales se llamen o no así— y esto por vía democrática, mediante elecciones libres —y no mediante trapicheos entre partidos. De cualquier manera, eso no es lo esencial, según creo; lo esencial, es la importancia y el éxito de las colectivizaciones agrícolas aragonesas. 

El periodista socialista Alardo Prats, que visitó la Colectividad de Graus, en mayo de 1937, cuenta lo que vio:

( ... ) «Todo ha sido colectivizado: Ferretería de la Colectividad, Despacho de comestibles de la Colectividad, Fonda de la Colectividad, Herrería de la Colectividad, Molino de la Colectividad. 

Todas las expresiones materiales, morales y económicas del pueblo están aglutinadas en el todo de la Colectividad. El trabajo está dividido. Cada gremio, en asamblea, lo marca a cada colectivista. Se pensará que estas Asambleas de gremio son un vivero de discusiones. Se habla muy poco. Porque cada uno sabe su obligación y no la rehuye.  

Los hombres mayores de sesenta años están eximidos de la obligación del trabajo. Al principio, estos caminantes hacia el ocaso de la vida, andaban remolones ante las audacias de la juventud, que señalaban, por mayoría, las normas colectivistas como regla a cumplir. Temían que les iban a abrumar con trabajo excesivo para sus años. Pronto salieron de su error. Los viejos no debían trabajar. ( ... ) Entonces, los viejos, en asamblea, acordaron trabajar. Era necesario trabajar para no ser una carga onerosa para los demás colectivistas y para contribuir a levantar al pueblo de su postración, al objeto de situarse a la cabeza de la producción entre los demás pueblos de los alrededores. Para ayudar a ganar la guerra, la edad y los achaques físicos no podían considerarlos los viejos de Graus como impedimento. Entonces, formaron los viejos de Graus una auténtica y emocionante brigada de choque. El pueblo le dio el nombre de "Brigada Internacional"... Los progresos sorprendentes de la Colectividad se aprecian fácilmente. Todos los sábados, los colectivistas van a la Caja Central de la Colectividad, firman su nómina y cobran su dinero. En las cooperativas de la Colectividad adquieren los elementos precisos para su subsistencia.

Cuando un colectivista decide casarse, se le da una semana de vacación con los haberes corrientes, se le busca casa —las viviendas también están colectivizadas— y se le facilitan muebles por medio de la correspondiente cooperativa, cuyo valor amortiza con el tiempo y sin ningún agobio. ( ... ) Los niños son objeto de especialísimo cuidado y de la atención permanente de la Colectividad. No trabajan hasta los catorce años, por ninguna razón ni excusa. Ha terminado la explotación del niño por los propios familiares, obligados en otro tiempo, las más de las veces, por la miseria de los hogares donde nacieran, a abandonar las tareas escolares antes de tiempo. Las madres y, sobre todo, las mujeres en trance de ser madres, son objeto asimismo de especial trato, sobre todo en el periodo de la lactancia. Están relevadas de todo trabajo. 

Las jóvenes todas trabajan en los talleres en donde cosen y confeccionan prendas para los combatientes, en los campos, o en las oficinas. Graus toda es una colmena de gentes laboriosas y abnegadas, regida por los toques de sirena, que marca las horas de trabajo y de descanso a todos los vecinos ( ... ) ¹⁹» «Cuando el secretario general de la Colectividad, compañero Portella, me llevó al departamento de estadística y tiró un fichero para informarme de modo preciso de la marcha de los trabajos y de las cifras de producción de todo el pueblo, estuve a punto de desvanecerme. Ya podría darse por satisfecho el organismo del Estado que mejor funcione, el que disponga de funcionarios más competentes y preparados, el más riguroso en la precisión de cifras, con parecerse algo a la organización de la Colectividad de Graus. A cuantos acojan esta afirmación con escepticismo, me permito aconsejarles que comprueben la absoluta certidumbre de ella sobre el terreno.

19 Contrariamente a otras colectividades, los horarios parecen aquí bastante rígidos.

Todo está sistemáticamente organizado. Cada rama de la producción tiene su fichero con los datos exactos de su desarrollo y de sus posibilidades al día, a la hora. ( ... ) Esta organización ha facilitado todas las mejoras realizadas por la Colectividad: junto al pueblo se ha levantado una granja modelo para el ganado de cerda, que alberga cerca de unos dos mil animales de distintas edades y razas. (...) Cuando llegue el invierno cada vecino de Graus tendrá un cerdo, como una de las bases de su subsistencia. La granja está montada con arreglo a las exigencias de las más modernas instalaciones. Los animales tienen duchas y todos los cuidados que el tratamiento científico del ganado requiere. Pregunté a los compañeros que están al cuidado de la granja y a los que la han montado, de dónde tomaron el modelo. Me afirmaron, sin darle gran importancia, que al iniciarse esta obra, estudiaron y discutieron detenidamente distintos modelos y que optaron por fin por un modelo norteamericano, igual al de las granjas porcinas de Chicago. En otro punto de las afueras de la población ha sido levantada otra granja avícola, dechado de organización y laboratorio de experiencias muy satisfactorias. ( ... ) Las más varias especies de aves domesticas se agitan en los departamentos de la granja. Cerca de diez mil ejemplares piensan tener un pleno rendimiento para el próximo otoño. Ahora albergan los pabellones de la granja seis mil. Todo es nuevo y magnífico. Todo ha sido instalado con arreglo a las exigencias más agudas de la técnica y de la experiencia de esta técnica. El director de la granja ha inventado una nueva incubadora de mayor rendimiento que las conocidas. Millares de diminutos polluelos se agitan en las cámaras, dotadas de calefacción. Centenares de patos y ocas. Centenares de pollos y gallinas ciudadosamente clasificadas. En una granja, como la del ganado porcino, de película. De todas las comarcas de Aragón van a tomar modelo. Graus es un lugar de peregrinación para los trabajadores aragoneses y una escuela de reconstrucción económica de nuestra patria.»

«Se han desvelado en sus vecinos todas las potencias creadoras. Funcionan sus magníficas escuelas —llevan el nombre de Joaquín Costa— y una biblioteca con un catálogo que es índice de las obras más modernas sobre los temas más diversos de las disciplinas intelectuales. Cuenta la Colectividad con una imprenta y una librería. Se ha creado una Escuela de artes y oficios, en donde cursan estudios más de sesenta jóvenes de la localidad, y se ejercitan en las distintas técnicas de las artes y de los oficios todos. En el mismo edificio de la Escuela de bellas artes y oficios ha sido instalado un museo de obras pictóricas, escultóricas.

Graus atiende, en gran parte, a las necesidades de una colonia de niños refugiados, con sus maestros, instalada en un gran palacio con dilatado jardín cercano a la población. (...) Mantiene a más de cincuenta refugiados adultos. 

Graus figura en cabeza, ante cualquier requerimiento de las necesidades de la guerra, entre todos los pueblos de Aragón. Ha arreglado caminos. Estudia las posibilidades de explotación de algunas zonas de su comarca, ricas en minas de carbón y de piritas. Funcionan sus industrias al máximo rendimiento dentro de las bases económicas perfectamente normales. Ha construido un nuevo molino con modernísima instalación. Ha adquirido moderna maquinaria agrícola, entre los que destaca un modelo de máquina trilladora novísimo. Ha industrializado los aprovechamientos de la ganadería, ha transformado, en suma, la vida del pueblo y lleva camino de transformar la vida de todos los pueblos de la comarca de su nombre. Ha hecho la Revolución.²⁰».

20. A. Prats, Vanguardia y retaguardia en Aragón, folleto, págs. 85-93. 

No obstante, el autor de este reportaje señala que Graus constituye, en cierta manera, una experiencia piloto y que otras colectivizaciones que había visitado no habían obtenido tan satisfactorios resultados. 

Sin embargo, se trataba de un pueblo bastante pequeño: 700 habitantes, todos ellos miembros de la Colectividad excepto 170. Hay que señalar que aquí no se abolió el dinero. La Caja Central de la Colectividad pagaba todos los sábados los sueldos de los colectivistas. El autor no especifica si el sueldo era individual o familiar. Había un Banco en Graus que fue abandonado después de haber sido quemados sus ficheros. Sus empleados trabajaban como contables de la Colectividad cuya Caja Central se encargaba de todas las operaciones internas o externas.

En las comunas libertarias en donde el dinero fue abolido, los sueldos se pagaban con cupones, siguiendo el principio del salario familiar. «Las colectividades de la CNT se caracterizan, en su mayor parte, por la adopción del salario familiar. Los sueldos se pagaban según las necesidades de sus miembros y no por el trabajo de cada obrero.²¹» Cuando en una Colectividad había abundancia de vino, pan o aceite, por ejemplo, se distribuían raciones gratuitamente, los demás artículos podían comprarse con cupones, en realidad, cumplían funciones de «moneda interna» porque cuando había que comprar o vender en el exterior, el dinero recuperaba sus derechos. Excepto naturalmente cuando el intercambio se hacia entre dos Colectividades anarquistas. Kaminski ha descrito la Colectividad de Alcora: 

21. A. Souchy, in «Tierra y Libertad» (6 de agosto de 1938).

«Cada cual recibe lo que necesita. ¿Pero de quién? Del Comité, naturalmente. Sin embargo es imposible abastecer a cinco mil personas a través de un solo centro de distribución. En Alcora hay tiendas en las que se puede comprar como antes.» Pero estas tiendas, observa Kaminski, sólo son centros de distribución: «Pertenecen a todo el pueblo y sus antiguos propietarios no consiguen beneficio alguno de ellas. Ya no se paga con dinero sino con cupones. Hasta el barbero afeita a cambio de un cupón. Estos campesinos quieren tenerlo "todo en común", como se cuenta de los Anacoretas en la Biblia. Consideran que el medio más seguro para realizar la igualdad general consiste en abolir el dinero». En Alcora, como en muchas otras comunas libertarias de Aragón, se sustituyó el dinero por cupones expedidos por el Comité: «La teoría según la cual las necesidades de cada habitante se verán satisfechas, sólo se ha realizado imperfectamente, porque se parte del principio de que todos tienen las mismas necesidades. No se hacen diferencias individuales o, para ser exactos, no se reconoce al individuo: sólo se reconoce a la familia. Los solteros son lo únicos a los que se considera como individuos». ¡Extraña postura por parte de anarquistas!

Continúa Kaminski: «Cada familia y cada persona que vive sola, ha recibido una tarjeta que cada día se taladra en el lugar de trabajo, del que nadie puede así sustraerse. Los cupones se distribuyen de acuerdo con esas tarjetas. La gran laguna del sistema es la siguiente: a falta, hasta ahora, de otro sistema de medición, han tenido que recurrir de nuevo al dinero para calcular el equivalente del trabajo realizado. Todos, obreros, comerciantes, médicos, por cada jornada laboral reciben cupones por valor de cinco pesetas». Observemos de paso que en casi todas las Colectividades, los médicos, maestros, ingenieros agrónomos, enfermeras, etc., se convertían en asalariados de la Colectividad y sus prestaciones eran gratuitas para los miembros de la misma. 

«Una parte de los cupones llevan la inscripción "pan" (por ejemplo), cada uno vale por un kilo. Otra parte representa explícitamente un contravalor de dinero. Sin embargo, a estos cupones no se les puede considerar billetes de Banco. Con ellos sólo pueden intercambiarse bienes de consumo y aun así, con un criterio restrictivo. Aunque la cantidad representada por esos cupones fuese mayor, sería imposible adquirir medios de producción y convertirse en capitalista, aun en pequeña escala, porque sólo los bienes de consumo están en venta. Todos los medios de producción pertenecen a la comunidad.» 

También aquí, escribe Kaminski, el Comité es el representante electo de toda la comunidad. El Comité detenta todo el dinero de Alcora, aproximadamente unas cien mil pesetas. «El Comité cambia los productos del pueblo por otros productos que les faltan y lo que no puede obtener por ese método, lo compra. Pero al dinero se le considera sólo como un mal necesario, válido mientras el resto del mundo no siga el ejemplo de Alcora.»

El Comité se encarga de todo, lo dirige todo, lo posee todo, es una especie de padre de familia. «Cada deseo especial, escribe Kaminski, le debe ser sometido. Sólo él puede dar el veredicto final. Podría objetarse que los miembros del Comité corren el peligro de convertirse en burócratas e incluso en dictadores. Esto tampoco lo han pasado por alto los campesinos. Han previsto que el Comité se renueve a menudo, de manera que cada habitante forme parte del mismo durante algún tiempo.»

Esto también es común a la mayor parte de las colectividades de Aragón o de Cataluña.

«Toda esta reglamentación tiene, por su misma ingenuidad, rasgos conmovedores. Sería un error pretender ver en ello algo más que una tentativa, por parte de los campesinos, de establecer el comunismo libertario, y criticarla demasiado duramente. Ante todo no hay que olvidar que los obreros agrícolas, e incluso los mismos pequeños comerciantes de un pueblo de este tipo, han vivido hasta ahora con un nivel de vida extremadamente bajo. Sus necesidades no son muy variadas. Antes de la Revolución, un pedazo de carne ya era un lujo para ellos y sólo unos cuantos intelectuales que viven entre ellos tienen deseos que rebasan las necesidades más elementales. La prueba de ello está en que la tarjeta de familia deja al ser más oprimido de España —la mujer— bajo la total dependencia del hombre.²².»

22. E. H. Kaminski, Op. cit., págs. 118-121.

En efecto, el salario familiar —y la tarjeta de familia— preconizado por la CNT como un enorme avance social, en realidad demostró ser profundamente retrógrado, porque no sólo era la mujer —que efectivamente era el ser más oprimido de España— la que estaba sometida al hombre, también los niños lo estaban al padre de familia. Incluso los muchachos, y todavía más las muchachas, de 18-20 años e incluso mayores, estaban sometidos a la autoridad paterna. Desde luego no era en Alcora donde se podía ser sexualmente libre. Paradójicamente, aquello que se pretendía plantear como un valor progresista era precisamente la esencia misma de la familia en su aspecto más conservador y tradicional y en lo que tiene de más retrógrado. Todo esto explica muy bien, como observa muy acertadamente Kaminski, «el estado de cosas actual», es decir, el retraso en que estaba España en ese momento, especialmente en el campo, en plena transformación revolucionaria, en la propia conciencia de los protagonistas de tales transformaciones.

Volviendo a la «abolición del dinero», además de la «conmovedora ingenuidad» de la que habla Kaminsky, hay que señalar las enormes complicaciones que originaba el sistema de cupones. El autor cuenta, con bastante sentido del humor, que si un joven trabajador de Alcora quería visitar a su novia, que vivía en un pueblo vecino, tenía que dirigirse al Comité para cambiar sus cupones por dinero para el autobús. Lo mismo ocurría si quería ir a la ciudad al cine, a visitar a un pariente. ¡El Comité podía negarse, decidir cuántas veces podían visitar los colectivistas a sus novias o cuántas veces podían ir al cine, etc! No cuesta demasiado imaginarse los abusos que podía cometer un miembro quisquilloso y rigorista del Comité. Otros testigos, como Borkenau o Bolloten, cuyas opiniones sobre las colectivizaciones difieren mucho, cuentan otros abusos de este tipo.

Es evidente que la abolición del dinero en Alcora o en otras comunas libertarias era una operación fetichista, quasi‑mágica. Al considerar al dinero el mal absoluto, abolirlo era abolir el Mal y restablecer el Bien. Hasta el punto de que en algunas comunas sacaron los billetes de las cajas fuertes de los Barcos y los quemaron en medio de la calle, en medio del regocijo general. No cabe duda de que fueron auténticas fogatas festivas, pero por degracia no consiguieron acabar con el «imperio del dinero». Era imposible abolir el dinero dentro de las colectividades, mientras continuase dominando las relaciones sociales en la sociedad que las rodeaba, mientras fuese necesario para comprar y vender, para ir al cine, para tomar el autobús, etc., y además mientras las Colectividades vecinas, muchas veces tan libertarias como las demás, pagasen sus sueldos con dinero y no admitiesen cupones.

Si se puede considerar al dinero como la expresión de la penuria relativa (abundancia: gratuidad) y de la desigualdad social, la abolición del dinero sólo podría provenir de la abolición de la desigualdad y de la penuria, pero no a la inversa.

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El Gobierno autónomo catalán promulgó también un Decreto para las colectivizaciones agrícolas cuyo texto publicó «Solidaridad Obrera» los días 4 y 6 de noviembre de 1937. Este Decreto, firmado por Luis Companys, Presidente, y José Calvet y Mora, Consejero de Agricultura y Líder de la Unión de Rabassaires,  no tiene tanto interés como el de la industria, porque en este caso se trataba del reconocimiento de algo que ya existía de hecho. Por supuesto, para justificar su existencia, el Decreto pretendía establecer normas generales y obligatorias para el funcionamiento de las Colectividades agrícolas. Hemos observado en él la voluntad de un derecho de vigilancia y disolución por parte de las autoridades gubernamentales sobre la actividad de las citadas Colectividades así como la introducción de un «sector privado» en su seno. En el Decreto estaba previsto que los miembros de las Colectividades odían poseer en privado un huerto, aves de corral, animales de granja (cabras, cerdos, ovejas) como en los koIkoses soviéticos. Sin embargo, nos parece significativo de la amplitud y de la importancia real de las Colectividades agrícolas, el hecho de que el Gobierno catalán, después de las jornadas de mayo de 1937, publicase este Decreto reconociéndolas y estableciendo unas normas que grosso modo eran las que regían su actividad desde hacía más de un año.

A modo de balance

«La empresa demostró ser un éxito muy notable, hasta el momento en que fue aniquilada por las armas», escribe Noam Chomsky. Efectivamente, resulta bastante notable ver a las masas de trabajadores industriales y agrícolas transformar tan profundamente el orden social existente. No obedecieron a ninguna consigna «de arriba», sino que tuvieron que luchar contra las órdenes y las presiones de todo tipo procedentes de los Estados Mayores de todas las organizaciones políticas y sindicales, y eso en plena guerra revolucionaria contra «el ejército de los grandes capitalistas y terratenientes. »  

Efectivamente, todo el mundo estaba, de un modo u otro, en contra de las colectivizaciones, excepto los propios trabajadores. Bien es verdad que la CNT-FAI reivindicó las Colectividades como creación «suya» y casi siempre fueron sus militantes quienes tomaron la iniciativa. Pero el Decreto que las limitaba y desnaturalizaba también fue en gran parte obra de la CNT. Y todas las medidas procedentes de ese Decreto, administrativas y burocráticas, cuyo fin era acabar con la autonomía obrera, fueron tomadas con la participación activa de la CNT-FAI. Y cuando durante las jornadas de mayo, como veremos más adelante, se intentó liquidar por la fuerza las colectivizaciones y la democracia obrera en general, la CNT las defendió en las barricadas y la CNT— los ministros, dirigentes, burócratas, grandes y pequeños— predicaron el compromiso, la paz civil, la capitulación en una palabra. La actitud de la CNT iba a ser doble durante los acontecimientos que estamos analizando. Decir que los dirigentes traicionaron el impulso revolucionario de la «base», sin llegar a ser totalmente falso, tampoco explica nada. ¿Por qué entonces se les obedecía, en una organización que en principio no aceptaba la «disciplina de hierro» ni el «culto a los jefes»?

En la «base», los obreros y campesinos libertarios lo colectivizaron todo, desde los primeros días de la revolución: los transportes, los servicios públicos, el comercio, la agricultura. La autogestión se realizaba por todas partes, o casi. Junto a algunos éxitos muy notables he observado un defecto de coordinación y de solidaridad entre «Colectividades ricas» y «Colectividades pobres». No es éste el único defecto: también pueden señalarse la no reconversión de algunas industrias superadas, así como un cambio de orientación insuficiente en la propia producción. Todo esto, por así decirlo, es normal en esa primera etapa, cuyo sentido general —muy importante— puede resumirse de esta manera: los trabajadores se hacen cargo de sus empresas. Como también es normal que las experiencias más avanzadas de democracia directa se hayan desarrollado en los pueblos y villas de Aragón y de Cataluña, donde las asambleas de trabajadores podían reunirse periódicamente y decidir «sobre el terreno» todas las medidas necesarias. En la industria el problema era más complejo —aunque sólo fuese por el número de trabajadores—; se planteaba la cuestión de la «delegación de poderes», los sindicatos intervenían (aparece la burocracia sindical con sus objetivos particulares), etc. Todos estos fenómenos cobran gran importancia en cuanto se «sale» de cada empresa. Dentro de ellas, por supuesto, la democracia directa se hace posible e incluso fácil —tan fácil como en una comuna libertaria de Aragón. Esto, no cabe duda, explica muchas cosas.

Las esferas directivas de la CNT, para paliar los defectos y porteger a las colectivizaciones —en realidad, para dirigirlas— propusieron una organización que quedó plasmada en el Decreto del 24 de octubre de 1936. El Decreto limitaba las colectivizaciones al excluir a las empresas extranjeras (para complacer a las democracias occidentales) y a las empresas de menos de 100 obreros. Se devolvía así al sector privado un importante sector industrial (dado el débil grado de concentración de la industria catalana de entonces). En realidad no sucedió nada de eso, excepto en lo relativo a las empresas extranjeras. Además el Decreto restablecía la pirámide jerarquizada de la producción en cuyo vértice se encuentra el Estado, cuyo papel en la economía se hacia determinante por primera vez en España (aunque, en diferentes grados, este fenómeno rebasó netamente el marco de Cataluña), Paralelamente al intento de establecer una autoridad estatal «de nuevo cuño, los círculos anarquistas intentaron implantar sobre las colectivizaciones una autoridad sindical. El Decreto, ya lo hemos visto, atribuía a los sindicatos un papel muy importante en la nueva organización de la economía, pero un papel subordinado al Gobierno catalán, autoridad suprema (por lo menos sobre el papel, el Gobierno central no llegó a aceptar nunca del todo la autonomía catalana, consiguiendo, a partir de junio de 1937, liquidarla prácticamente). Pero siempre hubo en la CNT una tendencia bastante fuerte que quería que los sindicatos dirigiesen directamente la economía sin ingerencias del Estado. Es inútil añadir que esta tendencia se vio reforzada durante aquellos períodos en los que la CNT no estuvo representada en los gobiernos catalán y central, para debilitarse cuando sí lo estaba, como ocurrió —en el Gobierno catalán— durante la publicación del Decreto. Esta tendencia, llamémosla «sindical», nunca llegó a ser preponderante del todo, no luchó, en contra de lo que pudiera parecer, contra el fenómeno burocrático sino que, a su manera, contribuyó a que se produjera.

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La postura del Partido Comunista ante las colectivizaciones es más coherente. Estaba en contra, so pretexto de que no correspondían a la «etapa democrático-burguesa» en la que pretendían encerrar la revolución. Pero en el fondo, estaba en contra de la autogestión y de la autonomía obreras, como siempre lo ha estado —y lo estará. Su postura la resumió José Díaz, Secretario general del PC, en un discurso pronunciado el 2 de febrero de 1937 en el teatro Olimpia de Valencia, durante un mitin de homenaje a... Maurice Thorez:

«Hay que curar aquello que podríamos llamar el sarampión de las incautaciones de bienes de los pequeños industriales, de la "socialización" de las pequeñas industrias, de todos los abusos de ese tipo. Y al mismo tiempo que lo hacemos, debemos plantear el problema con toda franqueza y hacer lo que sea posible para conseguir la nacionalización de las grandes industrias, que las industrias de base pasen, como deberían hacer, a manos del Estado, que se decrete la nacionalización de todas las industrias necesarias para la guerra... ( ... )

En las fábricas tiene que haber un control organizado por los obreros y los sindicatos; de acuerdo, pero a su vez estos sindicatos tampoco deben olvidar que su deber, en el momento actual, consiste en organizar e intensificar la producción cueste lo que cueste, bajo la dirección del Gobierno, y realizando todos los sacrificios que sean necesarios para ganar la guerra.²³»

23. Folleto de la Comisión Nacional de Agit-Prop, del PC español, Valencia, 1937.

O sea, había que respetar a la pequeña y mediana industria, <<aliados naturales» del proletariado en la revolución democrático‑burguesa. Tenía que haber un «control obrero» de la producción para reforzar la disciplina y la productividad, bajo la autoridad gubernativa, y había que conseguir la nacionalización, reforzándose así el papel del Estado en la economía; lo cual constituye el humus necesario para el desarrollo de la burocracia como clase dominante. Todo el mundo sabe, hoy día, que las nacionalizaciones —habitual tarte á la créme de los programas comunistas— no es en modo alguno «un paso hacia el socialismo», que en modo alguno contribuye a liquidar la explotación de los trabajadores, sino que, simplemente, refuerza el capitalismo de Estado. Y esto ocurre tanto en los llamados países capitalistas (¡como si hubiera países que no lo fueran!), en donde el sector estatal convive con el sector privado (que cada vez lo es menos), como en los llamados países socialistas, en donde todo está nacionalizado, y en donde se ha realizado la concentración total del capital, es decir, en los países de capitalismo burocrático de Estado.

En el campo, el PC se manifestó aún con mayor fuerza, como el aliado de los pequeños y medianos propietarios (los grandes, como ocurrió con los grandes industriales y banqueros, estaban todos con Franco o bien habían huido al extranjero). Vicente Uribe, dirigente del PC y ministro de Agricultura, llegó a ofrecer los fusiles del Partido para defender a la propiedad campesina de los colectivistas:

«Al principio, el problema fundamental, para algunos, no estaba en crear las bases para una nueva economía agraria, sino en llevar a cabo un loco intento, urdido por personas que habían perdido por completo el sentido de la realidad. ¡Querían resolver el problema agrario mediante las colectivizaciones! ²⁴»

24. Ibid.

La indignación del Señor Ministro causa lástima. Su colega del Gobierno catalán, Calvet y Mora, líder de la moderada Unión de Rabassaires, que reconoció las Colectividades agrarias en Cataluña —así como su amigo político, el Presidente de la Generalitat, Companys— son unos peligrosísimos revolucionarios al lado del comunista Uribe. De hecho, el Gobierno central nunca reconoció las colectivizaciones, ni en la industria, ni en la agricultura. El ministro de Agricultura, Uribe, se limitó a legalizar algunos repartos de tierra de latifundistas, ya realizados por los campesinos y a luchar desaforadamente contra las colectivizaciones.

Aunque en el resto de España la UGT era más bien favorable al control obrero, en Cataluña, al principio se vio arrastrada por el poderso movimiento colectivista.

Pero la influencia estalinista sobre la UGT catalana la convirtió en una aliada del PSUC en su lucha contra la autonomía y la gestión obreras.

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Tampoco el POUM mantuvo frente a este problema una postura demasiado clara. El Consejo de Economía, mientras dependía del Comité Central de Milicias, y en cuyo seno se encontraban Santillán (CNT) y Andrés Nin (POUM), publicó el 11 de agosto de 1936 un plan económico de 11 puntos:

1) Regulación de la producción según las necesidades del consumo.

2) Monopolio del comercio exterior.

3)Colectivización de las grandes propiedades agrarias que serían explotadas por los sindicatos campesinos y sindicalización obligatoria de los campesinos individualistas.

4) Desvalorización parcial de la propiedad urbana mediante imposición de tasas y reducción de alquileres.

5) Colectivización de las grandes industrias, de los servicios públicos y de los transportes colectivos.

6) Incautación y colectivización de las empresas abandonadas por sus propietarios.

7) Extensión del régimen cooperativista en la distribución de productos.

8) Control obrero de las operaciones bancarias hasta llegar a la nacionalización de los Bancos.

9) Control sindical obrero sobre todas aquellas empresas que sigan siendo explotadas en régimen privado.

10) Reincorporación rápida de los parados.

11) Supresión rápida de los diferentes impuestos, para llegar al impuesto único.

Según W. Solano, 25 fue el propio Andrés Nin quien redactó estos puntos que en cierta medida pueden ser considerados como el punto de vista oficial del POUM. Como puede verse su postura es mucho más radical que la del PC y  corresponde a su concepción del carácter democrático-socialista de la revolución: la revolución debía llevar hasta el final las tareas de la inacabada revolución democrático‑burguesa y, al mismo tiempo, debía realizar las premisas de la transformación socialista. Al igual que los comunistas, querían «respetar» la propiedad de la pequeña y media burguesía. Desgraciadamente. para sus respectivos esquemas, «el movimiento autónomo de las masas» había ido mucho más lejos en la transformación radical de la sociedad. Y es en  relación con esta verdad en lo que la postura del POUM difiere radicalmente de la del PC. Con esa indestructible buena conciencia que proporciona la mentira burocrática, los estalinistas  se hicieron los más encarnizados enemigos de las colectivizaciones y de la democracia obrera. El POUM, por su parte, rebasado por la iniciativa obrera y subestimando sus realizaciones, se situó en los momentos cruciales, por ejemplo durante las jornadas de mayo, al lado de los obreros. Cosa que no le impidió condenar, sobre todo a través de la pluma de Juan Andrade, las realizaciones «espontáneas y sin plan de conjunto» de la clase obrera en general y de los anarquistas en particular. También en este caso su visión centralista‑leninista les obligaba a subestimar una experiencia rica y viva, en nombre de unos dogmas que pretendían que dicha experiencia era imposible, mientras no se realizara bajo el mando de un Gobierno Obrero y Campesino y la férula de un partido de vanguardia.

25. Wilebaldo Solano: fue Secretario General del POUM en el exilio. Durante la guerra civil fue Secretario de las Juventudes del POUM (juventud Comunista Ibérica).

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Por mucho que pueda sorprender a los ingenuos que todavía creen que los comunistas están a la extrema izquierda, las fuerzas nacionalistas catalanas —la Esquerra, los Rabassaires— tuvieron una postura mucho más matizada respecto a las colectivizaciones que los comunistas.  

La primera observación que parece que hizo Luis Companys a raíz de las primeras expropiaciones, al día siguiente del 19 de julio, fue la de que la industria catalana había vuelto a ponerse en marcha. En manos de los obreros, es verdad, pero mejor eso que no un paro total que culminaría en el caos económico. Seguidamente empezaron poco a poco, sin demasiada violencia, a «restablecer el orden». Es decir, a restablecer la autoridad del Estado.         

El único poder que tuvo la Generalitat durante los primeros meses de la revolución fue el financiero. Como ya he señalado, las incautaciones y expropiaciones no alcanzaron a los Bancos —¿quizá debido al desprecio de los anarquistas por el dinero? La Generalitat, por su parte, se apresuró a establecer un control riguroso sobre todas las operaciones bancarias.

«La Oficina Reguladora de pago de salarios concedió a las empresas que estaban bajo control obrero, unos préstamos por valor de 44 millones de pesetas, mientras que la Caja Oficial de Descuentos y Préstamos distribuyó 35 millones de pesetas entre los meses de julio y noviembre de 1936 ( ... ) El Gobierno catalán, obligado a llevar a buen término la lucha en Aragón, a ayudar militarmente la Gobierno central, a procurarse armas y municiones, a subvenir a las necesidades de una población, de un país, cuyas exportaciones habían descendido a cero, pensó que era legítimo exigir al Gobierno central la autorización de girar 180 millones de pesetas a cuenta del Banco de España. En lugar de responder a esta demanda, el Tesoro Nacional ordenó a la Delegación de Finanzas de Barcelona que le entregara 373 millones de pesetas. La vieja querella regionalista volvió a revivir en agosto (1936).

»Como el Poder obrero estaba todavía más que en estado embrionario, la única autoridad capacitada para resolver el conflicto era la Generalitat y su Gobierno. Los días 27 y 28 de agosto, el Consejero de Finanzas declaró la incautación de la sucursal catalana del Banco de España ( ... ) Después de haber confiscado, como represalia, 36.000 libras esterlinas que Cataluña poseía en París, el Gobierno central cedió y declaró legales las operaciones efectuadas por la Generalitat. Pero, por otra parte, ¡el acuerdo entre ambos Poderes indicaba que sólo era válido para el Gobierno de la Generalitat! ²⁶» Esta última reserva no deja de tener su importancia, porque demuestra la desconfianza, que llegaba casi al sabotaje, que el Gobierno central sentía hacia el Comité Central de Milicias, por aquel entonces en el poder, y de un modo más general hacia los comités obreros y las colectivizaciones. La Generalitat, única potencia financiera de Cataluña, utilizó ese medio para ejercer un creciente control sobre toda la vida económica del país.

26. H. Rabassaire, Op. cit., págs. 228-229.

«La cuestión del crédito, verdadero «cuello de botella» de las Colectividades, tampoco se resolvió conforme a las ideas de los revolucionarios. Fue su crisis, como vimos, la que amenazó el funcionamiento mismo de las empresas colectivizadas. El Consejo de la Generalitat de Cataluña se negó a crear el Banco de industria y crédito pedido por la CNT y el POUM. ( ... ) Los Bancos podían reservar sus créditos para las empresas privadas solamente, y aun ganar comisiones exorbitantes por concepto de las transferencias de fondos ordenadas por el gobierno. Juan Peiró propuso la creación de un Banco industrial, destinado a financiar las actividades de las fábricas colectivizadas. Pero el ministro de Hacienda, Negrín, se opuso ( ... ) Así se vio limitado y luego detenido el movimiento de la colectivización, en tanto que el Gobierno quedó dueño de las empresas por intermedio de los Bancos. Poco a poco, afirmó su autoridad, tanto en las empresas incautadas (colectivizadas) como en las intervenidas, por la elección que hizo de interventores y directores. La búsqueda de la eficacia y las preocupaciones políticas le condujeron, a menudo, a volver a colocar, con otros títulos, a los antiguos propietarios y capataces.²⁷»

27. Broué y Termime, Op. cit., págs. 204, 261-262.

Estas líneas, sacadas del libro de Broué y Temime, pueden dar la impresión de que las colectivizaciones quedaron totalmente liquidadas antes de la derrota de la República. Pero no fue así. En Cataluña, sobre todo, algunos sectores todavía importantes de la industria y de los servicios públicos se mantuvieron contra viento y marea en poder de los trabajadores hasta el final de la guerra. Es cierto que el Gobierno catalán y el Gobierno central intensificaron su influencia, en el sentido anteriormente indicado, en una serie de sectores industriales. Por otra parte, además del sabotaje financiero, las autoridades gubernamentales tomaron toda una serie de disposiciones legales para «disolver» las colectivizaciones. Así, en mayo, después de las jornadas de las barricadas, el Gobierno central anuló el Decreto de las colectivizaciones del 24 de octubre de 1936, so pretexto de que la Generalitat no era competente en la materia: el artículo 44 de la Constitución especificaba que sólo el Estado podía expropiar y socializar y la Generalitat no podía sustituirse al Estado español.

Otro decreto del 28 de agosto de 1937, otorgaba al Gobierno central el derecho de la intervención y el control absoluto sobre las minas y las industrias metalúrgicas. En octubre del mismo año, «Solidaridad obrera» denunció una decisión del servicio de compras del Ministerio de Defensa: este último sólo suscribiría contratos de compra con aquellas empresas que funcionasen «bajo la dirección de sus antiguos propietarios o bajo un régimen equivalente, garantizado por el control del Ministerio de Finanzas y Economía».²⁸

28. Morrow, Op. cit., pág. 98.

Pues bien, repitámoslo, ni el sabotaje financiero, ni todas las disposiciones legales y presiones políticas, consiguieron acabar con las colectivizaciones. Cuando en agosto de 1937, las tropas comunistas intentaron liquidar a su bestia negra, las comunas libertarias de Aragón, aquellas se vieron obligadas, como hemos visto, a dar marcha atrás. Las autoridades gubernamentales y los partidos políticos anti-colectivistas también tuvieron que dar marcha atrás en la industria, presionadas por los obreros que no aceptaban ese retorno al capitalismo, aunque fuese el capitalismo de Estado. Ya podían, por ejemplo, nombrar directores con plenos poderes, que si los trabajadores se negaban a obedecerles y seguían eligiendo a sus propios representantes, el director no era más que un adorno gubernamental. Algunas Colectividades, agrícolas e industriales, reducidas y asediadas por todas partes, se mantuvieron así, por lo menos hasta la entrada de las tropas franquistas en Aragón y Cataluña, que acabaron con sangre esa vuelta al orden iniciada —también a veces con sangre— por las autoridades republicanas.

Lo esencial de esta batalla con múltiples frentes, algunos de los cuales y no los menos importantes, proceden de lo imaginario, nunca ha sido escrito, Se ha hablado, bien o mal, de las colectivizaciones, citando cifras, hechos, etc. Se ha hablado del Decreto, de su funcionamiento, de la organización sindical, de las disposiciones legales —a favor o en contra—. En una palabra, se ha puesto mucho empeño en el estudio de las instituciones, ya sea para alabarlas y ponerlas al mundo como ejemplo (¿no se ha dicho con orgullo que Yugoslavia se inspiró en ellas?) a veces hasta se cita a Argelia, (¡lo cual ya es el colmo del humor negro!), ya sea para criticarlas e intentar demostrar que la autogestión es una añagaza, cuando de lo que se habla es precisamente de todo lo que se ha hecho en contra de la autogestión. Pero nunca se ha hablado verdaderamente del estado de ánimo de los trabajadores, de su relación con la Autoridad. No voy a llenar este vacío aquí con unas cuantas frases, pero de todos modos hay que señalarlo, porque me parece que es mucho más importante que la búsqueda nostálgica de unas «instituciones buenas» que permitan un «mejor funcionamiento de la economía». ¡De todos modos no hay instituciones buenas!

Pero a través de los textos y de los testimonios, de un modo demasiado impreciso y velado, por desgracia, como para que podamos conocer los detalles, entrevemos un comportamiento masivo de «desobediencia civil». Esa democracia salvaje de la que ya he hablado —como las huelgas así llamadas, se afirma al mismo tiempo contra el Estado, los patronos y las burocracias «obreras» y no está institucionalizada— no está expresada en ningún texto legal, en ningún programa de ninguna organización, en ningún análisis de ningún teórico. Por la sencilla razón de que reconocerla sería negarse a sí mismo como «ley», como «teórico». Sin embargo, fue ese estado de ánimo revolucionario y libertario de los trabajadores el que la hizo posible; ese estado de ánimo que les lanzó contra los militares y los fascistas, que les llevó a colectivizar todo —o casi— y que alimentó su supremo rechazo a la Autoridad. ¡Oh!, ciertamente, apenas derrumbado el viejo mundo todos los mecanismos se precipitaron para reconstruir el «nuevo» que, como por casualidad, tomó del antiguo sus valores esenciales; en él se sacralizaron, apenas disimulados, los buenos viejos principios de la esclavitud contemporánea: la Autoridad y la Disciplina, el Ejército y la Patria (sí ¡incluso la Patria!), la Productividad y el Orden, etc.

Nada de esto es nuevo. En cambio, lo que si no es nuevo al menos es poco corriente, era la relación de las masas con la Autoridad en la Cataluña de aquella época. La Autoridad intentó afirmarse en todas partes, no sólo mediante la paciente y solapada restauración de un Estado totalitario sino también mediante la sutil producción de fantasmas; el espectáculo de los héroes y de los jefes: aquellos jóvenes generales vestidos de cuero y con cartucheras, que provenían directamente del Año II, con el inevitable regusto a los tópicos bolcheviques. Kleber y Budienny se llamaban entonces Líster o Durruti (éste una vez muerto, lo que en su caso era mas prudente). La imagen de los jefes venerados (en primera fila figuraba por supuesto Stalin, al que no sólo adoraban los estalinistas), esas «imágenes santas» florecían en todos los muros de las ciudades destrozadas, en los locales de todas las organizaciones políticas. Cada organización tenía sus propios santos como pasto para las masas, para que éstas, llenas de devoción, fuesen más obedientes. Una mano vengadora se tiende hacia el campesino analfabeto y hacia el obrero holgazán, que, en medio de esa admirable «gesta heroica», se han lanzado imprudentemente a una aventura sin igual: han intentado simplemente cambiar su vida. Aquél no era su lugar. Entonces les acusaron de boicotear la guerra. También se les acusó —porque el gesto heroico está muy bien, es incluso indispensable, pero no lo es todo— de sabotear la producción y, por supuesto, el Orden. Ese Orden que exige que cada cual esté en su sitio y ejecute las tareas que le ha asignado la Autoridad. Es inconcebible —dice la Autoridad, bajo sus múltiples rostros, comunista, republicano o anarquista— es inconcebible, que las fábricas estén «en poder de los obreros». Eso no quiere decir nada. Para dirigir una fábrica hace falta un director, eso va de suyo. Para organizar y planificar la economía hacen falta organizadores, especialistas, técnicos con saber y poder. Cada organización ofrecía «sus» especialistas. Muchas veces, como hemos visto, eran los antiguos patronos, cosa que en cierto modo resulta lógico: ¿acaso no habían demostrado ya su capacidad para ser patronos, puesto que lo habían sido? Pero el obrero «holgazán», al que incluso han llegado a acusar de tener «intereses capitalistas» —como ha ocurrido no hace mucho tiempo en China durante aquel sangriento arreglo de cuentas entre facciones de la burocracia, pudorosamente llamado «revolución cultural»— y el campesino analfabeto, opusieron una resistencia admirable a todas esas tentativas de la Autoridad. Simplemente no la reconocieron. Trabajaban, luchaban —a pesar de lo que diga la mentira burocrática— además, qué otra cosa iban a hacer? No rechazaban las exigencias de la técnica y de la cultura, por el contrario, más bien tendían a respetarlas en demasía, pero querían decidir, querían seguir siendo los dueños de su propia vida, de su trabajo, por muy duros y miserables que fuesen. Si ésta no es una postura revolucionaria, ¿qué es la revolución?

¿Por qué, a pesar de aquel estado de ánimo de rebeldía y de aquella democracia salvaje que habían impuesto los trabajadores, se pudo restaurar el Estado autoritario —aunque apenas fuera obedecido? ¿Cómo se pudo limitar —ya que no liquidar— el movimiento de las colectivizaciones? Precisamente debido a una particular manera de vivir la solidaridad de clase, a la fidelidad a la organización, a una determinada concepción del militantismo, por eso la Autoridad se reintrodujo «en la cabeza» de los militantes, aun de los más rebeldes. Esa fidelidad «filial» a la Organización (en este caso a la CNT-FAI) es la que, en definitiva, limitó hasta cierto punto la extraordinaria magnitud del gran rechazo. Esto nos lleva, naturalmente, a hablar del fenómeno burocrático en el movimiento de las colectivizaciones.

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El estudio de este fenómeno siempre está ausente de los textos que tratan, a favor o en contra, de las colectivizaciones. Voy a hablar aquí de la transformación burocrática de la CNT-FAI al «contacto» con el poder. Insistir en aquellas cosas que conocemos harto bien, como la burocracia estalinista o la de los sindicatos dominados por ella, como la UGT en Cataluña, sería sólo una pérdida de tiempo.

En su folleto titulado Ne Franco ne Stalin: L'attivitá sindicale nella transformazione sociale ²⁹, Gaston Leval recoge las acusaciones de un importante sector directivo de la CNT contra el «neo-capitalismo obrero» (sic) a propósito de las empresas industriales y comerciales que actúan solas y por sus propios medios; aquéllas que después del 19 de julio encontraron las cajas llenas y mercados para su producción convirtiéndose en lo que se ha llamado «colectividades ricas» y que se desinteresaban, según Leval, del interés general. Pero incluso a las «colectividades pobres» se les acusaba de neo-capitalismo, porque al no tener materias primas ni mercados, pedían prestado dinero al Gobierno catalán para pagar a los obreros «por no hacer nada». ¡Supremo escándalo! (el camarada Gastón no parece haberse dado cuenta de que no suele ser muy corriente que los capitalistas paguen a sus obreros «por no hacer nada» ...).