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El Comité Central de Milicias Antifascistas de Catalunya

y la situación de doble poder

en los primeros meses de la guerra civil española.

 

 

Enric Mompó.

 

 

 

Tesis doctoral leida  el 8 de julio de 1994 en el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Barcelona.

 

1. INTRODUCCIÓN.

             La dualidad de poderes en las situaciones revolucionarias corresponde a períodos que han sido ampliamente estudiados por los clásicos del marxismo y por otros de distintos orígenes ideológicos. Ya en la revolución francesa encontramos configurados los dos poderes enfrentados, el de la monarquía absoluta, representante de la aristocracia y del Antiguo Régimen, y el de la Asamblea Constituyente, representante del poder de la burguesía revolucionaria, aliada al campesinado y al resto de las clases populares francesas. Entre los revolucionarios de la Comuna de París y el Versalles de Thiers. La dualidad de poderes volveremos a encontrarla de nuevo en todas las revoluciones del siglo XIX y también en el XX.
 
            Las grandes revoluciones de nuestro siglo han aportado un impresionante caudal de datos y experiencias. Sin embargo, la revolución española presenta una paradoja singular. Es uno de los acontecimientos históricos sobre el que más se ha escrito y sin embargo, son escasos los trabajos que han estudiado a fondo la compleja dinámica de la dualidad de poderes.

 
1.1 OBJETO DE LA TESIS.
 
            Hablar del período revolucionario caracterizado por la dualidad de poderes es algo complejo. Es importante analizar los factores que caracterizaron la situación, la espontaneidad del movimiento revolucionario, la formación de los organismos revolucionarios (los embriones del nuevo estado), la correlación de fuerzas entre los poderes enfrentados,
 
            Primero sería necesario encontrar una definición general que nos sirviera para delimitar, dentro del período revolucionario, la fase de la dualidad de poderes. Si nos atenemos a las palabras de Linón, un período revolucionario estaría caracterizado por una situación en la que las clases dominantes no pueden seguir gobernando como antes, mientras que las clases populares, por su parte, no quieren seguir viviendo como lo habían hecho hasta el momento. La fase de dualidad, en la que existiría una enfrentamiento larvado entre las autoridades tradicionales y el nuevo poder, sería la consecuencia de un todavía insuficiente grado de conciencia y de organización de los sectores revolucionarios (1).
 
            Concretando, es necesario desmenuzar y analizar las diferentes características, propias de la revolución española para que podamos comprender su dinámica, su ascenso, madurez y declive, a través de la evolución de la dualidad de poderes existente.
 
            Este trabajo ha sido dividido en tres grandes partes que responderían a tres períodos distintos de la revolución española. La primera parte corresponde al período prerrevolucionario (Abril-1931/Julio-1936). La República llegó, como no se han cansado de comentar historiadores, políticos y testimonios de la época, sin encontrar resistencia y sin derramar una gota de sangre. Por distintas razones, casi todas las clases sociales aclamaron la llegada de la República. Unos esperaban que el capital político y las esperanzas que acompañaban a la instauración de la República serviría para abortar la radicalización de las clases trabajadoras y evitaría que las aspiraciones populares pudieran derivar hacia peligrosas situaciones revolucionarias. Otros, esperaban que la República solucionar definitivamente sus aspiraciones históricas, el hambre de la tierra, los derechos nacionales... Por otra parte, los republicanos pretendían nadar entre dos aguas, para conseguir sus objetivos de modernización del capitalismo español.
 
            Sin embargo, el republicanismo era, a todas luces, inviable, en una época en la que el capitalismo en crisis amenazaba con romperse en sus eslabones más débiles. Cualquier intento de los gobiernos republicanos de izquierda para solucionar los problemas históricos que arrastraba el estado español, y que le impedían convertirse en una economía moderna, chocaban con los intereses de las clases privilegiadas, incluidos los de la burguesía industrial y financiera.
 
            Cinco años después, el proyecto republicano estaba completamente agotado. Las pretendidas reformas se habían perdido en estériles debates parlamentarios. Las tímidas iniciativas adoptadas por el gobierno izquierdista (1931-1933) habían sido neutralizadas durante el bienio negro. En 1936, la República se habían convertido en un cascarón vacío que no representaba a casi nadie. Mientras las clases dominantes se volcaban cada vez a la solución militar para evitar el creciente peligro revolucionario, las clases populares experimentaban una radicalización cada vez mayor, frustradas por cinco años de inútiles esperas. Mientras tanto, las clases medias tendían a reagruparse en torno a los dos grandes polos sociales que se enfrentaban. El único capital político con el que seguían contando los políticos republicanos era el firme apoyo que estaban dispuestos a prestarles los dirigentes de las organizaciones obreras del Frente Popular.
 
            Durante el período republicano, el movimiento obrero experimentó un fuerte proceso de radicalización, consecuencia de su decepción ante la experiencia republicana de los primeros años y por la amenaza fascista internacional que se presentaba con el ascenso de Hitler al poder en Alemania en 1933. La radicalización del movimiento obrero y del campesinado pobre quedó reflejada en las grandes movilizaciones protagonizadas por las dos centrales sindicales (CNT y UGT), en la insurrección de 1934, en el proceso de reagrupamiento de las Alianzas Obreras y en los debates sobre la construcción el partido revolucionario que debía dirigir la revolución que se avecinaba.
 
            Estas experiencias incidieron profundamente en la conciencia del movimiento revolucionario y por lo tanto también en la forma y el contenido que adoptó la revolución. Todas estas cuestiones son de vital importancia para que podamos comprender la génesis de los comités y del resto de organismos que se encarnaron en la revolución española.
 
            La segunda parte de nuestro trabajo estaría dividida en dos y correspondería a los primeros meses de la guerra civil. Exactamente, al período comprendido entre las jornadas de Julio y la integración del anarcosindicalismo en el aparato de Estado republicano. Esta parte equivaldría al ascenso y esplendor de la revolución y es también en este período donde situamos la dualidad de poderes. Sin embargo, nos gustaría destacar a priori una de las grandes originalidades de la revolución española. La dualidad, no se situaba entre las cenizas del gobierno republicano y la multitud de comités-gobierno (calificativo dado por Munis y que es el mejor que hemos encontrado, para explicar la verdadera naturaleza de estos organismos), sino entre estos últimos y los comités dirigentes de las organizaciones obreras del Frente Popular. El mismo Munis prefiere situar la verdadera dualidad de poderes tres meses después de haber estallado la revolución (2), para destacar el aplastante predominio del poder revolucionario frente a las ruinas del estado republicano.
 
            Junto a los comités revolucionarios locales, creados por la iniciativa espontánea de los militantes obreros (los mismos que apoyaban a las autoridades republicanas) apareció toda una gran variedad de organismos que, bajo nombres distintos e incluso con tareas diferentes que encarnaron el poder revolucionario que acababa de nacer (Juntas territoriales, milicias, patrullas de control o de retaguardia, comités de empresa...). En este trabajo intentaremos analizar los procesos de formación de estos organismos, su composición interna, las formas de funcionamiento, la correlación de fuerzas que existían en su seno y también las relaciones con las autoridades republicanas y entre ellos mismos. Nos gustaría resaltar también el elevado grado de espontaneismo de la obra revolucionaria, como un factor que nos ayuda a comprender la naturaleza misma de la revolución española.
 
"No hay duda que la espontaneidad del movimiento es un indicio de su profundo arraigo en las masas, de la solidez de sus raíces, de su ineludibilidad" (3).
 
            Intentaremos profundizar en el debate sobre la verdadera naturaleza de los diferentes tipos de organismos y sobre su supuesta (o no) esencia soviética o consejista.
 
            También hemos considerado importante intercalar una serie de capítulos destinados a analizar las diferentes actitudes políticas de las organizaciones obreras (con respecto a la revolución española, a los comités, a las milicias, las colectivizaciones agrarias e industriales...). La postura de los diferentes grupos nos ayudará a entender las alianzas, en ocasiones aparentemente paradójicas, que se llevaron a cabo durante el proceso revolucionario.
 
            Más arriba hemos planteado que esta segunda parte del trabajo estaría dividida a su vez, en dos partes. Efectivamente, nuestro estudio no abarca la revolución española en general, sino su impacto en Catalunya, territorio dentro de la llamada "zona republicana", donde el movimiento revolucionario adquirió mayor fuerza y profundidad. Por ese motivo, la parte principal se centraría en los organismos revolucionarios catalanes y especialmente en el Comité Central de Milicias Antifascistas de Catalunya. La otra parte nos servirá para encuadrar la revolución en Catalunya, dentro del contexto de la española. Limitar el estudio al territorio catalán impediría la comprensión del proceso. Hay que tener en cuenta que gran parte de los factores que influyeron en el proceso revolucionario en Catalunya, procedían del marco estatal en el que se estaba desarrollando el conflicto. He considerado imprescindible incluir algunos capítulos para analizar la reconstrucción del aparato estatal republicano y la sustitución del desprestigiado gobierno de Giral por un nuevo gabinete   presidido por Largo Caballero. De esta manera, el proceso restaurador se vestía con su ropaje más izquierdista.
 
            Con respecto al Comité Central de Milicias, hemos hecho un capítulo aparte que se iniciaría con su formación, consecuencia del choque del anarcosindicalismo con el reto del poder y que terminaría con su disolución tres meses después. Con el estudio del Comité Central hemos pretendido dilucidar su verdadera naturaleza del organismo en el que se desarrolló una parte importante del conflicto de poderes. Mientras la calle se encontraba en manos de los revolucionarios, en el seno del Comité Central se luchaba para que la balanza del poder se decantara finalmente a favor de una de las dos fracciones.
 
            Tal como se ha indicado a menudo, el período de dualidad de poderes es siempre altamente inestable y no puede ser mantenido indefinidamente. La evolución del conflicto entre las distintas clases sociales tiene que resolverse inevitablemente a favor de una de otra. El triunfo en estas situaciones, no corresponde al grupo inicialmente más poderoso, sino al más clarividente, al que es capaz de definir y luchar mejor por sus objetivos. Dicho con otras palabras, el poder se decanta siempre hacia el grupo que está dispuesto a tomarlo en sus manos.
 
"Otra vez se vio confirmada una vieja regla de las revoluciones; la batalla debe ser llevada hasta el final, o caso contrario, mejor es no comenzarla" (4).
 
            Con el análisis de la historia y de la obra del Comité Central de Milicias he intentado hacer más comprensible el proceso dialéctico en el que se encontraba inmerso este organismo, que se convirtió en el poder indiscutible e indiscutido de Catalunya, desplazando al impotente gobierno de la Generalitat de Companys. También en este caso me ha parecido interesante y necesario introducir un capítulo destinado a analizar las diferentes opciones políticas que pugnaban en su seno.
 
"El poder, al igual que la naturaleza, aborrece el vacío. Tanto más en el crisol de una guerra civil, que es la política de la lucha de clases elevada al extremo de conflicto armado. La mayor parte de los medios de producción se hallaban en manos de la clase obrera catalana, pero el poder político se encontraba atomizado en una miríada de comités: compartido, aunque desigualmente, en Barcelona entre el Comité de Milícies Antifeixistes y la Generalitat; dividido dentro del mismo comité; dividido también entre éste y otros comités de Catalunya; dividido entre Catalunya y Madrid. Semejante poder dual (si no múltiple) que era normal en una revolución no acabada, no podía permanecer estático" (6).
 
            Finalmente este estudio consta de una tercera parte que estudia las consecuencias de la integración del anarquismo y del poumismo en las instituciones republicanas. Analizaremos el proceso de decadencia de la revolución. Una vez rota la situación de doble poder en favor de la restauración de la República, los comités revolucionarios, las patrullas de retaguardia, las milicias y las colectivizaciones empezaron a ser disueltas inexorablemente. Sin la existencia de una organización que estuviera dispuesta a responder al resto de la toma del poder, la revolución estaba condenada sin remedio. Desde este punto de vista, podríamos hablar de que la revolución española fue una revolución huérfana.
 
            A lo largo del trabajo podremos observar la creciente escisión entre el instinto y la conciencia de los trabajadores revolucionarios y los cuadros dirigentes de sus organizaciones. Los primeros veían como, poco a poco, sus más preciadas conquistas se les escapaban de las manos. Los segundos, asustados frente a la responsabilidad de la toma del poder, sin el más mínimo programa adecuado para enfrentarse a la complejidad de la situación, se enmarañaban cada vez más en una política de compromisos que debilitaba la revolución.
 
            Desde un punto de vista convencional, el punto de partida de la decadencia revolucionaria se iniciaría con la disolución del Comité Central de Milicias de Catalunya (a finales de septiembre) y terminaría en las jornadas de mayo del año siguiente. La integración del anarcosindicalismo y del poumismo en el gobierno de concentración de la Generalitat sería la señal. Pocas semanas después, el 4 de noviembre, la CNT aceptaba integrarse sin condiciones en el segundo gabinete de Largo Caballero.
 
            Sin embargo, no puede tampoco hablarse de que el declive revolucionario fuera un camino de rosas para la contrarrevolución republicana. Durante los siete meses siguientes, la inmensa energía de la revolución se haría sentir. Una cosa era decretar la disolución de los comités locales, de las patrullas y de las milicias y otra llevarlo a la práctica. Una cantidad importante de los organismos que habían surgido al calor de la revolución de julio, sobrevivieron tozudamente hasta después de las jornadas de mayo barcelonesas, sin que las autoridades republicanas tuvieran la suficiente fuerza para disolverlas.
 
            A pesar de las grandes resistencias, la revolución tenía bloqueado el camino.  Su orfandad política le impedía superar el estadio de la dispersión para fundirse en un solo cuerpo que unificase todas las energías que había desatado la revolución. En la historia, y más todavía en la historia de las revoluciones, nada permanece, nada se mantiene estático, lo que no avanza retrocede. Y esto es lo que ocurrió con las utopías anarcosindicalistas de posponer su desenlace para después de la contienda.
 
"Habiéndose detenido los comités gobierno en el ejercicio local del poder, no aceptando a encadenarse en un sistema de gobierno único y general, la revolución quedó incompleta, dejó de cerrar su círculo de adquisiciones, y sus enemigos encontraron un respiro y condiciones para confabularse contra ella... si los comités revolucionarios no se constituían en base de un nuevo estado y un nuevo gobierno, forzosamente darían ocasión a la reconstitución del estado y el gobierno capitalista" (5).
 
            Las jornadas de mayo barcelonesas, sean cuales fueran sus causas y su interpretación, fueron la última oportunidad de la revolución. La derrota que supuso el desenlace de este enfrentamiento supondría el golpe definitivo. A partir de este punto quedaba demostrado ante los partidarios y los adversarios de la revolución que ésta estaba herida de muerte. Si en aquellos momentos, alguien continuó creyendo lo contrario, pronto la realidad iba a desengañarlo. La CNT quedaría desarbolada definitivamente; el POUM sería ilegalizado, juzgado y perseguido; su primer dirigente, el revolucionario Andreu Nin, torturado y asesinado por orden  de Stalin. Con las jornadas de mayo se desataría una verdadera orgía de sangre contra los revolucionarios que no terminaría hasta el final de la guerra. El mismo Largo Caballero, acabaría siendo una víctima del proceso contrarrevolucionario que él mismo había desencadenado desde el gobierno; a pesar de su oportunismo, el máximo dirigente de la Izquierda Socialista, era un obstáculo para los planes de liquidación total del movimiento revolucionario (Largo Caballero se opondría a la persecución del POUM).
 
            Para concluir el pequeño resumen de los objetivos de este trabajo, me gustaría resaltar, una vez más, la idea de la orfandad política de la revolución española. Mientras los trabajadores socialistas, libertarios, comunistas, poumistas, o sin afiliación, realizaban  por su propia cuenta y riesgo lo que ellos entendían por revolución (formación de comités, marginación de las viejas autoridades, colectivización y socialización de la economía, creación de milicias...), los cuadros dirigentes, por diferentes motivos, se negaban a llevar la revolución hasta sus últimas consecuencias y preferían posponer su desenlace hasta el final de la guerra (o hasta un futuro indeterminado). Este hecho es de crucial importancia para entender las características de la revolución española. También nos ayudará a comprender las virtudes y las limitaciones que supuso el fenómeno del espontaneísmo de los trabajadores en una situación revolucionaria como aquella.
 
 
 
1.2 METODOLOGÍA.
 
            Fuentes utilizadas.
 
            El material utilizado para el estudio del Comité Central de Milicias y la situación de doble poder en los primeros meses de la guerra y de la revolución en Catalunya ha sido obligatoriamente muy variado. Queremos resaltar una laguna que consideramos importante, la falta de un trabajo de historia oral sobre el tema de estudio. Los principales testimonios de la vida interna del Comité Central de Milicias han fallecido todos o casi todos. Por lo tanto el estudio ha tenido que centrarse en otros trabajos, ya realizados  con anterioridad por otros autores. Vale la pena dividir los trabajos que corresponden a testimonios directos de la guerra y de la revolución, y los estudios hechos posteriormente por los historiadores. En la mayoría de los casos estos trabajos solo aportan una visión fugaz del desarrollo de la situación revolucionaria y de la dualidad (o pluralidad) de poderes.
 
            Hemos utilizado la prensa de la época como una de las fuentes de información. Hemos limitado el estudio a la prensa catalana y a un número representativo de periódicos (uno o dos publicaciones de cada una de las fuerzas políticas protagonistas de los acontecimientos).
 
            También hemos seleccionado algunos documentos de la época, folletos, publicaciones de empresas colectivizadas, octavillas, informes e incluso algunas actas fragmentarias de algunas comisiones de trabajo del Comité Central de Milicias o del primer gobierno de concentración de la Generalitat de Catalunya.
 
            Finalmente me gustaría resaltar el largo e infructuoso trabajo de investigación realizado, en busca del documento que tenía que constituir la piedra angular de este trabajo: El libro de actas del Comité Central de Milicias Antifascistas de Catalunya. Estoy convencido que el hallazgo futuro de este valioso documento ayudará a comprender muchas facetas que todavía se encuentran a oscuras de la historia de este organismo que sustituyó durante algunos meses el poder del gobierno de la Generalitat.
 
            La búsqueda de este documento nos llevó a buscar en diferentes archivos. Indagamos en el Archivo Histórico Nacional de la Guerra Civil que se encuentra en la ciudad de Salamanca. También investigamos en otros centros como el Arxiu Nacional de Catalunya o el Archivo Histórico de la ciudad de Barcelona (Casa de l'Ardiaca). En cambio resultaron infructuosas todas las gestiones que  se hicieron para entrar en el Arxiu Tarradellas situado en el Monasterio de Santa María de Poblet (Tarragona). Sin lugar a dudas, el estudio del material que allí se encuentra habría sido especialmente valioso para este trabajo. Los archivos particulares del dirigente nacionalista catalán, Josep Tarradellas, miembro destacado del Comité Central de Milicias, se encuentran en este centro.
 
            También investigamos en el archivo particular de Diego Abad de Santillán, situado en la Biblioteca Arus, con la esperanza que encontraríamos algún material referente al período revolucionario. Desgraciadamente no fue así. La casi totalidad de los documentos que estudiamos pertenecían al período del exilio y respondían en su mayor parte a la correspondencia mantenida por su amigo José Herrera con diferentes grupos y militantes anarcosindicalistas. Sería  muy importante poder averiguar donde está el resto de los archivos de uno de los dirigentes libertarios en el Comité Central de Milicias. Hicimos una fugaz incursión en el Centre d'Estudis Històrics Internacionals (CEHI), donde su director, Jordi Planas, muy amablemente nos informó de que en dicho centro no existía ningún material procedente directamente del Comité Central de Milicias, pero nos facilitó una copia de las memorias manuscritas de Felipe Díaz Sandino.
 
            También enviamos cartas a destacados investigadores del tema de la guerra civil española, como Rudolf de Jong, responsable del International Institut   voor Sociale Geschiedenis, asociación que mantiene uno de los mejores archivos sobre el anarcosindicalismo español. Rudolf de Jong también nos comentó que a pesar de la gran cantidad de material que posee el Instituto, no se encuentra en él, ningún ejemplar del libro de Actas del Comité Central de Milicias. La misma suerte tuvimos con Pierre Broué, quién nos informó que a lo largo de su dilatada investigación sobre la guerra y la revolución españolas no había encontrado ni rastro del libro.
 
            Algunos investigadores, como Abel Paz han llegado a poner en duda (en una conversación que sostuvimos con él) que este documento hubiera existido alguna vez. Pese a los pobres resultados que obtuvimos en la investigación nos parece infundada la afirmación de Abel Paz. Resulta evidente que un organismo que se convirtió en la cúspide de la pirámide del poder en Catalunya, desplazando a la Generalitat, y que publicaba sus acuerdos en la prensa diaria, tenía que tener un registro donde quedaran reflejados los debates, las diferencias y los acuerdos conseguidos. Sin embargo, al desenlace del conflicto, la huida de los derrotados y el duro exilio (en una Europa que estaba en vísperas de la Segunda Guerra Mundial) son factores que explican que gran parte del material histórico desapareciera y no haya sido encontrado hasta el momento actual.
 
            Finalmente, me gustaría comentar que las últimas pistas que conseguí sobre el paradero de dicho documento, apuntan hacia los archivos del Kremlin. Efectivamente, parece ser que, apenas terminada la guerra, una importante cantidad de material de la CNT fue vista en un vagón de tren en Checoslovaquia, que parecía dirigirse hacia la U.R.S.S.. En cualquier caso, la verosimilitud o no de estos datos, tendrá que ser averiguada por los futuros investigadores.
 
 
1.2.1 Bibliografía utilizada.
 
            En este apartado no pretendemos hacer una síntesis de la extensísima obra bibliográfica que se ha llegado a publicar sobre la guerra y la revolución española. Nos limitaremos a hacer un escueto comentario orientativo de algunos de los libros a los que hemos tenido acceso y que hemos podido consultar. Con esto no pretendemos agraviar a la multitud de estudios y de publicaciones que no hemos llegado a seleccionar. Sin lugar a dudas hay cientos de trabajos excelentes que no hemos utilizado. Estamos convencidos de que se nos han escapado muchas obras que hubieran enriquecido decisivamente el contenido de nuestro trabajo. El criterio de selección ha sido en ocasiones empírico. Había  que llenar las frecuentes lagunas e interrogantes que surgían a medida que el estudio iba tomando cuerpo. Con frecuencia, hemos utilizado un material, y no otro, simplemente porque era accesible y otro en cambio presentaba dificultades importantes para poderlo abordar. Por esta razón, se nos han escapado gran cantidad de documentos que nos habrían facilitado valiosas informaciones. No hemos despreciado ninguna obra, por escasa que nos pudiera parecer a priori, la información contenida en él. En ocasiones nos hemos encontrado con sorpresas. Trabajos que prometían ser de escaso interés, nos han  aportado datos o reflexiones importantes. Sin embargo, la mayor parte del material utilizado lo ha sido, después de una previa y cuidada selección entre la multitud de trabajos que podíamos consultar.
 
            Con este breve capítulo que iniciamos no pretendemos analizar, una por una, todas las obras consultadas Tampoco hacer un extenso comentario sobre ellas. Un trabajo de esta clase se convertiría en otra tesis doctoral y no forma parte de nuestros objetivos. El criterio que hemos preferido seguir, finalmente, ha sido el de escoger los trabajos en los que hemos encontrado mayor cantidad de material específico para el tema que nos ocupa (del de la dualidad de poderes).
 
            Los comentarios que realizaremos, no se referirán al grado de acuerdo o desacuerdo que podamos tener con el autor de cada obra, sino que los relacionaremos con el grado de información que  nos ha facilitado en nuestro trabajo.
 
            Me gustaría empezar hablando de la visión global de la guerra civil española, refiriéndome a uno de los estudios más  conocidos sobre el tema: El trabajo de Gabriel Jackson "La República española y la guerra civil". Este libro constituye un excelente estudio general sobre los años de la República y de la guerra. Sin embargo, como el resto de los estudios de carácter "liberal" que se han hecho sobre este período histórico, tiende a minusvalorar el fenómeno revolucionario, en aras de lo institucional o de lo militar. La temática de la dualidad de poderes en el territorio "republicano" apenas está esbozada y no existe una seria profundización en la revolución. Muy similares son los comentarios que podríamos hacer sobre el trabajo de Stanley G.Payne "La revolución y la guerra civil española", de Hugh Thomas "La guerra civil española", o de Raymond Carr "La tragedia española". La tónica dominante en todos esos trabajos es la de persistir en la idea de que el conflicto era entre la democracia republicana y la sublevación militar fascista.
 
            Contrastando con la escuela liberal y desde una perspectiva claramente marxista, Pierre Broué y Émile Témine han escrito "La revolución y la guerra de España" que constituye un verdadero clásico. El trabajo analiza en profundidad las causas que llevaron al estallido de la guerra y la revolución, así como los cambios sociales, políticos y económicos que se produjeron a raíz de las jornadas de julio. Broué y Témine describen las características que fue adoptando la revolución (comités revolucionarios, Juntas territoriales, milicias, colectividades). Sin embargo adolece de las limitaciones que conlleva cualquier obra  de  carácter  general:  la  extensión  del  trabajo  impide  extenderse en otras cuestiones (que en este caso son las que nos interesan). Posteriormente Pierre Broué escribió otra síntesis global de similares características "La revolución española" (1931-1939).
 
            Como obras globalizadoras que intentan analizar las causas, el ascenso, esplendor y declive de la revolución vale la pena citar otra obra, la de Grandizo Munis "Jalones de derrota,  promesas de victoria",  mexicano de nacimiento y dirigente de uno de los pequeños grupos trotskistas que existieron al margen del POUM. La obra de Munis es excelente, aunque por desgracia  resulta poco y mal conocida. Una de sus características más interesantes es el hecho de que el autor haya sido también protagonista de los acontecimientos. El trabajo constituye un exhaustivo análisis de las causas y de las circunstancias   en las que se desarrolló la revolución española, desde la instauración de la República hasta la victoria final franquista.
 
            Consideramos también imprescindible la lectura de los análisis que León Trotsky, primero desde Suecia y después desde México, realizó sobre la revolución española. A pesar de las grandes limitaciones informativas con las que se encontró, el valor inigualable de los análisis de Trotsky reside en la profunda experiencia que éste tenía de la revolución rusa de 1917. Los trabajos que han reunido el material mencionado son, "La revolución española", recopilada y comentada por Pierre Broué en dos tomos y la selección más reducida "Escritos sobre España".
Para estudiar en profundidad el período prerrevolucionario hemos creído importante destacar algunos trabajos que están centrados en aspectos políticos o ideológicos, o bien en acontecimientos históricos determinados. Merece destacarse la brillante obra de Santos Juliá "La izquierda del PSOE" (1935-1936). La obra aclara muchos aspectos poco conocidos de la evolución de la corriente caballerista del Partido Socialista. A menudo, durante la guerra y la revolución, encontraremos aspectos  aparentemente contradictorios en la política de la Izquierda Socialista. Santos Juliá lo ha calificado muy acertadamente  como "reformismo radical". El estudio de la naturaleza de esta corriente política nos ayudará a explicar la enorme ductilidad política que mantuvo durante toda su existencia, frente a la presión de grupos más pequeños, pero ideológicamente más coherentes y audaces.
 
            Hay dos hechos  que hemos considerado imprescindibles en el período, para explicar las características que posteriormente adoptó la guerra y la revolución: las Alianzas Obreras  y la insurrección de Octubre de 1934. Ambas cuestiones están fuertemente vinculadas. Para entender las circunstancias en las que se formaron y desarrollaron las Alianzas Obreras es importante tener en cuenta la obra de Joaquín Maurín "Revolución y contrarrevolución en España". Maurín fue el principal dirigente del BOC, uno de los grupos que impulsaron las Alianzas Obreras y que protagonizaron la insurrección de 1934. También vale la pena citar las obras de Manuel Grossi Mier "La insurrección de Asturias" y de N. Molins i Fábrega "UHP. La insurrección proletaria de Asturias". Grossi, militante destacado del BOC, fue protagonista directo de la insurrección de Asturias y tras la derrota, detenido y condenado a muerte, de la que se salvó con la amnistía de 1936; Molins, periodista revolucionario catalán que formaba parte del periódico nacionalista "La Humanitat", se trasladó a la región asturiana para poder denunciar la verdad de los acontecimientos y de la despiadada represión posterior.
 
            Existe también una recopilación "Octubre 1934" que recoge numerosos trabajos sobre el tema, procedentes de las más variadas tendencias ideológicas. Finalmente vale la pena destacar también el trabajo de Adrián Shubert "Hacia la revolución", que analiza en profundidad las causas de la radicalización obrera en Asturias, región donde los enfrentamientos alcanzaron el grado insurreccional. Sin ningún tipo de dudas podemos hablar de la experiencia asturiana, como el reflejo de lo que iba a ser, poco después, la revolución española.
 
            Durante la guerra y en pleno proceso revolucionario, teniendo en cuenta el escaso peso político del republicanismo en la confrontación, nos hemos limitado a recoger la recopilación de once artículos escritos por Manuel Azaña "Causas de la guerra de España".  Estos artículos pueden ayudarnos a comprender algunos aspectos poco comprendidos de la guerra civil (como el del decreto de disolución de las fuerzas sublevadas...) y la tragedia de unos dirigentes políticos que habían sido desplazados por otras fuerzas.
 
            Con respecto a las diferentes fracciones en las que se encontraba dividido el Partido Socialista hemos utilizado el trabajo autobiográfico de Juan Simeón Vidarte (socialista moderado) "Todos fuimos culpables" y la recopilación de artículos de Luis Araquistain (Izquierda Socialista) "Sobre la guerra civil y en la emigración". Ambos trabajos suministran información lateral al trabajo que aquí nos ocupa, pero no por ello menos importante a la hora de completar el cuadro político de la revolución española.
 
            La inexistencia del Partido Socialista en Catalunya no impidió que esta organización no  tuviera un peso   decisivo en la evolución de los acontecimientos revolucionarios en toda la zona republicana (y por lo tanto, también en Catalunya).
 
 
            La bibliografía vinculada a los partidos comunistas oficiales (PCE y PSUC) es especialmente abundante. Sin embargo, la mayor parte de ella tiene escaso interés para nuestro trabajo, salvo en lo que respecta a conocer sus tesis políticas (y también de la Komintern y del estalinismo internacional. Con  esta orientación hemos seleccionado algunos trabajos que consideramos representativos, como el de Manuel B. Benavides "Guerra y revolución en Cataluña", o el de Joaquín Almendros "Situaciones españolas 1936/1939. El PSUC en la guerra civil". El valor histórico del libro de Benavides es muy reducido, salvo para conocer la mitología estalinista en la revolución española. Deja mucho que desear en lo que respecta a su objetividad. El trabajo de Joaquín Almendros merece destacarse por dos cuestiones: el autor fue Secretario Militar del PSUC durante el período revolucionario de la guerra civil (facilita importante información sobre la política militar del partido: milicias, expedición a Mallorca...) y el hecho de que procediera de la disuelta Federación catalana del PSOE (presenta diferencias en lo que respecta a la visión oficial del partido). Ya dentro de la investigación moderna vale la pena resaltar la obra de Miquel Caminal, "Joan Comorera", minucioso trabajo biográfico de la vida del máximo dirigente del PSUC. Caminal ha hecho un excelente trabajo de investigación, a partir de la prensa partidaria y de la documentación interna del PSUC.
 
            Existen también otros trabajos que han centrado sus investigaciones en la política comunista dentro de la revolución española, y que han ayudado a  explicar la aparente paradoja de como un partido obrero, que se autoconsideraba heredero de la tradición bolchevique en el estado español, acabó convirtiéndose en el gran abanderado de la restauración republicana. Burnett Bolloten ha publicado dos trabajos que se han convertido en dos clásicos del tema: "El gran engaño" y lo que sería su revisión y ampliación posterior,  "La revolución española". El estudio de Bolloten aborda la actuación del PCE y del PSUC contra la revolución de los comités. A medida que la revolución iría retrocediendo, el anarcosindicalismo y el socialismo de izquierdas irían declinando, para dar paso al formidable aparato comunista oficial, que parecía ser el gran vencedor de la contrarrevolución republicana. Bolloten facilita gran cantidad de datos y de documentación sobre las tácticas de infiltración y de proselitismo de los partidos comunistas en el resto de las organizaciones obreras y en el recién construido aparato de estado republicano.
 
            Joan Estruch ha realizado una buena síntesis crítica de la historia del PCE: "Historia del PCE". Sin embargo, su obra adolece de los defectos forzosos que tienen la mayor parte de los trabajos que abarcan extensos períodos de tiempo. La buena síntesis de Estruch, le impide entrar con mayor profundidad en los períodos históricos estudiados.
 
            Sin embargo es el trabajo de Claudín "La crisis del Movimiento Comunista" el que nos ha merecido mayor interés. Claudín ha hecho un soberbio trabajo de crítica de la degeneración estalinista de la III Internacional. De la misma manera que Estruch, la extensión de su obra le impide entrar con mayor profundidad en el tema que aquí nos interesa. Sin embargo, no hay que olvidar que Claudín fue un privilegiado protagonista de la actividad política de la sección española de la Komintern (primero fue dirigente de las UJC, y después de las JSU). Por sus vivencias personales, la obra de Claudín refleja una singular profundidad en sus análisis, intentando mantener una objetividad que les resulta difícil a aquellos que son juez y parte en un acontecimiento histórico.
 
            Finalmente me gustaría mencionar dos trabajos que han aportado importantes datos para comprender el papel del PCE y del PSUC en la guerra y en la revolución española. E.H. Carr con "La Komintern y la guerra civil española" y la reciente obra de Pierre Broué (todavía no ha sido traducida) "Staline et la Révolution (le cas espagnol 1936-1939)". Ambos  trabajos aportan un caudal impresionante de datos sobre las necesidades  de la política estalinista internacional y la forma en la que éstas se tradujeron en la revolución española, a través de la correa de transmisión que eran las secciones nacionales de la Komintern.
 
            También el anarcosindicalismo ha aportado un gran caudal de trabajos sobre la revolución española. Algunos tienen un importante valor histórico, otros por el contrario, aportan muy poco, y no pasan de la actitudes propagandísticas de la obra literaria. Es destacable que, prácticamente todos ellos están centrados en el papel que jugó la  CNT en el período revolucionario. Esta característica de los estudios libertarios es comprensible, si nos atenemos al papel de primer orden que jugó el anarcosindicalismo en la revolución española. Unos trabajos se han orientado a hacer un balance, a veces favorable, a veces crítico (varía el radicalismo de las críticas) de la línea que aplicaron la CNT y la FAI. Otros han trabajado las extraordinarias realizaciones que llevó a cabo el movimiento revolucionario.
 
            En lo que respecta a los estudios sobre la trayectoria del anarcosindicalismo hemos escogido algunos títulos (debido a la gran cantidad de obras existentes) que hemos considerado suficientemente representativos de las diferentes ópticas   que se han desarrollado en el seno del movimiento libertario. Cesar M. Lorenzo en "Los anarquistas españoles y el poder" ha realizado una síntesis de la historia del anarcosindicalismo español desde sus orígenes hasta 1969, en plena decadencia del franquismo. En su obra queda resaltado el período revolucionario de la guerra civil, en la que el anarcosindicalismo fue puesto a prueba por los acontecimientos. José Peirats ha realizado dos obras excelentemente documentadas: "La CNT en la revolución española" y "Los anarquistas en la crisis política española". El primero se trata de una extensa y bien documentada obra de tres tomos, en los que el autor realiza un balance de los aciertos y errores del anarcosindicalismo durante la revolución española. El segundo trabajo se trataría de una obra menor, con los mismos objetivos que la primera. La gran obra de Peirats queda enriquecida por la experiencia del autor en el seno de los órganos dirigentes del anarquismo español. Otro trabajo digno de ser mencionado es el realizado por Vernon Richards "Enseñanzas de la revolución española". El autor enfoca su estudio desde una óptica claramente crítica de la línea colaboracionista que había adoptado la dirección cenetista. Tal como se indica en la introducción, el trabajo de Vernon Richards está considerado en algunos aspectos, como un complemento de la obra de Peirats, pero en otros va mucho más allá en la crítica. El trabajo de Richards se sitúa en posiciones muy cercanas a las defendidas en su momento por el italiano Camilo Berneri (del que hablaremos más abajo). Otro de los trabajos críticos de la línea oficial cenetista es el que fue llevado a cabo por Carlos Semprún-Maura, "Revolución y contrarrevolución en Cataluña (1936-1937)".
 
            Dentro de la multitud de trabajos que se han realizado dentro del movimiento anarcosindicalista hemos considerado imprescindible hablar de la autobiografía realizada por Juan García Oliver, "El eco de los pasos". Sin duda alguna, el autor fue uno de los líderes libertarios más capaces de la CNT. Su trabajo aporta una gran cantidad de datos y de opiniones que han resultado de primera importancia para nuestro estudio, especialmente en lo que respecta a la historia del Comité Central de Milicias. Sin embargo, la obra  de García Oliver adolece de una grave limitación. La misma que tienen todos los trabajos autobiográficos de personajes que han jugado un importante papel en los acontecimientos, interpreta la (su) historia desde una óptica claramente autoexculpatoria. Junto al trabajo de García Oliver hay que situar el realizado por Abel Paz, "Durruti, el proletariado en armas". Aunque la obra del historiador libertario está centrada en la vida del revolucionario español, el trabajo queda perfectamente enmarcado en el cuadro histórico de la revolución. También la obra de Diego Abad de Santillán, "Por qué perdimos la guerra" aporta una gran cantidad de datos sobre la tragedia del anarcosindicalismo español. De la misma forma que la de Juan García Oliver, la obra de Abad de Santillán tiene el especial valor de recoger las memorias  de personajes que estuvieron en el centro de los acontecimientos. También es importante destacar la recopilación de trabajos de Abad de Santillán, "El anarquismo y la revolución en España". Esta obra recoge una buena cantidad de artículos de prensa escritos por el líder libertario durante los años del proceso revolucionario, es decir desde la instauración de la República hasta su liquidación. No podía faltar tampoco la selección de trabajos de Camilo Berneri, "Guerra de clases en españa (1936-1937)" extraídos del periódico que él mismo dirigía <<Guerra di classe>>. No hay que olvidar que el periódico italiano editado en Barcelona   se convirtió, durante los meses de su existencia, en uno de los órganos más coherentes de la oposición anticolaboracionista de la CNT.
 
            Mención aparte merece la obra del historiador demócrata norteamericano John Brademas, "Anarcosindicalismo y revolución en España". La obra aborda la evolución de la CNT desde la caída de la dictadura del general Primo de Rivera y de la monarquía, hasta el desenlace de las jornadas barcelonesas de mayo de 1937.
En el estudio del poumismo hemos seleccionado algunas obras que hemos considerado imprescindibles para comprender su papel en la revolución española y su evolución política. En el período prerrevolucionario (aunque sea un trabajo colateral para  nuestro estudio), Pelai Pagés realizó una magnífica investigación sobre la historia de la Izquierda Comunista Española, uno de los grupos que formó el POUM, "El movimiento trotskista en España (1930-1935)". Francesc Bonamusa, ha realizado también un trabajo similar pero centrándose en la vida política de Andreu Nin, el principal dirigente de la ICE y colíder del POUM junto a su amigo personal Joaquín Maurín, "Andreu Nin y el movimiento comunista en España (1930-1937)". En lo que respecta a las recopilaciones de trabajos y artículos, existen varias obras de similares características. Relacionados con Nin están, "Los problemas de la revolución española", "La revolución española", "Por la unificación marxista" y con Juan Andrade, "La revolución española, día a día". Victor Alba, historiador y antiguo militante del POUM ha realizado varios trabajos, entre ellos "La revolución española en la práctica", que reúne un conjunto de documentos políticos, representativos de la línea del partido.
No menos importantes han sido los testimonios "independientes", realizados por extranjeros que estuvieron inmersos en la guerra y en la revolución española. En primer lugar hay que hablar de George Orwell (seudónimo del escritor británico, Eric  Blair), "Homenaje a Cataluña", en la que el autor relata sus experiencias como combatiente internacionalista en las milicias del POUM del frente de Aragón. La obra de Orwell tiene un especial interés, si tenemos en cuenta que la defensa que hace de las milicias, no es como teórico, sino después de haber vivido la experiencia como combatiente. Existe otro libro menor "mi guerra civil española", que reúne la correspondencia de Orwell, relacionada con sus vivencias en España.
 
            Una nota especial merece el magnífico trabajo de historia oral, realizado por Ronald Fraser, "Recuérdalo tú y recuérdalo a otros". El extenso estudio, reunido en dos tomos, aporta gran cantidad de testimonios (más de 300   entrevistas) sobre lo que fue el movimiento revolucionario. Gerald Brenan en, "El laberinto español. Antecedentes sociales y políticos de la guerra civil", realiza una profunda reflexión sobre las causas de la contienda, y también de las fuerzas sociales que la protagonizaron. El trabajo de Brenan termina en las puertas de la guerra civil, pero resulta imprescindible para comprender su evolución y desenlace. Un excelente trabajo periodístico de la época es el realizado por Kaminski, "los de Barcelona", y que se aborda principalmente en el proceso revolucionario en Catalunya. El aire "periodístico" de la obra y el hecho de que ésta estuviera acabada antes de finalizar la guerra civil, no le impidió a Kaminski darle una especial profundidad. También tiene un valor excepcional la obra de Franz Borkenau, "El reñidero español", un excelente estudio que, como el trabajo de Brenan, fue publicado antes de que finalizara la contienda. El mismo Brenan ha calificado esta obra como uno de los mejores libros que jamás han llegado a publicarse sobre la guerra y la revolución españolas.
 
            El número de trabajos realizados sobre las colectivizaciones  es ingente. Por ese motivo y debido a que gran parte de ese material tiene un contenido propagandístico, pero en ocasiones escaso valor histórico hemos preferido seleccionar algunos de ellos. Desde la óptica libertaria vale la pena citar el trabajo realizado por A.Souchy y P.Folgare, "Colectivizaciones", que estudia el profundo fenómeno colectivista tanto en el campo, como en las ciudades (industrias, servicios). La obra está enriquecida con numerosos ejemplos sobre el funcionamiento de las empresas colectivizadas. Existe una pequeña y valiosa recopilación de artículos, que se ha dirigido hacia el fenómeno colectivizador en el campo, "Las colectividades campesinas". Esta reunión de trabajos y de documentos se extiende a toda la zona republicana, y permite comparar las experiencia en zonas tan alejadas y distintas como puede ser Catalunya, Aragón, Cuenca o Ciudad Real. Desde una óptica no libertaria, encontramos el trabajo de Albert Pérez Baró "30 meses de colectivismo en Cataluña". Esta obra se centra en el régimen colectivista urbano, pero se centra excesivamente en la parte jurídica, por lo que le resta interés para nuestro trabajo. Finalmente merece que destaquemos una de las obras que constituye una de las últimas investigaciones que se han realizado sobre las colectivizaciones, "Colectividades y revolución social" de Walther Bernecker. La obra se centra  principalmente en el anarcosindicalismo, organización que representó la columna vertebral del movimiento colectivizador en toda la zona republicana.
 
            Otro tema que hemos abordado es el de las milicias revolucionarias, su formación, características, funcionamiento, su evolución y declive hasta dejar paso al Ejército Popular de la República. Dejando aparte los comentarios hechos más arriba sobre la obra de Orwell, creemos importante destacar la obra de Manuel Cruells, "De les milícies a l'Exèrcit Popular a Catalunya"  y la realizada por Michael Alpert "El ejército republicano en la guerra civil". El primero es un excelente estudio sobre el proceso de restauración republicana que en el orden militar quedó reflejado en el declive de las milicias y en la formación de un nuevo ejército de viejo estilo. El segundo traza la evolución histórica de la revolución, desde el punto de vista militar, desde las organizaciones paramilitares durante la república, la formación de las milicias y el Ejército Popular. Alpert hace una buena y detallada descripción de los mecanismos del ejército republicano (oficiales, comisarios).
 
            También queremos mencionar un par de trabajos que se han realizado sobre sucesos de mayo  de 1937 en Barcelona. Ambos trabajos arrojan luz en la polémica sobre la interpretación de estos acontecimientos que marcaron el final del proceso revolucionario español. Nos referimos a la pequeña recopilación de artículos de prensa, documentos y octavillas realizado por Frank Mintz y Miguel Peciña "Los amigos de Durruti, los trotskistas y los sucesos de mayo" y también al más reciente trabajo "Los sucesos de mayo de 1937. Una revolución en la República". Este último  trabajo reúne las colaboraciones  de varios historiadores, Eduardo de Guzmán, Gutierrez Alvarez, Pierre Broué, Franz Mintz, Pelai Pagés, Wilebaldo Dolano..., y que constituye una de las últimas interpretaciones sobre los hechos mencionados.
 
1.2.2 Periódicos y revistas utilizadas.
 
            El criterio de selección de la prensa que hemos utilizado ha sido el de escoger una publicación representativa de cada una de las fuerzas políticas que participaron en el proceso revolucionario en Catalunya. Por lo tanto, hemos tenido que excluir (salvo en cuestiones puntuales) la prensa estatal (Claridad, Mundo Obrero, El Socialista...).
 
            Relacionado con el republicanismo izquierdista, catalanista, hemos escogido el periódico "La Humanitat". Este diario, fundado por el mismo Lluís Companys, era considerado el portavoz de la Esquerra Republicana de Catalunya y también del gobierno de la Generalitat.
 
            Apenas terminados los combates callejeros de julio, en Barcelona se creaba el Partido Socialista Unificado de Catalunya. Con la aparición del PSUC también se iniciaba la publicación de su órgano de prensa, "Treball".
 
            La prensa anarcosindicalista ha estado representada en nuestro trabajo por la tradicional "Solidaridad Obrera". Sin embargo, nos ha parecido necesario representar a la oposición anticolaboracionista de la CNT en el periódico editado por el revolucionario italiano Camilo Berneri, "Guerra di classe". Este periódico fue publicado entre los meses de octubre de 1936 y mayo de 1937. Berneri sería asesinado a principios de este mes, durante la revuelta barcelonesa. Después de su muerte, el periódico dejaría de publicarse. La brillantez y la coherencia de los artículos de Berneri ha sido un motivo más que suficiente para ser elegido en nuestro trabajo.
 
            Con respecto al Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), hemos considerado suficiente el estudio de "La Batalla", el órgano de prensa principal del partido. De la misma manera que la prensa del PSUC, "La Batalla" inició su publicación al calor de la revolución que acababa de estallar.
 
            También hemos considerado necesario incluir los trabajos relacionados con el tema, y que han sido publicados en revistas más recientes. La colección "Cuadernos de Ruedo Ibérico" (66 números editados en 39 revistas, entre junio de 1965 y diciembre de 1979). La publicación, órgano del grupo editor del mismo nombre, fue durante el último periódico de la dictadura, una de las principales tribunas de la oposición antifranquista. En sus números hay una extensa colección de trabajos de numerosos políticos, historiadores y escritores (Juan Martínez Alier, Ignacio Fernández Castro, Fernando Claudín, Juan Andrade...). Los cuadernos de Ruedo Ibérico reunieron importantes discusiones, no sólo sobre la situación política nacional e internacional del momento, sino también sobre el balance de diversos aspectos de la guerra civil. También hemos utilizado algunos números monográficos o no, de "Historia 16", "Historia y Vida", Documents...
 
 
1.2.3 Documentación.
 
            La documentación utilizada es amplia y variada. Sin embargo no siempre hemos podido trabajar con el material adecuado. Para ello, hemos hecho una labor de rastreo en los distintos archivos mencionados más arriba.
 
            El temario de la documentación utilizada es heterogéneo.  Hemos analizado algunas actas del Consejo de Economía de Catalunya, o de los organismos de Seguridad  de la Generalitat (desgraciadamente tan solo hemos encontrado algunas, y nos ha resultado imposible hacer un seguimiento completo de los debates que se realizaron en el seno de estos organismos. También hemos encontrado octavillas, documentos o publicaciones pertenecientes a los sindicatos o a las colectivizaciones barcelonesas. Este material es especialmente importante para acercarnos a la situación real existente durante el proceso revolucionario.
También hemos  trabajado con abundante material procedente del gobierno de la Generalitat. Especial mención merece el decreto de disolución de los comités revolucionarios y en el que se declaraba la formación de los nuevos ayuntamientos; el decreto de sindicación obligatoria; el proyecto de decreto de estructuración de los Consejos Generales... Podríamos citar muchos más, pero hemos preferido dejarlo para el índice bibiliográfico, al final.
 
 
 

 
2. LA SITUACIÓN PRERREVOLUCIONARIA (Abril 1931-Julio 1936):
 
 
2.1.LA REPÚBLICA Y LAS CORTES CONSTITUYENTES (1931-1933). EL AGOTAMIENTO DE LAS ILUSIONES DEMOCRÁTICAS.
 
            La caída de la dictadura de Primo de Rivera y, posteriormente, de la Monarquía de Alfonso XIII, abrieron el período de lo que ha venido a llamarse, la revolución española. Durante cerca de seis años, el proletariado y el resto de clases populares esperaron que la República solucionara sus principales reivindicaciones democráticas y sociales. Durante todo este período también experimentaron el alcance y las limitaciones de la República.
 
            El proyecto republicano pretendió completar la revolución burguesa   por la vía democrática, contando como principal capital político con el apoyo que le prestaban las organizaciones obreras tradicionales, especialmente de los socialistas.
 
            Sin embargo  los dirigentes republicanos, serían incapaces de solucionar cualquiera de los grandes problemas que arrastraba históricamente el Estado Español (la cuestión nacional catalana y vasca, el problema de la tierra, el peso tradicional del ejército en la política del país, el enorme poder económico y político que había acumulado la Iglesia...).
 
            La monarquía había caído sin derramamiento de sangre. Los hombres que tomaron el poder en el 14 de Abril lo habían hecho, no para llevar a cabo la revolución, sino para evitarla. Sin embargo, la República llegaba demasiado tarde. El tradicional atraso de la economía española solo podía superarse con la superexplotación del proletariado y de los campesinos, es decir, con el rechazo a satisfacer cualquiera de las demandas  elementales por las que clamaban los sectores populares. En estas circunstancias, el proyecto republicano sería considerado  por las clases privilegiadas, como utópico y peligroso, y por lo tanto, solo sería aceptado una vez agotadas la dictadura y la monarquía.
 
            A pesar de todo la burguesía no se dejó convencer. Era consciente de que el movimiento revolucionario desatado con la caída de la monarquía,  era una bomba de tiempo que iba dirigida, en esencia, contra sus propiedades y privilegios. Las clases privilegiadas  aceptarían la República como un mal menor, frente a una monarquía descompuesta y desprestigiada, que era incapaz de contener el movimiento revolucionario que se estaba gestando.
Sin embargo, también eran conscientes de que no  sería posible acabar con él, por la vía democrática y parlamentaria. La República era un aprendiz de brujo que carecía de capacidad para frenar y controlar las fuerzas desencadenadas.
 
            El proyecto republicano, solo podía completar la revolución burguesa y solucionar los principales problemas del país, enfrentándose a los grandes propietarios agrarios, que estaban emparentados con la burguesía industrial y financiera. Cualquier limitada concesión que pudiera hacerse a las demandas populares terminaba  convirtiéndose en un ataque contra los intereses del conjunto de las clases propietarias. De esta forma, el proyecto se mostraba inviable. Las clases sociales en las que pretendía apoyarse,  el proletariado y el campesinado, y la burguesía industrial tenían intereses completamente opuestos.
 
            Indudablemente, la República llegó con una extraordinaria ola de popularidad, causada por un profundo deseo de cambios de la casi totalidad de las clases sociales del país. Mientras el proletariado y el campesinado pobre depositaban sus esperanzas  en el nuevo régimen para conseguir sus reivindicaciones, las heterogéneas clases medias aspiraban a que la República emprendiera un proceso de modernización capitalista que abriría las puertas a un nuevo período de crecimiento y prosperidad económica. Sólo un reducido sector de los grandes terratenientes y de la burguesía, verían con malestar la victoria republicana. 
            Durante el período comprendido entre la caída de la monarquía y los inicios de la guerra civil, las ilusiones democráticas del proletariado se irían difuminando hasta  desaparecer. Cinco años después de la instauración de la República, muy poco de lo esperado se había conseguido.
 
            En 1931, dos millones de trabajadores agrícolas carecían de tierras, un millón y medio de pequeños propietarios estaban obligados a trabajar para los terratenientes para poder vivir.  Apenas cincuenta mil propietarios lo eran de la mitad de las tierras cultivables del país. El latifundio y el minifundio se combinaban explosivamente en la mayor parte del territorio. En un país tan eminentemente agrario como era el Estado español, la Reforma Agraria se había convertido en una necesidad ineludible para la estabilidad del nuevo régimen. Sin embargo, cinco años después seguía paralizada en los estériles debates parlamentarios.
 
            La cuestión nacional vasca continuaba sin encontrar solución, mientras   que el Estatuto de Autonomía de Catalunya   había nacido en 1932 con grandes dificultades, después de ser drásticamente recortado por las Cortes españolas.             El poder económico y político de la Iglesia apenas había sufrido limitaciones. Seguía siendo la propietaria de grandes latifundios, y continuaba siendo la principal accionista de numerosas empresas y bancos del país. Las escasas  y tímidas acciones que se habían iniciado para recortar el poder de la Iglesia (educación, órdenes religiosas...) habían sido anuladas durante el "bienio negro".
 
            El Ejército, anticuado y con graves problemas en su funcionamiento y eficacia (macrocefalia). Con una larga tradición intervencionista en la política del país, que se había incrementado tras la pérdida de las últimas colonias americanas, especializado en la represión interior, mantenía sus principales cuadros intactos. A pesar de sus permanentes conspiraciones contra la República  y de sus fracasados intentos por derribarla, los gobiernos se habían negado a cualquier proyecto de democratización de éste, ni siquiera habían intentado   depurar  a los elementos más destacadamente golpistas, que continuaron en sus puestos de mando.
 
            Por el contrario, cuando las clases populares, exasperadas por la lentitud de los cambios actuaron por su cuenta, para satisfacer sus necesidades, fueron reprimidas por los mismos gobiernos republicanos que habían apoyado a instancias de sus organizaciones. La República había demostrado su eficacia, en la aprobación de leyes represivas que iban encaminadas a controlar  a los movimientos populares (Ley de Defensa de la República,...).
El capital político del republicanismo se iría diluyendo con el agotamiento de las ilusiones democráticas de las clases populares. También en este sentido, perdería su atractivo como dique de contención contra la mareada revolucionaria, para las clases propietarias que cada vez más buscarían la salvaguarda de sus intereses en el ejército.
 
 
 
2.2 EL MOVIMIENTO OBRERO. LAS DIFERENTES CONCEPCIONES DE LA REVOLUCIÓN ESPAÑOLA.
 
            Desde sus orígenes, el movimiento obrero español se encontraba dividido en dos grandes corrientes: el socialismo y el anarcosindicalismo. Fue ya en la década de los años veinte,  cuando apareció, bajo la influencia de la revolución rusa de 1917, una tercera fuerza política, el comunismo. La caída de la  dictadura los encontró escindidos en varios grupos enfrentados entre si. La temprana estalinización del PCE y su política de expulsiones frente a cualquier tipo de disidencia, había provocado el estallido de la joven organización. El movimiento comunista, aunque todavía marginal, iba a jugar un papel destacado en el futuro de la revolución española.
 

2.2.1 El socialismo:
 
            El Partido Socialista (PSOE) era, a la caída de la monarquía, la única organización de masas, que había conseguido extenderse por todo el estado, salvo en Catalunya donde estaban reducidos a una pequeña minoría. Los socialistas controlaban un poderoso sindicato, la Unión General de Trabajadores (UGT). Sin embargo, la socialdemocracia española estaba dividida en tres importantes fracciones: la derecha dirigida por Besteiro, el centro de Prieto y el ala izquierda de Largo Caballero, que era a su vez, secretario de la UGT.
 
            El PSOE era desde sus orígenes, una de las organizaciones  más reformistas de la II Internacional, quizás solo superado por el laborismo británico. La socialdemocracia española contaba con un amplio historial de colaboración con los diferentes gobiernos burgueses, incluida la dictadura. Largo Caballero había sido Consejero de Estado del gobierno del general Primo de Rivera y había utilizado su privilegiada posición para fortalecer a la UGT, frente al anarcosindicalismo, su adversario tradicional en el movimiento obrero. Solo se desmarcaría en la última etapa, presionado por sus propias bases y cuando era evidente el agotamiento político de la dictadura.
 
            El PSOE participó en el pacto de San Sebastián, donde se había subordinado al proyecto republicano, comprometiendo su propia línea  política al servicio de éste. Los socialistas interpretaban el tránsito de la monarquía a la República como una "revolución burguesa" en la que la dirección política tenía  que recaer sobre los partidos que se reclamaban de ésta. De esta forma renunciaban, una vez más, a jugar un papel independiente para ceder el protagonismo a los partidos republicanos.
Durante el período 1931-1933, el PSOE colaboraría con los gobiernos republicanos, y el mismo Largo Caballero llegaría a ser ministro de trabajo con Azaña.
 
            Sin lugar a dudas, el socialismo español era el engranaje fundamental para el proyecto republicano. Las partidos republicanos carecían de un programa social propiamente dicho y   carecieron siempre, de una base social sólida y estable.
Los dirigentes socialistas creían que una democracia burguesa y progresista, era un paso inevitable en el camino hacia el socialismo, y que tenía la tarea histórica de acabar con los restos del feudalismo español. El socialismo cometía, de esta manera, la misma equivocación que cometerían otras organizaciones, al considerar a la Segunda República como un obstáculo para la reacción, y no para el movimiento revolucionario. Numerosos dirigentes socialistas consideraban que el socialismo llegaría pacíficamente, con el agotamiento de la  fórmula republicana para solucionar los problemas del país (3). La política socialista paralizaba al movimiento revolucionario, en espera de su oportunidad para llegar al gobierno.
 
2.2.2 El anarcosindicalismo:
            Al contrario que la socialdemocracia, el movimiento anarquista o anarcosindicalista contaba con una larga tradición de luchas que tenía su origen en los años 70 del siglo XIX, cuando la mayor parte de la sección española de la AIT se había declarado favorable a las tesis de Bakunin frente a las de Marx.
 
            Después de diversas vicisitudes, y de diversos períodos de ilegalidad, en 1911  se había fundado la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). A pesar de la fuerte represión de los gobiernos, en 1917 había dirigido una gran ola de huelgas en Catalunya. A raíz del impacto que produjo en el movimiento  obrero internacional la revolución de octubre en Rusia, la CNT se  integró efímeramente en la Internacional Sindical Roja (ligada a la recién nacida Tercera Internacional). Tras un corto período de estancia, la CNT rechazaría su adhesión, después de los acontecimientos de Kronstadt en marzo de 1921.
 
            El anarcosindicalismo se convirtió rápidamente en la organización hegemómica del proletariado catalán, y tuvo una gran implantación en otras zonas del Estado, como en Valencia, Andalucía, Asturias, Madrid y Zaragoza.
 
            El contenido ideológico del anarcosindicalismo,  claramente  apolítico, era   contrario a cualquier forma de colaboración con el Estado. Sus métodos de lucha estaban basados en la acción directa y en la lucha de clases. En su seno existían dos corrientes principales, el sindicalismo revolucionario y el anarquismo, que se disputaban su control. Los anarquistas  radicales se agrupaban en la Federación Anarquista Ibérica (FAI). La misión de ésta, era mantener la pureza anarquista de la CNT a salvo de tentaciones reformistas, o de infiltraciones marxistas.
 
            La fracción sindicalista (Pestaña, Juan Peiró, Juan López...) defendía la necesidad de utilizar los métodos sindicalistas, como forma para elevar la conciencia de los trabajadores y consideraban indispensable para la revolución, la existencia de una organización de masas, la CNT. Los sindicalistas se oponían a los métodos insurreccionales y espontaneístas de los faístas, que provocaron, durante los cinco años de experiencia republicana, numerosos reveses al movimiento revolucionario. Sin embargo, la FAI acabó por controlar la dirección de la CNT y el sector sindicalista o "trentista"   sería excluido. Los expulsados formaron la Federación Sindicalista Revolucionaria en el exterior, o los "Sindicatos de Oposición", en el seno de la Confederación, con fuerte influencia en Asturias y en Levante, así  como en algunas ciudades industriales de Catalunya. Uno de los dirigentes de esta corriente, Angel Pestaña, acabaría formando el Partido Sindicalista, renunciando definitivamente a sus orígenes anarcosindicalistas.
 
            La teoría política de la CNT, y de las corrientes que la integraban era de una gran ingenuidad. El historiador y agudo  observador de la situación española que precedería a la guerra y a la revolución, Gerald Brenan resaltó el carácter profundamente "idealista y religioso-moral" del anarcosindicalismo (1).
 
            En oposición a las tesis marxistas que consideran al proletariado como único sujeto revolucionario consecuente, el anarcosindicalismo concedía este papel al "pueblo oprimido", es decir, al conjunto de clases oprimidas, sin diferenciar la naturaleza o las peculiaridades de éstas.
 
            El anarcosindicalismo mantenía una visión voluntarista de la historia. Desde su óptica, la revolución era realizable en cualquier momento y dependería solo de la disposición que tuviera  la minoría anarquista, capaz con su acción de contagiar a las masas de su revolucionarismo. Partiendo de esta idea, el anarcosindicalismo excluía de sus teorías, cualquier análisis serio sobre las condiciones económicas y sociales existentes, y las sustituía por:
 
"... la fe en la viabilidad de este estado final (el comunismo libertario), sin que se abordase la problemática de su realización" (2).
 
            Para los militantes libertarios, la estrategia no era importante, la revolución llegaría espontáneamente, cuando la  inmensa mayoría de los trabajadores estuviesen concienciados. El anarcosindicalismo carecía, por lo tanto, de una teoría sobre el poder, y sobre la toma de éste. El comunismo libertario llegaría,  sin etapas intermedias, con el desmoronamiento de la vieja sociedad explotadora. Enemigos   jurados de cualquier tipo de poder, no hacían ningún tipo de distinción entre la naturaleza de los distintos tipos de estado (ya fuera la monarquía, república o un estado obrero).
 
            Los treintistas, criticaban a los faístas, su voluntarismo y su espontaneísmo extremo, es decir,  el rechazo a cualquier tipo de organización de la revolución. La crítica trentista era fruto de los numerosos fracasados levantamientos que se habían hecho a instancias de la FAI. Mientras que los faístas reprochaban, en cambio, a los primeros su "reformismo" sindicalista y su falta de confianza en el instinto revolucionario de las masas.
 
            El treintismo consideraba necesario una mayor preparación de la revolución para poder asegurar su éxito Era indispensable contar con una verdadera organización de masas a nivel de todo el estado, la CNT. Las diferencias entre ambas corrientes irían desapareciendo con la nueva oleada de movilizaciones que  se había iniciado a partir de la insurrección de Octubre de 1934. La dirección faísta de la CNT realizaría, a posteriori, una crítica sobre su abstencionismo en dichos acontecimientos. Ambas corrientes acercarían sus posturas con respecto a la necesidad de considerar a la Confederación, como la organización de masas indispensable para la revolución que se avecinaba.
 
            La división entre las dos corrientes libertarias sólo quedaría cicatrizada en el Congreso de Zaragoza realizado el  mes de mayo de 1936, en vísperas de la guerra civil.
 
2.2.3 El comunismo:
 
            Además de la socialdemocracia y del anarcosindicalismo, existía una tercera corriente en el seno del movimiento obrero español: el comunismo. Surgido al calor de la revolución rusa de octubre, la organización comunista se había formado a partir de dos escisiones del PSOE y con el ingreso de algunos grupos que procedían del anarcosindicalismo.
 
            A la caída de la dictadura, el comunismo español estaba   dividido en tres fracciones importantes, además de numerosos pequeños grupos que acabaron siendo absorbidos.
 
2.2.3.1 El estalinismo:
 
            El proceso de degeneración burocrática de la URSS, bajo el estalinismo deformó rápidamente las jóvenes organizaciones comunistas que se habían adherido a la III Internacional. El Partido Comunista, supeditado a las directrices dictadas por la emergente burocracia soviética, inició un proceso de expulsiones y de escisiones que debilitaría y fragmentaría considerablemente al pequeño movimiento comunista. El PCE estaba implantado en Asturias, donde contaba con una minoría importante y tenía una cierta implantación en las  ciudades andaluzas de Málaga, Cádiz y Sevilla.
 
            El partido oficial, completamente estalinizado y supeditado a la política ordenada por la Komintern, atravesaba una etapa   dominada por el ultraizquierdismo, la línea de "clase contra clase" característica del "Tercer Período" de la Internacional Comunista. La socialdemocracia era considerada como la hermana gemela del fascismo (socialfascismo). La caracterización del resto de las corrientes políticas no corría mejor suerte, republicanos, anarquistas, o comunistas  disidentes  eran consideradas como organizaciones de corte fascista. El PCE defendía la táctica del "Frente único por la base" y rechazaba cualquier acuerdo político con las direcciones de las organizaciones obreras mayoritarias. De hecho, era la negativa a cualquier tipo de acuerdo que no implicara la subordinación del resto de organizaciones a la línea política del PCE, y dada la insignificancia de sus efectivos y el peso aplastante del PSOE y de la CNT esto era imposible.
 
            El PCE mantenía una política de seguidismo incondicional  hacia la dirección de la Komintern. Aplicando las análisis de Manuilski, el Partido Comunista oficial había despreciado el movimiento que iba a provocar, posteriormente, la caída de la dictadura y de la Monarquía (3). Poco después del establecimiento de la República, cuando las ilusiones democráticas de las clases populares eran mayores que nunca, el PCE llamaría a la formación de  una República Socialista Soviética, basada en soviets de obreros   y campesinos.
 
            La política aplicada por el comunismo oficial español hasta finales de 1934, lo aisló, forzosamente, de los trabajadores, que confiaban en sus organizaciones tradicionales. El PCE no pasaba de ser, durante todo este período, una minúscula organización sin arraigo entre la clase obrera y el campesinado pobre.
 
2.2.3.2 El Bloquismo:
 
            La Federación Comunista Catalano-balear se escindió del PCE en 1930. La FCCB había criticado la miopía con la que la organización oficial se había enfrentado a la caída de la dictadura. Las críticas se extendían a la línea escisionista que el PCE aplicaba en el terreno sindical (Comité de Reconstrucción de la CNT) que lo aislaba de las masas encuadradas en torno a la CNT y la UGT. Un tercer punto de   ruptura fue la cuestión nacional catalana, ante la que, según la FCCB, la organización oficial mantenía una postura vacilante. Joaquìn Maurín, su máximo dirigente, había  acusado a la Internacional de aplicar sus esquemas sobre la revolución rusa en el resto de países, sin tener en cuenta las diferencias existentes,  lo que la había llevado a la derrota en China y en   los países donde se había presentado una situación revolucionaria.
 
            En noviembre de 1930, la Fusión de la Federación con el Partido Comunista de Catalá dió lugar al Bloque Obrero y Campesino (BOC), al que posteriormente se unieron algunos pequeños grupos en el resto del estado. El BOC agrupaba a la inmensa mayoría de los militantes comunistas de Catalunya y de Baleares, sin embargo su peso en el resto del Estado era insignificante.
 
            Defendía una concepción de la revolución española completamente autóctona, equidistante de las dos principales fracciones internacionales, estalinistas y trotskistas, en las que se había dividido la  IC. Buscaba "una <tercera opción>, nacional, independiente de dogmas y de ortodoxias" (4). Mantenía una concepción sindicalista de la revolución que era una clara herencia del anarcosindicalismo. El BOC defendía la necesidad de construir Juntas revolucionarias, que sería la forma que presentaría el frente único de las diferentes organizaciones obreras. Los soviets eran considerados como algo extraño a la tradición española.
 
            El BOC, profundamente influido por el nacionalismo catalán, se consideraba una organización separatista, partidaria de un Estado Federal Ibérico. Su visión sobre la cuestión nacional catalana, en el seno de la revolución "democrático-socialista" española, hizo que el BOC considerase como progresivo el papel  de los dirigentes políticos de la pequeña burguesía nacionalista republicana, en la primera etapa de la revolución española.
 
2.2.3.3 El trotskismo:
 
            La Oposición Comunista Española (OCE)  dirigida por Andreu Nin, nació en Septiembre de 1930, en torno a la Oposición Internacional dirigida por León Trotsky. Hasta 1932, este grupo se consideró como una fracción opositora del PCE.  A partir de su III Conferencia pasaría a ser una organización independiente, la Izquierda Comunista Española (ICE).
 
            La ICE consideró a la Monarquía y a la República, como diferentes formas capitalistas. Las reminiscencias feudales existían debido al escaso desarrollo del capitalismo español, pero estaban, sin ninguna duda, al servicio de éste. La llegada de la República, fue analizada como un paso importante en el curso de la revolución española. La Monarquía caía por su incapacidad de frenar al movimiento revolucionario naciente. Era necesario que las masas experimentaran las limitaciones de una República burguesa. Solo el proletariado, arrastrando tras de si al resto de las clases populares, podía completar la "revolución democrática" en su lucha por la "revolución socialista".
 
            La lucha no era entre la República burguesa y la Monarquía feudal, como decían los republicanos; ni siquiera como etapa, como defendían el PSOE. La lucha que se había entablado era entre el capitalismo y el socialismo. La ICE defendía la necesidad de la lucha por las consignas democráticas, que ayudarían a las trabajadores a desembarazarse de sus ilusiones republicanas.
La ICE, como el BOC, defendía la necesidad del Frente Único Obrero. El FUO se diferenciaba del "Frente por abajo" del PCE, en que éste debía realizarse tanto entre las direcciones de las organizaciones obreras, como en sus bases. Para la realización de la revolución socialista era necesario la construcción de Juntas revolucionarias, que no serían una copia exacta de los soviets rusos, pero que, en cualquier caso, se inspirarían en el mismo espíritu que los originó.
 
2.3 EL FRACASO DE LA REACCIÓN. EL BIENIO NEGRO Y LA RADICALIZACION DEL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO
 
            El gobierno republicano de izquierdas, de 1931-1933, pronto demostró su incapacidad para resolver los problemas democráticos tradicionales, cada vez más acuciantes.  Para frenar al poderoso movimiento que amenazaba con desbordarlo por la izquierda, tuvo que utilizar la represión contra éste, que constituía la base social del PSOE, y del anarcosindicalismo. Los dirigentes socialistas, preocupados, por la creciente impopularidad de su alianza con los republicanos, rompieron finalmente con éstos. 
 
            El poderoso movimiento anarcosindicalista, apolítico y contrario a presentar sus propias candidaturas, organizó una campaña por la abstención, como respuesta a la represión. El boicot de la CNT contribuiría considerablemente a la derrota electoral de la izquierda que había estado en el gobierno.
El Comité Nacional que había amenazado con desencadenar la revolución si la derecha se alzaba con el triunfo electoral, tuvo que organizar el levantamiento para "salvar el honor confederal" (5). El 8 de Diciembre estallaba la insurrección, que se extendería por todo Aragón y la Rioja y alcanzaría algunas ciudades de Catalunya. La situación del movimiento popular, después de la derrota electoral, junto a la falta de preparación del putch anarquista lo condenaron al fracaso. Siempre según Cesar M. Lorenzo, historiador libertario:
 
"los anarquistas seguían sin aprender nada en técnica revolucionaria" (6). 
 
            El abstencionismo anarquista había hundido el proyecto republicano izquierdista, pero al carecer de una alternativa coherente,  había ayudado sin quererlo, al  ascenso de otro, claramente reaccionario. El anarcosindicalismo, debilitado por el fracaso y aislado del resto de las organizaciones obreras por la línea  aislacionista que aplicaba la dirección faísta, no jugaría ningún papel decisivo en el período siguiente.
 
            Las clases populares, quedaron profundamente decepcionadas con la experiencia del gobierno de la coalición republicano -socialista. La pequeña burguesía que había apoyado la alianza  en las elecciones de 1931, que habían dado paso a la República, acabó dejándose seducir por la derecha. Esto fue la causa de la derrota electoral de noviembre de 1933, y que dió lugar a un período de gobiernos derechistas, conocido como el "Bienio Negro".
 
 
            La victoria de la derechista CEDA sin embargo quedó empañada al no conseguir mayoría absoluta. La correlación resultante de las elecciones acabó  entregando el gobierno al centro-derecha de Lerroux. Los tímidos cambios del anterior gobierno serían anulados rápidamente. Las escasas limitaciones que se pusieron al poder de la Iglesia fueron suprimidas. La moderada Reforma Agraria quedaría completamente paralizada. Mientras que los militares golpistas, protagonistas de la Sanjurjada, fueron puestos en libertad y restituidos a sus puestos en el Ejército, salvo en el caso de su principal protagonista, Sanjurjo, que seguiría en el exilio.
 
            La política del gobierno de Lerroux y de los diferentes gobiernos de centro-derecha no haría sino acrecentar las tensiones en el campo y en las ciudades. Pese a la victoria electoral, la derecha tenía que enfrentarse a un movimiento revolucionario, más poderoso y más radicalizado, que el que había provocado la caída de la Monarquía.
 
            A nivel internacional, Hitler llegaba en 1933  al poder en Alemania, donde pronto se organizó una represión implacable y sangrienta contra el movimiento obrero. Este hecho impactaría profundamente en la conciencia de las masas europeas, y se reflejaría en un intenso  deseo de unidad entre los trabajadores frente al ascenso del fascismo, y también en una pérdida de confianza en las instituciones de la democracia burguesa.
 
            Todos estos factores, internos y externos, provocarían un proceso de radicalización entre la clase obrera y el campesinado en el estado español. Los dirigentes socialistas, profundamente decepcionados  por   la    experiencia   del   anterior   gobierno, atemorizados por el ascenso de la reacción y presionados por sus propias bases, cambiaron su viejo discurso reformista para hablar de: "la necesidad de la toma del poder por parte de los trabajadores, y de la dictadura del proletariado",... El ala caballerista, al reflejar este proceso de radicalización de las masas populares, conseguiría capitalizar sus simpatías. Sin embargo, los socialistas de izquierda, a pesar de su verbalismo radicalizado, seguían careciendo de un programa revolucionario coherente. Santos Julià califica la contradicción entre el discurso revolucionario y la práctica del largo caballerismo, como "reformismo radical" (7).
 
            En el mes de Junio de 1934, estallaba una poderosa huelga general campesina en Extremadura y Andalucía, auspiciada por un Comité Unitario formado por la Federación de Trabajadores de la Tierra (UGT) y por la CNT. En las ciudades el clima de tensión social iba en aumento. Sin embargo, la posibilidad de hacer converger a ambos movimientos sería desaprovechada por los dirigentes socialistas por considerar que la situación todavía no  había  madurado (8). Aislado el movimiento campesino, fracasó por la fuerte represión que se desencadenaría contra él, quedando paralizado durante el período siguiente.
 
            Desarticulado el campesinado, el proletariado industrial quedaría aislado. En el mismo período, entre los trabajadores  urbanos había empezado a gestarse un proceso de unidad, encarnado en las Alianzas Obreras, que empezaba a inquietar seriamente a las clases propietarias. La unidad del movimiento era una clara amenaza que debía evitarse a toda costa.
 
            Contrastando con la tensión creciente, la derecha nunca llegaría a tomarse en serio los radicalizados discursos de los dirigentes socialistas. Munis cita de memoria las palabras   que Gil Robles dirigió a Prieto, en un debate parlamentario:
 
"Vosotros los socialistas seréis siempre incapaces de desencadenar la revolución, porque la teméis; sabemos que de vuestra parte todo se quedará en palabras" (9).
 
            La reacción necesitaba tomar el poder, para dar un golpe definitivo al movimiento revolucionario. Su plan se sostenía en el temor que tenían los dirigentes socialistas a desencadenar   una revolución que no deseaban. A pesar de sus discursos  radicalizados y de sus amenazas inflamadas, expuestas en las Cortes, los dirigentes del PSOE, puestos a elegir entre alentar una revolución de consecuencias imprevisibles y capitular ante la ofensiva de la derecha, tendrían que escoger la segunda opción. Los líderes de la derecha no se engañaban.
 
 
2.4 LAS ALIANZAS OBRERAS. LOS PRIMEROS ÓRGANOS DE FRENTE ÚNICO.
 
            La radicalización del movimiento obrero, operada a partir de 1933, iba acompañada de un profundo deseo de unidad frente a la amenaza de la reacción. Este sentimiento colectivo se reflejaría en la aparición de las Alianzas Obreras, como formas de Frente Único Obrero (FU).
 
            El 9 de Diciembre de 1933 se fundó en Barcelona la primera Alianza Obrera. A este primer ensayo de FU se adhirieron la UGT, los sindicatos de oposición dentro de la CNT (treintistas), la sección catalana del PSOE, el BOC, la Federación Sindicalista Libertaria (treintistas expulsados de la CNT), la ICE, la USC, la Unió de Rabassaires (UR) y los sindicatos de Oposición (controlados por el BOC).
 
            La Alianza Obrera, en palabras de Joaquín Maurín, uno de sus principales instigadores era  simple:
 
"Todas las secciones de los partidos y sindicatos obreros que existen en una localidad forman un haz, un bloque. Constituyen un Comité con representantes de cada organización adherida. Comité que centraliza la dirección de todos los movimientos que se llevan a cabo" (10).
 
            El nuevo organismo se identificaba como un Frente de clase, donde las organizaciones que no pertenecieran a los trabajadores, sólo podrían adherirse moralmente, pero nunca como miembros efectivos. El programa  de la Alianza catalana era muy general y básicamente defensista frente al avance de la reacción. Sin embargo, encarnaba para importantes sectores obreros, la intención de no marchar a remolque de los republicanos, y de establecer un frente con el campesinado pobre, que se realizaba con la adhesión de la Unió de Rabassaires.
 
            Sin embargo, el Frente Único nacía con una grave limitación: la hostilidad del anarcosindicalismo, hegemómico entre el proletariado catalán. Pocos meses después de su creación, la USC abandonaría la Alianza, para entrar a formar parte del nuevo gobierno de la Generalitat. La UdR, sindicato campesino controlado por la Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) adoptó también una actitud similar.
 
            En febrero de 1934, el periódico anarcosindicalista asturiano "La Tierra", publicaba un artículo de Valerio Orobón, dirigente de la regional de la CNT, llamando a una alianza revolucionaria de las diferentes organizaciones obreras (11). Los puntos de la propuesta eran: la defensa de un programa revolucionario que excluyera la colaboración con el régimen; la socialización de la economía y la elección de los trabajadores de sus representantes, revocables en cualquier momento, en los órganos ejecutivos de la Alianza.
 
            El 28 de Marzo de 1934, se constituyó una nueva Alianza en Asturias. Firmaron el pacto, la UGT, la Federación asturiana del PSOE y la CNT. Poco después el BOC y la ICE también se adhirieron al nuevo organismo.
 
            El pacto CNT-UGT que dió lugar a la Alianza expresaba su programa en términos similares a los defendidos por Valerio Orobón. Defendía además, la necesidad de trabajar por la creación de una Alianza Obrera a nivel estatal. Pretendía crear órganos locales que deberían servir de base al nuevo Frente. Sin embargo los miembros de los órganos de la Alianza, no iban a ser elegidos democráticamente por los trabajadores, ni tampoco se planteaba la revocabilidad de éstos por las bases, sino que tanto a escala regional, como a escala local, las AO estarían formadas por delegaciones de cada una de las organizaciones obreras firmantes del pacto. También se reconocía la libertad de crítica entre las organizaciones  integrantes de la Alianza (12).
 
            La CNT asturiana estaba controlada por los treintistas, que eran manifiestos partidarios del Frente Único. La actitud  del anarcosindicalismo, el componente más obrerista y combativo de los socialistas de la región y la larga tradición de colaboración de las centrales sindicales, hizo posible  que la nueva Alianza agrupara a todas las organizaciones obreras, a excepción del PCE.  El peso del movimiento obrero y la lejanía de los aparatos dirigentes de las organizaciones harían que, a diferencia de Catalunya, su programa expresara con mucha más claridad, sus objetivos revolucionarios.
 
            Poco después, en el mes de Mayo, se formaba una nueva Alianza en Madrid. Firmaron el pacto, el PSOE, las Juventudes Socialistas, la UGT, la ICE y los treintistas. Posteriormente se incorporaría también la Federación Sindical Tabaquera, sindicato independiente de las grandes centrales. Sin embargo, en Madrid, la Alianza Obrera iba a tener un pesado lastre durante toda su existencia, la hegemonía aplastante de los socialistas en el  movimiento obrero de la capital.
 
            Hubo otros intentos, con mayor o menor éxito, para extender la formación de nuevas Alianzas Obreras por todo el estado (Valencia, Santander, Extremadura, Andalucía...). La hostilidad de la CNT y de la FAI, y la falta de entusiasmo del PSOE para extenderlas, hizo que salvo en Valencia, los nuevos organismos nunca pasaran de ser un mero proyecto.
 
2.4.1 PARTIDARIOS Y DETRACTORES DE LAS ALIANZAS OBRERAS EN EL SENO DEL MOVIMIENTO OBRERO.
 
            El deseo de unidad de los trabajadores frente a la amenaza  de la reacción no fue el producto de la política de ninguna de las organizaciones políticas y sindicales. El movimiento obrero buscó la unidad a partir de sus experiencias con los gobiernos de la coalición republicano-socialista. Otro factor que intensificó el deseo de unidad de clase, fue el avance de los fascismos europeos y el impacto del ascenso de Hitler al poder en Alemania.
 
            Fueron los factores internos y externos, los que provocaron un sentimiento de desconfianza hacia las fuerzas republicanas. El deseo de unidad de la clase iría acompañado de otro no menos intenso, el de la independencia política frente al republicanismo y la burguesía. La experiencia durante el período 1931-1933 había sido nefasta. Los gobiernos republicanos de izquierdas, sostenidos por los socialistas, no habían apenas avanzado en el cumplimiento de sus promesas electorales. Sí en cambio habían elaborado  una serie de leyes represivas que serían aplicadas contra los trabajadores, cuando estos protestaron por la lentitud de las reformas. La experiencia alemana, -la quiebra del sistema   parlamentario burgués y el ascenso del nacionalsocialismo- tampoco ayudaba a confiar en las instituciones parlamentarias republicanas.
 
            Cuando afirmamos que el deseo de unidad y de independencia política no era el fruto de un trabajo político de ninguna organización nos basamos en la propia concepción que tenían de la revolución española, las organizaciones obreras mayoritarias.
 
            En  el Partido Socialista, una organización con una larga tradición reformista, la radicalización de sus cuadros dirigentes fue el fruto de la presión de sus propias bases partidarias. El anarcosindicalismo mantenía durante toda esta época una posición sectaria. La dirección faísta confiaba en que podía hacer estallar la revolución, con sus propias fuerzas, sin la necesidad de colaborar con sus rivales en el movimiento obrero, los partidos marxistas.
 
 
            El resto de organizaciones, el sector treintista del anarcosindicalismo, el BOC, la ICE y el PCE eran organizaciones demasiado débiles para provocar este profundo sentimiento revolucionario entre las amplias masas, que no les seguían. El BOC y la ICE habían defendido desde sus orígenes la necesidad de construir organismos revolucionarios de Frente Único (Juntas Revolucionarias, Soviets,...), sin embargo solo habían podido defenderlas en el terreno de la propaganda, y entre los limitados sectores obreros adonde llegaba su influencia. Es a partir de la derrota electoral de noviembre de 1933, cuando  considerarían   que había llegado el momento de convertir la propaganda en agitación. Sin embargo, sus exiguas fuerzas se habrían estrellado, si su giro político no hubiese reflejado el avance  de la idea de la unidad en la conciencia de los trabajadores
 
2.4.1.1 EL socialismo y las Alianzas Obreras.
 
            Gerald Brenan atribuye a la UGT de Largo Caballero, la iniciativa en la creación de las Alianzas Obreras (13). La afirmación de Brenan es más que dudosa. No es ninguna casualidad que la primera de  las Alianzas surgiera en Barcelona, donde el peso del PSOE y de la UGT era claramente minoritario. Parece mucho más creíble la afirmación de Munis (14), de que este organismo surgió a partir de la iniciativa de la ICE y del BOC. Éste último grupo, gozaba   de un cierta implantación en Catalunya. Sin duda alguna, la integración del PSOE y de la UGT en el proyecto de las Alianzas Obreras, convertiría a éstas en el  eje político del movimiento revolucionario durante este período. Ésta  parece ser la causa de la confusión de Brenan.
Los dirigentes socialistas empezaron a hablar de Frente Único a partir de la derrota en las elecciones de 1933. El PSOE  tenía que recuperar el prestigio que habían perdido con la colaboración con los republicanos. Fue a partir de este momento, cuando la Izquierda Socialista radicalizaría sus discursos, para empezar a hablar de revolución socialista y de la dictadura del proletariado. También sería este el momento en el que empezaría a defender el proyecto de las Alianzas Obreras.
 
            Sin embargo, hay una evidente contradicción entre los discursos de los dirigentes y su escasa iniciativa en la formación de los nuevos organismos revolucionarios. El escaso número de Alianzas Obreras que se crearon, prueba que el verdadero proyecto socialista no pasaba por ellas, o en cualquier caso, solo era un instrumento ocasional.
 
            Largo Caballero defendía la unidad obrera en el seno del PSOE y de la UGT. Los soviets no eran necesarios en España. La dictadura del proletariado se realizaría con el gobierno del Partido Socialista, que paradójicamente, se encontraba bajo el control del ala prietista.
 
"Cada cual debe gobernar <<conforme los intereses y la ideología de su clase, y cuando al Partido Socialista le llegue la hora del poder, y le llegará, porque eso está escrito en las leyes imanentes de la Historia, también gobernará solo>>" (15).
 
            El ala prietista, sin embargo, aspiraba abiertamente a la instauración de un régimen de democracia burguesa avanzada, con el soporte de la pequeña burguesía radicalizada, e incluso de la burguesía industrial. Los prietistas consideraban que el socialismo tan solo podría llegar mediante un largo proceso de maduración política en el seno de una República burguesa y parlamentaria.
 
            Los dirigentes de la Izquierda Socialista esperaban que el fortalecimiento de sus organizaciones y su alianza con el anarcosindicalismo -que acabaría por entrar en razón- junto a la crisis económica, el agotamiento republicano y un posible golpe militar frustrado, acabaría por darles automáticamente el poder, apenas con una simple huelga general (16). En espera de que su concepción fatalista de la revolución española se cumpliese, los cuadros dirigentes del PSOE utilizaban su control sobre las masas revolucionarias, para negociar con la burguesía y reconstruir su pacto con los políticos republicanos.
 
            Solo así podemos explicar su negativa, no solo a extender las Alianzas por todo el país, sino también su oposición a democratizarlas y a convertirlas en verdaderos órganos de Frente Único. La entrada pues, de los socialistas en las Alianzas, no era porque las considerasen organismos revolucionarios, sino como una concesión a su propias bases, que deseaban la unidad, sin ninguna condición. Las Alianzas Obreras, bajo la hegemonía  de los socialistas, también se convertían en una advertencia a la burguesía para que contase con ellos, y no se dejase arrastrar por la tentación fascista.
 
            Los dirigentes socialistas sentían verdadero temor a perder la influencia que tenían sobre sus bases sociales. Cómodamente situados, como los auténticos defensores de la unidad ante la clase obrera, frente al sectarismo anarcosindicalista, no estaban dispuestos a que las pequeñas, pero activas organizaciones, como el BOC, la ICE o los sindicatos treintistas, les disputasen la hegemonía. Eran conscientes de que estos grupos solo podrían rivalizar con ellos, a través de la democratización y extensión de las Alianzas Obreras.
 
            El carácter que el caballerismo daba a las Alianzas Obreras era el de órganos de carácter insurreccional. Por lo tanto, no debían protagonizar las luchas cotidianas de los trabajadores. Esta tarea quedaba en manos de los sindicatos. Apartadas de  las luchas, se evitaba la consecuencia lógica, su democratización: La elección democrática de representantes obreros, revocables, a partir de los centros de producción. De esta forma se impedía  la conversión de estos órganos de Frente Único, en verdaderos organismos del poder revolucionario, a semejanza de lo que  habían sido los soviets rusos de 1905 y 1917.
 
            El funcionamiento burocrático de las Alianzas aseguró el control del Partido Socialista sobre éstas. Las condenaba a convertirse en simples comités de enlace. Sin embargo, la participación del anarcosindicalismo asturiano y la lejanía de la organización socialista de esta región, del aparato burocrático de Madrid, permitiría que la Alianza Obrera asturiana acabara por convertirse en la encarnación del poder revolucionario en esta región.
 
2.4.1.2 El BOC y la ICE.
            La idea de las Alianzas Obreras forma parte del programa de estas dos organizaciones, desde sus orígenes. Ya en 1931, ambas defendían a nivel propagandístico, la necesidad de construir Juntas Revolucionarias en toda la geografía española. También las dos organizaciones defendieron la extensión de las Alianzas a nivel estatal. Sólo de esta forma, el Frente Único adquiriría una dimensión política revolucionaria,  la del poder obrero frente al estado burgués.
 
"La Alianza Obrera no es el soviet, puesto que sus características son distintas, pero desempeña las funciones del soviet, al que sustituye ventajosamente dadas las particularidades de la organización obrera española. Lo que el soviet fue para la Revolución rusa, la Alianza Obrera lo es para la Revolución española" (17).
 
            A diferencia de los soviets rusos, las Alianzas Obreras no necesitarían "democratizarse" para agrupar a todo el proletariado en su seno, ya que éste, ya estaría representado, con la incorporación posterior de los sindicatos mayoritarios, la UGT y la CNT. Para el bloquismo, los soviets eran un cuerpo extraño en la revolución española. Los soviets de 1905 en Rusia, habrían nacido para llenar el vacío organizativo del movimiento obrero ruso, que carecía de organizaciones tradicionales (partidos, sindicatos...) a diferencia de lo que ocurría en España (18).
 
            La ICE también era partidaria de las Alianzas, como órganos de Frente Único de todas las organizaciones obreras. Sin embargo, era necesario que evolucionaran para convertirse en verdaderos organismos de poder. La ICE consideraba que las bases de las Alianzas tenía que ser los centros de trabajo, donde serían escogidos los representantes democráticos de los trabajadores, sin distinción de tendencias.
 
            La analogía con los soviets rusos resulta evidente (los soviets rusos nacieron de los comités de fábrica y de huelga, existentes en 1905 y 1917). Las Alianzas eran un paso hacia la creación de verdaderos Consejos Revolucionarios. Sin embargo tenían una seria limitación que debía ser superada: su estructura burocrática. Habían nacido de un pacto entre las diferentes organizaciones obreras, al margen de los centros de trabajo.
La CNT  y el PSOE eran las organizaciones hegemónicas en el movimiento obrero. La ICE y el BOC solo podían disputarles la influencia de las masas revolucionarias en el seno de las Alianzas. Sin embargo, las limitaciones eran evidentes. El anarcosindicalismo se negaba a ingresar en los nuevos organismos, y la socialdemocracia obstaculizaba su democratización.
 
            Dos corrientes obreras quedarían al margen de este intento de Frente Único. La corriente mayoritaria del anarcosindicalismo y el Partido Comunista.
 
2.4.1.3 El anarcosindicalismo.
 
            El movimiento libertario se encontraba dividido frente a las Alianzas Obreras. La corriente mayoritaria veía con hostilidad la existencia de estos organismos. No veía en ellos un proyecto de plasmación de la unidad de los trabajadores, sino un intento de todas las organizaciones rivales, que pretendían disputarle sus propias bases sociales.
 
            En el Pleno nacional que se celebró en Madrid, en Junio de 1934, la cúpula confederal condenaría la iniciativa asturiana. La dirección libertaria, controlada por la FAI, hablaba genéricamente sobre la necesidad de la unidad de todos los trabajadores, sin embargo solo la concebía en el seno de la CNT, lo que en la práctica, significaba su rechazarla.
 
            En febrero de 1934, la CNT emplazó a la UGT a aceptar la supresión total del capitalismo y del estado, como condiciones necesarias para conformar un pacto entre ambas centrales sindicales. El cambio de actitud, indicaba que la dirección libertaria sufría la presión creciente de sus bases para avanzar hacia la unidad. Sin embargo, este cambio sólo era aparente, la cúpula anarquista se aferraba a su antigua posición. La CNT  acentuaba la idea del pacto con la UGT, siempre y cuando ésta aceptase su propio programa y renunciase al propio. El ultimatismo faísta esterilizaba cualquier intento de Frente Único.
 
            Los mayoritarios veían la integración en la Alianza Obrera de Asturias, el reconocimiento de:
"... la constitución de un poder ejecutivo encargado de organizar la Revolución, de ejercer la autoridad y de mantener el orden al día siguiente de ser realizada" (19).
 
            Los libertarios asturianos reconocían una de las tesis fundamentales del   marxismo, la necesidad de que un poder obrero dirigiese la revolución y organizase la construcción de la nueva sociedad. En la práctica, abandonaban uno de los postulados fundamentales del anarquismo, la negación del poder, y aceptaban la Dictadura del Proletariado. Unos meses más tarde, la Alianza Obrera asturiana se convertiría en un verdadero organismo del poder revolucionario, es decir, en una verdadera dictadura del proletariado, durante la insurrección de Octubre.
 
            Los treintistas, mayoritarios en la región de Asturias, habían comprendido la necesidad del Frente Único, tras las frustrantes experiencias de los putchs promovidos por la FAI, en los años 1932 y 1933. Defendían la necesidad de la unidad entre los trabajadores si se quería asegurar el éxito de la revolución.
 
2.4.1.4 El Partido Comunista.
 
            La otra corriente hostil era el Partido Comunista. El IV Congreso del PCE en marzo de 1932, había reafirmado a la organización en su táctica sectaria y ultraizquierdista del período anterior. La expulsión en Octubre del mismo año del antiguo grupo dirigente de Bullejos, a instancias de la Internacional, lejos de corregir los errores, los había agravado.
 
            Desde la aparición de las Alianzas, el PCE rechazó la posibilidad de ingresar en ellas. La idea del "Frente Único por la base" era una copia calcada de la línea defendida por  la Komintern durante lo que ha venido a llamarse "Tercer Período". Esta táctica ya había tenido nefastos resultados en Alemania, donde la división y los enfrentamientos entre comunistas y socialistas había ayudado al triunfo del nazismo.
            En la práctica, el "Frente Único por la base" del PCE era similar al defendido por la corriente mayoritaria del anarcosindicalismo, solo era posible aceptando incondicionalmente la política del Partido Comunista. Sin embargo, la línea política del estalinismo español era completamente inconsistente. Mientras el anarquismo agrupaba a un importante sector del proletariado español, el PCE era una organización numéricamente insignificante y aislada del  grueso del movimiento obrero.
 
            El PC de Catalunya, sección catalana del PCE, acusaba, en    Mayo de 1934, a la Alianza Obrera de Catalunya de ser un "instrumento de la Generalitat", que había sido creada por los   "perros falderos" de la burguesía, para "engañar a los obreros que quieren el Frente Único sinceramente" (20). El argumento se apoyaba en que la CNT, se encontraba al margen de la nueva organización. Si el anarquismo, la socialdemocracia, los comunistas disidentes, todos eran variantes del fascismo, el PCE solo podía considerar los nuevos organismos como "Santas Alianzas de la contrarrevolución".
 
            El PCE promovía su propia versión sobre la unidad: el "Frente Único por la base", que oponía a las Alianzas Obreras. Sin embargo, la persistencia de la línea ultraizquierdista, que lo había aislado hasta entonces del resto de los partidos y sindicatos del movimiento obrero, hizo que solo sus propias organizaciones filiales ingresaran en sus organismo frentistas.
A finales del mes de Septiembre de 1934, el Comité Central del Partido Comunista decidía dar un giro radical en sus planteamientos y pedir el ingreso de sus organizaciones en las Alianzas Obreras, para ayudar a su creación y desarrollo, allí donde éstas todavía no existían.
 
 
            El cambio político del PCE se daba en un momento   confrontación y de radicalización social. Sin embargo, las causas del viraje no estaban en el interior del país, sino en la  situación internacional.
 
            El ascenso de Hitler al poder en 1933,  no había conseguido cambiar la política de la URSS y de la IC. Los dirigentes estalinistas consideraban la traición de la socialdemocracia alemana, "socialfascista", como la causa principal de la derrota de la revolución alemana.
 
            En el mes de Mayo de 1934, la Komintern dió un viraje político de 180º. Los partidos socialistas dejaban de ser considerados como "socialfascistas" y "hermanos gemelos del fascismo", para ser calificados como "organizaciones hermanas", con las que había que buscar la unión orgánica. La táctica del Frente Único por la base era abandonada definitivamente, para pasar a defender la colaboración con los socialistas  y con los partidos burgueses democráticos frente a la amenaza fascista. La política internacional del estalinismo buscaba un acercamiento hacia Francia. Un pacto franco-soviético que serviría  para contrarrestar el peligro de una agresión de la Alemania nazi.
 
            El Partido Comunista dejaba de considerar a las Alianzas Obreras, como "organismos policiales". La entrada estuvo acompañada de algunas críticas formales (llamarlas Alianzas Obreras y Campesinas) y de la petición de expulsión de los trotskistas (ICE) que formaban parte de ellas, argumentando que éstos no eran un partido político independiente, sino que se consideraban una fracción del PCE (La ICE era una organización política desde 1932, y miembro de pleno derecho de las Alianzas Obreras desde su fundación). Ambas cuestiones fueron desestimadas por las organizaciones integrantes de las AO. Las críticas formales no aportaban nada y solo pretendían embellecer el repentino cambio de actitud, hecho sin ningún tipo de balance o crítica del período anterior.
 
2.5 LA REACCIÓN Y LA REVOLUCIÓN SE PREPARAN PARA EL ENFRENTAMIENTO.
 
            A pesar de la derrota de la huelga campesina en la primavera de 1934, las huelgas se multiplicaron en las ciudades. El 13 de Marzo, la Alianza Obrera catalana declaraba la huelga general, en solidaridad con la lucha de los trabajadores de Madrid. La huelga   sería un éxito. Sin embargo, lo más destacable era que ésta se  había llevado a cabo al margen de la CNT, y en contra de  los criterios de su dirección. También estallarían huelgas generales y parciales por todo el país (Zaragoza, Valencia...). En ellas, los nuevos organismos revolucionarios jugarían un papel fundamental que hacía prever la importancia que adquirirían en los meses siguientes.
 
            La derecha también aprovechaba el momento. Se convocaron concentraciones en una serie de lugares estratégicos, como en El Escorial y Covadonga. Estas movilizaciones pretendían organizar una base social para la reacción derechista. Sin embargo las concentraciones serían contestadas con sendas huelgas generales en Madrid y Asturias que las desbarataron. El fracaso era una seria advertencia para la derecha, de que su ascenso al poder iba a encontrar grandes resistencias en el movimiento obrero. Éste, lejos de estar derrotado tras las elecciones del mes de noviembre de 1933, se encontraba, pocos meses después, más fuerte y radicalizado que en el período anterior de colaboración republicano-socialista.
 
            La reacción tenía que apoderarse del poder para aplastar  al revitalizado movimiento revolucionario, antes de que fuera demasiado tarde. El gobierno radical de Semper entró en crisis. Pocos días después se formaba un nuevo gabinete, con la presencia de cinco ministros derechistas, tres de Acción Popular y dos Agrarios. Los planes de la derecha estaban en marcha. Si la provocación quedaba sin respuesta, si el temor de los dirigentes socialistas conseguía sofocar cualquier reacción, el camino hacia el poder quedaría completamente abierto para la reacción. Si por el contrario, el movimiento obrero respondía, aislado del campesinado por la derrota de primavera, sería  aplastado por los cuerpos de seguridad del Estado.
 
            Todo el aparato de la reacción estaba en marcha para evitar que el movimiento revolucionario pudiese triunfar, frente a la provocación que se avecinaba. Se produjeron detenciones de militantes, cierre de locales, confiscaciones de armas, maniobras militares... El choque entre la reacción y la revolución estaba a punto de producirse.

 
2.6 LA GRAN PRUEBA DE LAS ALIANZAS OBRERAS. LA INSURRECCIÓN   DE OCTUBRE.
 
            El miércoles 3 de Octubre era nombrado el nuevo gobierno de Lerroux. Sin embargo, para ganar tiempo, la decisión se haría saber al día siguiente. El Jueves 4, al saberse la noticia, se iniciaron las movilizaciones revolucionarias.
 
2.6.1 La insurrección de Catalunya. La Alianza Obrera subordinada al gobierno de la Generalitat.
 
            El éxito o el fracaso en Catalunya iba a ser decisivo para la acción del movimiento revolucionario en el resto del Estado. Catalunya contaba con el sector más concentrado, y con una mayor tradición combativa, del proletariado español.
 
            El martes día 2, la Alianza Obrera había hecho un llamamiento a todos los trabajadores de Catalunya, para que estuvieran alerta ante los acontecimientos que iban a desencadenarse. El choque entre la revolución y la contrarrevolución era ya sólo cuestión de horas. El mismo martes, una manifestación convocada en Barcelona era disuelta por los guardias de asalto de Dencás. La actitud hostil al movimiento revolucionario de la Generalitat quedaba al descubierto.
 
            El jueves 4, la Alianza proponía a la CNT un Frente Único contra la provocación del nuevo gobierno. La dirección faísta rehusaría. Posteriormente se celebró una asamblea a la que asistieron las delegaciones de las Alianzas locales de toda Catalunya, para analizar la marcha de los acontecimientos. Aquella misma noche, una representación se entrevistaría con el  gobierno de la Generalitat para exponer el punto de vista de la Alianza. Se había convocado una huelga general para el día siguiente. Los dirigentes de la Alianza manifestaron que la acción no iba dirigida contra la Generalitat, sino contra el nuevo gobierno de Lerroux, que pretendía no solo aplastar al movimiento revolucionario, sino también acabar con las libertades nacionales de Catalunya. La Alianza Obrera consideraba que, desde este punto de vista, ambos organismos eran aliados.
 
            El viernes 5, estallaba la huelga general. Solo siete meses antes, se había convocado otra con éxito en toda Catalunya,  sin embargo ésta no había arraigado en la ciudad de Barcelona por la oposición anarquista. En esta ocasión el cumplimiento de la huelga fue completo, y la oposición de la dirección de la CNT  sería desbordada por las masas revolucionarias catalanas. El pánico invadió a los dirigentes de la Generalitat ante tal expresión de fuerza. Por la tarde del mismo día desfiló por las Ramblas una gigantesca manifestación, convocada por la Alianza Obrera, exigiendo la proclamación de la República Catalana y armas para defenderla (21). El movimiento revolucionario crecía por momentos.
 
            En las comarcas catalanas, la Alianza Obrera asumió la dirección del movimiento que se estaba desatando. En muchas poblaciones los aliancistas locales proclamaron la dictadura del proletariado, o el comunismo libertario.
 
            A partir de este momento, la tensión entre el gobierno de la Generalitat, temerosa de ser desbordada, y la Alianza Obrera, que se iba convirtiendo en un poder real, iría en aumento. Dencás conminó a los revolucionarios para que disolvieran las milicias, y para que fueran interrumpidas las requisas de armas y  de vehículos Las órdenes serían desobedecidas. La Alianza Obrera ocupó el Palacio del Fomento del Trabajo e instaló en él su puesto de mando. Los choques armados entre los guardias de asalto y los escamots dirigidos por Dencás, y las milicias revolucionarias empezaron a producirse espontáneamente en las calles de Barcelona.
 
            Por la tarde diez mil milicianos obreros desfilaron por el centro de la ciudad, pese a la prohibición de la Generalitat. La Alianza  se enfrentaba a un dilema, la revolución necesitaba de las armas que estaban en manos de la policía y de los "escamots", intentar conseguirlas significaba enfrentarse con sus aliados circunstanciales. La Alianza consideró que el enfrentamiento con la Generalitat solo podía provocar el hundimiento de la insurrección, por lo que prefirió evitar las provocaciones y esperar el momento adecuado.
 
            El presidente Companys se enfrentaba a un triple dilema, rendirse, reprimir la insurrección o ponerse al frente de ella para frenarla después. Las dos primeras significaban su liquidación política, por lo que se escogería finalmente la tercera opción. El gobierno catalán pretendía frenar el movimiento revolucionario gracias a la posición seguidista que  había adoptado la Alianza Obrera, y simultáneamente esperaba poder utilizar la tensa situación existente, para negociar con Madrid, el freno de la insurrección a cambio de nuevas competencias (22).
 
            La presión insostenible del movimiento que empezaba a desbordar a la Generalitat e incluso a la misma Alianza Obrera, empujó a Companys a buscar una salida que "salvara el honor" del gobierno catalán, y que impidiera a los revolucionarios tomar el relevo político que ansiaban.
            El sábado 6, Companys proclamaba el "Estado catalán dentro de la República Federal Española". La proclamación sería sólo un símbolo. Los diez mil hombres con los que contaba el gobierno   de la Generalitat, entre los guardias de asalto y los escamots de Dencás no ofrecerían ninguna resistencia seria, a los escasos quinientos soldados que el general Batet sacó a la calle para hacerse con el control de la ciudad (23). El dato de la escasez numérica de las tropas que intervinieron en el conflicto refleja también las dudas de los mandos militares en la fidelidad de los soldados frente a la insurrección popular. Tampoco las milicias revolucionarias,  desarmadas y a la espectativa, pudieron ser un serio obstáculo para el ejército.
 
            La insurrección, victoriosa en algunas poblaciones de Catalunya se hundiría rápidamente ante las noticias del fracaso de Barcelona. Los revolucionarios apenas pudieron reaccionar, era demasiado tarde, el movimiento ya estaba herido de muerte. La sublevación había sido entregada sin apenas ofrecer resistencia. La huelga perduraría hasta el martes, día en el que se iniciaría la vuelta al trabajo.
 
            La Alianza Obrera catalana responsabilizó al abstencionismo  cenetista como uno de los causas principales de la derrota. La actitud sectaria de la CNT fue, sin duda alguna, un factor importante en el aplastamiento de la revolución, pero no puede considerarse que fuera decisiva. La hegemonía del anarquismo en el movimiento obrero catalán presentaba grandes grietas, por lo menos en aquellos momentos. En el mes de Marzo había estallado una huelga exitosa en la mayor parte de Catalunya, sin que se diera la participación  anarquista. En Octubre la movilización fue total, la dirección de la CNT y de la FAI habían quedado al margen de los acontecimientos, y sin embargo numerosos militantes anarquistas participaron en la insurrección, obedeciendo las consignas que había marcado la Alianza. Existe un dato irrefrutable para comprender que, durante la breve insurrección de Octubre, la minoritaria Alianza Obrera catalana, había desplazado a los anarcosindicalistas de la dirección del movimiento. Durante la huelga general, toda la prensa, incluida la misma "Solidaridad Obrera" y los periódicos próximos a las posiciones políticas de la Generalitat, dejaron de publicarse. Sólo el Boletín de la Alianza pudo salir a la calle (24).
 
            La línea seguidista frente a la Generalitat, mantenida por la Alianza Obrera, fue un factor mucho más importante que el de la  actitud de la dirección de la CNT. Pese a las presiones  procedentes de las bases, los dirigentes de la Alianza no se atrevieron a romper con las autoridades autonómicas, en los momentos decisivos. La postura de la Alianza está explicada por Maurín, dirigente del BOC: el éxito solo era posible sosteniendo al gobierno catalán en los momentos en los que vacilaba. La Alianza esperaba el agotamiento político del gobierno de la Generalitat, para tomar el relevo en la dirección del movimiento. Sin embargo, la dirección política estaba ya en manos de la Alianza. La actitud de espera sería fatal para el movimiento  revolucionario, porque permitió a los dirigentes catalanistas maniobrar y evitar que el desbordamiento pasara por encima de ellos y les aplastara. La actitud de Companys y del gobierno  de refleja que la Generalitat temía más a la revolución que al nuevo gobierno derechista que se había instaurado en Madrid. Mientras reprimía y provocaba a los revolucionarios en la medida de sus posibilidades, buscaba la negociación con la derecha en el gobierno, esperando sacar sus ventajas de la situación (25).
 
            Como historiadores, no nos sirve especular, sobre si una actitud más decidida de la Alianza Obrera, hubiese asegurado o no el éxito. Sin embargo, parece cierto que su actitud condenó al movimiento a permanecer a la expectativa en los momentos decisivos, hasta que ya fue demasiado tarde para reaccionar.  Dos años más tarde, en julio de 1936, las masas revolucionarias pasarían por encima de la Generalitat y asaltarían los cuarteles para apoderarse de las armas. Éste hecho marcaría entonces, el triunfo revolucionario en Catalunya.
 
            Munis reprocha en su obra a la Alianza Obrera catalana, su seguidismo ante la Generalitat, que mantenía cerrados los locales de la CNT y perseguía a sus militantes. Las buenas relaciones  de la Alianza con el gobierno catalanista fueron, sin duda  alguna, un serio obstáculo para el acercamiento de los anarcosindicalistas al movimiento revolucionario (26).
 
            La actitud de éstos, durante los acontecimientos, no fue siempre la misma, sino que varió según el momento. Munis vuelve a señalar lo que él considera como dos graves errores políticos de la Alianza ante los anarquistas. La convocatoria de la Huelga general del día 4 había sido aceptada por la Regional Catalana de la CNT. La actitud de la dirección reflejaba la presión de las masas revolucionarias. Los libertarios exigían la reapertura de sus sindicatos y la creación de comités de barricada para dirigir la insurrección.  La primera condición de los cenetistas no fue recogida por la Alianza Obrera en su programa, hasta que no fue exigida por la dirección de la CNT. La segunda condición, la de los comités de barricada fue desatendida, tras las expectativas  de una posible alianza con el gobierno de la Generalitat (27).
 
            La misma postura de la Alianza permitiría a los dirigentes anarquistas justificar su abstencionismo frente a la insurrección.
 
"En efecto, ya desde el día 4 de octubre, los escamots... y las fuerzas de la policía no encontraron nada mejor que encarcelar a los libertarios más conocidos y disparar sobre los obreros de la CNT para obligarles a cesar el trabajo. Estuvieron secundados en esta tarea por la pequeña Alianza obrera, receptáculo de todos los adversarios de la Confederación..., imaginándose que había sonado la hora de aniquilar a su poderosa rival" (28).
 
2.6.2  La huelga general de Madrid. Las limitaciones de la Alianza Obrera, bajo la hegemonía socialista.
 
            El peso político aplastante del PSOE en la Alianza Obrera madrileña, impidió que ésta pudiera convertirse en un verdadero organismo revolucionario.
            La crisis que desembocó en los hechos del mes de Octubre fue larga. Sin embargo, los preparativos de la insurrección, amenaza  constante de los dirigentes caballeristas contra las tentaciones  totalitarias de la derecha, fueron escasos o inexistentes. La Alianza Obrera, destinada a ser el órgano de la insurrección, según el Partido Socialista, fue mantenida durante todo el período en el ostracismo político (29). Los socialistas no querían la revolución, sino obligar al presidente de gobierno y a la burguesía a recapacitar en su tentación de llevar a la CEDA al poder.
 
            El día 2 de Octubre, los delegados socialistas hicieron saber a la Alianza Obrera, la decisión de llamar a la insurrección, en el momento en el que Acción Popular y los Agrarios entraran a formar parte del nuevo gobierno. De esta forma, la Alianza se encontraba ante la política de hechos consumados del PSOE.
 
            El día 4, al hacerse público la composición del nuevo gobierno, los socialistas comunicaron a la Alianza, la orden de huelga general pacífica. Sin embargo, la convocatoria  sería interpretada por los trabajadores como un ardid político de sus direcciones. Las masas se lanzaron a la calle en espera del armamento prometido. Antes de acabar el día la huelga general era completa en todo Madrid.
 
            La actitud del gobierno fue de pánico y de dudas ante la multitud. Lerroux solo contaba con la guardia civil y los guardias de Asalto, como cuerpos de choque seguros frente al movimiento revolucionario. Se dudaba de la actitud de los soldados en un enfrentamiento contra la población. Se dieron numerosos casos de adhesión de grupos de soldados a la Alianza Obrera. Munis cita que la guarnición de la glorieta de Cuatro Caminos aseguró que estaba dispuesta a pasarse al lado de los revolucionarios, si era atacada . También cita la adhesión de numerosos guardias civiles de la guarnición del Ministerio de la gobernación (30). Es de suponer que estos ejemplos no eran una excepción y de que éste era un ánimo bastante generalizado en una tropa, mayoritariamente campesina.
 
            Los días pasaban y  las armas prometidas por la dirección socialista, no llegaban. La actitud tímida de los cuerpos policiales fue cobrando seguridad a medida que pasaba el tiempo y la insurrección no se producía. Simultáneamente la desesperación y el desánimo empezaron a cundir entre la población.
 
            El Partido Socialista se oponía a la insurrección. Solo individuos aislados o pequeños grupos mal armados se enfrentaron con la policía y la guardia civil.   El único intento estallaría en el cuartel de la Moncloa, donde algunos grupos impacientes intentaron asaltar el puesto militar. Poco después, varios miles de trabajadores rodeaban a la guarnición. Sin embargo,   estaban escasamente armados y pudieron ser rechazados por la oficialidad,  sin demasiadas dificultades (31).
 
            A medida que el tiempo transcurría los cuerpos policiales incrementaron las detenciones y el asalto a los locales obreros, cada vez más seguros de que la insurrección no iba a producirse. Las masas en la calle, iniciaron su retirada. La huelga general se mantendría unánime hasta el 13, día en el  que los  dirigentes socialistas dieron la orden de volver al trabajo.
 
            La Alianza Obrera, impedida su democratización por la oposición socialista a convertirla en la dirección del movimiento (era considerada un órgano insurreccional que no debía intervenir en las luchas cotidianas de los trabajadores), no jugó ningún papel en los acontecimientos revolucionarios (32). Planteada la sublevación, siguió marginada por los socialistas que veían con desconfianza, la posibilidad de compartir la dirección del movimiento con otras organizaciones minoritarias.
 
            Las milicias organizadas por el PSOE y el descubrimiento de armas en varios alijo por la policía en los meses anteriores, prueba que existía armamento y voluntad de las bases suficiente para la insurrección. Sin embargo, la falta de un plan insurreccional, la marginación de la Alianza Obrera y la convocatoria de la huelga general pacífica, demuestra que era la dirección socialista, la que no tenía voluntad para realizarla.
 
2.6.3 La insurrección de Asturias. La Alianza Obrera: De Frente Único a órgano del poder revolucionario.
 
            En Asturias, la insurrección se inició desde los primeros momentos, apenas conocido el nombramiento del nuevo gobierno.
La Alianza Obrera asturiana era el único organismo de Frente Único que agrupaba a todas las organizaciones obreras de la región, sin excepción. La regional asturiana de la CNT, en manos de los treintistas, formó la Alianza a partir de un pacto establecido con la UGT, al que se adhirieron los partidos políticos. El PCE, con una fuerte presencia en algunas áreas, se había integrado en la Alianza en vísperas de la insurrección. La conformación de la unidad de todas las organizaciones le daba al movimiento algo más, que la suma aritmética de los miembros que componían la Alianza, les daba la seguridad de que la unidad hacía que el triunfo fuera posible.
 
            El anarcosindicalismo, aunque con menor peso que la UGT en la región, era un contrapeso importante a los socialistas. Esta circunstancia no existía en Madrid, donde el Partido Socialista era hegemónico, frente a las pequeñas organizaciones que componían la Alianza.
 
            El desarrollo de los acontecimientos revolucionarios fue diferente a como éstos se desarrollaron en Madrid y en Catalunya. Sin embargo, la actitud del PSOE, organización mayoritaria, fue la misma,  como correspondería a una organización centralizada. La oposición a convertir a las Alianzas en verdaderos organismos democráticos, para reducirlas a meros comités de enlace, sería similar. Sería la insurrección de los mineros asturianos lo que colocó a la Alianza en el centro político de la situación y acabó convirtiéndola en el verdadero centro de poder.
            Como en Madrid, los dirigentes socialistas, hicieron el llamamiento a la huelga general pacífica, marginando a la Alianza (33). La orden se convirtió rápidamente, en una llamada a insurrección, que se iniciaría en la noche del 4 al 5 en toda  la cuenca minera. En Oviedo, el movimiento, controlado por los dirigentes socialistas del Comité revolucionario, adquirió un carácter huelguístico. Solo la llegada de los mineros, al día siguiente por la tarde,  permitió que la huelga se convirtiera en  una insurrección victoriosa. En Gijón, la desconfianza entre socialistas y libertarios, permitió que las fuerzas gubernamentales tomaran la iniciativa y controlaran la situación.
            Incomprensiblemente, el día 5 no se dio la orden de huelga general, que en el mismo momento, en otras localidades de la región, daba lugar a los primeros enfrentamientos. Cuando intentaron reaccionar, la fuerza pública, controlaba por completo la situación en la ciudad.
 
            Los mineros, con escasas armas y con la tradicional dinamita, se enfrentaron y aplastaron a los destacamentos de la guardia civil y de los guardias de asalto, que se encontraban en sus poblaciones. Dado el cariz que estaban tomando los acontecimientos, los militares se encerraron en  sus cuarteles, atemorizados por el posible contagio revolucionario de los soldados, si éstos salían para enfrentarse a la población. Las principales localidades de la región, Langreo, Mieres, Sama, La Felguera, Pola de Lena Olloniego,... pronto estuvieron en manos de los revolucionarios.
 
            La caída de la fábrica de cañones de Trubia (aunque los proyectiles no disponían de espoleta), la de fusiles de La Vega y la de dinamita de Manjoya, junto a las armas arrancadas a la guardia civil, permitieron improvisar un verdadero ejército revolucionario. El armamento conseguido, mantuvo Asturias en poder de los revolucionarios durante  medio mes,  después de que el movimiento hubiera fracasado en el resto de España. Se hicieron verdaderos alardes de creatividad para defender la revolución. En tan corto espacio de tiempo, se construyeron trenes y camiones blindados  (en las planchas figuraban, entre otras, las siglas  de UHP, Unión de Hermanos proletarios); se llegó incluso a fabricar combustible a base de carbón, para solucionar la falta de gasolina con la que se encontraban los revolucionarios (34).
 
            Una vez vencido el movimiento en el resto del estado, la revolución asturiana estaba condenada a la derrota. Tres columnas militares entraron por tierra, mientras que tropas legionarias del Tercio y  de Cazadores de Africa desembarcaban el día 10,  en Gijón que se mantenía en manos del gobierno. Mal armados y con escasas municiones, los mineros resistieron todavía, pueblo por pueblo, durante varios días a una fuerza de más de 40.000 hombres, bien armados y apoyados por la aviación.
 
            Durante todo este tiempo, los mineros estuvieron convencidos de que la insurrección había triunfado en toda España, y desoyeron la propaganda gubernamental, considerándola como un intento de desmoralización (35). El día 11, el Comité provincial,  consciente del fracaso en el resto del país, decretó el final de la insurrección y sus miembros abandonaron sus puestos. El pánico se contagió a numerosos Comités Locales. La deserción fue seguida de la formación de nuevos comités que se encargaron de dirigir la resistencia. Los antiguos dirigentes, detenidos por los mismos trabajadores, fueron en muchos casos devueltos a sus antiguos puestos.
            El día 18, tras una entrevista con el general López Ochoa, el Comité Provincial ordenó terminar con la insurrección, tras un acuerdo por el que las tropas marroquíes y los legionarios irían en la retaguardia de las tropas gubernamentales. La represión, el saqueo y las violaciones, los fusilamientos y la tortura fueron la respuesta del gobierno y de los militares contra la población asturiana que había apoyado masivamente la insurrección.
 
            Además de los aspectos insurreccionales, hay otros elementos muy importantes en estos hechos, que serían un valioso precedente  para la experiencia revolucionaria de la guerra civil, dos años más tarde:
 
1) La conciencia de los obreros revolucionarios. Los trabajadores que no estaban en el frente, estaban en los centros de producción, para satisfacer las necesidades de los combatientes. Las minas y las fábricas fueron respetadas. Existía una clara conciencia de que todo iba a ser necesario después del triunfo de la revolución.
 
2) El funcionamiento de los comités por toda la Asturias revolucionaria. Las Alianzas Obreras locales se convirtieron en la estructura del poder revolucionario, ocupando las antiguas alcaldías y sustituyendo al antiguo aparato del Estado. Los comités revolucionarios, formados por miembros de todas las tendencias obreras, organizaron la vida cotidiana de las poblaciones, formaron patrullas obreras para impedir los saqueos e incautar las armas que no estaban bajo su control, crearon tribunales revolucionarios para juzgar a los elementos más destacados de la reacción, se preocuparon del abastecimiento de las poblaciones, estructuraron una sanidad popular y organizaron milicias para combatir en el frente. La diversidad de formas que adoptaron los comités locales, se debió al predominio de una u otra tendencia en las diferentes poblaciones.
 
            Los libertarios abandonaron en la práctica sus tesis antiestatalistas para construir la dictadura del proletariado:
 
"Los militantes libertarios se transformaron de este modo en gobernantes, en policías, en oficiales o en jueces. Los medios de producción fueron colectivizados casi en todas partes, abolida la propiedad privada y suprimida la moneda" (36).
 
            Los comités revolucionarios se convirtieron en el embrión del Estado Obrero. Las Alianzas locales mostraron una clara tendencia a su "sovietización". Especialmente ante la huída de los primeros comités, en la noche del 11 al 12 de Octubre.
 
3) La relación entre los obreros revolucionarios y el campesinado. Tras algunos intentos de requisa, se acordó buscar un acuerdo con los campesinos, mientras la revolución no resolviera el problema de la tierra y la entregara en usufructo a los que la trabajaban. Los campesinos entregaron sus productos a los comités, a cambio de otros que ellos necesitaban. Los revolucionarios habían comprendido que las requisas forzosas solo habrían servido para entregar al campesinado a la reacción.
 
4) La victoria de los revolucionarios sobre un ejército disciplinado y bien armado. El entusiasmo y el convencimiento de los mineros por su causa superaron con creces sus propias limitaciones (falta  de disciplina, desorganización) frente las ventajas del ejército tradicional. Los trabajadores solo fueron vencidos, tras medio mes de lucha, por el aislamiento en el que  se encontraba la insurrección asturiana.
 
            Las represalias contra el movimiento revolucionario en toda España fueron inmediatas. en Asturias hubo 3.000 muertos en combate y 3.000 en los asesinatos posteriores (37). Los Consejos de Guerra se encargaron de la represión legal, dictaminando numerosas penas de muerte contra los revolucionarios y contra dirigentes socialistas y catalanistas. Hubo además 30.000  detenidos y numerosos despedidos en los centros de trabajo. Las Casas del Pueblo y los locales sindicales fueron clausurados, la prensa obrera fue prohibida, la autonomía catalana suprimida y los militares más reaccionarios colocados en puestos clave.
 
            Sin embargo, los hechos de Octubre habían herido de muerte el proyecto de la reacción. La derecha había acertado en sus previsiones sobre cual iba a ser la actitud de los líderes socialistas, pero no habían contado con el grado de radicalización de las masas, que había desbordado en muchos lugares a sus dirigentes. El  Partido Socialista había llamado a una huelga general pacífica, y sin embargo, en Asturias la movilización se había convertido en una auténtica insurrección armada, mientras que en otros lugares habían podido contener a las masas con grandes dificultades. El movimiento, lejos de haber sido aplastado, volvió a entrar rápidamente en ebullición.
 
            En Marzo de 1935 estallaría de nuevo la crisis del gobierno. La CEDA abandonó el gobierno por su negativa a aceptar la conmutación de las penas de muerte contra los dirigentes asturianos. Lerroux temía que la aplicación de las sentencias, convirtiera a los revolucionarios en mártires y que lejos de frenar al movimiento revolucionario, lo acentuaran. Gil Robles pretendía utilizar la represión para desmantelar a las organizaciones obreras y para consolidar un gobierno fuerte.
 
            En Mayo, la CEDA volvía al gobierno, con Gil Robles  como  ministro de la Guerra.  Pero el nuevo gobierno dividiría todavía más a la derecha, los monárquicos de Calvo  Sotelo acusaron a Gil Robles de traidor por haber aceptado la República. En el mes  de Octubre de 1935, a la división de la derecha se unirían una serie de escándalos financieros que debilitaron al gobierno y aceleraron su crisis. La CEDA se negó a aceptar los nuevos presupuestos estatales, provocando la dimisión del gabinete. Gil Robles reclamaría la presidencia, tras diversas deliberaciones, el presidente Alcalá Zamora rechazó la petición  y decidió la convocatoria  de elecciones para el 16 de Febrero del año siguiente.
 
2.7 LA RECOMPOSICIÓN DE LAS FUERZAS REVOLUCIONARIAS.
 
            La revolución de Octubre había mostrado las ventajas del Frente Único Obrero, pero también había mostrado sus limitaciones. No era suficiente la unidad de los trabajadores para vencer, hacía falta una dirección revolucionaria que organizase al movimiento y lo dirigiese hacia la victoria.
 
            Las Alianzas que habían funcionado  como un acuerdo político entre las direcciones de las distintas organizaciones obreras, pero  que no lograron democratizarse, habían demostrado en la práctica, que no eran ni un verdadero Frente Único, ni el embrión del poder revolucionario.
 
            El anarcosindicalismo seguía siendo hostil hacia cualquier tipo de frente único. La actitud de la Alianza Obrera catalana en Octubre tampoco  había ayudado a su aproximación. Sin embargo, el impacto de lo sucedido, especialmente en Asturias, había abierto una brecha en la actitud aislacionista de la CNT y de la FAI y muchos militantes  se mostraban partidarios de revisar su actitud tradicional para iniciar una aproximación a las restantes organizaciones obreras,  en especial a la UGT. Sin embargo, los socialistas abandonaron cada vez más, cualquier referencia a las Alianzas, para pasar a hablar de la unidad en  "el partido único de la clase obrera". El PCE también abandonó  el proyecto, al que se había adherido en el último momento, porque en ellas se encontraba el PSOE, y empezó a constituir Comités de Enlace Antifascistas. Solo los bloquistas y los trotskistas siguieron defendiendo la necesidad del Frente Único y de las Alianzas Obreras. A partir de 1935, las Alianzas entraron en un proceso de decadencia hasta llegar a su total desaparición.
 
2.7.1 El debate sobre el Partido Revolucionario.
 
            El debate iba a enfrentar las diferentes concepciones que tenían los partidos obreros. El futuro Partido Revolucionario  sería el fruto de la fusión de las diferentes organizaciones, o el resultado de la clarificación y diferenciación política de éstas.
            La radicalización de las bases socialistas se reflejaba en los discursos de sus dirigentes izquierdistas al proclamar la necesidad de convertir al PSOE en un verdadero Partido Revolucionario. La unidad política del proletariado era esencial para la victoria de la revolución. El caballerismo consideraba  que, dado que la inmensa mayoría de las fuerzas que se reclamaban del marxismo se agrupaban en el seno del Partido Socialista, la unificación solo podría realizarse con la integración de los pequeños grupos  (PCE, BOC e ICE) en él. Conseguida la unidad política y la unificación sindical con el anarquismo, el triunfo  de la revolución vendría por si solo (38).
 
            En las bases socialistas iba en aumento el rechazo hacia la política tradicionalmente reformista del Partido, que los había llevado a  colaborar en el pasado, con la dictadura del general Primo de Rivera, y con los republicanos posteriormente. Durante  1934 y 1935, numerosos dirigentes de las Juventudes o del PSOE, como Federico Melchor o  Santiago Carrillo   llamaron a las organizaciones comunistas antiestalinistas, trotskistas y  bloquistas, a integrarse en el partido para "bolchevizarlo" (39).
 
            Algunos incluso se declararían partidarios de la creación de una nueva Internacional, que debería construirse sobre las cenizas de la Segunda y de la Tercera. 
 
            Mientras tanto, a nivel internacional y con el informe de Dimitrof en el VII Congreso de la IC, los partidos comunistas darían un giro político completo a sus anteriores posiciones. Los Partidos Socialistas dejaban de ser traidores para convertirse en organizaciones hermanas, con las que era necesario iniciar un proceso de unificación.
 
            El cambio de política se debía a las nuevas  necesidades de la política exterior del Kremlin. Era necesario acercarse a Gran Bretaña y a Francia, para construir un frente que neutralizara los avances del fascismo en Europa y el peligro de agresión militar. Para ello había que ofrecer garantías de que la URSS y las secciones de la Komintern, no sólo no estaban dispuestas a iniciar ninguna revolución, sino que por el contrario estaban dispuestos a frenarla.
 
            La división interna del PSOE permitió que el acercamiento no se hiciera con el partido en su totalidad, sino con la fracción izquierdista dirigida por Largo Caballero. Sin embargo sus condiciones pretendían que "el Partido Unificado" no fuera otro  que el mismo PCE, bajo el férreo control de la Komintern (40).
 
            La unificación del PSOE y del PCE era, en estas condiciones, imposible. Sin embargo, esta bandera sería utilizada por las dos organizaciones. Los caballeristas en su lucha contra el ala derecha del partido, a la que acusaban de enemiga de la unidad revolucionaria del proletariado. El PCE para disputarle al PSOE su propio espacio político (41).
 
            Las organizaciones comunistas antiestalinistas, el BOC y la ICE, rechazaron la  invitación de entrar en el PSOE  para transformarlo en una verdadera organización revolucionaria. Ambos grupos desconfiaban de sus posibilidades y temían que la entrada,  provocara su disolución política en el seno del Partido Socialista. La creación de un verdadero Partido Revolucionario sólo sería posible a partir de la escisión de los miembros sinceramente revolucionarios de la Izquierda Socialista y de un proceso de fusión de las diferentes organizaciones (42).
            La experiencia de las Alianzas Obreras, en las que ambos grupos habían mantenido una estrecha colaboración había acercado sus posiciones políticas. El acercamiento del BOC y de la ICE se daba en un momento de progresivo alejamiento de esta última de las posiciones de Trotsky y del Secretariado Internacional, que defendían la opción "entrista" en el PSOE para trabajar desde dentro por la escisión, que permitiría dotar a la Izquierda  Comunista de una base de masas.
 
            A finales de enero de 1935, el BOC presentó una encuesta a las demás organizaciones que se declaraban marxistas en Catalunya para que éstas se definieran sobre la unidad política, sindical y de acción. Los resultados de la encuesta y el debate iniciado con ella, serían el inicio del proceso de fusión entre la ICE y el BOC, que sería considerado por éstas, como el primer paso dado en la creación del gran Partido Revolucionario estatal. La nueva organización tendría que convertirse en un polo de atracción para las bases izquierdistas del PSOE. La fusión de ambos grupos fue en realidad una absorción, donde la ICE, minoritaria, acabó por aceptar la mayor parte de las posiciones políticas del BOC (43). El 29 de Septiembre de 1935, se constituía el Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM).
 
            El proceso unificador también alcanzó al anarcosindicalismo. El acercamiento de los treintistas, se dio en un proceso que culminaría en mayo de 1936, en el Congreso de Zaragoza, donde los sindicatos de la oposición volvieron a incorporarse a la CNT.
 
            En Octubre de 1935, el PCE propuso además de la fusión con los caballeristas, el desarrollo de las Alianzas Obreras, la creación de un Bloque Popular Antifascista y la entrada de la pequeña CGTU  en la UGT. La segunda propuesta, el desarrollo de las Alianzas, no se planteaba desde una perspectiva revolucionaria, sino como un paso hacia la formación del Bloque antifascista, que contenía ya la esencia del futuro Frente Popular: la colaboración con los republicanos, y la supeditación de las organizaciones obreras a un programa moderado que hiciera posible la Alianza con la burguesía "democrática y antifascista".
Aunque la fusión entre el PSOE-PCE pronto iba a quedar  frenada.
 
            El abandono del BOC y de la ICE del trabajo en el seno del socialismo, facilitaría al Partido Comunista, fusionar en Mayo de 1936, a sus juventudes,  las UJC (5.000 afiliados) con las JSE (80.000), después de ganarse a su cúpula dirigente. Las nuevas Juventudes Unificadas (JSU), se adhirieron a la III Internacional, permitiendo al PCE contar con una base de masas en vísperas de la guerra civil.
 
            La fusión de la pequeña central sindical CGTU comunista, con la UGT socialista no tuvo los mismos resultados. Los caballeristas siguieron controlando la UGT.
 
            El resto de las organizaciones catalanas que se reclamaban del marxismo (PCC, PCP, USC, PSOE), después de la aparición del POUM,  mantuvieron sus comités de enlace, pero la heterogeneidad de sus posiciones políticas impidió cualquier intento unificador.             Solo el inicio de la guerra y la aparición de un movimiento revolucionario triunfante, dirigido por el anarcosindicalismo,  que les amenazaba con la marginación, provocó el proceso de unificación. El 21 de Julio de 1936 aparecía el partido Socialista Unificado de Catalunya (PSUC) que se adhirió, como las JSU, a la Internacional Comunista.
 
2.7.2 Las organizaciones obreras y el Frente Popular.
 
            La represión posterior a los hechos de  Octubre llegó también a los dirigentes republicanos, a pesar de que se habían mostrado hostiles o expectantes. La represión les permitiría recuperar parte del prestigio perdido ante las clases medias. Azaña fue juzgado, encarcelado y acusado de promover una revolución a la que se había opuesto con todas sus fuerzas. Sin embargo, los republicanos siguieron sin tener una verdadera base social.
            El punto cumbre de la recuperación republicana se dió en la concentración de Comillas. Sin embargo, en este acto esta ya latente, la futura ruptura que pronto iba a producirse entre las masas radicalizadas y los dirigentes republicanos:
 
"Ciertamente, la contradicción entre lo que Azaña decía y lo que la inmensa mayoría de sus auditores quería se hizo palpable cuando al terminar <<miles y miles de puños cerrados se levantaron>> sin que Azaña devolviera el saludo" (44).
 
            En el seno del Partido Socialista, la derecha y la izquierda hicieron una interpretación distinta de la frustrada revolución de Octubre. Prieto, que había estado exiliado en París, conseguiría en la reunión del 20 de Diciembre de 1935, que la Ejecutiva del partido aceptara la renovación de la coalición de 1931. Prieto, defensor a  ultranza de la República y enemigo de cualquier tentación revolucionaria, acusó en esta reunión, a la Izquierda Socialista de locura criminal. Para los socialistas moderados, solo una renovación de la Alianza podría evitar que la República fuera destruida.
 
            Largo Caballero, rechazaba cualquier intento de volver a la situación de dicho período. La experiencia había traído  el triunfo de la reacción. Sin embargo, a partir del acto republicano de Comillas, donde se habían concentrado 400.000 personas,  el caballerismo experimentaría una evolución, y acabaría aceptando una nueva coalición. El apoyo al Frente Popular quedaría condicionado: la Alianza sería puramente electoral y temporal. Los socialistas, frustrando los deseos de Prieto, no formarían parte del  futuro gobierno y se limitarían a apoyarlo para que cumpliera su programa mínimo, como un paso  necesario hacia la toma del poder por los trabajadores (45).
Durante 1935, la teoría caballerista de la inminencia de la revolución experimentaría una evolución. Del "inmediatismo revolucionario" se pasaría a aceptar la existencia de un período intermedio, la etapa de la "revolución democrática". Durante el período intermedio, los socialistas deberían prepararse para tomar el poder, pero también tendrían que apoyar a la burguesía avanzada contra la resistencia de los restos feudales (46). Pese a la fraseología radicalizada, el caballerismo carecía de propuestas concretas, por lo que estaba condenado a adoptar una actitud pasiva, prestando su apoyo o adaptándose en cada momento, a la política   más sólida, de las otras corrientes.
 
            El punto más importante de la nueva política de los partidos comunistas era el llamamiento a la construcción de amplios Frentes Populares, que incluyeran a todas las clases y  sectores antifascistas. Para ello, era necesario abandonar cualquier objetivo socialista que pudiese "asustar a las clases medias" o a la pretendida "burguesía democrática". El PCE defendía la necesidad del Frente Único Obrero,  bajo la forma de Alianzas Obreras, pero supeditado al programa moderado, de colaboración de clases del Frente Popular.
 
"El posterior cambio de interpretación de las alianzas obreras, históricamente injustificado, en el sentido del pacto de Frente Popular con las clases medias o con la pequeña burguesía..."
(47).
 
            Ya unos meses antes del VII Congreso de la IC, el programa del PCE había experimentado una importante moderación que lo acercaba a los planteamientos de los republicanos (48). Durante todo el período siguiente, el PCE se declaró como el defensor más fiel de la República, en su fase de revolución "democrático -burguesa". En Abril de 1935 siguiendo el ejemplo del PCF llamó a la formación de un Bloque Popular Antifascista. La unidad antifascista tomaba el carácter defensivo, frente a la represión del gobierno derechista que aunque afectaba a las organizaciones obreras, también se cernía sobre los grupos republicanos de "izquierda" (49).
 
            El llamamiento del PCE, conseguiría cristalizar gracias a la convocatoria de elecciones en Febrero de 1936. El PCE, situándose en la extrema derecha del Frente Popular, se comprometía a "respetar escrupulosamente el compromiso contraído" (50).
 
            El apoyo de todas las tendencias del PSOE, y en mucha menor  medida del PCE, a la nueva alianza con los republicanos, generaría, de forma momentánea entre los trabajadores grandes ilusiones. Aunque el programa electoral del Frente Popular era sumamente moderado y no respondía a ninguna de sus aspiraciones, se podía detener el avance de la reacción derechista recuperando el gobierno para los republicanos de izquierda. La victoria de la alianza significaría también conseguir una de las reivindicaciones más sentidas: la amnistía política a todos los represaliados de Octubre.
 
            En el seno del anarcosindicalismo, se había abierto camino una poderosa corriente de opinión que pretendía revisar  su tradicional aislacionismo. A pesar de su desconfianza hacia los partidos, los militantes de la CNT y de la FAI sabían que la actitud de su organización, frente a los hechos de Octubre había sido un factor que había influido considerablemente en la derrota. Era preciso detener los avances de la reacción que se ocultaba detrás del gobierno. La represión no iba dirigida solo contra los partidos obreros, la CNT   también era víctima de la represión (sus locales clausurados, su prensa prohibida, muchos de los 30.000 presos políticos eran militantes libertarios).
 
            La actitud de la CNT frente a la formación del Frente Popular fue completamente pasiva. No haría campaña a favor de la  bloque electoral, pero tampoco la haría en contra, lo que equivalía a dar su visto bueno para que sus afiliados votaran por él. El anarcosindicalismo abandonaba ,una vez más, su tradicional táctica, pero presa de sus propios prejuicios:
 
"Una vez más olvidó sus principios sin adoptar, a pesar de ello, una nueva línea ideológica consecuente; permanecía desorientada en el tortuoso laberinto del apoliticismo politicómano y de la politiquería antipolítica" (51).
 
            Los libertarios estaban presos de sus propias contradicciones. Por un lado se veían obligados a renunciar a su antielectoralismo, por el otro desconfiaban de un Frente Popular, que no era más que una continuación de la vieja coalición de 1931-1933, que había protagonizado hechos tan sangrientos como el de Casas Viejas. Sin embargo sus bases ideológicas les impedían participar en las elecciones, por lo que la CNT se veía condenada a colaborar, pasivamente, con el Frente Popular.
 
            El POUM defendía la necesidad de revitalizar las Alianzas Obreras que habían encarnado la independencia de clase en el período anterior, frente a la constitución de  un bloque de colaboración de clases, como era el Frente Popular. El POUM criticó el llamamiento del PCE a subordinar el movimiento revolucionario a la Alianza con los republicanos, en nombre del antifascismo:
 
"El Frente Popular tal como lo propaga la IC es el contacto orgánico permanente del movimiento obrero y la burguesía liberal... Por medio del Frente Popular se pierden totalmente las diferencias de clase y se asesta, por lo tanto, un golpe a la lucha de clases, que es la piedra angular del marxismo" (52).
 
            Sin embargo, la inmensa presión causada por las ilusiones de las masas en el Frente Popular, que estaba apoyado por todas las ,grandes organizaciones obreras. provocó un brusco viraje en su línea política. El 4 de Noviembre, el POUM propuso al PSOE y al PCE la formación de una Alianza Obrera Nacional.
 
            Posteriormente haría una nueva propuesta, la coalición obrera discutiría con los republicanos la posibilidad de un pacto electoral, en la que el punto principal del programa sería la amnistía política. Ambas propuestas serían rechazadas. El 15 de Enero, el POUM firmó la constitución del Frente Popular, alegando que era un pacto puramente electoral y circunstancial para detener a la derecha  y conseguir la libertad de los presos políticos y que habían sido obligados por las leyes electorales que favorecían a los bloques electorales. Con la entrada en la coalición, los poumistas pretendían evitar su marginación política frente al masivo respaldo que recibía el Frente Popular. Los cambios en su política por temor a  la marginación política, sería una táctica que volvería a repetirse, con resultados nefastos para el POUM, durante la guerra civil.
 
            De distintas maneras, todas las organizaciones obreras quedaban supeditadas a la reedición de la Alianza de 1931.
 
2.7.2.1 Frente Único Obrero versus Frente Popular. Naturaleza y programa.
 
            El programa de las Alianzas Obreras, con mayor o menor claridad, reivindicaba la independencia orgánica y política del movimiento revolucionario frente a los republicanos. El Frente  Popular defendía exactamente lo contrario, las organizaciones obreras supeditaban su línea política a la defensa de un programa moderado y liberal, que estaba representado por los republicanos.
 
            El programa frentepopulista se desarrollaba en ocho puntos. En el preámbulo las organizaciones obreras se comprometían a apoyar el programa que desarrollaría el nuevo gabinete. Se defendía el restablecimiento del imperio de la Constitución y la defensa del principio de autoridad del gobierno. Los republicanos dejaban muy claras cuales eran sus intenciones frente a las tentaciones revolucionarias de las masas:
 
"La República que conciben los republicanos, no es una república dirigida por motivos sociales o económicos de clases... llevar las condiciones morales y materiales de los trabajadores hasta el límite máximo que permita el interés general de la producción" (53).
 
            Tras los eufemismos y el mito  del Estado, como árbitro que se sitúa por encima de las clases sociales, los dirigentes republicanos también dejaban muy claro los límites de su reformismo: la defensa de la propiedad privada. En una economía atrasada como era la española y en un contexto de crisis mundial, solo podía significar el futuro enfrentamiento con las aspiraciones más elementales de las masas.
            Las Alianzas Obreras habían simbolizado la independencia  de los trabajadores frente a la burguesía republicana liberal.  Sin embargo, la falta de democratización y su funcionamiento burocrático  había mostrado sus graves limitaciones. El  proyecto aliancista había quedado arrinconado. Para unos eran algo anacrónico y superado, otros las relegaban a un futuro indeterminado, por cuestiones tácticas. Sin embargo y tal como señala Manuel Grossi, por una extraña ironía de la historia, la victoria del Frente Popular, iba a ser posible gracias a la Revolución de Octubre, que encarnaba la antítesis de la colaboración de clases y por lo tanto, las Alianzas Obreras (54).
 
            En los diferentes puntos se indicaba el rechazo de las propuestas de la Izquierda Socialista sobre la nacionalización de la tierra y su entrega gratuita a los campesinos, el control obrero de los medios de producción, la nacionalización de la banca o el subsidio de paro. La indicación propuesta por los socialistas para dejar claro que sus propuestas habían sido rechazadas, evidenciaban sin embargo, su capitulación. Se veían obligados a aceptar un programa político que estaba muy lejos de ser, ni siquiera, el de la "revolución democrática" que pretendían defender para esta etapa.
 
            La identificación de fascismo y restos feudales, que hacía gran parte de la izquierda (olvidando que el fascismo italiano y el alemán eran fenómenos completamente burgueses) justificaba la aceptación de los partidos obreros de convertirse en el furgón de cola de los republicanos, y de su proyecto de modernización del capitalismo español.
 
            El Frente Popular era un calco de la coalición republicano -socialista de 1931, con la diferencia de que éste contaba, en esta ocasión, con la adhesión del PCE y del POUM. Sin embargo, había una diferencia mucho más importante. En 1931 las ilusiones democráticas de los obreros y del campesinado pobre en la República eran inmensas; en 1936, las expectativas de las masas no se centraban en el Frente Popular, sino en sus dirigentes que aseguraban la inminencia de la revolución socialista. Una vez detenida la reacción y agotado el proyecto republicano.
 
            Un programa tan moderado no podía despertar los temores de la derecha, pero sí la evidente debilidad del Frente Popular, pese al apoyo prestado por las organizaciones obreras, para resistir los presiones del movimiento revolucionario. En realidad, la teoría interclasista que lo justificaba era completamente falsa:
 
"Los núcleos principales de la burguesía, incluyendo la mayor parte de la burguesía media y capas importantes de la pequeña burguesía urbana y rural,... formaban un bloque, de hecho, con la aristocracia terrateniente, las castas militares y eclesiásticas, los grupos fascistas" (55).
 
            El grueso de la burguesía y de las clases dominantes, temerosas de la revolución, se hallaban claramente decantadas hacia la solución "fascista",  y pese a su heterogeneidad y sus divisiones internas, se agrupaban en su inmensa mayoría, en torno a la CEDA . También el proletariado y el campesinado pobre se hallaban claramente decantados hacia posiciones revolucionarias:
 
"Decepcionado hasta el tuétano de la república parlamentaria instaurada el 14 de abril y de sus políticos liberales, ya no confiaba más que en sus propias fuerzas, en sus organizaciones clasistas; ya no creía en programas <<mínimos>>, en las medias tintas. Puede decirse, sin exagerar, que su <<programa mínimo>> era la revolución social" (56).
 
            La situación no podía engañar a nadie. Los dos campos, la reacción y la revolución se encontraban claramente, frente a frente. Sólo los separaba una delgada capa formada por los dirigentes de las organizaciones que apoyaban el Frente Popular.
 
2.8 DE LAS ELECCIONES DE FEBRERO AL 18 DE JULIO.
 
            Las elecciones del 16 de Febrero de 1936 dieron la victoria al Frente Popular con 4.838.449 votos, frente a 3.996.931 de la coalición de derechas y 449.320 del centro. Los resultados se tradujeron en las Cortes en 277 parlamentarios frentepopulistas, 132 derechistas y 32 del Centro (57). La aportación del voto anarcosindicalista al Frente Popular se calcula en un millón y medio. Los resultados por supuesto, no son fiables, en un sistema electoral donde el caciquismo y el pucherazo eran una práctica habitual. Sólo su análisis global, nos rebela algunas datos  importantes que hay que tener en cuenta, para comprender los acontecimientos que se aproximaban. Por eso nos parecería absurdo cualquier estudio que pueda hacerse sobre los resultados, basándose en un análisis fetichista de los resultados.
 
            Lo primero destacable de los resultados electorales fue el reflejo de la polarización social entre revolución y contrarrevolución. El Centro, sobre el que Alcalá Zamora, pretendía asentar la  gobernabilidad de la República se desmoronó por completo. Sus principales dirigentes (Lerroux y Cambó) ni  siquiera fueron elegidos, mientras que otros dirigentes derechistas, como Calvo Sotelo tuvieron problemas para conseguir  su elección. Las clases medias se habían dividido entre los dos polos de atracción, el proletariado y la burguesía.
 
            El sometimiento de los partidos obreros al proyecto republicano aparecía claramente reflejado en el reparto de los escaños en el seno del Frente Popular. Los republicanos contaban con 159 parlamentarios (84 para la Izquierda Republicana de Azaña, 37 de la Uniòn Republicana y 38 de la Esquerra Republicana de Catalunya), mientras que el PSOE, la única organización que contaba con una verdadera base social solo había obtenido 90 escaños. El PCE consiguió 16 quedando sobrerrepresentado por los pactos internos del Frente Popular, mientras que el POUM y el Partido Sindicalista solo consiguieron uno respectivamente (58).
 
            La situación que se desencadenó con el triunfo del Frente Popular ocasionó la dimisión del centrista Portela Valladares y la formación de un nuevo gobierno de la coalición vencedora.
 
2.8.1 La evolución post-electoral.
 
            La prueba de la ficción que era el Frente Popular se puso en evidencia inmediatamente después de su victoria electoral. Las masas trabajadoras no esperaron a la formación del nuevo gobierno para satisfacer su reivindicación más sentida, la amnistía política. A partir del 17 de Febrero, grandes manifestaciones como las ocurridas en Valencia y en Oviedo, abrieron las cárceles y liberaron a los presos políticos. Poco después estallaban huelgas por todo el país exigiendo la reincorporación de los obreros despedidos por represalias políticas y por el aumento de los salarios.
 
            La victoria del Frente Popular desembocaba inmediatamente en una situación revolucionaria. A finales del mes de febrero, movimientos campesinos de ocupación de tierras aparecían y se extendían por  todo el país. Cerca de 70.000 yunteros extremeños ocupaban las grandes propiedades de los terratenientes de la región. Movimientos similares se desarrollaban en Andalucía y   en parte de Castilla. A menudo, el gobierno frentepopulista tenía que contemplar con impotencia las acciones del campesinado y legalizar por medio del Instituto de la Reforma Agraria las ocupaciones de tierras. Pero también, en numerosas ocasiones la acción del campesinado desembocó en enfrentamientos con la guardia civil, con sangrientos resultados (Yeste).
 
            En  los meses posteriores a la victoria electoral hasta el 18 de Julio, la situación revolucionaria se desarrollaría con gran rapidez:
 
"170 iglesias incendiadas, 269 muertos, 1287 heridos, 2l5 atentados, 113 huelgas generales, 228 parciales y 145 explosiones de bombas" (59).
 
            La radicalización del movimiento crecía a medida que los meses pasaban y las aspiraciones de las clases populares no eran satisfechas.
 
"En junio-julio se registró un promedio de diez a veinte huelgas diarias. Hubo días con 400.000 a 450.000 huelguistas. Y el 95% de las huelgas que tuvieron lugar entre febrero y julio de 1936 fueron ganadas por los obreros. Grandes manifestaciones obreras desfilaban por las calles exigiendo pan, trabajo, tierra, aplastamiento del fascismo y victoria total de la revolución".
...
"La ocupación de las calles, de las empresas y de las tierras, la incesante acción huelguística, impulsaban al proletariado urbano y agrícola hacia formas más elevadas de la lucha política" (60).
 
            Efectivamente, el movimiento revolucionario, más fuerte y radicalizado que nunca, apuntaba claramente hacia el desenlace final, hacia la confrontación. En el 1 de Mayo de 1936, las bases socialistas se manifestaron bajo las consignas de "Queremos un gobierno de los trabajadores" y "¡viva el Ejército Rojo!". El Frente Popular, una pálida sombra de gobierno, contemplaba impotente y paralizado, como el desarrollo de la situación no pasaba por el Parlamento, ni por el gobierno, sino en la calle y en el campo. Con sus triunfos, las clases populares crecían en la confianza en sus propias formas de luchas, frente a la paralización de los métodos parlamentarios que se mostraban, como en 1931, tímidos e impotentes.
 
            En Catalunya el movimiento huelguístico y las acciones violentas fueron menores. La problemática campesina era  diferente a la del resto del estado, ya que no existían grandes  propiedades y las ocupaciones de tierra fueron prácticamente inexistentes. Mientras la situación en el campo catalán se mantenía más o menos, estabilizada. En las ciudades, el crecimiento del anarcosindicalismo era la característica dominante de la situación.
            Se puede hablar, sin lugar a dudas, de que entre febrero y Julio, existía en España un triple poder.
 
            -La reacción derechista, aterrorizada por la evolución de los acontecimientos, abandonaba definitivamente los métodos parlamentarios para terminar con el movimiento revolucionario y se entregaba, a los militares monárquicos que conspiraban desde la instauración de la República. Los militares, apoyados por las clases dominantes del país y por la Iglesia, eran conscientes que había llegado su momento.
 
            -El movimiento revolucionario aplicaba la acción directa.  Con sus movilizaciones, los trabajadores demostraban sus nulas ilusiones en  la política que pudiera llevar a cabo el gobierno republicano, y presionaban a sus propias organizaciones para que tomasen en sus manos la situación. El gobierno no tuvo un momento de respiro, en el que se habrían ido apagando lentamente las ilusiones democráticas de los trabajadores. Éstos habían pasando inmediatamente a la acción. Sin embargo, el peligro para el movimiento revolucionario, estaba en el Frente Popular, en el apoyo político que éste, insistentemente, recibía de la mayor parte de las organizaciones obreras. Era este apoyo, el que actuaba como un verdadero freno en el proceso de radicalización de la situación.
 
            -Entre ambos antagonistas, se situaba el cada vez más acorralado gobierno republicano. Azaña pretendía inútilmente demostrar que la República seguía teniendo la capacidad para frenar a los revolucionarios, y por lo tanto que el proyecto republicano todavía era viable. Superficialmente, su capital político conseguido durante la campaña electoral, permanecía intacto. La mayor parte de los partidos y sindicatos obreros estaban dispuestos a subordinar sus políticas al compromiso   que habían adquirido con el Frente Popular. Sin embargo, el gobierno republicano, empequeñecido por la sombra de los dos colosos sociales, era incapaz de llevar a cabo su propia línea. No era más que una ficción.,El gobierno tenía que hacer respetar la legalidad republicana, si quería sobrevivir, pero para ello tenía que contar incondicionalmente con los cuerpos de seguridad del Estado, el ejército, los guardias de asalto y la guardia civil.
 
            Desde el primer momento la política hacia estas instituciones fue cerrar los ojos, frente a las evidencias de los avances de la conspiración. El gobierno se negaba a cualquier tipo de depuración en el ejército, ni siquiera de los elementos más declaradamente fascistas.             La actitud del gobierno de Azaña no puede ser tachada ingenua, sino de interesada. Frente a la potencial amenaza revolucionaria y la incapacidad de las organizaciones obreras   del Frente Popular para frenar a sus propias bases, los políticos republicanos tuvieron que apoyarse más y más, en el estamento militar. Este fue la razón política de la elección para el Ministerio del Ejército del general Carlos Masquelet Lacaci,  antiguo ministro y hombre de confianza de Lerroux en el bienio negro, ante la sorpresa y el malestar de los mismos socialistas moderados (61).
 
            Los principales líderes militares de la conspiración  habían sido trasladados en sus destinos, pero fueron mantenidos en puestos estratégicos, a cambio de una promesa formal de fidelidad a la República.
 
"Muchos oficiales republicanos instaban a los políticos medidas de control contra las conspiraciones. Pero el Gobierno no se atrevía a tomar medidas enérgicas, confiado en una política de apaciguamiento, con ingenuas declaraciones públicas" (62).
 
            El general Franco fue enviado a Canarias, cerca de la principal base de la conspiración, Marruecos; Mola era trasladado a Navarra, uno de los focos peninsulares de la contrarrevolución y Goded a Mallorca. Ante los rumores públicos sobre los preparativos del golpe, el gobierno salió en defensa de los "fieles servidores del poder constituido y garantía de obediencia a la voluntad popular" (63). La pretendida ceguera republicana se mantendría incluso en los primeros momentos del golpe, negándose a creer que éste se hubiera puesto en marcha.
 
            Esta aparentemente incomprensible actitud, sólo puede explicarse por el intento desesperado del gobierno para mantener el orden frente a la creciente polarización social. La depuración de los golpistas hubiera afectado profundamente al ejército, donde  éstos contaban con grandes simpatías, y hubiera acelerado el proceso conspirativo. Los republicanos temían el golpe militar, pero temían infinitamente más a la radicalización del movimiento obrero y del campesinado, que habría liquidado definitivamente su proyecto modernizador del capitalismo español.
            La táctica de los republicanos era atraerse a los mandos militares hacia su causa, mientras se reprimía las movilizaciones en el campo y en la ciudad. Como contrapartida, para contentar a la izquierda del Frente Popular, era declarada ilegal la   ultraderechista Falange Española. Sorteando a ambos contendientes, el gobierno pretendía salvar la ficción del régimen republicano.
 
"El gobierno era una ridícula cúspide <<antifascista>> coronando la pirámide de un Estado perfectamente agarrado, en todos sus organismos esenciales, por las facciones contrarrevolucionarias" (64).
 
            Las cárceles vaciadas al día siguiente de la victoria electoral, se llenaron de nuevo de militantes obreros y campesinos. Una buena parte de los nuevos presos, pertenecientes a las organizaciones que apoyaban al gobierno, fueron acusados de ocupar ilegalmente las grandes propiedades agrícolas, o por participar en huelgas ilegales. La CNT fue perseguida por su apoyo a las movilizaciones y  amenazada con la ilegalización. Un mes antes del inicio de la guerra, los locales del sindicato   estaban cerrados. Sólo la presión popular y la solidaridad de la UGT obligaron al gobierno a retroceder en el cumplimiento de sus amenazas.
 
 
2.8.2 Las organizaciones obreras. Programa, análisis y perspectivas.
 
            La fisonomía política del movimiento obrero durante el período post-electoral hasta las vísperas del intento de golpe se refleja en la estadística sobre la afiliación sindical: la UGT agrupaba a 1.447.000 de miembros mientras que la CNT tenía 1.557.000. La suma de ambas organizaciones sindicales era algo superior a los tres millones de afiliados, cerca de un 40% de los trabajadores del país. La militancia política de los partidos obreros estaba incorporada en su mayoría a una u otra central sindical o, como la FOUS (POUM) estaba en proceso de hacerlo.
 
2.8.2.1 El Partido Socialista.
 
            La derecha de Besteiro y el centro de Prieto que controlaban el aparato del Partido, se volcaron incondicionalmente a apoyar al nuevo gobierno republicano. Ambos dirigentes políticos llamaron a la moderación y a la paciencia de los trabajadores, considerando que era la única forma para defender a la República, frente a la reacción fascista.
 
            La mayor parte de las bases ugetistas y socialistas se agrupaban en torno a Largo Caballero. Desde 1934, la Izquierda Socialista había pasado del rechazo más absoluto a cualquier pacto con los republicanos, al descubrimiento de la existencia  de una etapa "democrático burguesa" intermedia, previa a la revolución socialista. El viraje radical de la Izquierda Socialista reflejaba la adaptación política del caballerismo a la presión proveniente de los republicanos, del PCE y de la derecha de su propio partido. La nueva teoría justificaba la alianza circunstancial con la burguesía "democrática". Los caballeristas no aceptaban abiertamente el proyecto azañista, pero tampoco proponían otra alternativa. Se limitaban a ir a remolque de los acontecimientos y de las iniciativas de los grupos restantes.
 
            El caballerismo persistía en la idea de que, con la debilidad de la pequeña burguesía, la reacción levantaría la cabeza  e intentaría el golpe de Estado. El agotamiento  de los republicanos entregaría, como fruta madura, el poder a los socialistas. Se identificaba la revolución con un simple cambio de gobierno.  Era una visión mecanicista de los acontecimientos, que cedía la iniciativa a la reacción. La derecha sería aplastada por una huelga general y por la respuesta unitaria de los trabajadores. Desde este punto de vista, era innecesario cualquier programa o plan para enfrentarse a los acontecimientos.
            La visión de Caballero, no era compartida por Prieto, que consideraba que el agotamiento republicano arrastraría al resto de organizaciones del Frente Popular (65).
 
            A partir de la defensa de la etapa "democrática", se inició una evolución hacia la defensa, cada vez más clara, del proyecto del Frente Popular:
 
"A su lado estamos para ayudarles con toda la resolución precisa en el desenvolvimiento del programa que juntos hemos suscrito, aunque no nos satisface" (66).
 
            La idea de que la coalición era puramente electoral, o su propia circunstancialidad  fue desapareciendo para convertirse en un pacto estable y permanente. En estas circunstancias, el poder ya no estaba al alcance de los trabajadores, y la disolución del Frente Popular solo podía favorecer a la derecha.
 
            El gobierno republicano tenía que desarrollar su programa. Los socialistas se limitarían a ayudar y a presionar para que los  republicanos cumpliesen. La negativa del caballerismo a que el Partido socialista formase parte del gobierno sólo puede entenderse como una maniobra destinada a evitar que Prieto consiguiese sus propósitos de formar parte de él. La exigencia de  que se formase un gobierno socialista monocolor, después del agotamiento de los republicanos, si éstos no eran capaces de cumplir su programa, era irreal. El caballerismo carecía de un plan para conseguir sus objetivos.  Por el contrario, a medida que la situación se deterioraba, sus intervenciones se encaminaban a calmar los ánimos de sus propias bases sociales y a conseguir apoyos para el gobierno. Se observa un abandono del lenguaje revolucionario y de las antiguas referencias a la dictadura del proletariado. En una entrevista con el ministro de Trabajo, Largo Caballero aseguró que las huelgas y las manifestaciones:
 
"no tienen en ningún momento carácter de agresión contra la República, contra el régimen ni contra el poder constituido" (67).
 
            Ante los sangrientos sucesos de Yeste y frente a los sectores de sus propias  bases que reclamaban la disolución de la guardia civil, afirmaban que:
 
"como colaboradores del <<Frente Popular>>, no les es lícito <<pedir al gobierno medidas que no entran en sus propósitos y que ciertamente rebasan el programa del Frente Popular>>, con lo que se referían a su intención de no pedir la disolución de la Guardia Civil..." (68).
 
            Los rumores de conspiración fueron considerados exagerados, e incluso como una maniobra prietista para justificar su entrada en el gobierno. El caballerismo subestimaba los planes conspirativos de la reacción, a la que esperaba derrotar con la simple respuesta espontánea de las masas, y que se convertiría  en el mecanismo por el que la Izquierda Socialista esperaba acceder al gobierno.
 
2.8.2.2 El Partido Comunista.
            El PCE se convirtió en la organización obrera más entusiasta e incondicional del Frente Popular. No se trataba de preparar la revolución socialista, sino de defender y consolidar a la República. Como los caballeristas, los comunistas oficiales  defendían la existencia de una etapa intermedia, anterior a la revolución socialista. La revolución democrático-burguesa, dirigida por una supuesta "burguesía democrática", liquidaría los restos del feudalismo. También, como los socialistas, se identificaba al fascismo, no con la burguesía aterrorizada por la revolución, sino con los residuos feudales. La posición del PCE era, por lo tanto, defender el nuevo gobierno y presionarlo para que cumpliese su programa moderado. Pero al contrario de Caballero, que excluía la participación del PSOE en el gobierno, los comunistas se acercaban a los prietistas, al defender la formación de un gobierno de coalición y no republicano, exclusivamente.
            Durante años, cuando no habían condiciones, el PCE había clamado por la revolución proletaria. Ahora, que la República entraba en crisis, y el movimiento revolucionario empujaba, el  PCE se convertía, con su interpretación "democrático-burguesa", en uno de los soportes más fieles del régimen republicano. Los llamamientos para limitar el movimiento huelguístico, durante este período, fueron constantes:
 
"No es un secreto para nadie que después del 16 de Febrero, los patronos fascistas utilizan como forma de lucha el empujar primero a los obreros a declarar conflictos y luego prolongar su solución, mientras sea necesario y posible, para desesperar a las masas, lo cual provocará actos esporádicos sin finalidad ni efectividad... pero que enfrentarán a los obreros con el gobierno, porque ésta es una de las condiciones... para un golpe de estado" (69).
 
            Frente a la amenaza fascista, el Partido Comunista llamó a la unidad   de la clase obrera (PCE-PSOE, CNT-UGT), pero por la defensa y  consolidación de la República, no para superarla.
Ante el rápido deterioro republicano, José Diaz se vió obligado a reconocer que:
 
"El gobierno, al que estamos apoyando lealmente en la medida en que cumple el pacto del Bloque Popular, comienza a perder la confianza de los trabajadores. Y yo digo al Gobierno Republicano de izquierda que este es el camino erróneo del 14 de Abril de 1931. Y que si sigue por este camino, nosotros obraremos, no rompiendo el Bloque Popular, sino fortaleciéndolo y empujando hacia la solución de un Gobierno de tipo popular revolucionario que imponga las cosas que este Gobierno no ha comprendido o no ha querido comprender" (70).
 
            La declaración del dirigente comunista no podía ser más patética. La política internacional del estalinismo obligaba al  PCE a insistir en el programa del Frente Popular, cuando éste era cotidianamente desbordado por los trabajadores, que se empeñaban, tozudamente, en no respetar la naturaleza "democrático burguesa" de la revolución.
 
2.8.2.3 El anarcosindicalismo.
 
            La CNT había apoyado al Frente Popular, dando libertad de voto a sus afiliados, para conseguir la amnistía y evitar el triunfo de la derecha, que solo podía significar el avance del fascismo.
 
            El peligro de una sublevación militar había sido analizado antes de la victoria electoral del Frente Popular. El 14 de Febrero, el Comité Nacional había lanzado un manifiesto que denunciaba los planes de la conspiración:
 
"Marruecos parece ser el foco y epicentro de la conjura. La acción insurreccional está supeditada al resultado de las elecciones. El plan teórico y preventivo lo pondrán en práctica si el triunfo lo consiguen las izquierdas. Nosotros, que no defendemos la República pero que combatiremos sin tregua al fascismo, pondremos a contribución todas las fuerzas de que disponemos para derrotar a los verdugos históricos del proletariado español... La democracia sucumbirá entre dos fuegos, por inactual, por desplazada del terreno de la lucha. O fascismo o revolución social..." (71).
 
            Sin embargo, la amenaza fascista fue subestimada por todas las organizaciones obreras,incluida la CNT.
 
            Entre los meses de febrero y Julio, la CNT apoyó todo el proceso de huelgas y de movilizaciones que se desarrollaban por todo el país, y que amenazaba con desbordar al gobierno del Frente Popular, lo que la llevó a enfrentamientos con la UGT. La actitud del anarcosindicalismo frente a la moderación republicana fue de rechazo,  acusándolos de no haber adoptado durante los primeros meses de gobierno, las mínimas medidas democráticas para  corregir la secuelas de la represión del bienio negro:
 
"Pronto hará tres meses que la coalición de izquierdas, consiguió el triunfo electoral. Las masas populares dispuestas a que fueran libertados los presos y restablecidas las garantías constitucionales, votaron a los hombres de izquierda. Han sido liberados muchos presos, no todos, pero siguen en vigencia el estado de excepción y de alarma. La prensa vive la vergüenza de la sumisión a la previa censura. No hay, pues, libertad de expresión. De aquellos fogosos discursos y de aquellas risueñas promesas, no queda absolutamente nada" (72).
 
            El 1 de Mayo de 1936, se realizó en Zaragoza, el IV Congreso de la organización, que se caracterizaría por el triunfo completo de la FAI sobre las demás corrientes. Pese a la maduración revolucionaria, la CNT no hizo ningún análisis sobre la situación política. Siguiendo la vieja tradición faísta, la sobreestimación de la espontaneidad revolucionaria de las masas sustituyó a cualquier plan para enfrentarse a los acontecimientos que estaban a punto de suceder. La oposición treintista que asistió al Congreso para reingresar a la CNT y los "anarcobolcheviques", fueron los vencidos. Los treintistas abandonaron sus antiguas críticas, y aceptaron las resoluciones del Congreso, a cambio de algunas concesiones. Los anarcobolcheviques intentaron que el sindicato fuera consecuente con el peligro fascista, reclamaron la formación de milicias confederales, pero fueron derrotados por los anarquistas "puros".
 
            El texto aprobado en el Congreso, poco o nada tenía que ver con la situación. En un momento en el que el choque decisivo se acercaba, donde la amenaza de la reacción se desarrollaba con rapidez, y donde el volcán revolucionario estaba al borde de la erupción, las resoluciones aprobadas hablaban de la futura sociedad anarquista y se tomaban posiciones sobre la reforma agraria. El único punto que respondía a las necesidades del momento, sería una propuesta de Alianza Revolucionaria con la UGT, que se condicionaba al abandono de la colaboración de ésta con el gobierno.
 
            El IV Congreso de la CNT fue una oportunidad perdida para el movimiento libertario. Dos meses después el anarcosindicalismo tendría que enfrentarse a una situación revolucionaria, provocada por el levantamiento militar, en las peores condiciones posibles.
 
"... que en el Congreso de Zaragoza hicieron tabla rasa de   todas las experiencias acumuladas desde 1919, no se entregaron a ningún análisis de la coyuntura política, y se vieron obligados, el 19 de Julio, a improvisar en la incoherencia más completa" (73).
 
            Sólo la creatividad y el entusiasmo de sus militantes evitaría el hundimiento de la organización. Esta subestimación por la teoría y por   el estudio de la situación iba a tener nefastas consecuencias pocos meses después, ya en plena guerra civil.
 
2.8.2.4 El Poumismo.
 
            El POUM había apoyado al Frente Popular por cuestiones tácticas: la amnistía de los presos de Octubre y el temor a verse aislado por el aparente renacimiento de las ilusiones democráticas que produjo la campaña electoral. Su línea     política, entre los meses de Febrero y Julio sería de vacilación frente a la coalición obrero-republicana. Inmediatamente después de conocerse los resultados, declaró su independencia con respecto al Frente Popular y criticó el apoyo del PCE y del PSOE al gobierno surgido de las elecciones. Esta postura no  impediría que el único diputado del POUM, Joaquín Maurín, votara a favor del gobierno de Azaña, precipitadamente constituido después del triunfo electoral (74). Ante la convocatoria de nuevas elecciones municipales volvió a apoyar a la coalición, para volver a atacarla, después de ser postergadas por Azaña (75).
 
            La táctica de los dirigentes socialistas y comunistas, de intentar limitar las movilizaciones y de moderar las reivindicaciones de los trabajadores, en aras de la consolidación del gobierno fue tachada de crimen y de traición, porque consolidaba el dominio de la burguesía, bajo la forma republicana (76). Sin embargo, Maurín, llamó al gobierno republicano a emprender una política de nacionalizaciones y a adoptar medidas progresivas, a la manera de las que había aplicado Blum en Francia, para detener los avances del fascismo (77). La política poumista combinaba la crítica y la denuncia, con la colaboración con el Frente Popular, según el momento y la situación, lo que lo convertía, sin quererlo, en su ala izquierda.
 
            La política poumista se  basaba en dos puntos fundamentales:
 
            -La revitalización de las Alianzas Obreras, condenadas al ostracismo y a la disolución por el abandono del PSOE del proyecto. Andreu Nin, secretario del partido, debatiendo con las JSE partidarias también de las Alianzas, defendió la necesidad de que los nuevos organismos revolucionarios abandonasen su carácter burocrático y que se democratizasen, dando el protagonismo, la participación y su  control a las masas.
 
            -El segundo punto sobre el que descansaba la política poumista era la necesidad del Partido revolucionario. El POUM sentía su propia debilidad frente a las poderosas corrientes socialista y anarquista que organizaban a la inmensa mayoría del movimiento obrero español. Su política vacilaba entre la crítica principista y la adaptación a estas corrientes, era un reflejo de esta visión. El POUM esperaba que las circunstancias arrastrarían a la izquierda del Partido Socialista y al sector más consecuente de la CNT hacia posiciones consecuentemente revolucionarias. Entonces sería posible la deseada unidad revolucionaria. Mientras tanto, el poumismo se veía obligado a nadar entre dos aguas, esperando su oportunidad.
 
            En vísperas de la guerra civil, todas las organizaciones obreras, de una forma u otra, estaban ancladas en el Pacto del Frente Popular.
 
            El PCE se declaraba su más entusiasta defensor. El socialismo español se encontraba dividido en dos fracciones, sin embargo los dirigentes de ambas, no estaban dispuestos a ir más allá del pacto con los republicanos. El anarcosindicalismo y el poumismo se declaraban críticos del Frente Popular. Sin embargo y aunque apoyaban decididamente al movimiento revolucionario, carecían de alternativas. El anarcosindicalismo, preso de sus prejuicios tradicionales, sobrevaloraba el espontaneísmo de las masas y consideraba que la voluntad revolucionaria era una condición suficiente para la victoria. El Poumismo analizaba correctamente la naturaleza del Frente Popular, pero no se atrevía a romper frontalmente con él, por temor a quedarse aislado políticamente.
 
            Con el 18 de Julio de 1936 se iniciaría una nueva situación revolucionaria que desnudaría la ficción  frentepopulista. Todos los historiadores sin excepción, reconocen el carácter espontáneo del movimiento que barrió la legalidad republicana y que hizo fracasar la sublevación en la mayor parte del país. Sin embargo,  la espontaneidad tenía sus límites. Los trabajadores carecían de una organización dispuesta a llevarlos al poder. La dualidad de poderes que pretendemos estudiar en este trabajo, fue de hecho, fruto de la falta de esta dirección revolucionaria. También es en este vacío político, donde encontraremos también las causas del fracaso de la revolución española.
 
2.8.3 La reacción en marcha. Los preparativos del golpe.
 
            La victoria electoral del Frente Popular sorprendió a la derecha que esperaba su triunfo. El resultado electoral llenó de pánico a las clases dominantes.
 
            El 17 de Febrero, Franco, Calvo Sotelo y Gil Robles, reclamaron al jefe de gobierno Portela Valladares, la declaración del estado de guerra para hacer frente al movimiento revolucionario que amenazaba con desbordar, desde los primeros momentos, al victorioso Frente Popular. La declaración hubiera significado en realidad, un golpe de Estado de imprevisibles consecuencias y hubiera desencadenado el enfrentamiento, en un momento en el que la derecha se encontraba dividida.
 
            Primero era necesario desarticular al poderoso movimiento revolucionario en nombre del Frente Popular. Después había que subsanar los antagonismos que debilitaban a la derecha y que afectaba a la misma unidad del ejército, que se había  convertido en la columna vertebral de la reacción.
 
            Durante el período comprendido entre los meses  de febrero y julio, el terrorismo falangista y los sabotajes económicos iban  a preparar el ambiente psicológico para el golpe de estado. La derecha, completamente entregada a los planes conspirativos de la Unión Militar Española (UME), abandonó en la práctica cualquier iniciativa parlamentaria. Las Cortes serían utilizadas como tribuna para atraerse a los sectores de la pequeña burguesía, temerosa de  un movimiento revolucionario que se agitaba pero que, falto de dirección, no se decidía a tomar el poder.
 
            Alcalá Zamora fue destituído de la  presidencia de gobierno   y un mes más tarde, sustituido por Azaña. En las votaciones la derecha se abstuvo o dió libertad de voto a sus parlamentarios. Poco podía preocuparle quién iba a ocupar la presidencia de la República, cuando había dejado de creer en ella.
 
            La burguesía era consciente de que la República ya no era una salvaguarda segura para sus intereses. La reacción necesitaba tiempo para preparar el golpe de Estado que tenía que devolver la situación a su cauce tradicional. La defensa que hacían las organizaciones obreras del Frente Popular del régimen servía, objetivamente, a sus   intereses. El pacto les obligaba a frenar las luchas de los trabajadores y las dejaba sin dirección. La derecha, mientras tanto, recobraba la confianza en sus propias fuerzas, después del fracaso electoral de febrero, al ver que el adversario era incapaz de enfrentarse seriamente a ella.
 
            La incapacidad del movimiento obrero, durante dicho período, para tomar el poder, pese a las grandes luchas y movilizaciones desencadenadas, hizo que parte de la pequeña burguesía, que había votado por el  Frente Popular o por los partidos del Centro, acabase simpatizando con las promesas de orden que lanzaba la reacción.
 
            Una vez las diferentes organizaciones derechistas estuvieron unificadas bajo la dirección del ejército, la cuenta atrás para llevar a cabo el plan, se puso en marcha. Los asesinatos del teniente de Asalto, Castillo, simpatizante de la izquierda, y  también del líder de la extrema derecha Calvo Sotelo, serían el pretexto para adelantar el golpe. El 17 de Julio las guarniciones de Marruecos proclamaban el "pronunciamiento" que iba  a desencadenar la guerra civil.
 
 
 
 
3. LAS JORNADAS DE JULIO. LOS INICIOS DEL DOBLE PODER.
 
            El 17 de Julio, las tropas acantonadas en Marruecos se pronunciaron contra el curso de los acontecimientos de los últimos meses y exigieron una corrección drástica de la República.
 
            El contenido de la proclama no iba dirigido contra el orden republicano ni contra el Frente Popular, sino contra el movimiento revolucionario que tendía a desbordarlos. En  los planes de los militares insurrectos no estaba previsto el inicio de una guerra civil, ni que el intento de golpe de estado derivase en una auténtica revolución que terminaría con las instituciones republicanas. La  conspiración copiaba los esquemas del  clásicos pronunciamientos decimonónicos. El pronunciamiento   provocaría la dimisión del gobierno y la implantación de un directorio militar, que llevaría a cabo la represión contra las organizaciones obreras y que restauraría el orden republicano.
Al día siguiente, y frente a la pasividad gubernamental, que ocultaba a la población las noticias del levantamiento y que lo declaraba limitado a "algunas zonas del Protectorado", la sublevación se extendió por toda la península. La actitud del gobierno, apoyado por las organizaciones obreras   del Frente Popular, (bajo la consigna de "El gobierno manda y el Frente Popular obedece") fue la de llamar a la población a la serenidad. El gobierno, en un intento para evitar la participación de la población y de los trabajadores en los enfrentamientos, proclamó que las fuerzas leales al gobierno se bastarían para sofocar la sublevación.
 
            Largo Caballero pidió públicamente, en nombre de la UGT, que se armara   a los obreros para poder defender la República. La petición fue rechazada por el gobierno, temeroso de que este hecho pudiera significar la liquidación del orden republicano y el desencadenamiento de la revolución.
 
            Ante los avances de los golpistas, la CNT y la UGT proclamaron la huelga general, en la noche del 18 de Julio. En la madrugada del mismo día, el presidente Casares Quiroga presentó  su dimisión, después de que hubieran  fracasado las negociaciones con los sublevados.
 
            Poco después, Azaña, propuso al presidente de las Cortes, Martínez Barrio, que formase el nuevo gabinete, que debería estar compuesto exclusivamente por republicanos y situado políticamente, a la derecha del Frente Popular. Con esta derechización, Azaña pretendía facilitar el acuerdo con los sublevados y evitar a toda costa, la intervención de las masas y el hundimiento del orden republicano. Varias carteras del nuevo gabinete fueron prometidas a los sublevados (78). Sin embargo, los intentos de Martínez Barrio estaban condenados al fracaso. La noticia de las conversaciones llegó a la población, en el momento en que ésta, empezaba a reaccionar contra el levantamiento. Largo Caballero amenazó con la insurrección, si se llegaba a un acuerdo   con los golpistas, mientras que cientos de miles de manifestantes recorrían las calles de Madrid exigiendo armas y acusando al gobierno de traidor. La composición  del nuevo gobierno y la petición de  negociaciones, fueron interpretadas como un signo de debilidad y rechazaron la propuesta. El gabinete de Martínez Barrio, ante el callejón sin salida, dimitió.
 
            Finalmente, sólo José Giral aceptó formar un nuevo gabinete.
            Seguidamente y ante una situación cada vez más desesperada, decretó la disolución de las unidades sublevadas y la distribución de armas entre las milicias obreras. Los decretos "legalizaban" la realidad que ya se estaba desarrollando en todo el país, pero  también era el reconocimiento de la  muerte de la República.
 
3.1 LAS JORNADAS DE JULIO EN BARCELONA Y CATALUNYA.
 
            La conspiración era un secreto a voces, que solo el gobierno se había negado a aceptar. En Catalunya, la CNT había alertado a la opinión pública, junto al resto de organizaciones obreras del peligro de sublevación militar. El 14 de Julio, en una reunión de sus Comités de Defensa de Barriada de Barcelona, los anarcosindicalistas concretaron sus planes para poder enfrentarse al levantamiento militar. El día 16, en una nueva reunión, se informó de la escasa o nula predisposición del gobierno catalán a armar a la población. En la misma reunión se decidió colaborar con el resto de las organizaciones obreras, frente a la amenaza inminente de la sublevación.
 
            La Generalitat desconfiaba de los revolucionarios. El remedio de entregar armas a las organizaciones obreras, podía ser peor que la enfermedad golpista (79). Ante el dilema de armar a los trabajadores y desencadenar la revolución social, o no hacerlo, facilitando las posibilidades de éxito de los militares que liquidarían la autonomía catalana, el presidente Companys prefirió confiar, exclusivamente, en sus escasas fuerzas para dominar la situación y desechó las peticiones de los dirigentes de la CNT pidiendo armas, lo que equivalía al suicidio. La correlación de fuerzas era adversa. Mientras la guarnición militar contaba con unos 6.000 hombres con abundante armamento, sin contar los efectivos civiles derechistas que se sumarían a la sublevación, la Generalitat solo  contaba con 1.960 guardias de Seguridad y de Asalto, y con la dudosa lealtad de 3.000 guardias civiles que estaban dirigidos por el general Aranguren, Una  buena parte  de estos últimos mantenía una actitud sospechosa y podían pasarse  al lado de los insurrectos en cualquier momento. A pesar de todo, el gobierno autónomo catalán procedió a asegurarse de que no sería desbordado por los revolucionarios cuando la conspiración estallara. En vísperas del golpe, procedió a registrar los locales de la CNT en busca de armas y a confiscar todas aquellas que fueron descubiertas en poder de sus militantes. En los combates del 19 y 20 de Julio, los revolucionarios solo pudieron contar con las escasas armas que   habían mantenido ocultas desde 1934, hasta que consiguieron asaltar los cuarteles.
 
            La mañana del 19 fue la elegida para que las tropas, dirigidas por Goded, desde Mallorca, iniciaran sus maniobras para apoderarse de Barcelona. Inmediatamente las sirenas de las fábricas y de algunos barcos alertaron a la población, y llamaron   a la lucha contra los sublevados.
 
            Después de intensos combates, en la tarde del día 20, la insurrección militar había sido finalmente vencida en Barcelona. El general Goded había sido detenido cuando, confiado en la victoria, había llegado a la capital catalana, a bordo de un  hidroavión, para encabezar a la guarnición sublevada.
 
            Algunos historiadores atribuyen la victoria sobre los militares insurrectos, al papel jugado por la guardia civil y  los efectivos controlados por la Generalitat, que se mantuvieron fieles a la República (80). Sin desmerecer la importancia de estas fuerzas en los combates, que sería fundamental en los primeros momentos de la lucha, fue la participación de los obreros revolucionarios, la que decidió el resultado final.
 
            Vicenç Guarner, jefe de los servicios de la Comisaría General de Orden Público de la Generalitat, tenía muy claro la enorme inferioridad de las tropas leales, en efectivos y en armamento:
 
"En nuestra enorme inferioridad, el <<hierro de nuestros escuadrones armados>> no era más que modestas limaduras... era incierta todavía, la actitud de la guardia civil, y nuestros viejos guardias de las compañías locales de seguridad estaban desentrenados militarmente... la perspectiva no podía ser más desoladora" (81).
 
            Las declaraciones de Vicenç Guarner  son una honesta confesión de lo que él consideraba una derrota previsible. Sin embargo esa era la línea que había sido aceptada por el gobierno catalán. La actitud mantenida por los dirigentes de la Generalitat ante la amenaza de la sublevación, (como en Octubre de 1934) muestra que ponían un signo igual entre éstos y los revolucionarios.
 
"En la jefatura de policía, Frederic Escofet, comisario de orden público, oyó el aullido de las sirenas con sentimientos opuestos. Él y Lluís Companys, presidente de la Generalitat, habían acordado no armar al pueblo. A sus ojos, la CNT representaba para el régimen republicano un peligro tan grande como el de la revuelta militar" (82).
 
            Fue la intervención de los militantes de las organizaciones obreras, principalmente los libertarios, que combatieron junto a la guardia civil y la aviación, la que decidió el resultado del conflicto.
 
            Historiadores tan poco sospechosos de simpatizar con los revolucionarios como Martínez Bande reconocen que su aporte fue decisivo para la derrota de los insurrectos (83). En todo el estado, la mayor parte de la guardia civil y numerosos miembros de los cuerpos policiales republicanos, se pasaron al lado de los insurrectos. Esto no ocurrió en Barcelona. Cabe preguntarse porqué. El capitán Escofet,  había observado que "una pasividad incomprensible" afectaba a algunos grupos de Asalto, frente a los rebeldes (84). Sin duda alguna, la presión de los revolucionarios y de la población en general, fue un factor decisivo para que numerosos efectivos de los cuerpos policiales no se pasasen al bando contrario, al estallar los combates.
            El decreto de Giral, disolviendo las unidades sublevadas, actuó como un poderoso disolvente en todo el ejército. Los cuarteles fueron abandonados por la escasa guarnición que en ellos había quedado (85). El día 20, la CNT y la FAI asaltaron los cuarteles de las fuerzas sublevadas que estaban combatiendo en las calles de Barcelona. Los revolucionarios pudieron así, incautarse del numeroso armamento que allí se encontraba  y que  pudieron añadir a su escaso arsenal. El hecho de que los revolucionarios pudieran contar con armas en abundancia facilitó el triunfo de los revolucionarios y el rápido desmoronamiento republicano.
            A pesar de los preparativos de la CNT, de la FAI y del resto de grupos obreros, la organización contra la intentona de golpe, fue escasa y los elevados grados de espontaneidad y de improvisación fueron el elemento dominante de la lucha.
 
"¿Dónde se encontraba, pues, ese Estado Mayor de la <<chusma>>? En realidad, no había Estado Mayor, sino una iniciativa descentralizada animada por los Sindicatos obreros, por los Comités revolucionarios de Barriadas, y por la fuerza entusiasta de una multitud de mujeres, hombres y chiquillos que acechan al enemigo, que toma la decisión de levantar barricadas aquí y más allá, poniendo en cada adoquín que se pasa en cadena de mano en mano, un propósito de aplastar a los sublevados" (86).
 
            La colaboración entre las tropas leales y los militantes obreros resquebrajó, definitivamente, la disciplina de los primeros. Contagiados del ambiente y de la simpatía de la población que había salido a la calle, a medida que los últimos focos de resistencia se iban acabando, empezaron a romper sus uniformes y a sumarse a los revolucionarios. Felipe Diaz Sandino, un honesto militar republicano, describía la situación revolucionaria que se había abierto con el intento de golpe de Estado.
 
"... con el ejército en contra, el pueblo armado en la calle y sin poder contar con la guardia civil y asalto, contagiados después por la ola de indisciplina social o bien sumergiéndose en ella para congraciarse con los organismos obreros, contra los que habrán luchado en otras ocasiones, participando en el desorden general, tales eran las circunstancias en que se encontraba España y Catalunya por lo tanto... no podía contar el gobierno con quien oponerse a aquel estado de cosas..." (87).
 
            La victoria se consiguió con grandes pérdidas para los revolucionarios, Ascaso (CNT), Germinal (POUM), Graells (JSU), cerca de medio millar de anarquistas y otros muchos militantes de los otros grupos obreros, murieron o resultaron heridos en los enfrentamientos.
 
            La victoria en Barcelona decidió el resultado de los combates que se estaban desarrollando en el resto de Catalunya y provocó el hundimiento de los sublevados. Con las armas requisadas  en los cuarteles, numerosos grupos armados se desplazaron a otras poblaciones para acabar con los últimos focos de resistencia de los insurrectos.
 
            La Generalitat se encontró desprovista de su autoridad y de  los medios para ejercerla. En pocas horas su poder, como el del gobierno de Madrid, se había derrumbado.
 
"El 19 de Julio,(dice Companys), yo tocaba el timbre de mi despacho llamando a mi secretario. El timbre comenzaba por no sonar, porque no había corriente eléctrica. Si me dirigía a la puerta de mi oficina, el secretario no estaba; no había podido llegar al Palacio de Gobierno; pero, si se encontraba allí, no podía comunicar con el secretario del director general, porque éste no había llegado a la Generalitat. Y si el secretario del director, venciendo mil dificultades, se encontraba en su sitio, su superior jerárquico no había acudido a la cita." (88).
 
            La Generalitat, sólo era una sombra arrinconada del viejo poder. El prestigio ganado en los combates, por la CNT, verdadera vencedora, colocaba  a la organización anarcosindicalista en el centro de la situación política en Catalunya.
 
3.2 LAS JORNADAS DE JULIO EN EL ESTADO
 
            La tentativa de golpe de los insurrectos buscaba un desarrollo rápido. Nadie preveía que el pronunciamiento militar  pudiera desencadenar la revolución que pretendían evitar, ni que iba a desembocar en una sangrienta guerra civil que duraría tres largos años.
 
            Según Pietro Nenni, el 95% de los oficiales del ejército, la Guardia Civil en su casi totalidad y el 50% de los guardias de Asalto se unieron a los insurrectos. Entre un 75% y un 90% de los altos funcionarios de los ministerios, de las administraciones locales y de las empresas industriales hicieron lo mismo (89).   Julio Alvarez del Vayo estima que de los 15.000 oficiales del ejército, solamente 5.000 se mantuvieron leales al gobierno de la República (90).   Las cifras, evidentemente, no son exactas y se prestan a exageraciones o a equívocos, pero reflejan el grado de ficción del régimen republicano. Mientras el gobierno de Azaña aseguraba tener el control de la situación, el aparato de Estado apoyaba decididamente la sublevación. Aunque en muchos lugares, parte de los cuerpos policiales y de la oficialidad del ejército, se mantuvieron fieles al gobierno, estos eran claramente minoritarios.
 
            En la mayor parte del territorio donde los insurrectos habían vencido, los organizaciones obreras quedaron paralizadas, esperando, confiadas, la iniciativa del gobierno. Los gobernadores provinciales se negaron a entregar armas a los obreros, y muchos de ellos se  declararon posteriormente, partidarios de la sublevación.
 
            En algunos lugares, la ingenuidad de las organizaciones obreras fue   determinante para el éxito de los rebeldes. En Zaragoza, bastión histórico de la CNT, el jefe de la guarnición,  Miguel Cabanellas, se  declaró fiel a la República y decretó el estado de sitio "contra los fascistas". El gobernador civil se negó a entregar armas a los obreros y pidió calma a la población. A instancias de él, los dirigentes de la CNT, desmovilizaron a sus bases, convencidos de la lealtad republicana de los mandos militares. Pocos días antes, en la Asamblea del 15 de Julio, el sector partidario de esperar y de mantener la confianza en las autoridades había vencido a los que defendían la necesidad de armarse y de prepararse para el enfrentamiento.
 
            Cuando Cabanellas ocupó la ciudad y desveló sus verdaderas intenciones ya era demasiado tarde. Las centrales sindicales convocaron la huelga general e iniciaron una desesperada lucha desde los barrios obreros. Sin embargo, los facciosos tardaron una semana para poder aplastar los últimos focos de resistencia.
 
            En la ciudad de Oviedo, el jefe de la guarnición proclamó su lealtad a la República, mientras que, de forma oculta, concentraba tropas y armamento en los cuarteles esperando el momento. Se constituyó un Comité Provincial, donde republicanos y socialistas de derecha apoyaron las muestras de lealtad de los mandos militares, mientras la CNT, los socialistas de izquierda y el PCE desconfiaban y exigían como prueba de buena fe, que se armara a las milicias obreras. Finalmente, la actitud de los primeros prevaleció. Los golpistas aprovecharon la partida de parte de las columnas mineras   en ayuda de Madrid, para ocupar la ciudad. Sin embargo, la reacción de los trabajadores, que rápidamente cercaron la ciudad, impidió que su caída se convirtiera en la caída de toda la región.
 
            En Madrid, el mismo l8 de Julio, la CNT había reabierto por la fuerza sus locales, cerrados por la policía. Al día siguiente  fue liberado el secretario del Comité Nacional de esta organización. Solo un ultimátum permitió la liberación de los numerosos presos libertarios que seguían en las cárceles.
 
            Desobedeciendo las órdenes de Martínez Barrio, se  repartieron 5.000 fusiles entre los trabajadores de la capital. Con las armas en la mano, éstos iniciaron sus labores de policía y de vigilancia de la guarnición militar. La distribución del armamento, decretada por el gobierno Giral, favoreció claramente a las organizaciones obreras del Frente Popular, socialistas y comunistas, en detrimento de la CNT y del POUM que solo pudieron contar con las armas que mantenían en su poder, desde 1934.
 
 
            La guarnición militar de la capital madrileña se encontraba dividida frente a la sublevación. En algunos cuarteles estallaron combates entre sublevados y leales al gobierno. El general Fanjul,  jefe de los insurrectos en Madrid, temeroso del contagio revolucionario de sus tropas, si éstas entraban en contacto con la población, adoptó una actitud defensiva y se hizo fuerte en el cuartel de la Montaña. La iniciativa quedaba en manos de las tropas leales y de las milicias obreras que rodearon la guarnición rebelde.
 
            En medio de los combates, la noticia del fracaso de la insurrección en   Barcelona  desmoralizó a los golpistas. El ametrallamiento de la multitud, después de izar la bandera blanca en señal de rendición provocó la ira popular. Las masas revolucionarias irrumpieron sin orden, y con graves pérdidas se apoderaron del cuartel. Numerosos sitiados fueron ejecutados  en el mismo cuartel, mientras que Fanjul y algunos de sus oficiales tuvieron que ser detenidos y protegidos por los guardias de asalto, para evitar que fueran linchados por la multitud.
 
            En Valencia, durante los primeros días de la sublevación, coexistieron dos poderes, la Junta delegada del gobierno y el Comité Ejecutivo Popular, donde estaban integradas las organizaciones obreras. El 23 de Julio, el gobierno decretó la desaparición del Comité Ejecutivo. Los republicanos y el PCE aceptaron en nombre de la disciplina y la obediencia al gobierno. El PSOE, la UGT, la CNT y el POUM se opusieron a la disolución.
 
            Después de varios días de indecisión, el 31 de Julio, la guarnición militar se sublevó. Fue el Comité Ejecutivo Popular quien convocó la huelga general y organizó los combates contra los insurrectos. La junta gubernamental fue disuelta, mientras que la autoridad del Comité era reconocida por la población que reconocía en él, el organismo que había sofocado la sublevación.
En Euskadi, las vacilaciones de los rebeldes fueron decisivas para su fracaso. En San Sebastián, los nacionalistas consiguieron la rendición de los sublevados, después del intento de sublevación de un sector de la guarnición y de la guardia civil. En Bilbao el alzamiento fue frustrado al ser interceptadas las órdenes enviadas por Mola, desde Pamplona. El peso del nacionalismo vasco fue decisivo frente a las organizaciones obreras en las jornadas de julio, y sería igualmente decisivo en los meses posteriores.
 
            En Málaga, Santander y otras localidades, las vacilaciones de los sublevados en los primeros momentos  fueron decisivas en   su fracaso. Los partidos y sindicatos obreros pudieron reaccionar y cercar a los rebeldes hasta su rendición.
 
            Otro de los grandes fracasos de la sublevación fue la Flota. Los comités de marineros mantenían una red organizativa coordinada por un Consejo Central. Las tripulaciones hicieron fracasar la insurrección, los oficiales rebeldes fueron desarmados, detenidos y en algunos casos fusilados. La mayor parte de la flota no se sumó al golpe, quedando en manos de los comités revolucionarios de marineros .
            En la noche del 20 de julio, el mapa político era claramente desfavorable a los insurrectos. La mayor parte de la flota y de la aviación no había apoyado el golpe. Los rebeldes habían fracasado en Madrid y Barcelona, y en las dos terceras partes más pobladas y más ricas, mientras que en Valencia se mantenían indecisos, perdiendo un tiempo precioso que sería aprovechado por las organizaciones obreras y por las tropas leales al gobierno. En las principales ciudades donde habían vencido, encontraron una feroz resistencia que se prolongó durante varios días.
 
            Sin embargo el principal fracaso de los insurrectos no era  militar, sino político. La revolución que habían pretendido evitar, se había desencadenado como respuesta al golpe. El gobierno estaba seriamente desprestigiado. Antes de julio había protegido a los principales dirigentes de la conspiración y se había negado a apartarlos de los puestos de responsabilidad. Durante las jornadas, había manifestado una clara falta de iniciativa política, paralizado entre el temor al golpe y el temor a los revolucionarios. Esta parálisis había sido aprovechada por los rebeldes para consolidar sus posiciones en una parte del país, desde donde  iniciar la guerra.
 
            El poder republicano, se había derrumbado como una baraja de naipes frente al sangriento choque entre los dos campos en los que se había dividido la sociedad. Desprovisto de su poder coaccionador, los cuerpos policiales y el ejército, seriamente desprestigiado por su actitud  antes y durante la sublevación, el gobierno del Frente Popular era una mera ficción. Su único poder residía en el apoyo que todavía le prestaban, directa o indirectamente, los partidos y sindicatos obreros.
 
            El verdadero poder de la burguesía se había desplazado al ejército. Las clases propietarias, la Iglesia y las organizaciones derechistas le habían entregado su apoyo político y económico.
 
            En el seno del campo republicano, junto al poder formal, se situaba el nuevo poder revolucionario: el poder de los comités y de las milicias obreras, formados para combatir a los sublevados. Un poder que reflejaba la desconfianza de la población trabajadora hacia el gobierno, y también que reunía el conjunto de sus ilusiones y  esperanzas de emancipación. Con esta situación, se abría  una etapa de dualidad de poderes.
 
"...(el poder) de Azaña y Companys, era ya demasiado débil para desafiar la existencia del otro, a su vez, el otro poder, el del proletariado armado, todavía no era bastante fuerte, bastante consciente de su importancia como para prescindir de la existencia del otro" (91).
 
            Sin embargo, los comités revolucionarios, apoyados por los trabajadores, no estaban dispuestos a ceder el poder que habían ganado con las armas, contra los militares, y menos a un gobierno al que consideraban responsable por su pasividad, de la insurrección.
 
            La participación de las masas en las jornadas de julio fue completamente espontánea. La iniciativa de las direcciones de los partidos y sindicatos obreros fue muy limitada. La movilización surgió, principalmente, de los militantes de base de las organizaciones.
 
            Los dirigentes del PCE, de las diferentes fracciones del PSOE y de la UGT, centraban su actividad política en la subordinación al gobierno republicano. Esperaban que fuera éste el que tomara la iniciativa, y menospreciaban (como en el caso de la Izquierda Socialista) el peligro militar. En resumen, carecían de planes serios con los que enfrentarse a la sublevación.
 
            La CNT y la FAI, habían preparado en los últimos meses sus fuerzas para el enfrentamiento. Pero su sobrevaloración tradicional del espontaneísmo, que tantos fracasos sangrientos les  había deparado en los años anteriores, limitó el alcance de   sus iniciativas. A pesar de las reuniones locales realizadas en las semanas anteriores al 17 de Julio, el anarcosindicalismo carecía de un plan estatal. No existía ningún tipo de coordinación entre las diferentes agrupaciones territoriales. Lo que algunos historiadores han considerado ingenuidad de los dirigentes anarcosindicalistas, no era más que una falta de criterios claros sobre la situación. En este sentido,   resulta significativo, el rechazo mostrado por la mayor parte de los cuadros libertarios a la propuesta de García Oliver,  para formar un ejército de milicias, durante el Congreso de Zaragoza. Los prejuicios fueron más fuertes y se impusieron a la clarividencia del dirigente "anarcobolchevique" (92).
 
            La falta de claridad del anarcosindicalismo no fue solamente en las jornadas de Julio. La sobrevaloración del espontaneísmo, el desprecio por la estrategia y por el  análisis de la realidad, sustituidos por el voluntarismo de sus militantes, resultaría fatal para los libertarios en los meses siguientes, que acabarían dejándose arrebatar la iniciativa  por sus adversarios.
 
            La espontaneidad  y el voluntarismo revolucionario de las  bases suplió   la falta de organización de los partidos y de los sindicatos ante la sublevación. El ejército contaba con la disciplina, con sus pertrechos y su armamento, con un plan de combate cuidadosamente preparado, tenía además, a su favor, el elemento sorpresa y la  parálisis del gobierno.  Cabe preguntarse
¿cómo fue posible que unas masas mal organizadas y pésimamente armadas, pudieran vencer?. La participación de las escasas fuerzas que se mantuvieron leales a la República tuvieron su importancia. Nadie lo pone en duda. Pero  resulta inverosímil pensar que ellas, por si mismas, pudieran decantar la situación. Ésta no puede ser la explicación. Sólo el entusiasmo revolucionario de las masas, que habían participado en los combates, que habían paralizado el país con una huelga general, que habían colaborado en la construcción de barricadas y ayudado a los combatientes, podía suplir con creces las desventajas iniciales.
 
3.3 LA DUALIDAD DE PODERES EN CATALUNYA.
 
            En realidad, en los días posteriores a las jornadas de Julio, en Catalunya, no existió una auténtica dualidad de poderes. La autoridad política del gobierno de la Generalitat se había derrumbado sin apenas resistencia, frente a una multitud revolucionaria que,  armada, se había adueñado de las calles. La dualidad de poderes en Catalunya, aparecería posteriormente, después de que el proceso revolucionario quedase truncado por el rechazo de la CNT a tomar el poder.
 
            La mayoría de los cuadros dirigentes de la CNT y de la FAI se negaron a   aprovechar su triunfo para implantar el comunismo libertario, considerándolo en aquellas circunstancias, como una acción dictatorial, contraria a sus principios antiautoritarios. La Generalitat era impotente para extender su autoridad fuera de sus propias Consellerías, frente a la proliferación de los comités revolucionarios, que aparecerían, desperdigados, por toda Catalunya.
 
            Fruto del rechazo anarquista a tomar el poder, sería la creación del Comité Central de Milicias Antifascistas. Fue este organismo, verdadero poder territorial en Catalunya, el que simbolizó la dualidad de poderes  y su evolución. Las luchas internas que en él se desarrollaron marcarían el destino de los comités y por consiguiente, también el de la misma revolución en Catalunya.
 
            Sin embargo, las vacilaciones de los cuadros dirigentes de la CNT y de la FAI, y su renuncia al poder no siempre coincidiría con la actitud de sus propias bases. Frecuentemente las acciones de la militancia fueron por delante, y desbordaron, a sus dirigentes.
 
"(El gobierno de la Generalitat) en un intento de encauzar el ímpetu revolucionario de las masas, autorizó al consejero de Trabajo a que, por medio de la radio, diese cuenta de las disposiciones dictadas sobre rebaja de jornada, aumento de salarios y aprobación de bases de trabajo pendientes. Antes de publicarlas, estas disposiciones fueron puestas en conocimiento de delegados de las llamadas corporaciones económicas, llamados a la Generalitat tales como el Fomento del Trabajo Nacional, Cámaras de la industria y de la Propiedad, etc., a quienes el consejero de Trabajo les expuso lo que acababa de decirle el director de las minas de Suria. Todos los presentes estuvieron de acuerdo en todo y el representante de la Cámara de la Propiedad ofreció además la rebaja de alquileres".
 
"No obstante, durante el curso de la reunión se produjo un hecho, reiterado dos o tres veces, que dió al traste con la toma de responsabilidad que se había iniciado por parte de los representantes patronales reunidos con el Consejero de Trabajo, algunos de ellos fueron avisados de que no volvieran a sus casas, puesto que habían ido a buscarles grupos de paisanos armados. Ello representó la autodisolución de las corporaciones económicas" (93).
            Los representantes de la burguesía industrial catalana pronto comprendieron que las concesiones que estaban haciendo, para frenar el alud revolucionario eran completamente inútiles. Los trabajadores, dueños de la situación no olvidaban que la patronal había apoyado tradicionalmente la represión contra el movimiento obrer, y que numerosos patronos simpatizaban o habían apoyado directamente la sublevación militar. La detención del director de las minas de potasa de la población de Suria, por el comité revolucionario local, fue la señal para la desbandada.
 
3.4 EL ANARCOSINDICALISMO FRENTE AL PODER. EL NACIMIENTO DEL COMITÉ CENTRAL DE MILICIAS ANTIFASCISTAS DE CATALUNYA.
 
            Terminados los últimos combates, la CNT se había convertido en el árbitro indiscutible de la situación.El gobierno  de la Generalitat se encontraba completamente desacreditada frente a los trabajadores. El ejército, con la mayoría de sus oficiales y suboficiales, partidarios del golpe, había sido aplastado en los combate. Las unidades que se habían mantenido fieles a la República, habían sufrido el efecto boomerang y con el decreto Giral, prácticamente se habían disuelto. Los soldados, desertaban o se unían, contagiados por el entusiasmo popular, a los grupos de revolucionarios armados. La situación en las filas de la guardia civil y del resto de cuerpos policiales era similar. El gobierno autónomo catalán, completamente marginado por la oleada revolucionaria, carecía de los instrumentos necesarios para imponer su autoridad.
 
            Sin embargo, el presidente Companys, no estaba solo. Las organizaciones que formaban el Frente Popular (Front d'Esquerres en Catalunya), desbordadas por la situación, intentaban  reagrupase en torno a la Generalitat, buscando su supervivencia política ante un movimiento revolucionario que todo lo devoraba. Las fuerzas que apoyaban a Companys, significaban muy poco en aquellos momentos, para poder servir de contrapeso al anarcosindicalismo victorioso.
 
            Los partidos obreros catalanes del Frente Popular, el Partido Comunista de Catalunya (PCC), la Federación Catalana del PSOE, la Unió Socialista de Catalunya (USC) y el Partit Català Proletari (PCP), acordaron acelerar el proceso de unificación,  que estaba en marcha desde hacía varios meses. Así, sin ningún tipo de Congreso de las bases que lo sancionara y de forma completamente improvisada, nacía el 24 de Julio, el Partido Socialista Unificado de Catalunya (PSUC). El nuevo partido, de la misma forma que, poco antes lo habían hecho las Juventudes Socialistas unificadas (JSU), se adhirió a la III Internacional, estalinizada.
 
            Sin embargo, y pese al reagrupamiento producido, el Partido Socialista Unificado, poco podía contar en la nueva situación, frente a un movimiento revolucionario triunfante, que había desbordado al gobierno y que había empezado a construir, sus propios organismos de poder.
 
            El día 20 de Julio, Companys solicitó una entrevista con una delegación de representantes de la CNT y de la FAI.  Su intención era conseguir el apoyo del anarcosindicalismo, sin el que resultaba utópico iniciar la recuperación del poder perdido.
 
            La asamblea de la CNT-FAI, fue convocada el mismo día por la tarde, en los locales incautados a la patronal catalana, el Fomento Nacional del Trabajo (y que se habían convertido en la residencia de la Regional Catalana). El plenario fue organizado para discutir los resultados de la entrevista con Companys y la situación que se había abierto con la derrota de los militares. En él, pronto  se reflejaron las divisiones que existían latentes en el seno del anarcosindicalismo. Juan García Oliver, defendía la necesidad de proclamar el Comunismo Libertario y de "ir a por el todo", Diego Abad de Santillán se manifestaba partidario de la colaboración con el resto de fuerzas políticas que habían intervenido en la lucha. Entre ambas posturas, existía una intermedia, la de Manuel Escorza, que planteaba utilizar a la Generalitat para legalizar las conquistas revolucionarias, apoyándose en el aplastante predominio del anarcosindicalismo entre los trabajadores, para desprenderse de ella, cuando las circunstancias lo aconsejaran. La postura de Escorza, opuesta a la de Diego Abad de Santillán porque negaba  cualquier pacto con la Generalitat, consiguió el apoyo de la organización comarcal del Baix Llobregat. Finalmente, se decidió enviar una delegación para entrevistarse con Companys, y conocer cuales eran sus propuestas.
 
            En la entrevista, el presidente catalán adoptó una actitud astuta y prudente. Reconoció lo que era más que evidente, su derrota política y la victoria de los revolucionarios, para, seguidamente, poner su cargo a disposición de los triunfadores. La postura de ofrecer la dimisión de un cargo que había perdido toda autoridad política era más que un gesto patético, estaba cargada de intencionalidad política. Si los libertarios tomaban la actitud de ir a todo por el todo, la Generalitat y las organizaciones catalanas del Frente Popular no tendrían futuro. Si por el contrario, la CNT decidía colaborar, se ganaría el tiempo  necesario para preparar las condiciones que permitiesen a la Generalitat, recuperar el poder perdido.
 
"(Companys) realizaba una gran maniobra para salvar las instituciones del poder y con ellas la propia política..., (que) en aquel momento estaba vencida. Luis Companys salvaba las instituciones y salvaba , con ellas, su concepción ideológica. Fue iniciar un proceso de tiempo y de paciencia con todos los altos y bajos normales en un proceso como aquél, de recuperación del poder" (94).
 
            Los delegados de la CNT y de la FAI se negaron a comprometerse hasta que el Plenario Sindical decidiera. Companys los hizo pasar a otra sala, donde esperaban los representantes  del Frente Popular y el POUM. El presidente de la Generalitat propuso la formación de un Comité de Milicias Ciudadanas, para "encauzar la vida de Catalunya", y para organizar la lucha contra los insurrectos, en aquellos lugares donde éstos todavía no habían sido aplastados. La propuesta iba destinada a subordinar a los anarcosindicalistas al carro de su política. Sin embargo, la profunda transformación revolucionaria que se estaba desarrollando, iba a frustrar por el momento, sus planes.
A pesar de que los libertarios victoriosos retrocediesen frente al poder, iban a imponer su propia concepción de lo que debía ser el Comité Central de Milicias. El nuevo organismo iba a dirigir el poder durante los siguientes meses, asumiendo la dirección política, económica y militar de Catalunya, mientras que la Generalitat pasaría a ser un organismo simbólico, desprovisto de toda autoridad tangible.
 
            Poco antes de la entrevista con la delegación anarcosindicalista, el presidente Companys había realizado otra reunión similar con los representantes de las organizaciones del Front d'Esquerres (ERC, AC, UGT, Unió de Rabassaires , el Comité de enlace del nuevo PSUC) y con el POUM, (que mantenía una posición ambigua). En la reunión se acordó crear un gobierno de concentración, en el que se integrarían todas las organizaciones presentes. También se decidió la formación de milicias populares que serían las encargadas de sustituir al viejo ejército,  y que estarían dirigidas por el nuevo gobierno. Solo Andreu Nin estaría en desacuerdo con  estos planes. El secretario del POUM argumentó que sin el acuerdo de los anarquistas, verdaderos dueños de la situación, cualquier plan era irrealizable, y que por lo tanto,  habría que esperar su respuesta definitiva (95).
 
            El historiador, Stanley G.Payne, afirma que   los dirigentes de ERC y de la Generalitat evitaron el enfrentamiento con los anarquistas, pese a contar con "numerosas unidades locales de policía, así como regimientos de tropas también leales, con los que hubiesen podido contar" (96). Los datos en los que se apoya Payne, para basar sus conclusiones, son rigurosamente inexactos. En Catalunya, apenas  quedaban efectivos policiales, de la guardia civil o del ejército, leales a la República, sin sufrir los efectos de la contaminación revolucionaria, y que no hubieran acabado disolviéndose entre los combatientes obreros.  El gobierno de la Generalitat y el Front d'Esquerres, en aquellos momentos, difícilmente habrían encontrado efectivos disponibles para enfrentarse a los triunfadores de las jornadas de Julio. Companys rechazó la posibilidad, sugerida por Joan Comorera, de utilizar las nuevas milicias ciudadanas (que por otra parte, estarían integradas principalmente por militantes libertarios y poumistas) contra la CNT, consciente de que el combate sería demasiado desigual, para poder pensar en la posibilidad de éxito (97).
 
            El día 21, el Comité regional de la CNT acordó aceptar provisionalmente, la propuesta de Companys. Sin embargo, se reservaban el acuerdo sobre la participación de cada sector en el nuevo organismo, y aplazaban la respuesta definitiva al Plenario que debía realizarse.
 
            Contando con el apoyo de las organizaciones del Frente Popular y con la aceptación provisional de su propuesta de los dirigentes de la CNT y de la FAI, Companys consideró que podía dar un nuevo paso en la recuperación del poder. El mismo día, el Boletín Oficial de la Generalitat publicaba un decreto por el se creaban "las milicias ciudadanas, para la defensa de la República". Su jefe sería el comandante Enrique Pérez Farrás, que estaría subordinado al Conseller de Defensa, Lluis Prunés i Sato. El Comité de las Milicias Ciudadanas, propuesto por Companys a  la CNT, se revelaba como un simple organismo de enlace de las diferentes organizaciones antifascistas, que estaría subordinado a la  autoridad política de la Generalitat.
 
            En el Pleno de las Federaciones locales y comarcales, después de que la delegación que se había entrevisado con Companys, explicara el contenido de la entrevista, las posturas aparecidas en la primera asamblea volvieron a reaparecer de nuevo. La posición colaboracionista, defendida por Abad de Santillán, Federica Montseny y por otros militantes prevaleció sobre la de García Oliver y de la delegación del Baix Llobregat, que defendían la instauración inmediata del comunismo libertario y la liquidación del Comité Central de Milicias. La postura radical consideraba la aceptación de las propuestas de Companys como una claudicación, en un momento en el que las fuerzas revolucionarias habían alcanzado la victoria. Los colaboracionistas argumentaron que la implantación del comunismo libertario, en aquellos momentos, sería caer en la tentación dictatorial, que entraba en franca contradicción con los principios del anarquismo. Federica Montseny consideró que esta situación sería finalmente salvada por las mismas masas revolucionarias, desde la calle. La misma participación en el Comité Central era ya, en si, una concesión, y éste debería ser abandonada, tan rápidamente como las circunstancias lo hicieran posible (98).
 
            Diego Abad de Santillán  argumentó que la instauración del comunismo libertario solo serviría para desencadenar la intervención de las potencias imperialistas europeas. En esta situación, la participación en el Comité Central de Milicias solo podía tener efectos positivos para la CNT, sin perjuicio de gobernar desde la calle, pero sin caer en tentaciones dictatoriales (99).
 
            El áspero debate entre colaboracionistas e intransigentes terminó con la victoria de los primeros. Solo la agrupación del Baix Llobregat votaría a favor de la propuesta presentada por García Oliver de continuar el proceso revolucionario hasta las últimas consecuencias. El resto de las delegaciones asistentes, votaron por la colaboración en el seno del nuevo organismo de poder.
 
            Rudolf de Jong, en su excelente trabajo sobre el anarquismo y el doble poder en la guerra civil española, defiende la existencia de terceras vías que no fueron contempladas por los cuadros dirigentes de la CNT y de la FAI y que no presuponían ni la "colaboración democrática", ni la "dictadura anarquista". La de la participación y potenciación del desarrollo de la revolución "autogestionaria" que se estaba dando fuera del Comité Central y de la Generalitat, al margen  de los comités centrales de los partidos y de los sindicatos, en los comités revolucionarios, en las colectivizaciones que se desarrollaban por toda Catalunya y por todo el estado español. Esta opción implicaba también, acabar definitivamente, con el poder del moribundo gobierno catalán. Otra alternativa que de Jong valora, era la aceptación de la colaboración en el seno del Comité Central de Milicias, pero considerándolo como un organismo provisional, que debía ser reemplazado, en el momento en el que las circunstancias lo hubieran permitido, por otro nuevo, de tipo confederal, creado a partir del proceso revolucionario (100).
 
            Ambas posiciones son muy similares, y defienden la necesidad  de convertir los comités revolucionarios locales y las Juntas de poder territorial, en verdaderos soviets. La primera defiende la potenciación de los organismos revolucionarios que aparecían por todas partes. Sin embargo, el desarrollo de los organismos  revolucionarios sólo era posible por medio de la democratización y la ampliación sus bases sociales con la participación popular en su seno. El poder revolucionario de los comités locales sólo podía potenciarse mediante la coordinación y la estructuración territorial de éstos.
 
            La segunda opción que contempla de Jong, implicaba reemplazar el Comité Central, como organismo burocrático de enlace entre los diferentes partidos y sindicatos, por otro  organismo de naturaleza democrática. La democratización sólo era posible convirtiendo al Comité de Milicias en el organismo coordinador y representativo de la multitud de comités revolucionarios de ámbito  local que existían.
 
            Efectivamente, las alternativas contempladas por de Jong, nunca fueron consideradas seriamente por los libertarios.  Hacerlo hubiera implicado la potenciación de los comités, su democratización, el aumento el poder de decisión de sus bases sociales y por consiguiente, la liquidación definitiva del gobierno de la Generalitat. Ambas opciones empujaban, directamente, hacia la consolidación del poder revolucionario y  hacia la construcción de un pseudoestado, obrero. Esto hubiera significado la renuncia a uno de los dogmas más preciosos del anarquismo, el completo rechazo, a cualquier forma de poder estatal.
 
            Sin embargo, no parece que el problema que más preocupaba al sector colaboracionista, fuera el de los principios. Como muy bien observa de Jong, al combatir la propuesta de los intransigentes, los colaboracionistas olvidaban que, en el terreno de los principios, la dictadura anarquista estaba tan en contradicción con sus ideas como la colaboración en el seno del Comité Central de Milicias (101). El lenguaje y los argumentos, confusos y contradictorios, expresaban el profundo desconcierto que reinaba entre las filas anarcosindicalistas. Tanto la CNT, como la FAI, se encontraban desarmadas políticamente, para enfrentarse a los hechos que se estaban desarrollando. Toda la larga tradición de apoliticismo y de rechazo total a cualquier forma de poder, se volvía ahora contra ellos. Sin pretenderlo, y en circunstancias que ellos no esperaban (como acostumbra a pasar en la historia), tenían el poder en sus manos, un poder que no deseaban y con el que tampoco sabían que hacer.
 
            El anarcosindicalismo carecía de política ante el poder, y era la realidad, la que les obligaba a improvisarla. Es significativa la confesión que hizo, Helmut Rüdiger, representante en Barcelona de la AIT, frente a las críticas que  hacían los anarquistas extranjeros a la CNT española:
 
"Los que dicen que la CNT tenía que establecer su dictadura en 1936 no saben lo que exigen,... Entonces, la CNT debía tener un programa de gobierno, de ejercicio de poder, un plan de economía autoritariamente dirigida y experiencia en el aprovechamiento del aparato estatal... Todo eso no lo tenía la CNT, pero los que creen que la CNT debía realizar su dictadura tampoco poseen este programa ni para su propio país, ni para España. No nos engañemos: de haber poseído un semejante programa antes del 19 de Julio, la CNT no hubiera sido la CNT, sino un partido bolchevique. De haber aplicado semejantes prácticas en la revolución hubiera dado el golpe  mortal definitivo al anarquismo" (102).
 
            Careciendo de programa, los dirigentes de la CNT-FAI se negaron a tomar el poder y permitieron que la Generalitat sobreviviera, seguros de que su fuerza, impediría que el gobierno catalán recuperara su antigua autoridad perdida.
 
            Numerosos historiadores como Rudolf de Jong o Vernon Richards, ponen en duda la representatividad del Plenario que decidió la postura libertaria frente al poder (103). Aunque las bases libertarias no fueron consultadas, es difícil negar que los cuadros de la CNT-FAI, reunidos en aquel  Plenario representaban la sensibilidad de la mayor parte de la militancia, por lo menos en aquellos momentos de desconcierto. Las circunstancias del momento, difícilmente podían permitir la celebración de una Asamblea más democrática. Sin embargo esta falta de representatividad acabaría convirtiéndose en permanente. En aquellos momentos, tanto las bases como los cuadros dirigentes vivían todavía la euforia de las jornadas de Julio. Creían que la colaboración con Companys y con las organizaciones del Front  d'Esquerres, sólo sería un alto en el camino de la revolución y que no sería necesario romper su alianza con los partidarios de  la República. No se daban cuenta de que esta política acabaría ahogando a la misma revolución que pretendían defender.
 
3.5 LOS ÓRGANOS DEL PODER REVOLUCIONARIO. COMITES, PATRULLAS Y MILICIAS.
 
            Como consecuencia de las jornadas de julio, una verdadera explosión revolucionaria sacudió los cimientos en el territorio donde los militares habían sido derrotados. Una multitud de comités,  dispersos por toda la geografía, aparecieron en los pueblos y ciudades, y en los centros de trabajo.
 
            La mayor parte de la burguesía había apoyado o simpatizado  con el levantamiento militar. Entre los meses de Febrero y Julio, la fuga de grandes capitales y los cierres patronales, había sido la tónica cosntante. Sólo en los quince días anteriores a la sublevación militar, más de noventa millones de pesetas,  habían sido trasladados al extranjero. Poco antes de la sublevación, gran número de propietarios decidieron ausentarse de sus propiedades y trasladarse al extranjero, esperando que un desenlace victorioso para el ejército, disiparía el peligro revolucionario que el gobierno del Frente Popular había sido incapaz de detener. Con la derrota de los militares en la mayor parte de la península, gran numero de propietarios que todavía no habían huido, decidieron hacerlo, por temor a las posibles represalias.
 
            Los decretos del gobierno de Giral y de la Generalitat de Catalunya, cesando a los alcaldes y concejales de signo derechista, llegaron tarde. La mayor parte de los Ayuntamientos en todo el estado, habían dejado de existír. Habían sido sustituidos por los comités revolucionarios, que se habían revelado como los nuevos poderes locales.
 
            La deserción de la burguesía y de los funcionarios del aparato estatal provocó un verdadero vacío de poder, que  sería rapidamente ocupado por las organizaciones obreras. Los trabajadores ocuparon los Ayuntamientos, las fábricas, las minas y los talleres. Formaron sus propios comités que sustituyeron a las viejas autoridades republicanas, y se encargaron de reorganizar la producción y la vida cotidiana. 
 
            Los comités eran un reflejo de la profunda desconfianza que sentían los trabajadores hacia las autoridades republicanas, que habían permitido con su política, la sublevación militar.
 
"El pueblo... experimentaba un sentimiento de profunda desconfianza, que abarcaba todo y cegaba cualquier intento de organización. Lo triste es que tenía razón para tal desconfianza, porque todos los organismos de estado lo habían traicionado y los gobiernos, con sus errores, permitieron la realización del movimiento subversivo. Su desconfianza se presentaba bajo dos aspectos: uno, el que le producía la duda sobre la lealtad de los funcionarios del estado: y otro, el consiguiente a desconfiar, no de la lealtad, sino del acierto en las disposiciones que se dieron cuando estas se asemejaban a las del anterior régimen. Su rencor se extendía a todo lo pasado, instituciones y procedimientos; buscaba como Diógenes el ideal: aseguraban las libertades del pueblo y que éstas no fueran jamás abolidas, para lo que se trataba de inventar organismos nuevos que fueran perfectamente controlados y no pudieran incurrir en los defectos de los anteriores, ni producir nuevas traiciones".
 
"De ahí, la creación de comités, que no era otra cosa que el control que el pueblo establecía en todas las funciones estatales. No pretendía suplantar al gobierno; quería sencillamente vigilar sus actos..." (104).
 
            Felipe Diaz Sandino describió perfectamente, el sentido y la naturaleza de estos organismos revolucionarios, además de la conciencia que animaba a la mayor parte de sus bases sociales.
 
            Los comités pretendían defender las libertades populares y lo que es más importante, y Diaz Sandino no menciona, satisfacer las reivindicaciones históricas de la población trabajadora, que la República, durante cinco largos años se había negado a realizar.
 
            Aunque la génesis de los comités fué extremadamente heterogénea y compleja, el ejemplo de Lérida, ciudad controlada por  el POUM, es bastante representativo del proceso:
 
"La grande y la pequeña burguesía fueron separadas del ejercicio del poder; los partidos republicanos, genuinos representantes de la pequeña burguesía, fueron barridos de la plaza pública... Durante los primeros días, la constitución de la nueva ciudad revolucionaria quedó fijada. Una serie de comités obreros atendían las necesidades perentorias y controlaban todas las actividades (abastecimientos, transportes, ejército, seguridad revolucionaria, etc.). El POUM convocó una reunión de organizaciones sindicales. De esta histórica reunión salió pujante y fuerte un nuevo orden (sin ninguna relación con el gobierno de Madrid y el de la Generalidad de Catalunya)... La clase obrera ejerció su poder a través de tres organismos, independientes en su funcionamiento, pero estrechamente ligados en sus directivas. Partiendo del principio de que todo el poder emanaba de la clase obrera, ésta, por medio de las juntas de todos los sindicatos de la CNT, UGT, y de la FOUS (Sindicato dependiente del POUM), junto con la delegación de un solo partido, el POUM, se constituye en poder legislativo. Su misión era estudiar y fijar las normas sobre todos los problemas. La asamblea de las juntas de los sindicatos delega el poder ejecutivo en las personas de los comisarios de la Generalidad y Ordén Público y en el Comité Popular Antifascista. Este comité queda constituído por representantes de las mismas organizaciones sindicales y políticas de la asamblea. Dos representantes por organización. Su misión es cumplir las disposiciones acordadas por la Asamblea. Las dos comisarías tienen las funciones propias de su cargo. La de la Generalidad (dirigida por Joaquín Vila, militante de las UGT) se ocupa de cuestiones económicas, la del Orden Público (dirigida por José Robles, miembro del POUM) de la seguridad revolucionaria. La asamblea de los sindicatos establece el orden judicial... Crea el Tribunal Popular Revolucionario". (105).
 
            El poder político de las clases medias había sido expropiado por la revolución. Sin embargo, la voluntad de la población trabajadora y de las masas revolucionarias sólo llegaría a expresarse en la gestión del nuevo poder, de forma indirecta, a través de sus organizaciones tradicionales, los sindicatos y los partidos obreros, o lo que es lo mismo, a través del aparato de éstos.
 
            Los comités no sólo ejercieron las funciones de los gobiernos municipales abandonados, sino que fueron mucho más lejos en su tarea de llenar el vacío de poder. Los nuevos organismos revolucionarios actuaron como verdaderos gobiernos locales en las poblaciones donde habían aparecido. Se preocuparon del abastecimiento de víveres de la población. Crearon sus tribunales populares que se encargaron de administrar justicia.
 
            Formaron su propia policía, las patrullas de control o las milicias de retaguardia, que aseguraron el nuevo orden revolucionario. Formaron milicias de voluntarios, que se dirigieron a combatir a los sublevados, en aquellos lugares, donde éstos, habían triunfado. Los comités se encargaron de muchas otras funciones (sanidad, educación...). Confiscaron los edificios religiosos y las  propiedades de la burguesía, que había huido. Las propiedades confiscadas fueron utilizadas como cooperativas agrícolas, escuelas, guarderías, almacenes de víveres y de armamento, locales de las organizaciones políticas y sindicales, y para otras muchas funciones y servicios que eran necesarios para la comunidad (106).
 
            En algunas de las grandes ciudades, como Barcelona, aparecieron comités de barricada, descendientes directos de los  viejos grupos de defensa de  la CNT y de la FAI.   El conjunto  de estos comités se articularon en una verdadera federación. Se encargaron de administrar sus respectivas áreas de influencia, convirtiéndose en el único poder existente, en los primeros momentos de la revolución. En palabras de un periodista francés testimonio de los acontecimientos.
 
"... se ha hecho aquí con el poder. El gobierno civil es una figura simbólica, es un pálido girondino ante unos jacobinos, en comparación con los cuales, los nuestros, fueron simples aficionados" (107).
 
            De forma precipitada, se crearon tribunales populares que tuvieron que suplir las funciones del viejo aparato judicial. Los antiguos magistrados fueron relevados de sus puestos, mientras que los elementos más reaccionarios fueron detenidos y en algunos casos, fusilados. Los archivos judiciales y los registros de la propiedad fueron quemados y saqueados por la multitud. De esta forma, la multitud expresaba su odio hacia el viejo orden social.
            Los nuevos tribunales, formados con representantes de todas las organizaciones antifascistas, se encargaron de administrar, de manera improvisada, la nueva justicia.
 
            La nueva polícía revolucionaria, Las  patrullas obreras  de retaguardia se  encargaron de vigilar por la seguridad interna del nuevo orden social. Llevaron a cabo la represión contra los simpatizantes de la sublevación, y evitaron, en muchos casos los saqueos, los excesos y las venganzas personales, protagonizados por el lumpenproletariado y por algunos de los elementos revolucionarios más exaltados.

            Los nuevos organismos  aparecieron también en el interior de los restos de los viejos cuerpos policiales, los guardias de asalto, y la guardia civil (reconvertida rapidamente, en guardia republicana). Estos comités, creados a iniciativa de los  mismos guardias de base, se encargaron de la vigilancia y de la depuración de los elementos sospechosos de simpatizar con la sublevación.
 
            La práctica desaparición de cualquier sector del ejército,  fiel al gobierno y el fermento revolucionario que se estaba desarrollando por todo el país, fueron las causas de la rápida aparición de un improvisado ejército de voluntarios, dispuestos a terminar con los últimos reductos de los sublevados. Las estimaciones más ajustadas hablan de más de 100.000 milicianos en todo el Estado. La mitad de ellos pertenecían a los sindicatos de la CNT, 30.000 a la UGT, 10.000 al Partido Comunista, 5.000 al POUM (en su mayor parte, en Catalunya). A las milicias obreras se unió un contingente de 12.000 guardias de asalto, algunos centenares de guardias civiles, algunos miles de soldados y apenas 200 oficiales del antiguo ejército (108).
 
            El improvisado ejército de voluntarios en el que se constituyeron las milicias, se caracterizó por su igualitarismo, reflejo de los ideales de la revolución que estaban llevando a cabo. Se abandonaron los nombres de las antiguas unidades, los uniformes, el saludo castrense, el  código militar y todos aquellos rasgos que pudieran recordar al viejo ejército de castas que había protagonizado la sublevación. Los oficiales y suboficiales que carecían de privilegios y de distinciones que los diferenciara de la tropa, eran elegidos frecuentemente por ésta en asambleas de milicianos. Sin embargo, eran normalmente los altos mandos y los delegados de las organizaciones políticas y sindicales, los que hacían la elección de los mandos. Su autoridad sólo era utilizada en los combates.
 
            Indiscutiblemente, en ocasiones el afán igualitarista fué llevado, a extremos anecdóticos, y a menudo se dieron grandes dosis de ingenuidad. (109).Frecuentemente también se cometieron graves errores que limitaron la capacidad de los combatientes. Las   órdenes de los mandos eran a  menudo, discutidas en plenarios y en ocasiones, desobedecidas por los milicianos, si éstos no se mostraban en acuerdo.
 
            Los errores de las milicias serían utilizados por los partidarios de la reconstrucción del viejo ejército republicano, para denigrarlas. Sin embargo, hasta sus adversarios más decididos, tuvieron que reconocer que el avance de los sublevados solo pudo detenerse, durante los primeros meses, gracias a la acción de las milicias populares.
 
            La estructura del improvisado ejército revolucionario era, por lo general, profundamente democrática. En el Frente de Aragón, las asambleas de milicianos escogían a sus representantes, uno por cada veinte combatientes. Los delegados,  a su vez, formaban un Comité General de la agrupación, que era el  intermediario entre las asambleas y el Comité Ejecutivo.
            Este organismo rector era el encargado de llevar a cabo los acuerdos tomados por los milicianos. Las asambleas eran convocadas periodicamente para discutir y resolver los problemas a los que se enfrentaban. Los cargos eran responsables de su gestión ante la tropa que los había elegido y podían ser revocados en cualquier momento, si así lo decidían las bases.
 
            Los "Consejos de obreros y de soldados" aparecieron por iniciativa de la CNT y de la UGT, primero en Catalunya, para extenderse  rapidamente al resto del territorio "republicano". Estaban formados por delegados de las milicias y por representantes de los partidos y de los sindicatos que las integraban. Dirigieron el trabajo de vigilancia y depuración de los militares profesionales que se habían integrado en las milicias como asesores técnicos. Los revolucionarios veían en ellos, con razón o sin ella, a los representantes del viejo y odiado ejército, sospechosos de simpatizar con el enemigo. Los consejos de delegados se encargaron también de representar a los milicianos frente a los mandos.
 
            Es importante destacar la importancia obra de las milicias, al extender la revolución y sus conquistas, a las tierras recuperadas a los sublevados. Sólo de esta forma, podemos comprender, como las improvisadas milicias, "carentes de organización y experiencia militar, de armas y de mandos" pudieron enfrentarse con éxito a un ejército, que era claramente superior a ellas, en todos los aspectos convencionales.
 
"En efecto, carentes de organización y experiencia militares, de armas y de mandos, los obreros solo podían compensar este desequilibrio mediante el entusiasmo, y el entusiasmo no podía generarse por la idea de defender una República que había perseguido a buena parte del movimiento obrero y que había permitido que estallara la guerra civil. Ese entusiasmo, que debía ocupar el lugar del ejército, de las armas, de la experiencia militar, solo podía surgir de la convicción de que se defendía  la propiedad del pueblo, es decir, la revolución" (110).
 
            Apenas  acabados los combates, los sindicatos descombocaron la huelga general que había paralizado todo el estado. Era necesario recuperar  cuanto antes, la normalidad en los centros de trabajo, para poder suministrar lo necesario en los frentes de batalla. Los trabajadores encontraron cerradas las empresas y las industrias donde trabajaban. La mayor parte de los propietarios y de los técnicos habían huído.
 
"Aunque el día 20, lunes, todavía seguía la consigna de huelga general, los obreros se dirigieron a sus empresas. No sabían si a trabajar o a curiosear. Había en el aire de los barrios, la sensación de que las cosas eran distintas.
 
El martes 21. En la mayoría de las empresas grandes no estaba el dueño, ni los gerentes, a veces ni siquiera los ingenieros. Ahí, la inquietud se concretó. Si las empresas no funcionaban. ¿qué pasaría?" (111).
 
            La improvisación y la creatividad fueron la tónica general en los centros de trabajo.
 
"... cada industria, cada empresa, se puso a  funcionar  por simple  iniciativa  del propio proletariado, con todos los inconvenientes que se producen en las simples improvisaciones... ellos mismos, desconectados en los primeros momentos de sus propios sindicatos y de sus propios dirigentes ideológicos, se constituyen en asamblea, la cual escoge a quienes consideran más capacitados para poner en funcionamiento la empresa. Si esta requiere una dirección técnica muy especializada se va a buscar, si no se ha presentado, al elemento técnico que les merece más confianza y lo ponen como directivo máximo" (112).
 
            En numerosas ocasiones, los mismos patronos que no habían huido, fueron incorporados a los centros de trabajo como simples técnicos o trabajadores.
 
            La iniciativa de los comités partió, principalmente de los militantes de las organizaciones obreras, que serían seguidos por el resto de los trabajadores. En muchos casos fueron los antiguos comités de empresa, los que dirigieron la puesta en marcha de la producción. A pesar de las jornadas de julio, la producción apenas se interrumpió durante dos o tres días. Cuando se reinició el trabajo, todo volvió a funcionar como antes. A medida que la vida cotidiana se ponía en marcha, se registraba una actividad frenética de los sindicatos para coordinar a los comités, que pedían desorientados, asesoramiento e instrucciones.
 
            El anarcosindicalismo, por su peso en el movimiento obrero catalán, y su fuerte presencia en otras regiones del estado, jugó un papel fundamental. Los militantes de la CNT y de la FAI, empujados por la realidad, se vieron empujados a renunciar a sus principios de rechazo a cualquier forma de poder y acabaron  por convertirse en la fuerza principal que impulsó la creación de los comités. El poder estatal, rechazado en la cúpula por sus dirigentes, fué ejercido sin paliativos a nivel local por los militantes de base que no despreciaban las medidas autoritarias para consolidar su revolución.
 
"El Estado proletario brotaba poderosamente por todas partes, de las propias filas anarquistas" (113).
 
            Es  importante  destacar  la   absoluta espontaneidad del fenómeno revolucionario. Fruto de ésta, fué la gran variedad de nombres que adoptaron los comités, en las diferentes localidades. Los nuevos organismos  fueron la obra espontánea de las bases de los partidos, de los sindicatos, y también de gran número de trabajadores no afiliados, que decidieron sin esperar las órdenes de sus dirigentes, llenar el vacío político y enfrentarse a los graves problemas que se presentaban.
 
"En esas primeras semanas posteriores al 20 de Julio  ni siquiera los partidos y organizaciones controlaban a sus afiliados" (114).
 
            El carácter espontáneo de los comités y de su obra, pone en evidencia la profunda naturaleza anticapitalista de la revolución española frente a todos aquellos que prefieren reducirla a una simple guerra civil, o bien a una hipotética revolución democrática burguesa que solo fué rebasada por algunos sectores extremistas.
 
            Las organizaciones obreras carecían por completo, en los primeros momentos, de un programa político que les permitiera enfrentarse con la situación desencadenada.
 
"Los socialistas no lo aprovechan porque de hecho habían perdido su impulso revolucionario y se diluían en divisiones más o menos provocadas, por una demagogia a la cual les impulsaban otras formaciones proletarias; los comunistas tampoco no lo aprovechan porque su fuerza numérica aún era muy inferior y porque ya habían iniciado su evolución, marcada por Moscú, hacia un conservadurismo local, y los anarquistas porque, numericamente superiores solo en Catalunya y Aragón, no tenían una concepción clara de la forma de como tenían que hermanar su deseo revolucionario y su realización práctica" (115).
 
            Sin embargo no hay que caer en el error de considerar a los comités y su obra colectivizadora, como el reflejo de una plena conciencia revolucionaria de los trabajadores. La acción espontánea también fué una consecuencia del vacío de poder político (derrumbe de la República y de sus instituciones) y económico (huída de la burguesía). La reacción fué en  gran parte instintiva para la mayoría de los trabajadores. Sólo una  minoría organizada veía con claridad la meta final del proceso revolucionario que acababa de iniciarse.
 
            A menudo, los historiadores conservadores o simpatizantes del orden republicano, han atribuído a los comités revolucionarios, numerosos excesos, venganzas personales,... Sin lugar a dudas, algunos en ocasiones, fueron responsables de parte de los excesos perpetrados durante los primeros meses de la guerra civil. En toda revolución se liberan odios acumulados durante siglos de miseria y de explotación, y por lo tanto, va acompañada de excesos inevitables. Juzgar la obra de los comités por estos hechos, significaría disimular la represión fría y planificada que llevaron a cabo sus adversarios, tanto en el bando republicano, como en el franquista Significaría también minusvalorar, pese a los errores cometidos, los importantes éxitos conseguidos en la improvisada puesta en marcha de la economía en el bando "republicano".
 
            Los excesos se produjeron en los momentos de desorden y de vacío de poder. La espontaneidad del fenómeno y el hecho de que no existiera ningún órgano del poder revolucionario que centralizara y coordinara las actividades de los comités, fué una de las causas de los posibles excesos de violencia que se pudieran dar.
 
            Los comités, aparecidos al calor de la derrota del ejército  y del derrumbe del poder del poder republicano, se formaron por lo general, con los militantes de las organizaciones obreras que contaban con mayor popularidad entre la población. Victor Alba da un importante testimonio sobre los procedimientos que se siguieron en la elección de los delegados de los comités.
 
 "fué una selección hecha por la base, sin formalidades, aunque a veces se designaron en asambleas, por una especie de concenso. Solo en localidades grandes se recurrió a asambleas con elecciones, más o menos democráticas, para seleccionar a los miembros de los comités. No faltaron los lugares donde fueron los comités de cada organización quienes hicieron las designaciones" (116).
 
            Al contrario de lo que parece afirmar Victor Alba, la democracia interna de los comités era inversamente proporcional a la importancia de las poblaciones. En las grandes ciudades, el peso de la burocracia de las organizaciones obreras se hizo sentir, en detrimento de la democracia.  Eran los dirigentes, los que por medio de negociaciones y pactos con las demás fuerzas políticas y sindicales, escogían a sus representantes.
 
"Rara vez los comités ratificaron su composición mediante un voto más amplio, en los días que siguieron a su designación... de hecho, la <<base>> no ejerció un dominio verdadero más que sobre los comités de pueblo o de empresa. En el escalón superior, la voluntad de las organizaciones fué preponderante" (117).
 
            La democracia en los comités se relegaba a las poblaciones de menor tamaño y a los centros de trabajo. A menudo, los delegados de los comités fueron elegidos en asambleas abiertas, por  los miembros de la comunidad o del centro de trabajo. La proximidad entre los delegados y sus bases, hacía que éstos últimos ejercieran un control directo sobre la gestión que realizaban sus representantes. A menudo, los asuntos más importantes eran discutidos en asamblea por la comunidad y no  sólo por los delegados del comité. En la composición de los comités se cuidaba con frecuencia, que las minorías estuvieran representadas.
 
"La mayoría de los comités eran elegidos democráticamente por los trabajadores, milicianos, marinos y campesinos, sin distinción de tendencias, realizándose así la democracia proletaria..." (118).
 
            Los comités, a pesar de ser elegidos generalmente en asambleas, no representaban  la opinión real de los trabajadores, sino que reflejaban la correlación de fuerzas que existía entre los sectores más avanzados que estaban organizados en los partidos y en los sindicatos (119). Muchas de estas características hacen que  éstos deban ser comparados, no con los soviets rusos de 1917, sino con las Juntas revolucionarias españolas del siglo XIX (120).
 
 
 
COMPOSICION DE LOS COMITÉS EN DIFERENTES POBLACIONES DE CATALUNYA (Datos de Cesar M.Lorenzo) (121).
 
VICH: 2(CNT),1(FAI),1(ERC),1(UGT),1(POUM),1(UdR).
VALLS:5(CNT),2(ERC),2(USC)1(UGT),1(POUM).
BADALONA:2(CNT),2(FAI),1(ferroviarios CNT),1(PS),1(PC),
         1(UGT),1(UdR),1(AC),1(Estat Catalá),2(ERC),1(POUM).
GARRIGUELLA:1(CNT),1(POUM),2(ERC).
CABANES: 3(CNT),1(POUM),1(ERC),2(Ayuntamiento).
VILLAJUICA:1(CNT),1(ERC),1(UdR),1(Ayuntamiento).
AGULLANA:2(CNT),2(UGT),2(POUM),1(ERC).
PONTS DE MOLINS:4(CNT),4(ERC), más el alcalde, liberal.
ROSAS: 4(CNT),3(ERC).
 
            Los comités-gobierno eran los herederos de las Alianzas Obreras que habían protagonizado los hechos de Octubre de 1934, y como éstas, arrastraba las mismas limitaciones. Los nuevos organismos, de la misma forma que las viejas Alianzas, eran fruto del acuerdo entre los diferentes partidos y sindicatos, y por lo tanto tenían el mismo funcionamiento "burocrático" que aquellas.
Sin embargo, la debilidad política de los comités era mayor. Las Alianzas Obreras locales habían tenido su representación jerárquica en las Alianzas regionales o nacionales, existía un verdadero vínculo directo entre ellos. Los comités revolucionarios en cambio, se encontraban dispersos, sin ningún tipo de relación con las Juntas que representaban el poder territorial. Las directrices políticas  de éstas últimas, sin ningún tipo de relación jerárquica, chocaban con frecuencia con la oposición de los comités locales y sólo se transmitían a través de los militantes de las organizaciones que estaban presentes en ambos organismos.
 
            Los comités no mantenían estrictamente la condición clasista que habían defendido las Alianzas Obreras. Frecuentemente, los partidos republicanos  o militantes destacados de éstos, tenían su representación en los comités, en las localidades donde estaban implantados. La condición interclasista era una consecuencia lógica del pacto que se había realizado en la cúpula, por las direcciones de las organizaciones obreras con el gobierno y con las organizaciones republicanas.
 
            A pesar de la dispersión de los comités, la existencia en muchos casos de coordinadoras comarcales o cantonales, confirman la existencia de una tendencia de los trabajadores a constituirse espontaneamente en un poder revolucionario de tipo soviético o asambleario. Fué la incomprensión de las organizaciones que se reclamaban de la revolución, especialmente la CNT y en mucha menor medida el POUM, sobre la naturaleza y el papel de los comités en la revolución, la que impidió que estas coordinadoras establecieran su representaciòn y su control sobre los organismos de poder territorial.
 
            La falta de una organización que estuviera dispuesta a llevar a cabo la estructuración de los dispersos comités, en un verdadero estado obrero, llevó a muchos de éstos, a convertirse en verdaderos cantones casi independientes. Cada comité de pueblo o de suburbio se convirtió en el responsable de sus propias acciones y fué muy difícil establecer algún tipo de unidad orgánica o de coordinación. Sin embargo, la causa de las dificultades para someter a los comités a una autoridad superior, residía en la escisión creciente que existía entre éstos y las Juntas territoriales, cada vez más subordinadas a la autoridad en vías  de recuperación del gobierno de la República.
 
            El fenómeno de los comités revolucionarios que surgió en todo el territorio "republicano", no tuvo un carácter homogéneo. Su implantación, el radicalismo de su obra, sus relaciones con las autoridades gubernamentales  y con las Juntas territoriales, dependió en gran manera de la correlación de fuerzas existente en cada una de las zonas del estado. La falta de un organismo centralizado que se convirtiera en la cúspide del poder de los comites, fué también una de las causas de su gran heterogeneidad, tanto en la forma, como en su funcionamiento.
 
            El caso de Euskadi es perfectamente ilustrativo. La fuerza del nacionalismo burgués fué un obstáculo insalvable para que los comités-gobierno se multiplicaran y se consolidaran como un verdadero poder alternativo. En ocasiones, bajo el nombre de los comités, siguieron subsistiendo los viejos Ayuntamientos. La hegemonía aplastante del Partido Nacionalista Vasco impidió la realización de las expropiaciones. Las propiedades de la burguesía vasca fueron respetadas. (Este tipo de comités, escasamente desarrollados como órganos embrionarios del nuevo poder revolucionario, hizo su aparición también en otros territorios del estado, como en Extremadura).
 
            En Asturias, la industria, el comercio y los servicios quedaron socializados. La producción estuvo bajo control de los  consejos obreros y de los sindicatos, mientras que su dirección  quedaba en manos  de las Juntas territoriales de Gijón y de Sama de Langreo. Los comités de empresa se limitaron a controlar la producción en los centros de trabajo, bajo la influencia socialista, tradicionalmente mayoritaria en la región (122). (El ejemplo de Asturias, con sus propias variantes, se desarrolló en algunas zonas de Andalucía y en toda Catalunya).
 
            Otro ejemplo característico fué el caso de Madrid, donde la dispersión fué la tónica dominante. Cada partido, cada sindicato, tenían sus propios comités, su propia policía, sus  milicias, sus tribunales y sus prisiones. Cada organización funcionaba en la práctica como un microestado, en convivencia con lo que quedaba del estado central.
 
            Es difícil analizar la conciencia de las masas en plena situación revolucionaria, sin caer en los tópicos tradicionales. A menudo, unos ensalzan el grado de conciencia, hasta convertir a los trabajadores, en revolucionarios completamente conscientes de las circunstancias y perspectivas de la obra que habían iniciado. Otros los convierten en una masa dócil, dirigida y manipulada por una pequeña minorìa de conspiradores. La conciencia de las masas, en medio de un proceso revolucionario, es algo infinitamente más complejo, que cualquiera de los esquemas simplificadores. Los grados de conciencia varían hasta el infinito. Desde los sectores más atrasados de los trabajadores, que inician su incorporación al proceso de transformación social, hasta los que constituyen su vanguardia organizada en los partidos y sindicatos:
 
"Sin embargo, en el curso de una revolución, la conciencia de clase, es el proceso más dinámico que puede darse, el que determina directamente el curso de la revolución" (123).
 
            Las clases populares, el proletariado urbano, el campesinado pobre (jornaleros, pequeños propietarios) y la pequeña burguesía urbana mantenían una serie de reivindicaciones históricas que hasta el momento, no habían sido satisfechas. La  monarquía de Alfonso XIII, y la dictadura del general Primo de Rivera habían sido un obstáculo. La República había sido recibida por la inmensa mayoría de la población, salvo por una pequeña minoría de grandes propietarios, con inmensas esperanzas. Sin embargo, cinco años después, la República, poco o nada había hecho para satisfacerlas.
            Las ocupaciones de tierras, las huelgas generales o parciales, por motivos económicos, políticos o solidarios, realizadas entre los meses de Febrero y Julio de 1936, reflejan el creciente descontento y la  desconfianza  que existía hacia los métodos legales o parlamentarios. La masividad de estas movilizaciones nos permiten afirmar que la conciencia del proletariado y del campesinado, reflejaba confusamente estos deseos de liberación social. La República los había defraudado. Las escasas reformas que se iniciaron durante el período de la coalición republicano socialista, habían sido anuladas durante el bienio negro, en el que había gobernado la reacción derechista.
 
            La sangrienta  represión de Octubre de 1934 había sacudido los cimientos de la conciencia de los trabajadores. 
 
            Paradójicamente, esta última había dado la victoria electoral,  en el mes de febrero de 1936, a un moderado Frente Popular que prometía la amnistía   para los represaliados por el gobierno derechista, pero que defendía un programa conservador que no respondía a  las reivindicaciones históricas de la población. Cuando las masas llegaron a impacientarse por las duras condiciones de penuria en las que sobrevivían, pasaron a utilizar la acción directa. Las autoridades republicanas izquierdistas del Frente Popular, reprimieron sin contemplaciones las movilizaciones, en nombre del sagrado principio de la propiedad.
 
            Las jornadas revolucionarias de Julio, desencadenaron en Catalunya y en toda España, las profundas aspiraciones de liberación de las clases populares. Después de haber participado en los combates callejeros, o de haber apoyado a los que lo hacían, no estaban  dispuestos a confiar en un gobierno totalmente desprestigiado,  que carecía de sus cuerpos policiales y de su ejército, a los cuales poder recurrir para imponer su autoridad.
            Durante el período revolucionario, los comités y su obra actuaron como un verdadero catalizador en la conciencia de los trabajadores.
 
"El hombre común tuvo pues, la impresión de que no  sólo era el amo de las empresas abandonadas, sino también de las instituciones municipales o privadas abandonadas o paralizadas" (124).
 
            Podríamos añadir que también empezaba a serlo de su propio destino. En el campo y en la ciudad, muchos trabajadores presentían, en la derrota de los militares y en la huida de los odiados patronos, su oportunidad histórica para liberarse de tantos siglos de explotación. Aquella que tanto habían prometido los dirigentes de sus organizaciones. Los jornaleros en el campo vieron la posibilidad de acceder, de forma individual o colectiva, a la propiedad de la tierra. Sin embargo es importante destacar que gran parte del campesinado pobre, escogió la via de la explotación colectiva de las propiedades, superando el tradicional individualismo campesino. Sin lugar a dudas, el tradicional arraigo del anarquismo en muchas zonas rurales, fué un factor decisivo en la aparición y desarrollo de esta conciencia socialista agraria. Fué el instinto revolucionario, el que  convirtió a los trabajadores en los artífices de los comités revolucionarios y de su obra: las colectivizaciones.
 
            Aunque los comités se convirtieran en verdaderos embriones del estado obrero, esta idea no estaba claramente definida en la conciencia de sus bases sociales. Con ellos, los trabajadores pretendían cubrir el vacío de poder dejado por el derrumbe de las autoridades republicanas, solucionar sus problemas históricos y también sus necesidades más inmediatas.
 
" (Lo que quería la clase obrera) era tener el salario asegurado, en ausencia de quien tradicionalmente lo pagaba. Buscó esta seguridad, no en medidas gubernamentales, sino en sus propias medidas. Los obreros, de momento, no pensaron en ejercer este poder que les daba el tener armas y el haber ganado las jornadas más que en una cuestión, la de asegurarse el salario del sábado siguiente" (125).
 
            Desconfiaban de las autoridades republicanas que habían permitido con su política, que estallara la sublevación militar.
Cumplían sus más profundos deseos de satisfacer sus reivindicaciones históricas. Pero, salvo su vanguardia organizada, la mayoría de los trabajadores no eran completamente conscientes de la incompatibilidad que existía entre los comités, su obra y el estado republicano en ruinas que pugnaba por resurgir, y con el que habían pactado y  colaboraban sus direcciones políticas y sindicales.
 
            La pequeña burguesía urbana, junto a importantes sectores del campesinado (pequeños y medianos propietarios), vieron con agrado la caída del gran capital que los había condenado inexorablemente a la ruina. Los pequeños propietarios agrícolas  veían en la situación revolucionaria, la oportunidad para desembarazarse del pesado yugo de los grandes terratenientes. Sin embargo, la pequeña  burguesía también veía con recelo y temor a los trabajadores y sus posibles excesos expropiadores. Las clases medias adoptaron en muchos casos, una actitud neutral o de tímido apoyo a la revolución que se acababa de iniciar. No estaban dispuestas a arriesgar su vida oponiéndose a la revolución.
 
            El verbalismo izquierdista de los socialistas, sus divisiones internas y su desconcierto frente a los hechos, los incapacitaba para convertirse en una verdadera alternativa para las clases medias. Fué el PCE-PSUC con su política audaz y decidida, en defensa de los intereses de estos sectores sociales, quién recogió en los meses posteriores, su apoyo. La táctica que iban a seguir los revolucionarios iba a ser preciosa para decidir hacia qué lado iban a decantarse las clases medias, y por lo tanto, en gran parte, cual iba a ser el destino de la misma revolución.
 
            El funcionamiento de los comités revolucionarios, verdaderos embriones de estado  obrero y la reorganización   autogestionaria de la producción en los centros de trabajo, hizo que los obreros y el campesinado pobre creyeran que había llegado la hora de la nueva sociedad. Sólo esta nueva conciencia liberadora y revolucionaria puede explicar el entusiasmo, el arrojo y la improvisación con la que se enfrentaron, no sólo a los militares sublevados, sino también a los retos que presentaba la nueva organización de la producción y de la vida cotidiana en general.Los comités revolucionarios estuvieron formados, principalmente, por militantes socialistas, anarquistas y comunistas.
 
            La hostilidad o la incomprensión con la que sus direcciones políticas se opusieron a su obra y el hecho de que no existiese ninguna organización que apoyase con claridad, la vocación estatalista de los comités, hizo que éstos acabaran subordinándose, no sin oponer resistencia, a las autoridades republicanas. Aunque los trabajadores se aferraran a sus comités y desconfiaran de los llamamientos al desarme de la retaguardia, no podían oponerse indefinidamente, sin tener que enfrentarse a los dirigentes de sus propias organizaciones.
 
            Socialistas y comunistas oficiales en nombre del Frente Popular, pronto se mostraron partidarios de disolver los comités y de reconstruir las instituciones republicanas. El hecho de que los trabajadores se empeñaran tercamente en no abandonar lo conquistado, cuestionaba su proyecto de construcción de una "democracia avanzada", que había sido superada por gran parte de la población.
 
            Los nuevos organismos revolucionarios, formados en muchos casos por militantes de estas organizaciones, actuaban frecuentemente por su propia cuenta, al margen de las directrices  de sus direcciones políticas. A menudo, sus líneas de acción entraban en abierta oposición.
 
"... donde militantes socialistas y estalinistas hacían prácticamente la revolución, mientras  sus   dirigentes predicaban la democracia  burguesa y preparaban la reorganización del Estado" (126).
 
            Las aspiraciones de los trabajadores y del resto de las clases populares, estaban simbolizadas por el poder de los comités y se hicieron realidad en la obra de éstos. Sin embargo no fueron recogidas, por diferentes razones, por las organizaciones que los representaban.
 
            Unos se empeñaban en volver a la situación anterior a Julio, que había demostrado hasta la saciedad, sus límitaciones insalvables. Al liquidar las conquistas revolucionarias, consideradas como "excesos" de los trabajadores, manipulados por "extremistas", introducían la desmoralización entre las masas revolucionarias y, simultáneamente, debilitaban el suelo político en el que se apoyaban,   facilitando el avance de la reacción militar.
 
            Otros no comprendían que la dinámica revolucionaria de  los comités estaba muy lejos de sus esquemas tradicionales, y esto los incapacitaba para llevarla hasta sus últimas consecuencias. Sacrificaron la revolución, poco a poco, en nombre de una ficticia unidad antifascista, que la iba socavando, a medida que iban siendo desmanteladas las conquistas revolucionarias y reconstruido el viejo aparato estatal.
 
"Sabíamos que no era posible triunfar en la revolución si no se triunfaba antes en la guerra, y por la guerra lo sacrificábamos todo. Sacrificábamos la revolución misma, sin advertir que ese sacrificio implicaba también el sacrificio de los objetivos de la guerra" (127).
 
            La imposibilidad de los comités-gobierno para convertirse en verdaderos soviets, es decir, en las células del nuevo Estado Obrero, no puede ser atribuida a la rápida restauración del poder republicano. Esto sería una cuestión secundaria. La República, al fin y al cabo, pudo reconstruirse gracias al apoyo  prestado por las organizaciones obreras, y por consiguiente, también por su negativa a convertir a los comités en los cimientos de la nueva sociedad revolucionaria. El poder de los comités se oponía directamente al de las instituciones republicanas. Ambas se excluían mutuamente. El apoyo al gobierno, por lo tanto, tenía que combinarse con la hostilidad, más o menos abierta, hacia los comités. Ningun partido o sindicato se mostró dispuesto a estructurarlos y coordinarlos. Elementos que eran indispensables, para que la dualidad de poderes evolucionara en un sentido revolucionario.
 
            La inexistencia de una organización que comprendiera el verdadero papel de los comités, sería la causa de que éstos no  llegaran a convertirse en verdaderos soviets, similares a los que habían aparecido en las revoluciones rusas de 1917 y 1905, o en la fracasada revolución alemana de 1918.
 
"Para que los comités hubiesen podido llegar a convertirse   en verdaderos soviets, hubiese sido necesario que en uno o en otro momento, hubiesen dejado de estar integrados por dirigentes de las organizaciones, designados o elegidos, para convertirse en organismos elegidos y revocables en los cuales operase democráticamente la ley de la mayoría, y no la regla de los acuerdos de las altas esferas del partido" (128).
 
            En resumen, los comités-gobierno no llegaron a convertirse en soviets, no porque existiera alguna particularidad de la revolución española, o por la tradición y arraigo de los sindicatos en el movimiento obrero de este país. Al fin y al cabo, los rätes alemanes, de naturaleza similar a los soviets rusos, o a los comités revolucionarios españoles, partían de un movimiento obrero que contaba con poderosas organizaciones sindicales y partidarias y con una tradición mucho más vasta que la española. Los organismos de naturaleza soviética no existieron en la revolución española, porque no hubo ninguna fuerza dispuesta a promoverlos.
 
            La incapacidad de los comités-gobierno, fué también la causa de su decadencia y disolución posterior:
 
"Así también, poco a poco, los comités dejaron de ser verdaderos organismos revolucionarios, por no haberse transformado en expresión directa de las masas sublevadas. Se convirtieron en <<comités de alianza>>, en los cuales la acción de los obreros y de los campesinos, a medida que nos alejamos de las jornadas revolucionarias y del ejercicio del poder en la calle, por los trabajadores en armas, se dejó sentir cada vez menos, y en los cuales, por el contrario, la influencia de los aparatos de los partidos y de los sindicatos se volvió preponderante" (129).
 
 
3.6 EL PERÍODO DE DOBLE PODER EN EL RESTO DEL ESTADO
 
            Numerosos historiadores y políticos han catalogado a la revolución española, como la más profunda acaecida en el siglo XX, después de la del Octubre ruso. Su gran originalidad residió, sin duda  alguna, en que su carácter insistentemente socialista, se dio de forma independiente de las fuerzas políticas que intervinieron en ella.
 
            La dualidad de poderes, durante los primeros meses de la guerra civil,   estuvo centrada en la oposición existente entre el poder de los comités-gobierno locales y el de las direcciones de las organizaciones obreras que formaban parte del Frente Popular. La revolución española tenía sus propias singularidades.
            El gobierno de Giral y la Generalitat de Companys sólo se representaban así mismos. La burguesía urbana y agraria los había abandonado refugiándose en el bando franquista. Las clases medias, o bien se mantenían aparentemente neutrales o se agrupaban en torno al PCE-PSUC, que demostraba ser mucho más audaz en la defensa de sus intereses, que los agonizantes partidos republicanos.
 
            Por lo tanto, sería incorrecto afirmar que la dualidad de poderes estaba situada entre las instituciones gubernamentales republicanas y los comités revolucionarios. El falso argumento se apoya en el hecho circunstancial de que en el gobierno, estaban representadas exclusivamente las organizaciones republicanas, y que eran apoyadas desde el exterior por las organizaciones obreras del Frente Popular. La afirmación tiende a sobrevalorar a un gobierno republicano que había perdido toda su autoridad política ante la población, y que mantenía un raquítico poder, que le era concedido por la gracia de las organizaciones obreras (130).
 
            Como en Catalunya, también a nivel estatal se produjeron cambios revolucionarios profundos. Sin embargo, el período de dualidad de poderes sería mucho más corto e inestable. Las principales diferencias entre ambas dinámicas revolucionarias hay que buscarlas en dos factores: El proyecto político de las organizaciones obreras mayoritarias en ambas zonas era distinto y el hecho de que Catalunya contara con el proletariado más concentrado, mejor organizado y con la mayor tradición de lucha de todo el estado.
 
            El anarcosindicalismo, fuerza hegemónica en Catalunya, carecía de un programa político adecuado para enfrentarse con éxito a la compleja situación que se estaba desarrollando. Los cuadros dirigentes de la CNT y de la FAI, mantenían una larga tradición antipolítica y antiestatalista que les impedía comprender la verdadera naturaleza de los comités-gobierno. Pero  el anarcosindicalismo necesitaban apoyarse en éstos para   mantener su hegemonía frente a los partidarios mantener la revolución en los límites de la revolución democrática. En Catalunya, los partidos y sindicatos obreros que integraban el Frente Popular, eran claramente minoritarios. Fuera de la CNT, solo el POUM contaba en aquellos momentos con una implantación significativa en Catalunya, y éste también se apoyaba en la autoridad de los comités.
 
            Las direcciones de las diferentes fracciones  del PSOE y de la UGT, organizaciones mayoritarias fuera de Catalunya, tenían en común, a pesar de sus diferencias políticas, su adhesión al Frente Popular. Caballeristas y prietistas eran partidarios de terminar cuanto antes con el poder de los comités, para reconstruir el estado republicano.
 
            La profundidad de la revolución en el resto del territorio "republicano", era similar a la que se estaba desarrollando en Catalunya, pero los obstáculos eran mucho mayores. La principal diferencia entre  los dos procesos revolucionarios, estaba en su dinámica. Los comités en el resto del estado, se estrellaron con la hostilidad, más o menos abierta, de los dirigentes de la mayoría de los partidos y sindicatos,  y declinaron rápidamente.
           
            Con la decadencia de los comités-gobierno, decayeron también gran parte de las conquistas conseguidas en el primer período de la guerra y de la revolución.
 
            Durante los meses que existió el período dual, el poder revolucionario estuvo indiscutiblemente, ligado al auge y a la decadencia de los comités.
 
"...el destino de la revolución española de 1936-1939 estuvo estrechamente vinculado a la formación, despliegue y decadencia de los comités en los meses de guerra" (131).
 
3.7 LAS JUNTAS TERRITORIALES.
 
            Por encima de los comités-gobierno que aparecieron en los pueblos,   en las barriadas de las ciudades y en los centros de trabajo, se formaron una serie de organismos territoriales en todas las zonas de la península donde los militares habían sido derrotados. El Comité Central de Milicias Antifascistas de Catalunya, del que hablaremos en otros capítulos, fue el exponente más completo de esta clase de organismos de poder.
 
            Una de las principales características que presenta el fenómeno de las Juntas territoriales, es la inexistencia de un poder unitario y centralizador en todo el territorio republicano. Durante los meses siguientes a las jornadas de julio, el gobierno republicano en proceso de reconstrucción, tuvo que disputar, palmo a palmo, el poder político a las Juntas territoriales, hasta conseguir someterlas y disolverlas posteriormente para sustituirlas por sus propias instituciones restauradas.
 
            Las causas del renacimiento de esta expresión del viejo cantonalismo, hay que buscarlas en la histórica falta de desarrollo y articulación de las estructuras estatales españolas. 
            El derrumbe del estado central republicano daría paso, no a una nueva forma de estado, sino a diversos gobiernos regionales o territoriales, semi-independientes y sin apenas relación entre si.  No hay que olvidar que esta conciencia cantonalista ya había impregnado profundamente a las mismas organizaciones del movimiento obrero español, que tradicionalmente, se habían reivindicado, en mayor o menor grado como federalistas. La "deficitaria" conciencia nacional española fue descrita magistralmente por Gerald Brenan:
 
"España es el país de la <<patria chica>>...un hombre se caracteriza por su vinculación a su ciudad natal o, dentro de ella, a su familia o grupo social, y sólo en segundo lugar a su patria y al Estado" (132).
 
            A nivel jerárquico, el vacío de poder provocado por el derrumbe de las instituciones republicanas fue rápidamente ocupado por las Juntas territoriales, que tuvieron que encargarse,  con la urgencia que la situación requería, de los graves  problemas que se presentaban, en medio de una guerra civil. Se crearon comisiones que se encargaron de dirigir y gestionar los servicios y las funciones específicas que anteriormente habían estado en manos del Estado (Abastecimientos, economía, enseñanza, seguridad, Justicia,...). Sin embargo y  de la misma forma  que los comités revolucionarios locales, nunca adquirieron alcance nacional. Se limitaron a ejercer su autoridad en los territorios en los que habían aparecido, sin que existiera ninguna tentativa de coordinación y de enlace. El hecho de que la mayor parte de las organizaciones obreras fueran partidarias del mantenimiento del gobierno republicano y de los acuerdos del Frente Popular explica la inexistencia de tentativas de coordinación entre ellas. Las Juntas territoriales nunca se convirtieron en un verdadero Estado, ni se vincularon directamente a los comités locales, por la razón de que tampoco pretendían suplantar a la República.
 
            Algunos historiadores parecen considerar que  los poderes regionales se formaron a partir de los comités locales.
 
"A partir de los comités locales  se organizaron en los días que siguieron al aplastamiento de la rebelión armada, los poderes regionales" (133).
 
            El origen de las Juntas territoriales no estuvo en la   multitud de comités-gobiernos de carácter local que existían, sino en los pactos y negociaciones que se dieron entre las direcciones de las diferentes organizaciones obreras y republicanas.
 
            Los miembros de las Juntas territoriales, representaban a los organismos dirigentes de los distintos partidos y sindicatos, y sólo eran responsables ante ellos. La falta de democratización  interna de éstas no es sólo atribuible a las circunstancias de la guerra, sino también a la concepción burocrática que de ellas tenían los dirigentes de las organizaciones que las conformaban. Desde este punto de vista, las Alianzas Obreras territoriales que se habían desarrollado durante 1934 habían sido un precedente de las Juntas territoriales, es decir, como organismos de enlace de las diferentes organizaciones.
 
            Para los partidos y sindicatos obreros del Frente Popular, los comités locales y las Juntas territoriales eran un mal menor que había que aceptar, pacientemente, mientras se reconstruía el estado. Al fin y al cabo, ocupaban el espacio  político que habían dejado las desaparecidas instituciones republicanas e impedían que la zona republicana se hundiera en el caos y en  el vacío total de poder. Defender la democratización de los organismos revolucionarios, su articulación de abajo a arriba, hubiera significado consolidar una revolución en la que no creían  o de la que eran decididos adversarios.
 
            En el espectro ideológico izquierdista, se situaban la CNT, la FAI y el POUM. Las organizaciones anarcosindicalistas consideraban que la democratización de las Juntas territoriales era innecesaria. Para ellos, eran tan solo organismos de frente único con el resto de grupos antifascistas. Para los libertarios los comités locales   y las Juntas territoriales eran organismos extraños a su concepción de revolución anarcosindicalista. En el  Congreso de Zaragoza, pocos meses antes, la CNT se había definido por una sociedad libertaria, que estaría basada en los sindicatos y en las comunas libres.
El denominador común de todas las organizaciones obreras con respecto a los nuevos organismos que habían aparecido al calor de la revolución era o bien la hostilidad y la desconfianza o bien la simple incomprensión de la naturaleza de las Juntas y de los comités en la revolución española. Sin ningún  partido o sindicato que estuviera dispuesto a trabajar desde ellos, para la construcción de un auténtico poder obrero, estructurado y centralizado, que acabara con la débil existencia de  la República, el camino de la revolución de los comités quedaba fatalmente bloqueado.
 
            El débil control que ejercieron las Juntas sobre los comités revolucionarios, se realizó a través de los partidos y de los sindicatos obreros que estaban representados en ambos organismos. Los comités lo eran todo a nivel local, las Juntas cumplían la misma función en el territorio donde habían aparecido. Ambos organismos tenían el mismo origen, el vacío del poder político  que había dejado la República. La explicación del porqué las Juntas territoriales nunca mostraron vocación para convertirse en el embrión estatal que debería ocupar el espacio dejado por las instituciones republicanas hay que buscarla en la voluntad política de las organizaciones obreras que formaban parte de ellas. Ninguna de ellas, ni siquiera las más radicalizadas, estaban dispuestas, en aquellas condiciones y por distintos motivos, a llevar la revolución hasta sus últimas consecuencias.
 
            La CNT, presionada por las  circunstancias, llegó a proponer la creación de una Junta Nacional de Defensa, con representación exclusivamente sindical, UGT y CNT, en la que las organizaciones republicanas serían excluidas y donde los partidos obreros solo  estarían representados, por medio de los sindicatos. La propuesta anarquista parecía dirigirse hacia la formación, con otro nombre  y arrastrando sus viejos prejuicios antipartidistas, de un verdadero  gobierno obrero. Sin embargo, tampoco en esta ocasión  la dirección cenetista, estaba dispuesta  a llevar el combate hasta el final. La propuesta fue rechazada por Largo Caballero, consciente de que cuestionaba en esencia los acuerdos del Frente Popular y de que ésta no reflejaba la fortaleza política de la CNT, sino su debilidad. Efectivamente, pocas semanas después, los anarcosindicalistas entrarían, sin condiciones, a formar parte de su segundo gobierno.
 
3.7.1. Asturias:
 
            Coexistiendo con los comités revolucionarios locales, se  formaron dos poderes regionales: el Comité de Guerra de Gijón (con mayoría anarcosindicalista), presidido por Segundo Blanco y el Comité Popular de Sama de Langreo (de mayoría socialista y con  presencia de comunistas y republicanos), que estuvo dirigido primero por el socialista González Peña y posteriormente por Amador Fernández. En Septiembre, ambos poderes territoriales  llegarían a unificarse en un Comité de Guerra, que se instaló en Gijón, y sería dirigido por el socialista Belarmino Tomás.
 
            Los dos organismos territoriales, herederos de la vieja Alianza Obrera regional, cooperaron activamente hasta el momento de su fusión. Ambos crearon sus propias estructuras, dirigidas a solucionar los graves problemas de abastecimiento de la población y a cubrir las necesidades de la guerra. El Comité de Sama de Langreo conseguiría movilizar hasta 20.000 milicianos para hacer frente al ejército franquista. Las milicias revolucionarias en Asturias, al contrario de lo que ocurriría en  el del resto del país, no se dividieron según sus ideologías políticas, sino que en su seno coexistieron sin dificultades, los militantes de los diferentes partidos y sindicatos. La lejanía y la escasa influencia de los centros estatales de dirección de las organizaciones obreras hizo que las bases militantes tendieran espontáneamente a la unidad en defensa de la revolución (135).
 
            En la retaguardia, las milicias y patrullas de control, dirigidas por delegados de los partidos y de los sindicatos, se encargaron de mantener el orden interno. En Gijón, se constituyó el Tribunal Popular de Asturias, formado por representantes de todas las organizaciones antifascistas, que se encargó de administrar la justicia revolucionaria en la zona.
 
            Durante este período hasta la ocupación de Asturias por las tropas franquistas, la industria fue socializada. Las minas y las empresas metalúrgicas estuvieron dirigidas por los comités y por los sindicatos. También la actividad pesquera tuvo profundas transformaciones revolucionarias y fue colectivizada. La experiencia con la comuna asturiana de 1934, fue  determinante para que fuera llevada a cabo una política de alianza entre el movimiento obrero y el campesinado pobre de la región.
El agro  asturiano, donde la pequeña y mediana propiedad eran mayoritarias, no estuvo afectado por la acción colectivizadora.
 
            La  prudencia de los revolucionarios en el campo, permitió que existiera una relación estable entre los obreros y el campesinado La moderación con la que los comités dirigieron sus relaciones con el campesinado, no impidió que los productos fueran fiscalizados en beneficio del abastecimiento de la población.
 
3.7.2. Santander, Burgos y Palencia:
 
            En la zona se constituyó el Comité del Frente Popular Ampliado, en la que se integraron, además de las distintas  organizaciones del frente Popular, la CNT y la FAI.
 
            La obra colectivizadora en  la región fue escasa, debido a la predominancia socialista en el movimiento obrero. Las expropiaciones sólo afectarían a las propiedades pertenecientes a los patronos que había huido o la de los que eran simpatizantes  declarados de los sublevación militar. La industria pesquera fue socializada y controlada por un comité sindical formado por seis miembros de la CNT y seis de la UGT.
 
            Como en Asturias, las buenas relaciones entre los sindicatos permitirían la formación de milicias mixtas, formadas por militantes de todas las organizaciones que integraban la Junta.
 
3.7.3 Andalucía:
 
            En Córdoba, Jaén y Granada, las dos centrales sindicales  UGT y CNT, estaban ampliamente arraigadas y mantenían fuerzas similares. En Sevilla, la situación era compleja, los socialistas eran mayoritarios en la capital, el PCE también estaba  fuertemente implantado, mientras que la CNT controlaba el campo.
 
            En la ciudad de Málaga, los comunistas mantenían una fuerte influencia entre los trabajadores organizados.
 
            El estallido de la sublevación y el rápido control de los insurrectos sobre la parte Occidental de la región, impidió que la situación revolucionaria se desarrollara  en estas zonas tan complejas en su correlación de fuerzas. La división existente provocó, tras las jornadas de Julio, una profunda disgregación del poder político. No existió un solo poder centralizado, sino varios, que organizaran la resistencia y dirigieran el movimiento espontáneo de la población, (Comité de Salud Pública de Málaga, Frente Popular   Antifascista de Granada, Consejo Provincial de Sevilla, Comité de Defensa de Ronda,...),
 
"Cada ciudad se hizo independiente; no fueron posibles ninguna centralización ni acción coordinada alguna. A diferencia de las otras grandes regiones de España, no se constituyó aquí ningún organismo que subyugara o que al menos intentara subyugar a los innumerables poderes locales" (136).
 
            En Málaga, una vez aplastados en los primeros días los insurrectos, se formó un Comité de Defensa, a partir de los sindicatos UGT-CNT. Posteriormente, el acuerdo se amplió a los partidos políticos "antifascistas" y se constituiría el Comité de Salud Pública de Málaga. La nueva Junta se encargaría de asegurar  el orden interno, la organización de la defensa y el abastecimiento  de la ciudad.
 
            A diferencia de lo que ocurría en el resto de las Juntas territoriales, la división del trabajo en el seno del Comité de Salud Pública estuvo poco definida. No existieron subcomités especializados en tareas específicas. Sólo posteriormente, y frente a la necesidad de contener el avance franquista, parecen haberse definido las tareas internas (Sin embargo nunca hubo ningún intento de constituir un Consejo Económico). Otra particularidad del Comité de Salud pública  fue  la de que el Ayuntamiento de la ciudad no fue disuelto, sino solamente depurado de los elementos derechistas y reaccionarios. El 30 de Julio se convirtió en una comisión ejecutiva compuesta por doce miembros, representantes de todas las organizaciones antifascistas.
 
            La autoridad del Comité de Salud Pública se limitó a la ciudad de Málaga. Fuera de ella, el poder estaba en manos de los comités locales que existían en los pueblos de la provincia (Comité Central Permanente de Motril...).
 
            El Frente Popular Antifascista de Granada no se formó hasta el mes de noviembre. La presidencia del organismo recayó en el gobernador civil. Todas las organizaciones antifascistas, incluidas las más radicales, se integraron en la Junta y   aceptaron su política de disolución de los comités locales y  la sustitución por Consejos Municipales. Esto significó la consolidación del poder político del gobierno de la  República en todo su área de influencia.
 
            A pesar del rápida liquidación de la revolución en toda Andalucía, ésta no se hizo sin grandes resistencias. En el proceso de disolución de los comités, los anarcosindicalistas adoptaron diferentes actitudes, según la zona. En algunos lugares como en Granada, la CNT se integró en el poder provincial y en los nuevos Consejos Municipales, que no eran otra cosa que apéndices del gobierno, a diferencia de lo que ocurrió en Málaga donde nunca aceptaron su incorporación.
 
            La inexistencia de una pequeña burguesía numerosa en la región, hizo que los enfrentamientos en la adquirieran formas distintas a las que se desarrollaron en otras zonas. Las organizaciones republicanas apenas tenían algún peso en la sociedad andaluza. El PCE no pudo capitalizar el temor de las clases medias para frenar a los revolucionarios. Las diferencias entre las bases comunistas y las del anarcosindicalismo en cuanto a las colectivizaciones, se limitaron a las formas y no al contenido y naturaleza de éstas (137).
 
            La falta de un organismo territorial único y centralizado, que canalizara los esfuerzos de los trabajadores y de sus comités  para frenar el avance de las tropas franquistas, explica la facilidad con la que éstas se adueñaron de gran parte de la región, frente a una oposición dispersa, desorganizada y mal armada.
 

3.7.4. Aragón:
 
            La reconquista parcial de la región por las milicias de catalanas, principalmente anarcosindicalistas, fue acompañada de  profundos cambios revolucionarios, bajo la forma de las colectivizaciones agrarias. 
 
            El 6 de Octubre y por  iniciativa del Comité Regional de la CNT, se  reunió en la población de Bujaraloz, donde estaba situado el Cuartel General de la columna de Durruti, un Congreso de representantes de los comités de las colectivizaciones y de las milicias del frente. Los  delegados eligieron un Consejo de Defensa de que estuvo presidido por Joaquín Ascaso. La nueva Junta revolucionaria se instaló en Fraga:
 
"...El gobierno se resiste a abandonar su puesto para ceder el paso a las iniciativas de la CNT, ante esto, el pleno decidió minar la influencia del poder central y para ello nada mejor que ir a la constitución de los consejos regionales de defensa. Catalunya ya los ha constituido; Levante también lo ha decidido, y por lo que a Aragón respecta: aquí estamos reunidos para llegar a una inteligencia e ir a la constitución del Consejo Regional de Defensa de Aragón" (138).
 
            El Consejo de Aragón  estuvo compuesto, desde un principio,  exclusivamente por miembros de la CNT. Los socialistas rechazaron  su participación y contemplaron con hostilidad la formación de una Junta, que con su existencia cuestionaba, los intentos del gobierno para reconstruir su autoridad en la región. Las organizaciones republicanas, ante la actitud del PSOE, decidieron abstenerse de participar. Socialistas y comunistas oficiales atacaron la formación del nuevo organismo acusándolo de ser una dictadura anarquista camuflada y de cantonalismo (139).
 
            También la Generalitat de Catalunya vio con malos ojos la formación de un poder territorial en Aragón que le disputaba su influencia sobre la región. El gobierno de Madrid  no estaba  en condiciones para evitar su formación. Sólo lo reconocería mucho más tarde, como maniobra para someterlo a su autoridad. El reconocimiento político del Consejo sería el paso previo para su absorción y disolución, que daría paso a las instituciones del estado republicano reconstruido.
 
            Sin embargo, una de las principales oposiciones a la  formación del Consejo de Aragón provino de la misma dirección   estatal anarcosindicalista.
 
"... los propios dirigentes de la CNT proclamaron su descontento. Según ellos, la creación de este Consejo no sólo entorpecía sus gestiones para integrarse en el gobierno sino que además, era ilegítimo ya que no había sido decidido con la aprobación del Comité nacional, ni ratificado por ningún pleno o congreso regular" (140).
 
            La dirección de la CNT, presa de sus compromisos con el     gobierno y el Frente Popular, sacrificaba todo lo que pudiera significar profundización en la organización del poder revolucionario, en aras de una "unidad antifascista" que pretendía restaurar el viejo orden republicano.
 
3.7.5. Valencia:
 
            El 20 de Julio, en pleno fragor de los combates, se constituyó un Comité que agrupó a todas las organizaciones pertenecientes al Frente Popular. Mientras tanto, el día 19, la CNT había formado su propio Comité de Huelga que procedió a convocar la huelga general en toda la región, apenas  conocida la sublevación militar.
 
            El Comité de Huelga  precedió al que se formaría el mismo día 20 entre las dos centrales sindicales, UGT y CNT, dirigido por el cenetista Francisco Gómez y por el socialista Guillén. Poco después, se formó un nueva Junta que unificaría a los dos organismos existentes, el Comité Ejecutivo Popular de Levante.
Aprovechando el largo paréntesis entre el estallido de la sublevación estatal y la de Valencia, el gobierno  Giral intentó aprovechar la situación y recuperar su autoridad en la región.
 
            Una Junta delegada, dirigida por Martínez Barrio fue enviada desde Madrid, para sustituir al gobernador civil.
 
            El choque entre la Junta gubernamental y el Comité Ejecutivo Popular no se hizo esperar. La Junta delegada, apoyada por el PCE, presionó para que finalizara la huelga general y se iniciaran negociaciones con los mandos de la guarnición militar que estaba acuartelada, y que era supuestamente leal al gobierno.
            La Junta de Martínez Barrio pidió la disolución del Comité Ejecutivo Popular, y la subordinación de todo el movimiento a  su autoridad. Las direcciones sindicales de la CNT y de la UGT empezaron a ceder ante las demandas y ordenaron la vuelta al trabajo, a excepción de los trabajadores del Transporte. Sin embargo la desconvocatoria no se produjo porque los trabajadores se negaron a desmovilizarse frente a la actitud sospechosa del ejército. Fue la guarnición de Valencia la que resolvería la situación de impás existente.
 
            El día 31 de Julio, los militares superaron sus vacilaciones e intentaron el levantamiento. Sin embargo, el tiempo perdido por los insurrectos fue decisivo, y sería aprovechado por sus adversarios. Los trabajadores, organizados y armados por el Comité Ejecutivo Popular, con armas procedentes de Barcelona y de la zona centro, que fueron enviadas por la CNT y por  la FAI, sofocaron rápidamente la sublevación. Los acontecimientos colocaron a la Junta delegada por el gobierno en una situación más que difícil. Sus directrices, que implicaban el desarme de la población, habrían facilitado enormemente los objetivos de los sublevados. La delegación de Martínez Barrio completamente desprestigiada, tuvo que regresar a Madrid, dejando el poder en manos del Comité Ejecutivo Popular. La presidencia de la Junta territorial quedaría, sin embargo, en manos del Coronel Arín, que fue promovido por el gobierno de Madrid a gobernador civil. De esta forma, el presidente del poder paralelo, se convertía  también en el represente del gobierno republicano.
 
            Sin embargo, el Comité Ejecutivo Popular, sólo controló la capital levantina y sus alrededores. La autoridad de la Junta   territorial tuvo que convivir con el poder de los numerosos comités revolucionarios locales y con las colectividades. Su autoridad en muchos lugares sólo fue simbólica. La coordinación entre el  poder regional y los comités locales era inexistente en la práctica.
 
            El Comité Ejecutivo Popular de Levante, como otras Juntas  territoriales, tuvo que enfrentarse a numerosas dificultades, nacidas por el repentino desplome del gobierno republicano y por el inicio de la guerra civil y de la revolución. A propuesta de la CNT, se formó un Consejo de Economía, similar al existente en Catalunya y que había sido creado a instancias del Comité Central de Milicias Antifascistas. El nuevo organismo económico, formado por representantes de las dos centrales sindicales, se encargó de organizar y coordinar la producción y las colectivizaciones de la región.
 
            El traslado del gobierno de Largo Caballero  a Valencia, durante  la primera semana de noviembre, huyendo de la amenaza inminente de las tropas franquistas sobre Madrid, significó la rápida decadencia y desaparición del Comité Ejecutivo Popular, que acabó disolviéndose en el mes de diciembre.
 
3.7.6. Euskadi:
 
            En el primer período posterior a las jornadas de Julio, el orden fue mantenido por el Comité del Frente Popular, que  estaba presidido por el gobernador civil, José Echevarría Novoa.
 
            A finales de Julio se constituyó el Comisariado de Defensa de Vizcaya, encargado de enfrentarse a la reacción militar. El hecho de que la principal organización en el Pais Vasco fuera el Partido Nacionalista sería un  poderoso condicionante para que el proceso revolucionario en Euskadi no llegara a desarrollarse, más allá de los primeros balbuceos.
 
"Las Juntas de Defensa que se constituyeron en todas las provincias vascas eran organismos de lucha contra la insurrección militar y, al mismo tiempo, bastiones contra la revolución" (141).
 
            La rápida organización de las milicias vascas, controladas por el PNV y dirigidas por el comandante Saseta, permitieron a los nacionalistas recuperar las armas y el terreno perdido ante las organizaciones obreras, en los primeros días del estallido de la guerra.
 
            El hundimiento del gobierno central, dio lugar, no a un poder obrero, más o menos desarrollado, sino a un nuevo estado específicamente nacionalista burgués, que combatió y limitó con éxito al movimiento revolucionario. El fenómeno de los comités, que habían surgido con extraordinaria fuerza, por toda la geografía del estado, apenas llegó a existir en el Pais Vasco.
 
3.7.7. Badajoz:
 
            Extremadura quedó dividida en dos zonas. Cáceres había caído   en manos de los sublevados, mientras que Badajoz continuaba bajo control republicano. Los socialistas estaban fuertemente implantados en el campo extremeño, donde eran claramente mayoritarios. La UGT había organizado y dirigido el poderoso movimiento yuntero. A pesar de ello, la CNT y los diferentes grupos comunistas, el PCE y el POUM, tenían importantes núcleos  militantes en la región.
 
            Pese a la hegemonía socialista, el proceso revolucionario abierto con las jornadas de Julio fue capitalizado por el anarcosindicalismo y por las organizaciones comunistas, mucho más audaces y decididas que los primeros.
 
            En numerosos poblaciones (Mérida,...), donde el anarcosindicalismo era mayoritario, los antiguos ayuntamientos fueron sustituidos por comités revolucionarios locales que constituyeron sus propias  milicias y se encargaron de la defensa y del orden público. En otras poblaciones de mayoría socialista, (Badajoz, Almendralejos, Zafra, Villafranca de los Barros...), los ayuntamientos  continuaron existiendo, depurados de los sectores derechistas, pero sin que llegaran a integrarse las organizaciones que hasta el momento no habían formado parte de ellos.
 
            En todas las poblaciones se formaron patrullas de vigilancia    a partir de los militantes de todas las organizaciones obreras, que se encargaron de mantener el orden interno en sus respectivas localidades. Las milicias que se opusieron al avance del ejército sublevado, se formaron a partir de la iniciativa de los partidos y de los sindicatos, y no llegaron a mezclarse entre ellas. Sin duda alguna, la división existente entre las diferentes milicias, mal organizadas y peor armadas, hizo que no llegaran a ser, en ningún momento, un serio rival para las tropas sublevadas que avanzaban, procedentes del sur.
 
            El Consejo Provincial de Badajoz no llegaría a formarse hasta el mes de noviembre y fue presidido por el socialista Casado. El tardío poder territorial se creaba, empujado por la fuerza de las circunstancias, por  la necesidad de coordinar la defensa y contener el rápido avance de las tropas franquistas.
           
            Algunos historiadores consideran que la constitución de la nueva Junta territorial sirvió para superar la oposición que existía entre los comités revolucionarios y los antiguos ayuntamientos (142). La afirmación parece un tanto ingenua. La formación del poder regional se dio, simultáneamente a la reorganización de los poderes locales. La supuesta superación de la oposición entre los comités y los ayuntamientos se dio, en cualquier caso, con la disolución de los primeros y la integración de las organizaciones más radicales en los organismos republicanos. La diferencia entre ambos organismos era algo mucho más importante que un simple cambio de nombre.
 
            La ocupación de Extremadura por las tropas franquistas, en su marcha hacia Madrid, truncó el desarrollo de esta situación.
 
3.7.8. Murcia:
 
            El cantonalismo resurgió con fuerza en esta región. Esto hace que numerosos historiadores lleguen a equipararlo con el existente en 1873 (143). El Comité Provincial del Frente Popular Antifascista, se formó en torno a dos núcleos urbanos importantes: Murcia, dirigida por los socialistas y Cartagena, que contaba con una fuerte presencia libertaria.
 
            La CNT contaba con importantes núcleos militantes en Cartagena y en los   pueblos mineros (La Unión, Llano del Beal, Alumbres, Portman,...). Mientras que los socialistas y los republicanos federalistas (cantonalistas) tenían también un importante arraigo en la región, especialmente en la ciudad de Murcia.
 
            La industria, la minería y los servicios fueron socializados y puestos bajo control de los comités y sindicatos. En el campo, los numerosos latifundios de la región fueron sustituidos por colectivizaciones de la UGT y de la CNT. Las propiedades   de los pequeños y medianos propietarios agrícolas, numerosos en la región, fueron respetadas.
 
3.7.9. Castilla:
 
            Después de las jornadas de julio, la mayor parte de Castilla-León cayó en manos de los insurgentes, mientras que  la región de Castilla-La Mancha y Madrid continuaban en manos "republicanas". La batalla por el control de la capital fue determinante en la derrota de los sublevados en toda la zona centro, y por lo tanto decisivo en la mayor parte del estado. En los días posteriores a los primeros combates, las milicias  revolucionarias liberaron numerosas poblaciones (Toledo, Alcalá de Henares, Sigüenza, Guadalajara...), y detuvieron el avance de los rebeldes en los pasos montañosos de Guadarrama y Somosierra.
 
            En el período anterior al inicio de la guerra y la revolución, los socialistas habían sido la organización obrera mayoritaria en toda la región castellana y en Madrid. Los anarcosindicalistas estaban fuertemente implantados en algunas poblaciones. Mientras que los diferentes grupos comunistas, el PCE y el POUM, muy débiles organizativamente, apenas contaban políticamente.
 
            Después de las jornadas de Julio, la hegemonía socialista se vio quebrada por los acontecimientos. La direcciones del Partido Socialista y de la Unión General de Trabajadores, se vieron bloqueados por sus divisiones internas y por la falta de un programa político apropiado para enfrentarse a la nueva situación revolucionaria. La parálisis socialista pronto sería capitalizada por los grupos minoritarios, por el anarcosindicalismo y el Partido Comunista.
 
            La CNT y la FAI, gracias al poderoso movimiento colectivizador que sustituyó a los grandes latifundios, impulsado por sus propias bases, capitalizó parte del prestigio perdido por los socialistas. La CNT tendió a arrastrar con las colectivizaciones, a los sectores más izquierdistas de la UGT. Gran parte de la región de La Mancha y la ciudad de Cuenca, cayeron bajo control anarcosindicalista. El movimiento colectivista arraigó profundamente en la meseta castellana. En muchos  lugares, los campesinos prefirieron explotar las grandes propiedades agrícolas de forma conjunta y solidaria, a repartirse individualmente la tierra. El fenómeno colectivizador, aunque protagonizado principalmente por las bases anarcosindicalistas,  pronto se extendería a numerosos sectores socialistas, comunistas, e incluso católicos. La llegada de las milicias revolucionarias madrileñas permitió que el 80% de los campesinos toledanos se mostraran partidarios de la colectivización del campo (144).
 
            El fuerte crecimiento comunista obligó a los libertarios a replantearse sus viejas fórmulas espontaneístas y antimilitaristas. Las milicias libertarias de la zona centro, fueron las primeras, de la CNT, que aceptaron reorganizarse en torno a criterios de disciplina y autoridad en el combate.
 
            El Partido Comunista se convertiría en el principal beneficiario de la decadencia socialista. Gracias a su decidida y eficaz defensa de los intereses de las clases medias, el PCE se convirtió en un polo de atracción para la pequeña burguesía urbana y campesina. Los militares profesionales que se mantuvieron fieles a la legalidad republicana, entraron a menudo en sus filas, atraídos por el prestigio organizativo que habían ganado sus milicias, mucho mejor organizadas y disciplinadas que las de los demás partidos y sindicatos.  El PCE también reclutó a numerosos cuadros dirigentes del PSOE y de la UGT hacia sus filas, decepcionados por la desorientación y la confusión que había hecho presa en su partido.
 
3.7.10. Madrid:
 
            El peso principal en la  defensa de la capital recayó en  los anarcosindicalistas y en los grupos izquierdistas que, aunque minoritarios, eran mucho más decididos y audaces que los socialistas. Fueron éstos los que capitalizaron el prestigio de los primeros momentos. Sin embargo, la CNT y la FAI, víctimas de sus prejuicios antiautoritarios, fueron incapaces de  capitalizar la situación existente para organizar un nuevo poder a partir del movimiento revolucionario que se había iniciado con los combates.             Finalmente, la iniciativa recaería en manos de los comunistas del PCE, que comprendieron mejor que nadie la oportunidad que se les brindaba, con la defensa de la ciudad.
La falta de un poder real unificado en Madrid, provocó una caótica dispersión del poder que había surgido de la revolución. Cada partido o sindicato tenía sus propias milicias, su propia policía  e incluso sus propias cárceles. El poder quedaba, de esta manera, completamente fragmentado entre los distintos partidos y sindicatos. Este caos no podía mantenerse indefinidamente sin poner en peligro la defensa de la capital y la misma revolución en si.
 
            En Madrid, el prestigio conseguido por sus milicias, dio la supremacía política y militar al PCE. Con la huida del gobierno de Largo Caballero, la organización de la defensa quedaría en manos de una Junta, donde los comunistas tendrían un papel destacado, que se fue acrecentando a medida que el movimiento revolucionario retrocedía y el poder del viejo estado se desarrollaba y se consolidaba.
 
            Madrid, a pesar de ser la capital de la República, carecía de industrias importantes. La pequeña burguesía, agrupada en torno a lo que constituía el corazón del aparato de Estado era numerosa. Estos factores, junto a la delicada situación que presentaba la defensa de la ciudad, en peligro inminente de ser ocupada por los franquistas, durante la mayor parte de la guerra, explican el escaso eco que tuvo en la capital, el movimiento expropiador.
 
            El gobierno Giral, completamente impotente frente a la oleada revolucionaria, mantuvo una autoridad ficticia durante todo su mandato. La existencia del gobierno republicano y la  fuerte oposición del PSOE y del PCE impidieron la formación de un poder, similar a las Juntas territoriales que habían aparecido  por toda la geografía "republicana".
 
            La fuga del gobierno a Valencia, hizo que la Junta de Defensa se convirtiera, posteriormente, en el nuevo poder local, manteniendo una relativa independencia durante todo el tiempo de su existencia. El nuevo organismo perduraría, bajo predominio del PCE y tras algunas reorganizaciones hasta el 21 de Abril de 1937, fecha en la que fue disuelta, para dar paso a un Consejo Municipal, subordinado al gobierno de Valencia.
 
            Indiscutiblemente, la mayor parte de las Juntas territoriales fueron útiles a la revolución en sus primeros momentos, ya que fueron, en mayor  o menor medida, las responsables de su organización y coordinación a una escala superior a la local. Sin embargo, su falta de coordinación con los comités; el hecho de que se mantuvieran como organismos de naturaleza burocrática y no llegaran a democratizarse; la subordinación creciente de las direcciones de los partidos políticos y de los sindicatos más izquierdistas al estado republicano, convertiría a las Juntas en auténticos obstáculos para que los comités-gobierno locales pudieran llegar a convertirse en las bases del nuevo poder revolucionario.
 
3.8 LA REVOLUCIÓN DE LOS COMITES Y SU OBRA. LAS COLECTIVIZACIONES.
 
"Si el concepto clave de la revolución política y administrativa fue el poder de los comités, su equivalente económico fue la colectivización" (145).
 
            Las colectivizaciones fueron la obra económica de la revolución de los comités. Como ellos, su origen fue completamente espontáneo, y no, fruto de ninguna estrategia revolucionaria deliberada de ninguna organización. Las colectividades nacieron de la necesidad de los trabajadores del campo y de la ciudad, de llenar el vacío económico causado por el derrumbe de la República y por la huída de la mayor parte de los propietarios, por temor a la represión de los revolucionarios.
 
            Las colectivizaciones aparecieron al margen de los partidos y sindicatos, en un momento en el que nadie comprendía todavía el alcance de las medidas que se estaban llevando a cabo de forma espontánea.
 
            Después de las jornadas de Julio, las organizaciones obreras, verdaderas dueñas de la situación, se  encontraron ante el urgente reto de reorganizar la producción, abastecer a la población y a las milicias, y asegurar el pago de los salarios a los trabajadores, para evitar el cierre de las empresas
 
"En aquel momento no teníamos la menor intención de ocupar, expropiar o colectivizar ninguna fábrica. Pensábamos que el levantamiento sería aplastado   rápidamente y que todo quedaría más o menos igual que antes. ¿De qué iba a servir entusiasmarse con las colectivizaciones si todo iba a terminar otra vez en manos del anterior sistema capitalista?..." (146).
 
            La CNT, completamente desconcertada por la amplitud de los acontecimientos que se estaban desarrollando, se mostró incapaz, durante las primeras semanas, de dar ninguna directriz a sus afiliados, que se estaban apoderando de las tierras y de las empresas. Las resoluciones del Congreso de Zaragoza, acordadas apenas tres meses antes, quedaban ahora completamente alejadas de la realidad y demostraban su inutilidad para poder orientar a la organización en la nueva situación revolucionaria.
 
"Ni la CNT regional de Catalunya, ni su federación local, ni la FAI impartieron en sus primeras declaraciones, los objetivos de la nueva estructura económica que había empezado a construirse... fue una obra de completa espontaneidad" (147).
 
            Sin embargo sería la madurez revolucionaria de la situación y la dinámica de los hechos (la desaparición de la ficción republicana y la derrota de los militares sublevados en la mayor parte del estado), las que iban a convertir la espontánea ocupación de los centros de trabajo de los primeros momentos, en un  poderoso movimiento colectivizador que iba a transformar radicalmente la sociedad.
            Las colectivizaciones consistieron en la organización de las expropiaciones de los medios de producción que llevó a cabo el proletariado industrial en las ciudades, y el campesinado pobre en el campo.
 
            Es importante resaltar los intentos posteriores que hubo, por parte de las autoridades republicanas y por las  direcciones de las organizaciones obreras, para "legalizar" la nueva economía revolucionaria. Sin embargo, esta obsesión por "legalizar" lo que ya los trabajadores habían legalizado en la práctica, con sus propios medios, no ocultaba la realidad. Las nuevas leyes se limitaron a registrar una realidad cotidiana que había aparecido al margen del gobierno que pretendía legislarla. La obsesión legalista de los partidos y sindicatos obreros refleja que ninguna de ellas estaba dispuesta, por el momento, a romper por completo con el tambaleante poder republicano y a llevar el nuevo orden revolucionarios hasta sus últimas consecuencias. El empeño de las organizaciones obreras, para que las viejas autoridades republicanas "legalizaran" las conquistas revolucionarias pone al descubierto también otros elementos, no menos importantes. El debate tantas veces planteado, sobre cual debía ser el objetivo prioritario, la guerra o la revolución, era en realidad, una falsa polémica. Todos las fracciones organizadas del movimiento obrero, desde la derecha socialista y el Partido Comunista, hasta el anarcosindicalismo y el poumismo, se mostraron partidarias en la práctica -partiendo desde distintas ópticas políticas- de anteponer la victoria militar a las conquistas revolucionarias, partiendo del supuesto de que ambas ideas, guerra y revolución, eran antagónicas.
 
"Guerra y revolución; revolución y guerra. Con qué frecuencia se utilizaron estas tres palabras, ya fuese recitándolas de un modo o del otro. El triunfo de la revolución para asegurar la victoria en la guerra, la victoria en la guerra para asegurar el triunfo de la revolución. Las palabras pueden representar una trampa terrible. Los términos de cada eslogan se veían tan separados como unidos por la sencilla palabra <<y>>. Cuán pocas veces se eliminó la conjunción para formar una frase adjetival: guerra revolucionaria, que diera respuesta a las preguntas gemelas: ¿qué tipo de revolución? ¿qué clase de guerra? Las dos eran más <<inseparables>>; había que fusionarlas en un nuevo conjunto" (148).
 
            Sin querer entrar en detalles sobre las diferentes posiciones (de ellas hablaremos en otros capítulos) nos limitaremos a relacionar aquellas que demuestren la orfandad políticas en la que se encontraron los comités y su obra, las colectivizaciones.
 
            Las organizaciones del Frente Popular, con sus diferencias y matices, pretendían en su conjunto hacer retroceder la revolución espontánea a la situación anterior a las jornadas de Julio. Sin embargo esto ya no era posible, ya que, a medida que avanzaban en sus objetivos y el movimiento revolucionario retrocedía, también decrecía el entusiasmo de los trabajadores.
 
            El mismo entusiasmo que había permitido vencer a los sublevados en los primeros momentos y que había conseguido improvisar un ejército miliciano y reconstruir la economía en escasas semanas. La liquidación de las conquistas revolucionarias de julio y la reinstauración del poder republicano condujeron a los obreros y al campesinado pobre a la desmoralización y a la desmotivación. Sin duda alguna esta evolución favoreció el avance del ejército sublevado. Una vez desencadenada la revolución ya no era posible hacerla volver atrás, sino era por medio de la represión y del aplastamiento del movimiento revolucionario. Una vez perdido el entusiasmo, la capacidad ofensiva del ejército franquista iba a ser muy superior a la que podría oponerle el futuro Ejército Popular republicano.
 
            Los sectores más izquierdistas, principalmente los anarcosindicalistas, se mostraron partidarios de mantener la situación existente, la dualidad de poderes, hasta el final de la guerra. Una vez derrotados los militares sublevados sería posible proseguir la revolución victoriosa, en las mejores condiciones posibles. Esta concepción estática de la dualidad de poderes, reflejaba su incomprensión de la dinámica de las revoluciones que se habían dado hasta el momento, desde la francesa de 1789, hasta la soviética de 1917. Este error, el de considerar que las situaciones revolucionarias podían prolongarse indefinidamente,  les iba a traer funestas consecuencias en el período posterior.
            Los obreros de las ciudades y el campesinado pobre, no esperaron a la iniciativa de sus partidos y sindicatos para llevar a cabo las expropiaciones. Las colectividades no se formaron con los decretos que las legalizaban, sino que ya llevaban largo tiempo existiendo y desarrollándose, al margen de  las autoridades republicanas y de la voluntad de los órganos dirigentes de las organizaciones obreras.
 
"Los anarcosindicalistas catalanes habían <<aplazado>> la revolución libertaria y, pese a ello, en Barcelona la revolución echaba diariamente raíces en las colectividades de la CNT y en las industrias dirigidas por los sindicatos" (149).
 
            Al llevar a cabo las colectivizaciones, los obreros y los campesinos pobres demostraban que no estaban dispuestos a volver a la situación anterior al inicio de la guerra y de la revolución. Sin embargo, esto no implica que la mayoría de los trabajadores llegaran a ser plenamente conscientes de la incompatibilidad que existía entre su obra revolucionaria y el resurgimiento de las instituciones republicanas que estaban siendo auspiciadas por sus propias organizaciones.
 
"Las colectividades no fracasaron, los obreros, gracias a ellas demostraron dos cosas fundamentales: que deseaban ser los amos y que podían serlo con tanta o más eficiencia que los amos tradicionales. El colectivismo resultó ser más eficaz, administrativamente, que el capitalismo, y además probó que con la economía en manos de los obreros existían más posibilidades de que sirviera a toda la sociedad en vez de solo a un sector de ella" (150).
 
            Las múltiples formas que adquirieron las colectivizaciones  refleja también su origen espontáneo. Los trabajadores, de forma empírica y sin ningún tipo de plan preconcebido, tuvieron que enfrentarse a los retos que les presentaba la nueva situación (huida de los antiguos propietarios, escasez de técnicos, una parte de los obreros estaban en el frente con las milicias...).
 
            En esta espontaneidad, de la que hablaremos más adelante, se evidencia una extraordinaria iniciativa y creatividad en los trabajadores, que sólo es posible explicar, por la nueva conciencia adquirida: la energía desplegada en su obra, no sólo estaba destinada a aplastar la sublevación militar, sino también a crear las bases de una nueva sociedad, que los iba a liberar de los viejos yugos sociales.
 
"Era increíble, era la prueba práctica de lo que uno conoce en teoría: el poder y la fuerza de las masas cuando se echan a la calle. De pronto todas sus dudas se esfuman, dudas sobre cómo hay que organizar a la clase obrera y a las masas, sobre cómo pueden hacer la revolución en tanto que no se hayan organizado. De repente sientes su poder creador. No puedes imaginarte cuan rápidamente son capaces de organizarse las masas. Inventan formas de hacerlo que van mucho más allá de lo que jamás hayas soñado o leído en los libros. Lo que ahora hacía falta era aprovechar esta iniciativa, canalizarla, darle forma..." (159).
 
            Junto a las indiscutibles virtudes y méritos de las colectivizaciones, se cometieron errores e ingenuidades, de los que hablaremos más adelante, y que colocan en el centro del debate, algo que los anarcosindicalistas  siempre rechazaron y a lo que se habían opuesto, por distintos motivos, las organizaciones obreras pertenecientes al Frente Popular: La toma  del poder, para ponerlo al servicio de la profundización y consolidación de las conquistas revolucionarias que había llevado a cabo la población trabajadora.
 
            No era suficiente con apoderarse del poder económico, también era necesario apoderarse del político. Sin esta condición, la nueva economía revolucionaria que había surgido dispersa y desarticulada, afectada por graves contradicciones, derivadas de las duras  condiciones en las que había nacido, estaba destinada a desaparecer.
 
            De los grandes errores que cometieron las colectividades, como indica Munis:
 
"El primero de ellos, fuente de los demás, consistía en no ser más que eso, colectividades" (152).
 
            Es decir, el desprecio del poder político, como condición necesaria para convertirlas en los cimientos de una economía socializada. Del mismo modo que los comités revolucionarios locales, que eran el aspecto político de la revolución española, nunca llegaron a articularse entre si, para conformar un poder revolucionario, las colectivizaciones, que representaban el aspecto económico, nunca llegaron a formar un verdadero tejido social.
            No tiene sentido considerar al sistema colectivista, como  socialista o libertario. Su naturaleza era contradictoria.
 
            Mantenía características del viejo sistema capitalista (la idea de muchos trabajadores, de que las empresas donde trabajaban eran de su propiedad; la competencia entre las diferentes empresas colectivizadas para vender los productos ...), con elementos de naturaleza revolucionaria (los medios de producción en manos de los trabajadores, intentos de planificar la economía en base a las necesidades de la población ...). En cualquier caso, el orden de las colectivizaciones era altamente inestable y precario. Forzosamente habría acabado derivando hacia uno de los dos polos existentes. Desde el punto de vista económico, expresaban las contradicciones políticas de la situación de dualidad de poderes.
 
            Es necesario, que no olvidemos otra cuestión, para poder comprender la obra colectivizadora y su alcance: las condiciones sociales y económicas en las que se llevó a cabo. La guerra no sólo había dividido el estado, separando las regiones agrícolas y mineras, de las manufactureras y cercenando los mercados internos. También había provocado la caída drástica de las exportaciones y de las importaciones. Por lo tanto, es incorrecto   valorar a las colectivizaciones, como si su existencia se hubiera desarrollado en un período económico normal. Es absurdo o  malintencionado, achacar todos los problemas con los que tuvieron que enfrentarse a su propia naturaleza, a sus errores o ingenuidades, eludiendo las graves circunstancias con las que tuvieron que enfrentarse.
 
            Es más difícil todavía, pronosticar que hubiera podido pasar con éstas, si la reacción no hubiese triunfado. En cualquier caso, la especulación no forma parte de la historia. Lo que sí que podemos afirmar, es que su éxito y viabilidad estaban condicionados por la consolidación del poder revolucionario, basado en la planificación de la economía. La victoria de Franco, o de la República, condenaban a las colectividades a su total extinción.
 
"No hubo tiempo de que maduraran, de que en ellas surgieran los problemas más propios de la colectivización y las soluciones a los mismos que habrían permitido juzgar el éxito o el fracaso de la colectivización como sistema de propiedad".
 
"...la experiencia colectivizadora no duró treinta meses, como muchos autores pretenden, aunque las colectividades persistieran por este lapso de tiempo en algunos lugares, pero no en todos. En Mayo del 37, con el cambio de gobierno, la experiencia colectivizadora se paralizó. El gobierno Negrín se esforzó con éxito en reducir las colectivizaciones que no pudo destruir, a simples cooperativas o nacionalizaciones" (153).
 
            En las semanas posteriores a julio, el gobierno republicano y los dirigentes del Frente Popular no se opusieron frontalmente a las colectivizaciones. Tampoco habrían podido hacerlo.
 
            Pretendieron que el movimiento expropiador se limitara a las propiedades de los simpatizantes declarados del movimiento insurgente. Sin embargo, la revolución no les escuchaba y sus propias bases se habían lanzado a llevar a cabo todo aquello que había constituido su tradicional aspiración de emancipación social.
 
            Por otro lado, las organizaciones partidarias del Frente Popular, no podían atacar directamente al movimiento expropiador, sin poner en peligro sus propios planes de restauración republicana. Durante los primeros meses, después de iniciada la guerra, no contaron con la fuerza suficiente para imponer sus planes Ni siquiera a sus propias bases. Intentar derribar en aquellos momentos al movimiento revolucionario que se les había ido de las manos, hubiera significado su suicidio político. En el mejor de los casos, en el que hubieran conseguido recuperar el control sobre las masas revolucionarias, no habrían tenido con qué llenar el vacío provocado por la desbandada de los propietarios. Era mejor esperar y proceder con cautela, limitando y haciendo retroceder progresivamente a la revolución.
 
            Los partidarios de volver al viejo orden republicano procedieron, paso a paso, aprovechando la incapacidad del movimiento revolucionario para consolidar su poder. En nombre de una mayor eficacia, al servicio de la victoria militar, pretendieron coordinar, mejorar y aumentar la producción.  El gobierno republicano en vías de reconstrucción, saboteó y presionó hasta conseguir que comités y colectivizaciones se sometieran a su control político. Posteriormente y a medida que el movimiento revolucionario retrocedía, pretendió la nacionalización de la industria, dejando a los comités de fábrica y a los trabajadores las funciones de cogestión y colaboración con las medidas gubernamentales.
 
            La derrota republicana nos ha impedido ver cual hubiera sido el final del proceso de restauración republicana. Sin embargo, las  aspiraciones del gobierno Negrín, decretando la devolución de las propiedades expropiadas a sus antiguos dueños, en aras a las negociaciones de paz con Franco, dejan muy claro cual era el destino final proyectado para los restos de la revolución de Julio.
 
            Un elemento característico de las colectivizaciones fue el peso fundamental que tuvieron los elementos sindicales en ellas, especialmente la CNT. Esta influencia era directamente proporcional a la fuerza y a la tradición de las centrales sindicales en el movimiento obrero español. El historiador anarcosindicalista Abel Paz recoge una conversación entre dos de los principales líderes libertarios, Durruti y Marianet, que refleja el arraigo sindical:
 
"De golpe y porrazo... la CNT se ha revelado indispensable para resolver todos los problemas de la vida local y regional. Los centros de producción están todos controlados por los obreros, y los sindicatos tienen que estudiar los problemas que presenta la gestión colectiva de la producción y, como consecuencia, ha sido necesaria crear esta estructura que ha ido naciendo por si misma, imponiéndose en razón de las necesidades. En realidad, todo este aparato que ves, no obedece a un centro. Cada organismo lo controla su propio sindicato. Los compañeros que los atienden siguen siendo obreros en sus respectivas fábricas, y sus asambleas controlan sus actividades. Por el momento, el control sobre el militante no se ha perdido" (154).
 
            Las bases anarcosindicalistas fueron las principales protagonistas del fenómeno colectivizador, pero no fueron los únicos, socialistas, comunistas, republicanos y también católicos, participaron en la obra revolucionaria. Por lo tanto,   no puede hablarse de que las colectivizaciones fueran el fruto de la acción de grupos determinados, sino que encarnaría las aspiraciones históricas de las clases sociales más desfavorecidas. Aquellas que la República, durante más de cinco  años, no había sido capaz de satisfacer.
 
            La múltiples formas que adquirió el fenómeno socializador estuvieron condicionadas por la correlación de fuerzas existente en cada sector o en cada centro de trabajo. Las colectivizaciones se dieron en mayor proporción allí donde los anarcosindicalistas eran mayoritarios con respecto a comunistas y socialistas. En los casos donde esta correlación de fuerzas se invertía, las empresas controladas por los obreros fueron nacionalizadas por medio de la incautación, o bien intervenidas por los comités. Sin embargo, en ningún caso se puede cuestionar el origen espontáneo de la obra   económica que llevaron a cabo los comités.
 
3.9 LA OBRA DE LAS COLECTIVIZACIONES EN LA CIUDAD
 
            En Barcelona, la huelga general contra la sublevación militar se mantuvo hasta el día 28. A partir de esta fecha y una vez sofocados en toda Catalunya los últimos reductos de la sublevación, los comités de empresa, siguiendo las consignas de regional catalana de la CNT, decidieron la vuelta al trabajo. Sin embargo y desde el día 21, apenas terminados los combates callejeros, los obreros habían empezado a ocupar espontáneamente los centros de trabajo. La mayor parte de los empresarios habían abandonado sus propiedades por temor a las represalias. Algo parecido había pasado con gran parte de los  directivos y de los cuadros técnicos que se encargaban de dirigir y organizar la producción. La formidable obra colectivizadora, nacía de la necesidad de llenar el vacío económico provocado por la fuga de los antiguos propietarios. Los dirigentes obreros se encontraron con una revolución en marcha, completamente espontánea, e imposible de detener. Después de las jornadas de julio, las organizaciones obreras están completamente desbordadas y con graves dificultades para dar cualquier tipo de orientación   a las demandas de sus afiliados en las empresas.
 
            El primer folleto de la FAI no llegaría a  publicarse hasta el 26 de Julio. En él se hablaba de aplastar al fascismo, pero no había ni una sola línea sobre el fenómeno revolucionario que se está desarrollando por todas partes. El día 28 del mismo mes, la Federación local de la CNT de Barcelona lanzaba la consigna de volver al trabajo, para enfrentarse a las necesidades del conflicto, cuyo final se preveía inminente. Sin embargo, continuaba sin haber una sola consigna, ni una directriz que pudiera servir para reorganizar la producción.
 
            Uno de los primeros folletos que aparecieron para ayudar a poner orden en el marasmo revolucionario  surgiría a principios de agosto, publicado por el Sindicato Mercantil de Barcelona, que había sido expulsado de la CNT por estar dirigido por el POUM. En las instrucciones que se daban se recomendaba que el número de  los miembros de los comités fuera reducido, para evitar la falta de eficacia y el exceso deliberativo; se indicaba que las asambleas y reuniones deberían realizarse fuera de la jornada de trabajo, para no dificultar el trabajo; y pedía que en el seno de los comités estuvieran representadas todas las tendencias existentes en la empresa, de forma proporcional; se recomendaba la disciplina y el pleno aprovechamiento de los escasos cuadros técnicos que se habían incorporado a las empresas, después de julio. Existía una gran preocupación para que los trabajadores  fueran conscientes de su responsabilidad en la revolución que acababa de iniciarse (155).
 
            Los trabajadores, sin esperar órdenes ni consignas, habían ido mucho más lejos que los objetivos marcados por la huelga general. Los sindicatos y los partidos obreros empezaron a reaccionar, algunas semanas después,  presionadas por sus bases y por los retos que la nueva situación planteaba.
 
"A cada día que pasaba, la ciudad caía más, bajo control de la clase obrera. El transporte público funcionaba, las fábricas trabajaban, las tiendas estaban abiertas, los abastecimientos de víveres llegaban sin novedad, el teléfono funcionaba también, el suministro de agua y gas igualmente, todo ello organizado y llevado, en mayor o menor medida, por los propios trabajadores. ¿A que se debía que así fuera? Los principales comités de la CNT no habían dado ninguna orden en tal sentido" (156).
 
            Es importante destacar que, a pesar del carácter espontáneo de las colectivizaciones, de que empezaron a desarrollarse sin  ser parte  de los planes de ninguna organización y de que no existiera una plena conciencia de las repercusiones revolucionarias que iban a tener, los obreros no acudieron a las autoridades republicanas para solucionar sus problemas, sino que prescindieron de ellas por completo. Sin duda alguna, la iniciativa de las bases anarcosindicalistas y ugetistas evitó el desmoronamiento completo de la economía, que hubiera convertido el intento  de golpe de estado, en un simple paseo triunfal de los militares. La iniciativa de los trabajadores, salvó a la revolución que acababa de nacer con su protagonismo, tanto en las barricadas, como en los centros de trabajo.
 
            El hecho de que en la mayor parte de la zona republicana, las empresas no llegaran a socializarse, sino que pasaran a manos de los trabajadores de sus propias plantillas, o de los sindicatos, fue una consecuencia de la inexistencia de un organismo representativo, que unificara la acción revolucionaria (al estilo de lo que habían sido los soviets rusos). Esta característica no sólo no desmiente el carácter socialista de la revolución española, sino que lo confirma todavía más. Las clases populares manifestaban, de forma espontánea y desorganizada, la necesidad que tenían de tomar en sus manos, las riendas de su propio destino.
 
"De todas las alternativas posibles, escogieron la que reflejaba mejor sus deseos y que les parecía que respondía a sus intereses: convertirse en los amos. En la calle, millares de obreros tenían armas. En el lugar del trabajo, tendrían las fábricas. Sin las armas, eso no hubiese sido posible. Con las armas solas, nada habría cambiado. Los trabajadores, sin necesidad de que nadie les diera instrucciones, comprendieron que las dos cosas estaban relacionadas" (157).
 
            Los trabajadores en las empresas que habían sido abandonadas por sus antiguos dueños, tuvieron que dotarse de una nueva dirección que pudiera organizar la producción y el trabajo. La elección de los comités dirigentes partió de la iniciativa de los obreros, sin esperar las directrices de sus organizaciones sindicales. Según reconoce el mismo Peirats:
 
"Hasta los primeros días de agosto, la CNT no se encargó de modo oficial y organizado de canalizar las colectivizaciones" (158).
 
Ronald Fraser es bastante más explícito y descriptivo en sus conclusiones, después de recoger numerosos testimonios:
 
"La iniciativa revolucionaria no había surgido de los comités directivos de la CNT -eso era imposible toda vez que la revolucción había sido oficialmente <aplazada>-, sino de los sindicatos cenetistas individuales, impulsados por sus militantes más avanzados. Incluso así tal vez no hubiese ido más lejos que el simple control de las funciones directivas por parte de los trabajadores. La defección a gran escala de propietarios, directores y gerentes, temerosos por su suerte, condujo al siguiente paso en muchas fábricas" (159).
 
            En los casos más frecuentes, los comités dirigentes fueron elegidos en asambleas abiertas, por toda la plantilla de la empresa, obreros, administrativos y técnicos; en otros, los viejos comités de empresa, ya existentes en el período prerrevolucionario, pasaron a convertirse en la nueva dirección de la empresa.
 
            Los delegados de los nuevos comités, estaban sujetos al control de los trabajadores que los habían escogido, tenían que responder periódicamente ante ellos y podían ser sustituidos en cualquier momento por la asamblea, si ésta consideraba que su gestión no era satisfactoria.
 
            Frecuentemente, las enormes dificultades con las que los comités tuvieron que enfrentarse, les obligaron a dotarse de una estructura, a subdividirse y a especializarse en ciertas tareas.
            La tradición y el arraigo de las centrales sindicales hizo que, por lo general, la inmensa mayoría de los delegados de los comités estuvieran afiliados a ellas. Esta circunstancia ha hecho  que algunos historiadores hayan considerado, tal vez de forma simplista, a los comités de empresa y de control, como simples delegaciones o apéndices de los sindicatos (160). Sin embargo, frecuentemente, los sindicatos y los comités tuvieron graves desacuerdos en la orientación de la nueva economía revolucionaria.
 
            Los obreros tuvieron que enfrentarse en las empresas, a multitud de problemas técnicos y administrativos, derivados de la gestión y dirección de éstas, también chocaron con el sabotaje de algunos de los técnicos. Todo ello conformaba un cuadro de dificultades para las que no estaban preparados, por lo que tuvieron que recurrir a los sindicatos, en busca de asesoramiento. Desgraciadamente, los cuadros sindicales no abundaban ni estaban mucho mejor preparados y en numerosas ocasiones, sus consignas causaron todavía una mayor confusión entre los comités y los trabajadores de las empresas.
 
            Aunque las formas que  adoptó el estallido colectivizador, por su propia acción espontánea, fueron numerosísimas, aprovecharemos la clasificación introducida por Bernecker (161):
 
1.Empresas colectivizadas.
 
            Todo el poder pertenecía exclusivamente a los trabajadores de la empresa. Las tareas de dirección y de administración quedaban en manos del comité de delegados y de un director. Los nuevos dirigentes tenían que responder de su gestión ante los trabajadores en asamblea y ante el Consejo General de Industria. (Entre otros muchísimos casos, en Barcelona encontramos los ejemplos de las compañías navieras, Trasatlántica, Ibarra, Ramos... de los transportes urbanos y de las compañías ferroviarias...).
 
2.Empresas controladas.
 
            Eran empresas que continuaban en manos de  sus antiguos dueños y que no llegaron a ser colectivizadas. Sin embargo, los trabajadores, mediante sus comités de control tuvieron una gran influencia en su gestión y dirección. Además de la existencia del antiguo propietario y del comité de control, existía también un delegado del gobierno que mantenía el vínculo de la empresa, con la política planificadora del Consejo General de Industria (Telefónica...).
 
3.Empresas nacionalizadas.
 
            Eran empresas que estaban bajo el control directo del gobierno. Con la recuperación progresiva del poder de las instituciones republicanas, el número de   estas empresas aumentó.
Las autoridades republicanas de Madrid y de la Generalitat de Catalunya, poco pudieron hacer para frenar el proceso expropiador. Sin embargo, algunas empresas fueron intervenidas por "necesidades de la producción y de la guerra". En la medida en que pudieron y con el visto bueno de las direcciones de las organizaciones obreras, numerosas empresas se mantuvieron bajo el control estatal. Sólo en Catalunya, en el mes de Octubre de 1936. se contabilizaron 435 empresas que estaban en esta situación. La Generalitat creó la Comisión de Industrias de guerra que contaban en el otoño de 1937. con 500 fábricas y con más de 50.000 trabajadores.
 
4.Empresas municipales.
 
            Este era el caso de las empresas de servicios urbanos (transportes...). Los ayuntamientos tomaron estas medidas para paliar sus déficits económicos y sus evidentes dificultades para recaudar los impuestos, en plena situación revolucionaria.
 
5.Agrupaciones.
 
            Se produjeron numerosos casos de concentración de las pequeñas empresas, en sectores determinados de la economía. Las Agrupaciones fueron una de las fórmulas que se adoptaron para articular las colectivizaciones urbanas y para racionalizar los costos de la producción, superando la dispersión antieconómica  de las colectivizaciones. Las agrupaciones, controladas por los sindicatos, supusieron un aumento del poder y de la influencia de la CNT y posteriormente encontrarían cada vez mayores obstáculos  por parte de las autoridades republicanas.
 
            Una multitud de empresas fueron colectivizadas por los trabajadores (se calcula que en el mes de septiembre de 1936, más de 80.000 empresas habían sido incautadas). Algunas de ellas,  como sería el caso de las entidades financieras, los bancos y las cajas de  ahorro, serían nacionalizadas por las  autoridades republicanas, para evitar el peligro de que acabaran siendo expropiadas por la oleada revolucionaria. Las nacionalizaciones contaron,  por lo general, con el visto bueno de las centrales sindicales, UGT y CNT, o en cualquier caso con su pasividad.
 
            Cuando por diferentes razones, los obreros no pudieron incautarse de los centros de trabajo, éstos quedaron bajo control de sus comités, que se encargaron de dirigir la producción. En la mayoría de los casos, los antiguos comités de empresa del período prerrevolucionario, se convirtieron en los nuevos organismos de control obrero.
 
            En el caso de las empresas con capital extranjero, el movimiento expropiador chocó con la oposición y la resistencia de los países extranjeros. Durante las jornadas de julio, en el puerto de Barcelona, algunos buques de guerra británicos habían   hecho acto de presencia, en un gesto intimidatorio, para que los revolucionarios se abstuvieran de expropiar las empresas en las  que habían capitales extranjeros invertidos. La CNT y el gobierno catalán, llegaron a un acuerdo por el que una lista de 87 firmas quedarían a salvo de cualquier intento de incautación (Riegos y Fuerza del Ebro, Sales Potásicas de Suria,...). En algunos casos, donde la composición del capital de las empresas era mixto, los obreros procedieron a su expropiación, desoyendo la orientación  dada por las centrales sindicales, que pedían que fuera respetado el acuerdo.
 
            Los comités de control ejercieron una fuerte vigilancia sobre la gestión y dirección de las empresas que no habían sido  colectivizadas. El control se extendía hasta las cuentas bancarias de éstas. Los propietarios y los directivos sólo podían acceder al dinero, con el visto bueno del comité. De esta forma, se evitaron nuevas fugas de capitales y posibles sabotajes   contra  la  producción, por parte de los antiguos dueños de las empresas, que no simpatizaban con la revolución.
 
            Las fórmulas de nacionalización y de control obrero, fueron utilizadas por las autoridades republicanas para evitar que el proceso de incautaciones se extendiese a algunas industrias y empresas de alto valor estratégico. Posteriormente, las nacionalizaciones fueron utilizadas para recuperar el poder perdido y hacer retroceder el control de los revolucionarios  sobre la economía.
 
            Hay numerosos ejemplos representativos de la dinámica del proceso: La Compañía Telefónica, propiedad de un trust norteamericano, la International Telephone and Telegraph Corporation, obedeciendo las órdenes de las direcciones sindicales, no fue incautada. Sin embargo, los obreros se reunieron en una asamblea abierta y nombraron a su propio comité de control, en el que estarían representadas las dos centrales sindicales. El control de los trabajadores se extendió a todos  los centros de trabajo de la compañía, mediante subcomités de delegados. La antigua dirección de la empresa quedó limitada en sus funciones, a llevar el sistema contable de la compañía.
 
            A nivel estatal, la mayor parte de la industria de armamento había caído en manos franquistas. En Catalunya existían cerca de 800 establecimientos metalúrgicos, pero ninguno de ellos estaba preparado para la producción bélica. La maquinaria existente en los cuarteles de Sant Andreu (Barcelona) para recargar cartuchos    había sido destruida en el asalto, durante las jornadas de Julio. Incluso  habían llegado a desaparecer los cianotipos para la fabricación de obuses.
 
            En Barcelona, como en otras ciudades industriales, todas las  grandes industrias metalúrgicas fueron colectivizadas (Hispano Suiza, Vulcano, La Maquinista Terrestre y Marítima...). Los obreros, dirigidos por sus comités reiniciaron la producción  destinada a cubrir las necesidades de las milicias combatientes.
 
            En el mes de Agosto se creó  la Comisión de la Industria de Guerra, que estaría presidida por Josep Tarradellas (ERC), miembro de la Generalitat. El control del gobierno autónomo era sólo simbólico. Era la central  sindical anarcosindicalista y los comités de trabajadores, los que verdaderamente controlaban la producción de la industria de armamento. Pese a las grandes dificultades que conllevaba la guerra, pese a la política de boicot del gobierno central a la industria bélica catalana, sólo un año después, la producción había  superado las estimaciones más optimistas que había  establecido la comisión (162).
 
            La aparición de una verdadera industria bélica catalana fue un fenómeno que reflejaría la inmensa energía creativa que había desencadenado la revolución. Las circunstancias de su aparición, su espectacular desarrollo en un espacio   tan corto de tiempo, son muestras de ello. La industria metalúrgica reconvertida sufrió  un extraordinario proceso  de concentración de la producción. Más de setenta pequeñas y antieconómicas fundiciones barcelonesas fueron cerradas y concentradas en tan solo veinticuatro centros.
 
            Sin embargo, mucho antes de la aparición de la Comisión de industrias de Guerra de Catalunya, los trabajadores ya habían iniciado su propia "reconversión industrial" de los sectores químico y metalúrgico. Gracias a la iniciativa de un grupo de militantes de la CNT y de un militar, experto de la fábrica de armamentos de Oviedo, se improvisó la primera industria bélica.
           
            Era el primer paso para la formación de una verdadera industria de guerra.
 
            El hecho de que las empresas metalúrgicas fueran capaces de reconvertirse en tan solo algunas semanas, en tan difíciles condiciones y sufriendo una importante carestía de cuadros técnicos refleja el enorme entusiasmo que el desenlace de las jornadas de julio había provocado entre los trabajadores. Apenas unos días después de la victoria sobre los sublevados, en las calles de Barcelona, ya habían hecho acto de presencia los primeros camiones blindados y las primeras granadas de mano, material que fue rápidamente enviado al frente aragonés.
 
"Hemos asistido al nacimiento y al desarrollo de las industrias de guerra de Catalunya y podemos decir que raramente se podrá presentar un ejemplo semejante de improvisación, porque raramente se volverá a encontrar un acuerdo tan perfecto y una pasión tan unánime entre las autoridades políticas, las autoridades técnicas y los obreros de todos los oficios de un país. Técnicos militares extranjeros que vieron de cerca esa obra nos aseguraban que lo realizado por nosotros en muy pocos meses era superior a cuanto se había logrado con muchos más medios, por países mejor equipados, como Francia, en los dos primeros años de la guerra de 1914-1918" (163).
 
            Por primera vez, los obreros se sentían dueños de sus destinos, y era esa, su conciencia liberadora, el motor que podía hacer posible tales iniciativas y tal capacidad de creación.
 
"En Catalunya, donde yo me encontraba, he visto crearse una industria de  guerra  como  por  arte  de  brujería... (el pueblo) estaba dispuesto para realizar ese milagro, que pueblos en plena paz y con medios económicos adecuados no logran realizar en mucho tiempo, y más aún, sin ingenieros en las fábricas, con solo dos o tres en la comisión de industrias de guerra, y aquellas fábricas y talleres tan rápida y perfectamente transformados funcionaban admirablemente, aumentando cada día la producción en términos insospechados, creándose las más difíciles actividades industriales, gracias a la iniciativa particular de los obreros catalanes..." (164).
 
            La Comisión de Industrias Bélicas tuvo en un par de meses,  bajo su control, 24 importantes fábricas catalanas de ingeniería y de productos químicos, que se dedicaron a la producción de obuses, explosivos y vehículos blindados... En el mes de Octubre de 1937, más de 50.000 obreros, repartidos en 500 fábricas, intervenían en la producción de armamento, mientras que otros 30.000 lo hacían en industrias auxiliares (165).
 
            En el mes de Septiembre de 1936, el gobierno de la Generalitat pidió el traslado a Catalunya de la maquinaria para la producción de municiones que existía en Toledo, y que se veía amenazada por el avance del ejército franquista. La respuesta del  gobierno de Madrid fue categórica y reveladora de cual era la actitud de las autoridades republicanas estatales:
 
"Catalunya nunca hará cartuchos" (166).
 
            Con el retroceso revolucionario vendría también la decadencia de la economía colectivizada y también la de la industria bélica, contrapuestas a la creciente intervención de las autoridades republicanas.
 
            En una carta enviada por Lluís Companys a Prieto, éste confesaba que la producción bélica había retrocedido considerablemente. El presidente de la Generalitat establecía el principio de la decadencia en el mes de Junio, pero la decadencia parece haber empezado antes, en el mes de marzo. Companys reconocía que la situación había   cambiado por completo, desde la nacionalización de la industria de armamento. La moral  de los trabajadores que durante los primeros meses de la guerra y  de la revolución habían trabajado más de 56 horas, sin cobrar por las horas extraordinarias y sin que se diesen casos de sabotaje o de indisciplina, ahora se resentía por la creciente burocratización que había acompañado a la toma de control de la industria, por parte del gobierno (167).
 
            En cualquier caso, podemos ver un paralelismo en el retroceso de la producción y la disminución del entusiasmo de los trabajadores. La recuperación del poder republicano iba parejo a la progresiva liquidación del orden revolucionario. Este proceso  iba acompañado de la apatía y de la desmoralización de los obreros. La explicación del retroceso de la producción no es posible atribuirlo solo a las dificultades que entrañaba el conflicto bélico. Del mismo modo, que el factor de la moral revolucionaria explica el milagro económico, también lo hace con la decadencia de la economía colectivizada.
 
            El sistema de control obrero sobre las industrias bélicas terminó con el decreto de militarización del sector, promulgado por el gobierno el 11 de agosto de 1938. Aunque hasta aquel momento había sido la Generalitat la que legalmente había controlado la industria armamentística, en realidad, habían sido los comités obreros, los que habían ejercido la verdadera dirección de la producción.
 
            La militarizacion fue la medida que adoptaron las autoridades republicanas para acallar en creciente descontento de los trabajadores del sector (168). La afirmación que hemos hecho no es gratuita. El mismo Joan Comorera, máximo dirigente del PSUC y enemigo declarado del movimiento expropiador, partidario entusiasta de la reconstrucción del poder republicano, declaraba en un Plenario de su partido, celebrado en Lérida, en el año 1938, que:
 
"La situación de las industrias de guerra hay que confesar que no ha mejorado suficientemente y  que en algunos casos, incluso ha empeorado" (169).
 
            También el dirigente ugetista catalán, Rodríguez Vega, confesaba que en algunas industrias, la productividad había descendido a la mitad (170). Con el restablecimiento del orden republicano y el incremento del control burocrático de las empresas, los trabajadores veían esfumarse sus sueños de liberación y aumentaba la desmoralización y la apatía.
 
            Vale la pena citar algunos ejemplos sobre la nueva organización de la industria metalúrgica catalana, dedicada a la fabricación de armamento. Los TALLERES HISPANO SUIZA contaban con unos 1400 obreros. Fue de esta empresa, de donde surgieron los primeros camiones blindados que acompañarían a la columna de milicianos dirigida por Durruti, que se dirigía hacia Aragón, para recuperar Zaragoza. Los sindicatos procedieron a la incautación de la industria y remodelaron su organización, adaptándola para la producción de guerra automóviles blindados, motores de avión, granadas de mano, ambulancias, soportes de ametralladoras...).
 
            La industria se situó bajo el control del Comité Central de Milicias Antifascistas, que nombró un delegado, un obrero metalúrgico, militante de la CNT, para hacer de intermediario entre ambos.
 
            El comité se formó por delegados de ambos sindicatos, de todos los sectores de la empresa, incluidos los técnicos, empleados administrativos e ingenieros, que de esta forma se integraban en la obra revolucionaria.
            LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARÍTIMA. Como el resto de las empresas del sector bélico no fue incautada por los trabajadores. Sin embargo, las diferencias entre las empresas expropiadas y  las que solo estaban sujetas al control, eran mínimas. Fue el comité de empresa, el que realmente dirigió la marcha  de la producción. Ésta nunca llegó a superar el 50% de su potencial, debido a las insalvables dificultades de carácter técnico que existían. A pesar de la iniciativa y del entusiasmo de los obreros, la escasez de técnicos y el hecho de que los que no habían huido, no simpatizaran con la causa revolucionaria impidió el aumento de la producción (171).
            Junto a la industria metalúrgica y armamentística, muchos  otros ramos de la industria y de los servicios se vieron afectados profundamente por las colectivizaciones, el textil, la alimentación, madera, electroquímica... El textil catalán, en el que trabajaban más de 230.000 obreros (170.000 de ellos,  afiliados a la CNT), sufrió grandes transformaciones revolucionarias en la organización del trabajo y de la producción. La colectivización en este sector fue prácticamente total, salvo algunas empresas que contaban con capital extranjero. De los 20.000 patronos existentes, apenas una décima parte de ellos se acercó a sus antiguas empresas, donde entraron a trabajar como técnicos o como simples trabajadores a sueldo. El resto de ellos huyó o fue eliminado.
 
            LA ESPAÑA INDUSTRIAL contaba con fábricas en Barcelona, en Sabadell y en Sants, y empleaba a cerca de 2.000 obreros que trabajaban en sus instalaciones. De ellos el 80% estaba afiliado a la CNT y el 20% restante a la UGT (172).
 
            Después del mes de Julio, la empresa pasó a depender de un comité que fue elegido en una asamblea a  mano alzada por más de 1.800 trabajadores de la plantilla, para sustituir a los directivos que habían huido. A pesar de que la empresa quedó bajo control de los  obreros, no fue colectivizada hasta la publicación del decreto de colectivizaciones (173).
 
            El comité de empresa estuvo compuesto por un total de doce  miembros (dos técnicos, dos administrativos y ocho de los trabajadores manuales), dos de los delegados eran mujeres que representaban al sector de hilado  y  de tejido. Los delegados siguieron trabajando en sus puestos, reuniéndose semanalmente los sábados, después de la jornada de trabajo, para resolver los problemas derivados de la reorganización de la producción. Para estas tareas el comité fue dividido en diferentes comisiones de trabajo (finanzas, comercialización, técnica y personal). El personal técnico y el administrativo, representado en el comité por sus propios representantes se comprometió a acatar las decisiones mayoritarias.
 
            El comité convocaba asambleas periódicamente, cada dos o tres   meses. La finalidad de las reuniones abiertas a todos los trabajadores, era explicar y rendir cuentas de la marcha de la empresa. Pese a ello, los duros condicionamientos de la guerra les obligaron a reducir el trabajo a tres días semanales, debido a la escasez de materias primas que empezaba a ahogar a la economía colectivizada. El sindicato textil de la CNT se encargó de la venta de la producción y de la importación de materias primas.
 
            En la nueva organización del trabajo, los trabajadores escogieron a sus propios capataces, que siguieron cobrando lo mismo que el resto de trabajadores manuales. Los nuevos encargados hicieron de enlace entre sus secciones y el consejo de empresa en las cuestiones de carácter técnico. Las diferencias salariales se redujeron sin llegar a eliminarse. Las trabajadoras siguieron cobrando entre un 15 y un 20% menos que los hombres, mientras que los trabajadores manuales mantuvieron salarios menores que los de los administrativos y técnicos. Los condicionamientos económicos que imponía la guerra impidieron los aumentos salariales. Sin embargo fueron los técnicos y los administrativos, los que propusieron una reducción de sus salarios en un 20%. El dinero ahorrado fue utilizado en la creación de un fondo de pensiones destinado a los trabajadores más ancianos (no olvidemos que no existía la seguridad social, y que el abandono del trabajo significaba la inmediata miseria).
 
            LA SEDA DE BARCELONA, no pudo llegar a ser colectivizada por ser de capital holandés. La empresa, puesta bajo control obrero, estuvo dirigida por un comité compuesto por diez miembros. Aunque los delegados habían sido escogidos en una asamblea, el reparto de puestos se decidió de forma paritaria, 5 de la CNT y 5 de la UGT, a pesar de la clara hegemonía del anarcosindicalismo en la empresa. La conciencia unitaria de los trabajadores superaba, de  esta  forma, los posibles enfrentamientos entre ambas centrales sindicales.
 
            Las colectivizaciones urbanas no se limitaron a la industria. También se extendieron al sector de servicios. Los depósitos de CAMPSA, las centrales eléctricas, las compañías del gas, los trasportes urbanos (tranvías, metros y autobuses)  y también los terrestres y marítimos. Las compañías ferroviarias quedaron bajo control sindical de la UGT y de la CNT. Algo similar ocurrió con la mayoría de las empresas de comunicaciones.
            Tampoco el sector de espectáculos (cines, teatros) escapó a la colectivización. Todo iba quedando en manos de los obreros sin que nadie pudiera hacer nada para evitarlo.
 
            Los trabajadores de Tranvías de Barcelona se incautaron de la compañía. El comité gestor, compuesto por siete delegados, se encargó de las tareas de organización de los servicios en toda la ciudad. Poco después, las compañías de autobuses y del metro adoptaron las mismas iniciativas.
 
            Las empresas de transportes de Barcelona formaron un comité central unificado con representantes de todas ellas (de 1 a 4 delegados por empresa, según su importancia), para coordinar racionalmente el transporte de viajeros en toda la ciudad. Cada empresa se administraba de forma autónoma, sin embargo, todas estaban supeditadas al comité central coordinador, que se encargaba de compensar con los beneficios de las compañías más rentables, las pérdidas del resto. Se mejoraron las condiciones de trabajo y de higiene de las plantillas, y se llegó a plantear, para después de la guerra, la implantación de la semana de cuarenta horas, en el camino hacia la de treinta y seis. En materia salarial, aunque las diferencias persistieron, tendieron a igualarse.
 
            La composición de los comités de las diferentes compañías de transporte de viajeros de Barcelona no era uniforme. Mientras en el del Metro Transversal y en el de la Compañía de Autobuses  su composición era completamente anarcosindicalista, en el del Gran Metro habían representantes de ambas centrales sindicales. La Compañía de los Ferrocarriles Catalanes fue dirigida por un comité conjunto CNT-UGT, contando con la presencia de un delegado del Gobierno de la Generalitat que tuvo un papel completamente testimonial, durante los primeros meses de conflicto.
 
            El gran comercio barcelonés sufrió también importantes cambios. Los grandes almacenes como "El Siglo", fueron incautados por el Sindicato Único Mercantil de la CNT. En la asamblea de trabajadores de la empresa se escogió un Consejo Técnico (3 miembros) y un Consejo Administrativo (12 empleados, 2 ex-empleados y un representante del Sindicato).
 
            La mayor parte de los establecimientos comerciales (los  grandes en su totalidad) fueron colectivizados. Algo similar ocurrió con el comercio mayorista de víveres (huevos, pescado, verduras, fruta, leche,...), mientras se establecían comercios   de venta minorista. Los intermediarios fueron excluidos del circuito comercial, permitiéndoseles trabajar como asalariados en el mismo ramo. Se dictaron normas encaminadas a  mejorar la higiene de los alimentos, se establecieron comités de control en el matadero municipal y se cerraron aquellos establecimientos que fueron considerados insalubres. El campesinado fue obligado a comerciar sus excedentes con los comités locales de abastecimiento creados  por la CNT.
 
            Los comités de empresa se convirtieron en la nueva dirección de los centros de trabajo colectivizados. Las dificultades con las que se encontraron en su tarea de dirigir la producción, hizo que éstos, frecuentemente, delegaran sus funciones de representación sindical, en los denominados comités de fábrica. Estos organismos se convirtieron en los intermediarios de los  trabajadores frente a los comités, que se habían convertido en los nuevos organismos directivos de las empresas. Sus tareas reivindicativas permitieron integrar a numerosos trabajadores en las tareas de gestión de la producción y evitaron el alejamiento entre éstos y los nuevos organismos de dirección (174).
 
            Es destacable el sentimiento de unidad de clase que se expresó, a menudo, en la composición de los comités de las empresas colectivizadas y en las sujetas al control obrero. Ambas centrales sindicales, CNT y UGT, estuvieron representadas en los comités de las empresas, unas veces de forma proporcional a su afiliación, otras de forma paritaria. En los comités también estuvieron integrados los representantes de los técnicos y de los administrativos. La idea dominante era la de integrar a las minorías y preservar de esta forma, el espíritu unitario que alentaba al movimiento.
 
            Algunos historiadores, estudiosos del tema, consideran que la asistencia y la participación en las asambleas no fue demasiado numerosa. Algunos la sitúan en un porcentaje en torno  a una  tercera parte de las plantillas (175). La participación en las reuniones periódicas no era, necesariamente, falta de identificación de los trabajadores con la obra colectivizadora de la que eran protagonistas. No podemos olvidar que, la mayor parte del debate en este tipo de asambleas se centraba en aspectos rutinarios, técnicos y administrativos, que difícilmente atraían el interés del conjunto de los trabajadores, salvo a los sectores más conscientes y militantes de las empresas.
 
            Para comprender el impacto que tuvieron las colectivizaciones en la conciencia de los trabajadores, es revelador el testimonio de uno de los  anarcosindicalistas que participó en ellas:
"A raíz de la colectivización observó una gran diferencia en los obreros. Antes de la guerra ninguno de ellos <<sabía hablar>>. Si había que hacer alguna reivindicación, él, Capdevila, o alguno de sus compañeros del sindicato tenía que entrevistarse con la dirección. Mientras funcionó el comité obrero de control, el grueso de la fuerza laboral siguió sin decir palabra. Pero en cuanto se colectivizó la fábrica y se celebraron asambleas generales, todo el mundo empezó a hablar".
 
"<<Era asombroso. Todo el mundo se convirtió en un loro, todo el mundo quería decir lo que pensaba y sentía. Evidentemente ahora eran conscientes de estar a cargo de las cosas y de que tenían derecho a hablar por si mismos...>>" (176).
 
            Las empresas expropiadas sólo fueron completamente autónomas durante un breve período de tiempo, durante las semanas siguientes a las jornadas de julio. La situación creada, las necesidades y los obstáculos, pese al origen espontáneo y disperso de las colectivizaciones y de su obra, las empujaba en una sola dirección. La obra revolucionaria, solamente podía sobrevivir  mediante la coordinación y planificación de la economía.
 
            La inexistencia de un auténtico estado obrero, que representara, centralizara y ordenara la actividad de los comités y de las colectivizaciones, hizo que durante los primeros meses, después de iniciado el conflicto, la economía se caracterizara por la combinación de rasgos de autogestión obrera y de corporativismo, con los intentos de coordinación y de estructuración de la misma. El hecho de que la dualidad de poderes derivase hacia la restauración de las viejas instituciones estatales, sería la causa de que en la mayor parte  del territorio, las colectivizaciones quedasen rápidamente en la órbita del nuevo gobierno republicano. Esta vez dirigido por Largo Caballero y por las organizaciones obreras del Frente Popular.
 
            Sólo en Catalunya, las colectivizaciones y los comités,  consiguieron mantener una cierta independencia de las autoridades, incluido el Comité Central de Milicias. Durante cerca de cuatro meses, se resistieron a someterse al Consejo de Economía y al Gobierno de la Generalitat, a pesar de la participación y de la subordinación de los organismos  dirigentes de las organizaciones obreras a estos organismos.
 
            En el mes de octubre de 1936, se reunió en Barcelona un Congreso sindical, en el que asistieron delegaciones y representantes de más de 600.000 obreros de las industrias colectivizadas. La finalidad del acto era el estudio de la socialización de la industria.
 
            Pocos días después, el 24 del mismo mes, el nuevo orden económico era institucionalizado en Catalunya, con la publicación del decreto de colectivizaciones. La orden gubernamental reconocía como un hecho consumado lo que era una realidad desde hacía algunos meses en la calle. Sin embargo, a cambio se iniciaba un proceso de intervención de las colectivizaciones, por parte de la Generalitat. La penetración del gobierno catalán, testimonial y simbólica  al principio, acabaría por significar la contención y la limitación de las colectivizaciones, en el período del retroceso revolucionario. El nuevo decreto también reflejaba la consolidación del poder del gobierno de  la Generalitat, y la tendencia de las organizaciones obreras más radicales a subordinarse a su autoridad política.
 
            Hubo numerosos intentos de planificación de la economía colectivizada. En el mes de diciembre del mismo año, se celebró un Congreso de Sindicatos Únicos de la CNT en la ciudad de Valencia. El congreso pretendía estudiar y proponer soluciones a     las dificultades que provocaba   la dispersión y la competencia entre las diferentes industrias colectivizadas.
El resumen de la declaración final refleja las conclusiones y las propuestas  que fueron dirigidas a los sindicatos:
 
"Al proceder a la  socialización  de  una  industria deberán agruparse todos los esfuerzos de los distintos sectores que componen la rama de la industria en un plano general y orgánico con lo cual se evitarán las competiciones y dificultades de orden sindical que dificultarían la buena organización de la industria socializada. Se enlazarán los organismos de producción y distribución de tal manera que se evite la especulación de elementos ajenos a los intereses de la industria socializada"
(177).
 
            Como muy bien indica José Peirats, el documento de Valencia reflejaba una conciencia clara entre los participantes del Congreso, de cuales eran los problemas que amenazaban a la industria socializada.
 
"Los trabajadores se daban cuenta de que la colectivización parcial degeneraría con el tiempo en una especie de cooperativismo burgués. Encastillado en su respectiva colectividad, las empresas habrían suplantado los clásicos compartimientos estancos y caerían fatalmente en la burocracia, primer paso de una nueva desigualdad social. Las colectividades terminarían haciéndose la guerra unas a otras, comercialmente hablando, con tanto ahínco y mediocridad como las antiguas empresas burguesas" (178).
 
            Los sindicatos procuraron reorganizar las distintas ramas de la producción. Por su peso y arraigo en el movimiento obrero y a falta de organizaciones de otro tipo (soviets) que pudieran asumir estas tareas, las centrales sindicales y especialmente la CNT, tuvieron que asumir la función de coordinación de las empresas colectivizadas o las que estaban sujetas al control  obrero. Su importancia en la estructuración de la economía revolucionaria fue inmensa. Sin ningún tipo de dudas podemos considerar que hubiera sido imposible superar el caos revolucionario de los primeros momentos, si los sindicatos no hubieran intervenido. Sin embargo, es constatable también, la falta de definición y de delimitación en las relaciones entre éstos y los  comités. Esta confusión, fue una frecuente fuente de tensiones y de conflictos entre ambos organismos y facilitó, posteriormente, la intervención del gobierno republicano.
 
            La idea de estructurar la economía revolucionaria mediante las agrupaciones industriales, fue vista con buenos ojos por los anarcosindicalistas, que consideraron que esta solución se aproximaba a sus planteamientos de socialización bajo control sindical de la economía.
 
"Los de la CNT opinábamos que todo debía partir del obrero...   A tal efecto queríamos crear federaciones industriales (textiles, ingeniería, grandes almacenes, etc.) que estarían representados en un consejo económico global encargado de dirigir la economía. De esta manera, todo, incluyendo la planificación económica, permanecería en manos de los obreros. (Las federaciones industriales habían sido aprobadas por la CNT en 1931, pero su creación fue combatida por elementos anarquistas del sindicato, por lo que sólo existían unas cuantas al estallar la guerra)" (179).
 
            En ocasiones, los intentos de creación de las agrupaciones industriales fracasaron al chocar con la visión corporativista de los comités, que consideraban a las empresas colectivizadas, como algo de su exclusiva propiedad y se mostraban reticentes a formar parte de las federaciones.
 
            Pasados los primeros momentos, generalmente, fueron las Juntas territoriales las que acabaron por asumir las funciones de dirección de la economía en sus respectivas zonas.  La aparición en Catalunya del Consejo de Economía, organismo de planificación  que estaba supeditado al gobierno de la Generalitat, en la que participaban todas las organizaciones obreras, hizo que estas funciones recayeran en él. Sin embargo, las centrales sindicales y en concreto la  CNT, mantuvieron su poder e influencia en las empresas socializadas o intervenidas por los trabajadores. Gran parte de la articulación de la economía revolucionaria siguió recayendo en ella.
 
            El Consejo de Economía de Catalunya apareció ante muchos trabajadores como un órgano extraño, que había sido impuesto desde las alturas y que estaba subordinado al desprestigiado gobierno de la Generalitat. Los sindicatos en cambio, eran las organizaciones tradicionales del movimiento obrero y gozaban de su entera confianza, por lo tanto, no es de extrañar que estas organizaciones continuaran siendo las que coordinaran y estructuraran los sectores colectivizados.
 
            La coordinación superó en muchos casos el ámbito local extendiéndose a regiones enteras, llegando a abarcar desde la extracción de materias primas, hasta la manufacturación y distribución de los productos. Ramas enteras de los servicios y de la industria fueron completamente reorganizadas. Cientos de pequeñas industrias, dispersas y antieconómicas, fueron cerradas y concentradas en grandes centros, mejor equipados para la producción. Los trabajadores de la mayoría de los 745 hornos-panadería que existían en Barcelona aceptaron la socialización y la reestructuración de todo el sector. Algo similar ocurrió con el sector de  la  madera,  donde cientos de pequeños talleres fueron reorganizados y concentrados en fábricas más grandes.
 
            En otras poblaciones catalanas se vivieron procesos idénticos (la industria del vidrio,  confección, la sastrería, la piel y también el calzado de Sitges, el embutido de Vich...). El fenómeno, muy importante en Catalunya, se extendería a otras ciudades y pueblos de la zona republicana (el metal y el textil de Alcoi, la madera de Cuenca, la ebanistería de Madrid...).
 
            Los proyectos de racionalización y de coordinación de la economía colectivizada fueron impulsados especialmente por las organizaciones más radicales del movimiento obrero, la CNT-FAI y  también por el POUM. Sin embargo, a menudo, estos proyectos chocaron  con la resistencia  del resto de organizaciones, que no veían con buenos ojos la consolidación del sistema de las colectivizaciones.
 
            Después de las jornadas barcelonesas de mayo de 1937, en Catalunya y a pesar de la supuesta legalidad que amparaba la planificación de la economía, con la publicación del decreto sobre las colectivizaciones, los intentos de racionalización  de la producción encontraron la oposición  creciente de la UGT catalana, que invocaba a la Generalitat y al secretario del PSUC, Comorera, para impedirlos.
 
            El origen  no planificado de las colectivizaciones revela el  verdadero carácter de la revolución española. Sin embargo  el espontaneísmo también fue el origen de numerosos errores y  limitaciones del movimiento colectivizador. Sobre la ingenuidad y el simplismo con el que los revolucionarios acometieron su obra revolucionaria en la economía, Fraser recoge las declaraciones de un joven militante de CNT,  Pons Prades, que había trabajado en la industria colectivizada:
 
"... era fácil alcanzar aquel mundo nuevo, aquel paraíso terrenal del que tan a menudo le hablara su  padre. Bastaría con cambiar las banderas, entonar nuevas canciones revolucionarias, abolir el dinero, la jerarquía, el egoísmo, el orgullo; las columnas sobre las que se apoyaba el imperio del dinero. <<No era yo solo, joven inexperto, quien así pensaba. Eran también los hombres, los militantes de la CNT que tanto habían luchado en la vida>>..." (180).
 
 
            En muchos casos,  los trabajadores se limitaron a aumentarse los salarios, reducir sus horas laborales y producir contando tan  solo con las reservas existentes en sus almacenes y sin preocuparse de lo que pasaría cuando éstas se agotaran. Muchos trabajadores tenían una visión excesivamente esquemática de lo que significaban las colectivizaciones y también de su funcionamiento. Sin embargo pronto surgieron problemas inesperados que se encargaron de borrar esta falsa idea.
 
            Las colectividades no llegaron a unificarse jamás, en un sistema económico coherentemente estructurado, con una sola administración centralizada, elegida democráticamente por las bases. Esto hubiera significado sentar las bases del estado obrero, alternativa en la que no estaban interesadas en aquel momento, ninguna de las organizaciones obreras.
 
            El anarcosindicalismo cometió la equivocación de olvidar las experiencias de las revoluciones anteriores. Los libertarios  españoles repitieron trágicamente los errores que había cometido   la Comuna de París, apenas sesenta años antes, abandonando en manos de sus adversarios políticos, en la zona republicana, los resortes  del capital financiero, que luego serían utilizados en su contra.
 
            La Generalitat de Catalunya nombró rápidamente delegados en cada banco y en cada caja de ahorros, con el acuerdo de la UGT y de la CNT, para impedir la fuga de capitales y controlar las operaciones comerciales de las empresas. Con esta maniobra, el gobierno catalán evitaba cualquier tentación de incautación de las entidades financieras catalanas. En los meses siguientes, el  control sobre los bancos y las entidades financieras se mostró como un instrumento eficaz para paralizar y hacer retroceder al movimiento colectivista, como paso previo y obligado para su posterior liquidación.
 
            Dos años después de iniciada la guerra, al menos la mitad de las empresas colectivizadas catalanas se encontraban hipotecadas con la Generalitat, por los préstamos que ésta había concedido para el pago de los salarios. Gracias a esta situación, el gobierno autónomo conseguiría fácilmente intervenir  la industria colectivizada, mediante el nombramiento  de inspectores. A medida que las viejas autoridades recuperaban su poder, los interventores de la Generalitat también irían adquiriendo,  poco a poco, más poder en el seno de las colectividades, en detrimento de la antigua autonomía económica que éstas habían gozado. Con esta situación, atada de pies y manos, la economía revolucionaria iniciaba su declive.
 
"Según sus defensores, las colectividades fracasaron, no por su celo egocéntrico, ni por su incompetencia o mala organización, sino sencillamente porque, una vez agotados sus recursos iniciales, no consiguieron crédito de sus enemigos, que manipulaban el sistema bancario y controlaban las divisas y el comercio exterior. Juan Fábregas, delegado de la CNT en el Consejo Económico de Catalunya, recibió de Madrid negativas rotundas. <<Bastaba que la nueva industria militar de Catalunya estuviera controlada por los trabajadores de la CNT para que el gobierno de Madrid negara su ayuda. Solo concedían ayuda económica a cambio de ceder el control al gobierno>>. Negrín dijo al periodista Louis Fischer que las fábricas colectivizadas de Catalunya habían gastado todas sus reservas en pagar salarios y que por eso acudían a él, Ministro de Hacienda, a solicitar dinero. <<Aprovecharemos su petición -añadió- para hacernos con el control de las fábricas>>. En otras palabras, los enemigos políticos de la CNT trataban de colocar a las empresas colectivas en una situación tan difícil que se vieran obligadas a rendirse" (181).
 
            El testimonio de Fábregas, y la conversación entre Negrín y el periodista procomunista Fischer, revelan el alcance y la eficacia del instrumento financiero, como instrumento contra la revolución colectivista que estaba en marcha.
 
            El arma financiera no solo fue utilizada contra las colectivizaciones. También sería un instrumento de presión del gobierno central contra los deseos autodeterminativos de la Generalitat de Catalunya, demasiado escorada hacia la izquierda, por la fuerte presión a la que estaba sometida por el movimiento revolucionario. El gobierno de Largo Caballero se negó a traspasar parte de las reservas de oro  del Banco de España a Catalunya, que debían ser utilizadas en la compra de armamento y de materias primas, por temor a que ésta, adquiriese demasiada independencia frente al gobierno central (182).
 
            Resulta asombroso observar como algunos historiadores anarcosindicalistas justifican la trágica equivocación:
 
"En un ramo no se realizó la colectivización: en la Banca. Por razones fáciles de comprender. La colectivización no se hace por decreto desde arriba, sino por la intervención de los obreros y empleados de cada empresa".
 
"¿Porqué no se colectivizaron los bancos? los dependientes bancarios estaban poco organizados, existían dos sindicatos bancarios, uno CNT y otro UGT; este último, mayoritario, era contrario a la colectivización y propugnaba la estatalización".
 
"La socialización  debe realizarse, según su doctrina, por decretos gubernamentales. El gobierno no decretó la colectivización de los bancos. Así, los dependientes bancarios, en mayoría, no sabían lo que debían hacer. La colectivización no se llevó a cabo" (183).
 
            Sin embargo, otros historiadores de la misma ideología, reconocen el error histórico del anarcosindicalismo español (184). El sector financiero, controlado por la UGT catalana se   mantendría al margen del movimiento expropiador, siendo entregado intacto, con el visto bueno de los dirigentes de CNT, a sus adversarios, para ser utilizado posteriormente como un instrumento de chantaje y de presión contra las colectivizaciones.
 
            Es necesario tener en cuenta otro factor: el tradicional raquitismo del sector bancario en Catalunya, que lo hacía depender fuertemente del capital financiero estatal. Sin embargo este dato   no invalida la conclusión: el desprecio que la tradición libertaria siente hacia el dinero, se convertía en una terrible arma contra la misma revolución. La ingenuidad anarcosindicalista residía en considerar que la iniciativa colectivizadora solo podía partir de los mismos trabajadores del sector, y no del conjunto de la clase obrera, que necesitaba utilizar los capitales expropiados para consolidar y extender el nuevo orden revolucionario.  
 
            Las empresas necesitaban financiarse, necesitaba divisas para importar materias primas que eran indispensables para poder seguir produciendo, era necesario pagar los salarios a los trabajadores que las integraban. Muchas empresas solo pudieron mantener su ritmo de trabajo, mientras no se agotaron los stocks que habían sido expropiados durante los primeros días de la revolución. El agotamiento de las reservas provocaría un descenso dramático de la producción en algunos sectores de la industria. El textil catalán tuvo que reducir la semana laboral a tres días, ante la escasez de materias primas.
 
            Cuando la situación empezó a volverse insostenible, un grupo de militantes libertarios llegó  a proponer al Comité Nacional de la CNT la planificación del robo de una parte del oro guardado en el Banco de España de Madrid. El plan sería rechazado por la dirección, por las consecuencias políticas que hubiera tenido la acción, en las relaciones con el gobierno central.
 
            La  actitud que las autoridades republicanas y del Frente Popular mantuvieron frente a las colectivizaciones fue, en un primer período, de aceptación forzosa. Sin embargo y a medida que su autoridad iba siendo restablecida, tanto la Generalitat, como el gobierno de Valencia, intentaron detener la honda expansiva del movimiento expropiador. Aplicaron una política de boicot y de sabotaje a la industria colectivizada. El gobierno de Largo Caballero llegaría a importar del extranjero numerosas partidas de ropa para abastecer al nuevo Ejército Popular de la República, para evitar tener que hacer la compra a las empresas del textil catalán. Los gobiernos central y  en menor medida, también el autónomo, tenían en su poder la llave de acceso a las divisas y a los tratados de comercio. En esta situación de boicot y sabotaje por parte de las autoridades republicanas, las empresas que dependían del mercado exterior se encontraron con graves dificultades para acceder a nuevos envíos de materias primas.
 
            Difícilmente, los comités de empresa, podían proceder  de forma diferente a como lo hicieron, sin la existencia de un sistema económico socialista coherente. La falta de criterios claros de planificación global, acentuó todavía más, los rasgos más  individualistas de los trabajadores y llevó a los comités, en muchas ocasiones, a mantener una visión localista y corporativa de las empresas. La falta de una orientación precisa  y concreta de las organizaciones obreras, hizo que surgiera con mucha fuerza, en muchas de las colectivizaciones, la idea de que éstas, eran propiedad exclusiva de los obreros que trabajaban en ellas, y no de toda la sociedad, que les habría cedido a ellos, su control y gestión.
 
            Las consecuencias no se hicieron esperar: se dio una división creciente entre las empresas ricas y las pobres, con las consiguientes diferenciaciones salariales; apareció la competencia entre las diferentes empresas colectivizadas para conquistar el mercado, afán de lucro como motor de la producción,... Estos hechos fueron denominados por algunos sectores críticos como "capitalismo sindical" (185), o como lo llegó a denominar Peirats "cooperativismo burgués" (186).
 
"El colectivismo que vivimos en España no es el colectivismo anarquista, es la creación de un nuevo capitalismo más inorgánico que el viejo sistema capitalista que acabamos de destrozar... Está hoy plenamente comprobado que no existe dentro de nosotros ningún ajuste, ningún apego, ningún respecto a la moral libertaria que nosotros decidimos defender o sustentar; y no existe porque nadie entiende de economía en general, de complejos económicos, de la dependencia de unas industrias con otras..." (declaración de Horacio Prieto, exsecretario de la CN de la CNT, hechas el 06.01.1938). (187).
 
            Más clarificadoras  son las críticas aparecidas en el órgano del POUM, "La Batalla":
 
"(el artículo se titula <<ante todo hay que saber adonde se va y lo que se quiere>)... Asistimos en Barcelona, principalmente, casi sin que se preste atención a ello, a un proceso de <<sindicalización>> de todos los aspectos de la vida económica, que nada tiene que ver ni con la socialización, ni con la colectivización. Los sindicatos recaban la hegemonía absoluta de cada industria, establecen sus normas, su dirección, teniendo en cuenta los intereses estrictamente profesionales, no generales, de la clase trabajadora, e incluso ni el interés de la lucha actual... queremos referirnos a un caso, como ejemplo, el comité revolucionario ferroviario ha adoptado el acuerdo de no conceder billetes gratuitos, partiendo de la necesidad de no mermar los ingresos de la industria... pero evitar estos abusos es una cosa, y otra deducir las consecuencias de que deben negarse casi en absoluto de los billetes gratuitos... ¿porqué se producen todas estas contradicciones y hasta cierto punto este desbarajuste?, sencillamente porque hasta ahora no ha habido un pensamiento rector del curso de la revolución..." (188).
 
            Era evidente que la persistencia de estas actitudes sólo podían llevar al hundimiento de la revolución y a la restauración  progresiva de la vieja sociedad capitalista que había sido aplastada en las jornadas de julio.
 
            La gravedad de la situación obligó a la CNT a presionar sobre las empresas colectivizadas para que éstas corrigieran  las graves contradicciones que sufrían. En el mes de febrero de 1937, cuatro meses después de  aprobarse el decreto sobre las colectivizaciones, una conferencia sindical conjunta CNT-UGT del textil, acordaba que la colectivización de las empresas, tal como se había llevado a cabo en muchos casos, había sido un grave error, y que era necesario proceder a la socialización total de la industria colectivizada. Una comisión del sindicato anarcosindicalista informaba en Barcelona en el mes julio del mismo año:
 
"El precipitado afán de colectivizarlo todo, especialmente las empresas que tenían reservas monetarias, ha revelado en las masas un espíritu utilitarista y pequeño burgués... al considerar toda colectividad como propiedad privada, no como mero usufructo, han sido ignorados los intereses de otras colectividades. Las empresas colectividades se han preocupado solo de su propia rentabilidad, produciendo un desequilibrio en las propias finanzas de otras empresas" (189).
 
            Sin pretender minusvalorar el éxito de los comités y de las colectivizaciones en su gestión, hemos de aceptar, coincidiendo  con Walther Bernecker, que las metas revolucionarias y de emancipación social que se plantearon, sólo pudieron conseguirse de forma limitada e imperfecta.
 
"Sin embargo, su meta social, la abolición de la alienación de los trabajadores, mediante transformaciones radicales de la estructura de poder de la economía industrial, sólo la alcanzaron temporalmente y aún en este caso, parcialmente. Su error de partida consistió en dejar fuera de su atención los intereses económicos generales y en tolerar durante demasiado tiempo la existencia de un ciego egoísmo de empresa" (190).
 
            El avance y profundización de la conciencia revolucionaria de los trabajadores chocó con la inexistencia de un programa de planificación global de la economía que les ofreciera un proyecto socializador de la revolución que ellos habían iniciado, en vez de perderse en actitudes corporativistas.
 
            La intentos de planificación y estructuración de la economía, impulsados por la CNT, hizo posible que estos prejuicios fueran superados por la comprensión de muchos trabajadores, de la existencia de una interdependencia de toda la economía colectivizada.
 
            En Catalunya, los crecientes desequilibrios fueron corregidos en parte, con la creación de una Caja Central de igualación o de compensación, que redistribuiría los beneficios cedidos por las colectividades ricas, entre las que presentaban pérdidas. También existieron Cajas de Compensación sectoriales, como la de Transportes de Barcelona, donde la Compañía de Autobuses dedicó una parte de los beneficios obtenidos a compensar las pérdidas de la de tranvías.
 
            Con frecuencia, los comités de empresa, empeñados en las tareas de dirección y de organización de la producción en las empresas colectivizadas o intervenidas, perdían sus antiguas funciones sindicales. En ocasiones, como hemos comentado más arriba, llegaron a crearse nuevos organismos sindicales que se encargaron de representar a los trabajadores en las cuestiones de índole laboral. Sin embargo y a menudo, estas funciones quedaron completamente abandonadas.
 
"Debería haberse hecho, para que los trabajadores siguieran teniendo su representación sindical directa a la que acudir en caso de alguna queja laboral. Fue un fallo muy común en el área de Barcelona, un fallo consciente en no comprender cuál era la nueva situación creada por el hecho de que un sindicato pasara de la fase de lucha de clases a la autogestión, una confusión entre los dos papeles..." (191).
 
            De la idea recogida por Ronald Fraser se desprende un cierto grado de burocratización de los comités de empresa, y también el alejamiento de algunos sectores de trabajadores del funcionamiento de la economía colectivizada o intervenida.
 
"El principal fracaso, según la opinión de Pons Prades y de otros miembros, opinión que confirmaba la objeción planteada originariamente por los anarquistas, fue que el sindicato se transformó en una especie de gran empresa, con una estructura progresivamente fingida. <<Visto desde fuera, empezó a parecerse a un trust americano o alemán>>. Desde dentro, si bien los obreros tenían posibilidad de expresar sus críticas o necesidades, resultaba difícil efectuar los cambios que querían".
"<<Tenían la impresión de que no participaban directamente en la toma de decisiones. Si el <estado mayor> decidía que se cambiase la producción en dos talleres, no se informaba a los obreros del porqué. La falta de información... engendró descontento, especialmente si se tiene en cuenta que en la CNT era tradicional discutirlo y examinarlo todo. Las reuniones quincenales de delegados pasaron a ser mensuales y creo que terminaron siendo trimestrales...>>."
"A pesar de todas estas objeciones, en la primera asamblea   general anual casi todos los cargos fueron prorrogados por unanimidad... <<A medida que fue pasando el tiempo, habría sido difícil corregir la estructura cada vez más rígida del sindicato.>>" (192).
 
            Hay distintos factores que nos pueden ayudar a comprender el origen de estas actitudes burocráticas. Las circunstancias en las que se desarrollaban los comités, como la guerra, la falta de orientación política,... impidieron que éstos pudieran profundizar su democratización interna. La escasez de cuadros obreros, preparados para asumir las responsabilidades que implicaba la administración y la organización de la economía colectivizada era más que dramática. Las funciones de dirección  de las empresas colectivizaciones acabaron por concentrarse en una pequeña minoría de militantes revolucionarios.
 
            También el excesivo afán de expropiarlo todo, sin ningún tipo de criterio diferenciador entre las grandes y las pequeñas empresas, provocó graves problemas al movimiento revolucionario. La incautación de gran número de minúsculas empresas y establecimientos, provocó el descontento y el temor de la pequeña burguesía y de las clases medias. En Madrid, por ejemplo, llegaron a colectivizarse los equipos de zapateros, los ebanistas, las barberías e incluso... los salones de belleza. Los antiguos propietarios se convirtieron en simples trabajadores de sus antiguas empresas.
 
            Durante las jornadas de julio, el grueso de la pequeña burguesía urbana y del campo había permanecido neutral, o incluso había llegado a simpatizar con los revolucionarios. Sin embargo los errores cometidos provocaron el alejamiento de las clases medias de la izquierda y también de los desprestigiados e impotentes republicanos, para volcarse hacia el PCE-PSUC, que fueron las organizaciones que, gracias a su eficacia, consiguieron capitalizar el desplazamiento político. Los excesos colectivizadores y la violencia indiscriminada que se dio en muchos casos, empujaron a la pequeña burguesía a buscar la protección entre las organizaciones que pretendían restaurar el viejo orden republicano y que se enfrentaban al anarcosindicalismo.
 
"Al sentar las bases del socialismo, un error gravísimo se ha cometido en nuestro país, la colectivización de la pequeña industria y del pequeño comercio, a pesar de estar prohibido por el decreto de colectivizaciones, estaba en el ánimo de muchos trabajadores, por falta de una cultura social suficiente, el deseo de intervenir y de disponer en los negocios de la industria o el comercio donde trabajaba. Un falso concepto igualitario, muy extendido en nuestros medios obreros, ha hecho también que se dañaran los intereses de la pequeña burguesía".
 
"Más que dañar su intereses, más que desposeerlos de su industria o comercio, lo que debía haberse hecho era impedirles su libre uso y apartarlos de la dirección del estado. Hubiera sido la mejor política respecto a la pequeña industria, ahora desposeídos de sus propiedades y con el poder político, tratan y tratarán constantemente de hacer marchar atrás en el camino de la revolución y buscarán la fórmula que les permite volver a la vieja situación. Y este error que ha cometido el proletariado colectivizando pequeños comercios e industrias, como la pequeña propiedad de la tierra, es totalmente contrario a las leyes del socialismo".
 
"El socialismo no debe entrar en la conciencia de las masas o de los individuos a la fuerza" (193).
 
            El documento que cita Victor Alba pertenece al POUM, y sitúa  la posición crítica de esta organización ante uno de los errores más graves, cometidos por el movimiento colectivizador. La inexistencia de una organización capaz de encauzar el torrente revolucionario desatado, condujo a una serie de errores o excesos que debilitarían a la misma revolución. Los adversarios de las colectivizaciones aprovecharon estos errores para denigrarlas, condición que era necesaria para su posterior liquidación.
 
            Los historiadores contrarios al movimiento colectivizador, reconocen las graves dificultades, derivadas del conflicto bélico, que tuvo que atravesar la economía socializada. Han reflejado  los errores y las ingenuidades que se desarrollaron en las colectividades. Sin embargo algunos de ellos han presentado una serie de argumentos en su contra, que no resisten un análisis serio.
 
            Stanley Payne considera que las colectivizaciones y el control obrero, tuvieron efectos negativos en la economía republicana, y esta nunca pudo recuperar los niveles de producción existentes a principios de 1936.
 
"La escasez propia de la guerra, la pérdida de mercados, la falta de materias primas, junto con el efecto disgregador de las colectivizaciones y el control obrero, hizo imposible a la industria catalana alcanzar los niveles de producción previos" (194).
 
            El historiador Stanley G. Payne coloca "el efecto disgregador de las colectivizaciones y el control obrero" al mismo nivel que los factores relacionados con la guerra. Sin embargo, se resiste a analizar las causas del "efecto disgregador" del colectivismo, es decir, la falta de un poder político que estuviera dispuesto a llevar hasta el final la construcción de una economía socialista, sólida y coherente.
La disminución de la producción, ha sido perfectamente explicado por otro economista e historiador, poco sospechoso de simpatizar con el movimiento revolucionario:
 
"(Primera fase. Julio-Agosto de 1936) Refleja el impacto de la desorganización debida a la guerra civil: el mes de agosto marca el punto más bajo de la actividad industrial...
(Segunda fase. Septiembre de 1936 a Octubre de 1937) Es una etapa de adaptación a la situación. El impacto económico de la guerra por la pérdida de mercados y del abastecimiento de materias primas reduce la producción entre el 75 y el 60% respecto a Enero de 1936. Hay puntos significativos de baja: noviembre de 1936,  a causa del agotamiento de los stocks de las empresas, y Febrero de 1937, en que se manifiesta la crisis iniciada a principios de año, a causa de la reconversión, ya iniciada, de la economía catalana en una economía de guerra; todo esto repercute en el conjunto industrial del país, que se resiente por la rigidez de la oferta. De esta manera se acelera  el incremento de precios a partir del mes de marzo, en que el encarecimiento acentuado de la subsistencia puede explicar en parte, los hechos de mayo de 1937. Por otra parte, la disminución de la producción industrial en mayo de 1937 es una consecuencia de los hechos producidos en Catalunya, y muy especialmente en la ciudad de Barcelona, aquel mismo mes" (195).
 
            El autor de estas significativas líneas reconoce la existencia del factor "desmoralización", como una de las causas de la caída de la producción industrial de Catalunya (y por lo tanto, del resto de la zona republicana), pero no atribuye a la naturaleza del sistema de las colectivizaciones y al control obrero, ninguna cualidad "disgregadora" intrínseca, como causa de la decadencia. Por el contrario, si la desmoralización de los trabajadores fue una de las causas del retroceso de la economía, se deduce que el entusiasmo revolucionario de la clase obrera por las conquistas sociales conseguidas (las colectivizaciones y el control obrero) habían sido uno de los soportes principales que evitaron, pese a las condiciones negativas existentes, que la economía se desplomara.
 
            Fue Jaume Miravitlles en una conversación con Josep Tarradellas, ambos miembros de ERC y adversarios de la revolución de los comités, quién, sin salir de su asombro, confesó: "Este sistema funciona" (196). Efectivamente, el sistema, con todas sus taras, con todos sus errores y defectos, con todas sus ingenuidades, funcionaba.
 
            También hay que tener en cuenta, la multitud de conquistas sociales que se realizaron por primera vez en España y posiblemente en el mundo entero. Algunos de los proyectos, como el del salario único, o el de las seis semanas de vacaciones,  fueron planteados pero nunca pudieron ser llevados a la práctica.  
 
     El momento en el que la revolución se estaba jugando su destino en el frente, contra el ejército franquista, o en la retaguardia, contra las organizaciones del Frente Popular, no era el más adecuado para ponerlas en marcha. Incluso algunas de ellas no pudieron ponerse en la  práctica, de manera generalizada, sencillamente porque en aquel momento eran utópicas, como era la de la abolición del dinero.
 
            Sin embargo otras muchas se aplicaron y funcionaron perfectamente, y hoy, algunas de ellas, todavía no han sido alcanzadas. Se abolió el trabajo a destajo, se redujo la semana laboral a 40 horas (aunque en un principio tal medida estaba planteada para el período posterior a la victoria de la revolución). La carestía de materias primas convirtieron la semana laboral en mucho menos, se creó el primer sistema de seguridad social en España, jubilación con la paga completa, asistencia médica y medicinas gratuitas, subsidio de enfermedad y de maternidad (el marido tenía derecho a dos días libres pagados, cuando su esposa estaba de parto), clínicas con servicios especializados, se creó un fondo de desempleo y de recolocación de los parados,... (197).
 
            Todo este sistema de conquistas sociales estuvo financiado con las reservas de las empresas colectivizadas que presentaban beneficios.
 
            Las colectividades fueron la expresión máxima de la conciencia socialista espontánea de los trabajadores. Ronald Fraser sitúa el verdadero debate, no en la defensa del éxito o del fracaso de las colectivizaciones, sino en si tal como se dieron éstas, fueron o no:
 
"... la respuesta revolucionaria adecuada a las necesidades del momento..." (198).
 
            El sistema colectivista fue una reacción necesaria en los primeros momentos. En esto coinciden todos, adversarios y partidarios.
 
            La diferencia entre unos y otros estribaría en si éstas eran o no, un mal necesario que llenaba el vacío dejado por la huida de los antiguos propietarios hasta que pudiese restablecerse el orden republicano, o eran la expresión legítima del nuevo orden revolucionario.
 
            La dualidad de poderes que apareció simultáneamente a las colectivizaciones, evolucionó posteriormente, no hacia una salida revolucionaria, hacia la construcción de un estado obrero, capaz de canalizar  las energías y esfuerzos hacia una verdadera economía socializada, sino hacia la reconstrucción de la vieja República, aunque fuera en su versión largocaballerista o negrinista.
 
3.10 LA OBRA DE LAS COLECTIVIDADES EN EL CAMPO
 
            La huida en las ciudades de la burguesía industrial y financiera, tuvo su paralelismo en el campo, con la marcha de las familias de terratenientes  latifundistas. El abandono de las grandes propiedades rurales puso en manos del campesinado pobre, la solución a su gran reivindicación histórica: la propiedad de la tierra.
 
            Uno de los rasgos más característicos de la revolución española fue el hecho de que importantes sectores del campesinado pobre,  (jornaleros y pequeños propietarios) se decidieran por la explotación colectiva y socialista de la tierra. El reparto de las propiedades incautadas, en pequeñas parcelas familiares, sin capacidad para mejorar las tradicionales técnicas de cultivo y sin posibilidades de conseguir la maquinaria adecuada, apenas habría mejorado sus ya precarias condiciones de existencia. El fenómeno espontáneo de la colectivización de la tierra, fue un rasgo original de la revolución española, que no tiene paralelismo con ninguna otra de las revoluciones contemporáneas.
 
            La gravedad del momento fue uno de los factores que, sin duda alguna, estimuló la colectivización de las tierras incautadas. La situación de vacío de poder, tanto en el plano económico como en el político, que se había abierto con las jornadas de julio exigía poner en marcha, con la máxima urgencia, la recogida de la cosecha.  El tiempo que transcurría era precioso, era necesario enviar víveres al frente para sostener a las milicias que se estaban enfrentando a los sublevados, y no podía perderse el tiempo improvisando un complicado plan de reparto de las tierras. Tampoco existía un poder político capaz de llevarlo a cabo.
 
            Sin duda alguna y como veremos más adelante,  estas condiciones, también fueron la causa de excesos y errores. Sin embargo, la aparición de las colectivizaciones solamente es explicable por la existencia de una arraigada conciencia colectivista del campesinado sin tierra, consecuencia de la larga tradición anarquista que se remontaba a la segunda mitad del siglo XIX.
 
 
            La acción de las milicias revolucionarias fue otro de los motores que desencadenaron la oleada colectivizadora en el campo, y que se extendió por gran parte de la zona republicana. La revolución que había estallado en las ciudades, a partir de la lucha contra la sublevación militar, se extendió al campo, acompañando el avance de las milicias.
 
"La colectivización, llevada a cabo bajo el amparo general, si no necesariamente la gestión directa, de las columnas de milicianos de la CNT, representó el intento que una minoría revolucionaria hizo para controlar no sólo la producción, sino también el consumo, por razones igualitarias y por las necesidades de la guerra" (199).
 
            En extensas zonas agrícolas recuperadas a los facciosos, como en Aragón o en Toledo, se originó un proceso revolucionario que modificaría profundamente las estructuras rurales y semifeudales, que habían perdurado, apenas sin modificarse, durante siglos. La recuperación del territorio estuvo acompañada  de la fuga precipitada de las familias propietarias y del abandono de sus pertenencias. Sin embargo, en numerosas ocasiones hizo falta el efecto catalizador de la presencia de las milicias, para que el campesinado tomara la iniciativa.
 
"Formamos comités y milicias antifascistas por todos los pueblos. En el primer momento, el campesino demuestra cierta reserva y temor en romper con la organización feudal establecida en estas tierras de Aragón. Donde el campesinado sobrio, tozudo y leal ha vivido en la miseria durante siglos. Solo cuando se da cuenta de que los propietarios han huido y que las milicias son algo serio y capaz de derrotar al fascismo e imponer un orden nuevo de cosas, viene a exponernos sus quejas, sus necesidades y sus problemas..." (200).
 
            La actitud inicial de reserva y de recelo del campesinado aragonés, fruto de siglos de opresión, se transformó en anhelo de liberación y en hambre de tierras, apenas comprendió que la presencia de las milicias obreras catalanas, no eran un fenómeno fugaz, sino que significaba la sólida implantación de un nuevo orden de cosas.
 
            En Catalunya, las colectivizaciones que se desarrollaron,  adoptaron dos formas claramente diferenciadas. La presencia de   una clase campesina mayoritaria de pequeños propietarios,  que mantenía fuertes sentimientos individualistas con respecto a la propiedad fue un factor que marcó profundamente la configuración de las colectivizaciones. En el caso menos frecuente, las comunas agrarias estaban integradas por todas las tierras del término municipal y abarcaban a todos los campesinos de la localidad (Hospitalet, El Prat del Llobregat,...). En la mayoría de los casos, las colectivizaciones sólo abarcaron una parte de las tierras de la población (las que procedían de los grandes propietarios huidos y que habían sido expropiadas), junto a las que aportaban los pequeños propietarios que quisieron integrarse en ellas y que aportaban  todas sus pertenencias (Badalona). En este segundo caso, las colectivizaciones tuvieron que coexistir con las pequeñas propiedades familiares de los campesinos individualistas. Hubo comunas que estuvieron formadas exclusivamente por anarcosindicalistas, mientras que otras lo estaban por miembros de los dos sindicatos, UGT y CNT. También se dieron algunas situaciones en las que las controversias existentes entre ambas centrales llevaron a la formación de dos colectividades por separado, en la misma localidad.
 
            En algunos casos, las iniciativas colectivizadoras de la CNT quedaron frustradas por el fuerte sentimiento individualista del campesinado. La asamblea de la comunidad se decidió frecuentemente por el reparto de las grandes propiedades incautadas, entre los miembros más pobres de la localidad, y rechazó la posibilidad de socializar la tierra.
 
            En realidad, la acción colectivizadora fue muy desigual, debido a la gran heterogeneidad del campo español. El fenómeno de las colectivizaciones agrarias se dió principalmente en las extensas regiones latifundistas, donde predominaban los jornaleros, los campesinos sin tierras. En menor medida también se dió en los territorios donde predominaba el minifundio y la pequeña y mediana propiedad. En zonas como en Catalunya, existía un numeroso y próspero campesino, propietario o arrendatario de pequeñas explotaciones familiares. En estos casos, las colectivizaciones fueron escasas. En otros territorios, como Levante, las comunas  agrícolas tuvieron que coexistir con importantes sectores campesinos, pequeños propietarios de fértiles explotaciones familiares.
 
            El impacto de las colectivizaciones fue muy desigual en todo el territorio republicano.  La profundidad con la que en cada lugar se dió el fenómeno dependió en gran parte del tejido social existente. La razón  de la mayor o menor radicalización del proceso colectivizador se debe a la existencia o no, de  importantes sectores de pequeños propietarios campesinos o  de aparceros que aspiraban a la propiedad individual de la tierra, y no a su socialización.
 
            Mientras en Aragón se constituyeron unas 450 colectivizaciones aproximadamente, que llegaron a agrupar a cerca de 500.000 miembros, y que significaban más de las tres cuartas partes del terreno cultivable de la región, recuperadas a los sublevados. En Catalunya, donde el sentido de  la propiedad individual de la tierra estaba muy arraigado, las colectivizaciones apenas llegaron a la cuarentena, y el número de sus miembros seguramente no pasó de unos pocos miles. En la región de Levante, que agrupaba cinco provincias, incluidas Murcia y Albacete, se crearon cerca de 900 colectivizaciones, y llegaron a englobar el 43% de las localidades.  Sin embargo, significativamente, la tierra cultivable socializada sólo llegó a una quinta parte del total de la región. En Castilla, las comunas fueron unas 300 comunas, que organizaron a cerca de 100.000 campesinos colectivistas. En Extremadura, los datos indican que fueron unas treinta, sin que podamos especificar el número de miembros con que contaban (la rapidez con la que el ejército   sublevado conquistó la región impidió posiblemente, la proliferación de otras). En Andalucía, aunque sabemos de la existencia de comunas agrarias, el número de ellas, parece estar por determinar. Los distintos cálculos que se han hecho sobre el número de colectividades y de colectivistas parecen estar entre las 1265 y las 1865, con una población entre los 600.000 y los 800.000 miembros (201).
 
            Las colectividades agrarias aragonesas constituyeron un caso peculiar. Aragón era una región donde predominaban las pequeñas y medianas propiedades. Las grandes propiedades (con 100 o más hectáreas) apenas abarcaban una quinta parte del total de las tierras. Las medianas propiedades (10 a 100 ha.) ocupaban cerca de la cuarta parte, mientras que las pequeñas explotaciones, comprendían poco más de la mitad de la superficie cultivable. 
 
            Sin embargo, la pobreza y el atraso de la región (antes de la guerra, Aragón producía tan solo el 7.6% de la cosecha cerealera del país), junto a la proximidad de la línea del frente y la presencia de las milicias revolucionarias desencadenaron el más completo proceso colectivizador de toda el área republicana.
 
            Como en las ciudades, el fenómeno de las colectivizaciones agrarias, tuvo grandes dosis de espontaneidad y de improvisación. Aunque en muchos territorios fuera un factor externo, el desencadenante del proceso, las milicias revolucionarias, la génesis de las colectividades en el campo, no obedeció  a ninguna idea preconcebida, ni a ningún programa político de partido o sindicato. Las múltiples formas que adoptó el proceso revolucionario en cada localidad, fue fruto de su origen, que tuvo que basarse en la intuición y en el instinto de los campesinos.
 
            Ni socialistas, ni anarcosindicalistas habían previsto, en sus planes futuros, la existencia de las colectivizaciones. Los socialistas habían concebido la reforma agraria, como el reparto de los grandes latifundios entre los campesinos sin tierra. Los  anarcosindicalistas en cambio, habían concebido una sociedad comunista libertaria futura, basada en las comunas libres y en los sindicatos. La colectivización espontánea en cambio, adoptaba formas de tipo consejista, que nunca llegaron a ser completamente asimiladas por los cuadros de la CNT y de la FAI (202).
 
            Indiscutiblemente, el fenómeno de las colectivizaciones agrícolas, penetró profundamente en la conciencia de amplias capas, las más pobres y desposeídas del campesinado. Si las colectivizaciones hubieran sido un descabellado experimento, impuesto con la fuerza de las  armas, como aseguraban las acusaciones de sus adversarios del Frente Popular, no hubieran resistido las agresiones de tipo político o militar de las que fueron objeto y se habrían disuelto, sin pena ni gloria, después de los primeros embates. Si las colectivizaciones no hubieran respondido a las aspiraciones más profundas de, por lo menos, una gran parte del campesinado aragonés, las milicias anarcosindicalistas no habrían podido imponer una obra tan gigantesca, sin acabar enfrentándose a la población.
 
            En el verano de 1937, el movimiento revolucionario ya estaba  derrotado o en franco retroceso. Los comités revolucionarios, representativos del período de dualidad de poderes habían desaparecido para dar paso a los nuevos ayuntamientos y a un gobierno del Frente Popular completamente recuperado. Fue el momento que aprovechó el PCE para  redoblar sus ataques contra las colectivizaciones, con la intención de proceder a su inmediata disolución. El ministerio de agricultura, presidido por el comunista Uribe, tuvo que retroceder y corregir su táctica, para evitar que la disolución forzada de las colectivizaciones tuviera nefastas consecuencias, la pérdida de la cosecha.
 
            En el mes de agosto del mismo año, las tropas de Lister, pretendieron liquidar las colectivizaciones aragonesas, por la fuerza de las bayonetas. Poco antes se habían producido sangrientos enfrentamientos entre comunistas y anarquistas en Castilla por motivos similares. La destrucción del colectivismo agrario provocaría un gran caos en el campo. Esta confesión la hace el secretario general del instituto de la Reforma Agraria, militante del PCE, y por lo tanto, nada sospechoso de simpatizar con las transformaciones socialistas del campo (203). Muchas de las colectivizaciones perdurarían hasta la práctica llegada del ejército franquista.
 
            Tanto Burnett Bolloten como Noam Chomsky, consideran que el hundimiento del frente de Aragón, que se produjo pocos meses más tarde, estuvo influido por la desmoralización del campesinado colectivista. Bernecker, aunque considera problemática una afirmación tan tajante y se permite recordarnos otro factor, el militar, ya que en ese momento la correlación de fuerzas era claramente favorable al ejército franquista, reconoce que el factor "desmoralización" influyó en la derrota republicana.
 
"Para los campesinos pobres no estaba siempre claro que luchando por la república luchaban por su propio interés" (204).
 
            ¿Porqué tenía que estar claro?, ¿acaso la política negrinista no lo era? ¿acaso el gobierno de la República no había dejado bien claro que sus pretensiones eran devolver las tierras a sus antiguos propietarios (salvo aquellas que hubieran pertenecido a los facciosos), en aras de la paz y la reconciliación?.
 
            El campesinado sentía una profunda desconfianza por una República que desde su nacimiento, había reprimido fuertemente sus intentos de paliar el hambre y la miseria, mediante la ocupación de los grandes latifundios. Durante más de cinco  años,  la prometida reforma agraria nunca había acabado de llegar. La revolución que había estallado con el inicio de la guerra, había puesto en marcha el proyecto de las colectivizaciones que grandes sectores del campesinado identificaban con su definitiva liberación. Después, vino el retroceso, la restauración de las viejas instituciones republicanas y con ellas, los intentos de liquidar las conquistas revolucionarias en el campo. No es pues de extrañar que apareciera la desmoralización y la apatía entre gran parte del campesinado que había apoyado las colectivizaciones.
            La mayor parte de las comunas agrarias se formaron al calor de los acontecimientos revolucionarios, durante los meses de julio y de agosto de 1936, tras la huida de los grandes terratenientes, el derrumbe de las autoridades republicanas y la desaparición de la odiada guardia civil. Se convocaron asambleas en las poblaciones, donde los trabajadores agrícolas procedieron a debatir sobre cual tenía que ser el camino a seguir con las propiedades abandonadas e incautadas, eligieron a sus propias autoridades, integradas  en los comités revolucionarios, que suplieron a los viejos ayuntamientos, y que se encargaron de suplir el vacío de poder que se había abierto, y a reorganizar la actividad económica de la localidad.
 
            La tierra en las colectividades, fue trabajada colectivamente por toda la comunidad. El trabajo era obligatorio para todos los miembros comprendidos entre los dieciocho y los sesenta años, que estuvieran en condiciones para hacerlo, sin ningún tipo de excepción. Los trabajadores colectivistas se dividían en brigadas o grupos de trabajo, integradas por unos diez miembros, y que eran dirigidos por un delegado, responsable de la actividad ante el comité administrador de la comuna. A cada grupo se le adjudicaba un sector de la colectivización o bien, una función determinada.
 
            Los comités que administraban las colectividades agrícolas, aunque con sus particularidades y variantes, estaban compuestos normalmente, por un presidente, por un secretario y un vicesecretario, por un contable y por un tesorero, además de todos los posibles delegados que estaban encargados de tareas específicas (estadística, abastecimientos, cosecha,...). Sin embargo, los miembros de los comités siguieron desarrollando las mismas tareas que llevaba a cabo el resto de la comunidad, sin tener por ello, ningún tipo de privilegio.
 
            El papel dirigente de los comités revolucionarios en el seno de las colectivizaciones era casi omnipresente. Sus funciones abarcaban todos los aspectos que la comunidad consideraba necesarios para su administración. Los comités encarnaban a nivel local, el embrión del nuevo estado revolucionario, mientras que la colectivización le daba a éste, su expresión económica.
 
"El comité es padre, juez, cura, verdugo y comerciante. Todo al mismo tiempo, dirige <<la colectiva>> y fija los salarios. Estos son iguales para todos... El Comité no se ocupa de los salarios de aquellos que no forman parte de <<la colectiva>>, todos los antiguos obreros agrícolas hacen parte de ella, pues ya no queda ningún gran propietario, pero siguen existiendo pequeños agricultores que, en alguna ocasión trabajan para un vecino más rico, el Comité compra los productos de todos y, a cambio, les entrega provisiones y también dinero. La venta directa al comerciante y al consumidor está prohibida" (205).
 
            El caso que nos cita H.E. Kaminski, podemos considerarlo  como bastante representativo de las funciones que los comités revolucionarios adoptaron en el seno de las colectivizaciones.
 
            Las infinitas formas que adoptó esta relación dependieron de los criterios y de las necesidades de cada comunidad. También dependieron de la correlación de fuerzas políticas que existiera en su seno, del tamaño de la población, o incluso del tipo de actividades que existieran en ella.
 
            Los cargos de los comités, en la mayoría de los casos, eran elegidos democráticamente por una asamblea abierta en la que participaban todos los miembros de la colectivización. Los  representantes eran revocables por decisión de la comunidad y tenían la obligación de rendir cuentas periódicamente de su gestión ante la comunidad. El plenario de la asamblea era el órgano soberano, y era en él, donde se debatían y se decidían todas las cuestiones económicas o políticas de envergadura, que incidían en la marcha de la colectivización. También se aprobaba en ellas, el destino que debían darse a los beneficios conseguidos con la cosecha, y que normalmente se dedicaban a fondos sociales (escuelas, medicinas, pensiones para los jubilados y para los enfermos...), siempre y cuando este destino no estuviese ya regulado en los estatutos de la colectivización.
 
"Era la forma de democracia directa y la convicción de los colectivistas que se expresaba en ella de haber tomado sus destinos en sus propias manos y de poder decidir libremente acerca de ellos..." (206).
 
            El contenido de la democracia directa en las colectividades era claro. Cada miembro de la comuna tenía un solo voto. Las asambleas periódicas eran decisorias y estaban abiertas a toda la población, incluyendo con frecuencia a los campesinos individualistas, que podían dar a conocer su opinión sobre los asuntos que les concernían, pero que carecían de derecho al voto.
 
            El papel de los sindicatos en la vida de las colectivizaciones no fue insignificante. Las organizaciones sindicales jugaron un papel muy importante en la coordinación   y en la planificación económica, en el control y en el asesoramiento de las comunidades. Los excedentes de las cosechas  eran entregadas obligatoriamente al sindicato local, que asumía el papel de intermediario entre los campesinos y los comités de abastecimiento de las ciudades con los que intercambiaban sus productos.
 
            En algunas zonas, como en la región levantina, la CNT  estableció una organización que se encargó de la compra, del empaquetado, de la distribución y comercialización de las cosechas de naranjas. Parte de esta producción se dedicó a la exportación, siendo una importante fuente de divisas. La red  sindical intermediaria estuvo compuesta por unos 270 comités, que se distribuían por todos los pueblos y las ciudades de la región.
 
            La nueva economía revolucionaria se enfrentaba a un importante reto, era necesario articularse o desaparecer, víctima de sus propias contradicciones internas. La revolución de las colectividades necesitaba la consolidación de sus órganos de expresión política, los comités-gobierno, en una nueva organización estatal, que desplazara los restos del viejo poder republicano. Era necesario que la nueva economía se planificara en base a las necesidades que presentaba la guerra revolucionaria. Sin embargo, y reflejando la incapacidad política del movimiento, la estructuración y planificación del sistema colectivista fue incompleta.
 
            En toda la geografía republicana se dieron diversos ensayos de estructuración de la economía agrícola colectivizada. Los intentos de coordinación se dieron en detrimento de la independencia inicial de la que habían gozado las colectivizaciones. Algunas de sus funciones tuvieron que ser delegadas en organismos superiores a nivel territorial. Estas organizaciones intercolectivistas fueron, normalmente, de tipo sindical, o estuvieron controlados directamente por los sindicatos.
 
            Las comunas agrícolas se agruparon en federaciones cantonales. Las tierras que pertenecían a estas agrupaciones, formaban un solo territorio sin deslindes entre los diferentes municipios. A su vez, las federaciones, se agrupaban en un organismo regional que se encargaba de la planificación de la producción y de los suministros a las colectividades.
 
"Se esbozó, al menos, una planificación agrícola basada en las  estadísticas   de  producción y de consumo que entregaban las
colectividades a sus respectivos comités cantonales, los cuales, a su vez, las comunicaban al comité regional, que cumplía la tarea de controlar al comité regional, que cumplía la tarea de controlar la cantidad y la calidad de la producción de cada región..." (207).
 
            El caso aragonés es, quizás, el más avanzado y completo de las formas que adoptaron los intentos de crear una estructura articulada de las colectivizaciones agrarias, que superase el primitivo  desorden de las primeras semanas.
 
            La formación del Consejo de Aragón, a finales del mes de septiembre de 1936, en la población de Bujaraloz, reforzó enormemente las perspectivas de desarrollo del sistema colectivista en la región.
 
            Las colectivizaciones se habían desarrollado al principio, de forma prácticamente autónoma, bajo la protección y también la arbitrariedad  de las milicias (término que utilizó la asamblea de los comités que dio lugar al Consejo de Defensa aragonés, para criticar los excesos de las columnas armadas provenientes de Catalunya y de Valencia) y con el teórico y lejano control, primero del Comité Central de Milicias Antifascistas, y posteriormente de la gobierno de la Generalitat de Catalunya.
           
            Parece pues correcto, el análisis que realiza Walther Bernecker, al considerar que, durante los primeros meses de existencia del Consejo de Defensa aragonés, su apoyo a las colectivizaciones tan solo pudo ser de índole moral (208). La existencia de un poder territorial, donde los anarcosindicalistas, partidarios de las colectivizaciones, eran hegemónicos, amplió las espectativas y la confianza del sector colectivista del campesinado, en el nuevo sistema de explotación de la tierra.
 
            En el período anterior a la constitución del Consejo de Aragón, hubo importantes avances en los ensayos de coordinación de las colectivizaciones, a niveles comarcales. El 26 de agosto de 1936, "Solidaridad Obrera" publicaba las resoluciones a las que habían llegado 21 comunidades agrícolas, reunidas en una asamblea celebrada en Albalate de Cinca: Recoger lo antes posible la cosecha, colectivizar lo expropiado y exigirle a los pequeños propietarios, su participación en los sacrificios que exigía el mantenimiento del frente aragonés. La colectivización de las comunidades firmantes, respetando las explotaciones familiares de los pequeños y medianos propietarios, y permitiéndoles un cierto margen de libertad  para  sus  trabajos,  siempre  y cuando no tuvieran que emplear mano de obra asalariada. Como contrapartida, se les obligaba, a cambio de una pequeña compensación en dinero, a entregar a los sindicatos locales, los excedentes de sus cosecha para proceder a su comercialización.
           
            Se aceptaba también, articular la producción de las colectividades que habían suscrito el acuerdo. La asamblea acordaba también, enviar una comisión a Lérida, para negociar el precio del trigo (209).
 
            Se ensayaron también sistemas compensatorios para paliar las desigualdades sociales. El reparto de los sacrificios sería inversamente proporcional a la riqueza del campesinado, acordando reducir al mínimo los de los sectores más pobres.
 
            Hasta el mes de Febrero de 1937, las colectividades gozaron de una autonomía casi completa. Sin embargo, la misma situación empujó, cada vez más, a dar un nuevo paso. Era urgente aumentar la eficacia en la producción, superar y corregir los graves errores que se estaban desarrollando en el seno de las comunas agrícolas. Era necesario corregir los excesos que se estaban cometiendo con el campesinado individualista en algunas colectivizaciones. Era indispensable para la supervivencia de la revolución y para el triunfo en la guerra, convertir a las colectividades dispersas y corporativizadas, en un nuevo sistema económico coherente.
 
            Durante los días 14 y 15 del mes de Febrero de 1937, se celebró en la ciudad de Caspe, el congreso fundacional de la Federación Regional Aragonesa de Colectivizaciones. Asistieron al encuentro, 456 delegados representando a 275 comunas y a 141.430 campesinos colectivistas.
 
            El congreso aprobó organizar la economía agrícola socializada en federaciones comarcales, que dependerían a su vez, de  un  comité  regional de Aragón,  que  estaría  supeditado  al Consejo de Defensa. También se resolvió crear un Fondo de cambios exteriores (monopolio del comercio exterior), la municipalización de la tierra, un conjunto de medidas necesarias para le estructuración de una verdadera economía revolucionaria planificada (estadísticas, organización y planificación de la producción...), establecimiento de unas relaciones de tolerancia con los pequeños y medianos propietarios, que eran reacios a colectivizar sus propiedades, la sustitución del dinero por una cartilla de productor y de consumidor... (210).
 
            Al margen de la ingenuidad o del realismo de algunas de las medidas que se aprobaron en el congreso, lo importante es resaltar la creación de una organización económica, de tipo piramidal, a nivel regional (El Consejo regional de las colectividades) paralela a otro organismo de índole político (El Consejo de Defensa de Aragón). Una vez más, los militantes anarcosindicalistas, empujados por la realidad de la revolución que defendían, se veían obligados a superar sus viejos dogmas para poder salvarla.
 
"Los resultados no estuvieron siempre a la altura de las esperanzas, quizás por falta de preparación o de capacidad, y sobre todo por falta de paz estable y de tiempo suficiente. Pero no deja de ser cierto que los anarcosindicalistas aragoneses se vieron obligados (sin conseguirlo nunca verdaderamente) a implantar, en total contradicción con su ideal de libre asociación de productores libres, un sistema económico que se parecía más al comunismo de guerra que al comunismo libertario". (211).
 
            Como en toda revolución, los revolucionarios españoles no pudieron elegir las circunstancias en las que hubieran querido que ésta se desarrollase. Y era en esta situación, en las que sus viejas tradiciones libertarias, eran barridas por la fuerza de la circunstancias. Las resoluciones del Congreso de Zaragoza, basadas en los municipios y en las comunas de libres productores nunca pudieron aplicarse.
 
            El Consejo de Defensa de Aragón tuvo, durante el primer período de su existencia, un importante grado de independencia ante los gobiernos de Madrid-Valencia y de Catalunya. Llegó a establecer, por medio de la Federación Regional de las colectividades, relaciones comerciales por su propia cuenta con diversos países europeos (Francia, Checoslovaquia, Yugoslavia...) intercambios especialmente valiosos para las colectividades, que sufrían una importante penuria de medios materiales para poder   mantener la producción. También se encargó de organizar los suministros y  los intercambios entre las diferentes comunas de la región.
 
            El Comité nacional de la CNT desaprobó, desde el principio al Consejo de Defensa aragonés que se había constituido al margen de su voluntad. El nuevo organismos fue considerado como una violación de las viejas tradiciones antiestatalistas. La creación de un organismo regional de poder, monopolizado por los libertarios se convertía en un serio obstáculo para las negociaciones sobre integración en el gobierno de Largo Caballero (212).
 
            En el mes de Diciembre de 1936, los comités-gobierno de la región fueron sustituidos por los nuevos consejos municipales. El Consejo de Aragón, cada vez más aislado, acabaría sometiéndose a la autoridad del gobierno. Su presidente, Joaquín Ascaso, por expreso deseo de Largo Caballero, se vio convertido en el nuevo gobernador de la región. El nuevo cargo simbolizaba el principio del fin de la revolución libertaria en Aragón.
 
"Tras haber querido ser más revolucionarios que nadie, los anarquistas aragoneses reconocían la autoridad del gobierno central, inclinaban la cabeza bajo el yugo del Estado y se amoldaban a su marco" (213).
 
            La Junta territorial, cada vez más subordinada al poder central, acabaría siendo disuelta  después de las jornadas barcelonesas de mayo de 1937, cuando, una vez aplastado el movimiento revolucionario, las circunstancias lo hicieron posible.
 
            El fin de los comités-gobierno locales y su sustitución por los nuevos ayuntamientos, desembocó en una nueva situación, cada  vez más comprometida para el movimiento revolucionario.
 
            No era una simple modificación de nombres. Los nuevos consejos municipales dependían por completo de la autoridad  del gobierno, y pasaban a formar parte del aparato de estado republicano.  Los cambios en la composición de los nuevos ayuntamientos reflejaban la cambiante correlación de fuerzas, en una situación donde una CNT a la defensiva, acababa de integrarse en el nuevo gobierno. Los conflictos y las tensiones entre los comités administrativos de las colectivizaciones y los ayuntamientos  aumentaron, a pesar de que los militantes anarcosindicalistas seguían  siendo mayoritarios en ambos organismos.
 
            Además de los problemas derivados de la guerra (pérdida de una parte del mercado interno, boicot internacional, escasez de materias primas y de maquinaria...), las colectivizaciones agrarias se estrellaron contra la negativa de los partidos y de los sindicatos obreros a consolidar el nuevo orden revolucionario. Para superar las limitaciones de las colectividades era necesario construir, a partir de ellas, un nuevo edificio económico sólido y coherente. Sin embargo, esto significaba cuestionar la política de alianzas "antifascista" existente. Con esta limitación política, las organizaciones defensoras de las colectivizaciones, como era el caso de la CNT y de la FAI, no pudieron utilizar a su favor, los mecanismos comerciales y financieros que se encontraban en manos del Estado republicano.
 
"Mas el crédito y el comercio exterior siguieron en manos del sector privado, por voluntad de gobierno republicano burgués. Y aunque el Estado controlaba los bancos, se guardaba de ponerlos al servicio de la autogestión. Por carecer de dinero en efectivo, muchas colectividades se mantenían con los fondos embargados al producirse la Revolución de julio de 1936... La única solución hubiera sido transferir todo el capital a manos del proletariado organizado. Pero la CNT, prisionera del Frente Popular, no se atrevió a ir tan lejos" (214).
 
            La renuncia al poder político y el apoyo que las organizaciones obreras izquierdistas prestaron al disminuido gobierno republicano, provocó una gran desorientación e inseguridad jurídica entre los campesinos colectivistas. La evidente hostilidad de las autoridades republicanas y de las organizaciones obreras partidarias del Frente Popular, hacia las expropiaciones, fue la causa de que se diera un permanente sentimiento de incertidumbre en las colectivizaciones agrarias.
 
            Sus miembros no tenían ninguna seguridad de que, con la victoria, o incluso antes de ella, las tierras no iban a ser devueltas a sus antiguos propietarios.
 
"El tiempo que pasaba no tardó en subrayar esta evidencia: el campesino se había apoderado de las tierras, pero, después del primer momento de entusiasmo, no estaba seguro ni de poseerlas efectivamente, ni de haber salido ganando... La revolución tan vigorosa, al comienzo, en los campos, parecía perder pie por falta de una verdadera dirección" (215).
 
            Estos  factores condicionaron gravemente el entusiasmo y la iniciativa del campesinado colectivista. La gran tragedia del campesinado español no estuvo en el grado de madurez de su conciencia, sino en que le faltó, lo que para los campesinos rusos en la revolución de Octubre supuso el decreto de la tierra.
            La República burguesa española, aunque fuera mostrando su rostro más izquierdista, no podía llevar a cabo las medidas que promulgó el gobierno de los soviets de Lenin y Trotsky, y que le permitió  liberar la energía revolucionaria del campesinado ruso.
 
            La no consolidación del poder revolucionario, provocada por   la incapacidad de las organizaciones obreras izquierdistas, para resolver favorablemente la dualidad de poderes existente, fue una grave limitación que impidió a las colectivizaciones escapar a las presiones para su "legalización".
 
            Las leyes y decretos promulgados por los gobiernos de la  Generalitat y de Valencia "legalizaban" la nueva economía revolucionaria, pero también introducían elementos de control y de reglamentación, que sometían  a las colectivizaciones a su órbita política. La necesaria pérdida de autonomía de las colectivizaciones, en aras de una mayor articulación de la nueva economía, se daba, no en beneficio de un nuevo estado revolucionario, basado en el poder de los comités, sino en el de un gobierno que  era manifiestamente hostil a cualquier medida socialista que fuera más allá de la República burguesa.
            El gobierno central y la Generalitat de Catalunya, llevaron a cabo una política de centralización y de control creciente de las colectivizaciones, a la que no pudo oponerse eficazmente el anarcosindicalismo, cada vez más preso de sus compromisos políticos.
            Aunque la revolución de los comités se extendió rápidamente por el campo y por las ciudades, hubo una patente desunión entre el proletariado urbano y el campesinado colectivista. Ambas partes del movimiento revolucionario se desarrollaron por separado, sin que existieran sólidos nexos de unión política entre sus proyectos sociales, salvando los de las relaciones mercantiles. Las colectivizaciones agrarias tuvieron que sufrir la falta de apoyo de la industria que, en plena situación bélica, era incapaz de prestarle. Frecuentemente, los campesinos se encontraron sin los medios materiales adecuados que debían  recibir de las industrias (maquinaria,  transportes...) para mejorar la producción y la distribución de los excedentes de las cosechas, mientras que en las ciudades, se daban situaciones de escasez y de penuria, cuando no de hambre.
 
            La falta de un programa de planificación socialista de las colectivizaciones y de la sociedad en general provocó la puesta en marcha de numerosos proyectos, totalmente ingenuos, que no correspondían a la realidad del momento y que eran fruto del desconocimiento y de la falta de preparación de los trabajadores. Sin embargo, estos proyectos también reflejaban las aspiraciones emancipadoras del campesinado revolucionario.
 
            En numerosas colectivizaciones, se llegó a suprimir la circulación interna del dinero, siendo sustituido por otros métodos de distribución, cartillas de productor y de consumidor, vales, moneda local,... Las medidas tomadas, eran fruto de la confusión que a menudo cometía la militancia anarcosindicalista, al equiparar dinero y capital, como si ambos conceptos fueran exactamente lo mismo. A pesar de tales medidas, inevitablemente, el dinero seguía siendo el vehículo de intercambio comercial, fuera de las colectivizaciones. Como en las ciudades, también existió, al principio de la creación de las comunas agrarias, un fuerte sentimiento de autarquía, consecuencia del mito sobre la autosuficiencia de las comunidades de productores libres,  que había sido ensalzado en el Congreso cenetista de Zaragoza, poco antes de estallar la guerra. Todas estas ideas simplistas fueron rápidamente barridas por la realidad y por las necesidades con las que tenía que enfrentarse el movimiento revolucionario.
 
"La gente tiraba el pan porque era gratis... Era trágico para los que habíamos aspirado a una sociedad libertaria, pero teníamos que reconocerlo. No podíamos permitir el despilfarro. Teníamos que fijar un salario para el trabajo de la gente y un precio para los productos. De hecho tuvimos que introducir el racionamiento..." (216).
 
"Terra Lliure", órgano del campesinado catalán, organizado en la Unió de Rabassaires, y firme partidario de la explotación  familiar de la tierra, frente a la experiencia colectivista, analizó los errores que estaban cometiendo las explotaciones agrarias socialistas:
 
"Tal como han creado las colectivizaciones agrícolas, el fracaso era evidente desde un principio. Aquí los payeses colectivizados se otorgaban jornales de 8 hasta 12 pesetas diarias, sin tener en cuenta las posibilidades económicas del cultivo de la explotación; allá arrancaban algarrobos para plantar patatas, sin tener en cuenta que debía prepararse previamente la tierra para este cambio de cultivo de cultivo; en otro lugar encargaban de la dirección de las colectivizaciones a obreros que nunca habían sido payeses; más allá querían resolver el paro industrial encuadrando a los obreros en las colectivizaciones agrícolas; más acá echaban a los payeses de sus tierras para colectivizarlas, sin que estos payeses fuesen propietarios de ellas ni menos proletarios que los que les expulsaban..." (217).
 
            La escasez de personal administrativo o técnico, suficientemente preparado, en muchas colectivizaciones  fue especialmente dramático. Con frecuencia, la población de las comunidades era completamente analfabeta y desconocía cualquier sistema de contabilidad  de la producción y de los suministros. En ocasiones, tuvieron que ser elementos derechistas de la localidad, o poco sospechosos de simpatizar con el nuevo orden, los que tuvieron que encargarse de las tareas administrativas de la comunidad. En otros casos, serían los mismos colectivistas, analfabetos, los que pondrían en marcha su capacidad creativa para solucionar los problemas de la colectividad.
 
            El sistema  financiero, en manos de las semiderruidas instituciones del gobierno republicano, también se convirtió en un poderoso y eficaz instrumento para detener y boicotear la revolución en el campo. Las colectividades tuvieron que soportar la falta de divisas y de créditos para la adquisición de abono o de maquinaria, necesarias para la producción.
 
            La inexistencia de una auténtica planificación socialista de la economía tendría consecuencias negativas para las colectivizaciones campesinas. El peligro de restauración capitalista surgió con el desarrollo de la conciencia corporativista en el seno de muchas comunas agrarias. La creencia de que los beneficios de las cosechas pertenecían exclusivamente a los trabajadores de la colectivización y no al conjunto de la sociedad, permitió el surgimiento de  desigualdades entre las distintas colectivizaciones. Frecuentemente, la existencia de comunidades agrarias  que contaban con fuertes excedentes en la producción, maquinaria agrícola y abundante mano de obra, contrastaban con la languidecente existencia de otras, mucho menos afortunadas, que contaban con menos recursos.
 
            Los planes de coordinación promovieron la aparición de cajas de compensación que ayudaron a paliar estas diferencias. Los organismos compensatorios establecieron el principio de solidaridad entre las diferentes colectividades. A pesar de ello   y aunque atenuadas en muchos casos, las desigualdades siguieron existiendo. Las cajas de solidaridad fueron un pobre sustitutivo de una verdadera administración centralizada de la economía, dependiente y controlada   democráticamente por las mismas colectividades.
 
            Merecen estudiarse como un capítulo aparte, las relaciones del movimiento colectivista con los pequeños y medianos propietarios del campo. Esta cuestión sería  causa de frecuentes roces y tensiones entre ambos sectores del campesinado y ha sido fuente de muchas leyendas y exageraciones, por parte de adversarios y partidarios.
 
            En algunos territorios de la zona republicana donde se desarrollaron las colectivizaciones agrarias, existía un numeroso  campesinado propietario o arrendatario de pequeñas explotaciones familiares a las que en su inmensa mayoría no estaban dispuestos a renunciar.
           
            El fenómeno de las colectivizaciones fue rápidamente asumido por el campesinado sin tierra, que vivía de vender su fuerza de trabajo a los grandes propietarios terratenientes. Una buena parte de éstos estaban tradicionalmente organizados en torno a las centrales sindicales. La revolución en el campo significaba la liberación y la mejora de las condiciones de vida de los sectores más pobres y desposeídos del campesinado. Sin embargo, también los pequeños y medianos propietarios habían experimentado un profundo malestar frente a la moderada política agraria de los distintos gobiernos republicanos de izquierdas. Ahora en plena revolución, veían también con desconfianza las drásticas medidas restrictivas que les había impuesto el movimiento revolucionario, forzado por las circunstancias de la guerra.
           
            La heterogeneidad de las actitudes de los revolucionarios en el proceso de formación de las colectivizaciones, explicaría  el fracaso de algunas de ellas, en las que se procedió a la colectivización total de la tierra, forzando a los pequeños propietarios a integrarse en ellas.
 
"Al intentar crear su sociedad libre, los anarquistas se vieron obligados a emplear la fuerza. He visto acudir a mí campesinos casi llorando de rabia que me decían que no estaban contra las colectividades, <<pero me lo han quitado todo, me han obligado a ingresar y eso es dictadura>>" (218).
 
            Los excesos cometidos en las expropiaciones forzosas que se llevaron a cabo en algunas localidades generaron un clima  de temor y descontento, que acabó siendo capitalizado por los adversarios de las colectivizaciones, tanto en el campo republicano, como en el franquista.
 
            Los defensores del colectivismo agrario, no estaban de acuerdo con que las tierras incautadas, pudieran ser repartidas individualmente entre la población pobre. Existía el temor de que, una vez convertido en propietario de la tierra, se convirtiera en un adversario temible de la revolución.
 
"Este temor a que una nueva clase de ricos propietarios rurales pudiera levantarse sobre las ruinas del pasado... fue sin duda alguna responsable, en parte, del empeño de los más celosos colectivizadores, en asegurarse la adhesión del pequeño campesino, de grado, o por fuerza, al sistema colectivo.." (219).
            La presencia en los pueblos recién liberados de las milicias revolucionarias fue, en muchos casos, el factor desencadenante en la formación de las colectivizaciones. El control que éstas impusieron sobre la producción y la comercialización de las cosechas,  significó la limitación de la inflación, de la especulación privada y del mercado negro, y dio salida a los excedentes (que de otro modo, hubieran podido ser retenidos por los campesinos, para obtener mejores precios, a costa de la penuria  en las ciudades y en el frente, y de aumentar el desgaste y la desmoralización de la población).
 
            Las medidas "autoritarias" que llevaron a cabo las milicias  revolucionarias tienen algunos puntos en común con la política de "comunismo de guerra" que desarrollaron los bolcheviques, en plena guerra civil, para salvar la revolución de Octubre. Sin embargo es importante resaltar que, mientras las medidas de los   bolcheviques era consecuencia de una  planificación y de un programa político que ellos juzgaban necesario, las de los anarcosindicalistas españoles fueron intuitivas, improvisadas  y realizadas sobre la marcha. La falta de criterios claros, con respecto a las formas que debía adoptar la revolución en  el campo, sería una de las causas de los excesos que se cometieron   en algunas localidades contra los pequeños propietarios. Se ponía en evidencia  la inexistencia de una estrategia elaborada con anterioridad, por la CNT, sobre cuales debían ser las  relaciones de los revolucionarios con la pequeña burguesía agraria.
 
"...Para algunos libertarios, la colectivización obligatoria quedaba justificada por un razonamiento que estaba más próximo al comunismo de guerra que al comunismo libertario: la necesidad de alimentar a las columnas del frente. Macario Royo, líder cenetista aragonés, creía que las colectividades eran la organización más apropiada para controlar la producción y el consumo y para tener la seguridad de que el frente dispusiera de un excedente".
 
"<<Todo estaba desorganizado. Las columnas dependían de los pueblos, no tenían otra fuente de suministros. Si no hubiese habido colectividades, si cada campesino se hubiera guardado lo que producía para disponer de ello a su antojo, el asunto de los suministros se habría puesto mucho más difícil...>>" (220).
 
            Las columnas armadas  de la CNT y de la FAI, fueron un elemento de "imposición" y de temor para los partidarios del reparto individualizado de la tierra, pero también jugaron un papel de "protección" para los que deseaban la socialización y la explotación colectiva del campo. Considerar cualquiera de los dos aspectos por separado, como han hecho a menudo algunos de sus partidarios más entusiastas, o por el contrario, como han criticado sus detractores, conduce a deformar los hechos y a simplificar las actitudes de las distintas clases y estratos sociales del campo.
 
"Como consecuencia, el destino del campesino propietario y arrendatario de tierras, en las comunidades ocupadas por los milicianos de la CNT-FAI, quedó decidido desde el principio; porque aunque generalmente se convocara una reunión de la población para decidir sobre el establecimiento del sistema colectivo, se votaba por aclamación y la presencia de milicianos armados nunca dejó de imponer respecto y temor en los oponentes" (221).
 
            La presión sobre el campesino individualista fue mayor en las zonas donde existía un predominio anarcosindicalista, que en las que estaba ampliamente implantada la Federación de Trabajadores de la Tierra, vinculada a la UGT. Lo que no quiere decir, que la presión sobre los  pequeños y medianos propietarios no existiera en las zonas de mayoría ugetista. Las limitaciones  impuestas a los pequeños agricultores eran medidas que compartían ambos sindicatos, y constituían una forma de presión para que éstos se integraran en las colectivizaciones.
 
            La diferencia de sensibilidades entre ambos sindicatos, con  respecto a los pequeños propietarios no es sólo explicable por el tradicionalmente mayor radicalismo libertario. Antes del estallido de la guerra civil, las organizaciones campesinas socialistas contaban ya en sus filas, con numerosos pequeños y medianos propietarios que se habían organizado para poder defenderse de la presión de los terratenientes. Los sindicatos agrarios ligados a la CNT en cambio, estaban compuestos casi exclusivamente por jornaleros.
 
            La política de las centrales sindicales frente a los pequeños propietarios, fue por lo general, de respeto y de prudencia. Las pequeñas y medianas propiedades eran particularmente numerosas en algunas zonas del territorio republicano (Levante, Catalunya). La defensa a ultranza de  la colectivización forzosa hubiera significado el alejamiento definitivo de la revolución de estos sectores del campesinado. y los habría precipitado en brazos de sus adversarios políticos. El mismo Consejo de Defensa aragonés, representante de los intereses de las colectividades de la región, se declaró desde  los primeros momentos de su constitución, firme partidario del respeto   de las pequeñas y medianas propiedades del campesinado.
 
"El Consejo hará respetar la voluntad del campesino para trabajar la tierra individual o colectivamente, a fin de evitar el descontento que pudo crearse acaso por las rápidas transformaciones de los primeros momentos, pero aunque el Consejo de Aragón será defensor de la pequeña propiedad, habrá de mantener incólumes los acuerdos de las dos sindicales UGT-CNT, para evitar que se pueda volver al sistema despreciable anterior al 19 de julio". (Joaquin Ascaso, presidente del Consejo, CNT, alocución por radio, 19.07.37) (222).
 
            Sin embargo y a pesar de las directrices que dieron los sindicatos contra las actitudes más exaltadas, los pequeños propietarios sufrieron en ocasiones, las presiones y la   violencia. El órgano de prensa de la CNT, "Solidaridad Obrera" condenó con fuerza tales excesos, y abogó para que fueran evitados a toda costa:
 
"Se han cometido determinados atropellos que los creemos contraproducentes. Sabemos que ciertos elementos irresponsables han atemorizado a los pequeños campesinos y hasta ahora se nota cierta apatía en la labor cotidiana" (223).
 
            La moderación con la que los sindicatos enfocaron el problema de las relaciones con los pequeños propietarios del campo, no significa que los campesinos que no aceptaban integrarse en las colectivizaciones, no estuvieran sujetos  a fuertes limitaciones, dictadas en muchos casos por cuestiones ideológicas y en otras por  las necesidades   de la  guerra.  Las propiedades no colectivizadas, no podían ser mayores que las que pudiera explotar, con sus propias manos, la unidad familiar. Tampoco les estaba permitido la posibilidad de arrendar sus parcelas, o parte de ellas, ni la de contratar a jornaleros para que les ayudasen en sus tareas. Los excedentes de las cosechas, sólo podían ser comercializados por medio de los sindicatos  locales, con los precios que éstos estipulasen. En estas condiciones, los pequeños propietarios tuvieron que desenvolverse con grandes dificultades.
 
            El criterio de las centrales sindicales era el de convencer a los campesinos individualistas de las patentes ventajas que conllevaría para sus condiciones de vida futuras, su integración en las colectividades.
 
"Tenemos la convicción de que lo que lograríamos quizá obligando, se obtendrá por el ejemplo que dará de si misma la colectivización de la tierra, al cambiar la estructura del cultivo, por mediación de la mecánica, de la química y de la técnica, que con un menor esfuerzo, producirá mayor capacidad de producción y consecuentemente proporcionará también una nueva vida al trabajador" (extracto de la resolución de la asamblea plenaria de los Trabajadores la Tierra de Catalunya) (224).
 
            Los campesinos individualistas se encontraron con frecuencia, excluidos de la mayor parte de las ventajas y de  los servicios que prestaban las colectivizaciones a sus miembros. Sin embargo, la marginación de éstos no era, ni mucho menos, total.
 
            Los pequeños propietarios podían participar en las asambleas  decisorias de la comunidad  y hacer oir su voz (aunque  sin tener derecho de voto). También podían colaborar en los trabajos de infraestructura y beneficiarse de las ventajas obtenidas.
 
            El historiador anarcosindicalista alemán, Agustín Souchy,  destacado estudioso de las colectividades, ha afirmado que las renuncias  voluntarias a las propiedades, por motivos ideológicos fueron escasas. Por lo general, serían las ventajas económicas, las mejoras en las condiciones de vida a las que podían acceder, las que impulsaron a algunos de los pequeños propietarios a renunciar a sus explotaciones familiares.
 
"Aislado y abandonado a su suerte, el pequeño propietario estaba perdido, no tenía medios de transporte, ni máquinas. En cambio, las colectividades disponían de facilidades económicas inaccesibles a los pequeños propietarios. No todos los pequeños campesinos lo comprendieron enseguida. En muchos casos llevaron paulatinamente a las colectividades, y solo después de las experiencias hechas" (225).
 
            Indudablemente, las colectivizaciones fueron un fenómeno popular que entroncó con las aspiraciones de  amplias  capas  del  campesinado pobre y sin tierra. Su raigambre quedó demostrada    con la tenaz resistencia que opuso el campesinado colectivista contra la columna de Lister que, en agosto de 1937, penetró en la región aragonesa para terminar con la obra revolucionaria. Las colectivizaciones perdurarían en muchos casos, hasta la práctica llegada del ejército franquista, cuando el movimiento revolucionario ya hacía mucho tiempo que había sido aplastado.
 
            No tiene pues, ninguna verosimilitud, la acusación hecha por sus adversarios, de que las colectivizaciones fueron un experimento completamente artificial, impuesto al campesinado por la fuerza de las armas. Difícilmente podemos aceptar esta explicación. Si las colectividades no hubieran respondido a las aspiraciones de por lo menos una buena parte del campesinado aragonés, las milicias de la CNT-FAI no habrían podido imponer una obra tan gigantesca, que abarcaba a más de tres cuartas partes de la tierra aragonesa recuperada a los sublevados, y que  contaba con una población cercana al medio millón de seres humanos.
 
            La popularidad de las colectivizaciones no evitó que pudieran darse excesos contra los campesinos que no estaban dispuestos a integrarse en ellas. Sin embargo, estos casos tampoco parecen tan frecuentes como quieren demostrar sus detractores. Algunos trabajos hechos sobre la cuestión afirman que en toda la región aragonesa, de las 450 colectivizaciones agrarias que llegaron a desarrollarse, tan solo en una veintena de ellas parecen haberse cometido este tipo de abusos (226). Por esta razón no podemos estar en absoluto de acuerdo con la afirmación que hace un historiador tan prestigioso como Burnett Bolloten.
 
"En el campo, los fanáticos impusieron su voluntad a los pequeños agricultores y en nombre del comunismo libertario, establecieron dictaduras caciquiles en muchos pueblos. El comunismo libertario, afirmaban, elevaría el nivel de vida de los campesinos, destruiría <<el odio, la envidia y el egoísmo>> y establecería el <<sentido de la solidaridad y el respeto mutuo>>".
 
"Aterrorizadas ante estos acontecimientos, las clases medias rurales y urbanas quedaron sin dirección, pues los líderes de los partidos republicanos estaban sumidos en la apatía o habían huido" (243).
 
            Sin ninguna duda, los excesos y las agresiones contra los pequeños propietarios, fueron una consecuencia inevitable de la confusión que cometían muchos militantes libertarios, al considerar a los pequeños y medianos agricultores, como potenciales adversarios de la revolución. Lejos de intentar convencerlos de las ventajas de la explotación  socializada de la tierra, los sectores más exaltados, procedieron por la fuerza a la colectivización total en algunas localidades, para hacer irreversible el proceso revolucionario.
 
            Sin embargo, el análisis que hace Burnett Bolloten es a todas luces exagerado. Condenar un fenómeno social de la envergadura y profundidad de las colectivizaciones, por los excesos que  cometieron algunos de sus partidarios, en unos momentos  en los que la violencia era generalizada, implica perder de vista su significado como "fenómeno social". Términos descalificadores como "fanáticos", "dictaduras caciquiles", han sido utilizados de  forma demagógica en los debates políticos, pero no ayudan en absoluto a comprender los acontecimientos históricos. Las acusaciones de Bolloten harían completamente inexplicable la tenacidad con la que éstas sobrevivieron a los intentos de erradicarlas. Tampoco explicarían que las autoridades republicanas (el ministro de Agricultura era el comunista Uribe) hubieran tenido que dar marcha atrás en sus propósitos, ante el peligro de que la cosecha pudiera derrumbarse por la apatía y la desmoralización de los campesinos.
 
            Los diferentes gobiernos republicanos se cuidaron mucho de dar a las colectividades, cualquier garantía permanente de legalidad. La política gubernamental resaltaba la provisionalidad del momento y su deseo de acabar, en cuanto las circunstancias lo hicieran posible, con la existencia del movimiento colectivista.
 
            El gobierno veía con malos ojos, que las expropiaciones se hubieran extendido a todas las grandes propiedades sin excepción, en toda la geografía republicana. El 7 de Octubre  de 1936, el Ministerio de Agricultura publicaba un decreto que pretendía regular la aparición y la existencia de las colectividades. Una parte de la nueva ley no hacía otra  cosa que sancionar lo que los campesinos ya habían realizado por su propia cuenta y riesgo,  tres meses antes. Sin embargo el verdadero contenido del decreto era otro, chocaba con las colectivizaciones y pretendía limitarlas drásticamente. Se reconocía como tierras expropiables, tan solo las que hubieran pertenecido a los sublevados, pero no extendía la "legalidad" de las expropiaciones al resto de los grandes latifundios.
            La naturaleza y la intencionalidad política del decreto no se le escapaba a nadie. Cenetistas y socialistas de izquierda, las principales corrientes que participaron en el movimiento colectivista, criticaron duramente el contenido de las medidas dictaminadas por el gobierno.
 
"El decreto conservador del 7 de octubre  se proponía desmoralizar a los colectivistas y estimular al mismo tiempo el proverbial egoísmo de los campesinos por unos míseros terrones de tierra. A otros se les incitaba a recobrar las parcelas de su antigua propiedad que habían aportado voluntariamente a la colectividad. La CNT acusaba públicamente a los funcionarios del Ministerio de Agricultura de frecuentar las Colectividades con propósitos de intriga y derrotismo" (228).
            A principios del mes de Junio de 1937, el gobierno creyó conveniente dar un nuevo paso en su política de someter al movimiento colectivista. Un nuevo decreto prometía ayudar a las comunas agrícolas para que pudieran llevar a cabo sus tareas de recogida de la cosecha. La nueva orden gubernamental reconocía una cierta entidad legal a las colectivizaciones, pero a cambio imponía una serie de condiciones drásticas que amenazaban con la disolución, a todas aquellas que no cumplieran los requisitos legales, devolviendo las tierras a sus antiguos propietarios. El cambio de actitud del gobierno no se debía a que éste hubiese acabado por aceptar las conquistas revolucionarias que representaban las colectivizaciones, sino a la seria amenaza que se cernía sobre la recogida de la cosecha, consecuencia de la incertidumbre y de la desmoralización que había hecho presa en el campesinado. El armisticio que ofrecía Uribe se reducía significativamente, "al corriente año agrícola".
 
            La tregua se rompió poco después, cuando las tropas de la II División, comandadas por Enrique Lister, entraron en Aragón cumpliendo las órdenes  de Prieto, ministro de la Guerra, para proceder al desmantelamiento de las colectivizaciones libertarias. Poco antes, se habían realizado operaciones similares en la región de Levante y en Castilla. La finalidad no era terminar definitivamente con las colectivizaciones, sino acabar, de una vez por todas, con el predominio anarcosindicalista, para someterlas al control del gobierno. Las tropas de Lister, una vez dueñas de la situación, invitaron a los campesinos a abandonar las colectivizaciones, para optar por el reparto individual de la tierra. Es difícil, como reconoce  Ronald Fraser, calcular el número de campesinos que se mantuvieron fieles al sistema colectivista y cuantos prefirieron volver a la explotación individual de la tierra (229).
 
            Pocos meses después de la entrada de las tropas de Lister en Aragón, la región caía en manos del ejército franquista. Por lo tanto, no existen datos fiables sobre el impacto que tuvieron estas medidas. Ernesto Margeli, libertario aragonés, calcula que fue el 60% de los colectivistas, los que, pese a las presiones, se negaron a abandonarlas (230).
 
            En Catalunya, la pequeña y mediana propiedad rural eran hegemónicas, mientras que los latifundios y el campesinado sin tierra eran poco frecuentes. Los pequeños propietarios estaban tradicionalmente organizados en torno a la poderosa Unió de Rabassaires (organización campesina, controlada tradicionalmente por ERC y que pasó, durante la guerra a serlo por el PSUC). La importancia de la pequeña burguesía agraria fue, sin duda alguna, uno de los factores que hicieron que el anarcosindicalismo adoptara una actitud conciliadora, evitando cualquier punto de fricción que pudiera ser capitalizado por sus adversarios. Anarquistas y rabassaires mantuvieron una línea coexistencia e incluso de cooperación, entre los dos sistemas económicos agrícolas, el privado y el colectivista.
 
            El 5 de Septiembre de 1936, se celebró un Congreso Regional de campesinos colectivistas, que organizó una comisión encargada de estudiar las relaciones con los rabassaires. El Congreso acordó respetar las pequeñas propiedades, siempre y cuando esto no implicara la contratación de mano de obra asalariada. El pequeño y mediano propietario, en un régimen de explotación familiar, debería integrase en las colectivizaciones por su propia voluntad, después de comprobar las ventajas que le ofrecían la economía socializada. Con esta política moderada, se pretendía evitar que los rabassaires pudieran convertirse en enemigos declarados del movimiento revolucionario (231).
 
            Sin embargo, la actitud adoptada por  los miembros  de l'Unió de Rabassaires, después de las jornadas de julio no  había sido conservadora, ni tampoco hostil a la revolución. El 22 de Julio, la dirección del sindicato agrario aconsejaba a sus afiliados que se apoderasen de la cosecha, que no pagasen los arriendos y que se incautasen, por medio de sus organizaciones locales, de las grandes propiedades y que éstas fueran repartidas individualmente entre el campesinado pobre (232).
 
            L'Unió de Rabassaires colaboró estrechamente con el Comité Central de Milicias Antifascistas de Catalunya. Al disolverse éste, en un gobierno de concentración de la Generalitat, el sindicato campesino pasó a ocupar la consellería de Agricultura (Josep Calvet). Durante el proceso, los rabassaires fueron absorbiendo a otras pequeñas organizaciones como la Federación de Cooperativas (Unió de Sindicatos Agrícoles), formándose la Federación de Sindicats Agrícoles de Catalunya. El decreto de la Generalitat por el que se hacía obligatoria la sindicalización del campesinado se convirtió a l'Unió en la representante casi absoluta de los pequeños propietarios del campo. Las relaciones entre la Consellería de Agricultura (controlada por la U.de R.) y las escasas colectivizaciones catalanas no siempre fueron buenas. El Conseller Josep Calvet desoyó con frecuencia las demandas de ayuda económica de los libertarios. La financiación de las colectivizaciones campesinas catalanas tuvo que recaer fundamentalmente el la industria colectivizada.
 
            La consolidación de la nueva situación en el campo, se dio con la promulgación de una serie de decretos publicados por la Generalitat, durante los meses de Enero y Febrero de 1937.
Las nuevas leyes anularon todos los contratos que habían sido redactados antes del 19 de Julio, y establecían que serían los nuevos propietarios, los que pagarían los impuestos. Otro decreto, publicado en el mes de  Febrero, reconocía a los nuevos propietarios, la propiedad de las nuevas tierras, incluidas las que acababan de ser expropiadas, y que por lo tanto estaban sujetas a la amenaza de la colectivización. El gobierno de la Generalitat establecía que en los casos en que estos decretos fueran incumplidos, las colectivizaciones podrían ser desmanteladas. La única limitación que se imponía a los pequeños propietarios era la de la prohibición de contratación de mano de obra asalariada. Las tierras que no pudieran ser cultivadas por la unidad familiar pasarían a ser repartidas entre los agricultores más pobres. Por otro lado, se decretó que los miembros de las colectivizaciones que quisieran abandonarlas, podrían hacerlo con entera libertad en cualquier momento, teniendo derecho a llevarse consigo la parte del equipo con la que había contribuido a la explotación.
 
            Como contrapartida a los errores y limitaciones que hemos apuntado, el movimiento colectivizador también se apuntó importantes éxitos en el campo social y en el de la producción.
El éxito o el fracaso del colectivismo agrario es difícil de determinar, por el corto período en el que las comunas  existieron y se desarrollaron. Sin duda alguna, el sistema colectivista tendió a una progresiva superación de los errores iniciales. En muchos lugares también se procedió a articular y coordinar a las colectividades. La liquidación de la revolución impediría la posibilidad de que éstas pudieran llegar a  desarrollarse, para convertirse en la piedra angular de una nueva economía de tipo socialista.
 
            Las comunas agrícolas cosecharon importantes avances en el plano social, desconocidos en los países capitalistas avanzados y en todo el mundo. Los ancianos pudieron contar con pensiones y subsidios suficientes para poder tener una vida digna, existió una asistencia sanitaria gratuita... En el plano cultural,  se llevaron a cabo verdaderos planes de alfabetización. En la región levantina, todas las colectivizaciones contaron con sus propias escuelas locales. La política salarial fue mucho más igualitaria que en las ciudades. En éstas, la tendencia era frenada por la existencia de un importante número de técnicos y de administrativos, tradicionalmente mucho mejor pagados que los obreros manuales. En el campo, la división del trabajo estaba mucho menos diferenciada y no presentaba grandes obstáculos. Por lo general, se instauró el llamado "salario familiar", que se acercaba al principio socialista, de "a cada cual según sus necesidades". Los trabajadores colectivistas cobraban un salario fijo por su trabajo, al que se añadía un suplemento por cada hijo que no estuviera en la edad de trabajar, o por cada familiar incapacitado que tenía que mantener.
 
            En el plano económico, y a pesar de los fracasos, el nuevo sistema permitió el mantenimiento e incluso el aumento de la producción, después de la caída del viejo sistema agrario, y en unas condiciones tan difíciles como eran las que se derivaban de la guerra. La incipiente planificación de la producción que se llevó a cabo, significó un importante aumento en el rendimiento de la tierra. La explotación colectiva de la tierra en grandes explotaciones socialistas, permitió importantes mejoras en la infraestructura, (nuevos canales de regadío, reforestación de los bosques,...), en el sistema de producción (planificación del trabajo, introducción de nuevas técnicas, maquinaria, diversificación de los cultivos según la demanda y las necesidades...), se crearon escuelas técnicas rurales y granjas, se procedió a una selecciòn y mejora de la ganadería...
 
"...conviene tener en cuenta que la única cosecha de trigo recogida en Aragón bajo la colectivización -la del año 1937- mostró un aumento del 20 por ciento sobre la del año anterior, que había sido buena, mientras que en Catalunya, donde la colectivización agraria estaba menos extendida, descendió en el mismo porcentaje" (233).
 
            Es difícil imaginarse, con estos datos, a la inmensa mayoría de las colectivizaciones, como "dictaduras caciquiles" impuestas por "fanáticos", o como "experimentos desatinados", como las calificaban sus adversarios. Es importante reflexionar sobre las posibles causas del crecimiento de la producción cerealera aragonesa, estando como estaba a escasos kilómetros del frente, con todos sus errores, en contraste con el dramático descenso  de Catalunya, un área alejada del conflicto, y con una agricultura caracterizada por la pequeña y por la mediana propiedad.
 
            El incremento de la cosecha cerealística en Aragón no bastó para contrarrestar la caída de la producción en el principado, ni para cubrir la demanda en toda Catalunya. El gobierno de la Generalitat tuvo que paliar la escasez de pan con importaciones procedentes del extranjero (234).
 
            Josep María Bricall, en su obra, defiende las causas objetivas, como la guerra y el clima, además de los cambios de cultivo, como los factores que provocaron el descenso de la producción (235). Sin negar la validez y la importancia de las reflexiones de Bricall, existen otros factores que nos ayudan a explicar este contraste. Mientras los cambios revolucionarios provocaron el entusiasmo de gran parte del campesinado aragonés, que consideraban a las colectivizaciones como su gran oportunidad histórica para liberarse del pesado yugo de los terratenientes, el campesinado catalán, predominantemente pequeño propietario, contempló con temor creciente al movimiento colectivista y con profundo descontento las drásticas limitaciones que les habían impuesto los revolucionarios.
 
"En el segundo año de la producción colectivista, las cosechas aumentaron de un veinte a un treinta por ciento, según las comarcas. ¿Cómo es posible -se nos dice- que habiendo llamado a filas a un porcentaje apreciable de jóvenes, la producción aumentara? Sin embargo, es fácil comprender este fenómeno si tenemos en cuenta el entusiasmo que algunos hombres de edad avanzada sentían hacia la colectividad, lo que les incitaba a ir al trabajo cuando en otras situaciones no lo hubieran hecho. Muchas mujeres que habitualmente se ocupan únicamente de su casa, acudían a los trabajos durante algunas horas con una voluntad ejemplar, y muchos chicos que en épocas anteriores se hubieran dedicado a jugar, se unían a los colectivistas en un afán de suplir a sus hermanos que estaban en el frente, y aunque había mas trabajo, porque no se dejaba un pedazo de tierra sin cultivar, al estar mejor organizado, todo se hacía con menor esfuerzo" (236).
 
            Además del apoyo social que pudieran tener, las ventajas que presentaban las colectivizaciones permitieron una serie de logros económicos y sociales, que las viejas explotaciones minifundistas y familiares, tan antieconómicos que en muchas ocasiones rozaban los niveles de subsistencia, o las grandes propiedades latifundistas y semifeudales, no estaban en condiciones de poder conseguirlo.
 
            Es innegable que las colectividades agrarias respondieron a las necesidades de un momento determinado y de una situación concreta, es decir, a una revolución en marcha, donde todo tenía que improvisarse, y donde no existía el más mínimo programa de planificación del nuevo orden económico que estaba surgiendo de los escombros de la República.
 
            Las colectivizaciones agrarias (como las urbanas) cubrieron el vacío económico dejado por la fuga de los antiguos propietarios. Con sus errores, con todas las críticas y acusaciones realizadas por sus enemigos, las colectividades en el campo, pusieron en marcha, con una preparación completamente insuficiente, un sistema económico que funcionó y que evitó el  rápido colapso de la revolución.
 
            El triunfo de las colectividades sólo podía ser posible, acompañado de la  victoria política y militar de la revolución de los comités. Su gran tragedia consistió en que ninguna organización comprendió que para que éstas desarrollaran todos sus potenciales, era necesario que todos los resortes del poder político estuvieran a su servicio. Las colectividades carecieron del apoyo de un poder revolucionario que las defendiera frente a sus enemigos, que corrigiera sus errores y sus contradicciones  y que las articulara hasta convertirlas en el tejido  social y económico de la nueva sociedad.
 
            Hablar, desde el punto de vista histórico, de la viabilidad  o inviabilidad de las colectivizaciones, resulta simplemente absurdo. Las colectivizaciones no tuvieron tiempo para demostrar sus posibilidades de supervivencia. Sin embargo, en el breve espacio de tiempo de su existencia, demostraron las   patentes ventajas de un sistema económico, que gozaba del entusiasmo y del apoyo de la mayor parte de la población trabajadora.
 
3.11 LOS PARTIDOS Y SINDICATOS OBREROS ANTE LA REVOLUCIÓN ESPAÑOLA.
 
            El período de la dualidad de poderes en la revolución española, adoptó una forma completamente original, si lo comparamos con el resto de las revoluciones realizadas durante el siglo XX. Mientras el poder revolucionario de los comités se encontraba atomizado y disperso, por toda la geografía del país.
 
       La esencia del poder burgués republicano, no estuvo encarnada en el impotente gobierno  de Giral, sino en los comités ejecutivos de las organizaciones obreras del Frente Popular.
 
            Cuando nos referimos, matizando, a las direcciones y no a los partidos y sindicatos en general, lo hacemos con plena conciencia. Con esta precisión queremos resaltar que, durante el período del "desorden revolucionario" de las primeras semanas,  miles de militantes de base de estas organizaciones, faltos de la orientación de sus dirigentes, completamente desconcertados y desbordados por los acontecimientos, encarnaron la revolución. Llevaron a cabo las confiscaciones de las propiedades de la burguesía; formaron sus propios comités, que dirigieron y organizaron la marcha de sus  localidades; formaron sus milicias y patrullas, para combatir y reprimir la sublevación... Llevaron a cabo, un proceso revolucionario, satisfaciendo, de una vez por todas, sus reivindicaciones históricas, que cinco largos años de República no habían conseguido. En resumen, realizaron los inicios de una revolución, a la que sus propios partidos y sindicatos, se oponían, bajo diferentes formas y matices diferentes.
 
            Aunque este trabajo esté centrado en las características de la revolución española en Catalunya, consideramos que es fundamental analizar a fondo, la actitud mantenida por el PSOE y  la UGT estatal. La actitud de las organizaciones socialistas, aunque inexistentes en Catalunya, al quedar absorbidas por el PSUC, organización que se colocó rápidamente bajo la órbita de la Komintern, nos pueden ayudar a comprender muchos de los acontecimientos políticos que se dieron en Catalunya, durante  la guerra civil.
 
            El comunismo estalinista, encarnado por el PSUC, experimentó una evolución espectacular, durante el primer período revolucionario. Nacido al calor de las jornadas de julio, a partir de la unificación de cuatro pequeñas organizaciones políticas catalanas, se convirtió en pocos meses en  el primer partido catalán, opuesto a la hegemonía libertaria. Con su rápido  crecimiento, el PSUC acabó sustituyendo, como  representante de las clases medias, a la tradicional Esquerra Republicana de Catalunya, que había quedado  desarbolada durante y después de los acontecimientos de Julio.
 
            El anarcosindicalismo, indiscutiblemente, fue la fuerza hegemónica del movimiento obrero catalán, y su actitud ante los acontecimientos fue determinante en la evolución de la revolución. Fueron las bases anarcosindicalistas, las que conformaron, mayoritariamente, la multitud de comités y de colectivizaciones.
 
            Finalmente el POUM, la principal fuerza política que se reclamaba del marxismo en Catalunya, durante los primeros meses de la revolución. Organización comunista independiente, que atrajo los odios del estalinismo internacional, por sus denuncias y su firme condena de los procesos de Moscú, que se estaban llevando a cabo contra la vieja guardia bolchevique. Su militancia, aunque sensiblemente inferior en número a la de los anarcosindicalistas, también fue decisiva en la formación de los comités revolucionarios y en el de numerosas colectivizaciones.
 
            El POUM estaba fuertemente implantado en Lérida y en otras localidades catalanas. No podemos estar de acuerdo con aquellos que han considerado desproporcionada la importancia que se le ha dado a esta organización, en comparación con las grandes formaciones tradicionales del movimiento obrero.
 
            Las situaciones revolucionarias se caracterizan por su vertiginosa dinámica. En un corto espacio de tiempo, la población experimenta grandes cambios en su conciencia, que no se había dado en los largos períodos que lo precedieron. Los nuevos estado de conciencia se reflejan en la decadencia de las viejas organizaciones, y en el rápido ascenso de otras que representan las nuevas aspiraciones. En estas especiales condiciones, la importancia política de una organización, no se mide por el número de sus efectivos militantes, sino también por sus posiciones, su grado de influencia entre las clases sociales que pretenden representar y también por el lugar político que ocupa en los acontecimientos.
 
            Los diferentes partidos y sindicatos obreros, se agruparon en torno a determinados programas políticos frente a la revolución española, que intentaremos definir y explicar en la pequeña síntesis, que hemos realizado en las próximas páginas.
 
            Con sus respectivas diferencias, socialistas de derecha, republicanos y comunistas (de obediencia estaliniana), se agruparon en torno a un objetivo común, hacer retroceder la revolución y el derrocado viejo aparato de estado republicano.
 
            Socialistas de izquierda, anarcosindicalistas y poumistas, conformaron otro bloque, que pretendía mantener en las mejores condiciones posibles, el cuadro aparecido tras las jornadas de Julio, postergando el avance definitivo de la revolución para después de la victoria militar sobre los sublevados.
 
            Entre las diferentes fracciones, tendencias y bloques existentes, hubo numerosos intentos de establecer alianzas. Sin embargo, éstas se caracterizaron por su inestabilidad. La guerra y la revolución, convertían cualquier acuerdo en algo frágil y quebradizo. Anarcosindicalistas, socialistas de izquierda y poumistas experimentaban la fuerte presión de sus propias bases radicalizadas. Socialistas de derechas, republicanos y comunistas, llegaron a alianzas, pero también eran conscientes que sus acuerdos eran sólo circunstanciales, y que en el seno de  su propio bloque político, existía una sórdida lucha por el poder. Tanto  los republicanos, como los socialistas de derechas, desconfiaban de sus temibles aliados, que solo obedecían las consignas que procedían de Moscú. Pero incluso entre los mismos republicanos y los partidarios de Prieto, hubo frecuentes roces por sus diferentes concepciones políticas.
 
"La lealtad era hacia las organizaciones, no hacia la República. No había más que coaliciones temporales entre las dos o tres corrientes, los llamamientos frecuentes a la unidad antifascista no eran más que grandes camuflajes para esconder las tentativas y las prácticas de dominación" (237).
 
            La fragilidad de las alianzas políticas que se establecieron entre las cúpulas dirigentes, demuestra que, tras las jornadas de julio, lo que quedaba de la República era, más que nunca, una ficción encarnada en el impotente y desprestigiado gobierno de Giral. La reconstrucción del aparato de Estado republicano tenía que realizarse encima del mar embravecido de la revolución, sobre el que pretendían cabalgar los distintos partidos y sindicatos.
 
3.11.1 LOS SOCIALISTAS.
 
            El estudio de las posiciones políticas del socialismo español es harto dificultoso, debido a la gran división existente entre las diferentes fracciones en las que estaban fragmentadas sus organizaciones. Es difícil encontrar una postura unitaria   ante el hecho revolucionario, entre las distintas tendencias, que ya estaban fuertemente enfrentadas, y al borde de la escisión, en el período precedente a la guerra. El estallido de la contienda y el inicio de la revolución, encontraron al Partido Socialista, completamente  fraccionado en corrientes irreconciliables que se disputaban el control del aparato.
 
            Dividido y sin un programa  político propio, el Partido Socialista demostró ser un gran gigante con pies de barro. Difícilmente podía jugar un papel independiente en los acontecimientos que se estaban desarrollando por todo el país. De hecho, la amplitud de las actitudes que se presentaban en el arco político del Partido Socialista, se encuadraron en los distintos sectores en el que también estaba dividido, a su vez, el campo republicano.
 
            Prieto y Negrín, defendían la necesidad inmediata de acabar con la revolución y restaurar, lo antes posible, el gobierno del Frente Popular. Largo Caballero mantuvo una posición vacilante, presionado desde la derecha y la izquierda. El máximo dirigente de la Izquierda Socialista pretendía lo imposible, conciliar la revolución de los comités y la contrarrevolución del Frente Popular. La decantación de la situación hacia cualquiera de los dos extremos, significaba el final de su postura de árbitro privilegiado y, probablemente, también el fin de su influencia política.
 
            Es importante resaltar, en el seno del PSOE y de la UGT, de algo que ya hemos planteado más arriba. La diferenciación existente entre las bases socialistas y sus dirigentes, con respecto al futuro de las milicias, de los comités y de las colectivizaciones. Las diferencias son detectables al  observar el contraste entre la práctica llevada a cabo por las bases, y las directrices defendidas por sus dirigentes. Sin embargo, no debemos considerar esta afirmación, como algo evidente. No hay  que ver en esta oposición, el reflejo de una clara conciencia revolucionaria, sino el choque entre las aspiraciones y el instinto revolucionario de los trabajadores con las moderadas   y vacilantes directrices defendidas por la dirección.
 
            La oposición socialista, al contrario de lo que aconteció entre los anarcosindicalistas, no  adoptó forma de corrientes políticas, en  el seno del partido. El lenguaje radicalizado utilizado por los dirigentes son también la evidencia de la fuerte presión a la que estos se encontraban sometidos.
 
 
            Los militantes socialistas participaron en la creación de los comités y de las colectividades, expropiaron a los terratenientes y a la burguesía industrial, formaron sus propias milicias y sus patrullas de retaguardia. En su acción espontánea, encontraríamos muy pocas diferencias con los militantes anarcosindicalistas. Sin embargo, los trabajadores socialistas, a diferencia de los libertarios, consideraban al PSOE y a la UGT como sus organizaciones tradicionales, y su política, encaminada a la restauración del orden republicano, como una táctica dirigida al fin último, la revolución socialista, objetivo que, aunque desmentido en la práctica, era proclamado por sus dirigentes.
 
            El discurso "revolucionario" de los líderes caballeristas, no podía esconder una alarmante falta de programa político, la inexistencia de proyectos y de medidas concretas, capaces de orientar y de ser llevadas a cabo por la militancia.
 
            A la política de apoyo al Frente Popular, defendida con matices, por las distintas fracciones socialistas, y que comportaba una actitud de hostilidad, más o menos camuflada, ante el proceso revolucionario, se unía la tradicional incomprensión de las cuestiones nacionales catalán y vasca. El hecho de que Catalunya se hubiera convertido en el corazón de una vasta revolución que no se avenía a sus canones tradicionales, y de que  estuviera dirigida por su tradicional rival, la CNT, caracterizó la política de los diferentes gobiernos de mayoría socialista.
 
            Las tomas de posición de los cuadros dirigentes se hacían, en muchas ocasiones, bajo la presión de las propias bases, mucho más radicalizadas y dispuestas a todo, que sus direcciones. La evolución política de la Izquierda Socialista, sus evidentes y continuas contradicciones entre teoría y práctica, se explican por el choque de intereses existentes entre la presión de la población trabajadora y los compromisos adquiridos por las cúpulas dirigentes en el seno del Frente Popular.
 
            Comparemos pues, las posiciones defendidas desde las páginas de "Claridad", el órgano de prensa de esta corriente, y la política de contención de la revolución, defendida por el gobierno de Largo Caballero, poco después:
 
"Alguna gente dice: <<derrotemos primero al fascismo, terminemos la guerra victoriosamente, y luego tendremos tiempo para hablar de la revolución y de hacerla si es necesario>>. Aquellos que afirman esto, no han contemplado con madurez el formidable proceso dialéctico que nos arrastra. La guerra y la revolución son una y la misma cosa. No se excluyen, no se estorban, sino que se apoyan y se complementan. La guerra necesita a la revolución para triunfar, de la misma manera que la revolución ha requerido la guerra... Es la revolución en la retaguardia la que hará más segura y más inspirada la victoria en los campos de batalla..." (238).
 
            Las opiniones reflejadas en las páginas de "Claridad" reflejaban la presión a la que estaban sometidos, por parte de sus propias bases izquierdistas y constituían una clara crítica a los seguidores de Prieto, el ala derecha del partido, aliados de los comunistas y de los republicanos, partidarios de hacer retroceder la revolución hasta un futuro indeterminado. Sin embargo, las opiniones vertidas por "Claridad", poco o nada tenían que ver con la práctica política del gobierno que estaba presidido por Largo Caballero, y que acabó potenciando los viejos cuerpos de seguridad republicanos, desmanteló las patrullas obreras de la retaguardia e inició la formación de un ejército al viejo estilo, en detrimento de las milicias revolucionarias.
 
            Las veleidades radicales de la Izquierda Socialista se habían transformado durante el período anterior a la guerra. A medida que el movimiento revolucionario experimentaba una profunda radicalización, los caballeristas habían ido moderando su lenguaje y sus objetivos políticos. Lejos quedaban ya, los términos de "dictadura del proletariado" y de "revolución socialista". "Claridad" había acabado calificando a la revolución española, como burguesa-democrática, antifeudal y antioligárquica y se había declarado ferviente partidaria del Frente Popular, que tanto había criticado con anterioridad (239). Los caballeristas, después de llamar, durante todo un período, a la revolución socialista, habían abandonado esta caracterización, para sumarse a la que mantenían los prietistas y comunistas, al considerar que la guerra que se iniciaba, era entre la democracia burguesa y el fascismo, precisamente, en aquellos momentos, en los que la revolución socialista, que tanto habían predicado, se ponía en marcha.
 
            La Izquierda Socialista también expresaba con su política vacilante y llena de contradicciones, la presión de las diferentes fuerzas políticas que intervenían en la revolución española, tanto nacionales como internacionales. La guerra, dentro del esquema caballerista, solo podía ganarse con la ayuda de la URSS, de Francia y de Gran Bretaña. A principios de 1937, el gobierno de Largo Caballero, llegó a ofrecer la cesión del Marruecos colonial español y las islas Canarias, a cambio de que Francia y Gran Bretaña, con fuertes intereses en el norte de Africa, abandonasen su "neutralismo" y accediesen a apoyar a la República en la contienda. (240) Sin embargo, este apoyo no era posible mientras el movimiento revolucionario no se retirase a sus cuarteles de invierno para dejar paso libre a la reconstrucción del orden republicano. Sin embargo, el caballerismo no pretendía la derrota total del movimiento revolucionario, fuente de poder de la Izquierda Socialista, y que había arraigado profundamente en las bases sindicales de la UGT.
 
            La política vacilante de esta corriente quedaría patente a mediados del mes de agosto de 1936, cuando, en pleno fragor revolucionario, Largo Caballero pareció contemplar la posibilidad de formar una alianza sindical con la CNT, a la que intentaba atraer hacia sus posiciones. Sin duda alguna, el caballerismo consideró que la alianza con los anarcosindicalistas los convertiría en la única alternativa posible de gobierno, ante el moribundo gabinete de Giral, agotado políticamente, antes de nacer.
            La presión política del embajador soviético en España, Marcel Rosemberg y la de los socialistas de derecha, hizo que finalmente la alianza CNT-UGT no pasara de ser un proyecto (241). La actitud de Largo Caballero fue la de mantener la misma línea defendida en el período anterior a la guerra. Después de la caída fulminante de los gabinetes de Casares Quiroga y de Martínez Barrio, Largo Caballero rechazó la propuesta de Azaña para formar gobierno. La Izquierda Socialista consideró que todavía no estaba preparada para acceder al poder y prefirieron dejar pasar dos meses y medio, apoyando a gobierno ficticio de Giral, hasta aceptar la propuesta (242).
 
            La línea política de los caballeristas continuaba caracterizándose por su pasividad. Esperar el total agotamiento político de los gobiernos republicanos, rechazar cualquier compromiso con la pequeña burguesía, hasta que el poder cayera en sus manos, como un fruto maduro. La Izquierda Socialista seguía identificando, la toma del poder por parte de la clase trabajadora, con la llegada al gobierno de un gabinete socialista  monocolor.
 
"Pretende una dominación socialista completa tan pronto como sea posible y abstenerse de participar en el gobierno hasta que ya no sea posible" (243).
 
            Sin embargo, el fruto maduro no caería en sus manos, en las circunstancias en las que la Izquierda Socialista había soñado. Cuando Largo Caballero formó su primer gabinete, tuvo que hacerlo, no con un gobierno exclusivamente socialista, sino con uno de concentración, junto a republicanos, prietistas y comunistas. La presión internacional y la de las diferentes organizaciones del Frente Popular, condicionaron y limitaron drásticamente sus pretensiones, y posteriormente también harían lo mismo con su política.
 
"<<Virtualmente el gobierno republicano está muerto, no tiene autoridad, ni competencia, ni decisión para hacer una guerra a fondo y acabarla con una victoria absoluta y revolucionaria>>. Descartado Prieto como alternativa, <<no queda más que usted>>. Araquistain recomendaba pues, un gobierno presidido por Largo y de composición mixta entre los diferentes sectores del Frente Popular, pero, desde luego, en detrimento de los republicanos" (244).
 
            El gabinete de Largo Caballero no fue, por lo tanto, monocolor, como habían pronosticado desde mucho antes los dirigentes de la Izquierda Socialista. Su proyecto para formar un gobierno exclusivamente socialista, quedaba relegado para después de la guerra,  período en el que ellos estaban convencidos, de que iban a convertirse en los árbitros de la nueva situación, y en la que los republicanos, concretamente Azaña, ya no serían ningún obstáculo (245).
 
"nuestra victoria no será la implantación fulminante del bolchevismo o el anarquismo, como siguen temiendo en estos países, sino un régimen que nadie sabe aún que será" (246).
 
            En la contradictoria política que había caracterizado a los   dirigentes de la Izquierda Socialista, desde los orígenes de esta corriente,  encontramos ya, las causas de su decadencia y posteriormente su derrota final.
 
"El fracaso final de la Izquierda Socialista estaba ya aquí, en la imposibilidad de encontrar un terreno intermedio entre la defensa del Frente Popular y la revolución. Lo primero exigía un acuerdo con Prieto, Azaña y los comunistas. Lo segundo exigía el mismo acuerdo con los anarquistas, y la Izquierda Socialista se empeñó en esperar unos misteriosos acontecimientos que habían de presentar la posibilidad milagrosa de hacer la revolución contra la reacción, contra el Frente Popular, y sin contar activamente con los anarquistas. En esa espera perdieron el control de su propio partido, perdieron la revolución" (247).
 
            A diferencia de la Izquierda Socialista, Prieto y sus seguidores consideraban que el único futuro posible era la consolidación de la República y posteriormente la derrota militar  de los sublevados o en su imposibilidad, negociar con éstos la supervivencia de ésta a cambio de concesiones. Sin embargo, cualquiera de las dos vías, la de la victoria militar (con la ayuda de las potencias democráticas) o la de la negociación, sólo podía conseguirse apagando el fuego revolucionario que había acabado con la República.
 
            La Alianza con los republicanos, es decir, el Frente Popular, fue el eje principal de su política. Era necesario dar seguridades a Francia y a Gran Bretaña de que su hipotético apoyo a la República, no iba a convertirse jamás, en el apoyo a la revolución. Era necesario evitar también, que el pánico de la burguesía no acabase por arrojarla en brazos de los sublevados.
 
            Sin embargo, los socialistas de derecha adoraban a un fantasma, la burguesía hacía  tiempo que había desaparecido del campo republicano y se había refugiado, antes del inicio de la guerra, en manos de la conspiración que se estaba gestando en los cuarteles. El acuerdo con los republicanos, defendido por Prieto, no era más que la alianza con la sombra de las clases propietarias. Los políticos republicanos apenas se representaban a ellos mismos. La burguesía no estaba dispuesta a hablar de negociaciones y de reconciliación, mientras no se aplastase, de  una vez por todas, al movimiento revolucionario. Y en este sentido, los propietarios preferían la opción militar, al cascarón vacío y peligroso del Frente Popular.
 
            A medida que la actitud "neutral" de Francia y de Gran Bretaña se consolidaba, Prieto fue adoptando una actitud pesimista, que le valió la acusación de derrotista. Finalmente, acabó buscando, discretamente, el camino de las negociaciones con los facciosos, lo que le significó un nuevo fracaso. Franco no estaba dispuesto a negociar. Era perfectamente consciente de que una vez liquidada la revolución, él era el único triunfador, y tenía todas las cartas en sus manos. No necesitaba negociar, ni hacer concesiones a sus adversarios, aunque fueran los socialistas moderados y los republicanos.
            Como el resto de los grupos del Frente Popular, las diferentes fracciones del Partido Socialista, coincidían en aceptar que los comités revolucionarios que habían surgido durante las primeras semanas de la revolución, habían jugado un papel de primer orden, en el primer período del conflicto. Pero eran partidarias de que, con la restauración de las instituciones gubernamentales, debían desaparecer a toda costa.  La supervivencia de éstos, cuestionaba seriamente la autoridad del gobierno y restaba "respetabilidad" a la República.
 
"Aquellos comités populares reemplazaron al Estado desaparecido y, hay que hacerles esta justicia, salvaron la República, junto con las milicias" (248).
 
            Para los socialistas de todas las tendencias, los comités-gobierno eran el símbolo viviente de la revolución que había derribado el orden republicano. El hecho de que siguieran existiendo y de que mantuvieran todavía su poder local intacto, hacía peligrar seriamente el proyecto de reconstrucción republicano. La supervivencia de un poder revolucionario, ajeno e independiente del Frente Popular, cuestionaba su alianza con los líderes republicanos, supuestos representantes de la mítica "burguesía democrática".
 
            Las potencias democráticas europeas nunca estarían dispuestas a ayudar a una España, donde el poder de los comités revolucionarios coexistía con el de la República, e incluso lo desafiaba. Y donde, concretamente en Catalunya, el Comité Central de Milicias que se había apoderado de la autoridad del gobierno autónomo, seguía siendo el poder indiscutido e indiscutible.
 
            Para Largo Caballero y sus partidarios, los comités eran un peligroso rival que disputaba su autoridad política y su influencia entre las masas trabajadoras. En el esquema ideológico de la Izquierda Socialista, los órganos del poder revolucionario en España, eran sus organizaciones tradicionales, el Partido Socialista y las dos centrales sindicales existentes, la CNT y la UGT. Hacía mucho tiempo que la idea de las Alianzas Obreras, como plataforma de frente Único, había ido desapareciendo de sus alforjas ideológicas. Los comités, los soviets, o cualquier organismo de esta naturaleza asamblearia, habían aparecido en otros países con situaciones revolucionarias, por la debilidad de las organizaciones obreras tradicionales.
 
            El poder en la revolución española, debía residir en un gobierno del PSOE, y el frente único de los trabajadores, tenía que  forjarse, a través de la alianza entre la CNT y la UGT (con el predominio de ésta última). Cualquier otro organismo extraño se convertía en un obstáculo a su autoridad y tenía que desaparecer.
 
            Luis Araquistain, el principal teórico de esta corriente, había defendido esta concepción de la revolución en las páginas del  periódico "Claridad", pocos meses antes de iniciarse la guerra, polemizando con los comunistas oficiales:
 
"Los soviets, Consejos, Juntas, Alianzas o como se quiera llamarlos son un anacronismo político y social... ¿Para que se quieren las Alianzas Obreras y campesinas, que además de ser un anacronismo son también un cuerpo extraño en sí, y en lo confuso del concepto al venir literalmente vertido del ruso, o sea de una realidad muy desemejante a la española" (249).
 
            Tanto la UGT como el PSOE, apoyaron la existencia de los comités de fábrica y de las colectivizaciones industriales. La UGT promovió la formación en todas las empresas, de comités dirigentes, compuestos por delegados escogidos, de forma proporcional al número de afiliados de cada sindicato.
 
            Las diferencias con la central sindical anarcosindicalista eran claras. Mientras la CNT defendía la expropiación total de la industria, bajo la dirección de los sindicatos, la UGT defendía la nacionalización de aquellas propiedades que habían sido abandonadas por sus antiguos propietarios y de las que tuviesen un valor estratégico en la guerra. Para el resto de empresas, se defendía el control obrero (por medio de comités sindicales), pero respetando los derechos de propiedad de sus antiguos dueños. Sin duda alguna, los comités y las colectivizaciones industriales eran necesarias, pero siempre y cuando se mantuvieran sometidos al control y a la planificación del gobierno de la República.
 
            En el terreno de las colectivizaciones agrarias la UGT adoptó una posición intermedia entre la defendida por el anarcosindicalismo y la mantenida por los comunistas. El hecho de que, las colectivizaciones se hubieran extendido mucho más allá de los objetivos que habían marcado los dirigentes socialistas, fueran de la tendencia que fueran, era en el mejor de los casos, un mal necesario (la burguesía había abandonado sus propiedades) que sería solucionado después de la victoria militar sobre los sublevados. A pesar de los "excesos" expropiadores de sus propias bases, los dirigentes socialistas se mostraron partidarios de limitar las incautaciones  a las propiedades pertenecientes a los insurrectos o a sus simpatizantes. Frecuentemente, la UGT no dejó de mostrar sus reservas hacia el movimiento colectivizador.
 
            Los socialistas criticaron el antiestatismo libertario y defendieron la nacionalización de la tierra y su entrega en usufructo a los campesinos. La CNT defendía el control sindical de las colectividades, en contraposición con el control estatal que pedían los socialistas.
 
            Las diferencias entre los caballeristas y los comunistas  oficiales también eran patentes. Coincidían con ellos, en la exigencia de que las colectivizaciones fueran totalmente voluntarias. Sin embargo, el sindicato ugetista se negó a sacrificar el movimiento colectivista que estaba formado en gran parte, por las bases de la Federación de Trabajadores de la Tierra (FTT), para fomentar el reparto individualizado de la tierra, que proponía el PCE-PSUC.
 
            Las colectivizaciones agrarias que impulsaron los afiliados   de la UGT, se diferenciaron en muy poco de las de la CNT. La sensibilidad frente a los pequeños propietarios parece que fue mayor, y no parecen haberse dado casos de colectivizaciones forzosas. Las colectividades socialistas, a diferencia de las libertarias, no abarcaron el resto de ocupaciones de las localidades, (barberos, zapateros, y otras profesiones artesanales...).
 
            Los colectivistas de la UGT, como los de la CNT, aportaban voluntariamente sus equipos de labranza, su ganado, sus semillas, aunque no sus ahorros ni sus bienes de consumo. Como en el caso de las colectivizaciones libertarias, también se dieron numerosas ingenuidades: la  abolición   del  dinero  como  instrumento para las transacciones en el seno de la comunidad y su sustitución por otros sistemas de intercambio y de distribución (cartillas de consumidor, moneda acuñada en la misma comunidad y solo válida en ella...).
 
            Prieto, el principal representante de los socialistas de derecha, defendía la necesidad de centralizar la nueva economía para terminar con el caos que había provocado la revolución. La  política de Prieto se orientaba a someter a las colectivizaciones a la política del gobierno de la República. Los socialistas de derecha se habían manifestado hostiles a los nuevos organismos, sin embargo también eran conscientes de que éstos, en los primeros momentos, habían llenado el vacío creado por la huida de los antiguos propietarios. Un ataque frontal a las colectividades podía significar el final de los intentos de reconstruir la maltrecha República, al tener que enfrentarse a un todavía poderoso movimiento revolucionario. Por otro lado, el Frente Popular carecía de  otros instrumentos que pudieran competir con las colectividades. El hundimiento de éstas, hubiera significado el naufragio económico de la República, y habría precipitado la victoria de los rebeldes. Era necesario trabajar para conseguir el retroceso paulatino de las colectivizaciones y la liquidación definitiva, en cuanto las circunstancias lo hicieran posible, del movimiento revolucionario. La única política posible por el momento, era la de mantener las colectivizaciones, acorralarlas, utilizar el chantaje y la presión económica, hasta someterlas al control gubernamental, venciendo la resistencia y la hostilidad de los trabajadores revolucionarios.
 
            La restauración del orden republicano significaría, en el momento adecuado y una vez vencido el movimiento revolucionario, devolver las propiedades a sus antiguos dueños, en aras de la reconciliación y de la consolidación de la República burguesa que ellos defendían.
 
            Sin embargo, la República no solo tenía que defenderse del movimiento revolucionario, sino que para sobrevivir tenía que obtener la victoria sobre los sublevados, o por lo menos, la negociación con ellos, desde una posición de fuerza que les permitiera dictar las condiciones. El viejo ejército se había sublevado en su mayoría contra la República, y el sector minoritario que le había sido leal, se había desmoronado como un castillo de naipes. Las milicias revolucionarias eran un peligroso aliado de la República, en tanto en cuanto, la mayoría de ellas, se proclamaban defensoras de un nuevo orden revolucionario y eran completamente independientes del gobierno.
 
            Las milicias mostraron en numerosas ocasiones, su hostilidad a los primeros intentos del gobierno de Giral, para dotarse de un brazo armado.
 
            La Izquierda Socialista defendió la formación del nuevo ejército, que debería sustituir a las milicias de voluntarios de los primeros momentos. Sin embargo, en numerosas ocasiones, surgieron voces, que expresaron su temor de a que la construcción de un nuevo ejército regular, apolítico, formado por levas forzadas y dotado con un cuerpo de oficiales separado de la tropa, un ejército similar al sublevado, pudiera  ser utilizado, posteriormente, contra los revolucionarios, e incluso contra mismos socialistas.
 
"El nuevo ejército ha de tener por base los que ahora luchan y no solo los que aún no han luchado en esta guerra. Ha de ser el ejército correspondiente a la revolución, a la guerra social que se está operando en la sociedad española... a la cual (a la revolución) debe ajustarse el futuro Estado. Pensar en otra clase de ejército que sustituya a los actuales combatientes y en cierto modo controle su acción revolucionaria, es pensar contrarrevolucionariamente" (250).
 
            Sin embargo, la política de los socialistas de izquierda estaba teñida de un fuerte oportunismo. Durante el período del gobierno de Giral, sus dirigentes se habían opuesto a cualquier proyecto de formación del nuevo ejército, que pudiera quedar bajo control de los republicanos, y que pudiese competir con las milicias revolucionarias. La postura de la Izquierda Socialista se transformó en el momento en el que Largo Caballero pasó a constituir su propio gobierno. Si la toma del poder se reducía a la sustitución del gobierno republicano por otro socialista, desde el que se debía apoyar y desarrollar la revolución, el nuevo ejército, controlado ahora por los socialistas, no se contraponía, de ningún modo, a su viejo esquema político.
 
            Las milicias pasaban a ser una organización, anacrónica e ineficaz, que debía ser superada por el nuevo Ejército Popular.
 
            La nueva obsesión de la Izquierda Socialista, mayoritaria en el nuevo gabinete, sería la de evitar, el progresivo control que los comunistas irían tomando sobre el nuevo cuerpo armado, sin que ellos pudieran hacer nada para evitarlo.
 
3.11.2 EL PARTIDO COMUNISTA.

            El PCE a nivel estatal y el PSUC en Catalunya fueron los adversarios más eficaces que tuvo, en el seno  del Frente Popular, la revolución de los comités. El rápido crecimiento de  la militancia no puede atribuirse tan sólo al prestigio conseguido con la llegada de las armas enviadas por la URSS.
            No es ningún secreto para nadie, que la limitada y calculada ayuda enviada por Stalin (pagada con el oro de las reservas del Banco de España), favoreció la influencia del Partido Comunista, y por consiguiente, también su desarrollo. Pero de ningún modo, es  la única causa y tampoco la más importante.
 
            Hay otros cuestiones que intervinieron de forma mucho más decisiva. La eficacia de la política del PCE y del PSUC para contener y hacer retroceder la oleada revolucionaria, y su firme defensa de la alianza con la pequeña burguesía urbana y con los pequeños y medianos propietarios del campo, convirtieron a los comunistas en el auténtico partido de las clases medias. En el mes de febrero de 1937, los pequeños y medianos propietarios  campesinos sumaban ya, en 30,7 por 100 de su militancia (251).
 
            La  pequeña burguesía, temerosa de la violencia desatada contra ella, irrumpió en las filas del partido, después de abandonar a las viejas organizaciones republicanas, que se habían mostrado impotentes para defenderla y que habían quedado prácticamente desarticuladas con el inicio de la revolución.
 
            El extraordinario crecimiento del PSUC, un partido obrero que se reclamaba del socialismo y de la revolución, entre  la pequeña burguesía urbana y rural, clases sociales que política y socialmente no le eran afines, fue simultáneamente, la base de su fuerza,  y también de su debilidad. La política moderada del PSUC no engañaba a nadie, ni a la burguesía, ni a las clases medias. A pesar de su tono moderado y de su firme defensa de la política del Frente Popular, estas clases sociales eran perfectamente  conscientes de que el PSUC no era su verdadero partido, sino una tabla de salvación a la que aferrarse para no sucumbir ante la revolución desencadenada.
 
            El grueso del movimiento obrero continuó siendo fiel a sus propias organizaciones tradicionales: los socialistas de izquierda y los anarcosindicalistas. La influencia del PCE y del PSUC no podía crecer de forma significativa entre el proletariado y menos todavía entre los sectores más concienciados y organizados de éste. La política comunista, la que le había permitido crecer entre la pequeña burguesía, atacaba directamente a las conquistas sociales que los obreros y los sectores más pobres del campesinado habían conseguido. Un observador y comentarista tan penetrante como E. H. Kaminski, explicaba a principios de 1937:
 
"Hay que reconocer que si oposición en Cataluña es extremadamente difícil. El nuevo partido unificado no sigue representado hoy, sino a una pequeña parte del proletariado catalán" (252).
 
            Existen otros elementos secundarios que también nos pueden ayudar a comprender el formidable desarrollo del partido comunista en tan corto espacio de tiempo. Uno de ellos, fue el prestigio militar que ganó el PCE, por su capacidad y eficacia organizativa en la estructuración de sus milicias, y que constituyeron, posteriormente, la base del nuevo Ejército Popular.
 
            Numerosos oficiales y militares profesionales, que eran vistos con recelo por parte de los revolucionarios, y que se habían quedado en el campo republicano, ya sea de forma oportunista, ya sea por su sincera lealtad al gobierno republicano, acabaron integrándose en las filas comunistas.
 
            Sin duda alguna, el hecho de que el PCE y el PSUC formaran parte de la III Internacional, también contribuyó a engrandecer su prestigio, como supuestos herederos de los bolcheviques y de la revolución de Octubre.
 
            El hecho de que el PSUC pasara de ser una pequeña e insignificante organización recién formada, apenas terminados los combates de julio, a convertirse en el gran partido de las clases medias catalanas, desbancando a la tradicional Esquerra Republicana, en tan solo dos meses, fue en gran parte, consecuencia de la moderación de su política y a su concepción  sobre la naturaleza de la revolución española.
 
            El día 21 de Julio, se formaba en Catalunya, el PSUC. En su precipitada formación, en su programa elaborado deprisa y corriendo, no encontraremos ni una sola palabra, sobre la revolución que se estaba desarrollando desde hacía escasos días,   a una velocidad de vértigo, por toda Catalunya y por todo el territorio republicano. En el número 1 de "Treball", el órgano de prensa del nuevo partido comunista catalán, figuraba la petición de incautación de las fortunas de los que habían colaborado en la sublevación militar, reclamaban la semana de cuarenta horas y la conversión de las milicias populares en una gran fuerza armada popular (cuando, en estos momentos, el PSUC hablaba de  milicias,  se refería al modelo de "milicias ciudadanas" que había propuesto Companys, y que posteriormente fue rechazado por los  poumistas y los anarcosindicalistas al servicio de la República.
 
            La piedra angular sobre la que descansaba el edificio de  la política del PSUC era la defensa de la unidad con los "sectores antifascistas de la burguesía". Para el PSUC esta alianza, encarnada en el Bloc Catalá d'Esquerres y también en su programa político (el Frente Popular en Catalunya), era fundamental para conseguir la victoria sobre la reacción en armas. El triunfo en  las jornadas de julio, (supuesto presagio del futuro  de la contienda), habría sido posible gracias a la "Unidad Antifascista".
 
"...Comorera era rotundamente contrario a dividir el bloque republicano. Hacer la revolución significaba coherentemente apartar a la pequeña burguesía del gobierno de la Generalitat y situarla en la difícil posición de estar entre la amenaza fascista de la insurrección militar y el poder revolucionario que se constituía en Catalunya. No era el momento de llevar a término la revolución socialista, sino de hacer que la clase obrera se situase al frente de la revolución democrática y de esta forma quedaría en las mejores condiciones posibles para hacer la revolución socialista una vez ganada la guerra" (253).
 
            La tesis que defendía Joan Comorera (y con posterioridad, también por Caminal) estaba afectada, sin embargo, por una grave contradicción. Difícilmente la clase obrera iba a dirigir una revolución "democrática" sin pretender resolver simultáneamente   sus propias reivindicaciones pendientes. Era evidente que los trabajadores no se estaban moviendo por esquemas prefabricados en ningún laboratorio político, sino que habían iniciado  su propia revolución, alentados por la posibilidad de poder satisfacer, de forma inmediata, sus reivindicaciones históricas.
 
            El gran problema con el que se encontraban, Comorera y el PSUC, era que los obreros y el resto de las clases populares, se mostraban tozudos a la hora de posponer sus aspiraciones tradicionales y continuaban empeñados en ir mucho más allá de los  límites defendidos por su partido. Los trabajadores nunca iban a aceptar la renuncia a sus pretensiones, en un momento en el que veían, más próximo que nunca su definitiva solución, a cambio de promesas de alcanzarlas en un futuro indeterminado. Sin embargo la caracterización que hacía el PCE y el PSUC de la revolución española no era, en absoluto, original. Los comunistas oficiales se limitaban a seguir el sendero político que había trazado para ellos la Komintern:
 
"Después de que Manuilski plantease el habitual dilema sobre el carácter democrático-burgués o proletario de la revolución española, Dimitrov cortó con audacia el nudo gordiano, rechazando los <<viejos canones de la socialdemocracia que existían hace veinte o treinta años>>. El estado por el que estaba luchando el pueblo español no sería una República democrática al viejo estilo, sino <<un estado especial, con auténtica democracia popular>>. No sería <<un estado soviético, sino un estado antifascista, con participación del sector auténticamente izquierdista de la burguesía>>. Resucitando la fórmula de Lenin de 1905, le denominó <<una forma especial de dictadura democrática de la clase obrera y del campesinado>>" (254).
 
            Sin embargo, la definición con la que Dimitrov "cortó el nudo gordiano" dejaba más preguntas que respuestas y difícilmente podía contentar a nadie. La burguesía británica y francesa, con la que los dirigentes del Kremlin pretendían formar una sólida alianza contra Hitler y Musolini, no podía caer en tamaña ingenuidad. Tanto Dimitrov, como Manuilski, o el mismo Stalin, eran perfectamente conscientes de ello. Los nuevos conceptos vertidos, "estado especial", "estado antifascista", sólo venían a adornar y camuflar la verdadera promesa, el verdadero guiño político que ofrecían con su declaración: España no sería "un estado soviético". Ellos iban a poner  todos los medios a su alcance para evitar que pudiese triunfar una revolución socialista en cualquier otro país. La dirección de la Komintern sabía que ese era el precio político que debía pagar para evitar  la formación de un frente de las potencias del capitalismo democrático con Alemania e Italia, que aislaría todavía más a la URSS. La defensa de la "patria socialista", se convertía en un juego diplomático, en el que no se dudaba en utilizar a las secciones nacionales, los partidos comunistas de cada país, como peones de su juego inconfesable.
            La "audaz" definición de Dimitrov olvidaba algo esencial en cualquier caracterización marxista del estado, la naturaleza de éste, la relación entre las diferentes clases sociales que iban a coexistir en el "estado de nuevo tipo". Los términos utilizados por Dimitrov y por los dirigentes de la III Internacional, eran calculadamente ambiguos, pero su indefinición, no iba dirigida a los capitalistas británicos y franceses, a los que se pretendía tranquilizar sobre cuales eran sus verdaderas intenciones, sino a los militantes de los partidos comunistas, y a los trabajadores en general. La ambigüedad pretendía evitar el choque abierto con las reivindicaciones de éstos, que al fin y al cabo, eran las  piezas del juego que iban a ser sacrificadas en aras de sus intereses.
 
"<<La revolución que se está produciendo -repetía Dolores Ibarruri- es una revolución democrático-burguesa>>. Había señales de que este revisionismo radical... no era de fácil aceptación  para los jóvenes del partido. Hubo que dorar la píldora: la democracia que los comunistas estaban defendiendo era <<una democracia con un profundo contenido social>>".
 
"De esta forma los jacobinos acallaron los murmullos de los enragés. Efectivamente, como es el caso de los jacobinos de la revolución francesa, el hecho de que tuvieran impecables credenciales revolucionarias permitió a los comunistas oponerse a la revolución social inmediata y actuar temporalmente como conservadores en el orden social" (255).
 
            El sector "auténticamente izquierdista de la burguesía" no existía, porque las clases propietarias españolas habían apoyado en bloque, al ejército sublevado. Los dirigentes de  las organizaciones republicanas, totalmente desmanteladas en los comienzos de la revolución, sólo se representaban a ellos mismos. Los militares sublevados ofrecían la única opción que aseguraba por completo, que la revolución iba a ser exterminada sin contemplaciones. El mito de la "burguesía izquierdista" que utilizaba Dimitrov, sólo servía para justificarse ante las bases comunistas, por la moderación de la política del PCE y del PSUC.
 
            En la concepción política del Partido Comunista, España no estaba todavía madura para realizar la revolución socialista. Primero era necesario que el país atravesase otras etapas de revolución y de desarrollo, antes de llegar a plantearse la opción del socialismo. La Komintern recuperaba la vieja teoría mecanicista de la "revolución por etapas". Los restos del feudalismo que habían   sobrevivido durante siglos, gracias a la debilidad y al atraso del capitalismo español, y que se habían integrado perfectamente   en éste, serían utilizados por el PCE-PSUC, para justificar la defensa que hacían de la etapa democrático burguesa de la revolución.
 
            Dentro de su armazón ideológico, el PCE-PSUC consideró al reaccionarismo encarnado en la sublevación militar, (expresión de la desesperación de las clases propietarias frente al avance del peligro revolucionario, como había pasado en Alemania  e Italia), como la expresión de los últimos coletazos de la vieja y caduca aristocracia feudal (que por otro lado, hacía tiempo que había dejado de existir como tal, y se había integrado al sistema económico capitalista español).
 
            Dentro de la revolución democrático burguesa, era necesario  entregarle la dirección política del movimiento revolucionario a la burguesía "democrática y antifascista". Sin embargo, si este mítico sector de las clases dominantes, tenía que dirigir al movimiento popular, era necesario evitar que los "excesos" de los trabajadores pudieran asustarlo. Era necesario sacrificar cualquier conquista revolucionaria que pudiera cuestionar la alianza "antifascista".
 
            La gravedad de las contradicciones de la caracterización democrático-burguesa que el PCE-PSUC hacían de la revolución española, les llevara a enfrentarse con las más elementales reivindicaciones democráticas que debían llevarse a cabo, bajo la dirección política de la burguesía. La expropiación de la tierra y su reparto entre los campesinos sin tierra (la Reforma Agraria que cinco años de República no habían podido llevar a cabo), sin ser una medida socialista, se estrellaba con los intereses que la misma burguesía tenía depositados en las grandes propiedades agrarias.
 
            El PCE-PSUC contraponía a la CNT, al POUM, e incluso a  sectores de la Izquierda Socialista, que pretendían ir más lejos, la consigna de República "socialmente avanzada" y "de nuevo tipo". El proyecto comunista defendía el protagonismo político del régimen republicano para llevar a cabo las medidas que debían ir destinadas a cumplir las reivindicaciones históricas de la población trabajadora. La adopción de estas medidas daría solidez y estabilidad social al edificio republicano. Sin embargo, la política que debería adoptar la República, tendría un límite muy claro, no pondría en peligro la propiedad privada, ni cuestionaría los intereses de las clases propietarias. Esa parte debería quedar relegada al momento en el que el PCE considerase que la etapa democrática estaba definitivamente agotada. Mientras tanto, cualquier "exceso", cualquier "radicalismo revolucionario" en el proyecto comunista, era ultraizquierdismo y hacerle el juego a los sublevados.
 
            Los planteamientos políticos del PCE-PSUC desconocían varios hechos sociales y políticos:
 
1) El feudalismo como sistema social hacía ya un siglo que había dejado de existir como tal. Sus restos sobrevivían al servicio del atrasado capitalismo español.
 
2) Las clases propietarias estaban completamente interrelacionadas entre si, mediante vínculos de tipo económico, político o familiar. Los terratenientes agrarios, la vieja aristocracia, los industriales catalanes y los financieros vascos..., Las clases dominantes se habían unido en un solo bloque, relegando sus diferencias de intereses, ante el peligro de ser barridas del mapa por la amenaza revolucionaria. Este había sido uno de los factores que habían contribuido decisivamente al fracaso del proyecto republicano. Cualquier reforma contra los restos semifeudales, afectaba inmediatamente a todas las clases propietarias, incluida la burguesía "democrática" que, desde la óptica comunista estaba destinada a dirigir la nueva etapa.
 
            Franz Borkenau ha ironizado la actitud de los militantes comunistas por su empeño en negar, lo que la realidad cotidiana, en toda la geografía republicana, demostraba una y otra vez, que la revolución española era una revolución socialista y no democrático-burguesa, como ellos defendían:
 
"Realmente, la gente a veces resulta sorprendente, miembros del PSUC (Partido Socialista Unificado de Catalunya, controlado por los comunistas) expresan la opinión de que en España no hay en absoluto una revolución, y esos hombres con quienes sostuve una discusión bastante prolongada no son, cabría suponer, viejos socialistas catalanes, sino comunistas extranjeros. España, dicen, se encuentra frente a una situación única: el gobierno lucha contra su propio ejército. Y eso es todo. Aludí el hecho de que los obreros estaban armados, de que la administración había caído en manos de los comités revolucionarios. Si esto no era una revolución , ¿cómo cabía llamarla? me dijeron que estaba en un error; nada de aquello tenía ninguna significación política, se trataba simplemente de medidas provisionales, sin trascendencia política alguna" (256).
 
            La política del PCE y del PSUC, organizaciones adheridas a una Komintern, completamente dominada por el estalinismo, obedecía a las directrices políticas que habían sido marcadas por éste. Esta observación es sumamente importante para comprender su evolución y desarrollo. El estalinismo, al contrario de lo que han afirmado la mayor parte de los historiadores, no constituía en si, ninguna ideología, y mucho menos estaba emparentada con el  viejo bolchevismo revolucionario. Las ideologías políticas representan los intereses de las clases sociales en las que se encarnan, y en el seno de las cuales, se desarrollan. El estalinismo no representaba a ninguna clase social, sino que era tan solo, la total e incondicional sumisión de los partidos comunistas de la III Internacional, a los intereses del grupo dirigente del Kremlin.
 
            El principal pilar teórico del estalinismo, "el socialismo en un solo país", no era más que la expresión política de estos intereses nacionales. El estalinismo sacrificaba a los movimientos obreros de otros países, cuyos intereses pretendían representar las jóvenes secciones comunistas a un solo objetivo, la defensa de la URSS, identificada con la aceptación incondicional  y acrítica de sus directrices. Era necesario sacrificarlo todo, incluso hasta convertirse en un freno a la revolución en el propio país, para defender a la "patria de  los trabajadores", desde donde llegaría, en un futuro indeterminado, el socialismo y la revolución a todo el mundo. Es bajo esta orientación, como la revolución española apareció como   una "revolución inoportuna", tal como lo cita Fernando Claudín (257).
 
"La acción espontánea de las masas trabajadores, sus atentados contra las propiedades de empresarios y terratenientes, sus intentos de implantar una economía colectivizada,... todo eso eran, desde la óptica del PCE y la IC (únicos depositarios e intérpretes del <<marxismo leninismo>> y de la ciencia de las etapas de las revoluciones), actos irresponsables, deformaciones y entusiasmos que pretendían saltarse las leyes de la historia" (258).
 
            Sólo esta caracterización explica, como el PCE-PSUC pudo seguir existiendo, como partido obrero, sin estallar en mil pedazos, víctima de sus propias contradicciones. En 1931, con la instauración de la República, en un período en el que se encontraban en ascenso las ilusiones democráticas de los trabajadores, el PCE, se había situado en la ultraizquierda del arco político y había proclamado la llegada de la hora de la revolución. Durante este período había llamado a la formación de soviets obreros y campesinos. Las organizaciones tradicionales del movimiento obrero habían sido calificadas como las almas gemelas del fascismo (socialfascismo, anarcofascismo...).
 
            Durante todo este período, el PCE no había pasado de ser un pequeño grupo, que no había jugado ningún papel político importante en la situación política española. En 1934, calificó a las Alianzas Obreras que se estaban desarrollando en diferentes zonas del país, como organismos contrarrevolucionarios, adversarios del auténtico Frente Único, lo que no le impidió adherirse posteriormente a ellas, sin el menor asomo de crítica, en vísperas de la revolución de Octubre. Los traidores "socialfascistas" se convirtieron rápidamente en los "hermanos socialistas", y el máximo dirigente de la Izquierda Socialista fue proclamado el gran "Lenin español". Sus antiguos adversarios, estaban ahora destinados a formar con ellos, el partido dirigente de la futura revolución española. Los soviets de 1931 habían desaparecido y las Alianzas Obreras, a los ojos del PCE, debían convertirse en el motor del Frente Popular, es decir, del organismo que debía reconciliar los intereses, eternamente contrapuestos, de la burguesía española y los de las clases populares.
 
            Este rápido y esquemático balance de la historia del PCE y de sus continuos virajes políticos, tiene su paralelismo y su origen en los cambios que habían establecido en su política de alianzas internacionales, Stalin y la camarilla dirigente de  la URSS. La comparación nos llevaría a otra conclusión, a la que han llegado numerosos historiadores, que la dirección comunista española era tan solo una caja de resonancia, una correa de transmisión de los intereses y de la política estaliniana en España.
 
"Pero los comunistas no eran conservadores. Ni eran tampoco revolucionarios. Eran lo que en aquel momento le convenía a la URSS que fuesen" (259).
 
            El principal objetivo de la burocracia estalinista era la supervivencia de la URSS y el mantenimiento de su dominio sobre ella, frente a las amenazas capitalistas. Era necesario encontrar el punto de equilibrio, aprovechando los antagonismos existentes entre las diferencias potencias, para conseguir el acuerdo y la coexistencia con éstas.
 
            A mediados de 1936, la política del Kremlin se dirigía a conseguir una firme alianza con Gran Bretaña, una vez conseguida con Francia. Stalin pretendía formar una basta alianza con las potencias capitalistas democráticas que pudiera servir de muro de contención a las apetencias expansionistas del eje creado entre la Alemania nazi y la Italia fascista. El Kremlin era consciente de que, cualquier revolución en España o en cualquier otro país, podía dar al traste con sus  planes  diplomáticos.Fernando Claudín cita el análisis de un historiador soviético Maidanik, que puso en cuestión las tesis oficiales.
 
"<<Según nuestro punto de vista -escribe en su libro <<El proletariado español en la guerra nacional revolucionaria>>- los acontecimientos del 19 de julio fueron el comienzo de una etapa cualitativamente nueva de la revolución española... Todo esto no encaja en los marcos de una revolución democrático-burguesa>>. Efectivamente, no <<encajaba>>. Pero había que hacerlo <<encajar>> para que la ayuda de la URSS a la república española pudiera <<encajar>> a su vez con la política exterior soviética. Y el sólido equipo de la IC instalado en España para supervisar la acción del PCE, junto con el no menos sólido equipo de consejeros militares y políticos soviéticos, se aplicaron con todo celo a realizar esa dificultosa operación" (260).
 
            Para evitarlo era necesario demostrar a sus futuros aliados, de que su Alianza no solo sería un poderoso obstáculo contra los planes de Hitler, sino que también sería un valioso instrumento para contener el peligro de la revolución social en otros países.
 
            Por otro lado, el estallido de la guerra civil española, además de poner en peligro sus planes políticos, creaba a la diplomacia estalinista una nueva fuente de complicaciones. El prestigio internacional de la URSS, como "la patria del socialismo" obligaba al Kremlin a intervenir en la contienda y en el proceso revolucionario español.
 
            La combinación de los intereses internacionales de la burocracia estalinista de la URSS y sus obligaciones de solidaridad con el movimiento obrero de otros países, sería la matriz ideológica de donde surgiría la caracterización que hicieron el PCE y el PSUC de la revolución española, y por consiguiente, también de su política.
 
"El interés de la URSS y por lo tanto de los comunistas españoles (aunque solamente sus dirigentes lo comprendían claramente así), podría resumirse en tres consignas:"
 
a) "Impedir cualquier medida revolucionaria que alarmara a los aliados de la URSS".
b) "Ayudar a la República con armas (pagadas por adelantado y en oro) para seguir luchando, pero no las bastantes para vencer".
c) "Utilizar esta ayuda para dar al PCE el predominio político en la zona republicana, con el fin de que lo empleara en destruir los cambios revolucionarios" (261).
 
            Los dirigentes del Partido Comunista repitieron machaconamente en sus mítines y en la prensa controlada por sus organizaciones, basándose en el atraso histórico del capitalismo español, sobre la inevitabilidad de la etapa democrática burguesa y sobre la inviabilidad de que pudiera llevarse a cabo una revolución socialista.
            En el mes de Enero de 1937, Federico Melchor, dirigente de las JSU, realizaba un discurso  que recogía perfectamente, la metafísica estaliniana aplicada a la revolución española.
 
"No estamos haciendo hoy una revolución social, estamos desarrollando una revolución democrática, y en una revolución democrática, la economía, producción... no pueden lanzarse a formas socialistas. Si estamos desarrollando una revolución democrática y decidimos que luchamos por una revolución democrática, ¿cómo en las formas económicas vamos a pretender adoptar soluciones de tipo socialista totalitario? (...) Estas deformaciones, estas corrientes económicas, estos ensayos que en nuestro país se realizan, no se hacen por casualidad; en el fondo hay toda una educación. Se trata de la deformación ideológica de un amplio sector del movimiento obrero, que pretende realizar el desenvolvimiento económico del país sin atemperarse a las etapas que ese desenvolvimiento económico requiere" (262).
 
            Meses más tarde, en mayo, en una situación en la que la contrarrevolución republicana avanzaba con toda claridad, aliada  a los comunistas, José Diaz, en una de sus intervenciones ante el Comité Central del PCE, insistía en las tesis oficiales de su partido y era mucho más explícito:
 
"Luchamos por la república democrática, por una república democrática y parlamentaria de nuevo tipo y de un profundo contenido social. La lucha que se desarrolla en España, no tiene por objetivo el establecimiento de una República democrática como puede serlo la de Francia o la de cualquier otro país capitalista. No, la República democrática por la que luchamos es otra. Nosotros luchamos para destruir las bases materiales sobre las que se asientan la reacción y el fascismo, pues sin la destrucción de estas bases, no puede existir una verdadera democracia política..." (263).
 
            Con esta política de reconstrucción de la vieja República "democrática y parlamentaria", el Partido Comunista se convertiría en el adversario más temible de la revolución de los comités. En la medida en que las Juntas territoriales, que en mayor o menor grado, también representaban a la revolución y disputaban su autoridad al gobierno central, el PCE abogó por la disolución de éstas y por la restauración de las viejas instituciones republicanas que habían existido antes del estallido del conflicto.
 
            El nudo corredizo que la política comunista colocaba a la "revolución inoportuna" no hacía otra cosa que debilitar simultáneamente las defensas de la República frente al ejército rebelde. Los comunistas hablaban del enfrentamiento entre  el fascismo y la democracia, pero olvidaban que Hitler y Musolini no representaban al feudalismo alemán o italiano, sino a la descompuesta y atemorizada burguesía de sus propios países. Sin  necesidad de establecer una identificación completa entre el movimiento nazi o fascista y el reaccionarismo franquista, el ejército sublevado no  hacía otra cosa que defender los intereses de la aterrorizada burguesía, frente al peligro revolucionario.
 
            El capitalismo español, no tenía ningún interés en volver a tentar su suerte con una nueva y débil República, cuyas consecuencias ya conocía de sobras, sino que pretendía terminar, de una vez por todas, con el peligro revolucionario. Al contener a la revolución de los comités, el PCE y el PSUC no debilitaban el peligro feudal-fascista, que solo existía en su imaginación, sino que fortalecía a la reacción burguesa que apoyaba, incondicional y entusiásticamente a Franco. Franz Borkenau, una vez más, nos describe a la perfección, la táctica y los objetivos políticos, del PCE y del PSUC:
 
"Los comunistas no se opusieron solamente a la marea de las socializaciones, sino que se opusieron a casi toda forma de socialización. No se opusieron solamente a la colectivización de los campitos campesinos, sino que se opusieron con éxito a toda política determinada de distribución de las tierras de los grandes latifundistas... No solamente trataron de organizar una policía activa, sino que mostraron preferencia deliberada por las fuerzas de policía del antiguo régimen hasta tal punto aborrecidas por las masas. No sólo quebrantaron el poder de los comités, sino que manifestaron su hostilidad a toda forma de movimientos de masas, espontáneo, incontrolable. En una palabra, no obraban con el objetivo de transformar el entusiasmo caótico en entusiasmo disciplinado, sino con el fin de sustituir la acción de las masas, por una acción militar y administrativa, disciplinada, para desembarazarse de aquella" (264).
 
            Los dirigentes comunistas ponían gran énfasis en que la clase obrera y el campesinado pobre no debían "excederse" en sus aspiraciones socializantes. Eso impediría la posibilidad de que las potencias democráticas, Francia y Gran Bretaña, acabasen apoyando a la República, frente a la intervención italoalemana, y empujaría a la burguesía democrática española al campo franquista. Sin embargo, tanto las potencias capitalistas democráticas, como las clases propietarias españolas, no parecían sentir ninguna confianza hacia los llamamientos a la moderación que hacían los dirigentes comunistas, convertidos en sus fieles aliados, ni hacia las masas revolucionarias que seguían haciendo oídos sordos a tales invitaciones.
 
            Los trabajadores, ellos sí, habían formado sus propios organismos de poder local, demostrando su desconfianza hacia la revolución democrática, después de seis años de experiencia republicana, en los que no habían conseguido apenas nada.
 
            Los comités revolucionarios, surgidos de esta revolución sin dirigentes, habían jugado un papel fundamental durante los primeros momentos, ante el derrumbe de las instituciones gubernamentales, evitando el triunfo de los sublevados. Sin embargo, los comunistas oficiales comprendieron rápidamente que los comités expresaban un claro desafío contra la autoridad de la República y su proyecto de "revolución democrático-burguesa", y por lo tanto debían desaparecer lo antes posible de la escena política.
 
            Sin embargo, el choque entre el PSUC y los comités no fue inmediato, sino que se hizo de forma paulatina. Las presiones de Comorera sobre Companys, para que después de las jornadas de  julio la Generalitat se enfrentara a los anarcosindicalistas, cayó en saco roto. El presidente del gobierno autónomo optaría por una vía más lenta, pero más segura. Lluís Companys era consciente de que no contaba con ningún cuerpo armado seguro, ante la rápida descomposición que experimentaban las fuerzas republicanas que todavía le eran  fieles, en contacto con los revolucionarios (265). Durante las primeras semanas, los comunistas del PSUC defendieron la existencia de los comités, aunque subordinados políticamente a la autoridad del gobierno de la Generalitat, lo que era lo mismo que privarles de su contenido revolucionario. Los comités revolucionarios locales, bajo la óptica comunista, debían convertirse en un apéndice gubernamental, a través del cual se reconstruiría su autoridad y se llevaría a cabo una política de contención de la marea revolucionaria. En el proyecto del PSUC, los comités tenían una función contrarrevolucionaria, la de llenar el vacío de poder creado después de las jornadas de julio, hasta la reconstrucción del poder republicano.
 
"Hace falta, por lo tanto, crear por todas partes, estos comités de Frente Único, ya sea democráticamente elegidos en asambleas de fábrica o locales y de barriada, o creando comités de representación proporcional, con el máximo de sinceridad y apartando de todos nosotros, toda clase de reservas mentales".
 
"Y el ligamen necesario entre estos comités constituidos en Barcelona en federación, igual que en toda Catalunya, con el gobierno de la Generalitat, llevaría a Catalunya a una etapa del nuevo orden garantizado en la concordia entre las fuerzas verdaderamente populares, haciendo de Catalunya una tierra libre, de convivencia basada en el trabajo" (266).
 
            La posición del PSUC fue evolucionando con el tiempo, hasta adoptar una postura de decidida hostilidad. Los comités, se  fueron revelando como organismos completamente opuestos a la moderada política del Frente Popular y del gobierno de la Generalitat. Lejos de someterse a su autoridad,  ésta desaparecía ante el poder omnipresente de los comités en las localidades donde éstos habían sido creados. Sin llegar a convertirse en un auténtico Estado obrero, los comités se comportaban en la práctica como tales. A partir de esta experiencia, el PSUC buscó su supresión definitiva.
 
"El comité ha sido una especie de poder confuso, tenebroso, impalpable, sin funciones determinantes, ni autoridad expresa, pero que ejerce con dictadura implacable, un poder indisputado, como un verdadero gobierno" (267).
 
            En contraste con la UGT estatal, que estaba en manos de los   socialistas de izquierda, y que veían con simpatía el movimiento de las colectivizaciones, la central sindical ugetista en Catalunya, controlada por el PSUC, las rechazó de lleno. La UGT catalana propuso, frente a las colectivizaciones y expropiaciones que se estaban llevando a cabo en la industria, en el comercio y en los servicios, la nacionalización de las empresas abandonadas por sus antiguos propietarios, el control obrero sobre la gran industria, y el respeto a las pequeñas y medianas empresas.
 
            El PSUC, como el resto de las organizaciones obreras, también sufrió el efecto de la inadecuación de su programa a las nuevas circunstancias y mantuvo, a menudo, posiciones  improvisadas y contradictorias. La organización comunista  catalana, al igual que el PCE, no contaba con un programa adecuado para enfrentarse a la nueva situación revolucionaria. Con frecuencia, sus llamamientos a la nacionalización de la gran industria y de las propiedades de los partidarios de la sublevación, no pasaron de ser generalizaciones, que habían  sido copiadas de las defendidas por otras organizaciones socialistas y comunistas en otros países (268). Durante las primeras semanas, sus propios militantes, muchos de ellos procedentes del anarcosindicalismo, llevaron a cabo iniciativas que en la práctica nada se diferenciaban de las impulsadas por los libertarios.
 
            El PCE y el PSUC utilizaron en sus campañas, los graves defectos de las colectivizaciones para denigrarlas y desprestigiarlas ante la población, un paso previo y necesario, para exigir posteriormente su nacionalización. El enfrentamiento en los primeros meses era imposible, debido a la gran fuerza desarrollada por el movimiento colectivizador. Era necesario preparar antes, el camino.
 
"...se dice con ligereza, que estamos colectivizando las industrias, cuando lo que se hace es un cambio de propietarios.
Lo que se hace ahora en las industrias es orientarlas hacia un sistema cooperativo de trabajo, con el agravante de que con el sistema colectivizador, cuando hay beneficios, van a cuenta de los trabajadores propietarios de la empresa únicamente y cuando hay pérdidas corren a la Generalitat para que pague los salarios..." (269).
 
            Los comunistas hacían una crítica correcta de los errores que estaba cometiendo, en muchos centros de trabajo, el movimiento colectivista, fruto de la improvisación y de la falta de un programa económico revolucionario. Sin embargo, la alternativa defendida por el PSUC, no era la superación de estos  errores, desde una perspectiva de consolidación de la revolución, sino la supeditación de las colectivizaciones al control del gobierno de la Generalitat. La campaña fue adoptando progresivamente tonos cada vez más virulento. El PSUC aprovechaba la "lentitud" con la que se estaba construía la nueva economía colectivista catalana, consecuencia de los errores de la CNT, de  la improvisación y  de la falta de criterios claros para reclamar el control de la economía bajo un gobierno fuerte, de la Generalitat.
 
            Los comunistas, por lo tanto, no se oponían a las colectivizaciones, al fin y al cabo habían sido necesarias en los primeros momentos de la guerra. El PSUC y el resto de las  organizaciones del Frente Popular no podían oponerse a ellas, por la sencilla razón de que comprendían que era necesario un nuevo   instrumento que debía hacer funcionar las empresas y convertirse en el motor de la nueva economía, después de  la desbandada de los antiguos propietarios. El problema, por lo tanto, no lo constituían los comités, ni las colectivizaciones, sino la independencia que mantenían estos organismos, con respecto a la autoridad del gobierno y de las organizaciones del Frente Popular que lo apoyaban:
 
"Este papel de palancas de la economía, en estos momentos difíciles de la guerra, han de ejercerlos los comités de fábrica, creados a base de la UGT y de la CNT, representando la proporcionalidad del número de sus afiliados..." (270).
 
            Los dirigentes del PSUC comprendieron que su oposición y la del Frente Popular, no habría significado, en aquellos momentos, ningún obstáculo real ante el poderoso movimiento revolucionario que se extendía por todas partes. La táctica a seguir tenía que ser paulatina. Primero era necesario aislar a los comités y a las colectivizaciones de su entorno social. Controlarlos, poco a poco, mediante el chantaje económico, convirtiéndolos cada vez más en un apéndice gestor del Estado, hasta que las circunstancias (el final de la guerra, el triunfo de la República...) permitieran devolver las   propiedades a sus antiguos dueños, como previo pago a la reconciliación y a la puesta en marcha, de nuevo, del proyecto republicano burgués.
 
            El conflicto principal consistía, por lo tanto, en quién debía   controlar a las colectivizaciones: el gobierno republicano del Frente Popular, a quién el PSUC apoyaba decididamente, o los comités y los sectores izquierdistas que pretendían ir mucho más lejos, una vez estuviera aplastada la sublevación militar.
 
            La propuesta era la nacionalización de las colectividades, el control obrero y la dirección del gobierno republicano sobre éstas. El PCE-PSUC  pretendían que las expropiaciones estuvieran limitadas a las propiedades de los que habían apoyado la sublevación. Se oponían a que éstas se extendieran al resto, en nombre de los acuerdos del Frente Popular, y que consideraban indispensable para poder alcanzar la victoria sobre los sublevados.
 
"Hay que vigilar, pero ahora más que nunca, no se puede ser voluble, ni dejarse enternecer por las palabras de los burgueses, tan diferentes de los que pronunciaban anteriormente al histórico día 19, hace falta proceder sin miramientos de ninguna clase, conviene nombrar comisiones de control, no solamente en los talleres y fábricas que tengan más de 50 obreros, como ahora se pretende, y como ya había dispuesto siendo ministro de trabajo, el compañero Largo Caballero, sino también dentro de aquellos en los cuales, por sus características no es posible en estos momentos calcular el número de obreros que tienen para poder formar comisiones de control..." (271).
 
            Los comités de control cumplían, en el proyecto del PSUC, dos funciones. Por un lado se convertían en el mecanismo de seguridad que evitaría la posibilidad de que los patronos pudieran sentirse tentados de sabotear la producción, o que transfirieran sus capitales al extranjero. Por el otro, se pretendía calmar la ola de incautaciones, por medio de una vieja consigna del movimiento, que ya había sido superada por la realidad y por la conciencia de los mismos trabajadores.
            En la cuestión agraria, el Partido Comunista apoyó decididamente la nacionalización de las propiedades de los sublevados,  su parcelación en pequeñas propiedades individuales y su entrega a los campesinos en forma de usufructo permanente. Desde los inicios de la guerra y frente al fenómeno colectivizador, los comunistas oficiales defendieron la fundación de cooperativas campesinas.
 
            La actitud del PCE fue decididamente anticolectivista, en su política   de defensa de las clases medias, frente a las continuadas incautaciones llevadas a cabo por los militantes de la CNT, y en menos medida de la UGT. Esto les permitió implantarse en algunas áreas donde predominaba la pequeña y mediana propiedad. En Levante, el PCE formó la Federación Campesina, que llegaría a agrupar a unos 50.000 afiliados (272) y que fue criticado tanto por la CNT, como por la UGT, por esconder entre sus filas a conocidos elementos derechistas que se habían destacado en el período precedente.
 
"El Partido Comunista -se quejaba un socialista- se dedica a recoger en los pueblos los peores residuos del antiguo Partido Autonomista, que además de ser reaccionarios eran inmorales, y organiza con ellos una nueva sindical campesina, a base de prometer a los pequeños propietarios la propiedad de sus tierras" (273).
 
            El PSUC y el PCE hicieron una firme defensa de los pequeños y medianos propietarios campesinos. Defendieron la posibilidad de que éstos pudieran comerciar libremente sus excedentes agrícolas, sin las limitaciones impuestas y sin la obligación de entregarlos a  los organismos sindicales locales, para su posterior distribución. Se reivindicó también que el campesinado pudiera poseer propiedades mayores que las que pudiera explotar la unidad familiar, o lo que es lo mismo, que  pudieran contratar mano de obra asalariada, para trabajar en aquellas tierras que no   pudieran hacerlo por si mismos.
 
            El 23 de Enero de 1937, se reunió el congreso de la organización campesina de trabajadores de la tierra, afiliada a la UGT catalana. El acto se realizó bajo el lema "¡Menos experimentos colectivistas y más productos!" (274). El sindicato  se opuso decididamente a las colectividades. No por una cuestión de principios, sino de oportunidad. La teoría etapista de la revolución, adoptada por el comunismo estalinista para justificar ideológicamente, su defensa de la República, no permitía experimentos revolucionarios de este tipo.
 
            Los comunistas no dejaron de criticar las colectivizaciones forzosas que protagonizaron algunos sectores anarcosindicalistas. En su política agraria, el PSUC aceptó la existencia de colectividades voluntarias,  bajo la forma de cooperativas de producción. Sin embargo, en la práctica el PCE y el PSUC pusieron toda clase de dificultades a la existencias de éstas, promoviendo en contrapartida, la explotación individualizada de la tierra, mucho más acorde, en sus planteamientos, con la etapa democrático-burguesa que atravesaba la revolución española. La actitud militante anticolectivista del PCE provocó la acusación de Horacio Prieto, secretario del Comité Nacional de la CNT de:
 
"ir a las zonas donde la CNT y la UGT habían establecido granjas colectivas por acuerdo mutuo y de <<atizar la pasión egoísta de cada ser humano, por prometerles ventajas personales a los trabajadores y por excitarles al reparto de una tierra que ya están trabajando en colectividad>>" (275).
 
            Como las colectivizaciones eran un hecho inevitable, debido  a la poderosa fuerza del movimiento revolucionario, el PSUC se mostró partidario de incrementar la centralización de éstas y la intervención técnica, pero cuidándose, por lo menos durante los primeros meses, de no exigir la disminución de su autonomía. El PSUC estaba adoptando la táctica de apoderarse progresivamente del poder político, ante la actitud vacilante de ERC frente a los anarcosindicalistas. Los resortes del poder político de la Generalitat serían utilizados eficazmente para presionar a las colectivizaciones, e ir desposeyéndolas paulatinamente de sus características fundamentales de control y gestión obrera.
 
            De la misma forma que el PCE a nivel estatal, el PSUC, aprovechando los errores que había cometido el anarcosindicalismo con respecto a sus relaciones con la pequeña burguesía catalana, se convirtió en el más firme defensor de los intereses de ésta, desplazando a ERC, que había quedado completamente desarticulada  después de las jornadas de Julio. Resulta revelador el trasvase de numerosos militantes del partido catalanista  hacia el PSUC. La entrada de importantes sectores de las atemorizadas clases medias en la UGT y en el nuevo Partido Comunista catalán se vió acelerada por los decretos, que por iniciativa de la CNT, planteaba la sindicalización obligatoria.
 
            En el mes de Noviembre de 1936, el número de afiliados a la UGT en Catalunya, si creemos en las estadísticas y en las cifras  interesadas, entregadas por las organizaciones, eran de unos 350.000 afiliados y superaba levemente a los del sindicato anarcosindicalista. Tan solo cuatro meses antes, en vísperas de  la guerra, la afiliación ugetista era de apenas unos 20.000 afiliados y solo representaba una décima parte de los que integraban la CNT.  El PSUC, nacido precipitadamente, poco después de las jornadas de julio, con una militancia insignificante, contaba ya, en esos  momentos con 50.000 miembros (276).
 
            Franz Borkenau analiza las causas del fortalecimiento comunista y, en consecuencia, del debilitamiento de la CNT, en el seno de la pequeña burguesía urbana y campesina. El equilibrio conseguido  después de las jornadas de Julio fue roto por los excesos y el terror indiscriminado con el que algunos sectores anarcosindicalistas, golpearon a las clases medias, durante los primeros meses. El resultado fue la creciente hostilidad de la pequeña burguesía hacia la revolución, factor que sería  posteriormente capitalizado por las organizaciones políticas que demostraron ser más eficaces en la defensa de sus intereses. ERC había desaparecido prácticamente de la vida política de muchas poblaciones, y su militancia carecía de la infraestructura y de un proyecto político coherente, con el que enfrentarse a los cenetistas. Elementos que sí tenía el PSUC.
 
            Otro de los factores que cita Franz Borkenau, además del terror,   fue la negativa del anarcosindicalismo a darle al campesinado, una legislación que le asegurara el disfrute de la propiedad recién adquirida (277).
 
            Resulta significativa la composición social de aluvión de las clases medias que pedían el ingreso en la UGT y el PSUC. La nueva militancia, muchos de ellos tenderos, comerciantes, oficinistas, empleados o funcionarios, buscaban un carnet que les diera seguridad en el nuevo orden de cosas. La CNT había menospreciado la importancia política de la pequeña burguesía, y los excesos en la represión, cometidos por los sectores más exaltados del movimiento revolucionario, la habían atemorizado. En Catalunya, el PSUC consiguió organizar a cerca de 18.000 comerciantes, artesanos y pequeños industriales en la Federación Catalana de Gremios y Entidades de Pequeños Comerciantes (GEPCI), adherida a la UGT después de los decretos que obligaron a todas las organizaciones a integrarse en uno de los dos grandes sindicatos. En el GEPCI se integrarían también, en busca de protección, pequeños empresarios conocidos por  las posiciones antiobreristas que habían defendido, antes de la revolución.
 
3.11.3 EL ANARCOSINDICALISMO.
 
            Las primeras proclamas de la CNT no se refirieron para nada, a las incautaciones que estaban llevando a cabo los trabajadores. La huelga que había convocado la CNT, pretendía detener la sublevación militar. La movilización no iba dirigida contra las autoridades de la República. Los cuadros dirigentes estaban completamente convencidos de que la hora de la revolución todavía no había llegado y de que, tras las sangrientas jornadas de Julio, tras la derrota del intento de golpe de estado, todo terminaría con la restauración del orden republicano.
 
            La CNT se encontró, pocos días después de la sublevación, con una revolución política y social que se  estaba desarrollando vertiginosamente en todo el estado. Una revolución con la que los dirigentes cenetistas no habían contado y que les había sorprendido totalmente, tanto por su espontaneidad, como por el alcance y profundidad de los objetivos alcanzados.
 
            Federica Montseny, la misma que se había opuesto, en nombre de los principios libertarios, a que la CNT tomara el poder en Catalunya, para poder extender la revolución al resto del estado, declaró en un mitin en el Teatro Olimpia, a principios del mes de agosto y ante una multitud de 80.000 personas:
 
"...Se nos obliga a ir más adelante de lo que nosotros proponíamos, por el abandono de gran número de industrias necesarias para la reconstrucción económica de la revolución" (278).
 
            Era la misma revolución, la que estaban protagonizando las bases de la CNT, la que tiraba por la borda todo el viejo ropaje ideológico libertario. Los dirigentes de la CNT mostraban una imagen patética, en contraste con el bullicio y la energía que demostraban los trabajadores. La revolución "les obligaba" a ir mucho más lejos de donde se "proponían" llegar. Les "obligaba" a abandonar su tradicional oposición al poder establecido, y los colocaba ante el reto de su conquista. El choque entre los dirigentes cenetistas, desconcertados, llamando a la moderación   a sus propias bases, que estaban dispuestas a   llevar  a  la  revolución, con todas sus consecuencias, hasta el final se iría agrandando cada vez  más. El desconcierto de los dirigentes cenetistas fue adivinado por el, en la práctica, derrocado presidente   de la Generalitat, Lluís Companys, y con posterioridad, también astutamente utilizado para la recuperación de su poder:
 
"Mi tarea es la de encauzar estas responsabilidades por el camino justo, y espero que las masas anarquistas no se opondrán al buen sentido de sus jefes"  (279).
 
            Los buenos deseos de Companys ocultaban su desesperada necesidad de ganar tiempo, para reagrupar a sus dispersadas fuerzas y al Front d'Esquerres de Catalunya. La negativa de los  líderes anarcosindicalistas a tomar el poder en sus manos, era un respiro que Companys y los partidarios del orden republicano, estaban dispuestos a aprovechar.
 
            Los cuadros dirigentes de la CNT, desconcertados por aquella inesperada realidad, al tener el poder al alcance de sus manos, tuvieron que improvisar una decisión política, que ellos presentían, pronto iba a tener importantes repercusiones.
 
"Ante ella se abrían tres posibilidades como resultado de las jornadas de julio: tratar de realizar las ideas anarquistas sobre la abolición inmediata y definitiva de todo Estado, redondear formalmente la destrucción sufrida de hecho por el Estado capitalista, estructurando los elementos del Estado proletario espontáneamente surgidos, o finalmente impedir los progresos de éste último y revigorizar el Estado capitalista prestándole colaboración. La dirección anarquista emprendió este tercer camino. El primero que era el suyo, mil veces alabado en cantos líricos, y el segundo, el del marxismo revolucionario, ni siquiera los intentó" (280).
 
            La abolición del Estado les parecía a los dirigentes libertarios, en aquellos momentos, ante la amenaza de la sublevación militar, frente al peligro de intervención extranjera y con la oposición de las organizaciones del Frente Popular, completamente utópica. Por otro lado, rechazaban la alternativa de la toma del poder, idea que les repelía porque entraba en conflicto directo con sus viejas tradiciones antiestatalistas y por temor a que el aislamiento nacional e internacional, precipitara la derrota.
 
            La dirección de la CNT, confiada en su fuerza, adoptó finalmente una actitud posibilista, sin reparar en las consecuencias que iba a tener para el movimiento libertario, en el futuro inmediato.
 
            Algunos dirigentes que participaron en la histórica decisión de la CNT, de renunciar al poder que los trabajadores, vencedores de las jornadas de Julio, les entregaban, pretendieron justificarla, derivando la responsabilidad a factores externos:
 
"El movimiento libertario se decidió por el único camino que la indiferencia, la inhibición del proletariado internacional le deparaba. Su revolución quiere decir adaptación a las propias posibilidades" (281).
 
            En cualquier caso, la argumentación a posteriori, que da  Juan García Oliver, pretendiendo acusar a la "indiferencia" internacional, de los errores del anarcosindicalismo español se vuelve en su contra. La renuncia al poder de la CNT, se decidió en los primeros momentos del conflicto, donde de la actitud del "proletariado internacional" poco o nada se podía saber. El mismo  García Oliver, autor de estos argumentos, defendió, en aquella situación, la adopción de una actitud completamente contraria a la que tomó el plenario decisorio, y que él ha pretendido justificar.
 
            Mucho más significativa y honesta nos parece en cambio, la confesión de José Peirats, al aceptar que:
 
"En el caso que nos ocupa, pensamos que hubo demasiada prisa en resolver la cuestión del poder, apuro que impidió ver <<la profundidad de la revolución>>..." (282).
 
            José Peirats no hizo otra cosa que reconocer, que la decisión errónea que había adoptado el anarcosindicalismo español,  había sido dictada por la profunda desorientación en la que se encontraban sumidos los cuadros dirigentes y que fueron responsables de la histórica decisión. Los acontecimientos se estaban desarrollando a gran velocidad, desconcertando y superando las expectativas que tenían los organismos decisorios de la CNT. El anarcosindicalismo que siempre había rechazado el poder, se encontraba en aquellos momentos, incapacitado para apoderarse de él. Al fin y cabo, no era suficiente con tomarlo, también era  necesario saber qué había que hacer después con él. Federica Montseny, una de los  principales protagonistas y defensora de la postura mayoritaria en la asamblea decisoria describió a la perfección el clima de perplejidad y desconcierto que reinaba en aquellos momentos decisivos, en el seno de la CNT y de la FAI:
 
"...No pasó por la imaginación de nadie, ni aún de García Oliver, el más bolchevique de todos, la idea de la toma del poder revolucionario. Fue después -agrega Federica-, cuando se vio la amplitud del movimiento y de las iniciativas populares cuando empezó a discutirse si se podía o si se debía, o no, ir a por el todo" (283).
 
            La actitud de la CNT frente a la situación de dualidad de poderes fue la de la espera. Esperar a que final victorioso de la guerra, fuera el comienzo de la segunda etapa de su revolución libertaria.  Mientras tanto, lo importante era consolidar y organizar las conquistas revolucionarias en los centros de trabajo, en las fábricas y talleres colectivizados, en las comunas agrarias... La idea de los cuadros  dirigentes anarcosindicalistas era la de avanzar lo más lejos posible para que, cuando la amenaza de los sublevados se hubiera esfumado, las condiciones revolucionarias fueran completamente irreversibles. Víctima de sus prejuicios antiestatalistas, el anarcosindicalismo se atrincheraba en el terreno económico, despreciando y dejando en manos de sus adversarios, el campo político y gubernamental.
 
            Sin embargo, la renuncia al poder, obligaba a la CNT a coexistir y a aceptar la existencia del maltrecho gobierno de la Generalitat y del gobierno de Madrid. El "ingenuo" argumento de los dirigentes libertarios era utilizar a las autoridades gubernamentales, desprovistas de sus armas, la policía y el ejército, a modo de tapadera legal de la revolución, frente a las potencias europeas.
 
            La justificación de los responsables de esta decisión era tanto más "ingenua", por diferentes motivos. Francia y Gran Bretaña conocían perfectamente la naturaleza de los acontecimientos que se estaban desarrollando en toda la zona republicana y  porque con esta argumentación no podían ocultar que su adaptación al poder tambaleante de la República, se debía a otras razones, su temor a apoderarse de un poder, con el que no sabían que hacer.
 
"Rabassaire cita textualmente lo siguiente: un amigo anarquista que ha leído nuestro manuscrito, ha querido precisar su pensamiento y aquí reproduzco sus palabras: el movimiento revolucionario solo, no es capaz de llevar hacia adelante la guerra. Él se sirve del Estado, que es capaz de llevar adelante la guerra. Él se sirve del Estado, que es un órgano ejecutivo, y a esto lo llamamos fiscalización".
 
            Los comités deciden, el Estado legaliza y ejecuta, en una palabra, es un instrumento técnico. Queremos seguir en la legalidad, y conservar el Estado, sobre todo frente al extranjero y las clases no revolucionarias" (284).
 
            La actitud libertaria reflejaba una ignorancia descomunal del poder y de las dinámicas revolucionarias. Los cuadros cenetistas  sobrevaloraban gravemente su fuerza, convencidos de que su influencia, acentuada después de las jornadas de julio, les permitiría congelar la revolución en las mejores condiciones posibles, hasta después de la guerra. Los dirigentes libertarios no   quisieron tener en cuenta las conclusiones, recogidas por Marx, sobre la experiencia de la Comuna de París, sobre la trampa mortal que había significado para el proletariado revolucionario parisino, creer que la revolución podía limitarse a sustituir a los dirigentes del antiguo régimen. La revolución, solo podía triunfar, destruyendo totalmente el viejo aparato de Estado y   sustituyéndolo por sus propios organismos de poder, que ella había creado.
 
"La Comuna ha demostrado, sobre todo, que la <<la clase obrera no puede simplemente tomar posesión de la máquina estatal existente y ponerla en marcha para sus propios fines>>..." (285).
 
            La incapacidad del anarcosindicalismo para desarrollar su propio proyecto de revolución libertaria, como su renuncia a construir un pseudoestado que encarnara el poder revolucionario de los dispersos comités, les llevó, meses después, a adaptarse al viejo aparato estatal republicano. La ingenuidad de los libertarios al creer que ellos, apoyándose en el movimiento  revolucionario, podrían utilizar al estado, en beneficio de la revolución iban a tener consecuencias trágicas. En la actitud de "colaboración democrática" que había adoptado la CNT en aquellos momentos decisivos, se encerraba la perspectiva posterior que desarrollaría el anarcosindicalismo, y que lo llevaría a su integración en el mismo aparato de estado, que en aquellos momentos se negaba a destruir.
 
"En esta entrevista histórica fueron establecidas las bases de la colaboración democrática. Pero la CNT no podía aceptar todavía su incorporación pura y simple al gobierno autónomo. Pesaban aún sobre ella las tradiciones antiestatales y además se sentía fuerte para imponer una fórmula intermedia a sus colaboradores" (286).
 
            Ignacio Iglesias, dirigente del POUM asturiano, definió  perfectamente la actitud de la CNT catalana como "complejo de superioridad":
 
"Habiendo demostrado su fuerza en las calles, creía que podía hacer lo que le diera la gana, incluyendo seguirles la corriente a sus oponentes políticos. No se daba cuenta de que los papeles estaban trastrocados: en última instancia, sin poder político no gozaría de poder ni en las fábricas, ni en las calles" (287).
 
            Los adversarios de la CNT y de los comités no perdieron el tiempo. Aprovecharon los errores y las concesiones que los anarcosindicalistas se veían obligados a hacer para mantener la "unidad antifascista" y la coexistencia con el aparato de estado  republicano, para ir recuperando terreno paulatinamente, a medida que éstos, presos de su compromisos, retrocedían desconcertados. Cuando los dirigentes de la CNT se dieron cuenta de que la situación evolucionaba en contra de sus previsiones y de sus planes, advirtieron, amenazaron, se retiraron de los gobiernos en los que estaban participando, pero serían incapaces de reconducir una situación revolucionaria que decaía y se les escapaba de las manos.
 
"Debido a nuestra concepción originaria. Desde el momento en que Companys ofreció el poder a la CNT y ésta lo rechazó, la posición de la CNT se hizo trágica. Companys era un político más listo que cualquiera de nosotros. A sabiendas de que no podíamos hacer nuestra revolución total, aceptamos un compromiso y a partir de entonces, cada uno de los partidos políticos se sintió capaz de maniobrar y conspirar contra nosotros". (288).
 
            La impotencia de la CNT, después de su renuncia a apoderarse del poder, implicaba también la imposibilidad de seguir desarrollando la revolución. La decadencia de ésta, pocos meses después, provocaría la aparición, en el seno de la central anarcosindicalista, de una profunda crisis que se manifestaría en la creciente separación entre los sectores colaboracionistas y los que se oponían a cualquier pacto que sacrificase las conquistas sociales conseguidas con la revolución.
 
            Existieron importantes sectores que iniciaron la revisión de sus concepciones tradicionales sobre el poder, la política y el Estado. Existía la conciencia, en muchos militantes libertarios, de que la revolución se les estaba escapando de las manos en favor de los comunistas oficiales y de las organizaciones más derechistas del Frente Popular. Esta revisión de los principios libertarios adoptó diversas formas. Mientras uno tendían hacia la idea de que era necesario tomar el poder y recuperar la iniciativa perdida, otros consideraron que el único camino que podía seguir la CNT en aquellos momentos, era la resistencia y la colaboración con las instituciones republicanas, mientras persistiera la amenaza del ejército franquista.
 
            Sin embargo, la oposición en el seno del anarcosindicalismo no sería homogénea. Un sector se orientó hacia el retorno a los principios tradicionales que su organización había defendido antes de la guerra, acusando al colaboracionismo de la dirección, de ser la fuente de todos los males que amenazaban a la revolución de Julio. Otro sector reflejó la influencia de algunos sectores marxistas, partidarios de la revolución, y que  habían mantenido posiciones políticas mucho más definidas que su organización. "Los amigos de Durruti" fueron acusados por la dirección cenetista de estar infiltrados por el POUM y por los trotskistas.
 
            La Federación libertaria del Baix Llobregat, exigió el final del colaboracionismo y que la dirección de la CNT se reorientara con respecto a la toma del poder, con la creación de un organismo revolucionario, no gubernamental, que se apoyara en los comités locales que existían por doquier. También se mostraron partidarios de aumentar la disciplina y la organización militar de las milicias revolucionarias, pero manteniendo siempre sus características revolucionarias, frente a las voces, cada vez más frecuentes, que exigían la reconstrucción del viejo ejército, bajo el nombre eufemístico de "Ejército Popular".
 
            Las acusaciones que en ocasiones recibió la oposición izquierdista del anarcosindicalismo de infiltración marxista, es a todas luces injusta e injustificada. Sin embargo reflejaba el creciente descontento de importantes sectores de la militancia, que empezaba a cuestionarse el rumbo que había adoptado la dirección. Muchas de las viejas tradiciones libertarias habían quedado completamente quebradas, bajo el impacto de los acontecimientos revolucionarios y de la guerra. La práctica estaba demostrando a muchos militantes cenetistas que algunas de sus viejas concepciones ya no servían para nada. Que las milicias necesitaban una mayor organización y disciplina, si querían vencer a los facciosos. Que era necesario socializar, centralizar y planificar la actividad económica de las colectivizaciones sino querían que éstas acabasen hundiéndose, presas de sus particularismos y  contradicciones, regenerando al viejo sistema capitalista. Y lo que era más importante, que sus adversarios en el bando republicano, estaban aprovechando los resortes del poder, que ellos habían despreciado, para consolidarse y hacer retroceder a la revolución.
 
            La crítica fue, frecuentemente, canalizada a través de la prensa menor del sindicato y por la aparición de nuevos grupos de afinidad, como "Los amigos de Durruti" y su periódico "El amigo del Pueblo", "Ideas", el órgano de prensa de la federación del Baix Llobregat, o "Acracia", perteneciente a la CNT de Lérida.
 
            Sin embargo, no es posible hablar de verdaderas corrientes organizadas en seno de la CNT, como era el caso de las fracciones en las que se encontraba escindido el Partido Socialista.
 
            Para comprender el creciente divorcio entre los cuadros dirigentes de la CNT, partidarios de la "unidad antifascista" con el gobierno y el Frente Popular, y los sectores críticos, mucho más radicalizados e intransigentes, hay que tener en cuenta las dificultades que implicaba, la guerra civil, en el funcionamiento  sindical. Las decisiones "políticas" que adoptó la CNT fueron tomadas, no por las bases, mediante asambleas decisorias, sino por los organismos dirigentes del sindicato, por sus comités nacionales y regionales. El progresivo retroceso al que se vieron empujados por sus adversarios, en plena situación de dualidad de poderes, originó entre los sectores críticos un creciente  malestar por el curso que iban tomando los acontecimientos, bendecido por la política colaboracionista que seguían manteniendo los órganos dirigentes.
           
El desconcierto de la CNT frente al giro revolucionario que había tomado la respuesta a la sublevación militar, estuvo acompañado de una profunda incomprensión hacia los organismos  populares que habían surgido de él. Los organismos surgidos al calor de la revolución de Julio, no formaban parte del esquema libertario que había sido debatido en el Congreso de Zaragoza. Walther Bernecker los considera como una manifestación de tipo consejista, surgida del espontaneísmo y del caos existente durante los primeros días de la revolución (289). Otros historiadores, como Pierre Broué y Émile Temine, los han catalogado como formas presoviéticas, o soviéticas, que reflejaban la  profunda desconfianza hacia las viejas formas del poder  republicano burgués y los deseos de liberación de los trabajadores (290). Podríamos encontrar numerosas definiciones, más o menos parecidas, sobre la naturaleza revolucionaria de estos organismos.
 
            Los dirigentes de la CNT, aferrados a sus viejas ideas antiestatalistas, desarmados ideológicamente para comprender la complejidad de la revolución, atados de pies y manos por sus compromisos con sus circunstanciales aliados, fueron incapaces de comprender  el significado de estos organismos, auténticos embriones de un nuevo estado obrero, que había surgido al margen de la voluntad de los partidos y sindicatos.             Los cuadros libertarios aceptaron la importancia que habían  tenido estos organismos en los primeros momentos, enfrentándose y deteniendo la sublevación. Los comités-gobierno locales, fueron considerados como organismos "provisionales", que tenían que dejar paso a los verdaderos "órganos que han partido del pueblo", los sindicatos.
 
            El anarcosindicalismo defendió la existencia de los comités frente a los que clamaban por su rápida disolución. Los dirigentes cenetistas comprendían que su existencia y desarrollo estaban inexorablemente ligados a la misma revolución. Sin embargo, el rechazo de su esencia más revolucionaria: el embrión del nuevo estado obrero, que debía consolidarse a través de la liquidación de los restos del poder republicano, permitiría que, meses después, en pleno proceso de integración de la CNT en el aparato de estado republicano, aceptaran su disolución y sustitución por los nuevos ayuntamientos. Si se les negaba el carácter de cauce natural de expresión de la voluntad revolucionaria de la población trabajadora, porque esta función correspondía a los sindicatos, su liquidación y sustitución, mientras los libertarios siguieran siendo mayoritarios (en Catalunya, Aragón y en parte de Levante), era poco más que un simple cambio de nombre.
 
"Los comités... -declaraba CNT, el principal periódico libertario de Madrid- son órganos creados por el pueblo, para oponerse a la insurrección fascista... Sin estos comités, que reemplazaron a las administraciones municipales y provinciales, así como a otros muchos órganos de la democracia burguesa, hubiera sido imposible resistir al fascismo. Son comités revolucionarios creados por el pueblo para hacer la revolución... Con esto no queremos significar que España ha de dividirse en cientos de comités desparramados. Deseamos que la reconstrucción de la sociedad española... se base en los órganos que han partido del pueblo, y nos gustaría que trabajaran de acuerdo unos con otros. Nuestra primera intención al defenderlos es impedir el resurgimiento de esos órganos y normas burgueses que naufragaron tan lastimosamente el 19 de julio" (291).
 
            Si los comités revolucionarios eran meros organismos provisionales que tenían que desaparecer, tarde o temprano, era innecesario democratizarlos, convertirlos en la verdadera expresión de los trabajadores, mediante la elección democrática de sus miembros. Tampoco era necesario agruparlos y organizarlos, creando estructuras piramidales de poder, de abajo a arriba. Dicho de otro modo, el anarcosindicalismo, al negar la necesidad de organizaciones de tipo soviético en la revolución española, aunque acabaran defendiendo a los comités de sus adversarios más impacientes, los condenaba al no desarrollo, y por lo tanto a su decadencia y extinción. La defensa de los comités-gobierno, negando simultáneamente, los aspectos más revolucionarios de éstos, tal como hacía la CNT, era un posición política que, con sus matices, fue compartida por los sectores más radicales de la Izquierda Socialista y también por el POUM.
 
"De una Revolución que, a diferencia de la rusa, no tuvo necesidad de crear enteramente sus órganos de poder: la elección de soviets resultaba superflua, debido a la omnipresencia de la organización anarcosindicalista, de la cual surgían los diversos comités de base. En Catalunya, la CNT y su minoría consciente, la FAI, eran más poderosas que las autoridades, transformadas en simples espectros" (292).
 
            Los dirigentes anarcosindicalistas olvidaban que los sindicatos, en el mejor de los casos, solo agrupaban a la parte más combativa y avanzada del movimiento obrero y del campesinado sin tierra. Los sindicatos anarcosindicalistas y socialistas, no constituían el cauce de expresión política de un vasto sector de los trabajadores que, con la revolución de julio, acababan de iniciar su entrada en la arena política. La negativa a desarrollar y democratizar  los comités, dejaba a un importante sector de la población, sin canales para poder expresar sus intereses.
 
            El funcionamiento de la democracia directa, en el seno de las estructuras sindicales, dejaban mucho que desear. La burocratización de unos organismos, hechos para los tiempos de paz, impedía que los comités dirigentes representaran en cada momento, el estado de ánimo de la población trabajadora y sus  continuos cambios de conciencia. Las directrices de las direcciones, frecuentemente chocaron con la oposición y el descontento de las bases, reticentes a la política de compromisos, que ellos veían que iba en detrimento de las conquistas que habían conseguido. Este enfrentamiento larvado entre la dirección y las bases se expresaría, en numerosas ocasiones, en la negativa de los comités de empresa a subordinarse a los órganos superiores de los sindicatos, o a la política marcada por las Juntas territoriales, como fue el caso del Comité Central de Milicias en Catalunya.
 
"La sustitución del estado, por un sistema de comités surgidos unos de otros y vinculados federalmente era, desde luego, consecuente con la concepción post-revolucionaria propia de la CNT y de la FAI. Sin embargo, la relativa autonomización de los comités y su resistencia a dejarse influir directamente por los órganos superiores de los sindicatos reafirmó a los organismos anarquistas y anarcosindicalistas en su rechazo de la aplicación de los principios organizativos de la democracia directa a todos los órganos de poder surgidos de la revolución. El hecho de que no se llegase en España tampoco para un breve plazo al desarrollo de un sistema de consejos más allá de los intentos de organización en los niveles inferiores de la fábrica y de la localidad (a lo sumo de la comarca), ha de atribuirse a la existencia y a la fuerte influencia de poderosas organizaciones obreras que se resistieron a un debilitamiento de su influencia y que procedieron a ocupar en los niveles superiores, violando los principios organizativos de la democracia directa y renunciando a la legitimación por los electores de base, las posiciones en los nuevos órganos de poder por delegación y no por elección" (293).
 
            La CNT rechazaba la idea de convertir a los comités locales en auténticos soviets, argumentando que este tipo de organismos eran completamente extraños a la idiosincrasia de la revolución española. El anarcosindicalismo, junto a otras corrientes   de la izquierda pretendía que el papel cumplido por los soviets en las revoluciones rusas de 1905 y de 1917, y los rätes alemanes en 1919, lo cumplían los sindicatos, en España. Los cuadros dirigentes cenetistas eran conscientes de que la revolución sólo podría triunfar con la unidad de la clase obrera y del campesinado pobre, en todo el estado, y que ésto solo era posible contando con la colaboración de la UGT. El eje de la política cenetista, durante toda la guerra, estuvo centrado en la búsqueda de la unidad entra las dos centrales sindicales. La Alianza  entre ambas debería formar un Consejo (o gobierno) que aseguraría y defendería las conquistas sociales conseguidas y que debía preparar el terreno para la segunda fase revolucionaria, que se iniciaría después de la guerra. Sin embargo, la unidad sindical CNT-UGT nunca pasó del plano teórico y de acuerdos que no fueron llevados a la práctica. La causa eran las fuertes discrepancias que existían entre los proyectos políticos que alentaban las direcciones, de cada una de las centrales sindicales.
 
            Las jornadas de Julio, la sublevación del ejército y el derrumbe de las instituciones republicanas significaron el inicio de una larga y sangrienta guerra civil. Después de los primeros momentos y una vez aplastados los insurrectos en la mayor parte de la península, era necesario extender el movimiento revolucionario hacia los reductos donde los sublevados habían triunfado. La indiscutible victoria revolucionaria y la práctica desaparición de todos los cuerpos armados leales a la República, llevaron a la necesidad de improvisar, urgentemente, una fuerza armada revolucionaria que asegurase la victoria que acababan de conseguir.
 
            Un nuevo ejército de voluntarios, mal organizados y peor armados, se improvisó en pocos días. La experiencia militar de los militantes anarcosindicalistas y del resto de organizaciones obreras era prácticamente nula. Los libertarios, organizados en comités de defensa de barriada, que había estructurado la CNT y la FAI, durante los años anteriores, se habían limitado a los combates callejeros con la policía y con los pistoleros de la patronal. Durante las jornadas de julio, el valor y el entusiasmo revolucionario de los militantes suplió con creces sus deficiencias de armamento y organización, frente a los sublevados. Pero ahora no se trataba de enfrentarse a los facciosos en las calles de Madrid o de Barcelona, sino de protagonizar una  verdadera guerra civil, que los más optimistas preveían rápida, pero que se adivinaba sangrienta.
 
            Las milicias anarcosindicalistas arrastraron tras de si, sus viejos prejuicios antiautoritarios y espontaneístas. La disciplina y la organización militar fueron consideradas como instrumentos del Estado y de los partidos, para poder perpetuar la opresión. Sin embargo, los primeros choques armados y sus sangrientos resultados, llevaron a muchos de sus militantes, a revistar sus tradicionales ideales libertarios. La disciplina y la organización militar eran necesarias para evitar el innecesario derramamiento de sangre de los milicianos. Eran necesarias para aumentar la eficacia de las columnas armadas, frente a un adversario, que estaba mucho mejor armado y organizado.
 
            Buenaventura Durruti, reorganizó a sus milicias e implantó una fuerte disciplina militar, manteniendo simultáneamente la democracia interna y sus características revolucionarias (asambleas de milicianos, elección de los mandos por la base, inexistencia de privilegios y de distinciones entre los mandos y la tropa...). Otro dirigente, Cipriano Mera, que se había burlado en el Congreso de Zaragoza, de las propuestas de García Oliver,  Montserrat y de Francisco Ascaso para formar milicias confederales que pudieran enfrentarse con éxito, a la conspiración militar, preguntándoles de que color preferían el fajín de general, acabó siendo uno de los más firmes partidarios de la disciplina, en el seno de las milicias (posteriormente sería nombrado comandante del IV Cuerpo de ejército del "Ejército Popular") (294).
 
            El anarcosindicalismo que había renunciado al poder y a la instauración del comunismo libertario, después de las jornadas de julio, víctima de sus propias contradicciones ideológicas, apoyó al movimiento colectivizador, en la creencia de que atrincherándose en la revolución económica, se imposibilitaría la vuelta atrás.
 
            Las colectivizaciones, tal como habían surgido durante las primeras semanas de la revolución, no formaban parte del arsenal ideológico libertario, que reclamaba la socialización y el control sindical de la economía. La revolución protagonizada durante las primeras semanas por las bases sindicales, al margen de sus desorientados dirigentes, se desarrollaba por unos cauces que nadie había previsto. Los trabajadores se habían apoderado de las fábricas, sin consultarlo con nadie, siguiendo su propio instinto revolucionario. Las características contradictorias del colectivismo fueron consecuencia de la desorganización y del espontaneismo en el que se desarrollaba la revolución española. A pesar de la acción espontánea  de los trabajadores, éstos siguieron considerando a la CNT como su organización. La que les conduciría, mediante la acción revolucionaria al comunismo libertario. Las colectivizaciones acabarían siendo asimiladas como una correa de transmisión de los sindicatos en la economía revolucionaria.
 
"La colectivización era el intento de crear una federación de municipios libres y de colectividades obreras, cuya organización central debía limitarse a coordinar la producción organizada por los sindicatos" (295).
 
            El anarcosindicalismo tenía que enfrentarse al desbarajuste económico, sin un programa político y económico adecuado para la nueva situación. Las conclusiones del Congreso de Zaragoza se mostraban ahora completamente utópicas e ineficaces. Los cuadros dirigentes de la CNT, obligados por las circunstancias, tuvieron que improvisar una serie de medidas para poder organizar la nueva economía. Esta debilidad teórica de la CNT sería aprovechada por los otros grupos, el PSUC y el POUM, que aunque minoritarios, mantenían posiciones mucho más sólidas.
 
            El hundimiento de los viejos esquemas económicos que había  mantenido tradicionalmente la CNT, fue la causa de la ausencia de un programa unificado. Mientras en   Madrid o en Asturias, los anarcosindicalistas defendían la postura tradicional sobre la "socialización" de la economía bajo la dirección y coordinación de los sindicatos, y el control obrero de las empresas que no hubieran podido expropiarse. En Catalunya la CNT se mostraba partidaria de la colectivización total de la economía y de la entrega de los beneficios obtenidos por las empresas, a un fondo común que debía ser dirigido por el Consejo de Economía. 
 
            El anarcosindicalismo madrileño, minoritario, podía permitirse seguir defendiendo la línea tradicional, pero en Catalunya la CNT  mostraba una patente falta de firmeza frente a la presión y la complejidad de los problemas que planteaba la nueva situación.
 
            La CNT tuvo que enfrentarse a serios obstáculos en sus pretensiones de racionalizar el caos en el que se encontraban las colectivizaciones. Sus planes chocaron con frecuencia, con la resistencia de los comités que no estaban dispuestos a sacrificar sus privilegios, ni a compartir los beneficios de sus empresas  colectivizadas, con las menos rentables. También  encontró una fuerte oposición por parte de la UGT y del PSUC, partidarios de que la industria expropiada fuera nacionalizada y colocada bajo control de un gobierno hostil a cualquier medida que pudiera atentar contra la propiedad privada, que no fuera  la de los sublevados.
 
            En el mes de Septiembre de 1936, un plenario regional de la CNT debatió el futuro de la economía revolucionaria. En el debate se enfrentaron los partidarios de la socialización y los la cooperativización de las empresas. El compromiso final entre ambas corrientes  forjó el nuevo concepto de "colectivización".
 
"Lo que significaba el nuevo sistema era que cada una de las empresas colectivizadas conservaría su carácter individual, pero con el objetivo último de federar a todas las empresas dentro de la misma industria..." (296).
 
            También en la cuestión campesina, la CNT tuvo que corregir sus planteamientos tradicionales, especialmente en lo que se refiere a las relaciones con los pequeños propietarios.
 
"La política agraria de la CNT consistía en colectivizar tanto las fincas expropiadas a los grandes terratenientes como las tierras de los pequeños propietarios" (297).
 
            Tradicionalmente la CNT había minusvalorado el problema. Al fin y al cabo, el comunismo libertario tenía que ser la consecuencia de la abolición del Estado y de la unión libre de todos los productores. La realidad se manifestaba ahora de una forma muy distinta. La mayoría de los pequeños y medianos propietarios del campo se resistían a entregar sus propiedades a la colectivización. Si la realidad no se amoldaba a las ideas, fue la CNT la que tuvo que amoldarse a la realidad.
 
"No se preocupe la pequeña burguesía. Acérquese al proletariado, pueden estar convencidos y percatados que cuando se llegue a abolir la propiedad privada y la facultad de comercio, se implantarán nuevas formas, que de ninguna forma serán lesivas para los ciudadanos que se sientan afectados por las medidas sociales" (298).
 
            Sin embargo los anarcosindicalistas habían perdido un tiempo precioso durante el primer mes de la guerra y de la revolución. La falta de una línea política, madurada con antelación, sobre cuales tenían que ser las relaciones con la pequeña burguesía habían sido la causa de numerosos errores y excesos. Las clases medias habían visto con simpatía la derrota de la sublevación y habían esperado que la revolución los liberase del dominio asfixiante del gran capital, pero no aceptaban la expropiación forzosa  de sus propiedades. La pequeña burguesía se había ido deslizando silenciosamente hacia las organizaciones más moderadas del Frente Popular.
 
            En el Congreso regional de campesinos colectivistas, celebrado en Barcelona, el mes de septiembre de 1936, se acordó respetar a los agricultores individualistas y buscar su integración mediante la demostración de las ventajas que tenía la explotación colectiva de la tierra sobre la individual. La resolución adoptada no evitaría sin embargo, que algunos sectores siguieran llevando a cabo la expropiación forzosa de las pequeñas propiedades, provocando su hostilidad contra la CNT y el movimiento de las colectivizaciones (La Fatarella, Enero de 1937, ver apéndice).
 
            Pese a la actitud de moderación que había adoptado la mayor parte de la CNT en sus relaciones con la pequeña burguesía, las posiciones no siempre fueron claras. Las declaraciones de algunos dirigentes no ayudaban precisamente a tranquilizar a los pequeños propietarios, sobre el futuro que les aguardaba si la revolución triunfaba. En la clausura del Congreso realizado en Valencia, en el mes de noviembre, Tomás Cano Ruiz declaró:
 
"Desaparecida la actual guerra y ganada la batalla al fascismo... suprimiremos la pequeña propiedad, sea cual fuera y como fuera, e intensificaremos y totalizaremos la socialización y la colectivización" (299).
 
            Una CNT completamente desorientada, tuvo que amoldarse empíricamente a la nueva realidad existente e improvisar a partir de ella. La socialización de la economía y el control sindical de ésta, sólo era posible con la toma del poder, y con sus resortes al servicio de la revolución. El anarcosindicalismo español, en nombre de sus principios antiestatalistas, no estaba dispuesto a llevarla cabo. La socialización de la economía quedó en proyecto, pospuesta a un futuro indeterminado, una vez finalizada victoriosamente la guerra civil. El anarcosindicalismo se había encerrado en una trampa, de la que era incapaz de escapar. La debilidad del proyecto cenetista, manifestada por su gran  ductibilidad, fue patente a lo largo del desarrollo revolucionario. Poco o nada tienen que ver, los planteamientos defendidos durante los primeros meses del conflicto y los que acabó asumiendo al final, cuando se encontraba ya, políticamente quebrada. El mismo Horacio Prieto, acabó justificando la evolución que había sufrido la CNT, en el Comité Nacional, realizado en Barcelona, el 6 de Enero de 1938:
 
"Nosotros que ya estamos metidos en el engranaje de la economía política de Catalunya, no podemos negarnos el día de mañana a intervenir también de esa forma dentro del Estado, porque hay relaciones de tipo económico en el Estado que difícilmente los sindicatos podrían llevarlas a cabo directamente... Pero este Estado al que nosotros combatimos antes por ser un Estado del capitalismo, hoy no es el Estado del capitalismo; hoy es el Estado que representa a los trabajadores en mayoría muy considerable sobre la pequeña y media burguesía; y siempre en este Estado y por las formas democráticas de constitución que se le den, tendrá siempre la hegemonía el proletariado..." (300).
 
            Las declaraciones de Horacio Prieto, en un momento en el que el movimiento revolucionario estaba en pleno proceso de liquidación resultaban patéticas. "El Estado que representa a los trabajadores", al que se refería, era el gobierno de Negrín, el  mismo que había marginado a la CNT del gobierno, que  había disuelto por la fuerza de las armas  el Consejo de Aragón, el mismo que había disuelto los comités locales y sometido a las colectividades, el mismo que mantenía a una buena cantidad de militantes libertarios en las cárceles... Las declaraciones del dirigente cenetista no hacían otra cosa que justificar  la progresiva adaptación en la que se encontraban sumidos los cuadros dirigentes del sindicato.
 
            Pocos días después, el 15 del mismo mes, la CNT realizaba un Pleno económico en Valencia en el que hacía una revisión espectacular de su programa: formación un cuerpo de inspectores con capacidad de sancionar a los obreros y a los comités de empresa, aceptaba la desigualdad salarial, la creación de un Banco Sindical Ibérico y de una agencia de sindical de seguros, el desarrollo de cooperativas de consumidores, la centralización administrativa  y la planificación de las colectivizaciones industriales y agrarias, controladas por la CNT por un Consejo Económico Confederal (en ausencia de un órgano similar, de base estatal y sindical).
 
            El contenido de estos puntos programáticos, ponía  al descubierto la profunda revisión del programa tradicional, apolítico y antiestatalista que había defendido el movimiento libertario. Lejos quedaban sus propuestas de centralización sindical de la producción, opuesta a las nacionalizaciones. La CNT, obligada por las circunstancias de la guerra, sin un   claro criterio  con el que enfrentarse a los retos que traía consigo la revolución y sus conquistas (necesidad de una centralización  económica y política, basada en el poder de los comités y de las colectivizaciones, liquidación de los restos del viejo estado...) acabó por abandonar su viejo programa para abrazar muchos de los puntos que habían defendido sus adversarios, los comunistas. 
 
            Incapaces de diferenciar las diferentes naturalezas de un estado burgués, de otro proletario, ellos, que siempre habían colocado un signo igual entre ambos, ahora se convertían sin quererlo, en la quinta rueda del carro de la contrarrevolución republicana.
 
3.11.4 EL POUMISMO
 
            El Partido Obrero de Unificación Marxista, como el resto de las organizaciones obreras había quedado completamente desbancado por la rapidez y profundidad con las que se había desarrollado la revolución de  julio, en toda la geografía republicana.
 
            La inminente sublevación militar había sido denunciada por la mayor parte de las organizaciones de izquierda. De hecho, las maniobras de la conspiración habían sido un secreto a voces. Sólo las autoridades republicanas se habían negado a escuchar, más temerosas del movimiento revolucionario, que de cualquier golpe de estado que pudiera planear el ejército. Sin embargo, hay una sorprendente falta de visión sobre el grado de madurez al que había llegado la situación. Ningún partido ni sindicato fue capaz de valorarla en su justa medida, y por consiguiente, nadie fue capaz de intuir las profundas consecuencias que iba a desencadenar, la respuesta al intento de golpe de estado.
 
            El partido de Nin y de Maurín todavía defendía, en vísperas de la sublevación, la  formación de un gobierno de Frente Popular en el que deberían integrarse el PSOE y el PCE. Este gobierno, serviría, para liquidar definitivamente los restos de las ilusiones democráticas que todavía paralizaban las iniciativas de los trabajadores (301).
 
            Con las jornadas de Julio, el poumismo descubrió, desconcertado, que la República y el Frente Popular se habían convertido, en pocas horas, en una sombra de lo que habían sido poco antes, superados por la iniciativa de los revolucionarios. El POUM había subestimado la madurez de la conciencia de las clases trabajadoras, frente al espejismo del apoyo que éstas habían prestado al Frente Popular. Por consiguiente el poumismo había sido incapaz de prever la precariedad del orden republicano en unos momentos en  los que el choque entre las clases propietarias y explotadas, ya era inevitable.
 
            Si las ilusiones democráticas habían existido, se  habían disipado en el corto período, comprendido entre los meses de  febrero y julio. La conciencia de los trabajadores estaba muy por delante, no solo del programa liberal y moderado del Frente Popular, sino también del defendido por el mismo POUM.
 
            El partido reconoció a posteriori, que la situación revolucionaria ya había madurado en Julio. Durante los meses comprendidos entre las elecciones de febrero y el inicio de la guerra, la situación había evolucionado vertiginosamente. Las masas revolucionarias que habían prestado su apoyo al Frente Popular, orientadas por sus organizaciones tradicionales, comprendieron rápidamente, que el nuevo gobierno republicano de izquierdas, no estaba dispuesto a ser más audaz, ni a ir más allá  de lo que había ido la coalición republicano socialista de los años 1931-1933. Durante este período de tiempo, las escasas ilusiones democráticas que mantenía el movimiento revolucionario, se agotaron por completo. Parafraseando a Lenin, podríamos decir que, "los de abajo" no estaban dispuestos a continuar por más tiempo, viviendo de promesas y de debates parlamentarios estériles, y "los de arriba" no podían seguir viviendo y gobernando, como lo habían hecho hasta entonces. (302).
 
"Los acontecimientos del 19 de julio pillaron al POUM desprevenido. Durante la etapa anterior a las elecciones del Frente Popular se había hecho mucha propaganda, pero no se había planteado seriamente el problema de la apropiación de fábricas y talleres por parte de los obreros... ¿imprevisión?, ¿incapacidad? en cualquier caso, falta de organismos dirigentes políticos y sindicales con clara visión del momento y con fórmulas preparadas para irlas desenvolviendo según las necesidades de cada momento".
 
"Ha faltado agilidad revolucionaria que se ha traducido en la presencia continua de imponderables de toda clase, que han privado de una solución rápida y justa a los problemas. Uno de estos imponderables ha sido la dualidad de poderes entre el gobierno de Catalunya y el gobierno de Valencia" (303).
 
            El folleto mencionado, continúa con la enunciación de otros "imponderables". Sin embargo no menciona el factor más importante. La "falta de agilidad revolucionaria" estuvo causada por la falta de comprensión del momento y del carácter de la revolución española. La declaración política olvidaba, tras los "imponderables" causados por las tensiones entre el gobierno autónomo de Catalunya y el de Valencia, la existencia de otra dualidad de poderes mucho más importante. La que se planteaba entre las autoridades republicanas y la multitud de comités revolucionarios locales. El olvido no era casual. En los momentos en los que se redactaba el folleto, el POUM ya había firmado el decreto de disolución de los comités, y había entrado a formar parte del nuevo gobierno de la Generalitat. El 20 de Julio, cuando todavía no habían terminado los combates, el diario del partido en Barcelona "Avant", hacía público  su programa, que debía  realizarse aprovechando el empuje dado por los trabajadores, con la derrota de los sublevados. La casi totalidad de las consignas  defendidas por el POUM estaban siendo superadas por la realidad. Entre las propuestas políticas, no se hacía ninguna mención de las  numerosas incautaciones que se estaban llevando a cabo, ni de los comités que se estaban formando en la mayoría de pueblos, y en las barriadas de las grandes ciudades. Ni siquiera había una frase sobre la necesidad de la instauración de un estado obrero que superara el orden republicano que acababa de derrumbarse y que había sido incapaz de frenar a la conspiración. La publicación del programa reflejaba la desorientación de la dirección del POUM, que como el resto de las organizaciones obreras, había previsto, la amenaza de la sublevación, pero había errado el momento en que ésta iba a producirse y había sido incapaz de intuir la dinámica revolucionaria que ésta iba a provocar.
 
            Con la aparición de los comités, que se organizaron por sus propios medios y al margen de las viejas autoridades, nacía un nuevo orden económico y social. El POUM comprendió con rapidez el alcance de la nueva situación y el carácter potencial de los nuevos organismos.
 
"Durante un cierto período, los órganos del poder burgués no son más que una sombra. El poder real lo ejercen los comités revolucionarios, que forman una tupida red en todas las regiones no ocupadas por los facciosos" (304).
 
            El 6 de Septiembre de 1936, el POUM celebró un mitin en el Gran Price de Barcelona. En el acto intervinieron Julián Gorkin, del Comité Ejecutivo y Andreu Nin, secretario político del partido:
 
"La clase trabajadora de Catalunya y la clase trabajadora de España, no lucha por la República democrática. La revolución democrática en España hasta ahora no se había hecho. Cinco años de República y ninguno de los problemas fundamentales de la revolución española se habían resuelto. No se había resuelto el problema de la Iglesia, no se había resuelto el problema de la tierra, no se había resuelto el problema del ejército, ni el problema de la depuración de la magistraturas, ni el problema de Catalunya. Y bien, compañeros, todos estos objetivos concretos de la revolución democrática han sido realizados, no por la burguesía liberal, que no lo había podido realizar en cinco años, sino por la clase trabajadora, que los ha resuelto en pocos días con las armas en la mano...".
 
"...La clase trabajadora ha resuelto todos los problemas fundamentales de la revolución democrática. Hoy la consigna <<defensa de la revolución democrática>> no le dice ni le puede decir nada. El 19 de julio, camaradas, se hundieron el feudalismo, el clericalismo y el militarismo español, pero no solamente se hundieron el feudalismo, el clericalismo y el militarismo, sino que se hundió para siempre la economía capitalista" (305).
 
            Andreu Nin defendía lo que era un hecho palpable, que las clases trabajadoras habían tomado en sus manos, las riendas de sus propios destinos, satisfaciendo con sus propios métodos, sus reivindicaciones históricas. La etapa de la revolución democrática, que defendían las organizaciones del Frente Popular, se había agotado en el margen de unos pocos días.     Ante la negativa de los anarcosindicalistas a tomar el poder, el POUM defendió desde el primer momento al Comité Central de Milicias Antifascistas, que se convertía, a sus ojos, en el sucesor de la vieja Alianza Obrera catalana de 1934, y que  contaba con la valiosa excepción, de que en este caso, los anarcosindicalistas no solo no eran contrarios, sino que eran sus principales impulsores. Y era en el seno de este organismo, donde debía resolverse la cuestión del doble poder.
 
            Si en Catalunya, el Comité Central de Milicias tenía que ser la cúspide del nuevo poder revolucionario,  a nivel estatal, el POUM propuso la creación de un organismo similar, que encarnaría la alianza de las diferentes organizaciones obreras y que debería sustituir definitivamente al viejo estado republicano. Siguiendo la tradición juntista de la revolución española, el Comité Central estatal se convertiría en la cúspide del nuevo Estado Obrero. Si la voluntad de la población trabajadora se expresaba a través de sus organizaciones tradicionales, los sindicatos, las Juntas cumplirían el doble papel de organismos de Frente Único y de gobiernos revolucionarios territoriales. Las estructuras soviéticas no tenía razón de ser en la revolución española.
 
            En esta concepción, heredada del viejo maurinismo bloquista,   estaban todos los virajes políticos que iba a realizar el POUM hasta el momento de su ilegalización: la aceptación de la disolución del Comité Central de Milicias, su integración en un gobierno de concentración de la Generalitat, la firma del decreto que declaraba disueltos los comités revolucionarios locales, para sustituirlos por nuevos Ayuntamientos. Si la naturaleza revolucionaria del Comité Central de Milicias había estado asegurado por el bloque CNT-FAI-POUM, entonces no existía ninguna razón para no integrarse en el nuevo gobierno, cuando los anarcosindicalistas ya habían dado su conformidad.
 
            La dualidad de poderes que se desarrollaría en el período posterior a las jornadas de julio fue la consecuencia de la negativa de la CNT y de la Izquierda Socialista a tomar el poder. El POUM, imbuído por su fatalismo histórico, que lo condenaba a jugar un papel de segundo orden en la revolución española, frente a cenetistas y caballeristas, se encontró incapacitado para convertirse en alternativa a las corrientes obreras tradicionales.
 
            Según el testimonio de Juan Andrade, miembro destacado del Comité Ejecutivo del POUM, a su llegada a Barcelona, proveniente  de Madrid, se encontró con que ni la CNT ni su propio partido, planteaban la cuestión del poder. Cuando Andrade redactó uno de los editoriales de "La Batalla" pidiendo la convocatoria de una Asamblea Constituyente de obreros, campesinos, guardias y milicianos, se encontró con una fuerte oposición entre los dirigentes de su propio partido. El POUM, completamente desorientado, defendía en aquellos momentos un programa puramente reivindicativo, que poco o nada tenía que ver con el fenómeno revolucionario que se estaba desarrollando (306).
 
            La crítica es especialmente significativa, porque procede de uno de los dirigentes más destacados de este partido. El manifiesto redactado por Juan Andrade, finalmente fue aprobado y publicado, pero no hubo, por parte del POUM, ningún esfuerzo encaminado a hacerlo realidad. El poumismo, se mostraba incapaz de llevar sus propias iniciativas hacia adelante, si éstas no eran asumidas antes, por la CNT.
 
            El POUM era tan solo, un pequeño partido, con escasa implantación en todo el Estado, salvo en Catalunya, donde su presencia, aunque significativa, quedaba oscurecida por la aplastante superioridad de la CNT. Las estimaciones de algunos historiadores sitúan sus efectivos militantes en unos pocos miles de militantes (El número de sus efectivos solo se conoce de forma aproximada y en ocasiones la cantidad es abultada por los historiadores más próximos a su línea política. Broué y Temine dan la cifra de 3.000 miembros. Félix Morrow considera que la afiliación real era de unos 8.000.   Mientras que Victor Alba, antiguo militante del POUM, menciona 10.000 en junio-julio, 35.000 en diciembre y 70.000 en el mes de marzo de 1937. En cualquier caso, la disparidad de cifras sirven para comprender que el POUM, en vísperas de la guerra, era tan solo una  organización minoritaria) (307). Con el estallido de la situación revolucionaria, la militancia se multiplicó. En el campo de batalla consiguió organizar a cerca de 10.000 combatientes en Aragón y en la zona centro. La FOUS, central sindical minoritaria que estaba dirigida por el sindicalismo poumista, parece que agrupó a unos 60.000 de afiliados, poco antes de fusionarse con la UGT catalana (308). Pese a que las cifras no eran nada despreciables, la importancia numérica de  sus efectivos era reducida frente a la de las corrientes tradicionales del movimiento obrero español. Esta desproporción creó en la conciencia de la militancia del POUM, una especie de complejo de inferioridad política.
 
            El anarcosindicalismo era la organización obrera, hegemónica por excelencia en Catalunya, como lo eran también los socialistas de izquierda en las zonas del estado donde eran mayoritarios. Eran estas organizaciones las que debían dirigir el movimiento revolucionario hacia la victoria. El POUM, víctima de su complejo de inferioridad, se encerraba en un callejón  sin salida del que no sabría como salir. El futuro de la revolución, terminaba por depender, exclusivamente, de los dirigentes de las organizaciones obreras mayoritarias, quedando para ellos, el papel de consejeros.
 
            El POUM se había considerado, desde sus inicios, como una  pequeña fracción del futuro partido revolucionario, que estaría conformado por los sectores más radicalizados y sanos del socialismo, junto a los comunistas oficiales y los sectores menos sectarios del anarcosindicalismo. La evolución de las diferentes corrientes había destruido por completo, la idea inicial. Sin embargo el POUM seguiría manteniendo que el papel dirigente de la revolución española correspondía a las grandes organizaciones. La política del POUM solo era posible, si los dirigentes de la CNT-FAI y de la Izquierda Socialista se avenían a hacerla suya.
 
            La política del POUM durante toda su existencia, expresaría un temor manifiesto al aislamiento y a la marginalidad, si se alejaba de la periferia de las grandes organizaciones . El eje de toda su trayectoria se centró en la pretensión de convencer a los dirigentes anarcosindicalistas para que dirigieran la revolución hasta sus últimas consecuencias, y también de las nefastas repercusiones que iba a tener el colaboracionismo político con los partidarios de la restauración republicana.
 
"...Sin embargo, ¿se hizo lo suficiente para criticar abiertamente estas posturas revolucionarias superficiales ante los militantes de la CNT?".
"<<Creo que a veces así era, porque teníamos miedo de romper con la CNT -explicaba Solano-. Deberíamos haber seguiido una política más dura...>>" (309).
 
            El POUM estaba convencido que el movimiento revolucionario debía tomar el poder. Las conquistas sociales conseguidas sólo podían consolidarse a través de la instauración de un estado obrero que superara a la caduca república. La dinámica de las revoluciones y en particular la de Octubre de 1917, no le era desconocida a Nin, que había permanecido durante largo tiempo en la Rusia revolucionaria de Lenin y Trotsky. El POUM no creía que la situación revolucionaria pudiera prolongarse por un largo período, hasta el final de la guerra. El período de la dualidad de poderes, que se había abierto con el inicio de la guerra era inestable y pronto se decantaría hacia uno de los dos extremos de la balanza, hacia la revolución, o hacia la contrarrevolución republicana.
 
            El eje de la problemática con la que se enfrentaba el POUM, era el hecho de que adjudicara al anarcosindicalismo y al  caballerismo, el papel de timoneles de la revolución española. De esta manera, todo se convertía en una carrera contrarreloj para arrastrar y convencer a los dirigentes cenetistas de que debían tomar el poder político en sus manos para salvar la revolución. En multitud de proclamas, folletos y periódicos del partido, se publicaron llamamientos a favor de la formación de un "gobierno obrero y campesino" y de una "Asamblea Constituyente de delegados obreros, campesinos y milicianos". Sin embargo, la fórmula política utilizada solo podía ser propagandística. Si los dirigentes de la CNT mantenían su línea colaboracionista y se negaban a hacer el giro necesario, el camino del POUM quedaba fatídicamente encerrado en un callejón sin salida.
 
"No creo que la historia del POUM, a partir de ese momento hubiese sido distinta de lo que fue (se refiere a la posibilidad  de que Maurín hubiese podido dirigir el partido, en lugar de Nin), porque estuvo determinada, no por sus posiciones, sino por el hecho mismo de su existencia".
 
"De una cosa se dan cuenta el ejecutivo y los militantes: que si la CNT no toma el poder, no habrá verdadera revolución. Pero la CNT no quiere el poder. Creen que con el poder económico bastará y presenta su renuncia como un gesto de generosidad, cuando en realidad, es sometimiento a prejuicios ideológicos" (310).
 
            El viejo complejo de inferioridad de la Izquierda Comunista y del Bloque Obrero y Campesino, se mantenía en el nuevo partido. Las mismas posiciones políticas que el POUM había adoptado en el período anterior a la guerra, volvían de nuevo a surgir, esta vez con más fuerza, debido a que también las contradicciones de la situación se volvían más explosivas. Esta es la confesión que Ignacio Iglesias le hizo a Victor Alba y esto es lo que reconoce él mismo, cuando habla de que el Comité Ejecutivo del POUM adoptó la actitud de frenar a los sectores más izquierdistas del partido, especialmente a los comités locales de Barcelona, de Lérida y de las Juventudes Comunistas Ibéricas. La dirección del POUM temía alejarse demasiado de la sombra protectora de la CNT (311).
 
            Manuel Cruells expresa admirablemente la actitud "seguidista" que  mantuvo el POUM en el curso de la revolución española:
 
"La actitud de Nin era, dado que su partido no contaba con fuerzas suficientes para tomar el poder por su cuenta, sólo podía entrar en el carruaje triunfante de la revolución, convirtiéndose en aliado de los anarquistas o manteniéndose en el tambaleante Frente de Izquierdas... si se colocaba al lado de la revolución, convirtiéndose en aliado de los anarquistas podría empujar e influenciar en aquella situación revolucionaria, en la cual, al menos, su partido minoritario podría llevar a cabo un papel importante" (312).
 
            El POUM intentó, a lo largo del proceso revolucionario, sin conseguirlo, atraer a la dirección cenetista hacia sus posiciones. Sin embargo, su papel dependiente acabó por convertirse en una encerrona mortal. El retroceso al que se vió   obligada a realizar, la dirección anarcosindicalista, acabó arrastrando al mismo POUM, incapaz de distanciarse políticamente de ésta. Cuando la CNT, presionada por sus adversarios del Frente Popular, retrocedió todavía más y acabó integrándose la Generalitat de Catalunya, y también en el gobierno central, el POUM acabó entrando a regañadientes, detrás de ella, dispuesto a pagar el altísimo precio de apoyar la disolución de los comités y la completa subordinación del movimiento revolucionario al nuevo gobierno catalán de coalición. Todo con tal de no verse aislado.
 
            El viejo proyecto de las Alianzas Obreras había sido defendido en repetidas veces por el POUM, en el período prerrevolucionario. Pero su revitalización había fracasado       por el rechazo del resto de las organizaciones obreras. Sin embargo, las Alianzas   Obreras no eran, en modo alguno, una idea artificial, sino que respondían perfectamente, como ya lo habían hecho en 1934, a las necesidades de la nueva situación. Con el estallido de la guerra y la revolución, surgieron los comités  con una fuerza espectacular, que prueba como estos organismos de frente único, que eran también la encarnación del poder revolucionario, respondían perfectamente a las aspiraciones de los militantes de los partidos y sindicatos obreros. Alianzas Obreras y comités-gobierno, tenían numerosos  rasgos comunes. Sin embargo, los comités expresaban un grado en la conciencia de los trabajadores, mucho más avanzado que la de los períodos precedentes.
 
            De la misma manera que en 1934 con las Alianzas Obreras, los comités revolucionarios locales intentaron salvaguardar su carácter clasista. Frecuentemente los elementos pequeño burgueses de la Esquerra o de Estat Catalá fueron excluidos de los comités, o en cualquier caso, jugaron un papel marginal. El POUM defendió esta  concepción de la "democracia obrera", en aquellos comités donde su presencia era importante. Sin embargo, para el POUM, los comités, como las antiguas Alianzas Obreras, no necesitaban ser democratizados, ni estructurados, para conformar una alternativa  revolucionaria al poder del gobierno de la Generalitat. Los trabajadores expresaban su voluntad por medio de sus sindicatos y de sus organizaciones tradicionales. No existía ninguna necesidad de convertir a los comités revolucionarios locales en verdaderos soviets, al estilo ruso. El mismo Nin, conocedor de la experiencia de la revolución de Octubre, atribuiría la existencia de soviets en este país, a la falta de tradición democrática en la Rusia prerrevolucionaria. En una conferencia en el Principal Palace de Barcelona, celebrada el 25 de Abril de 1937 afirmaba:
 
"En Rusia no había tradición democrática, ni tradición de organización y de lucha en el proletariado. Nosotros contamos  con ella. Tenemos sindicatos, partidos, publicaciones, un sistema de democracia obrera. Se comprende la importancia que tuvieron los soviets. El proletariado no tenía sus organismos propios. Los soviets fueron una creación espontánea que, en 1905 y en 1917, adquirieron un carácter completamente político. Nuestro proletariado tenía ya sus sindicatos, sus partidos, sus organizaciones propias. Por eso los soviets no han surgido entre nosotros" (313).
 
            La afirmación de Andreu Nin contiene algunos errores sorprendentes. Tanto los comités revolucionarios españoles, como los soviets rusos habían surgido de forma espontánea, a través de las luchas del movimiento obrero y de la crisis del poder burgués, en países capitalistas atrasados. Tanto la revolución rusa (1905, 1917), como la española (1936), y lo mismo podríamos decir de la alemana (1918-1919) crearon sus respectivos organismos de poder  (soviets, comités-gobierno, Räte). Sin embargo, la principal diferencia entre éstos, residía en las fuerzas políticas que los impulsaban, o que por el contrario, se oponían a ellos y les cortaban el paso. Los soviets rusos de 1905, sólo pudieron estructurarse y convertirse en auténticos embriones del poder revolucionario, en el momento en el que los mencheviques y los socialistas revolucionarios primero, y los bolcheviques posteriormente, se propusieron impulsarlos. En la revolución alemana, las diferentes fracciones  en las que se encontraba escindida la socialdemocracia, habían participado en los Räte. En la revolución española ocurría justamente todo lo contrario:
 
"Ningún partido ni sindicato se convirtió en el campeón del poder de los comités-gobierno, ni de su transformación en soviets" (314).
 
            Es erróneo, por lo tanto, considerar que las estructuras soviéticas eran ajenas a la revolución española, por el simple hecho de que los comités no acabaran por transformarse, por generación espontánea, en auténticos soviets. El hecho de que los comités-gobierno se hubieran convertido en la indiscutible e indiscutida autoridad en las localidades donde habían sido creados prueba  la naturaleza presoviética de éstos. También es un error, considerar que una de las causas de la falta de estructuras soviéticas en la revolución española se debió a la tradición democrática del movimiento y a que éste contara desde hacía varias décadas con poderosas organizaciones y medios de comunicación. La tradición democrática del movimiento obrero alemán era una de la más vastas de toda Europa. Sin embargo los rätes o consejos, adquirieron características soviéticas mucho más desarrolladas que los comités españoles (estructura piramidal de abajo a arriba, elección democrática de delegados por la población...).
 
            Esta concepción de los comités revolucionarios explica el hecho de que, unos meses más tarde, el POUM aceptara sin grandes reticencias, su disolución y sustitución por los nuevos Ayuntamientos, con una composición más o menos similar. Desde su óptica política, el paso de los comités locales a los gobiernos municipales, se limitaba casi exclusivamente a un simple cambio de nombre, y por lo tanto no parecía ser un precio excesivo por su entrada en el nuevo gobierno de la Generalitat.
 
            Cualquier intento de transformar a los comités en auténticos organismos de poder, sólo hubiera podido hacerse a través del enfrentamiento político con el resto de organizaciones obreras, incluidos los dirigentes de la CNT. Algo que no entraba dentro de su proyecto.
 
            El POUM criticó algunos aspectos de la experiencia colectivizadora, que consideró negativos para la supervivencia de la obra revolucionaria. La falta de planificación y  coordinación de la nueva economía  había provocado el surgimiento de lo que Andrade vino a denominar, como "capitalismo sindical" (315). Muchas de las empresas que habían  sido expropiadas fueron consideradas como mera propiedad privada de los trabajadores de éstas, y no como propiedad social. La existencia de estas desviaciones, sino eran corregidas a tiempo, ponían los cimientos para la restauración del viejo sistema capitalista que habían intentado abolir.
 
            Las colectivizaciones tenían además, otros dos grandes talones de Aquiles: El poder revolucionario se había extendido en el campo económico, pero había evitado el político. La limitación reflejaba la actitud que mantenían las organizaciones obreras  mayoritarias frente a la cuestión del poder. La CNT lo hacía en nombre de sus tradicionales principios antiestatales y las organizaciones que formaban parte del Frente Popular, en el de la "unidad antifascista" que estaba encarnada en el gobierno. La otra gran limitación de la nueva economía colectivista que percibía y criticaba el POUM era el tradicional desprecio que el anarcosindicalismo sentía hacia el dinero y la Banca. Esta infravaloración permitiría a las semiderruídas autoridades gubernamentales, hacerse con el control de los mecanismos financieros, sin encontrar ninguna resistencia.
 
            El POUM reclamó la socialización de la economía colectivizada. La alternativa del "control obrero de los medios de producción", (exigida con posterioridad por el PSUC, como instrumento político contra el movimiento colectivista), pretendía evitar la expropiación de las empresas que no eran propiedad de los sublevados) había sido ampliamente superada  por los trabajadores, al apoderarse de las fábricas y de los centros de trabajo,   para formar las colectivizaciones. Sin embargo, la misma situación exigía que éstas fuesen superadas por un nuevo sistema económico socializado, más sólido y coherente.
 
            En el campo, el programa agrario del POUM mantenía una postura intermedia entre la de la CNT (colectivización y control sindical) y la del PCE (nacionalización y reparto de las tierras entre los campesinos, libre comercio de sus excedentes). El poumismo se manifestó partidario de la socialización del campo y del respeto a los pequeños propietarios. La propiedad de la tierra quedaría en manos de la sociedad, que estaría representada por el nuevo Estado socialista y por los  organismos económicos que surgirían de él, mientras que a los campesinos se les entregaría la  tierra, en calidad de usufructo, sin posibilidades  para poder venderla o traspasarla a otros. De esta forma se evitaría que pudiera iniciarse de nuevo el ciclo de la acumulación de propiedades. Los campesinos elegirían libremente la forma de explotación de la tierra, que más les convendría, con la única limitación de que en el caso de que su elección fuera la individual, solo podrían acceder a la tierra que pudiesen trabajar con sus propias manos, o en unidades familiares.
 
"Socializar la tierra significa ceder a cada campesino la cantidad de tierra que familiarmente pueda cultivar y darle la garantía de que mientras la cultive, los frutos que obtenga le pertenecerán. Lo que no podrá hacer el campesino es vender o arrendar su parcela, porque volveríamos a caer en el mismo defecto de antes: la acumulación de la propiedad" (316).
 
            El POUM se opuso a que la creación de las colectividades  pudiera hacerse forzando a los pequeños propietarios a integrarse en ellas, de forma forzada, por presión o coacción de las milicias o de los militantes revolucionarios. Esta postura ha sido juzgada incorrectamente y de forma  un tanto simplista por algunos historiadores libertarios, que han considerado que el POUM y sus milicias se oponían a las colectivizaciones, o de que no hicieron nada por extenderlas.
 
"... Pero Durruti era consciente de que si esa fuerza no  tomaba en ella la misma coherencia, sería vulnerable a los ataques de las unidades milicianas de tipo marxista, ya que incluso las del POUM se mostraban enemigas de las colectividades" (317).
 
            La prueba está en que militancia poumista también participó en numerosas colectivizaciones, especialmente en Lérida, donde estaba ampliamente implantada (Raimat, Riudoms...).
 
            La relación con  las clases medias, fue contemplada con preocupación, por las consecuencias negativas que podía tener para la revolución, el hecho de que el anarcosindicalismo  mantuviera una actitud confusa y a veces contradictoria. La revolución tenía que privar a la pequeña burguesía del poder político, pero en aras al mantenimiento de su alianza con los trabajadores, sus propiedades tenían que ser respetadas. La expropiación indiscriminada de las clases medias, las precipitaría en manos de los adversarios de la revolución y no haría otra cosa que ponerla en peligro.
 
            El POUM criticó a las organizaciones obreras tradicionales  y en particular a la CNT por haber menospreciado el peso y la importancia de la pequeña burguesía urbana y agraria. Sin duda alguna, fue esta actitud de  temor y menosprecio hacia las clases medias, la causa de los excesos colectivizadores que fueron llevados a cabo, durante el período revolucionario.
 
"Por desgracia en nuestro país, este problema que nos ocupa -la conquista de las clases medias- no ha sido planteado ni puesto a la orden del día por las organizaciones obreras. Precisamente por una concepción falsa respecto a la importancia de esta clase. Puede decirse que una política respecto a la pequeña burguesía, orientada hasta ella, no ha sido realizada -todo lo más- apuntada débilmente, y más que como táctica, para atraerla en tanto que clase, que es lo que interesa, para conquistar individualmente a algunos elementos pequeño burgueses... No ha habido una política estudiada y justamente orientada hacia las clases medias. No la ha habido porque se ha quitado importancia a este problema..." (318).
 
            La postura del POUM pretendía huir de las posiciones extremas. La del anarcosindicalismo que rechazaba a la pequeña burguesía en nombre de una intransigencia supuestamente revolucionaria, y que tendía a identificar a los pequeños  propietarios con los verdaderos adversarios del movimiento revolucionario, los grandes capitalistas y los propietarios latifundistas del campo. Y la postura sustentada por los partidos socialista y comunista, que entregaba la dirección política de la revolución a las organizaciones republicanas de la pequeña burguesía, y por medio de ellas, a los intereses de los grandes capitalistas.
 
            El poumismo defendió  una política de respeto de las clases medias. La supervivencia de la revolución  dependía en gran parte de demostrar que los intereses de la pequeña burguesía no se encontraban en peligro por el avance de la revolución obrera, sino todo lo contrario, que solo ésta, podía preservarla de la ruina a la que la condenaba   de forma creciente, el capitalismo.
 
"Hacer comprender a la pequeña burguesía que la solución a sus problemas y la satisfacción a sus necesidades, el orden y la <<paz social>> a lo cual aspira, solo puede lograrse mediante un cambio de la actual estructura económica... que la clase obrera no aspira a emanciparse a su costa, sino emanciparla a ella misma, librarla del sometimiento en que actualmente se encuentra respecto al gran capital" (319).
 
            Era fundamental atraerse a la pequeña burguesía hacia el movimiento revolucionario, si éste pretendía triunfar. La aplicación de esta línea política privaría a sus adversarios de las bases sociales en las que pretendían apoyarse, transformado   la revolución en una situación  irreversible.
 
            Los excesos colectivizadores contra los pequeños propietarios eran comprensibles en los primeros momentos de la revolución. Pero no era posible convertir esta práctica en parte del plan general, sin correr el peligro de socavar la  misma revolución.
 
"...El paso al socialismo no puede hacerse de esa manera súbita y brusca, anulando las etapas intermedias que es preciso atravesar y realizar. Por eso la clase obrera en el Poder no puede precipitarse a una socialización total y absoluta, sino por el contrario, socializar las ramas más fundamentales y que resulten socializables desde un primer momento" (320).
 
            Sin ninguna duda, la actitud del POUM hacia las clases medias fue mucho más inteligente que la de la CNT. Por este motivo, y durante los primeros meses de la revolución, algunos sectores de la pequeña burguesía iniciaron su aproximación hacia el poumismo, esperando que éste los defendiera de los excesos de los sectores más exaltados del anarcosindicliasmo. Sin embargo, su actitud seguidista frente a la CNT, en contraste con la intransigencia del PSUC, partidario de una política moderada, permitió que fuera este último el que acabara capitalizando el descrédito de ERC.
 
            El POUM se manifestó partidario de una mayor centralización y disciplina de las milicias. Era necesario convertirlas en un verdadero Ejército Rojo, que mejorase la eficacia militar de los combatientes frente al enemigo, con el menor coste de hombres y de tiempo posible.
 
            Tanto el POUM como el PCE se declararon partidarios de la construcción de un Ejército Rojo, al estilo de los bolcheviques. La diferencia entre ambas organizaciones residía en la clase de ejército que consideraban adecuado a la naturaleza de la revolución que se estaba desarrollando. El PCE y el PSUC, fieles a la caracterización democrático-burguesa de la revolución española, adoptaron la estructura del mítico Ejército Rojo, pero adaptándola a un ejército clásico, de naturaleza similar al que acababa de sublevarse (apoliticismo, desaparición de los comités de milicianos, prohibición del derecho de expresión y de organización en sus filas, mandos claramente diferenciados de la tropa, recuperación del viejo Código de Justicia Militar...). El poumismo, al definir la revolución como "democrático-socialista" se mostraba partidario de convertir  a las milicias en un verdadero ejército regular, pero sin que éste perdiera las características revolucionarias y clasistas (democracia interna, igualitarismo entre los mandos y la tropa ...). El POUM llamó a la formación de comités de guardias y de milicianos, que deberían  encargarse de velar por el mantenimiento del orden revolucionario en el seno del nuevo ejército.
 
3.12 CONCLUSIONES SOBRE LAS DIFERENTES ACTITUDES POLÍTICAS EN LA REVOLUCIÓN ESPAÑOLA.
 
            La naturaleza socialista de la revolución española quedó  ampliamente demostrada por el carácter espontáneo del movimiento que la protagonizó y por el alcance y sentido de las conquistas sociales  que llevaron a cabo los trabajadores en el campo y en la ciudad.
 
"El dilema real que ésta implicaba no era el de instauración de una dictadura contrarrvolucionaria o consolidación de la república parlamentaria democrático-burguesa, sino dictadura  contrarrevolucionaria o revolución proletaria , aunque sólo fuera por la simple razón de que la única fuerza capaz de impedir la dictadura contrarrevolucionaria no tenía la más mínima intención de sostener después la república parlamentaria democrático-burguesa" (321).
 
            A estas alturas del debate histórico, la tesis de que la revolución española fue tan solo una "revolución democrático burguesa" queda, no solo en entredicho, sino que no resiste un análisis serio. Si la revolución que estaba en marcha se hubiera limitado a ser "democrática" y "burguesa", la República no se habría hundido, con más pena que gloria; ni su caída habría dado lugar a la multitud de organismos revolucionarios locales que se desarrollaron por todo el territorio donde los sublevados habían sido derrotados y que se constituyeron en el único poder en las localidades donde aparecieron, sin que mediara en ello,    partido o sindicato alguno.
 
"La democracia burguesa se descompone... el simple hecho de que pueda darse una insurrección fascista contra la democracia burguesa, es un síntoma de que sus días están contados" (322).
 
 
            La facilidad con la que el poder republicano desapareció del mapa político; el hecho de que los escasos cuerpos militares y policiales que fueron fieles a la República, se hubieran descompuesto al entrar en contacto con las masas revolucionarias, con la facilidad con la que lo hicieron; la actitud de los  trabajadores al ignorar a las desprestigiadas autoridades gubernamentales y al cumplir con sus propios métodos extraparlamentarios, sus reivindicaciones históricas... Podríamos encontrar muchísimos más ejemplos que nos demostrarían el agotamiento histórico de las instituciones republicanas, que apenas cinco años antes, habían sido recibidas con gran entusiasmo por la mayor parte de las clases sociales españolas.
 
            Algunos historiadores, cercanos a las posiciones que adoptaron los partidarios del Frente Popular y de la "democracia contra el fascismo" han llegado a insinuar tímidamente la caducidad de la República, y por consiguiente, también lo han hecho sobre la verdadera naturaleza de la revolución española.
 
"...El aplastamiento del golpe militar y la defensa democrática habían de comportar, en principio, el fortalecimiento de las instituciones republicanas y la legitimidad del gobierno de la Generalitat, PERO, CONTRARIAMENTE, COMO SI FUESE UNA LEGITIMIDAD FICTICIA, la Esquerra y su gobierno quedaron rodeados en medio de dos enemigos irreconciliables, de los cuales, el ganador, derrotaba al mismo tiempo, a un árbitro sin capacidad para hacerse respetar" (323).
 
            La aparente paradoja que descubre  Miquel Caminal, no era tal. La República se había hundido porque había agotado su capital político, las ilusiones de los sectores más pobres de la población. Y la desaparición de las ilusiones democráticas de los trabajadores también implicaba el final del apoyo que la burguesía había prestado al proyecto republicano, cinco años antes. Poco quedaba para hacerse respetar.
 
            Los historiadores anarcosindicalistas podrían objetar que el contenido libertario de la revolución, amparándose en el papel  fundamental que jugó la CNT y la FAI en ella. Sin embargo y sin menospreciar sus argumentos, hay que considerar que la evolución de los acontecimientos históricos demuestra todo lo contrario.
 
            La revolución española no evolucionó según los cánones que había defendido tradicionalmente la CNT. Por el contrario, el anarcosindicalismo chocó y fracasó frente a una contradicción que afectaba a una de las piedras angulares de su edificio ideológico: el poder. Mientras los cuadros dirigentes de la CNT renunciaban a tomarlo, escudándose aparentemente en sus principios tradicionales (lo que no les impidió violarlos al integrarse en los gobiernos de la República y de la Generalitat), sus propias bases, eran protagonistas de un fenómeno  relacionado con el poder. La autoridad de la República fue sustituida por una miríada de comités que se comportaron, a nivel local, como verdaderos miniestados revolucionarios, y donde los militantes de base de la CNT, jugaron un papel fundamental en su formación y desarrollo.
 
            La evolución que tomó la dualidad de poderes, abierta con el inicio de la guerra civil, nos lleva a la conclusión de que el declive del poder revolucionario de los comités y de las colectivizaciones se dio por la incapacidad de éstos, para estructurarse como el nuevo poder a nivel estatal. Los comités revolucionarios, raramente se coordinaron más allá de niveles comarcales. El obstáculo insalvable contra el que se estrellaron los comités, fue la negativa, por parte de las todas las organizaciones obreras, a llegar hasta el final, construyendo un nuevo poder que sustituyera definitivamente a la República. Este contraste entre la acción espontánea de los trabajadores y la moderación política de sus direcciones, es una prueba inequívoca del carácter socialista de la revolución española.
 
"La teoría marxista que proclama la necesidad de destruir el estado capitalista y de crear un estado obrero basado en relaciones de producción y distribución socialistas de las clases productoras, en posesión de los instrumentos de trabajo, recibió en España, el 19 de julio, la más brillante demostración" (324).
 
            La revolución española que partía de la realidad de un país capitalista atrasado con ciertos resabios semifeudales, legado del subdesarrollo histórico, se inició solucionando con métodos extraparlamentarios, lo que cinco largos años de experiencia republicana no habían podido solucionar. El hecho de que gran parte de las conquistas revolucionarias conseguidas en julio, tuvieran un carácter democrático y no socialista, reivindicaciones que  eran tradicionales en el seno del movimiento obrero, del campesinado y la pequeña burguesía, reivindicaciones democráticas que la burguesía española, durante más de un siglo de "revolución burguesa" se había negado a solucionar, lejos de desmentir el carácter socialista,  no hace otra cosa que confirmarlo.
 
            Las reivindicaciones democráticas de la población trabajadora fueron solucionadas con métodos revolucionarios, que nada tenían que ver con los de la atemorizada burguesía, y que además fueron llevadas a cabo con la oposición de ésta.
 
            Es la clase obrera y el campesinado pobre, con sus comités, los que iniciaron el camino de la revolución, cumpliendo las tareas democráticas que seguían pendientes (reforma agraria, cuestión nacional, excesivo poder político y económico de la Iglesia, ejército al servicio de la represión interna...). Las mismas colectividades que durante las primeras semanas no pasaron de ser simples "cooperativas", al servicio de los trabajadores de las mismas,  por la falta de un programa político que las articulara coherentemente, en un nuevo sistema económico, tendieron inevitablemente a la socialización y a la estructuración.
 
            La revolución que se había iniciado cumpliendo las tareas democráticas más inmediatas, sintió que solo podía sobrevivir transformándose en socialista. Y lo hizo adoptando, multitud de formas (colectivizaciones, nacionalizaciones, control obrero, colectivizaciones agrarias forzosas, voluntarias, cooperativas...), que expresaban simultáneamente, su fuerza (la gran capacidad creativa de las clases explotadas, sintiéndose dueñas de su propio destino) y su debilidad (la falta de un organismo  centralizador de la revolución y la inexistencia de una organización dispuesta a terminar con la dualidad de poderes  para llevarla hacia adelante).
 
            La gran tragedia de la revolución española era que nadie estaba dispuesto a asumir el poder, y a llevar la revolución hasta las últimas consecuencias. En este sentido, la autoridad de los comités locales, aunque fuera de una forma desarticulada, constituía un serio inconveniente para las líneas políticas de los distintos grupos. La dualidad de poderes, expresada en Catalunya, en el seno del Comité Central de Milicias, se expresaría también en la calle, en la oposición que existió entre la autoridad de los comités revolucionarios y las organizaciones obreras del Frente Popular, que apoyaban la reconstrucción de las  viejas instituciones gubernamentales.
 
            El Estado republicano se había hundido, no a causa de la sublevación militar, sino por la respuesta revolucionaria que los trabajadores habían dado. Sin embargo, los dos poderes existentes en la zona republicana, el poder revolucionario y el poder burgués, no se encontraban claramente enfrentados, por lo menos  no a un nivel plenamente consciente, sino  que por el contrario, coexistían. Fruto del acuerdo entre las organizaciones obreras y las instituciones gubernamentales republicanas, el poder de los comités, se limitó a ignorarlas, permitiendo que éstas, agazapadas a la sombra de la revolución recuperaran, poco a poco  el poder perdido. Los obreros revolucionarios armados,   sintiéndose   dueños de la calle y de los centros de trabajo, y vencedores  de la sublevación, se dedicaron a organizar el nuevo orden social, ignorando la autoridad del gobierno.
 
            En Catalunya, el compromiso entre los dirigentes anarcosindicalistas  y el presidente Companys, permitió que la   Generalitat apareciera ante los revolucionarios, no como un adversario político que se preparaba para recuperar su poder, sino como la fachada "respetable" y "legal" que adoptaba  la revolución, ante las potencias extranjeras.
 
            Los comités-gobierno nunca llegaron a convertirse a desarrollarse plenamente como organismos de poder, a la manera  que lo habían hecho los soviets rusos. No porque fueran elementos extraños a la tradición española, como ha sugerido la mayor parte de la izquierda y numerosos historiadores   estudiosos del tema (325). Los comités revolucionarios locales no adquirieron un carácter soviético, porque no existió ninguna organización obrera, dispuesta a trabajar políticamente para que se diera esta transformación.
 
"¿Cómo se puede pretender que los obreros españoles no habían construido soviets? habían construido comités por todas partes, y estos comités habían tomado la industria en sus manos. No hacía falta más que unificarlos, desarrollarlos, y se hubiera construido el soviet de Barcelona" (326).
 
            Desde el momento de su formación, los comités representaron la voluntad revolucionaria de los sectores más concienciados y organizados de los trabajadores. Sin embargo, el grado de democratización de los comités fue muy heterogéneo y varió según la zona y la correlación de fuerzas que existió en su seno. El menosprecio de las organizaciones obreras  impidió el desarrollo de su homogeneidad. Pese a la capacidad creadora demostrada por los trabajadores y por los militantes revolucionarios, los comités no podían superar espontáneamente el obstáculo que significaba el hecho de que ninguna de sus organizaciones estuviera dispuesta a organizarlos y a estructurarlos, con la perspectiva de convertirlos en la base de un nuevo estado o poder revolucionario.
 
            Socialistas y comunistas consideraban que los comités eran organizaciones provisionales, que habían llenado el hueco dejado,  en los primeros momentos, por el derrumbe del Estado republicano.  Sin embargo, los comités  debían  limitarse a mantener el orden interno y organizar la defensa contra los sublevados, para dejar paso al poder restaurado de la República. Anarcosindicalistas y poumistas, los consideraron como simples organismos de frente único entre las diferentes organizaciones obreras, mientras que el auténtico canal de expresión de la voluntad de las masas revolucionarias debían las centrales sindicales y los partidos.
 
            Ambas opiniones condenaban a los comités, por diferentes caminos, al no desarrollo político, y por lo tanto, a su decadencia y a su extinción final.
 
            A diferencia de las dos revoluciones rusas y de la alemana, los comités gobierno españoles no contaron con ninguna organización dispuesta a organizarlos y a democratizarlos.
 
            Los soviets rusos de 1905 y 1917 contaron con el apoyo de todas las organizaciones izquierdistas, incluidas las más reformistas. En la revolución alemana, socialdemócratas, socialdemócratas independientes y espartaquistas, coexistieron en el seno de los Räte, con orientaciones distintas.
 
            La participación en la revolución rusa y alemana de las organizaciones obreras más reformistas, no significa, en modo alguno, que éstas apoyasen la transformación de los soviets o Räte, de organismos de frente único, a órganos del poder revolucionario. Por el contrario, aspiraban a convertirlos en soportes "populares" de los viejos poderes establecidos. El ejemplo más significativo de esta actitud dual de las organizaciones reformistas, la encontramos en Friedrich Ebert, que  fue simultáneamente, canciller del Reich (el poder burgués) y presidente del consejo de los comisarios del pueblo (el poder obrero).
 
            La participación de la izquierda en los consejos los  potenció, hasta convertirlos en una auténtica alternativa frente   a las instituciones gubernamentales tradicionales.
 
            Sin embargo, ninguna de estas características se dio en la revolución española. Aunque los comités revolucionarios se   habían formado espontáneamente, por la acción de la militancia de las organizaciones obreras, sus direcciones políticas mantuvieron una actitud que fue, desde la incomprensión más absoluta de su naturaleza hasta la franca hostilidad. Este fue uno de los rasgos más peculiares y significativos de la revolución española, la absoluta espontaneidad que existió en la aparición de los comités-gobierno.
 
            Es más que probable, que la experiencia de lo que habían sido los soviets rusos y los Räte alemanes, pesara en las actitudes que adoptaron las organizaciones obreras en España. Especialmente en lo que se refiere a las que mantuvieron una actitud hostil: las organizaciones obreras que estaban adheridas al Frente Popular.
 
"¿Porqué, pregunto, no han sido creados soviets propiamente dichos (como en Asturias en 1934), constituidos con diputados elegidos democráticamente por los obreros en las fábricas? porque estamos dedicados a los problemas de orden militar, es la respuesta, que no me suena muy convincente... quizás el PSUC desea que las cuestiones militares reciban plena atención, pero es obvio que esto no interesa a la CNT. Quedo limitado a mis deducciones. Es la CNT quien está en posición de decidir si deben o no crearse soviets. Si no los hay, es probablemente porque la CNT no los quiere, si los quisiera, la UGT no podría impedírselo. Y deduzco que la actitud de la CNT se explica quizás por el hecho de que mantiene el control de las fábricas a través de sus poderosas organizaciones sindicales y unas elecciones de tipo soviético no contribuirían en nada a su poder, sino que inevitablemente, darían a los demás partidos, la oportunidad de probar su fuerza en las fábricas" (327).
 
            La potenciación de los comités no podía hacer otra cosa que poner en peligro la alianza que se había formado entre todas las organizaciones obreras, incluido el anarcosindicalismo y el poumismo, con los republicanos.
 
            El debate sobre "Guerra o revolución", es decir, sobre si antes se debía ganar la guerra, o no, para hacer después la revolución era en realidad, una polémica falsa. Todas las organizaciones obreras, desde diferentes ángulos, se mostraron partidarias de ganar primero la guerra. Ninguna de ellas defendió de forma  coherente y en la práctica, la necesidad de convertir  la guerra y la revolución, en una misma cosa: "la guerra revolucionaria" (328).
 
            Rudolf de Jong, diferencia cuatro actitudes diferentes entre las distintas fuerzas políticas que componían el campo republicano:
 
1. Los partidarios de salvar la revolución, ganando primero la guerra, para continuarla después, una vez desembarazados del principal enemigo, los militares sublevados (los libertarios y el POUM). Mientras la situación perdurara era necesario salvar al máximo las conquistas revolucionarias. La incompatibilidad entre éstas y el mantenimiento de la alianza con el Frente Popular los arrastraría, en detrimento de las primeras, hacia la liquidación de la revolución.
 
2. Los que consideraban que era necesario terminar con la revolución y restaurar el estado republicano-burgués para poder "terminar" la guerra. La palabra  utilizada "terminar", es  fundamental para poder comprender la actitud de los republicanos.  Los partidarios de esta opción se manifestaron muy pronto por la negociación con los sublevados. La negociación hubiera significado el fin de la guerra y también de la revolución. El problema de los republicanos era que, completamente barridos de la escena política, eran incapaces de imponer su política. Ni la revolución, ni la reacción, enfrentadas a muerte, estaban dispuestas a ceder.
 
3. Utilizar la guerra para destruir la revolución y ganar el poder (de Jong sitúa en esta posición al PCE y al PSUC). Sin embargo y como ya hemos explicado en capítulos anteriores, el objetivo del poder, está más que cuestionado. Stalin no estaba dispuesto a que el PCE-PSUC pudieran llegar al poder. La sección española de la Komintern no era más que un peón en el tablero de ajedrez de las alianzas internacionales. Un peón que estaba dispuesto a sacrificar en el momento oportuno, para alcanzar sus principales objetivos políticos: evitar a toda costa el aislamiento de la URSS y la posible alianza entre las potencias capitalistas democráticas y fascistas.
 
4. Finalmente, Rudolf de Jong, sitúa a las diferentes fracciones del Partido Socialista, que nunca llegaron a mantener una postura homogénea. Cada tendencia socialista hacía suya, cualquiera de las tres posiciones citadas anteriormente. Largo Caballero, mantenía una posición ambigua, y coqueteaba con los libertarios. Prieto coincidía por completo con los republicanos (lo que le valió en numerosas ocasiones, la acusación de derrotista). Alvarez del Vayo, estaba próximo a las tesis comunistas (329).
 
El debate real era otro muy distinto. Las fracciones socialistas de derecha y el Partido Comunista se mostraron partidarios de hacer retroceder a la revolución hasta el punto de que ésta no rebasase, ni pusiese en peligro, el proyecto republicano. Esto equivalía a pretender su liquidación (los calificativos de "democracia de nuevo tipo" o "República social avanzada" no eran más que formas para adornar la idea de mantener la República burguesa, objetivo que chocaba con los deseos de la militancia).
 
La aspiración de los libertarios, y de una forma más ambigua, de la Izquierda Socialista, era otra muy distinta.  Había que mantener la dualidad de poderes, aplazar su desenlace hasta el final de la guerra, manteniendo mientras tanto, la imagen de respetabilidad y de legalidad republicana, frente a las potencias democráticas, pero conservando en las mejores condiciones posibles, las conquistas revolucionarias logradas.
 
"Nada de comunismo libertario, primero hay que aplastar al enemigo dondequiera que esté" (330).
 
            Sin embargo, y a pesar de las pruebas de moderación política  demostradas por la dirección cenetista, las bases continuaban empeñadas en llevar a cabo la revolución, con el consentimiento, o sin él, de sus dirigentes. Fueron las iniciativas de los militantes de la CNT, la que acabaron por arrastrar a los desconcertados dirigentes. Con esta situación de hechos consumados, los líderes libertarios tuvieron que desarrollar una política contradictoria: colaborar con el Frente Popular que pretendía restaurar la República, apoyándose en el poderoso movimiento revolucionario que se estaba desarrollando  y que objetivamente era incompatible con  los restos del viejo estado.
 
            Sin embargo, la unidad política tenía un precio, que  los adversarios políticos de la revolución estaban dispuestos a cobrar. En aras de la "unidad antifascista" la CNT tendría que aceptar, poco a poco, la liquidación de las conquistas de Julio, provocando la desmoralización de sus  bases y la liquidación, no deseada, de la revolución.
 
            La pretensión de mantener la situación revolucionaria, apoyándose en el inmenso poder que la CNT había adquirido  en la calle, se rebeló pronto como una ilusión, de desastrosas consecuencias. La influencia conseguida sólo podía mantenerse consolidando el poder adquirido, organizando a los comités locales en una auténtica estructura de poder, articulándolos en torno a un programa político que diera satisfacción a las reivindicaciones históricas de los trabajadores y del resto de las clases populares.  Era necesario acabar, de una vez por todas, con los restos moribundos de las instituciones republicanas, que habían sido incapaces, tanto de realizar una "revolución democrática", como de prevenir la sublevación militar. De otra forma los partidarios de la restauración republicana, irían recuperando paulatinamente el poder perdido, amparándose en la actitud vacilante de los dirigentes anarcosindicalistas.
 
            La situación que la CNT pretendía mantener hasta el final de la guerra, se manifestaba altamente inestable. La dualidad de poderes evolucionaba rápidamente hacia uno de los dos extremos políticos, sin que los dirigentes de la CNT pudieran   hacer nada para evitarlo. Cada paso que daban sus adversarios, en la reconstrucción del viejo orden, chocaba con la resistencia de los comités y de los sectores revolucionarios de la población.
 
            Los dirigentes libertarios, con su pretensión de mantener la situación y evitar que ésta derivara hacia ninguno de los dos extremos, tenían que ceder cada vez más, para preservar el compromiso con sus aliados forzosos.
 
            El POUM aunque defendía la necesidad de avanzar hacia la instauración del socialismo y la dictadura del proletariado, en la práctica acabaría dejándose arrastrar por el enorme peso del anarcosindicalismo, negándose a separarse de su sombra protectora.
 
            Incapaz la revolución española de ir más allá de donde había llegado espontáneamente, inició su decadencia. La guerra revolucionaria se reveló como un proyecto imposible, al no ser defendida por ninguna organización, y dió paso, cada vez más, a una guerra tradicional. Una vez perdido el contenido social revolucionario, la guerra se decantaría inevitablemente, hacia el lado militarmente más fuerte, el ejército de Franco.
 
            Ante la comisión Dewey, León Trotsky, el creador del Ejército Rojo, reflexionó, a partir de sus experiencias en la guerra  civil rusa, sobre cuales eran las verdaderas claves que iban a  decidir la derrota o la victoria de la revolución española:
 
"Durante los tres años que ha durado nuestra guerra civil, la superioridad del arte y de la técnica militares estaba con frecuencia del lado del enemigo, pero, finalmente, fue el programa bolchevique el que consiguió el triunfo. El obrero sabía muy bien por lo que se batía. El campesinado dudó largo tiempo, pero habiendo comparado por experiencia ambos regímenes, sostuvo finalmente el campo bolchevique".
 
"En la guerra civil, incomparablemente más dura que una guerra ordinaria, la política domina la estrategia...".
 
"Las reformas sociales audaces representan el arma más  potente en la guerra civil y la condición fundamental de la victoria sobre el fascismo" (331).
 
            El declive revolucionario, consecuencia de la liquidación  de las conquistas sociales  conseguidas, arrastró tras de si a todo el campo republicano, incapaz de recuperar el entusiasmo  inicial. De forma trágica, la derrota republicana demostraría que, revolución social y guerra, iban inevitablemente unidas.
 
"Según la opinión coincidente de testigos presenciales extranjeros y de numerosos dirigentes sindicales, la disposición a la acción y al sacrificio de los obreros (sindicalmente organizados) -elemento éste imposible de medir cuantitativamente, pero en cualquier caso decisivo para un desenlace victorioso de la guerra- cedió en la misma medida en que los objetivos bélicos del gobierno republicano perdían el contenido social del programa auspiciado por los trabajadores... En el curso de la guerra civil esto generó... una creciente desilusión e indiferencia cuyas consecuencias sobre el esfuerzo militar no cabe infravalorar." (332).
            El POUM, repitiendo el viejo esquema maurinista, consideraba a las Juntas, como las herederas de las viejas Alianzas Obreras de 1934. La concepción anarcosindicalista de la revolución había arraigado profundamente en la orientación del POUM. También para ellos, la democracia obrera y las aspiraciones de los trabajadores se transmitía a través de las organizaciones obreras que integraban las Juntas, especialmente los sindicatos mayoritarios como eran la CNT y UGT. Convertir las Juntas y los comités en verdaderos soviets era pretender introducir un  cuerpo extraño en la revolución española que no podía prosperar. Andreu Nin consideraba que los soviets rusos de 1917 aparecieron para llenar el vacío que ocasionaba la falta de tradición democrática del movimiento obrero en aquel país (debilidad de las  organizaciones obreras de masas). En cambio, para Nin, España contaba con una gran tradición democrática del movimiento obrero que estaba concretada en la existencia de dos poderosos sindicatos obreros, la UGT y la CNT. (134).
 
            
 


4. EL COMITE CENTRAL DE MILICIAS ANTIFASCISTAS DE CATALUNYA
 
4.1 ORÍGENES Y FORMACIÓN DEL COMITÉ CENTRAL DE MILICIAS ANTIFASCISTAS DE CATALUNYA
 
            El pacto acordado entre Companys y los portavoces de la CNT, por el que los anarcosindicalistas renunciaban a aprovechar su indiscutible triunfo para tomar el poder, y que permitía al primero, continuar en su puesto de presidente de la Generalitat de Catalunya, tuvo como consecuencia, la formación de un nuevo organismo de colaboración entre ambas partes, las organizaciones afectas al Front d'Esquerres (El Frente Popular en Catalunya) y la CNT, la FAI y el POUM. Este organismo, concebido de forma muy distinta por ambas partes, se constituyó rápidamente en el único poder con autoridad en toda Catalunya.
 
            Las versiones sobre los orígenes y las circunstancias que  se dieron, en los momentos de formación del Comité Central son variadas y confusas. Al parecer, el acuerdo no fue bien recibido por algunos sectores del Frente Popular, en particular por el recién formado Partido Socialista Unificado de Catalunya, que   adoptó una postura beligerante ante el "inesperado" triunfo anarcosindicalista en toda Catalunya, y se mostró partidario de reforzar al máximo el gobierno de la Generalitat de Catalunya, organizando rápidamente una fuerza militar, a su servicio.
 
"Comorera propuso la creación de oficial de las milicias de la Generalitat en una reunión del Frente Popular con el presidente, el 21 de julio (asistieron Comorera (USC), Valdés (PCC), Vidiella (PSOE), Cussó (PCP), Peypoch (AC) y Faustino Bellvé (ERC)... disuelto el ejército por el gobierno de Madrid, la debilidad de éste, obligaba a las provincias y a las nacionalidades españolas a suplir el estado en ruinas y a resolver con sus exclusivos medios los conflictos que se les planteaban. Aceptose por unanimidad, la propuesta de Comorera y se le encargó la redacción del oportuno decreto".
 
"...sin oponerse por la fuerza a lo que sucede, usted,  presidente, debe asegurar un orden revolucionario y prestar apoyo a la formación de unidades combatientes que dependan de la Generalitat, con el fin de asegurar un frente sólido... pronto dispondremos de una fuerza militar y de un movimiento obrero-campesino político y de clase recuperado y lo bastamente vigoroso para defender la economía en la retaguardia y hacer la guerra y no la revolución que, de momento, no es una meta" (333).
 
            Independientemente de la escasa rigurosidad histórica que reflejan los escritos de Benavides, (se contradice en el número y nombre de  los asistentes a la reunión, con la versión que se da  en "Guerra y revolución" tomo I, obra colectiva del PCE, (334)), de ellos podemos extraer la división y la desorientación que había provocado el estallido de la revolución en el seno del Front d'Esquerres. La postura de Joan Comorera representaba la de la mayor parte de los grupos que participaban en la reunión, todos salvo Peipoch, miembro de la minúscula Acció Catalana y Bellvé, que pertenecía al mismo partido que Companys. El resto  de los grupos estaban ya, prácticamente fusionados en el nuevo PSUC. Sin embargo, la postura de Comorera se estrelló con la actitud de prudencia que había adoptado el presidente de la Generalitat,  consciente éste, de que cualquier precipitación podría ser considerada como una provocación por los verdaderos triunfadores de las jornadas y desembocar en la liquidación definitiva de la Generalitat y del Front d'Esquerres.
 
            La CNT y la FAI, eran los auténticos e indiscutibles dueños de la situación, y aunque los dirigentes anarcosindicalistas habían dado seguridades a Companys de que no estaban dispuestos a tomar el poder, sus militantes eran los auténticos dueños de la calle. Las fuerzas militares y policiales que se habían mantenido fieles a la República y que habían combatido contra los sublevados, estaban en franco proceso de disolución, en contacto con la marea revolucionaria. Cualquier acción, por parte de la Generalitat, que no contase con el visto bueno de los anarcosindicalistas podía ser considerada una maniobra hostil.
 
"Era prácticamente imposible restablecer la disciplina general y la de nuestras fuerzas de Orden Público y hasta la  de la guardia civil, que embriagadas por el entusiasmo, se habían contagiado del ambiente y en mangas de camisa tripulaban también los camiones abanderados y con carteles de las organizaciones, entre las cuales predominaban las inscripciones <<CNT-FAI>>", (335).
 
            Por otro lado, Lluís Companys era perfectamente consciente del escaso poder de convocatoria que su gobierno y el Front d'Esquerres, tenían en aquellos momentos de euforia revolucionaria.
 
            El presidente de la Generalitat se mostró partidario de extremar la prudencia y de ganar tiempo para aprovechar la indecisión de la que había hecho gala el anarquismo y situarse en las mejores condiciones posibles en el camino hacia la recuperación del poder. Esta actitud, considerada como vacilante fue duramente criticada por los dirigentes del nuevo partido unificado, defensores de una política más firme frente a los triunfadores de las jornadas de julio.
 
"Companys acaba de cometer el error más grave de su vida política. El recuerdo de los muertos que han expirado con su nombre en los labios, el tumulto desordenado y patético de los barceloneses y las primeras manifestaciones de una revolución que, a pesar de su desorden y de su patetismo, nacía sobria y virtuosa, lo desorientaron. El Presidente sólo fue un eco del ruido callejero al dirigirse a los anarcosindicalistas que acudieron a su despacho con la victoria caliente en las manos, como una presa de su exclusiva pertenencia" (336).
 
"No se habló más del decreto y Companys aprobó el proyecto de un Comité de Milicias Antifascistas sugerido por la CNT-FAI y apoyado por el POUM".
 
"...Se aceptó y ocurrió lo inevitable: desapareció la autoridad del Gobierno, suplantada por la del Comité Central de Milicias. La dualidad de poderes dificultaría los trabajos de organización" (337).
 
            Si nos atenemos a la versión que nos da Manuel D. Benavides, el Comité Central de Milicias Antifascistas habría sido una propuesta de los anarcosindicalistas,   que habría sido aceptada a regañadientes por Companys y por los partidarios del Front d'Esquerres. La teoría sobre el origen libertario de la propuesta  ha sido compartida por algunos testimonios políticos de la época (338).
 
            Sin embargo, hay muchas otras versiones, que nos parecen mucho más realistas. Cruells defiende la teoría de que, en realidad, la idea de la formación de un Comité Central de Milicias Antifascistas, procedió, no de los anarcosindicalistas, sino del mismo Companys. La posibilidad de que la CNT y la FAI se integraran en un gobierno de coalición, junto al POUM y el resto de las organizaciones del Front d'Esquerres fue rechazada por los primeros. Cualquier participación gubernamental de la CNT,   en aquellos momentos, era prematura y chocaba, todavía, con la resistencia ideológica de sus militantes.
 
"...El presidente Companys cree todavía factible una continuidad del Frente Popular catalán, en el cual se integrarían los anarquistas, pero éstos no aceptan esta vieja forma de poder, en la cual ellos quedarían totalmente diluidos, y aceptan en cambio, la formación de un Comité de Milicias, también propuesto por el presidente Companys, que tendría como finalidad, orientar toda la vida de Catalunya, profundamente trastornada a causa de la sublevación militar...".
"Los anarquistas aceptaron la creación de un Comité Central de Milicias, <<en tanto que organismo popular que asuma la dirección económica, militar y política de la vida catalana>>..." (339)
 
            La versión de Manuel Cruells, compartida por otros muchos historiadores y testimonios de la época, parece más exacta (340). La misma actitud pasiva de los portavoces de la CNT, y el desconcierto que reflejó la asamblea decisoria histórica, en la que el anarcosindicalismo renunció al poder, en contraste con la de Lluís Companys, que intentaba conseguir un respiro para poder reorganizar las dispersas fuerzas de la Generalitat, parece avalarlo.
 
            Aunque los libertarios se habían negado a tomar el poder, la CNT era, de hecho, la dueña de la Catalunya revolucionaria. La opción adoptada de "colaborar" en el Comité Central de Milicias, les permitía ejercer el poder, sin necesidad de  renunciar a sus principios antiestatalistas y sin tener que asumir la responsabilidad del mismo.
 
            Por otro lado, Manuel D. Benavides da una versión errónea, también en otros puntos. No es cierto que el decreto aceptado por unanimidad por los asistentes a la reunión de Lluís Companys, con las organizaciones del Front d'Esquerres, por el cual debían formarse milicias al servicio de la Generalitat no fuese redactado. Los planes del gobierno autónomo catalán, para constituir una fuerza de milicias, bajo su mando, fueron publicados en forma de tres decretos, en el Butlletí de la Generalitat, el día 22 de julio. En el primero se constituían las "milicias ciudadanas por la defensa de la República", que sustituiría al viejo ejército que había protagonizado la sublevación. En el segundo, se nombraba a Enric Pérez Farràs, como jefe de estas milicias y en el tercero, se escogía a Lluís Prunés Sató, conseller de la Generalitat, como comisario de Defensa, que sería el encargado de organizarlas.
 
            El problema no es, como afirma sorprendentemente Manuel  D. Benavides, que la presión de los anarcosindicalistas hiciera que Lluís Companys desestimara la idea, sino que la situación política, convertía los decretos del gobierno de la  Generalitat, en papel mojado:
 
"Un intento que de hecho, no pasó del papel oficial de la Generalitat, ya que los anarquistas reaccionaron enseguida en contra" (341)
 
            Paralelamente, la propuesta de Lluís Companys, para formar un organismo de colaboración de los anarcosindicalistas y el POUM, con el gobierno de la Generalitat y las organizaciones del Front  d'Esquerres, pretendía anular políticamente a la CNT, y convertir su triunfo, en una fuerza de apoyo al gobierno autónomo. Con unas milicias bajo el mando la Generalitat, y un Comité Central de Milicias, convertido en un apéndice auxiliar de su gobierno, Companys pretendía recuperar el control de la situación, y por lo tanto del movimiento revolucionario. Sin embargo el tiempo trabajaba en aquellos momentos, en contra de sus planes. La revolución que se había iniciado espontáneamente con los combates, iba a frustrar sus planes.
 
            Lluís Companys había interpretado erróneamente la renuncia de la CNT al poder, considerándola como una oportunidad histórica para recuperar el control de la situación. El anarcosindicalismo no iba a dejarse arrebatar el triunfo, especialmente, cuando la revolución que se había iniciado, espontáneamente, con  los combates, se estaba radicalizando rápidamente y llegaba, cada vez más, a todos los rincones de Catalunya, creándose comités revolucionarios en la mayor parte de las localidades y donde las grandes propiedades de la burguesía  estaban siendo incautadas por los trabajadores, sin esperar órdenes de sus organizaciones.
 
            Junto a los decretos sobre la formación de las "milicias ciudadanas", la Generalitat publicó otros dos, en los que se convertía al Comité de Milicias, propuesto a los libertarios, en un simple "Comité de Enlace y dirección de las milicias ciudadanas", que estaría presidido por un delegado del gobierno autónomo, designado por el Conseller de Orden Público. En este organismo auxiliar, estarían integradas todas las organizaciones obreras y antifascistas de Catalunya. Finalmente, su publicaba otro decreto, por el que se creaban "Comités locales de Defensa" en todos los pueblos y ciudades de Catalunya, que estarían supeditados al Comité Central de Milicias.
 
            La realidad fue muy distinta a los planes y previsiones que había hecho Companys:
 
"Al empezar la reunión, Lluís Prunés nos apercibió de que, de acuerdo con el decreto aparecido en el Butlletí Oficial, él y los oficiales mencionados habían acudido para encauzar la creación de las milicias ciudadanas....Le interrumpí secamente, diciéndole que los allí reunidos nos encontrábamos presentes no para tratar de unas milicias ciudadanas de las que no teníamos conocimiento, sino para organizar el Comité de Milicias Antifascistas de Catalunya que, en principio, se había acordado en el breve cambio de impresiones tenido entre los representantes de la CNT y el presidente de la Generalitat, con el sentimiento de los dirigentes de todos los sectores antifascistas de Catalunya. Y que eso era lo que íbamos a hacer inmediatamente, para lo cual presentaba un proyecto de constitución y de facultades del referido comité. Leí el proyecto, que fue escuchado atentamente por todos. Y como los delegados no habían recibido ningún otro proyecto, no habiendo otro, fue tomado en consideración el mío y pasó a ser discutido punto por punto..." (342).
 
            La ficción republicana en Catalunya, quedaba abortada con un simple gesto de los representantes anarcosindicalistas. El forcejeo entre ambas partes fue prácticamente nulo, demostración palpable de que la dualidad de poderes, instituida por la misma CNT al no tomar las riendas del poder, estaba claramente decantada hacia uno de los dos extremos, mientras que el otro, el gobierno de la Generalitat, sobrevivía impotente, privada de cualquier resto de autoridad. Lluís Companys, en pleno auge revolucionario, solamente tenía dos opciones posibles: plegarse  a las exigencias de los anarcosindicalistas respecto a que el Comité Central de Milicias se convirtiera en el auténtico organismo de poder en Catalunya, o presentar su dimisión.
 
"La presencia en la reunión del día siguiente de delegados sin personalidad en sus partidos y de nombres apenas conocidos hasta aquel momento, revelaba sin lugar a dudas que, a espaldas nuestras, todos los partidos y organizaciones se habían reunido previamente y convenido una tácita desestimación de la importancia del Comité Central de Milicias Antifascistas. Por nuestra parte, acudimos los tres designados por el Comité regional de la CNT: Buenaventura Durruti, José Asens y yo; los designados por el Comité Regional de la FAI eran Aurelio Fernández y Diego Abad de Santillán; por Esquerra Republicana de Catalunya, Artemio Aiguader, Jaime Miravitlles y Juan Pons; por Acció Catalana, Tomás Fabregas; por Unió de Rabassaires, José Torrens; por el POUM, José Rovira Canals; por Unió Socialista de Catalunya, José Miret Yuste y por la UGT, José del Barrio, Salvador González y Antonio López".
 
"También comparecieron sin que les prestásemos ninguna atención, los designados por Companys para hacerse cargo de las diversas jefaturas previstas en su decreto de milicias ciudadanas: Pérez Farrás, jefe de milicias ciudadanas de Catalunya, Lluis Prunés y Saltó, comisario de defensa de la Generalidad, y Vicenç Guarner designado por el comisario general de Orden Público" (343).
 
            El Comité Central de Milicias estaría compuesto, desde aquel momento, por quince representantes de los partidos y sindicatos asistentes: cinco anarcosindicalistas (3 de la CNT y 2 de la FAI), cinco republicanos (3 de ERC, 1 de AC y 1 de UdR), 1 representante del POUM, 1 del recién formado PSUC y 3 de la UGT (que caería rápidamente en la órbita del nuevo partido comunista catalán). La central sindical ugetista quedó sobrerrepresentada en el nuevo organismo.
 
            La concesión que efectuaba el anarcosindicalismo era un guiño político dirigido a la UGT, a la espera de que ésta adoptaría una postura similar en aquellas zonas, donde la CNT era claramente minoritaria. La correlación de fuerzas existente en el seno del Comité, tenía poco que ver con la que correspondía a la realidad, en toda Catalunya. La distribución se hacía claramente en detrimento de los libertarios, que esperaban con ello, conseguir un auténtico frente único de las organizaciones "antifascistas". La minoría numérica  en la que habían quedado,  voluntariamente, los anarquistas, estaba claramente compensada con su hegemonía en la calle.
 
            Juan García Oliver, nos llama la atención sobre un elemento revelador, casi nunca mencionado por los historiadores o por los testimonios de la época. El hecho de que los representantes de los partidos  y sindicatos que habían asistido a la primera reunión, fuesen cuadros dirigentes de segunda fila en sus respectivas organizaciones. El detalle, lejos de ser anecdótico, como muy  bien indica el autor de dichas líneas, nos lleva a hacer algunas reflexiones sobre las actitudes políticas de los diferentes grupos.
 
            Las organizaciones que pertenecían al Front d'Esquerres, tenían que conocer, a la perfección, los planes y objetivos que   buscaba  Companys. El plan político de la Generalitat, era completar la maniobra, formando un gobierno de concentración, en el que estarían incluidas todo el arco de organizaciones que integraban el Frente Popular catalán. Sería pues, en el nuevo gobierno autónomo, donde se situaría el centro de gravedad  del poder en Catalunya, y desde donde se dictaría la nueva orientación política. El destino que Companys le daba al Comité Central de Milicias era completamente secundario y sin importancia política.
 
            Más dudosa parece, la complicidad del POUM en esta maniobra  política de Companys, así como la actitud que mantuvo esta organización, antes y después de las jornadas de Julio y de la formación del Comité Central. La postura del poumismo, parece obedecer a distintos motivos que los del Front d'Esquerres, y es más atribuible a la profunda desorientación política que atravesaba esta organización en los primeros momentos de la revolución. El POUM se mantenía a la expectativa del curso que podían seguir los acontecimientos que estaban sucediendo.
 
            La propuesta de Lluís Companys que pretendía neutralizar al triunfante anarcosindicalismo catalán fracasó estrepitosamente.
 
            La CNT había renunciado a tomar el poder, pero no estaba dispuesta a convertirse en una simple comparsa de la Generalitat, renunciando a su triunfo. Tras un debate, en el que parecen haber resaltado las intervenciones de Aiguader y de Juan García Oliver, se estableció publicar un nuevo decreto por el que se declaraba constituido el nuevo organismo de poder, en Catalunya.
 
"Constituido el Comité de Milicias Antifascistas de Catalunya, este organismo de acuerdo con el decreto publicado por el gobierno de la Generalitat de Catalunya, en el Butlletí Oficial del día de hoy, ha tomado los siguientes acuerdos, el cumplimiento de los cuales obliga a todos los ciudadanos:"
 
"Primero. Se establece un orden revolucionario, al mantenimiento del cual se comprometen todas las organizaciones que integran el Comité".
 
"Segundo. Para el control y vigilancia, el Comité ha nombrado los equipos necesarios a fin de hacer cumplir rigurosamente las órdenes que del mismo emanen. A este objeto, los equipos llevarán la credencial correspondiente que hará efectiva su personalidad".
 
"Tercero. Estos equipos serán los únicos acreditados por el Comité. Todo aquel que actuare al margen será considerado faccioso y sufrirá las sanciones que determine el Comité".
 
"Cuarto. Los equipos de noche serán especialmente rigurosos contra aquellos que alteren el orden revolucionario".
 
"Quinto. Desde la una hasta las cinco de la madrugada la circulación quedará limitada a los siguientes elementos:"
 
"a) Todos los que acrediten pertenecer a cualquiera de las organizaciones que constituyen el Comité de Milicias".
 
"b) Las personas que vayan acompañadas de algunos elementos que acrediten su solvencia moral".
 
"c) Los que justifiquen el caso de fuerza mayor que los obligue a salir".
 
"Sexto. Con el objeto de reclutar los elementos para las Milicias Antifascistas, las organizaciones que constituyen el Comité quedan autorizadas para abrir los correspondientes centros de reclutamiento y entrenamiento. Las condiciones de este reclutamiento serán detalladas en un reglamento interior".
 
"Séptimo. El comité espera que, dada la necesidad de constituir un orden revolucionario para hacer frente a los núcleos fascistas, no tendrá necesidad, para hacerse obedecer, de recurrir a medidas disciplinarias".
 
"El comité: (las firmas de los representantes de las organizaciones que habían asistido a la reunión)"(184).
 
            La nueva orientación que los líderes anarcosindicalistas le dieron al comité Central y la formación de las columnas milicianas, bajo su iniciativa, fueron el final de los sueños de Companys, de reconducir la situación revolucionaria hasta la recuperación total del poder que acababa de perder.
 
            Definitivamente, el proceso iba a ser mucho más lento e inseguro.
 
            De un plumazo, el gobierno de la Generalitat quedaba relegado a un segundo plano político, encargándose de ratificar las órdenes que partirían del Comité Central. Los representantes enviados por la Generalitat, para hacerse cargo de la formación de las milicias ciudadanas fueron completamente ignorados, incluido el conseller de Orden Público, Lluis Prunés, reflejando la situación de total bancarrota política en la que se encontraban inmersas, las viejas autoridades republicanas, completamente ignoradas por el movimiento revolucionario que se había adueñado de las calles.
 
"Aunque el presidente Companys pudo haber concebido el papel del Comité Central de las Milicias Antifascistas, como el de un organismo auxiliar del gobierno de la Generalitat, el comité se convirtió inmediatamente en el órgano ejecutivo de hecho de la región, cuyo poder reposaba, no en el desvencijado aparato del estado, sino en las milicias revolucionarias y en las patrullas de policía y en los innumerables comités que surgieron en la región durante los primeros días de la revolución" (345).
 
            Como muy bien indica Walther Bernecker, el cruce que se dio entre el proyecto de Companys, traducido en el conjunto de decretos que fueron publicados en el Butlletí Oficial de la Generalitat del 23 de Julio, y la realidad muy distinta, que impusieron los dirigentes anarcosindicalistas, ha dado lugar a una confusión bastante generalizada entre diversos historiadores, (Bernecker cita a Broué, Temine y Lorenzo entre otros), la de que el Comité Central de Milicias fue sancionado por decreto, por el gobierno de la Generalitat (346). Sin embargo, el parecido entre el Comité Central de Companys, y el que se convirtió en el poder indiscutible en Catalunya, durante los tres primeros meses de la guerra civil, es inexistente.
 
            La complejidad de la tarea, que debía llevar a cabo el Comité Central de Milicias, hizo que, por razones de eficacia, éste se dividiera en departamentos que jugarían el papel de auténticos ministerios. El nuevo Comité Central pasó a repartir los cargos y las responsabilidades en el seno del mismo. Los anarcosindicalistas, verdaderos dueños de la situación, guardaron para si los puestos más importantes.
 
            Juan García Oliver ocupó el puesto de jefe del departamento de Guerra, encargado de las operaciones militares que debería llevar a cabo el nuevo ejército revolucionario que se estaba formando en aquellos momentos. El departamento estaba formado  por siete miembros (tres militares, el conseller de Guerra de la Generalitat, y representantes de UGT, ERC y del POUM).
 
            Diego Abad de Santillán quedó como responsable, dentro de este departamento, de la formación y reclutamiento de las milicias.
 
            El rabassaire Josep Torrents dirigiría el departamento de abastecimientos. Durruti, fue nombrado jefe de Transportes, sin embargo su cargo fue efímero, pocos días después partía de Barcelona, rumbo a Zaragoza, al mando de la primera columna de milicianos de la CNT. El departamento de Transportes quedó en manos de Durán Rosell (UGT) y Alcón (CNT). Aurelio Fernández fue nombrado responsable del departamento de Seguridad Interior, que  organizaría, entre  sus diversas actividades, a las patrullas de control, encargadas de velar por el nuevo orden revolucionario.
 
            La comisión de las industrias de guerra, estaría a cargo de Josep Tarradellas. Mientras que Jaume Miravitlles sería nombrado responsable del departamento de propaganda, además de ejercer la secretaría administrativa del Comité, que tenía un carácter simbólico.
 
            La mayor parte de los nombres de los componentes del Comité  Central de Milicias no eran relevantes, y muchos de ellos serían relevados, durante los meses de existencia del Comité, por otros miembros de sus propias organizaciones. Buenaventura Durruti fue sustituido por Marcos-Alcón, Josep Rovira del POUM primero lo fue por Enric Gironella, y éste, posteriormente, por Julián Gorkin, Tarradellas, Durán Rosell, Rafael Vidiella y Enric Pérez Farràs, sustituyeron, durante los meses siguientes, a miembros de sus respectivas organizaciones. Mientras que Lluís Prunés, Felip Diaz Sandino y los hermanos Guarner, cumplieron diversas funciones  de coordinación con el gobierno de la Generalitat, y también como asesores militares del Comité.
 
            El Comité Central de Milicias estableció su sede en el Club Náutico de Barcelona, desde donde empezó a impartir órdenes  encaminadas a mantener y consolidar el precario orden revolucionario que acababa de aparecer. Entre sus actividades principales, estaba el mantenimiento del orden interno (con el departamento de seguridad interior y las patrullas de control) y externo (con el departamento de guerra y la formación de un improvisado ejército de milicianos, que se dirigieron rápidamente a la conquista de Zaragoza, desde donde los sublevados parecían amenazar a la Catalunya revolucionaria), la organización de la economía (contando con el poderoso movimiento de incautación que se estaba llevando a cabo en aquellos momentos, y con la necesidad de "reconvertir" una parte de la industria para adecuarla a las necesidades de la guerra), y la acción legislativa y judicial.
 
            El funcionamiento interno del Comité Central de Milicias fue, desde los primeros momentos, completamente improvisado y empírico. Ninguna de las organizaciones que formaban parte de él, tenía una línea política elaborada para poder enfrentarse a la infinidad de problemas que suponía la administración de un nuevo orden revolucionario que todavía no había podido consolidarse.
 
"La situación era tan caótica...que las reuniones del comité de milicias se celebraban generalmente a media noche, ya que sus miembros debían consagrarse, durante el día, a mil tareas diferentes. Los miembros se veían obligados a reconstruir una administración en plena descomposición, a garantizar el abastecimiento de Barcelona y el funcionamiento de los servicios sanitarios, a entrevistarse con los técnicos y a persuadirles para que hiciesen causa común con los obreros, a reclutar voluntarios para el frente, a mantener la moral de la población, a impedir las venganzas, los saqueos y las exacciones que tienen siempre lugar durante los grandes períodos de efervescencia" (347).
 
            La estructura del nuevo organismo, desde el que se regulaba toda la vida cotidiana en Catalunya, estuvo provista de otros muchos servicios que no vamos a detallar ahora, de forma exhaustiva (educación, estadística, municiones, censura, radio, prensa, cartografía...).
 
            La gran complejidad de las múltiples tareas que debía llevar a cabo el nuevo organismo obligó al Comité  Central de Milicias, a dotarse de una complicada red de comités y de subcomités, que pudiera asegurar el cumplimiento de las funciones vitales que debían permitir el mantenimiento del orden revolucionario.
 
            A pesar de la compartimentación del Comité Central de Milicias en departamentos,  responsables éstos,  de llevar a cabo   una de las tareas que se consideraban vitales para la nueva sociedad revolucionaria, no debe considerarse el funcionamiento de   éstos, como algo estanco. A menudo el cumplimiento de una de las tareas exigía la coordinación y el trabajo de diversos comités. El suministro de alimentos y de productos de primera necesidad para las milicias, implicaba la participación en la operación del comité de abastecimientos, y a menudo, también la de las patrullas de control para las requisas.
 
            Era necesario sustituir a una vieja administración que se había desmoronado con una rapidez vertiginosa, formar un improvisado ejército y una policía revolucionaria que debía asegurar que este nuevo orden no fuera saboteado ni agredido por sus enemigos, era imprescindible asegurar el mantenimiento de los intercambios entre el campo y la ciudad y los abastecimientos de materias primas para la producción, había que dotar a la revolución de una industria de guerra que Catalunya no poseía.
 
            Toda esta gigantesca tarea tenía que llevarse a cabo, en las difíciles condiciones de una guerra que acababa de estallar, y en pleno caos revolucionario, mientras que el tiempo con el que contaban era aterradoramente escaso.
 
"Los representantes de la CNT-FAI en el Comité de Milicias tenían que improvisar continuamente soluciones a problemas inesperados, soluciones nuevas a problemas también nuevos. Las soluciones  no podían ser demoradas  indefinidamente, ni siquiera aplazadas para ser planteadas en la reunión diaria del Comité de Milicias, por no poder correr el riesgo de las objeciones de un largo debate ni de los aplazamientos inevitables, si los miembros del Comité de Milicias hubiesen reclamado la no adopción de acuerdos inmediatos para consultar a las organizaciones sindicales y partidos que representaban, y que éstos, a su vez, no adoptasen resoluciones hasta la celebración de asambleas generales, plenos regionales de sus colectividades. En tales condiciones, el Comité de Milicias hubiera resultado inoperante, y los problemas lo hubieran desbordado, orillándolo inevitablemente al fracaso" (348).
 
            Las condiciones en las que se encontró inmerso el nuevo organismo de poder, iban en detrimento de los debates y de la coordinación interna. El Comité Central de Milicias no era, ni podía ser nunca, un organismo parlamentario. Muy significativos nos parecen los lamentos de Miravitlles, dirigente de ERC, nombrado secretario del Comité:
 
"El título significaba muy poco. Mi papel era el de coordinador. Por desgracia, era poco lo que podía coordinar...".
 
"Cada secretario hacía más o menos lo que le daba la gana... Fueron muy pocos los acuerdos que se tomaron en el comité, al que sencillamente se le presentaban los hechos consumados...".
 
"Los libertarios controlaban los <<secretariados>> más importantes, pero en realidad el poder seguía estando en la calle. El comité funcionaba espontáneamente, enfrentándose con los problemas a medida que iban surgiendo. Me gustaría poder decir que representaba una nueva forma de organización a través de la cual las masas podían expresarse: pero no era así. No era más que un expediente para llenar un hueco. Lamentablemente, no estuvo a la altura de las exigencias que la historia le hacía..." (349).
 
            El Comité Central de Milicias Antifascistas había surgido en condiciones  infinitamente   más  dramáticas  que   el  Soviet  de Petrogrado en 1917, o que los consejos alemanes. Ninguna de las organizaciones obreras que lo componían estaba mínimamente preparada para los acontecimientos que se estaban desarrollando a una velocidad vertiginosa. Todas las organizaciones carecían de un programa estudiado y madurado, que les permitiera orientarse en aquellas condiciones. El Comité Central de Milicias había surgido en unos momentos de guerra y de revolución, y difícilmente podía comportarse según los deseos de Jaume Miravitlles. La queja del dirigente político de ERC no era más que un lamento por sentirse apartado del poder real.
 
            Las condiciones en las que había nacido y se desarrollaba el Comité Central de Milicias, eran un grave factor que se sumaba a la negativa manifiesta de la CNT y del resto de las organizaciones que lo integraban,  a que éste se transformase en un auténtico poder democrático de la revolución, sustituyendo su representación burocrática (estaba formado por representantes de las direcciones de cada una de las organizaciones) por delegados revocables, escogidos  por los comités locales que poblaban toda Catalunya.
 
"El Comité Central de Milicias no alcanzaba ese grado mutilado de democracia, por elección en el seno de cada organización. Sus componentes habían sido seleccionados por las direcciones de  las  organizaciones   respectivas.  esto,  que  al principio era forzado y no tenía gravedad ninguna, facilitó después la conversión del Comité Central de Milicias en organismo del Estado burgués. Todos los comités-gobierno de Catalunya  aceptaron sin vacilaciones, la duda era imposible, la autoridad de aquel, considerándolo justamente el poder supremo de la revolución y convergiendo espontáneamente hacia él. No se le puede reprochar al Comité Central de Milicias el no haber sido desde el primer instante una representación democrática... pero el gobierno revolucionario tiene que saber estructurar, lo más rápidamente posible, un sistema representativo adecuado al carácter histórico de la revolución" (350).
 
            El triunfo sobre los sublevados se había convertido en el triunfo de la CNT. La mayor parte de los trabajadores que habían vencido a la reacción, y que patrullaban armados por las calles, que procedían a incautarse de los centros de trabajo, que formaban sus comités, que empezaban a dirigir y a organizar la vida cotidiana, estaban afiliados a la central sindical libertaria. Companys había propuesto la formación de un Comité Central y de unas milicias que debían convertirse en simples apéndices del gobierno de la Generalitat. Sin embargo, el estallido y la profundidad de la revolución había convertido sus sueños restauracionistas, en ceniza.
 
            La Generalitat estaba a merced de la voluntad de los anarcosindicalistas, y su existencia dependía de la dirección política que estos tomasen, en el transcurso de los meses siguientes. Companys, y los partidarios del Front d'Esquerres,  no estaban dispuestos a perder el respiro, que la revolución les había dado.
 
"El Comité de Milicias fue reconocido como el único poder efectivo en Catalunya. El gobierno de la Generalitat seguía existiendo y mereciendo nuestro respeto, pero el pueblo no obedecía más que al poder que se había constituido en virtud de la victoria y de la revolución, porque la victoria del pueblo era la revolución económica y social" (351).
 
"... el Comité de Milicias lo era todo, lo atendía todo, la transformación de las industrias de paz en industria de guerra, la propaganda, las relaciones con el gobierno de Madrid, la ayuda a todos los centros de lucha, las relaciones con Marruecos, el cultivo de las tierras disponibles, la sanidad, la vigilancia de las costas y fronteras, mil asuntos de lo más dispares. Pagábamos  a los milicianos, a sus familiares, a las viudas de los combatientes, en una palabra, atendíamos unas cuantas decenas de individuos a las tareas que a un gobierno le exigían una costosísima burocracia . El Comité de Milicias era un Ministerio de guerra, un Ministerio del Interior y un Ministerio de Relaciones Exteriores al mismo tiempo, inspirando organismos similares en el aspecto económico y en el aspecto cultural. No había expresión mas legítima del poder del pueblo" (352).
 
            Si el gobierno de la Generalitat de Catalunya se había convertido en   una sombra de lo que había sido, apenas unas semanas antes, el reflejo de la correlación de fuerzas existente,  en plena situación de dualidad de poderes solo podía darse en el seno del nuevo organismo que concentraba el nuevo poder de la revolución: El Comité Central de Milicias Antifascistas de Catalunya.
 
4.2 LA ESTRUCTURACIÓN DEL COMITÉ CENTRAL DE MILICIAS ANTIFASCISTAS DE CATALUNYA.
 
            El cargo de secretario político del Comité Central de Milicias fue, de hecho, un cargo puramente simbólico. Jaume Miravitlles, como representante del espectral gobierno de la Generalitat de Catalunya, tuvo que ejercer dicho cargo, que no tenía absolutamente ningún poder. El hecho de que un alto cargo del gobierno autónomo hubiese sido nombrado para este puesto pretendía darle, a los ojos de la dirección anarcosindicalista, una imagen de "legalidad". La anécdota era, sin embargo, todo un símbolo. En el seno del Comité Central la autoridad real estaba en manos del grupo de delegados cenetistas, y entre ellos destacaba la figura carismática de Juan García Oliver, mientras que el poder "legal", completamente ficticio, quedaba en manos de Miravitlles. La simbología reflejaba, sin embargo, la dualidad de poderes existente en aquellos momentos en la Catalunya revolucionaria, donde el destartalado gobierno de ERC se mantenía gracias al compromiso al que habían llegado, con el anarcosindicalismo.
 
4.2.1 DEPARTAMENTO DE GUERRA
 
            El departamento de guerra, verdadero motor del Comité Central de Milicias, estaba compuesto por un secretariado de ocho miembros, bajo la dirección de Juan García Oliver (3 militares, el Conseller de Guerra de la Generalitat y los representantes de la UGT, de ERC y del POUM). En su seno se crearon diversas subcomisiones que se encargaron de llevar a cabo, una serie de tareas determinadas, fundamentales para la formación de un verdadero cuadro de defensa (formación de milicias, escuela de mandos, industrias de guerra, abastecimiento y sanidad, planificación de los frentes...).
 
            Diego Abad de Santillán fue el encargado de la formación de las columnas que se dirigieron rápidamente a la  conquista de Zaragoza y de la zona de Aragón que había quedado en manos de los sublevados. En la comisión que se encargó de la organización y estructuración de las milicias, figuraron, además de Abad de Santillán, Sato, Edo y Ricardo Sanz.
 
            Los cuarteles, en posesión de los anarcosindicalistas, fueron entregados, posteriormente, cuando el Comité Central de Milicias aceptó el principio representativo en su seno, a los diferentes partidos y sindicatos. La organización de las milicias debía quedar en manos del comité dirigido por Abad de Santillán, sin embargo, la aparición de las milicias partidarias, limitó las actividades de esta comisión a la distribución de suministros de armamento y víveres, a las milicias.
 
            En los primeros momentos, el cuartel de Pedralbes fue habilitado para convertirse en el centro neurálgico de las milicias revolucionarias que deberían estar dirigidas por el Comité Central. Sin embargo, finalmente, solo sirvió para la organización de las milicias anarcosindicalistas. El resto de las organizaciones se dedicó a formar sus propias columnas de milicianos, que solo estarían controladas por ellas mismas. Para estas funciones se distribuyeron los cuarteles y puestos militares de Barcelona, entre los diferentes partidos y sindicatos. Montjuich fue ocupado por miembros de ERC; el cuartel de Lepanto estaba controlado por el POUM; el cuartel del Parque  de la Ciudadela, fue ocupado por la UGT, y posteriormente por el PSUC, los anarcosindicalistas se reservaron los de Pedralbes, Sant Andreu, el de Caballería de Santiago y el de Ingenieros. El Parque de Artillería y el Cuerpo de Intendencia fueron instalaciones que fueron utilizadas en común, por todas las organizaciones. Los cuarteles en manos de sus nuevos ocupantes fueron bautizados con nombres tan significativos como "Bakunin", "Lenin", "Marx"...
 
            Las milicias, nacieron por iniciativa de los partidos y de los sindicatos obreros, para enfrentarse al ejército sublevado, en aquellos lugares donde éste había triunfado. En Catalunya, las principales inquietudes estuvieron originadas por la indecisión de las tropas que estaban acantonadas en Valencia y por el triunfo de los facciosos en Zaragoza, tradicional feudo de la CNT. En Barcelona, el 24 de Julio, partía una primera columna armada, con 3.000 milicianos, que estaba dirigida por Durruti y asesorada por el comandante Pérez Farrás. En los días siguientes partieron diversas columnas, correspondientes a la CNT-FAI y al resto de las organizaciones antifascistas de Catalunya. Las milicias, organizadas a instancias del Comité Central, no estaban, sin embargo, bajo la disciplina de éste, sino de los partidos y sindicatos que las componían.
 
            A comienzos del mes de Septiembre, el principal frente bélico de Catalunya, Aragón, contaba con unos 22.000 milicianos. De ellos, 2.000 correspondían a las fuerzas voluntarias del PSUC y de la UGT, 3.000 al POUM, 13.000 a las organizaciones anarcosindicalistas y unos 4.000 efectivos pertenecientes a los antiguos cuerpos policiales republicanos.
 
            Además del Frente de Aragón, el departamento de guerra tuvo que hacerse cargo de la vigilancia de las costas catalanas, para prevenir una posible invasión de los sublevados, que estaban establecidos en el portaaviones natural que constituían las islas Baleares (salvo Ibiza que había permanecido fiel al gobierno de la república). La defensa y vigilancia de las costas se estructuró creando dos comisariados, uno en Gerona, que estuvo dirigido por Francisco Isgleas (CNT) y otro en Tarragona, al mando de Francisco Oliva (POUM).
 
            Otro de las importantes tareas con las que tuvo que enfrentarse el departamento de guerra, fue la formación de nuevos mandos revolucionarios que pudieran dirigir, con la mayor eficacia posible, el nuevo e improvisado ejército revolucionario.
 
            Los dirigentes de las columnas de milicianos que habían partido en Julio, rumbo a Zaragoza, carecían de formación militar en el campo de batalla, y su máxima experiencia no había pasado de los combates callejeros con la policía, en los años anteriores al inicio de la guerra y de la revolución: Durruti, Jover, Ortiza, Rovira, Arquer, Trueba..., La inexperiencia de estos mandos, tuvo que ser compensada, en las columnas, por la de algunos militares profesionales, de probada lealtad republicana, aunque con escasas simpatías hacia el movimiento revolucionario al que tenían que asesorar (los comandantes Pérez Farràs y Pérez Salas, Escobar...). La organización y coordinación del frente de Aragón, durante el primer mes de la contienda fue un verdadero caos. La dirección militar estuvo a cargo de un Comité de guerra, compuesto por doce hombres, representantes de las diversas columnas. Sin embargo, su autoridad era "muy ilusoria".
 
            La Escuela de mandos de las Milicias: "La Escuela Popular  de guerra" fue creada el 19 de Agosto, apenas un mes después de iniciada la guerra, cuando todo el mundo ya, adivinaba que la contienda iba a ser larga y sangrienta. La idea de la creación de una escuela de mandos revolucionarios nació a raíz de una conversación entre Guarner, Escobar y García Oliver, sobre los problemas más graves con los que se habían encontrado las milicias en su marcha hacia la ciudad de Zaragoza.
 
"El ejército del pueblo que ha surgido de las milicias se ha de organizar a base de una concepción nueva. Vamos a organizar una escuela militar revolucionaria en la cual formaremos los  cuadros técnicos, que no estarán calcados de la antigua oficialidad, sino que, como simples técnicos, seguirán, a más a más, las indicaciones de los oficiales instructores que han demostrado su fidelidad al pueblo y al proletariado. Esta es la garantía más absoluta que el fascismo no nos arrollará, porque este fascismo tiene una táctica militar superior a nuestra buena voluntad, la cual extendida sólo sirve para malgastar esfuerzos de toda clase y vidas" (353).
 
            La dirección y organización de la escuela de mandos quedó bajo el mando directo de Juan García Oliver. En el cuartel "Bakunin" (Pedralbes) donde se habilitó la escuela de mandos, recibieron una rápida instrucción militar, cerca de 2.000 voluntarios.
 
            Los candidatos tenían que cumplir el requisito de contar con un pasado y una moral revolucionarias intachables, además de contar con el aval de una de las organizaciones que componían el Comité Central de Milicias. La disciplina en el seno del centro de formación era rígida, tanto para los instructores como para los alumnos. Sin embargo el funcionamiento estaba exento de castigos, salvo la expulsión del centro y la comunicación de la falta a la organización política que había avalado su entrada.
 
4.2.2 EL DEPARTAMENTO DE INTERIOR.
 
            La formación de una nueva policía revolucionaria tuvo que ser llevada a cabo por los cuadros cenetistas a regañadientes. La revolución necesitaba defenderse de sus enemigos, pero este hecho chocaba con los tradicionales prejuicios del anarcosindicalismo, que proclamaba su condena absoluta del poder y del autoritarismo. Algunos historiadores consideran que la iniciativa de la creación de las patrullas de control, provino de Jaume Miravitlles (354), sin embargo la afirmación parece más que dudosa. Si los libertarios aceptaron, de mala gana, la tarea de crear una policía revolucionaria, forzados por la situación, es mucho más dudoso que Miravitlles, uno de los dirigentes de ERC y de la Generalitat propusiera el proyecto, cuando sus verdaderos planes eran los de reconstruir, cuanto antes, los antiguos cuerpos policiales que estaban al servicio de la Generalitat (355).
 
"Los jueces, aunque fuesen de la FAI, los policías, aunque perteneciesen a la CNT, nos eran poco gratos; eran funciones esas que nos causaban un poco de repugnancia. Por eso no vimos con simpatía tampoco la formación del cuerpo denominado Patrullas de control. Deseábamos liquidar todos los institutos coactivos de retaguardia y enviarlos al frente..." (356).
 
            El anarcosindicalismo copó los puestos claves del departamento de Seguridad Interior. Aurelio Fernández fue el responsable de las actividades del comité, mientras que José Asens, quedaba encargado de las "patrullas de control", que quedaron constituidas el 10 de Agosto. Los responsables del Orden Público de la Generalitat, Escofet  y Guarner, dimitían tres días después de este hecho, por considerar que habían quedado marginados de la función que les había encomendado la Generalitat.
 
            Una de las primeras tareas que tuvo que llevar a cabo el Comité de Seguridad Interior fue la de velar por el nuevo orden revolucionario y hacer frente a la oleada de asesinatos y de saqueos que estaba llevando a cabo el lumpenproletariado y algunos exaltados, que aprovechaban el caos abierto con la nueva situación, para llevar a cabo sus venganzas personales. El mismo 20 de Julio, las organizaciones pertenecientes al Comité Central situaron destacamentos de guardias revolucionarios frente a los bancos, cajas de ahorros y otros lugares estratégicos para evitar que pudieran ser asaltados.
 
            La nueva policía revolucionaria se organizó a partir de los militantes de las organizaciones obreras, su principal función consistió en velar por el mantenimiento del orden revolucionario, frente a los adversarios de la revolución. Es Andrade, uno de los máximos dirigentes del POUM, quien nos da una definición exacta de lo que era y representaba la nueva policía revolucionaria:
 
"... ¿Y que son las patrullas de control? pues, sencillamente, una policía obrera, revolucionaria, una garantía para todos los trabajadores, de que la contrarrevolución no levantará cabeza en la retaguardia, y de que la revolución caminará hacia adelante. Las patrullas de control, los grupos de investigación en Barcelona, son carne de la carne de la clase trabajadora; están integrados por militantes que, durante años, han soportado todas las arbitrariedades de la represión capitalista y que, ahora se encuentran al servicio integral de los intereses revolucionarios del proletariado en el actual movimiento" (357).
 
            Las patrullas de control estuvieron compuestas, desde el principio, por destacamentos de todas las organizaciones antifascistas que formaban parte del Comité Central. El nuevo  cuerpo policial revolucionario estuvo integrado por 700 hombres, en la ciudad de Barcelona, 325 de la CNT, 145 de la UGT, 45 del POUM y 185 de ERC. El número de miembros  aumentó  hasta alcanzar una fuerza de 1.100 hombres. El Comité Central de las patrullas estaba formado por 11 delegados de sección (4 de ellos pertenecientes a la CNT y a la FAI, 3 a la UGT y 4 a ERC). Los delegados de sección se correspondían a su vez a las 11 circunscripciones en las que había quedado dividida Barcelona para la actividad de la policía revolucionaria. Aunque el área de actividad se extendía exclusivamente al área metropolitana de Barcelona, cada ciudad y cada pueblo formaron sus propias patrullas obreras.
 
            El Departamento de Seguridad dividió sus tareas en compartimientos especializados en tareas determinadas. Para las tareas de tipo político se creó un comité de investigación, que estuvo presidido directamente por Aurelio Fernández, y que se encargó de la persecución de los colaboradores y simpatizantes de la sublevación. El comité recibía denuncias, realizaba  interrogatorios, llevaba a cabo sus propias pesquisas y detenciones cuando lo consideraba conveniente. Las patrullas de control actuaban en estrecha vinculación a este comité, mientras que extendían también, sus actividades al ámbito de la delincuencia común.
 
            El Comité de Seguridad Interior, convertido en un verdadero ministerio del interior, se encargó también de la vigilancia de las fronteras marítimas y terrestres, controlando la entrada y salida de mercancías, de bienes y de personas.
 
"A finales de Agosto, hay en la prensa catalana una fuerte campaña sobre los problemas del Orden Público. El diario `La Rambla', por ejemplo, embiste contra <<los secuestros, los registros domiciliarios y los asesinatos>>. Y el `Diario de Barcelona', el mismo día 25 afirmaba: <<La Generalitat de Catalunya tiene en sus manos la solución de los problemas internos del orden revolucionario... Las fuerzas de seguridad, policía y asalto podrían formar, han de formar, la legión gloriosa del honor revolucionario...>>"  (358).
 
            Las organizaciones pertenecientes al Frente Popular, se convirtieron pronto en críticos acérrimos de la nueva policía revolucionaria, a la que acusaron de cometer numerosos excesos en la represión. Las acusaciones contra las patrullas de control, sin pretender afirmar que no hubo casos en los que hubo un exceso en su labor represiva, eran del todo interesadas. Mientras se acusaba a la policía revolucionaria, de contar en sus filas con asesinos e incontrolados, algunos partidos políticos y sindicatos contaban con su propia policía paralela y sus propias "comisarías" (chekas), y respondían de sus actividades solo ante los comités directivos de sus organizaciones. La represión sistemática contra sus adversarios en el campo republicano,  que llevaban a cabo estos grupos parapoliciales, especialmente los ligados al PSUC, era públicamente conocida.
 
            Las patrullas de control fueron ocupando, cada vez más, el espacio de la seguridad interior, en detrimento de las policías privadas. Sin embargo, éstas siguieron existiendo, de forma más o menos clandestina, e incluso, algunas de ellas, adquirieron gran importancia en períodos posteriores de la guerra civil. Los ataques contra las patrullas de control formaban  parte de una vasta campaña política, que pretendía ir debilitando su imagen ante la población, para proceder a su supresión y a la restauración de los viejos cuerpos policiales republicanos que habían quedado casi desmantelados durante las jornadas de Julio.
 
            A principios del mes de Febrero de 1937, los efectivos  pertenecientes al PSUC y a la UGT abandonaron inesperadamente las patrullas de control. Era necesario debilitarlas, como paso previo a su disolución. El fracaso del doble poder y la integración de la CNT y del POUM en un nuevo gobierno de la Generalitat, seguida por la inmediata disolución del Comité Central de Milicias marcó el destino de una policía revolucionaria que perdía rápidamente su razón de ser, en medio de una revolución que retrocedía.
 
4.2.3 EL DEPARTAMENTO DE ABASTOS.
 
            La situación de Catalunya era precaria. La principal zona industrial de la República carecía de las materias primas más elementales para el funcionamiento de sus fábricas. Si este déficit no era solucionado, la ventaja industrial con la que contaba la revolución, quedaría rápidamente neutralizada por la paralización de la producción y de los centros de trabajo.
 
"Nos encontramos desde el primer día, ante la penuria alarmante de materias primas y en una región que escaseaba en minerales, fibras textiles, carbones. Carecíamos de carbón para la industria y el transporte. El consumo normal de Catalunya era de cinco a seis mil toneladas diarias, y las únicas minas que se explotaban de carbones pobres, apenas nos daban, intensificando el trabajo, trescientas toneladas. en pocos meses hemos hecho llegar esta cifra a un millar; pero, con todo, la escasez de carbón era una tragedia constante, en particular de los carbones para la metalurgia. Asturias podía haber cooperado grandemente, pero uno de sus dirigentes, Amador Fernández, ha respondido a nuestras propuestas que prefería que el carbón de Asturias quedase en la bocamina o en el musel, a que fuese a parar a manos de los catalanes; y en cambio carecía en Asturias de tejidos que a nosotros nos sobraban y de otros elementos de que nos ofrecíamos a proveerla" (359).
 
            La precariedad de la que hablamos, no estaba limitada al suministro de materias primas para el funcionamiento de la industria. Catalunya era especialmente deficitaria también en productos alimenticios, que habían quedado, en su mayor parte en las zonas que controlaban los sublevados: Dos terceras partes del trigo peninsular, la mitad del maíz, el 90% del azúcar, gran parte de la producción de patatas y también la mayor parte de las regiones ganaderas, habían quedado en territorio enemigo. A estas graves dificultades, había que añadir los crecientes obstáculos que iba a producir la guerra, en la importación de estos productos desde el extranjero.
 
            Las organizaciones obreras, y con especial peso la CNT, organizaron los comités de abastecimientos de víveres, sustituyendo al comercio privado. Paralizados los circuitos tradicionales, la tarea de abastecer  a una ciudad que contaba con más un millón de habitantes se convertía en un problema especialmente grave, que no permitía la más mínima demora. Había que reemplazar los viejos circuitos, ligados en su mayoría, a la iniciativa privada, a nuevos mecanismos revolucionarios que suplieran estas funciones.
 
            Los primeros organismos que se encargaron de la función de distribuir los alimentos entre la población fueron llamados comités locales de abastecimientos y estuvieron controlados casi totalmente por los sindicatos de la CNT (especialmente por el Sindicato de la Alimentación). Estos organismos nacieron en los barrios de Barcelona y en numerosas poblaciones de Catalunya, ligados a los comités revolucionarios. Para conseguir los productos alimenticios necesarios, a partir del día 22 de Julio, se incautaron las existencias en los almacenes, comercios y en los mercados centrales de frutas, verduras, pescado y carnes para proceder a concentrarlos en grandes depósitos, desde donde procedieron a su distribución.
 
            Equipos móviles, dependientes de estos comités iniciaron las requisas en las huertas y en las localidades cercanas a la capital, además de realizar todo tipo de permutas y de intercambios con los comités de los pueblos, por medio de vales o recibos que los comerciantes tenían que presentar en la Generalitat, después de que ésta se responsabilizase de los cobros. Fue en estos ámbitos y especialmente en las barriadas obreras de la capital catalana donde se organizaron los   primeros comedores populares, que se encargaron de distribuir alimentos entre los combatientes y entre los sectores de la población más pobre. Los improvisados comedores se establecieron en los hoteles,  en los locales  sindicales,  e incluso en   empresas que acababan de ser incautadas por los trabajadores.
 
            El Comité de Abastecimientos, creado el 24 de Julio, fue  dirigido por el rabassaire Torrents. Con este nombramiento, el Comité Central pretendía que fuera un dirigente de las organizaciones campesinas de Catalunya, el que dirigiese una de las funciones del Comité Central, en la que eran imprescindibles las buenas relaciones entre la clase obrera, dueña de las ciudades, y el pequeño y mediano propietario del campo.
 
            El nuevo organismo, adjunto al Comité Central de Milicias,  se responsabilizó de centralizar y organizar las actividades dispersas, que habían llevado a cabo en los primeros momentos, los comités locales y los sindicatos, que estuvieran relacionadas con la producción, distribución y consumo de alimentos. Fue el primer organismo que procedió a realizar una política económica de precios.
 
"El Comité central de Abastos (cuyo origen era el departamento correspondiente del Comité de Milicias) fue encargado de regularizar y planificar cuanto concernía a la producción alimenticia y al consumo (tasas, precios, control de los grandes almacenes, de los depósitos, de los comercios al por mayor y al detalle, de las cooperativas, de las panaderías, de las fábricas de comestibles, recolección de trigo en Aragón y en Lérida, distribución de las mercancías, de los víveres, de los vestidos, compras al extranjero) y de aprovisionar a las milicias todavía desprovistas de intendencia, a las Patrullas de Control y a la población (restaurantes, centros populares, hospitales, etc.)"
(360).
 
            El comité de abastecimientos fue dirigido por el anarcosindicalismo y estuvo integrado por un consejero delegado  del   Ayuntamiento  y por  representantes   de  todas las organizaciones (3 de la CNT, 2 de la FAI, 1 del POUM, 3 de ERC y 1 técnico). Una de las principales misiones, de las que se encargó el nuevo comité, fue la de proporcionar alimentos y suministros que aseguraran el mantenimiento de  las milicias que avanzaban hacia Zaragoza, en el frente de Aragón.
 
            Mediante la labor que llevó a cabo el comité de abastecimiento, durante el mes de Agosto, fueron alimentadas en Barcelona, 120.000 personas diariamente. La cifra se fue reduciendo hasta los 30.000 durante el mes de Septiembre, a medida que la situación se iba normalizando.
 
            Era necesario detener la ola de confiscaciones que se  llevaron a cabo contra los pequeños comerciantes, en los primeros momentos, sino se quería debilitar a la misma revolución.   Para este fin se prohibieron las requisas individuales que eran   llevadas a cabo por pequeños grupos de "incontrolados", y se establecieron una serie de grandes almacenes centrales que se destinaron a suministrar alimentos y productos de primera necesidad a los milicianos, a las patrullas de control, a los hospitales y a la población más pobre.
 
            Otra de las tareas que llevó a cabo el comité de abastos fue la persecución del mercado negro y del acaparamiento de productos que llevaban a cabo, algunos comerciantes poco escrupulosos.  Para ello se procedió a controlar las existencias  existentes  en los grandes almacenes de los mayoristas de cada ramo. El comercio al por mayor pasó a estar dirigido por los sindicatos, mientras que los pequeños comerciantes conseguían sus productos, adquiriéndolos en los sindicatos. De esta forma se controlaba el comercio y distribución de los productos, y se pretendía combatir el acaparamiento y el nacimiento del mercado negro.
 
"Gracias al apoyo de las Patrullas de control y de la Comisión de Investigación, y a los informes de los comités obreros de gestión y de control, pudo disponer de datos serios y ejercer un control efectivo, castigando con graves penas las infracciones: lo  esencial del abastecimiento de los milicianos y de los habitantes de las ciudades se aseguró sin una notable elevación de los precios" (361).
 
            El Comité de abastecimientos procedió a aplicar una política  económica proteccionista. Para evitar situaciones  explosivas, se congelaron los precios que existían antes del 18 de Julio, para intentar poner freno a la inflación que, aprovechando las circunstancias, empezaba a dispararse. Para ello fue necesario  fijar los precios de los productos que debían venderse en los pequeños comercios.
 
"En las primeras semanas del nuevo régimen revolucionario, sin intentar un planteamiento de la situación a largo plazo, que desbordaba cualquier previsión y sobrepasaba las posibilidades de coacción política con las que se podía contar, se dictaron disposiciones para salir del paso, intentando bloquear los precios y tasando algunos de los servicios y productos" (362).
 
            Un dato especialmente significativo de los  resultados de la política seguida por el Comité de Abastos es el de que, durante los dos meses que tuvo de existencia, los precios aumentaron hasta un 12%, mientras que un año después, el incremento ascendía ya al 250% y en el mes de Septiembre de 1938, alcanzaba ya el 500%.
 
            El comité abolió el dinero en sus transacciones. Los comestibles que llegaban del campo eran intercambiados por productos manufacturados que habían sido producidos en la ciudad. Se enviaron a todas las localidades, las listas de los productos excedentes que estaban depositados en los almacenes de Barcelona, listos para ser cambiados por productos de primera necesidad.
 
            Las operaciones comerciales que llevó a cabo el comité de abastecimiento no sólo fueron en el ámbito de Catalunya, sino que frecuentemente se realizaron con Aragón, e incluso con Andalucía. La fundación del Comité de abastos, y la estructuración de su labor lo llevó a chocar con los comités revolucionarios de barriada, que habían sido los primeros organismos que habían procedido a asegurar el control y la distribución de víveres entre la población. Los comités cedieron al nuevo departamento del Comité Central el control de los almacenes que se encontraban en su poder.
 
4.2.4 LA COMISION DE INDUSTRIAS DE GUERRA
 
            En el período anterior a la contienda, Catalunya no contaba con ninguna industria bélica en su territorio. Razones políticas  e históricas habían alejado de la zona más industrial del país, cualquier tipo de industria de armamento. Era necesario llevar a cabo esta tarea en un tiempo peligrosamente escaso, sino se quería caer en el colapso total de su defensa.
 
            El 7 de Agosto, se constituyó, por iniciativa del departamento de guerra, la Comisión de Industrias de guerra de Catalunya. A pesar de todo, apenas acabados los últimos combates en las calles de Barcelona, la iniciativa espontánea de los obreros revolucionarios había procedido a dotar a las columnas milicianas que se estaban formando para dirigirse hacia Zaragoza, de los primeros camiones blindados. El 21 de Julio, el sindicato de la Metalurgia de la CNT, de acuerdo con Juan García Oliver, había elegido a Vallejo para organizar una industria de producción de armamento.
 
            La Comisión recién formada, bajo la presidencia de Josep Tarradellas, se encargó de coordinar estos primeros esfuerzos espontáneos. Sin embargo, a pesar de   la dirección simbólica de la Generalitat, el peso y el control real de ésta, quedaba en manos del Comité Central de milicias. Los obreros industriales Eugenio Vallejo (metalúrgico) y Manuel Martí (Químico) fueron los verdaderos encargados de impulsar la nueva industria bélica. A la comisión se unieron algunos técnicos militares procedentes de Oviedo (Jiménez de la Veraza...).
 
            Era imprescindible planificar con rapidez la reconversión de una parte de la industria catalana para conseguir la producción de material de guerra. Para ello, el nuevo comité técnico fue dotado de amplios poderes para proceder a la incautación de talleres y fábricas, maquinaria y materias primas. El trabajo inicial del Comité se centró en unas pocas empresas metalúrgicas y químicas, que fue aumentando a medida que las necesidades de armamento y munición también se incrementaban ("Hispano Suiza", Cross, Fabricación Nacional de Colorantes y Explosivos, La Maquinista Terrestre y Marítima...). A mediados del mes de Septiembre, el número de empresas incautadas y controladas por el comité era ya de 24, un año después, en Octubre de 1937, el grupo de empresas se extendía a más de 500, con más de 50.000 trabajadores.
 
"...se han sostenido campañas virulentas contra las industrias de guerra catalanas, en las que trabajaban ciento cincuenta mil hombres, se perseguía el propósito de hacerlas depender todas del poder central, y en cuanto dependía de éste, no hizo más que poner dificultades, negando divisas, materias primas... pero aún así, a comienzos de Diciembre de 1937 se habían producido en las fábricas catalanas más de 60 millones de vainas para cartuchos <<máuser>> y desde el comienzo de septiembre del mismo año, se llevaban producidos 76 millones de  balas... Habiendo comenzado a fabricar en septiembre de 1936 proyectiles de artillería en número de 4.000 por mes, llegó en Abril de 1937 a la cifra de 90.000. Y hasta el 30 de septiembre de este último año se habían fabricado ya 718.000 proyectiles de cañón. Cerca de 600.000 espoletas se habían fabricado en Catalunya, hasta el 30 de septiembre de 1937... Se montó una fábrica de pólvora con capacidad para mil kilos diarios, y gracias a la metalurgia de Catalunya pudo aumentar considerablemente su producción la fábrica de pólvora de Murcia, única con que contaba la República. En Septiembre de 1936 se fabricaban ya trilita, tetralita, dinitronaftalina y ácido pícrico. En el primer año de trabajo se produjeron 752.972 kilos de tetralina, a fines de agosto de 1936, un mes después del triunfo sobre el levantamiento militar, se cargaban en Catalunya bombas de aviación con trilita fabricada en fábricas propias".
...
"Se comenzó en Agosto de 1936 a instalar una fábrica de octanol, obteniendo en la misma también cloruro de metilo y tetraetilo de plomo puro, la primera de España y una de las pocas de Europa".
 
"Pero no sólo se fabricaba material de guerra, se fabricaban las máquinas necesarias para obtener ese material..." (363).
 
 
4.2.5 LOS TRIBUNALES REVOLUCIONARIOS.
 
            A pesar de la cuidadosa depuración que llevó a cabo el movimiento revolucionario sobre los viejos cuerpos judiciales, las instituciones penitenciarias, el Palacio de Justicia de Barcelona con sus archivos intactos, permaneció después de las jornadas de Julio en poder del gobierno de la Generalitat, custodiado por un retén de la guardia civil.
 
            Angel Samblancat, acompañado por un destacamento revolucionario sujeto al Comité Central de Milicias, ocupó el edificio, con el pretexto de hacer un registro en busca de armamento que pudiera estar oculto. Posteriormente, Samblancat, abogado cercano a los anarcosindicalistas, junto a dos delegados de la CNT, constituyeron el Comité Superior de Justicia de Catalunya. El nuevo poder judicial, desde sus nuevas estancias,   simplificó y facilitó los trámites, además de instituir en ellos, el principio de la gratuidad. Los revolucionarios también procedieron a la destrucción de los expedientes anteriores al 19 de Julio que se encontraban archivados en el Palacio de Justicia.
 
El 17 de Agosto, la Generalitat decretaba la creación de una Oficina Jurídica que debería encargarse de llenar el vacío creado con la disolución de los antiguos cuerpos jurídicos de la república. Sin embargo, simultáneamente, la Generalitat limitaba los alcances revolucionarios de ésta.
 
"...lo que comenzó en comité revolucionario y fue, no el comité superior, sino el organismo único de la justicia, por un decreto de la Generalitat quedó reducido a una simple oficina jurídica, sin facultades definidas y expresas..." (364).
 
            Angel Samblancat, primer presidente de este tribunal, fue sustituido, el 29 de Agosto, por su compañero, Eduardo Barriobero. Samblancat pasó a dirigir el Tribunal Extraordinario que juzgó y sentenció a muerte, a bordo del buque-prisión "Uruguay", a Goded, Fernández Burriel y al resto de los principales dirigentes de la sublevación en Barcelona. El 12 de  Agosto, los condenados fueron fusilados en los fosos del  castillo de Montjuich.
 
            La principal tarea de Barriobero y de su oficina jurídica fue la de proporcionar asesoramiento jurídico gratuito a la población. Entre las principales tareas que llevó a cabo, estuvo la persecución de la  especulación y de la usura, la solución de las dificultades y litigios que surgían en los casos de divorcio y de matrimonio,  la investigación sobre las acusaciones menos graves de simpatías con los sublevados. La labor de la oficina jurídica, llevada con una gran dosis de voluntarismo por sus integrantes, llegó a contabilizar más de 6.000 casos resueltos, en los escasos ochenta días de existencia de este organismo.
 
La Oficina Jurídica fue disuelta por la Generalitat, el 20 de Noviembre. El gobierno autónomo, había ya recuperado gran parte de su poder perdido. Era el momento de restaurar los viejos organismos judiciales que habían sido depurados por la revolución.
 
            Los nuevos tribunales revolucionarios fueron "legalizados" por la Generalitat, mediante sendos decretos que fueron publicados el 24 de Agosto. El día 26 del mismo mes, se constituyó un Tribunal Popular Especial en Barcelona, que pasó a encargarse de los delitos relacionados con la rebelión militar.
 
            Los nuevos tribunales se constituyeron por toda Catalunya a finales del mes de Octubre (siete en total, cuatro en Barcelona y uno en cada una de las provincias catalanas restantes) estando   integrados a imagen y semejanza del de Barcelona, por un magistrado y un jurado de doce miembros de probada "moral revolucionaria" de las organizaciones que componían el Comité Central de Milicias.
 
            Su funcionamiento estuvo alejado de los procedimientos tradicionales, que la revolución rechazaba. El rechazo a los antiguos códigos de justicia, creaba un vacío legislativo que solo podía subsanarse con la conciencia de los que componían el tribunal. Las sentencias, que se emitían después de los juicios,   no podían apelarse. Sin embargo, y según numerosos testimonios, no puede hablarse de que el Tribunal Popular dictase sentencias preestablecidas, ni que éstas fueran especialmente severas.
           
            Brademas, cita el testimonio del jurista liberal Angel Osorio y Gallardo, poco sospechoso de simpatizar con la  justicia revolucionaria que afirma que, los tribunales populares respetaban generalmente las garantías de los procesados, llegando incluso a  menudo, a extremos "exagerados" (365). Los nuevos tribunales revolucionarios consiguieron, con su obra, terminar con los primitivos y temidos "paseos".
 
            La ocupación del Palacio de Justicia de Barcelona por Samblancat y por un destacamento de guardias revolucionarios, ligados al Comité Central, no significaba que éste prestara especial atención a la creación de una nueva justicia, sino que,   por el contrario, éste se desentendía por completo. El nuevo orden  judicial quedó en manos de la actitud voluntarista y de la iniciativa de un puñado de abogados ligados, en su mayoría, a la CNT. Los prejuicios históricos del anarcosindicalismo aparecían, una vez más, dificultando las tareas que la revolución exigía.
 
"Sin embargo el Comité de Milicias no hizo nada para absorber la administración de justicia. Deliberadamente por mi parte, no se deseó ejercer las funciones judiciales en materia civil ni penal. Dejamos que el control de la administración de justicia fuese ejercido por el comité revolucionario, que se constituyó en la audiencia de Barcelona, al que pertenecían eminentes juristas como Eduardo Barriobero, Angel Samblancat, Juan Rosinyol y otros, asistidos por representantes de la CNT y de la UGT" (366).
 
            La actitud de menosprecio y de abandono del anarcosindicalismo, con respecto  al poder judicial, fue aprovechada con posterioridad por los partidarios de la restauración del orden republicano. Diego Abad de Santillán nos lo indica a su manera:
 
"Se formaron tribunales populares que entendían en los delitos de rebelión y de conspiración contra la República y contra el nuevo derecho. Una vez reconocida la función, en la primera circunstancia favorable se sustituiría a los jueces populares por los antiguos jueces profesionales, más expertos en el oficio y se pondría al servicio de la contrarrevolución estatal un instrumento revalorizado inconscientemente por nosotros mismos" (367).
 
            En contraste con la falta de interés que manifestaba el anarcosindicalismo para consolidar un nuevo poder judicial revolucionario, la Generalitat se oponía y obstaculizaba la depuración de los viejos colegios judiciales.
 
"...los indeseables expulsados por la puerta principal, con una credencial de la Generalitat como bandera, fueron restituyéndose a sus puestos por las puertas accesorias" (369).
 
            El gobierno de Companys veía con preocupación las purgas  a la que eran sometidos los estamentos del viejo estado, que serían indispensables para la restauración de la República y del poder jurídico, en cuanto las circunstancias lo hicieran posible.
 
4.2.6 EL CONSEJO DE LA ESCUELA NUEVA UNIFICADA.
 
            El Consejo de la Escuela Unificada fue constituido el 27 de  Julio para proceder a llevar a cabo una serie de cambios revolucionarios en la enseñanza, que poco antes estaba,  en gran parte, en manos de las órdenes religiosas. El comité de Enseñanza, "ratificado" por el gobierno de la  Generalitat, se constituyó sobre la base de representaciones de las organizaciones sindicales y de la Universidad. El secretario del consejo J.Puig Elías, era miembro de la CNT, con él, formaban parte del mismo, otros tres representantes del sindicato.
 
            La labor del CENU tuvo importantes éxitos en un corto espacio de tiempo y en unas circunstancias excepcionalmente difíciles. Antes del 19 de Julio, Barcelona contaba solo, con  un total de 34.000 plazas escolares, a principios de 1937, apenas  medio año después, la cifra era ya de 54.758. La población escolar en toda  Catalunya se triplicó durante este período.
            En pocos semanas fueron abiertas, solo en la ciudad de Barcelona, 102 nuevas escuelas laicas. La enseñanza primaria y media fueron reorganizadas, depurando a los elementos más reaccionarios, de la enseñanza.
 
            El impotente gobierno de la Generalitat procedió a ratificar    la "legalidad" de las incautaciones que se estaban llevando a cabo en las antiguas escuelas religiosas, y cuyos antiguos ocupantes habían procedido a abandonarlos, después de los resultados de las jornadas revolucionarias de Julio.
 
"El consejero de cultura ha dado las disposiciones necesarias al claustro de maestros laicos de Catalunya para que procedan inmediatamente a organizar escuelas para el pueblo en los edificios donde estaban las escuelas religiosas del paseo de la Sagrada Familia y la que había sido residencia de los jesuitas de la calle Ataulfo" (370).
 
            La educación sufrió una verdadera revolución interna. La CENU, liquidó la vieja enseñanza religiosa y basó la nueva enseñanza laica en "los principios racionalistas del trabajo y de la fraternidad humana", el "sentimiento de solidaridad universal" y en la voluntad de suprimir los viejos privilegios de clase existentes anteriormente (371).
 
4.3 LAS RELACIONES DE PODER.
 
            La revolución de Julio había entregado el poder al anarcosindicalismo. El gobierno de la Generalitat de Catalunya se había derrumbado estrepitosamente, sin poder oponer ninguna resistencia a los revolucionarios victoriosos. En pocas horas, el ejército sublevado había sido aplastado por las fuerzas combinadas de los obreros revolucionarios y las escasas fuerzas que se habían mantenido fieles a la legalidad republicana.
 
            Sin embargo, los guardias de asalto y la guardia civil, en contacto con la oleada revolucionaria que ocupó rápidamente las calles de Barcelona y de las principales ciudades y pueblos de Catalunya, entró en un proceso de disgregación.
 
            En pocas horas, el triunfo de Lluís Companys sobre Goded se había revelado vacío de contenido, revelando la madurez de la situación revolucionaria que se extendía por toda Catalunya y por gran parte del estado.
 
            El auténtico período de dualidad de poderes se abrió con la renuncia de los dirigentes anarcosindicalistas a tomar el poder e instaurar el comunismo libertario. Los restos del gobierno de la Generalitat se mantuvieron en pie, mediante el pacto que se había establecido entre Companys y los representantes de la   CNT y de la FAI. Fruto de este compromiso aparecía el Comité Central de Milicias Antifascistas de Catalunya. El nuevo organismo de colaboración se constituyó rápidamente en el único poder que abarcaba toda Catalunya, y que contaba con autoridad entre la multitud revolucionaria.
 
            Sin embargo, la orientación política que habían adoptado los cuadros dirigentes de la CNT y de la FAI, tenía muy poco que ver con la de sus propias bases y las del resto de las organizaciones obreras. Los trabajadores en general, sintiéndose armados y triunfadores del conflicto con los sublevados, desconfiando de las ineficaces y moderadas autoridades republicanas, habían procedido a organizar su propio poder. Los Ayuntamientos fueron sustituidos o en todo caso, marginados, por una vasta red de comités revolucionarios locales que se convirtieron en auténticos miniestados, y ejercieron como tales.
 
            Los antiguos cuerpos policiales habían desaparecido para apoyar, unos a la sublevación militar, y otros al gobierno de la República, los primeros habían sido aplastados, los segundos se habían disuelto, en muchos casos, en la marea revolucionaria, o habían perdido toda su autoridad frente a los trabajadores armados. El ejército también había desaparecido de la escena, solo unos pocos mandos, fieles a la República, se habían mantenido en sus puestos, mientras que las unidades militares que no se habían unido a los rebeldes, habían acabado por disolverse con el triunfo de los revolucionarios y con el decreto de disolución que había dictado el gobierno Giral.
 
            En Catalunya, la situación de dualidad de poderes adquiría, con estos acontecimientos, una complejidad extrema, característica de la revolución española. Aparentemente la realidad revolucionaria no  se presentaba como un forcejeo entre dos poderes, claramente diferenciados, uno el poder burgués que no se resignaba a morir, y otro el nuevo poder revolucionario que todavía no había tomado completa conciencia de su existencia. La revolución española en Catalunya aparecía bajo un triple poder.
 
            En un extremo del arco  político se encontraba el poder burgués republicano, el gobierno de la Generalitat de Catalunya, completamente desarbolado  y apoyado por las organizaciones que componían el Front d'Esquerres (El Frente Popular en Catalunya). En el extremo contrario, representaban a la revolución que acababa de estallar, la multitud de comités locales, los comités de fábrica, las patrullas de control, los tribunales populares y las milicias revolucionarias. Y en medio de ambos poderes, se encontraba el nuevo organismo que encarnaba el poder dual, nacido del compromiso entre los que se negaban a tomar el poder y los que lo habían perdido y pugnaban por recuperarlo.
 
"La verdad es que la Generalitat tenía su autoridad secuestrada por el Comité de las Milicias, pero éste también lo estaba por otros mil comités que actuaban por su propia cuenta, mientras que el gobierno central intentaba, incluso hasta perder puntos esenciales de la guerra, imponer su autoridad sobre la Generalitat y el mismo Comité Central de Milicias" (372).
 
            El Comité Central de Milicias Antifascistas representaba esta dualidad de poderes. Inevitablemente, la evolución de este organismo iba a reflejar, en los meses siguientes, los derroteros  que iba a seguir la situación revolucionaria en Catalunya, y este  desenlace iba a condicionar, en gran parte, la evolución de la revolución española. El mantenimiento del Comité Central como organismo de compromiso, solo podía ser temporal. El pacto al que habían llegado las diferentes organizaciones que lo componían no podía extenderse a las fuerzas sociales que se estaban enfrentando. Tarde o temprano, la dualidad de poderes tenía que decantarse hacia uno de los dos lados: hacia el triunfo de la revolución de los comités, o hacia la restauración de la vieja República. Tarde o temprano, iba a producirse el choque entre dos fuerzas que representaban intereses completamente contrapuestos.
 
En medio de esta compleja situación revolucionaria se estableció un tupida red de relaciones entre los diferentes poderes que convivían: el gobierno de la Generalitat, el Comité Central de milicias y la multitud de comités revolucionarios.
 
4.3.1 LAS RELACIONES ENTRE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Y EL COMITE CENTRAL DE MILICIAS ANTIFASCISTAS DE CATALUNYA.
 
            Los hechos de Julio significaron el hundimiento del orden republicano, y por consiguiente, también el del gobierno de la Generalitat en Catalunya. La situación revolucionaria que acababa de abrirse colocaba al Comité Central de Milicias en el centro del poder político, gracias al protagonismo que jugaba en su seno  el anarcosindicalismo.
 
            Desde los primeros momentos, el eje de la política de la Generalitat estuvo en aprovechar el respiro que le había brindado la CNT para recuperar su poder. La autoridad y los medios de los que disponía el gobierno autónomo catalán habían quedado seriamente desbaratados por la revolución, pero seguían existiendo y podían recuperarse.
 
            Apenas terminados los combates, el gobierno de la Generalitat publicó una serie de medidas, que contaron con el beneplácito de las  asociaciones patronales catalanas, destinadas a recuperar el prestigio y la iniciativa perdida ante el movimiento revolucionario (aumento de los salarios en un 15%, semana laboral  de 40 horas, rebaja de los alquileres, confirmación a favor de los obreros de todas las sentencias de los jurados mixtos recurridas por los patronos ante el consejo de trabajo, pago de los jornales de los días de la huelga general...).
 
            Sin embargo, la situación había ido ya, demasiado lejos para poder volver atrás mediante unos simples decretos. Era demasiado tarde, los trabajadores eran perfectamente conscientes de cuales eran las intenciones del gobierno autónomo catalán. Los decretos ya habían sido superados por ellos, con sus propios métodos y organizaciones, no necesitaban para nada al gobierno de la República y a la Generalitat. Eran dueños de sus propios destinos.
 
"La autoridad, sobre todo la que emanaba del Gobierno central quedó en mitad de la calle, y el mismo Gobierno de la Generalitat,... fue también desbordado. Éste, en un intento de encauzar el ímpetu revolucionario de las masas, autorizó al consejero de Trabajo a que, por medio de la radio, diese cuenta de las disposiciones dictadas sobre la rebaja de jornada, aumento de salarios y aprobación de bases de trabajo pendientes. Antes de publicarlas, estas disposiciones fueron puestas en conocimiento de delegados de las llamadas corporaciones económicas, llamados a la Generalitat, tales como el Fomento del Trabajo Nacional, Cámaras de la Industria y de la Propiedad, etc..." .
 
"Todos los presentes estuvieron de acuerdo en todo y el representante de la Cámara de la Propiedad ofreció además la rebaja de alquileres" (373).
 
            Estas medidas, tachadas de "demagógicas" por la mayor parte de los  historiadores,   revelan las verdaderas intenciones  políticas  del gobierno de la Generalitat de mantenerse y resistirse a la cresta de la ola revolucionaria, su derecho a existir, disputando, palmo a palmo, a los revolucionarios el terreno que acababa de perder.
 
            Los primeros intentos del gobierno de la Generalitat para recuperar el control de la situación acabaron en un rotundo fracaso. La situación revolucionaria no lo permitía. Era necesario esperar el momento propicio.
 
"(El gobierno autónomo) con intentos a veces tímidos pero constantes, iba manifestando su presencia y su voluntad de subsistencia".
 
"Como no se disolvieron las fuerzas del orden público... ni la misma burocracia estatal, los republicanos liberales burgueses que estaban en el gobierno autónomo tendieron paulatinamente a reforzar aquellos organismos que en el primer momento de la revolución parecieron desplazados y en una franca confusión sobre el poder al que tenían que obedecer. También tendieron a aglutinar las fuerzas militares, creando fuerzas milicianas propias. Los hombres de la Generalitat sabían que cuando aquellos organismos de orden público volviesen a tener cohesión, conjuntamente  con las propias fuerzas milicianas, podrían ellos, recuperar la vitalidad de su poder o la simple viabilidad de este poder, que de hecho solo estaba dormido".
 
"Por esto y desde su punto de vista es lógico, el gobierno autónomo catalán constantemente hizo sentir su presencia en  todas las disposiciones que dictaba el comité de milicias y, en ocasiones, hasta creando situaciones conflictivas, intentaba pasar por delante..." (374).
 
            El gran problema con el que tenía que enfrentarse el gobierno de la Generalitat, era evitar que los pasos progresivos para recuperar el poder, no provocaran la respuesta inmediata de los revolucionarios. El primero a seguir, pues, era ligarse por completo al Comité Central de Milicias, "legalizar" mediante decretos las medidas adoptadas por éste, y aprovechar la indecisión y las vacilaciones de los anarquistas para reforzar sus propios medios. También era necesario aumentar su prestigio político, blanquear  la imagen política ante la población, hasta convertirla en respetable y "revolucionaria", frente a la reacción militar y frente a los "extremismos de izquierda".
 
"El gobierno de la Generalitat actuó durante los dos primeros meses, poco menos que al dictado del Comité de Milicias. En la mayoría de los aspectos... revelan el firme propósito de mantener las riendas de la situación, aún dentro del pragmatismo que supone aceptar, como marco de actuación una economía revolucionaria que iba más lejos de lo que, sin duda, hubieran deseado los partidos de izquierda burguesa todavía predominantes en el gobierno del 6 de Agosto..." (375).
 
            La prensa cercana a los criterios políticos del gobierno     de la Generalitat, publicaba continuamente decretos por los cuales, "se incautaba" de las principales industrias y servicios de Catalunya. Los periódicos burgueses catalanes pretendían con estas noticias dar una imagen de normalidad y de iniciativa política  de la Generalitat que no se correspondía con los hechos.
 
            Si nos atenemos a los artículos de los periódicos, la imagen  que daba la prensa catalanista era de que la Telefónica, los servicios de transportes urbanos y las principales empresas metalúrgicas catalanas, todo era "incautado" por la Generalitat, en aras a las necesidades de la guerra que acababa de estallar. La realidad era otra muy distinta, la industria, los servicios, Catalunya entera, se encontraba en manos de los trabajadores.
 
            En una conversación entre Juan García Oliver   y Buenaventura Durruti, recogida por Abel Paz, encontramos las claves de la política de la Generalitat, en la que se encontraban presos los dirigentes anarcosindicalistas:
 
"A la conclusión que García Oliver llegaba era que, tal y como estaban las cosas, no quedaba otra solución que seguir los acontecimientos y mirar de controlarlos.  Había que mantenerse en el Comité Central de Milicias Antifascistas, no soltar los puestos de dirección que la CNT y la FAI tenían, sostener los comités de Defensa, y utilizar la fuerza armada del pueblo como una constante amenaza ante una eventual tentativa de reconstruir el antiguo poder... Pero a todo esto, decía García Oliver, hay que darle un carácter legal, desde el Comité Central de Milicias  Antifascistas...".
...
"...(Durruti) Cuanto más legalicemos -añadió-, más reforzaremos al Govern de la Generalitat, puesto que es él quien decreta y pone su sello; y cuanto más se refuerce el Govern de la Generalitat,  más se  debilitará  el Comité  Central  de Milicias Antifascistas. Esto significará que la CNT reforzará al Govern de la Generalitat..." (376).
 
            Companys intentaba neutralizar la iniciativa y el predominio de la CNT y de la FAI. Su política de orden público se  centró en reforzar las fuerzas que le eran fieles, y que se habían salvado de la descomposición revolucionaria de los primeros días.
 
            Los destartalados cuerpos policiales republicanos (guardia civil o republicana, guardias de asalto, mozos de escuadra...) fueron aumentando progresivamente en el número de sus efectivos, hasta poder competir, meses más tarde, con las patrullas de control y liquidar la situación revolucionaria.
 
            Sin embargo, las medidas de la Generalitat tuvieron que adoptar una dinámica prudente, la oposición que encontró en las primeras semanas, por parte de los representantes anarquistas del Comité Central fue total; solo la presión y la negociación, combinadas, pudieron conseguir que los dirigentes de la CNT acabaran por aceptar medidas de compromiso que significaban un paso en sus planes para recuperar el poder.
 
"Surgió la idea de traer todas las unidades de la guardia civil que seguían en los pueblos. Los anarquistas se enteraron del plan. Él (Jaume Miravitlles) y Tarradellas, en representación de la Generalitat, se entrevistaron con Durruti, García Oliver y Mariano Vázquez de la CNT, que se presentaron armados".
 
"<<Si tratáis de traer a la guardia civil, convocaremos una huelga general en el acto. Habrá una masacre de líderes de la Generalitat y de la Esquerra>>" (377).
 
            El mismo plan político fue aplicado a la reconstrucción del ejército. Las milicias tenían una serie de características (democracia interna, espíritu revolucionario, control de las bases, politización...) que las convertían en altamente indeseables para los objetivos de la Generalitat. Era necesario reconstruir un ejército tradicional a partir de los oficiales que se habían mantenido fieles a la República  y de las milicias controladas por el Front d'Esquerres. Sin embargo, los efectivos de la Generalitat era muy inferiores a los revolucionarios, era necesario, antes, reclutar una serie de levas forzosas sobre la población.
 
            Aunque los primeros intentos del gobierno autónomo  para recuperarse, fracasaron por la oposición de los revolucionarios,  en otras ocasiones, fue el Comité Central de Milicias quien acabó por aceptar soluciones de compromiso, que evitaran el enfrentamiento y que preservaran la unidad "antifascista" en su seno. El conflicto entre ambos poderes, sobre los cuerpos policiales se saldó, finalmente, con una salida intermedia, la Generalitat podría aumentar las fuerzas de sus efectivos, pero éstos pertenecerían a los sindicatos, con lo que su reforzamiento se haría a partir de elementos revolucionarios.
 
            Aparentemente, los anarcosindicalistas se habían salido con la suya, en la práctica, el resultado significaba un retroceso de las fuerzas revolucionarias. Los nuevos integrantes de los efectivos policiales de la Generalitat, pese a su origen revolucionario, estarían sujetos a la disciplina y al control del gobierno autónomo catalán.
 
            Aunque desarbolado, el gobierno autónomo catalán había ido recuperando todos los  medios que  la CNT y la FAI habían despreciado (nacionalización del sistema financiero, importancia del dinero, supervivencia de los viejos cuerpos policiales,...) para poder utilizarlos posteriormente en su política de recuperación del poder. La Generalitat se apresuró a nacionalizar las entidades financieras catalanas, aprovechando la mayoría sindical ugetista que existía en ellas. Peres Mas i Parera fue nombrado comisario de la Banca en Catalunya, "para atender debidamente al pago de los jornales de los trabajadores" (378).
 
            Los instrumentos que la moral anarcosindicalista había despreciado como instrumentos de un sistema capitalista trasnochado, que nunca volvería a resurgir de sus cenizas, fueron utilizados, posteriormente, en su contra por sus adversarios del frente Popular. Numerosos tesoros y gran cantidad de dinero (en moneda  nacional y en divisas) fueron entregados por el Comité Central y por las patrullas de control, fruto de sus registros y requisas en conventos, iglesias y mansiones, al consejero de cultura de la Generalitat, Ventura Gassol, que hacía, a su vez, de depositario.
 
            El anarcosindicalismo comprendió demasiado tarde el error que había cometido, todo el sistema financiero, incluidas las reservas de oro y de divisas del Banco de España se encontraban en poder del gobierno republicano, apoyado por las organizaciones del Frente Popular, que empezó a utilizar la represión financiera (La Catalunya revolucionaria necesitaba importar numerosos productos que no estaba en condiciones de producir en su suelo, y para ello eran necesarias las divisas que se encontraban en manos de sus adversarios) como un arma terriblemente eficaz para hacer retroceder al movimiento revolucionario y restaurar el orden republicano.
 
"La Generalitat es un artefacto meramente formulario. Pero Companys que ha reconocido el derecho de los obreros a gobernar, e incluso les ha ofrecido abandonar su puesto, maneja las cosas con tal arte, que poco a poco reconstituye los órganos legítimos del Poder, devuelve la acción a los Consejeros y deja los organismos obreros reducidos a su papel de auxiliares, de asesores, de ejecutores. A los cuatro o cinco meses estaba restablecida la normalidad" (379).
 
            Con su política de "legalizar" lo que ya estaba legalizado por la acción de los trabajadores en la calle, la Generalitat pretendía conservar su principio de la autoridad,  y también integrar las conquistas revolucionarias en el marco de la legalidad republicano burguesa: "El gobierno no gobernaba, pero seguía existiendo" (380).
 
            Consecuencia de esta táctica, el gobierno de la Generalitat publicó el decreto del 22 de Julio. Apenas instituido el Comité Central y en plena efervescencia revolucionaria, el gobierno catalán ordenó la depuración de los gobiernos municipales, por el que eran destituidos todos los concejales y alcaldes que no pertenecieran al Front d'Esquerres, mientras que las vacantes deberían ser cubiertas por los representantes de los partidos y sindicatos que se habían opuesto a la sublevación militar. Con esta maniobra política , el gobierno de Companys pretendía salvar de la quema revolucionaria, el aparato municipal de la República en Catalunya. Para ello era necesario blanquear su imagen depurando a los elementos más derechistas y reaccionarios, pero simultáneamente, también se invitaba a los anarcosindicalistas y a los poumistas a integrarse en los Ayuntamientos. La campaña de depuraciones que llevó a cabo el gobierno de la Generalitat se extendió a todos los campos, incluidos los cuerpos policiales (381).
 
            Desde el principio, y aprovechando los decretos, el gobierno de Companys nombró una serie de delegados interventores de la Generalitat (decreto del 24.08.36) que la representaban en el seno de las empresas incautadas. La función de estos delegados, simbólica durante los primeros meses por exigencia de los mismos trabajadores, que no hubieran permitido otro tipo de cometido, fue definiéndose y cobrando fuerza, a medida que el movimiento revolucionario retrocedía y las empresas colectivizadas, presionadas financieramente, se veían obligadas a aceptar sus imposiciones.
 
"Se ha recurrido a la ficción de expedir decretos o leyes que den a sus organismos (comités de milicias, patrullas de control, milicias populares de diversos tipos, consejos regionales, etc.) la característica formal de órganos oficiales, cuando estos reglamentos, por si mismos, hacían obra legal. En Catalunya, por ejemplo, la Generalitat convertía automáticamente esas disposiciones en decretos regulares".
 
"Los revolucionarios terminan por pensar que la función del Estado o de los gobiernos autónomos es <<legalizar sus actos>>, ... en los últimos meses de 1936 cunde la idea que hay una suerte de división de funciones que consiste en:
 
a) creación revolucionaria popular, por intermedio de sindicatos, comités, consejos, colectividades, etc.;
 
b) la legalización, y reconocimiento público de esas conquistas populares por el Gobierno central o los gobiernos locales" (382).
 
            Con esta política, y frente a la desorientación de los revolucionarios, el gobierno de la Generalitat se hacía cada vez más "imprescindible" para los revolucionarios. Sin embargo, el gobierno autónomo burgués republicano, seguía siendo hostil a la revolución de los comités y seguía combatiendo para conseguir su liquidación final.
 
            Mientras tanto, los dirigentes de la CNT, confiados en que  eran los dueños de la calle y del Comité Central de Milicias, mantenían una ingenua postura de compromiso y de desprecio hacia el gobierno de la Generalitat. Al fin y al cabo, ellos estaban  convencidos que valiéndose de su fuerza aplastante, podían paralizar en cualquier momento, las maniobras de Companys y de sus aliados del Front d'Esquerres.
 
4.3.2 LAS RELACIONES ENTRE EL COMITÉ CENTRAL DE MILICIAS ANTIFASCISTAS Y LOS COMITES REVOLUCIONARIOS LOCALES.
 
            El claro predominio anarcosindicalista en Catalunya se expresaba de una forma dispersa y múltiple. Como muy bien dice, el historiador libertario Abel Paz, la dualidad de poderes se expresaba en que éste, propiamente hablando, no existía.
 
"De hecho, el poder, propiamente hablando, no existía: La Generalitat era un puro simbolismo, el Comité Central de Milicias Antifascistas no podía dar un paso sin el apoyo de los Sindicatos, y las milicias no podían organizarse sin la colaboración de los Comités de defensa y de los Sindicatos, que eran los que controlaban a las bases obreras" (384).
 
            Frecuentemente, la autoridad del Comité Central de Milicias terminaba en las afueras de Barcelona, donde empezaba el poder de los comités revolucionarios de cada localidad. Simultáneamente al Comité Central, existían otras Juntas de poder territorial en Catalunya. En la provincia de Tarragona, en la ciudad industrial de Reus, se había un formado un gobierno local de Frente Popular  que estaba dirigido por el anarcosindicalismo. En la ciudad de Lérida, la Junta de poder territorial estaba bajo el control del POUM, y en su seno no existía ninguna representación de los partidos republicanos, ni tenía ningún tipo de vínculo con el gobierno de la Generalitat.
 
            Las medidas que tomaba el Comité Central de Milicias sólo podía llevarse a cabo, mediante un delicado equilibrio en el que era necesario la aceptación de los sindicatos y de la multitud de comités. Las directrices solo eran obedecidas gracias a la mayoría con la que contaban los anarcosindicalistas en el Comité Central y en los comités revolucionarios.
 
            La espontaneidad con la que fueron formados los comités, y el alcance de su obra, contrastan claramente con la actitud de compromiso y espera a la que habían llegado los dirigentes de la CNT y de la FAI, con respecto a la Generalitat y el Front d'Esquerres. Las diferencias fueron acentuándose en los meses siguientes, hasta llegar a la integración del Comité Central en el seno de un nuevo gabinete de concentración del gobierno autónomo catalán. Este choque entre las dos actitudes distintas que defendían miembros del anarcosindicalismo se expresó en numerosas ocasiones por la oposición y resistencia que opusieron los comités revolucionarios y los sindicatos a las directrices que ordenaba el Comité Central de Milicias.
 
            Sin embargo, la oposición de los comités a la política de colaboración que llevaban a cabo los cuadros dirigentes no puede ser considerada como frontal. El hecho de que la CNT fuera claramente hegemónica en ambos organismos, creaba una fuerte confusión en las bases anarcosindicalistas.
 
"Los comités, que se colocaron en lugar del aparato gubernativo y administrativo y que reflejaban, al mismo tiempo, la relación de fuerzas social y política, se opusieron, en tanto que depositarios de poder revolucionario, al orden económico y político establecido  y al statu-quo de la distribución del poder político -aunque a escala local lo estuviesen ejerciendo de facto-, sino a su destrucción" (384).
 
            Al no sentirse representados, en muchas ocasiones por la política del Comité Central de Milicias, y no poder ejercer ningún control o influencia directa sobre él, los comités  revolucionarios locales actuaron frecuentemente de forma independiente e incluso opuesta a la línea que pretendía seguir el Comité Central.
 
            Lorenzo nos revela un organigrama teórico del funcionamiento de las relaciones de poder que existían entre el Comité Central y los comités, que él mismo confiesa que nunca se llevó a la realidad. Si hubiera sido así, nos encontraríamos frente a una estructura presoviética o soviética que nunca llegó a funcionar y que tampoco formaba parte del proyecto de ninguna de las organizaciones obreras que formaban parte de la Junta, ni siquiera entre los anarcosindicalistas o los poumistas.
 
"Los comités locales se agrupaban después en comités comarcales que actuaban de acuerdo con la voluntad de los habitantes de diversas localidades; estos comités comarcales determinaban a su vez las decisiones del Comité de Milicias de Catalunya que recíprocamente transmitía sus órdenes a los comités comarcales, y éstos a los comités locales. Pero la verdad es que la autoridad del Comité de Milicias no era muy sólida. Los comités locales sólo se obedecían a sí mismos; las relaciones entre ellos y el Comité Central eran muy superficiales. De hecho no existía un poder central, sino muchos poderes autónomos y microgobiernos" (385).
 
            La política del Comité de Milicias se expresaba, principalmente, por los cauces sindicales de la CNT y en menor medida, del resto de las organizaciones. A diferencia de la revolución rusa, donde el soviet de Petrogrado era considerado como la cúspide legítima del poder revolucionario, y sus miembros  integrantes eran elegidos, democráticamente, por la multitud de soviets locales existentes, el Comité Central solo lo era por el prestigio político de las organizaciones que formaban parte de él.
 
            Las consignas eran obedecidas por  los comités mientras fueran consideradas favorables para el curso de la revolución, pero tropezaban con grandes resistencias cuando ocurría lo contrario. 
 
            Las decisiones del Comité Central eran discutidas por los comités locales y comarcales, que decidían su aceptación o rechazo. Mientras tanto, el "máximo órgano de la revolución" tenía que confiar en los comités, para que pudieran llevarse a cabo sus medidas. Frecuentemente las órdenes del Comité Central  de Milicias fueron consideradas como fruto del compromiso con la Generalitat y sus partidarios, y por lo tanto, desobedecidas por los comités locales. El conflicto existente en el seno de la CNT y de la FAI, entre los partidarios de la colaboración y los que se oponían a esta táctica por considerarla como una amenaza para la revolución, se trasladaba a las relaciones entre el Comité Central y los organismos revolucionarios locales.
 
4.3.3 LAS RELACIONES ENTRE EL COMITÉ CENTRAL DE MILICIAS ANTIFASCISTAS DE CATALUNYA Y EL GOBIERNO CENTRAL DE LA REPÚBLICA.
 
            El hundimiento del gobierno autónomo catalán fue simultáneo al derrumbe del gobierno de la República. El gobierno Giral tuvo que asistir, impotente, a la disgregaciòn de todo el aparato estatal, y a su sustitución por una multitud de comités dispersos  por toda la geografía del país.
 
            Sin embargo, mientras a nivel estatal, la República era salvada por la colaboración y el apoyo prestado por las organizaciones obreras del Frente Popular, que aparecían como garantes del gobierno, en Catalunya el anarcosindicalismo adoptaba una posición confusa frente al gobierno de la Generalitat. La CNT y la FAI, a pesar de sus coqueteos anteriores con el Frente Popular nunca habían formado parte de él, mientras que su proyecto político  estaba claramente enfrentado al de los que defendían a la República.
 
            El anarcosindicalismo proclamaba la necesidad  de la destrucción definitiva de cualquier tipo de Estado, fuera del tipo que fuera. Pese a todo, a la colaboración y la libertad de voto que había dado a sus bases, en las elecciones de Febrero,  éstas concesiones no convertían a la CNT y a la FAI en defensores del orden burgués republicano. Su apoyo a las movilizaciones, en los meses siguientes, así lo atestiguaban.
 
            El problema con el que tenía que enfrentarse el gobierno republicano, se complicaba a nivel de Catalunya, donde la revolución había adquirido una profundidad mucho mayor. Las diferencias políticas tradicionales entre Catalunya y el estado republicano se habían reflejado en el hecho de que los partidos mayoritarios en el gobierno catalán siempre habían tenido un matiz nacionalista y regionalista, que había chocado con los partidos mayoritarios en el ámbito estatal.
 
            Al hecho diferencial catalán se unía otra característica más peligrosa: mientras a nivel estatal el socialismo era mayoritario en la mayor parte de las regiones, a nivel de Catalunya, la hegemonía correspondía a la CNT. Los líderes del socialismo, pese a sus discursos izquierdistas y pseudo-revolucionarios, eran claros aliados de los republicanos, en el seno del Frente Popular. El anarcosindicalismo, en cambio, se mostraba un aliado circunstancial, inseguro, e incluso hostil.
 
"Una vez, el gobierno de Madrid, superó su autodisolución, empezó a frenar al Gobierno de la Generalitat por su catalanismo, y al Comité de  Milicias por su revolucionarismo" (386).
 
 
 
            Para ello, el gobierno de Giral, y los gobiernos posteriores de Largo Caballero utilizaron todos los medios a su alcance. Catalunya era, a pesar de la política llevada a cabo por el Comité Central de Milicias, deficitaria en armamento y municiones. Para ello, era necesario llevar a cabo una serie de importaciones periódicas, que sólo podían pagarse por medio de las divisas y del oro que estaban guardados en el Banco de España. La cuestión financiera fue uno de los instrumentos que utilizó, con terrible eficacia, el gobierno de Madrid. La falta de armamento afectaba por igual a los dos principales adversarios del gobierno central en Catalunya, el Comité Central de Milicias y el gobierno de la Generalitat. El gobierno central era consciente de que controlando el poder financiero, era cuestión de tiempo que la revolución en Catalunya   y también la misma Generalitat, estuvieran a su merced.
 
"Una política financiera audaz consiguió vencer los obstáculos de los primeros meses mediante incautaciones en los establecimientos bancarios de Catalunya; pero esas incautaciones tenían un límite en las existencias precarias, y llegó el instante en que, para hacer frente a las necesidades urgentísimas, hubo que recurrir a emisiones propias de las que no respondía el Tesoro Nacional. Así llegamos a este dilema: o gestionábamos, por un lado, un entente con el gobierno central para que sufragase los gastos de la guerra, o bien habíamos de decidirnos a establecer un régimen de independencia política que, probablemente habría sido poco viable durante la contienda y, después de ella, habría sido un mal para España y para Catalunya" (387).
 
            El gobierno central y las organizaciones del Frente Popular estaban dispuestas a aprovechar la ventaja que tenían en sus manos. Las divisas y el armamento, de forma limitada, eran entregadas a cambio de graves concesiones políticas, que amenazaban el futuro de la revolución en Catalunya. De esta forma, los dirigentes anarcosindicalistas que se habían negado a tomar el poder en sus manos, en los inicios de la revolución, y extenderla al resto del Estado, se encontraban chantajeados y empujados, cada vez más, hacia la colaboración y hacia la supeditación de los intereses revolucionarios.
 
            La llegada del armamento ruso, fue uno de los factores que ayudaron al gobierno central, en colaboración con el PCE y el PSUC, a presionar al Comité Central de Milicias de Catalunya. Los buques soviéticos tenían órdenes de no desembarcar en los puertos catalanes. Cualquier llegada de material bélico a Catalunya, solo llegaba por las concesiones que había dado el Comité a sus adversarios políticos. La resistencia del anarcosindicalismo y de sus aliados del POUM en el seno del Comité Central coincidían siempre con los períodos en los que la escasez de armamento se hacía más angustiosa. Los suministros volvían a aparecer, en el momento en el que éstos cedían a las presiones de sus adversarios (388).
 
 
 
            La dramática falta de divisas surtió efecto en el seno del Comité Central y del anarcosindicalismo.
 
"Se concibió el proyecto de tomar una parte de las divisas que estaban en manos del Banco de España para llevarlas a Catalunya. Pero llegado el momento, no se quiso cargar con la gran responsabilidad del gesto, que habría tenido grandes repercusiones. Fueron comunicados los propósitos al Comité Nacional de la CNT y a algunos conocidos cuadros anarquistas, pero estos rechazaron el plan con el argumento de que sólo aumentaría la animosidad contra Catalunya" (386).
 
            La situación ponía a los anarcosindicalistas en un grave aprieto. Su renuncia al poder en Catalunya, durante las jornadas  de Julio, también había significado, por lo menos por el momento, la negativa a extender la revolución, o por lo menos su profundización, fuera de los límites de Catalunya y Aragón, que eran los territorios que la CNT ya controlaba.  Por lo tanto,  la falta de divisas y de reservas en oro, colocaba al anarcosindicalismo en una clara situación de inferioridad, que aprovechaban ahora sus adversarios en el campo republicano para estrangular al movimiento revolucionario. Mantener el status-quo significaba, en esencia, y pese a su desesperada oposición, colocarse bajo el dominio del gobierno republicano y del Frente Popular.
 
            La negativa de los dirigentes de la CNT a apropiarse, mediante un golpe de mano, de una parte de las divisas que estaban almacenadas en los sótanos del Banco de España, implicaba  también su negativa a enfrentarse, y por consiguiente, su capitulación por anticipado, frente a la presión de sus adversarios políticos.
 
"Lógicamente el Gobierno utilizó esta arma para ir haciéndose  de nuevo con el poder real, es decir, para frenar el impulso revolucionario y recortar las extralimitaciones autonómicas de los primeros días".
"Los anarquistas se dieron cuenta perfectamente de esta táctica y la denunciaron con vehemencia. Jacinto Toryho resumió así la posición del Gobierno: <<Catalunya es la revolución; hay pues, que hacer fracasar a Catalunya>>, y el sistema de hacerlo era <<asfixiándola en el terreno económico, e inutilizándola en el bélico>>, y Abad de Santillán  llega a declarar que <<sin la política hostil del gobierno central, Catalunya habría podido liquidar el problema de la guerra en pocos meses>>" (390).
 
            La confesión del dirigente libertario es reveladora. Debatir sobre la opinión de Diego Abad de Santillán sobre la importancia de Catalunya en el desenlace de la guerra es historia ficción.
 
            Lo que si que está fuera de dudas es que, por su potencial industrial, estaba destinada a jugar un papel clave en el conflicto. Sin embargo, lo que el dirigente anarcosindicalista no define es la postura y los intereses que defendía el gobierno de la República y las organizaciones del Frente Popular, frente a la revolución en Catalunya.
 
"En los últimos días del gabinete Giral... fuimos con Diaz Sandino, no por primera vez, a exponer al gobierno de Madrid la situación de Catalunya, sus necesidades y sus posibilidades. Desde la primera hora el gobierno central había rehusado categóricamente toda ayuda a nuestra empresa en Aragón y en las Baleares. Pero no podíamos menos de tocar los resortes para hacer comprender a los políticos en Madrid que Catalunya tenía en sus manos el triunfo de la guerra y que era un crimen contra España y contra la cultura amenazada por la bota militar, no poner a su disposición los elementos  que le faltaban para terminar la contienda en muy pocos meses".
 
"Más de ciento cincuenta mil hombres se habían inscrito voluntariamente en nuestras milicias para salir al frente y luchar contra el enemigo... Recordamos haberle dicho que nuestra guerra estaría ganada el día que las fuerzas del frente aragonés enlazasen con las regiones metalúrgicas y mineras del norte de España. Le explicamos que nos bastábamos si se nos ayudaba con los recursos financieros de que carecíamos, para aplastar al enemigo, deplorando que el gobierno central, por un odio insensato a Catalunya y por miedo a la revolución del pueblo, que era el representante de la verdadera España, pusiera obstáculos a nuestra obra, que entrañaba la victoria y la salvación de todos" (391).
 
            Lo que parece una actitud sectaria e incomprensible, por parte de los diferentes gabinetes, sin excepción, que ocuparon el gobierno de la República (Giral, Caballero y Negrín), se vuelve clara, si analizamos el conflicto desde una perspectiva clasista. Óptica que Abad de Santillán no utiliza. Catalunya representaba el corazón de la revolución de los comités que había estado a punto de destruir definitivamente al estado burgués republicano. Las frases literarias del dirigente libertario "revolución del pueblo", "representante de la verdadera España", "la victoria y la salvación para todos", sin duda alguna, producían en el gobierno republicano, un resultado completamente opuesto al que esperaba que causaran. Y el mismo "ingenuo" Abad de Santillán reconoce que en una conversación con Azaña:
 
"...en el curso de la conversación tuvimos la impresión de que aquel hombre no simpatizaba con el fascismo, pero simpatizaba menos aún con la revolución y con la intervención directa del pueblo en la vida pública, sin respetar las barreras preestablecidas por los partidillos republicanos que nacieron al advenimiento de la República" (392).
 
            El éxito del proyecto militar que defendían los anarcosindicalistas hubiera cuestionado gravemente los objetivos del gobierno y del Frente Popular, además de darle a la CNT un prestigio que hubiera provocado una segunda fase, mucho más radicalizada, de la revolución de Julio. Por lo tanto, era necesario detener y hacer retroceder a la Catalunya revolucionaria, era necesario ayudar a la Generalitat y al Front d'Esquerres para recuperar el terreno perdido, y posteriormente afirmar el control del gobierno central sobre el de Catalunya.
 
            Pese a los discursos izquierdistas que los dirigentes obreros del Frente Popular dirigían a la multitud, es evidente que la revolución que se había   desencadenado era más peligrosa que el mismo ejército franquista que se había sublevado. Importantes sectores del Frente Popular (republicanos, socialistas de derecha) protagonizaron diversos intentos fracasados de negociación con los sublevados. Al fin y  al cabo, los militares se habían alzado en armas contra el peligro revolucionario, no contra la República, si éste era aplastado, el camino para la reconciliación quedaría allanado. Los republicanos y los socialistas de derecha esperaban conseguir, con su política, un pacto con los sublevados, que relegara la revolución a un segundo término. La alianza entre ellos y los sublevados, hubiera significado, al fin y al cabo, el final de la revolución, y la supervivencia del orden republicano.
 
            Esto explica que, a menudo, el aspecto político (las negociaciones con los sublevados y la lucha para evitar el triunfo de la revolución), en el seno del bloque republicano, estuviera por encima del militar (que estaba, en aquellos momentos, en manos de las milicias revolucionarias).
 
            Por otro lado, el PCE y el PSUC, aunque adversarios de cualquier tipo de compromiso con los insurrectos, también se oponían firmemente a cualquier veleidad revolucionaria, siguiendo  las órdenes dictadas por Moscú.
 
            La actitud que había mantenido el gobierno de la República, antes del estallido de la guerra y de la revolución, había sido  un reflejo de la que fue posteriormente. Los republicanos habían hecho oídos sordos ante los rumores insistentes de que una sublevación militar estaba en marcha. La "ingenuidad" republicana solo podía explicarse porque el temor que los gobernantes sentían hacia la revolución era infinitamente mayor que el que sentían hacia la conspiración. Al fin y al cabo, esperaban vencer a la sublevación, mediante negociaciones y ascensos, que asegurarían la fidelidad militar, que les era especialmente valiosa frente a la amenaza revolucionaria. El gobierno central, en el camino hacia la recuperación total de su antiguo poder, tenía que someter al movimiento revolucionario a su autoridad, para ello contaba con el prestigio de los partidos obreros que integraban el Frente Popular. Esto explica la rápida decadencia de la revolución a nivel estatal, fuera del territorio de Catalunya y de Aragón.
 
            El proceso en el territorio catalán iba a ser mucho más lento y cuidadoso. Primero era necesario vencer las resistencias que oponía el anarcosindicalismo, la organización que dirigía la revolución en Catalunya; una vez vencido el principal enemigo, ya habría tiempo de ajustar las cuentas a las veleidades nacionalistas de la Generalitat.
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4 HISTORIA DEL COMITE CENTRAL DE MILICIAS ANTIFASCISTAS DE CATALUNYA. LA EVOLUCION DE LA DUALIDAD DE PODERES.
 
4.4.1 La formación de las milicias.
 
            La victoria de los revolucionarios en Barcelona dió un impulso decisivo a la lucha contra los sublevados en el resto de Catalunya. La rendición de Goded fue un poderoso factor de desmoralización para los insurrectos, que decidieron rendirse en aquellas localidades donde todavía resistían.
 
            Sin embargo, la victoria en Catalunya no estaba asegurada. Zaragoza, uno de los principales núcleos libertarios, donde pocos meses antes se había realizado el último congreso de la CNT, estaba en poder del enemigo. Huesca y Teruel, el resto de las capitales de provincia aragonesas también habían caído en manos de los facciosos, mientras que en Valencia, el ejército permanecía sospechosamente acuartelado desde el día 17, sin que los militares, presos de sus propias vacilaciones, decidieran apoyar la insurrección. La Catalunya revolucionaria estaba rodeada de territorios donde el resultado de la sublevación se había decantado en favor de los facciosos, o todavía no se había decidido por ninguno de los dos contendientes.
 
            Los rumores de que una columna armada había partido de Zaragoza hacia Barcelona empezó a circular insistentemente entre la población. En la primera reunión del Comité Central de Milicias se decidió enviar en dirección a Zaragoza, delegaciones que comprobasen las verdaderas posiciones del enemigo y como medida preventiva, se decidió minar los puentes de las carreteras y de los ferrocarriles para evitar que una columna motorizada pudiera atacar, por sorpresa.
 
            La revolución había triunfado en Barcelona. Sin embargo, las fuerzas revolucionarias, organizadas principalmente por los comités de autodefensa anarcosindicalistas de las barriadas, estaban completamente dispersas. El viejo ejército de la República había desaparecido, reduciéndose sus efectivos, a unos pocos cuadros militares que habían permanecido fieles al gobierno.
 
            Una cosa eran los combates callejeros contra las viejas fuerzas del orden, y otra muy distinta, una guerra abierta contra  un ejército regular. Era necesario formar unas fuerzas de choque que no sólo defendieran el triunfo conseguido en Catalunya, sino que lo extendieran hacia Zaragoza y el resto de Aragón, además de asegurar el triunfo de los revolucionarios en Valencia, si la sublevación llegaba a realizarse.
 
            La base social y política del nuevo ejército sólo podía descansar, en plena situación revolucionaria, en la multitud de grupos de obreros armados que todavía vigilaban las barricadas que se habían levantado contra los sublevados, el 19 de Julio, y por lo tanto, también tenía que representar sus aspiraciones y sus esperanzas:
 
"El punto esencial del sistema era la igualdad social entre los oficiales y los soldados. Absolutamente todos, desde el general hasta el soldado raso, tenían la misma paga, comían el mismo rancho, llevaban las mismas ropas y se trataban en términos de completa igualdad... en teoría al menos, cada milicia era una democracia y no una jerarquía.. había oficiales y suboficiales, pero no grados militares en el sentido corriente de la expresión; no había distintivos, ni galones, ni taconazos, ni saludos reglamentarios... una especie de modelo provisional y vivo de la sociedad sin clases".
 
"... La disciplina es voluntaria, se basa en la lealtad de clase... la mejor prueba de la fuerza de la disciplina <<revolucionaria>> es el hecho de que las milicias no abandonaron en ningún momento la línea de fuego. Porque hasta Junio de 1937, lo único que les obligaba a permanecer allí era su sentido de lealtad para con su clase..." (393)
 
            El proyecto de la Generalitat era otro muy distinto, constituir un cuerpo armado  de milicias ciudadanas que tuviese una doble finalidad, la lucha contra la sublevación militar y servir como contrapeso al anarcosindicalismo triunfante, que se había adueñado de las calles y que, sin pretenderlo, era el auténtico poder en Catalunya. La iniciativa del Comité Central y de los anarcosindicalistas al decidirse a crear un nuevo ejército de milicias revolucionarias desbarataron por el momento, los planes de Companys y de sus aliados del Front d'Esquerres.
 
            Según la versión recogida por Cesar M. Lorenzo (extraída de la obra de Francisco Lacruz, "El alzamiento, la revolución y el terror en Barcelona" p.118), el origen de las milicias partidarias estuvo en la negativa de los anarquistas a aceptar  al comandante Pérez Farrás como comandante en jefe de las milicias, por lo que se acordó que cada grupo político o sindical constituiría sus propias fuerzas armadas (394).
 
            La versión recogida por el historiador libertario es, por lo menos, dudosa. Sin embargo, la anécdota nos enfrenta a un interrogante, ¿porqué, los anarcosindicalistas, dueños absolutos de la situación, permitieron que el resto de las organizaciones formara sus propias columnas, al margen del Comité Central de Milicias, convertido, pocas horas antes, en el órgano supremo de la revolución en Catalunya, por los mismos dirigentes de la CNT? La negativa de los anarcosindicalistas a convertir al Comité Central de Milicias Antifascistas, en un auténtico gobierno revolucionario tuvo como consecuencia, la incapacidad política de este organismo para convertirse en el único organizador y dirigente del nuevo ejército.
 
            Sin duda alguna, la grave concesión que acababan de cometer los anarcosindicalistas iba a tener graves consecuencias para el futuro del movimiento revolucionario, o las nuevas e improvisadas milicias se constituyeron sin un órgano de dirección único. Las columnas armadas se formaron en torno a los partidos y a los sindicatos, y obedeciendo tan solo a los órganos ejecutivos de éstos.
 
            Las milicias obreras adquirieron una estructura partidaria que sería utilizada, en los meses siguientes, por los partidarios de la Generalitat, para reforzar su poder, en detrimento de los sectores revolucionarios.
 
"Cada organización proletaria representada en el Comité de Milicias Antifascistas creó su propio ejército, que se convertía en su garantía de supervivencia dentro del movimiento revolucionario. Los partidos políticos pequeño burgueses, en conjunto, también intentaron crear uno propio, sin renunciar, no obstante, el gobierno de la Generalitat, a crear un ejército propio a base de las clásicas levas" (395).
 
            La incomprensible actitud de los representantes de la CNT y de la FAI solo se explica por la autoconfianza que tenían, al comparar la desigualdad aplastante que existía entre sus efectivos y los del resto de las organizaciones. Por otro lado,  convertir al Comité Central en el auténtico mando de las milicias los hubiera colocado irremediablemente, una vez más, en la  fatal disyuntiva del ser o no ser, un gobierno revolucionario, idea  especialmente aborrecida por el anarcosindicalismo militante.
 
            La concesión del anarcosindicalismo también rebela una total improvisación y un análisis superficial sobre las consecuencias que iban a tener sus decisiones en el futuro de la guerra y de la revolución. Sin duda  alguna, los dirigentes de la CNT y de la FAI se dejaron llevar por la optimista e irreal idea de que el conflicto armado iba a ser de corta duración y de que eran ellos, los sectores revolucionarios, los que llevaban la iniciativa victoriosa.
 
            El Comité Central de Milicias Antifascistas de Catalunya, se convertía en una simple mesa de frente único de las organizaciones antifascistas, pero renunciaba a convertirse en lo que había sido, al crearse, su principal objetivo: el de órgano director del nuevo ejército de milicias, y consecuentemente, de la revolución.
 
            Para las organizaciones partidarias del Front d'Esquerres el error de los anarcosindicalistas era, por el contrario, una valiosa oportunidad que tenía que ser aprovechada. Constituyendo sus propias milicias, creaban las primeras bases para la construcción del nuevo ejército de la República.
 
            El proyecto de "las milicias ciudadanas" de Companys había nacido muerto, porque la situación revolucionaria no permitía que pudiese prosperar, sin embargo la ingenuidad de los cenetistas les brindaba una  posibilidad inesperada. A partir de este momento, el gobierno de la Generalitat, por medio de las organizaciones obreras (principalmente del PSUC y de la UGT, que fueron desplazando del  centro político a ERC) del Frente Popular, tenía la posibilidad de formar su propio ejército, para que con el tiempo, pudiera contrarrestar y anular el poderío anarcosindicalista.
 
            En los meses siguientes, las organizaciones más izquierdistas, los anarcosindicalistas y el POUM, se quejaron frecuentemente, de la falta de suministros de municiones y de armamentos, mientras que las milicias comunistas y de las organizaciones del Frente Popular recibían abundante material de guerra proveniente de los envíos soviéticos (396). El armamento y las municiones se repartían, no en las zonas donde más se necesitaban, sino allí donde los comités dirigentes de las  organizaciones decidían, según sus afinidades ideológicas. Frecuentemente la clave del armamento, fue utilizada para desprestigiar a las milicias rivales, en beneficio de las propias. La incapacidad del Comité Central para imponerse como centro único de mando de las milicias ocasionó graves errores en la organización y en el funcionamiento de las milicias en el frente. Numerosos historiadores y testimonios hablan de los frecuentes roces y enfrentamientos que se dieron entre las columnas armadas de las diferentes organizaciones, de la falta de coordinación y de planificación de las operaciones militares entre las distintas milicias.
 
"En las milicias hay una tendencia a formarse en unidades independientes, al servicio, cada milicia, de una política, lo que hace que tengan una doble dirección, una doble finalidad, la lucha contra el enemigo de las trincheras de enfrente y contra el enemigo político posible que está a su lado en los frentes de combate y está también tomando posiciones políticas en la retaguardia" (397).
 
            La falta de un mando único, el sectarismo y los numerosos errores e ingenuidades que cometieron las milicias, fueron aprovechados,  pocos meses más tarde, por sus adversarios, para desprestigiarlas y exigir su disolución e integración en el nuevo Ejército Popular, que empezaba a reconstruirse, al servicio del gobierno republicano.
 
"Esta falta de dirección, esta  falta de objetivos inmediatos, esta falta de armamento, esta estabilidad desmoralizante de una guerra de trincheras que duró meses, y otros factores bastante evidentes, hicieron que, de hecho, no se pudiese poner a prueba el valor militar de las milicias, sino también, y en gran parte, en la voluntad de no querer aprovechar aquellas masas de hombres que se pudrían en una inactividad total. En los frentes de Aragón no hubo operaciones importantes, no a causa de las estructuras milicianas con todos los defectos que no dejamos de recordar, sino porque se quiso ahogar un intento militar que habría favorecido a la organización confederal y en parte, también, al gobierno autónomo catalán" (398).
 
            El error cometido por el anarcosindicalismo catalán fue repetido por otras organizaciones, en la mayor parte de los frentes de batalla, a excepción de Asturias, donde el grado de cooperación entre la UGT y la CNT, puesto ya a prueba en la revolución de 1934, permitió la formación de milicias mixtas, formadas por las diferentes organizaciones obreras, sin distinciones ideológicas o partidarias, lo que evitó repetir estas trágicas equivocaciones.
 
            La noticia de la formación de milicias que iban a dirigirse hacia la conquista de Zaragoza y del resto de la región aragonesa provocó un fuerte entusiasmo entre importantes sectores de la población, especialmente entre los sectores organizados. Abad de Santillán, responsable en el Comité Central de la formación y de los suministros a las milicias, habla de la inscripción de más de 150.000 voluntarios (399). Sin embargo, la cifra que posteriormente se organizó fue sensiblemente menor, la falta de armamento y de municiones, y la imposibilidad de medios materiales para formar un tan vasto e innecesario ejército, motivó que el número de milicias catalanas que llegaron a estar en el frente de Aragón, pocas semanas más tarde, fue apenas quinta parte de estos cifras. La cifra de efectivos que el Comité Central de Milicias había calculado que eran necesarios para la conquista de la capital aragonesa era de 12.000 hombres.
 
            La primera columna de milicianos, que contó con una cifra de integrantes, muy inferior a la planteada en el Comité Central, entre los 2.000 y los 3.000 miembros, partió hacia Zaragoza, el día 24 de Julio, al mando de Buenaventura Durruti y asesorado por el comandante Enric Pérez Farrás y el sargento Manzana como consejeros técnicos militares. La columna partió del paseo de Gracia, aclamada por la multitud que se había acercado al lugar para despedirla. El mismo Abad de Santillán nos aclara que el motivo del escaso número de milicianos de la expedición armada, se debió a la incomprensión que existía entre los responsables, de la verdadera situación en la que se encontraban. existía un exagerado optimismo de que la columna revolucionaria apenas iba a encontrar obstáculos en su marcha (400).
 
            La columna de Durruti adoptó una forma organizativa que fue  imitada por el resto de las milicias libertarias, y en mayor   o menor medida, por el resto de grupos. Diez milicianos constituirían un grupo que nombraría un delegado, diez de estos grupos se convertiría en una centuria y cinco de éstas, formarían una agrupación, que estaría representada por un responsable que, junto a los delegados de las centurias, formaría parte del Comité de la Agrupación. Esta estructura de las milicias se mantendría vigente y sin apenas variaciones, hasta la militarización de éstas, en el mes de marzo de 1937.
 
            El mismo día que la columna de Durruti, partió un nuevo contingente de 2.000 milicianos a las órdenes del ebanista libertario Antonio Ortiz, que estaba asesorado, como técnico militar, por el comandante Fernando Saavedra.
 
            El día 24, partió otra nueva columna armada con más de 2.000  hombres que recibió el nombre de "Lenin" o "Joaquín Maurín" (detenido en los primeros días de la guerra en Galicia, y dado por muerto o desaparecido, en aquellas fechas). El nuevo cuerpo  de milicianos estaba  organizado por el POUM, y estuvo mandada por José Rovira y por Jordi Arquer. Apenas dos semanas más tarde, otro grupo armado poumista, con un millar de milicianos, partió hacia el frente dirigido por Oltra Picó.
 
            Al día siguiente, el 25, otro contingente de 2.000 voluntarios marchó hacia la conquista de Aragón. La nueva columna armada, llamada  "Carlos Marx" era dirigida por Lluis del Barrio, A.Trueba y por Angel Estivill, todos miembros de la nueva organización comunista catalana   (PSUC), que hacía dos días que acababa de formarse, al calor de los combates callejeros de Barcelona.
 
            Un nuevo destacamento anarcosindicalista, dirigido por Domingo Ascaso y por Cristóbal Aldabaltreco, partió hacia la zona que seguía dominada por los sublevados.
 
            Más tarde marcharon nuevas columnas armadas de milicianos de las diferentes organizaciones que componían el Comité Central. La columna Macià-Companys partió a principios del mes de Agosto,  y estuvo dirigida por el teniente coronel Jesús Pérez Salas y por  Enric Canturriel y el contingente  armado  estaba formado por militantes de ERC y de otros grupos nacionalistas menores.
 
            El 28 de Agosto partió una nueva columna de milicianos libertarios hacia el frente de Aragón, "Los aguiluchos de la FAI", integrada por cerca de dos mil voluntarios, y reforzada por grupos de guardias de asalto. La columna revolucionaria fue organizada por Joan García Oliver, dirigida por Luis Escobar y García Vivancos, además  de estar asesorada por Josep Guarner.
Una nueva expedición armada, compuesta por montañeros nacionalistas fue enviada a la zona pirenaica. Otros numerosos grupos partieron de diferentes localidades de Catalunya para dirigirse hacia Aragón.
 
            En Septiembre, las columnas de milicianos que contaban  con  30.000 hombres, sin haber podido conseguir sus principales objetivos militares: apoderarse  de las capitales aragonesas, Zaragoza, Huesca y Teruel y abrirse  paso hasta el norte minero y siderúrgico. Las milicias guardaban un frente de unos 300 kilómetros, desde la frontera con Francia hasta el sur de Aragón. Según el "boletín" de la CNT y de la FAI, el anarcosindicalismo contaba con cerca de 13.000 milicianos en el Frente de Aragón, el POUM tenía 3.000 voluntarios, 2.000 pertenecían a las columnas PSUC-UGT, 4.000 de los efectivos, pertenecían a los restos de los viejos cuerpos policiales de la República, que se habían ofrecido voluntarios para luchar en el frente. De los 30.000 combatientes, dos terceras partes provenían de Catalunya, mientras Valencia había enviado 9.000 milicianos. (401).
 
            Pese al entusiasmo inicial de los revolucionarios, las columnas de milicianos, organizadas de una forma improvisada, no constituían un ejército eficaz. Durante los meses de su existencia, la inferioridad organizativa de las milicias   pudo  compensarse, con éxito, con el entusiasmo de los combatientes revolucionarios.
 
"Los periódicos traen noticias de formación de Columnas el mismo día 22; pero es seguro que se trataba de grupos abigarrados, sin orden -relativo- ni mandos, más propios para desfilar por las calles que para mayores empeños" (402).
 
            Las columnas de voluntarios, contaban frecuentemente, con más hombres que armas, y con raras municiones. El abastecimiento de las milicias dependió en los primeros momentos, cuando se consideraba que la guerra iba a ser rápida, de las aportaciones espontáneas que hacía la población campesina, en las localidades que iban atravesando. A medida que el conflicto tendía a prolongarse y el frente aragonés se estabilizaba, los suministros se regularizaron a través de los comités locales, de las colectividades agrarias y también de las empresas colectivizadas.
 
            Los milicianos contaban con una ropa dispar e inadecuada para las circunstancias que iban a atravesar, el material utilizado en  los combates era, a menudo, incompleto y defectuoso. Los mapas  utilizados por los dirigentes de las columnas, para planificar las operaciones militares eran simples mapas turísticos de la marca "Michelín" y gran parte de la artillería de la que se apoderaron los revolucionarios durante los combates en Barcelona, llegaron al frente mucho después que los combatientes, por carecer de los medios de transporte adecuados.
 
            Muchos de estos errores eran perfectamente comprensibles durante las primeras semanas de la guerra, por la enorme tarea que significaba organizar y armar a un ejército completamente improvisado, a partir de una masa ingente de 150.000 voluntarios.
 
            Sin embargo, muchos de los errores cometidos por las milicias tendieron a perpetuarse, o encontraron grandes resistencias a ser solucionados, por parte de los combatientes. Los recelos de los milicianos a cualquier tipo de disciplina, fruto de una larga tradición de prejuicios antiautoritarios, fueron un serio obstáculo para la eficacia de las fuerzas armadas revolucionarias.
 
            Respecto a esta cuestión, es revelador el testimonio del zaragozano   Saturnino Carod,  dirigente de una columna de la CNT, procedente de Zaragoza  que ocupó la localidad de Muniesa, recogido por Fraser:
 
"Comenzó a reorganizar la columna, a <<militarizarla>>, dividiéndola en unidades más pequeñas y dotándola de una estructura de mando. El resultado casi fue un desastre; los milicianos abandonaron la columna y casi sólo le quedó la guardia civil".
 
"<<Era comprensible. Durante muchos años les había estado hablando a los campesinos aragoneses no sólo de sus problemas (problemas que conocía por haberlos vivido yo mismo), sino también de ideas. De oposición al capitalismo, al estado, a la iglesia, a los militares. Se bebieron estas ideas y ahora, cuando la revolución estaba en marcha, no entendían por qué les hablaba de la necesidad de militarizarse,... Abandonaron la columna, sencillamente. Pero en sus pueblos natales les presionaron mucho para que volvieran" (403).
 
 
            Juan García Oliver hace una descripción muy exacta de las milicias, refiriéndose a la columna dirigida por Antonio Ortiz, que partió, poco después de la de Durruti:
 
"Más me disgustó observar que la preparación de nuestros milicianos no hubiese experimentado ninguna mejoría: iguales vestimentas dispares, los mismos equipos estrafalarios de la primera columna. Y algo peor, en el cuartel Bakunin de Pedralbes los habían provisto de fusiles, pero sin cerrojos. Estos, tuvieron que irlos ajustando a cada fusil en la estación de ferrocarril, cuando fueron traídos  en las cajas escondidas,  por los oficiales sublevados de la Maestranza. Los <<pintorescos>> milicianos que presentaban las fotografías de las revistas extranjeras entrarían en guerra al descender del tren, sin siquiera haber aprendido a cargar un fusil" (404).
 
            La falta de preparación y la nula disciplina existente en las columnas, junto a la escasez de armas y municiones, hizo que las tropas rebeldes, contuvieran con facilidad a los revolucionarios y les impidieran tomar Zaragoza y el resto de capitales aragonesas. A mediados del mes de Agosto, se había perdido la iniciativa militar, y había dado paso a una guerra  de posiciones que resultó fatal para las milicias revolucionarias.
 
            A pesar de que las columnas estaban dirigidas y organizadas con diferentes criterios políticos y militares, según las organizaciones que las conformaban, no parece que ninguna de ellas destacara especialmente, por encima de las demás, respecto a su eficacia en el combate.
 
            En la formación del nuevo ejército, que debía sustituir y enfrentarse al que acababa de sublevarse, se produjeron fuertes choques entre los partidarios de construir un ejército regular al viejo estilo, que cumpliese el papel de brazo armado del gobierno republicano que pretendían reconstruir, y los que defendían que la revolución había acabado con el viejo estilo de vida, y de que el nuevo ejército, no podía ser otro que el pueblo en armas.
 
            Las organizaciones del Front d'Esquerres se mostraron, desde el principio, partidarios de reconstruir un ejército regular similar al que estaban combatiendo. La República necesitaba de un brazo armado, que aceptara someterse incondicionalmente a sus directrices políticas. Para ello era necesario basarse en los cuadros militares que no habían secundado la sublevación y que habían  permanecido  fieles  a  la  legalidad  republicana.    Sin embargo, sus planes se encontraban ante un obstáculo, que fue insalvable durante los primeros meses, incluso en las zonas donde las organizaciones obreras pertenecientes al Frente Popular eran claramente mayoritarias. Las mismas bases socialistas de izquierdas, mostraban, en la prensa, sus claras simpatías por los rasgos igualitarios y revolucionarios de las milicias, y veían con desconfianza el proyecto de reconstrucción de un ejército como el que acababa de sublevarse. "Claridad" el órgano de la UGT y de la izquierda socialista, lo expresaba así:
 
"Pensar en otro tipo de ejército para sustituir a los que actualmente luchan y que en cierto modo controlan su propia acción revolucionaria es pensar en términos contrarrevolucionarios. Eso es lo que Lenin dice (El Estado y la Revolución): <<Cada revolución tras la destrucción del aparato del estado, nos enseña cómo la clase gobernante restablece cuerpos especiales de hombres armados a 'su' servicio, y como las clases oprimidas intentan crear una nueva organización de un tipo capaz de servir no a los explotadores, sino a los explotados>>".
 
"Nosotros... debemos cuidar de que las masas y los dirigentes de las fuerzas armadas, que deben ser sobre todo el pueblo en armas, no se nos escapen de las manos" (405).
 
            Los más firmes partidarios de la constitución de un nuevo ejército republicano, lo fueron, sin duda alguna, los comunistas ortodoxos, el PSUC en Catalunya. Si la etapa de la revolución que se estaba atravesando, correspondía a la "burguesa", el ejército que debía constituirse tenía que ser también  forzosamente, de naturaleza "democrático-burguesa", es decir, republicana.
           
            Cualquier concesión a los revolucionarios, pondría en peligro la estabilidad y el control  político de la República. Aunque en los primeros momentos de desconcierto, el nuevo PSUC y la UGT catalana, al igual que el PCE en el resto del estado, se mostraron partidarios de las milicias, e incluso de los comités que las estaban organizando, ambos partidos encaminaron su proyecto militar a la conformación de un nuevo ejército regular republicano, y por lo tanto no revolucionario.
 
            El PSUC apoyó la creación en las nuevas unidades militares, de los comisarios políticos imitando superficialmente el estilo del ejército soviético. Sin embargo, el parecido con el Ejército Rojo  de Trotsky, que había protagonizado con éxito la guerra civil en la por entonces, recién nacida URSS, empezaba y terminaba aquí.
 
            Manuel Cruells llega a la conclusión de que el proyecto militar comunista procede de la experiencia del ejército rojo soviético en la guerra civil que azotó a la URSS en su primer período de existencia.
 
"Se comprende que los comunistas con la experiencia, o solo simple antecedente, de su revolución rusa, fuesen partidarios de un Ejército terriblemente controlado y centralizado... Al fin y al cabo, aquella experiencia les demostraba que un Ejército formado con una disciplina de hierro, bien controlado por una fuerza política, podía ir venciendo a sus enemigos y podía incluso desarticular las formaciones militares paralelas de los otros grupos ideológicos. Solo así la revolución rusa había podido consolidar su toma del poder" (406).
 
            El historiador catalán peca de sobrevalorar los aspectos puramente organizativistas, y de menospreciar los políticos, en la cuestión militar. La revolución rusa había triunfado a través de una sangrienta guerra civil, en la que participaron ejércitos de diferentes países capitalistas, que procedieron a apoyar a los ejércitos blancos que luchaban contra el triunfo de los bolcheviques. Respecto a la importancia de ambos aspectos, el organizativo y el político, es el mismo León Trotsky quien se encarga de rebatir a Cruells, y también al PSUC.
 
"Durante nuestra guerra civil, no creo que venciéramos principalmente debido a nuestra ciencia militar. Esto es falso. Ganamos a causa de nuestro programa revolucionario. Decíamos a los campesinos <<la tierra es vuestra>>. Y el campesino, que en un primer momento había preferido a los blancos, comparaba a los bolcheviques con los blancos y decía: <<los bolcheviques son mejores>>. Entonces cuando los campesinos, centenares de miles de millones de campesinos, se convencieron de que éramos mejores, vencimos" (407).
 
            El proyecto del PSUC de construir un "Ejército Popular" tenía muchas más similitudes con cualquier ejército capitalista europeo, incluido el viejo modelo prusiano (apolítico, con una jerarquía absoluta de arriba hacia abajo, sin ningún tipo de consejo u organización de los soldados, recuperación de los viejos códigos militares y del saludo militar...). Sin embargo, al pretender crear un ejército muy similar al que mantenían  sus adversarios, los militares sublevados contaban con mayor experiencia y recursos.
 
            Una de las tareas en las que se empeñaron con éxito, el PCE y el PSUC  fue la de la infiltración  y control de los comisarios políticos del nuevo Ejército Popular. Sin duda alguna, la gran capacidad organizativa de los comunistas oficiales atrajo a gran cantidad de oficiales conservadores, que se habían mantenido fieles a la República, y que consideraban que solo el PCE apuntaba claramente hacia la victoria sobre los sublevados.
Indudablemente, el partido político que controlase a los mandos del nuevo ejército, estaría en condiciones de controlar también, en el futuro, a la nueva República.
 
"El PSUC... está a favor del <<sistema de ejército>>, opuesto al <<sistema de milicias>>, y en eso están de acuerdo tanto con la Generalitat como con el gobierno de Madrid... Ejército regular, con oficiales al mando y comisarios políticos cuyo papel es sólo  el de  consejeros en   asuntos  políticos;  oficiales  no elegidos sino nombrados por el alto mando;  unidades agrupadas no en tanto que hombres de la misma fe política, sino a partir de consideraciones exclusivamente militares; todo bajo las órdenes del gobierno legal, la Generalitat. En una palabra, el PSUC desea un ejército a las órdenes del gobierno en el cual pueda participar, mientras los anarquistas desean un ejército a sus propias órdenes. Al mismo tiempo, el modo en que el PSUC concibe un ejército refleja la tendencia, tanto comunista como socialista, hacia la centralización, mientras los anarquistas continúan defendiendo sus ideales libertarios, la formación de un "ejército" haría más eficientes sin duda, las fuerzas de la República. La formación de una "milicia", aunque dificultase la lucha contra Franco, favorecería el siguiente paso en dirección a la revolución social"(408).
 
            En agudo contraste con la concepción del Partido Comunista, sobre la forma y la naturaleza que debería adoptar el nuevo ejército, el anarcosindicalismo, consideraba que éste solo podía estar compuesto por los triunfadores de las jornadas de Julio.
 
            La República había caído sin pena ni gloria, sin poder oponer ninguna resistencia seria, ante el embate de las dos grandes fuerzas sociales que se enfrentaban a muerte, la revolución y la contrarrevolución. La República se había agotado durante cinco largos años de frustrante experiencia de sus gobiernos, que habían sido incapaces de resolver ninguno de los grandes problemas históricos.
 
            Sin embargo, el anarcosindicalismo, había llegado a las jornadas de Julio y a la revolución, completamente desarmado ideológicamente, sin un programa y una teoría política que le permitiese enfrentarse con éxito al reto del poder. Sus viejos esquemas habían demostrado desde un principio que eran completamente ineficaces para resolver los retos de la nueva situación.
 
            La CNT se encontraba dueña indiscutible de la zona más vital de la República y dirigiendo al sector más numeroso y combativo del proletariado español. Sus criterios políticos en el seno del Comité Central de Milicias estuvieron caracterizados por el empirismo y por un fuerte voluntarismo de sus propios militantes, empeñados en resolver los graves problemas con los que se enfrentaban. A finales del mes de Julio, y frente a los primeros intentos, por parte de los gobiernos de Madrid y de Catalunya para reconstruir su ejército, la CNT publicó un manifiesto:
 
"La CNT de Catalunya ha de plantear al Gobierno de la Generalitat y al mismo Gobierno de Madrid, la cuestión pura y simple. No podemos defender la existencia, ni comprender la necesidad de un ejército regular, uniformado y obligatorio. Este ejército ha de ser sustituido por las milicias populares, por el pueblo en armas, garantía única de que la libertad será defendida con entusiasmo y que a su sombra no se incubarán nuevas conspiraciones" (409).
 
            Siguiendo sus viejas tradiciones, la CNT y la FAI rechazaron al principio, no solo cualquier proyecto de reconstruir el viejo ejército, sino cualquier elemento de aquel (los viejos códigos militares, el saludo tradicional, los privilegios de casta de los mandos, la disciplina, fueron completamente suprimidos). En sustitución de los viejos principios militares, los libertarios defendieron sus conceptos antiautoritarios (autodisciplina, igualdad entre la tropa y los mandos, organización asamblearia, elección de los mandos por la tropa...).
 
"La diferencia que existe entre un militar que manda y un revolucionario que dirige, reside en que el primero se impone por la fuerza, mientras que el segundo no dispone de más autoridad que la que se deriva de su propia conducta" (410).
 
            A pesar de que esta idea revolucionaria fue llevada, frecuentemente, y con grandes dosis de ingenuidad, a niveles casi esperpénticos. Frecuentemente los milicianos abandonaban sus puestos de vigilancia para visitar a sus familias, o se negaban   a cumplir órdenes, por considerarlas peligrosas. Sin embargo los hechos manifestaban que existía una fuerte voluntad de los   trabajadores de sustituir a la vieja sociedad, por un nuevo proyecto social revolucionario.
 
"Hace falta decirlo desde un principio los defectos fundamentales de las milicias radicaban en su estructura y solo en parte, en la ideología que las formaba. Los defectos de improvisación, de menosprecio por el criterio militar de los profesionales, de politización partidista, de incapacidad orgánica para emprender maniobras de larga duración y, en general, de falta de capacidad de maniobra militar, fueron propios de todos los grupos políticos que lucharon en aquellos frentes".
"... En, los anarquistas estaban doblemente aumentados los defectos a causa del gran número de milicianos y a causa de su ideología, pero, puede ser que este exceso en sus defectos quedase compensado, en ellos, por su tradición de lucha armada...".
"No existía en las milicias falta de combatividad, lo que faltaba era entrenamiento, disciplina y un concepto de unidad entre los diferentes grupos a causa de las divergencias ideológicas..." (411).
 
            En el esquema anarcosindicalista, las milicias tenían que estar sometidas al control de los sindicatos. Victor Alba achaca el fracaso cenetista al hecho de que el movimiento libertario era hegemónico en Barcelona y en la mayoría de las ciudades y áreas industriales, pero no en toda Catalunya. Por lo tanto la única forma de coordinación posible entre las distintas fuerzas tenía que ser el Comité Central de las Milicias (412). Sin embargo, este organismo no solo  se mostró incapaz de convertirse en el centro de mando de las columnas revolucionarias, sino que tampoco cumplió la función de coordinación que las milicias necesitaban, salvo en el tema de los suministros del material de guerra. El tercer proyecto político que se planteaba en Catalunya, era el defendido por el POUM. No parecen ser justificadas algunas  de las críticas realizadas a este grupo, desde posiciones anarcosindicalistas o trotskistas. Munis considera que el POUM aceptó alegremente la organización de las milicias al margen del Comité Central de Milicias, a cambio de poder tener  sus propias milicias y su propio armamento (413). Diego Abad de Santillán considera que fueron "las tendencias marxistas -estalinistas y las llamadas trotskistas- las que primero escindieron al pueblo antifascista" (414).
 
            La observación que hace Pierre Broué parece ajustarse más a la realidad. El historiador francés afirma que la actitud del POUM no parece que fuera la de constituir sus propias milicias, postura que habría entrado en contradicción con su política de fortalecer el Comité Central de Milicias y de convencer a los dirigentes anarcosindicalistas de convertir a este organismo en un auténtico gobierno revolucionario.
"En realidad el POUM se encontró cogido en un engranaje, ya que todas las organizaciones obreras constituyeron desde las primeras horas del levantamiento, sus propias unidades de milicias. Esta situación tenía más ventajas que inconvenientes para el POUM, ya que éste no podía esperar ningún favor en el reparto de armas y municiones; y el hecho de tener <<sus propios sectores>> en el frente le hacía prácticamente vulnerable y trágicamente dependiente. En Madrid, las milicias del POUM no obtuvieron más armas que las que les cedió el Partido Sindicalista que había recibido demasiadas para sus reducidos efectivos..." (415).
 
            La penuria en la que se encontraron las milicias del POUM, que carecían del potencial del anarcosindicalismo, pero que tampoco poseía la ayuda que tuvieron las organizaciones estalinistas para formar sus propios cuerpos armados.
 
            Frecuentemente, las columnas poumistas, fueron dramáticamente discriminadas en el reparto de armamento y de municiones. En el frente de Madrid, nueve de cada diez milicianos poumistas, murieron en los combates, víctimas de las órdenes que los enviaban a realizar operaciones suicidas, con su escaso armamento y sin ningún tipo de protección aérea o artillera.             La verdadera postura del POUM quedó reflejada en el mitin que realizó en el Gran Price de Barcelona, el 6 de Septiembre:
 
"Y uno de los obstáculos más importantes que se oponen a la verdadera organización de la victoria, a la obtención del triunfo por nuestras milicias obreras, es la falta de un mando único, la falta de un centro militar unificado que dirija todas las operaciones. En las presentes circunstancias, el gobierno de Madrid no puede jugar este papel. En Catalunya hemos creado el Comité Central de Milicias obreras, que es el que centraliza realmente toda la acción militar y toda la acción política, y nuestro partido propone que se constituya una Junta Nacional de Defensa que, como el Comité de las Milicias de Catalunya, centralice toda la acción y lleve la guerra hasta la victoria definitiva" (416).
 
            El POUM defendía la necesidad de la construcción de un auténtico Ejército Rojo. Un ejército regular y disciplinado que superara las limitaciones y los errores de las milicias de los primeros meses, pero que mantuviera las características revolucionarias en su seno.
 
"La organización del ejército rojo no puede hacerse de un golpe. Pero en realidad, las bases sobre las que ha de sujetarse están ya realizadas en el frente, en la convivencia íntima de las milicias obreras y campesinas en las líneas de fuego y en la fraternización de los milicianos con los soldados y los guardias. La creación sin pérdida de tiempo de comités integrados por delegados de combatientes rojos integrados por delegados democráticamente elegidos por los distintos grupos de las milicias revolucionarias, por los guardias y por los soldados será la garantía de que el pueblo alzado en armas para la defensa de sus intereses comunes primero, para la total reivindicación de sus derechos después, nada ni nadie podrá detenerlo..." (417).
            El proyecto militar del POUM se diferenciaba en otro aspecto fundamental del que defendía el PSUC. La estructura del nuevo Ejército Rojo solo podía reflejar los avances y las aspiraciones de la revolución de los comités, esto es, defender un auténtico programa social que recogiera las viejas aspiraciones de todas las clases populares. En el mitin celebrado, el 6 de Septiembre, en el Gran Price de Barcelona, Andreu Nin declaraba:
 
"Las guerras solo se ganan, no solamente desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista técnico, por la superioridad del armamento y por la disciplina, los militares tendrían que haber vencido el día 19 de Julio...".
 
"Las realizaciones de carácter social y de carácter político tienen tanta trascendencia, como los éxitos en el terreno militar... contra el fascismo solo hay un medio eficaz de lucha, la revolución proletaria..." (418).
 
            Por el otro extremo político, el POUM realizaba una crítica al espontaneísmo anarquista, por su desprecio a los aspectos técnicos y militares.
 
"Este ejército fuerte por su moral de clase, por su entusiasmo, por su heroísmo, ha tenido, no obstante, defectos que es necesario corregir. Ha sido, a pesar de todo, un ejército irregular, inpreparado técnicamente, que ha confiado demasiado en el impulso y en la abnegación de sus componentes y no ha tenido en cuenta la ciencia, la técnica y la estrategia de la guerra..." (419).
 
            Sin embargo, el proyecto del POUM, no pasó en ningún momento, del propagandismo. El poumismo tenía que aceptar  una política de hechos consumados: el anarcosindicalismo aceptaba la formación de milicias partidarias, cuando por su propio peso e influencia podía haberlo evitado. Sin embargo, en esta situación, el POUM optó por evitar el enfrentamiento con la CNT y la FAI y desarrollar una política similar a la del resto de las organizaciones, formar sus propias columnas. La otra opción posible, la de ingresar en las filas de las milicias anarcosindicalistas (las únicas que estaban sometidas directamente al control y a la disciplina del Comité Central), fue rechazada por los dirigentes del POUM, para no enemistarse con los dirigentes cenetistas y poner en peligro su política de alianzas.
 
            Por otro lado, el POUM también parece que descuidó, menospreció, o se opuso a la formación de consejos de milicianos en su seno. Félix Morrow aseguraba en sus escritos que no hubo elecciones de delegados para la formación de consejos de soldados, y asegura que los dirigentes de las columnas poumistas se oponían a ello (420). El escritor británico George Orwell, miembro de las milicias de este partido, corrobora esta idea y da su testimonio de que el POUM no hizo ningún tipo de trabajo político entre sus propias milicias.
 
 
"Al contrario de lo que se cree generalmente los líderes políticos del POUM están muy en contra de esta idea del comité y estaban ansiosos de que la idea no pasase de los ingleses a los españoles" (421).
 
            Sin embargo, el testimonio más firme y demostrativo de esta actitud la encontramos en la "resolución sometida al Comité Central del POUM", realizada por José Rebull líder de la oposición en el seno del partido.
 
"...Ha permitido a miembros de nuestro partido, dirigentes de la división Lenin, sabotear toda acción política por parte de los milicianos en nuestras filas, en lugar de llevar una agitación por la democracia obrera en los organismos de masas" (422).
 
            Los proyectos del PSUC, de la CNT-FAI y del POUM se enfrentaron en el seno del Comité Central de Milicias, por la supremacía. Las vacilaciones y la falta de un plan político madurado, por parte del anarcosindicalismo, triunfante en las jornadas de Julio, permitieron que el PSUC y las organizaciones del Front d'Esquerres, partidarios y aliados del gobierno de la Generalitat, fueran minando el terreno sobre el que se sostenía el edificio cenetista.
 
            El proyecto del POUM tampoco pudo prosperar. Su actitud seguidista frente a los errores del anarcosindicalismo y la situación de aislamiento creciente en el que se encontraba,  redujo sus planes para construir un Ejército Rojo, a una simple actividad propagandística sin concreción en la realidad. El compromiso político del anarcosindicalismo con el gobierno de la Generalitat colocaba a las milicias en una situación de dependencia hacia las autoridades republicanas que iba a tener funestas consecuencias. El gobierno autónomo catalán, adversario político de la revolución que encarnaban los comités y las milicias, se encargaba de pagar los sueldos a los combatientes del frente.
 
            Sólo la ideas del PSUC y del PCE prosperaron. Apoyados por los gobiernos, Central  y autónomo catalán, y también por la política soviética. Utilizando la presión política que significaban los suministros de armamento y  de municiones, sobre  los revolucionarios, día tras día, el proyecto de construcción del Ejército Popular, nombre bajo el que se escondía el viejo ejército republicano, fue abriéndose camino, en detrimento de las milicias y de la revolución.
 
4.4.2 El orden interno revolucionario
 
            El triunfo revolucionario de las jornadas de Julio llevó consigo una gran explosión social y la irrupción de grandes sectores de la población, inactivos o pasivos hasta el momento, en la actividad política. Sin embargo, y junto a la gran actividad que empezó a desarrollarse en todas las áreas de la vida cotidiana, también hizo irrupción la delincuencia y el lumpenproletariado.
 
            Siglos y siglos de explotación y de miseria, se expresaron en la gran cantidad de saqueos y de asesinatos que asolaron las calles de Barcelona y de gran parte de los pueblos y ciudades de Catalunya. Gran parte de esta violencia fue provocada   por la irrupción en la arena política, de importantes sectores sociales, que habían  sido marginales antes de la revolución. El odio de siglos de miseria y de opresión se desencadenó espontáneamente, sin que existiera una clara perspectiva revolucionaria.
 
            No es posible analizar una situación revolucionaria, desde una óptica supuestamente moralista, como han hecho algunos historiadores y políticos que se opusieron a ésta. La violencia que acompaña cada revolución, los excesos que en ella se desencadenan son, sin duda alguna, inevitables, y reflejan la actitud de importantes capas de la población, oprimidas, de no querer seguir soportando la explotación sufrida hasta el momento. Sin embargo, era necesario canalizar y limitar esta violencia social mediante cauces de "legalidad revolucionaria", para evitar que importantes sectores de la población, especialmente la pequeña burguesía urbana y campesina,   profundamente catalanista, pudieran depositar sus simpatías en la reacción que acababa de sublevarse, por temor a que el movimiento revolucionario pudiera poner sus propiedades y sus vidas en peligro.
 
            La profunda desestabilización social y los peligros que estos hechos provocaban hizo que el recién nacido Comité Central de Milicias tomara medidas urgentes para poner coto a la violencia desatada. Su primer decreto fue el de la creación de "equipos", integrados por militantes de las distintas organizaciones, que se encargarían del mantenimiento del nuevo orden revolucionario y de que fuera cumplido estrictamente el toque de queda.
 
            El gobierno de la Generalitat de Catalunya, y los partidos del Front d'Esquerres denunciaron los graves excesos represivos que se estaban cometiendo, al calor de la revolución, y acusaron a los anarcosindicalistas de ser incapaces para frenar la violencia de sus propias bases. Su objetivo era obligar al Comité Central de Milicias a entregar las competencias del orden público a la Generalitat y los antiguos cuerpos policiales, que habían quedado completamente desplazados de sus funciones, por las milicias revolucionarias y por las patrullas de control.
 
"Sus  líderes    en  el  Comité    decían  que  el  movimiento libertario no era responsable de los asesinatos. <<Son las patrullas de control. Algunos de los que las integran son asesinos>>. Pero a mi juicio, no podían enfrentarse con aquella gente que representaba a su propia ideología" (423).
 
            Otro de los testimonios críticos con la actividad del anarcosindicalismo y del Comité Central es la de Manuel D. Benavides, que muestra la actitud y las pretensiones del PSUC, partido que, rápidamente, y desde su nacimiento, se había aliado al gobierno de la Generalitat.
 
 
"¡Un orden! ¡un orden! -reclamaba Catalunya".
"El obstáculo para restablecerlo procedía de que el Estado y sus  órganos  -magistratura, policía,  ejército y administración-  habían desaparecido con las funciones que ejercían" (424).
 
            Sin embargo, las acusaciones contra el anarcosindicalismo parecen haber sido profundamente injustas y también interesadas.  Las campañas contra los "incontrolados" tenían como objetivo convertir al Comité Central en el blanco de sus críticas, desprestigiarlo ante la población, acusando a los  anarcosindicalistas de ineptitud e incluso de complicidad con los excesos sangrientos que se estaban realizando, para justificar la revitalización de los cuerpos policiales de la Generalitat y el desarme de los trabajadores revolucionarios.
 
            "La Humanitat", periódico catalanista que representaba los intereses políticos próximos al gobierno de la Generalitat, elogiaba, en los días posteriores a las jornadas de Julio, la actividad de las patrullas revolucionarias para evitar los actos de delincuencia y las venganzas personales. Sin duda alguna, estos artículos fueron escritos antes de que se desatara la campaña de desprestigio contra el orden público, que estaba en manos del Comité Central de Milicias.
 
"El orden revolucionario es admirablemente llevado por las <<milicias antifascistas>>, las cuales reprimen enérgicamente todo acto de pillaje u otro que deshonre la lucha contra la rebelión antirrepublicana".
 
"Los elementos de la CNT, que, con tanto coraje, defendieron en aquellos días las libertades del pueblo, se muestran celosos defensores del orden revolucionario y cortan en seco todo acto de bandidaje, efectuado por los elementos profesionales del delito" (425).
 
            Numerosos cuadros y dirigentes libertarios denunciaron, desde los primeros momentos, que la violencia indiscriminada era profundamente reaccionaria, y que debía ser detenida con todos los medios que estuvieran al alcance de los revolucionarios.
 
"Se están  sucediendo en  Barcelona una   serie de  registros domiciliarios, seguidos de detenciones arbitrarias y consiguientes fusilamientos, ejecutados la mayoría de ellos sin causa alguna que justifique tal medida... Esto no puede continuar por más tiempo. Estamos de acuerdo en que, en todos aquellos casos que sean debidamente justificados, se proceda inexorablemente y sin contemplaciones de ninguna clase. Concretando: los registros domiciliarios que se efectúan con carácter particular deben cesar, y no podrán llevarse a cabo más que con un aval de la Comisión de Investigación de las Milicias antifascistas... o bien por la Federación local, Comité regional y Regional de la FAI, conjuntamente... Que cada   militante, que todos los soldados de la revolución sean los más celosos guardadores de un orden nuevo: orden revolucionario. ¡Qué la revolución no nos ahogue a todos en sangre! ¡Justicieros conscientes, sí! ¡Asesinos, nunca!..." (427)
 
            Cinco días después, y en plena ofensiva del Comité Central de Milicias para hacer respetar el nuevo orden revolucionario, Solidaridad Obrera advertía:
 
"Declaramos fríamente, con terrible serenidad y la inalterable intención de hacer lo que decimos, que si no se acaba con todos estos actos que están propagando el terror en toda Barcelona, procederemos a ejecutar a cada individuo a quien se pruebe haber cometido actos contra los derechos humanos... Por el honor del pueblo de Barcelona, por la dignidad de la CNT y de la FAI, debe acabarse con estos excesos" (427).
 
            Junto a los libertarios, el POUM planteó la necesidad de fortalecer el Comité Central de Milicias, como la única forma posible que existía, de defensa del orden revolucionario. Los poumistas hicieron una fuerte crítica contra el terrorismo individual que estaba desprestigiando a la revolución, y contra los que aprovechaban la situación para exigir el reforzamiento de los viejos cuerpos policiales de la República. La represión  revolucionaria tenía que encauzarse por los medios adecuados, que evitaran posibles excesos contra sectores de la sociedad, que solo servirían para reforzar a los enemigos de la revolución.
 
"No se trata de suprimir a los burgueses físicamente, sino de suprimir a la burguesía como clase social... ¿Quién debe entender en las cuestiones del terrorismo revolucionario, de la justicia revolucionaria? los órganos propios que para tal fin crea la propia revolución. Tanto en el frente de batalla como en la retaguardia... deben ser los órganos de defensa, de salud pública, de control, de investigación, y los tribunales populares, los únicos calificados para administrar la justicia revolucionaria..." (428).
 
            Las acciones del Comité Central de Milicias y de las patrullas de control se encaminaron a poner fin a tales excesos. Se amenazó a los miembros de los partidos y sindicatos que realizaban registros domiciliarios, detenciones y fusilamientos por su propia cuenta con duras represalias si eran sorprendidos realizando tales actividades. Algunos militantes anarquistas fueron detenidos y fusilados sin contemplaciones, por haber sido sorprendidos en pleno delito. Entre estos destacaron los ajusticiamientos de José Gardeñas, miembro del Sindicato de la Construcción de Barcelona y de su grupo, y el de José Fernández, presidente del de la Alimentación.
 
            El dinero y las joyas, recogidos en los registros domiciliarios y en   las incautaciones eran entregadas por las patrullas de control al Comité Central de Milicias, y éste, a su vez, las cedía al Conseller de Cultura de la Generalitat. La actitud del Comité Central respondía al profundo desprecio que mostraba el anarcosindicalismo hacia el dinero y los objetos de valor, considerados como símbolos de una sociedad caducada que no debería volver, pero también reflejaba su postura de negarse a tomar el poder, y por lo tanto, su intención de mantener las viejas instituciones del estado, aunque fuera de una forma simbólica.
 
            De forma progresiva, los registros, las detenciones y los paseos arbitrarios fueron reduciéndose, poco a poco, a medida que el orden revolucionario iba quedando en manos de las patrullas de control, y de la Comisión de Seguridad del Comité Central de Milicias. Carlos Semprún-Maura expresa la opinión de que el mayor control sobre el orden revolucionario no se tradujo en el final de los ajustes de cuentas y en los ajusticiamientos, sino en su legalización.
 
"La idea inicial era la de que había que evitar los abusos y exacciones que algunos individuos o grupos <<incontrolados>> pudieran cometer por iniciativa propia. Para ello, como siempre en la historia a secas y no sólo en la historia de las revoluciones, lo que se iba a hacer era intentar <<legalizar>> los abusos y las exacciones. El resultado era previsible de antemano, no se las evitó, no se las limitó, no se hizo más que añadir a los ajustes de cuentas individuales, las ejecuciones <<legales>>, sin mencionar los ajustes de cuentas entre organizaciones..." (429).
 
            El mismo historiador libertario reconoce que sólo una ínfima parte de los represaliados eran simpatizantes declarados de los sublevados, mientras que la mayoría eran simples "tipos de derechas" o que "iban a misa", y que no representaban ningún peligro para la revolución. Sin embargo, Semprún-Maura también reconoce, seguidamente, que el mayor peso de la represión y de los excesos no estuvo a cargo de los Tribunales revolucionarios y de las patrullas de control, sino de las policías paralelas que seguían existiendo, completamente independientes de la autoridad del Comité Central y supeditados a las de los órganos directivos de sus propias organizaciones (430).
 
            En los meses posteriores, y a medida que la  revolución  iba retrocediendo, la violencia espontánea dió paso a otra, mucho más fría y sistemática,  que fue  dirigida   principalmente, no contra los simpatizantes de los sublevados, sino contra los mismos revolucionarios. Las diferencias políticas entre las organizaciones, se saldaron, a menudo, por medio del asesinato y de los "paseos". Entre las víctimas de estos ajustes de cuenta, encontramos a Desiderio Trillas, acusado por la CNT de corrupción  y de ser "el cacique de los muelles" de Barcelona y el encargado de la UGT de la fábrica Hispano-suiza.
 
            La prensa del PSUC se destacó rápidamente por ser la que con más fuerza exigió el final de los "excesos" de los incontrolados, que retenían gran cantidad de fusiles y de munición en la retaguardia, cuando este material resultaba dramáticamente escaso en el frente. El concepto de "incontrolados" utilizado por el PSUC abarcaba a los comités revolucionarios y toda la actividad espontánea que estaban llevando a cabo los trabajadores.
 
            La campaña desatada por el PSUC y la UGT,  apoyada por ERC,  y que contó también con la participación de los dirigentes anarcosindicalistas del Comité Central de Milicias fue contestada por la federación de comités de Defensa de Barcelona, ligados también a la CNT y a la FAI:
"Mientras que la revolución no haya resuelto el problema del poder político, y exista una fuerza armada obediente a las órdenes del gobierno de Madrid, no sometida al control de los trabajadores, los grupos de defensa no depondrán sus armas, porque ellas constituyen la defensa y la garantía de las conquistas revolucionarias" (431).
 
            La campaña por el desarme de la retaguardia, lanzada por las organizaciones ligadas al Frente Popular en Catalunya,  pretendía el total desarme de la población, y la centralización del control del orden público en manos del Comité Central de Milicias y del gobierno de la Generalitat. El desarme de los trabajadores y de sus comités revolucionarios tenía que ser el primer paso necesario que había que dar, para que el gobierno republicano y la Generalitat recuperaran el pleno poder.
 
            Por consiguiente, el desarme de la retaguardia, sin que el poder dual se resolviera hacia ninguno de los dos lados, podía significar, la derrota de la revolución. El hecho de que la requisa de armas, coincidiera con el rearme de los viejos cuerpos policiales de la Generalitat, confirman la tesis, de que el móvil de la campaña, lanzada por los partidos y sindicatos del Frente Popular en Catalunya, no fuera otro que asegurar la recuperación del poder, por parte del gobierno autónomo catalán.
 
            Es indudable que hubo una importante retención de material  de guerra en la retaguardia, cuando éste estaba siendo muy necesario en el  Frente,  paralizado  por la  escasez de  armas y municiones. Diego Abad de Santillán nos habla de 60.000 fusiles,  retenidos por los partidos y sindicatos, mientras que las milicias que combatían en Aragón, apenas contaban con 30.000  armas (432).
 
            Sin duda alguna, la retención de armas y municiones por los llamados "incontrolados", es decir, por los comités locales y por las bases cenetistas y poumistas, reflejaba el temor a que el desarme de la retaguardia significase el reforzamiento de los viejos poderes, y por ende, el fin de la revolución y de las conquistas sociales que acababan de conseguir. Los posteriores acontecimientos, demostraron que sus temores no  estaban, en absoluto, infundados.
 
            La retención del armamento no sólo era llevada a cabo por los comités revolucionarios, sino que era una práctica habitual entre los partidos y sindicatos. El mismo PSUC, principal artífice de la campaña de desarme, fue acusado por retener armas, e incluso carros blindados, que debían enviarse al frente de Aragón. El mismo Buenaventura Durruti realizó una expedición armada a Sabadell  para obtener una docena de ametralladoras que se encontraban en manos del PSUC (433). La retención de material de guerra en la retaguardia reflejaba el  convencimiento  de  todas  las  organizaciones que componían el Comité Central de Milicias, de que la situación de dualidad de poderes, tarde o temprano, iba a tener que resolverse en un enfrentamiento armado entre los dos campos, el de la revolución de los comités y el de la contrarrevolución democrática republicana.
 
            El POUM se mostró completamente contrario a la campaña de requisas de armamento. El desarme de la retaguardia solo podía ir acompañado de la consolidación del poder revolucionario, frente a sus adversarios, los partidarios de la restauración del poder republicano:
 
"El proletariado tiene un deber elemental, y éste deber elemental es no dejarse desarmar. Las armas con las cuales va al Frente, la clase trabajadora ha de conservarlas, al volver del frente, para batir definitivamente al régimen de la burguesía". (434).
 
            El Comité Central de Milicias participó en la campaña para que los trabajadores entregaran el armamento que se encontraba en sus manos, para concentrarlo en el frente. Sin embargo, la resistencia de los comités locales fue muy fuerte y no tuvo el éxito que se esperaba. El mismo Diego Abad de Santillán, responsable de la requisa de las armas, para poder enviarlas al frente, confesó la impotencia del Comité Central de Milicias para hacer cumplir sus directrices, en las que se negaron a colaborar gran parte de los  sindicatos de la CNT y la misma FAI (435).
 
"No una, decenas de veces planteamos al movimiento libertario, la necesidad de entregar el armamento de guerra de que disponía. Si no se quería entregar el armamento, que acudiesen los hombres que lo manejaban. Para asegurar el orden en la retaguardia bastaban ya las mujeres, los niños, las piedras. Se argumentaba que no podíamos desarmar a los propios, mientras los otros partidos y organizaciones se preparaban para atacarnos por la espalda..." (436).
 
            Indudablemente, las resistencias que expresaban las bases anarcosindicalistas y del POUM, reflejaban una profunda desconfianza que  éstas sentían,  hacia las organizaciones que más exigían el desarme de la retaguardia, los partidos del Front d'Esquerres pero que seguían manteniendo en sus manos, importantes cantidades de material de guerra. De la misma manera, el temor y la desconfianza no podían ser eliminadas, mientras el Comité Central de Milicias permitiera que siguieran existiendo, paralelamente a las patrullas de control, los viejos cuerpos policiales, incluida la odiada guardia civil, que sobreviviría con el nombre de Guardia Nacional Republicana.
 
            El día 23 de Julio, la Federación Local de Sindicatos de la CNT de Barcelona publicaba una octavilla:
 
"Obrero, organízate en milicias. No abandones el fusil ni la munición, no pierdas el contacto con tu sindicato. Tu vida y tu libertad están en tus manos" (437).
 
            La octavilla era una respuesta de los sindicatos y de los comités de Defensa de la CNT, a las directrices que el Comité Central había empezado a publicar, por las cuales se intentaba establecer una especie de censo sobre el armamento existente en manos de los trabajadores, mientras que se recomendaba que los que desearan entregar las armas, lo hicieran en los cuarteles de las milicias.
            La consigna fue interpretada en el seno del anarcosindicalismo como un intento de desarmar a la revolución. La debilidad del Comité Central de Milicias estaba en que, mientras los líderes anarcosindicalistas se negaban a romper la dualidad de poderes, para convertir a éste en el órgano máximo e indiscutido de la revolución, también eran perfectamente conscientes de que el logro de sus objetivos de desarme de la retaguardia, solo podía realizarse mediante el enfrentamiento con sus propias bases.
 
4.4.3 La justicia revolucionaria. El juicio a los vencidos.
 
            La revolución de los comités provocó la inmediata huida de una gran parte de los estamentos que habían estado relacionados con el poder judicial en el período anterior a la contienda, por temor a las posibles represalias de los revolucionarios. Sin duda alguna, fue la situación de vacío de poder que provocó la caída de las instituciones republicanas y la inexistencia de un poder revolucionario articulado que ocupara su lugar, la causante de los saqueos, del terrorismo individual y de los posibles excesos de la represión revolucionaria. Esta situación caótica quedó parcialmente controlada por la aparición de las milicias de retaguardia y de las patrullas de control, y también por la formación de los primeros tribunales populares que canalizaron, organizaron y "racionalizaron" la violencia revolucionaria.
 
            El creciente control del orden público, de la Justicia y de la represión, que iba adquiriendo el Comité Central de Milicias, fue saludado entusiásticamente por toda la prensa republicana, cercana a las posiciones políticas de la Generalitat y del Front d'Esquerres. El contrasentido era solo aparente.
 
            La centralización de estas funciones, aunque fuera una necesidad ineludible de la revolución que ellos combatían, también significaba un primer paso en la dirección política hacia la que esperaban que evolucionase la situación. El hecho de que los comités revolucionarios locales delegasen estas funciones en manos del Comité de Milicias implicaba el reconocimiento de la supremacía política de éste. Y, sin lugar a dudas, el peso y la  influencia de sus organizaciones en el seno de este organismo era infinitamente mayor que en la multitud de comités locales.
 
            El Comité Central de Milicias era, en última instancia, un organismo que    encarnaba la negativa de los anarcosindicalistas a tomar el poder y, por lo tanto, también representaba la dualidad de poderes existente. Si ellos conseguían, mediante el compromiso de los dirigentes de la CNT y las presiones políticas, ir haciéndose con el control de las competencias que asumía el Comité, la posibilidad de recuperación del estado republicano podría  ir abriéndose camino y convertirse en una realidad.
 
"Se han instalado tribunales populares y <<La Vanguardia>>, que continua siendo el periódico más importante de Barcelona, hace ver que se felicita por ello, pero expresa su esperanza de que ahora en adelante, se pondrá fin a la nueva seguridad en la vía pública y de que, delante de los nuevos tribunales comparezcan no solo los fascistas, sino también los autores de las falsas denuncias y los terroristas... pretende quitar a los milicianos el poder ejecutivo y a lo mejor, llevarlos ante los tribunales" (438).
 
            Sin embargo, la situación estaba muy lejos de haber madurado, para poder llevar hacia adelante, de forma inmediata, sus planes, el Comité Central de las Milicias, no solo era un órgano de compromiso y de colaboración "democrática" con  el gobierno de la Generalitat, sino que también representaba, de una forma más o menos deformada, las aspiraciones de una revolución que controlaba las calles y los centros de trabajo.
 
            El Comité Central de Milicias ordenó que se llevara a cabo  un consejo de guerra contra los militares sublevados que habían sido derrotados en Barcelona, en las jornadas de Julio.
 
            Los juicios sumarísimos se iniciaron el 11 de Agosto en el buque prisión "Uruguay".  Los vencidos serían juzgados por tribunales que estarían integrados por oficiales y suboficiales que se habían mantenido leales a la República (entre ellos figuraban el coronel Guillermo de la Peña, los tenientes coroneles Martínez Sansón Redondo, Jiménez Combelles, el comandante Michelena...).
 
            Algunos de los detenidos fueron liberados antes de los juicios e invitados a unirse a las milicias como técnicos asesores, al considerarse que su responsabilidad en el levantamiento había sido ínfima, y que en realidad, habían sido arrastrados por los conspiradores. Otros fueron sentenciados a  la pena de reclusión, por considerar que su participación había sido escasa. Las sentencias más duras estuvieron dirigidas hacia los principales promotores de la intentona en Catalunya.
 
            Las penas de muerte fueron dictadas contra los generales Goded y Fernández Burriel, y también contra los capitanes Luis López Varela, López Amor, López Belda y Lizcano de la Rosa. Las sentencias, irrevocables, fueron ejecutadas rápidamente, los reos fueron fusilados, el 12 de Agosto, en los fosos del castillo de Montjuich.
 
            Según Vicenç Guarner, la dureza de las sentencias estuvo dictada por el clima de exasperación social que provocaban las noticias sobre la represión y los continuos fusilamientos que se estaban llevado a cabo en la zona franquista.
 
"El presidente Companys, cuando le hablé de un posible indulto, me aseguró que por humanidad estaba dispuesto a dictarlo, pero que la gente estaba exasperada por las noticias de los fusilamientos continuados en la zona adversaria. Por otro lado, me dijo que, como Presidente y abogado, él tenía que velar por el cumplimiento de la ley, y que, si indultaba <<lo arrastrarían por las calles como los segadores hicieron con el conde de Santa Coloma" (439).
 
 
4.4.4 El Frente de Aragón.
 
            Aragón tenía, para los revolucionarios catalanes, una doble importancia, defensiva y ofensiva. Por un lado, esta región, ocupada por las tropas sublevadas, se convertía, por su cercanía, en un peligro inminente para la Catalunya revolucionaria. Por el otro, Aragón era la puerta que abría a las columnas armadas catalanas, el camino hacia el Norte minero y siderúrgico, y también el que llevaba hacia Madrid. Por último, la conquista de Zaragoza, uno de los baluartes del movimiento libertario en el período anterior a la guerra y a la revolución, se convertía, para la CNT y la FAI es una necesidad ineludible e impostergable, para poder auxiliar a sus compañeros que se encontraban sometidos a la sangrienta represión del ejército franquista.
 
            Los representantes del anarcosindicalismo catalán    comprendían la gran importancia estratégica que suponía la  conquista de Aragón, y especialmente, Zaragoza. Apoderarse de estas tierras podía significar, no solo el principio del fin para la sublevación, sino también un enorme prestigio para la CNT, lo que los hubiera colocado en una inmejorable posición, después de la derrota de la sublevación militar, en el desenlace del pulso que existía, de forma más o menos encubierta, entre los revolucionarios y los partidarios de la República. Idéntico criterio parece que siguieron los adversarios políticos del anarcosindicalismo pero con intereses completamente opuestos, con su política de negarse a suministrar el armamento y las municiones necesarias para poder relanzar la ofensiva de las milicias en este frente.
 
            No parece que el argumento de la escasez de armas, para explicar esta falta de suministros, resista un análisis serio, en tanto en cuanto, otros frentes, quizás con menor importancia estratégica, recibieron material de guerra más que suficiente. Sin duda alguna, el criterio político, el de combatir con todos los medios a su alcance a la revolución, primaba, una vez más, sobre el militar, la guerra contra los sublevados. En cualquier caso, la victoria sobre el ejército franquista solo debería ser realidad, después de la derrota y  la liquidación definitiva del movimiento revolucionario. De otra forma, una hipotética victoria sobre los militares, significaría, en aquellas circunstancias, la muerte definitiva del orden republicano, y el triunfo de aquella revolución, que partidarios de la República y sublevados habían intentado evitar.             Por lo tanto, el entusiasmo que empujaba al grueso de las columnas milicianas en el frente de Aragón (y también en otros frentes de batalla), tenía muy poco que ver con la defensa de la República, y mucho en cambio, con el proyecto de extensión de la revolución fuera de Catalunya.
 
"Nos importaba un comino la República. Lo único que nos importaba era la revolución. No habría ido al frente de no haber sido para hacer la revolución. En Barcelona nos habíamos echado a la calle para luchar porque no teníamos otra opción, pero ir a luchar contra los militares en Aragón... no, no se habría ido allí solamente para hacer eso. La fiebre revolucionaria era la que nos empujaba" (440).
            Otro testimonio valioso, que confirma la actitud de los milicianos es el de Orwell, que formaba parte, en aquella época de las columnas del POUM, y que ha sido defensor y a la vez, crítico, del sistema de las milicias:
 
"Los miembros de los sindicatos que se constituyeron en las milicias e hicieron retroceder a los franquistas hasta Zaragoza en las primeras semanas de la guerra... creían estar luchando por el poder de la clase obrera" (441).
 
            Las columnas de milicianos se estrellaron contra las defensas de las tres capitales aragonesas, que estaban en poder de los sublevados. Solo Teruel, cayó, en manos republicanas, de forma muy efímera y mucho más tarde. Sin embargo, los milicianos reconquistaron el territorio aragonés más cercano a Catalunya, y avanzaron cerca de 100 kilómetros más allá de las fronteras catalanas, lo que significaba cerca de tres cuartas partes de la región. Además del aspecto militar, también hay que tener en cuenta, el aspecto político y revolucionario, del que ya hemos hablado en capítulos anteriores. La huída de los grandes propietarios permitió la creación de un vasto sistema de comités locales y de colectividades agrarias, que sustituyeron el vacío de poder político y económico.
 
            El fracaso de las milicias revolucionarias para abrirse paso a través de Aragón, se debe a diferentes motivos. Manuel Cruells alude a dos clases de motivos al analizar la ineficacia de las columnas armadas catalanas: los defectos y errores derivados de su origen, y las luchas políticas que existieron entre ellos, para dominar, a través del nuevo ejército, el poder (442). Sin duda alguna, las dos causas tienen un origen común, el hecho de que las columnas adquirieran una conformación partidaria, y no supeditada a la dirección del Comité de Milicias.
 
            Respecto a los errores de origen, los hemos analizado en capítulos anteriores. Sin duda alguna, la falta de armamento y de municiones fue el más importante de todos las limitaciones con las que tuvieron que enfrentarse las milicias revolucionarias. La penuria llegó a ser tal, que las milicias aragonesas asaltaron un convoy que transportaba material de guerra perteneciente al gobierno central, para poder suavizar la dramática situación del frente (443). Según las declaraciones de uno de los responsables, nombrado por el Comité Central de Milicias, para proveer a las milicias del frente de Aragón, de los suministros necesarios:
 
"Todos ellos tenían más hombres que armas, más heridos que ambulancias, más escaseces de suministros. Escaseaban las armas, las municiones, los vagones de abastecimiento, todo lo necesario para hacer la guerra. Empezamos a recoger las armas que quedaban en la retaguardia..." (444).
 
            Mucho se ha magnificado la importancia de la cantidad  de armamento que  fue retenido por los comités locales y también por los partidos y sindicatos, en la retaguardia. Algunos dirigentes de las milicias como Carod (CNT) o Jordi Arquer (POUM)  están convencidos de que el material bélico retenido en Catalunya, no habría solucionado la grave carestía de las milicias. Sin ninguna duda la penuria armamentística fue uno de los principales factores que explican la transformación en una guerra de trincheras, justo en el momento en el que tenían sus principales objetivos a la vista (445). La campaña de requisa del armamento en la retaguardia tenía más elementos políticos, desarmar a un movimiento revolucionario que desafiaba la autoridad del gobierno de la Generalitat, que de índole militar.
 
            Los suministros bélicos fueron utilizados por los adversarios  de la  revolución,  las  organizaciones  del  Frente Popular y el gobierno de la República, para desprestigiar, y sabotear a las fuerzas armadas que se reclamaban de dicha revolución, acusándolas de ineptitud y de irresponsabilidad frente al enemigo franquista:
 
"Catalunya, sin embargo, había enviado en Octubre de 1936, treinta mil hombres a Aragón, que conquistaron miles de kilómetros e hicieron más prisioneros que los milicianos de todos los otros sectores de lucha. De ello se desprende el tremendo fracaso de lo que pudo y debió ser una campaña victoriosa. El enemigo se limitó a establecer un muro de contención que los voluntarios catalanes no pudieron perforar porque los planes anarquistas eran inadecuados, abstractos y caprichosos".
...
"Asediado Madrid. la Prensa madrileña y el general Miaja calificaron de perezoso el Frente de Aragón y de inactivas a sus milicias. El frente, en efecto, había adquirido condición estática. La Generalitat alegó la escasez de municiones, la autonomía de las milicias, el incumplimiento de los decretos de militarización, la desconfianza hacia los mandos profesionales y la ausencia de un comisariado. El POUM y la FAI replicaron, reprochando al Gobierno central que escatimara los medios de combate..." (446).
 
            La trampa estaba cerrada. Además de la escasez de municiones, el gobierno autónomo catalán, representando a todas las organizaciones del frente Popular, y por lo tanto, al mismo gobierno central, reclamaba para si el control y el mando de las milicias revolucionarias y denunciaba la oposición de los sectores revolucionarios a que se formase un nuevo ejército republicano, con el reclutamiento forzoso de levas, entre la población. El único camino que se ofrecía era la militarización de las milicias y su sometimiento incondicional a los planes del gobierno republicano y del Frente Popular.
 
            Manuel Cruells analiza la situación existente en el Frente de Aragón de forma muy distinta y cita para reafirmar sus tesis, el testimonio de Diaz Martín:
 
"No eran hombres lo que faltaba, pero sí combatientes, o sea tropas efectivas... si alguna cosa caracterizaba aquellos hombres, a parte de su valentía, era su falta de eficacia. En el primer año de guerra, lo máximo que habían intentado era apoderarse de alguna posición enemiga aislada, pero no se había organizado una operación importante, y no existía en absoluto, entre las unidades, una coordinación. Muchas veces, las milicias de una o de otra sindical o de un partido eran hostiles entre si. Los aprovisionamientos eran escasos y el armamento desigual y viejo, debido a que el gobierno de Valencia desconfiaba totalmente de los hombres de la CNT-FAI y no se atrevía a equiparlos convenientemente" (447).
 
            La actitud de total hostilidad del gobierno republicano hacia el alcance de la revolución en Catalunya queda evidenciada por las palabras de Manuel Martínez Bande. El suministro de armamento al Frente de Aragón hubiera significado la posibilidad de descongestionar la presión sobre Madrid y otros frentes. Sin embargo, el gobierno central republicano prefirió debilitar el frente aragonés, enviando columnas de milicianos catalanes a la defensa de Madrid (448). El éxito de las milicias catalanas en Aragón habría significado la potenciación de los sectores revolucionarios ante los intentos del Frente Popular para restaurar el poder perdido de la República.
 
            Una vez más, la actitud hostil,aparentemente incomprensible, de los gobiernos republicanos, se vuelve lógica, si partimos de que el temor a los avances de la revolución, era igual o mayor que el que podían tener hacia las tropas franquistas. No hay que olvidar, que los políticos republicanos y algunos sectores de  la derecha del Frente Popular defendieron ,desde los inicios de la guerra, el establecimiento de conversaciones con los sublevados.
 
            Por el contrario, la realidad hizo que las milicias revolucionarias catalanas se estrellaran contra  el sistema defensivo  de las tres capitales aragonesas. La iniciativa militar de las columnas, que había conseguido recuperar tres cuartas partes de Aragón, se transformó en una ineficaz guerra de trincheras que debilitó la moral de los revolucionarios.
 
"Fue esa la principal razón (la falta de armamento) por la que no se pudo lanzar una ofensiva importante. Pero no fue la única. No había un plan global, ni creo que hubiese en Catalunya un oficial del ejército capaz de trazarlo. Entre las columnas, no existía una coordinación apropiada y a veces no había ni siquiera comunicaciones. -recordaba Arquer- A menos que el coronel Villalba convocase una reunión de todos los jefes de columna, nadie sabía lo que el vecino tramaba" (449).
 
            Por el contrario, el alejamiento de la idea de un triunfo inminente de las fuerzas revolucionarias en el campo militar, daban nuevos argumentos a los partidarios de la "colaboración democrática" con las autoridades republicanas.
 
"El Comité regional de la CNT de Catalunya empezaba a sentir los efectos de no haber marchado adelante, hacia la implantación del comunismo libertario...".
 
"... se tenía la impresión de estar ante un gran fracaso..." (450).
 
            Algunos cuadros libertarios propusieron la formación de un cuerpo guerrillero, que estuviera capacitado para infiltrarse en las líneas enemigas y que hostigase y desbaratase su retaguardia. Sin embargo, el proyecto de formar los contingentes guerrilleros fue rechazado por el gobierno central e incluso, llegó a ser  objeto de presión por parte de la diplomacia estalinista.
 
"Un día nos advirtió, apenado, Ovseenko, que su partido, que Rusia, no accedía a que se nos entregase armamento para poner en práctica las guerrillas en territorio enemigo. Nos decía que éramos considerados como buenos camaradas, pero que un día podíamos ser peligrosos" (451).
 
"Por nuestra parte, no pudiendo hacer comprender a los que asumieron la responsabilidad de la guerra, incluso a los propios compañeros, que era preciso emplear, aparte del método regular... el método popular de la acción audaz, libre, sobre un territorio enemigo en el que contábamos con tantas simpatías... nos hemos esforzado por obrar independientemente, pero careciendo de armamento, de apoyo y de comprensión, nos vimos en la necesidad de desistir. De desistir en las tentativas prácticas, ante la imposibilidad de superar las resistencias de los propios comités de la organización y las de los dirigentes estatales de la guerra y de la política" (452).
 
            Efectivamente, la formación de un cuerpo de guerrilleros, fue considerado por las autoridades gubernamentales de la República como un  arma de doble filo para sus objetivos. Una fuerza de estas características estaba lejos de sus objetivos: la formación de un ejército regular, sometido a su autoridad. La guerrilla hubiera sido un arma de incalculable valor en la retaguardia del adversario, pero su propia estructura y su composición, presumiblemente anarcosindicalista, la hacía peligrosa.
 
            La autoridad política del departamento de milicias en el  frente era nula o casi nula. A menudo los dirigentes del Comité Central se quejaban de que las milicias sólo recurrían a ellos para pedir nuevos suministros de víveres o material de guerra.
Los mismos dirigentes de las columnas milicianas fueron, frecuentemente, cuestionados o desobedecidos por sus propias unidades, por no estar de acuerdo con las decisiones que se adoptaban.
 
            La necesidad de un mando único militar que corrigiese los graves errores que cometían las milicias, y que optimizase su rendimiento y eficacia era cada vez más impostergable. Las columnas de voluntarios habían tenido un éxito parcial, hasta el momento habían contrarrestado sus limitaciones con el entusiasmo revolucionario y habían conseguido hacer retroceder el peligro. Sin embargo, también habían demostrado su incapacidad para desbaratar las líneas enemigas:
 
"En el transcurso de los meses de Julio y de Agosto, fue quizás la unidad de mando, la que hizo falta más cruelmente. En  los días siguientes a la rebelión fue cuando se tomaron las primeras iniciativas felices en el plano de lo estratégico: luego, cada uno se encerró en su propia región. Anarquistas y nacionalistas se vigilaban en el País Vasco. Mola, en las primeras semanas, pudo darles tranquilamente las espaldas. Los catalanes que se encarnizaban en vano, sin artillería, contra Zaragoza, no transtornaron casi los planes de un enemigo que tenía a Madrid como meta. Cada uno parecía llevar a cabo su propia guerra sin preocuparse de la que se llevaba a cabo en la provincia vecina" (453).
 
            A pesar de que la prensa intentaba transmitir una sensación de éxito, la campaña militar se alargaba cada vez más, y el frente tendía a estancarse por completo. La prolongación del conflicto se reflejaba en una mayor presión de la población sobre la CNT y sobre los organismos del poder revolucionario.
 
"Todo esto creaba nubes de inquietud, que se transformaban en presiones sobre todos los organismos oficiales, especialmente sobre los de mayor representación popular en aquellos momentos: los Sindicatos...".
"No obstante, el comité regional, presionado por los sindicatos, comités locales y comarcales y por el latido de la opinión popular, decidió descargarse de las presiones que sufría presionando a su vez al departamento de Guerra del Comité de Milicias y a los jefes de las columnas anarcosindicalistas..." (454).
 
            Era necesario dar un nuevo impulso a las milicias del frente  y terminar con los errores que tantas bajas estaban provocando.  Había que convertir a las indisciplinadas milicias en auténticas unidades revolucionarias de combate, capaces de coordinarse entre sí, para poder llevar a cabo ofensivas y maniobras de mucho más vasto alcance del que habían sido capaces hasta entonces.  También era necesario aumentar su capacidad ofensiva, dotarlas de verdaderos cuadros capaces de dirigirlas eficazmente en los combates, mediante los oficiales y suboficiales que iban a surgir de la Escuela Popular de Guerra. Sin embargo, lo más importante y urgente, era dotarlas de un auténtico mando unificado que acabara con los particularismos y las hostilidades que existían entre las diferentes columnas. En el seno del Comité Central de Milicias se barajaron diferentes nombres como posibles candidatos a dirigir el Mando Unificado del Frente de Aragón. ERC, UGT y el PSUC propusieron al comandante Reyes, jefe del puesto de aviación que se había instalado en la población de Sariñena. Otros nombres de los líderes de las columnas fueron barajados como posibles  opciones a tener en cuenta (Rovira, Trueba, Durruti, Ascaso, Ortiz, ...). Finalmente, entre todos los propuestos sería el coronel José Villalba el escogido para convertirse en el jefe de operaciones. El hecho de que no perteneciera a ninguna de las corrientes políticas y de que fuera un militar profesional, lo convertía, para el jefe del departamento de las milicias, Juan García Oliver, en el candidato mejor situado para el puesto (455).
 
            Tras la presentación de las candidaturas en el seno del Comité Central de Milicias, la elección del jefe de operaciones para el Frente  de Aragón, realizada por el Departamento de milicias se hizo pública en la localidad de Sariñena. A la reunión asistieron, entre otros, el coronel Villalba, el comandante Reyes, Durruti, Ortiz, y algunos dirigentes de las columnas "Roja y negra", de la del PSUC y de la del POUM.
 
            La creación de un Estado Mayor para el frente aragonés dió a las milicias una nueva y mayor capacidad operativa. Sin embargo, no dejó de ser un pobre sustituto de las verdaderas necesidades que exigía la situación militar de las columnas y de la misma revolución en si misma. Para ello, era necesario que el Comité Central de Milicias, se decidiese a convertirse en un auténtico gobierno revolucionario. Indudablemente, el poder de las milicias no sólo dependía de su capacidad militar, sino también de la capacidad política de la revolución en la retaguardia, para llegar hasta el final.
 
"Era evidente que ni políticamente ni militarmente las cosas no funcionaban y que se necesitaba una nueva estructura en la dirección de la revolución y de la guerra civil que ésta mantenía. <<En la dualidad de poderes representada por la Generalitat y el Comité de Milicias, triunfaba la primera>>, esencialmente porque el Comité de Milicias, de una composición tan heterogénea, no tuvo, o no supo establecer, una línea de acción eficiente, a pesar del predominio que mantuvieron los anarquistas, y que después aún quisieron continuar en el Gobierno de la Generalitat, que se formó absorbiendo al Comité de las Milicias" (456).
 
            El fracaso de las milicias en Aragón significaba  también la consolidación del fracaso político del anarcosindicalismo (457). Una victoria militar rápida de las milicias hubiera significado un nuevo factor de  aliento para la radicalización de la revolución que se estaba llevando a cabo en la retaguardia. Sin embargo el estancamiento implicaba también el mantenimiento del status quo, del que era fruto el Comité Central de Milicias, y por consiguiente también, el mantenimiento de las condiciones que iban a hacer posible la reconstrucción del Estado republicano y de su Ejército Popular.
 
4.4.5 La expedición a Mallorca.
 
            Los orígenes y las circunstancias del proyecto, aunque han sido explicados por el que fue el creador y  principal organizador del plan, Alberto Bayo han sido algo confusos, y motivos de controversias (458). Historiadores y políticos de la época, han dado diferentes versiones sobre el tema.
 
            Jaume Miravitlles, alto cargo del gobierno de la Generalitat de Catalunya, y dirigente político de ERC, afirma en su obra, que la iniciativa de la conquista de Mallorca partió de la órbita del Comité Central de Milicias y que él mismo se opuso al proyecto:
 
"Hace falta constar explícitamente que la iniciativa de aquellas operaciones salía de la órbita del Comité Central de Milicias de Catalunya. La preocupación, durante las primeras semanas, se centró sobre el frente de Aragón y la posibilidad de ocupar Zaragoza. Las milicias quedaron inmovilizadas delante de Huesca por falta de fusiles y de municiones. No era, entonces, el momento de iniciar otros frentes, sobre todo contra una isla donde la guarnición franquista era numerosa y relativamente bien armada. Yo mismo hice una declaración... en la que definía aquel intento como una acción marginal no autorizada. Prieto, que en aquellos momentos, era ministro de Marina y de la Aviación, tampoco era partidario y escatimaba los elementos de combate que hacían falta en los puntos más decisivos de la guerra en aquellos momentos" (459).
 
            La referencia que hace, un personaje tan cercano al gobierno catalán y su referencia al Comité Central de Milicias, ha creado cierta confusión, en lo que respecta a la iniciativa y responsabilidades del Comité de Guerra.
 
            Juan García Oliver, responsable máximo del departamento de Guerra del Comité Central de Milicias, apunta, por el contrario que la idea partió de "la mente calenturienta" de Alberto Bayo, y que posiblemente ésta, fue "recalentada" por algún alto cargo del gobierno de la Generalitat. La velada alusión del dirigente libertario, parece dirigirse, sin mencionarlo, a Lluís Companys (o alguien muy próximo a éste) (460). Sin embargo, las dudas y las cábalas de Juan García Oliver se vuelven una afirmación tajante a la hora de negar la responsabilidad del Comité Central de Milicias.
 
"El Comité Central de Milicias Antifascistas ignoraba por completo la operación que se proyectaba. Si la empresa resultaba venturosa, sería un triunfo para la <<persona que en lo alto de su posición oficial>> había alentado la conquista de Mallorca, y un fracaso para el Comité de Milicias" (461).
 
            La posición del Comité Central, en aquellos momentos, era  la de neutralizar la parálisis que empezaba a afectar a las milicias del frente de Aragón. La conquista de Zaragoza y del resto de las capitales aragonesas era mucho más valioso para el proyecto anarcosindicalista; romper el frente de los sublevados para enlazar con el norte vasco y asturiano. La expedición militar a Mallorca, en unos momentos en los que escaseaba dramáticamente el material de guerra, no podía dejar de aparecer, ante los dirigentes libertarios, como una idea descabellada e inoportuna.
 
            Los cenetistas se mostraron totalmente contrarios a la expedición armada contra Mallorca. Juan García Oliver afirma que, tras preguntar a los delegados de la CNT y de la FAI en el Comité Central, Diego Abad de Santillán, Marcos Alcón, Torrens y Aurelio Fernández, todos ellos afirmaron desconocer, por completo, el proyecto del desembarco en las Baleares. Juan García Oliver alude a la posible colaboración del Sindicato del Transporte, que ya había cometido, anteriormente, otros actos por su propia cuenta y riesgo, e incluso insinúa posibles y oscuras maquinaciones de sus principales adversarios en el seno de la CNT, Federica Montseny y Diego Abad de Santillán (462).
 
            Al parecer los dirigentes anarcosindicalistas se encontraron  ante una situación de hechos consumados, una expedición que ya estaba en marcha y que contaba con numerosos apoyos en la Generalitat de Catalunya y probablemente también en el gobierno de Giral en Madrid. La conquista de la isla de Mallorca habría  podido provocar la intervención militar abierta de Italia en defensa de sus bases en las islas, y por lo tanto su entrada directa en la guerra al lado de sus aliados del ejército franquista. Los partidarios del plan, consideraban que este hecho tendría como consecuencia inmediata, la intervención militar de Gran Bretaña en el conflicto para frenar las ambiciones de una de las potencias rivales a nivel internacional. Por lo tanto, el logro de estos objetivos, difícilmente podría ser contemplado con buenos ojos por los anarcosindicalistas, que, de este modo, habrían visto en un grave aprieto, su situación y la de todo el movimiento revolucionario. Sin embargo, la no participación del Comité Central de Milicias en la planificación del proyecto, no implica que no participasen algunas de las organizaciones políticas que formaban parte de él. Es difícil imaginarse que el plan pudiera llevarse a cabo, con el absoluto desconocimiento de todos los partidos y sindicatos que lo integraban. Y en cambio, es bastante probable, que algunos de los grupos políticos utilizase la autoridad del Comité. para conseguir los pertrechos que hacían falta para la expedición.
 
            Manuel Cruells afirma que la expedición fue preparada por el gobierno de la Generalitat, por un grupo de militares profesionales, por las organizaciones del Front d'Esquerres y algunos grupos nacionalistas, como Estat Catalá. Todos ellos, habían quedado marginados del centro del poder político por la revolución. Los partidarios del gobierno autónomo catalán necesitaban urgentemente una inyección de prestigio, que compensara los recientes éxitos de los anarcosindicalistas en las jornadas de Julio, y la hegemonía aplastante que ejercían las milicias de la CNT en el frente aragonés.
 
"El gobierno de la Generalitat, con cierta urgencia, necesitaba de unas fuerzas propias que tuviesen un sentido de disciplina y que en un momento dado pudiesen representar un papel definitivo en la política catalana. Estas fuerzas, naturalmente, solo podían surgir de los elementos que eran fieles a la situación republicana" (463).
 
            Alberto Bayo, ha dado una versión muy parecida a la defendida por  Manuel Cruells:
 
"En la Consejería de Defensa, donde tenía muchísimo ambiente por mi comportamiento en la sofocación del movimiento insurreccional, me indicaron, consejeros amigos, después de ser aceptada en principio la idea que les expuse, que hiciese un detallado y minucioso estudio de una posible expedición para la conquista de las islas sublevadas" (464).
 
            El capitán de aviación, Alberto Bayo, contó, desde los primeros momentos, con el apoyo de  los altos dirigentes del gobierno de la Generalitat (el mismo Companys, Casanovas...). Fue el consejero Josep María España, quien le aconsejó que se dirigiera al Comité Central de Milicias para que éste diera su visto bueno a la operación militar. Era evidente que, sin su consentimiento, la expedición no podría ser llevada a cabo.
 
Finalmente, otro de los testimonios que aclara los orígenes y los apoyos que recibió la expedición es el de Joaquín Almendros, responsable, en aquellos momentos, de los asuntos militares del PSUC:
 
"Pude intervenir muy de cerca en todo lo concerniente a ese momento crucial de nuestra guerra, en mi calidad de Secretario Militar del Partido Socialista unificado de Catalunya, PSUC. Ese partido, conjuntamente con la Generalitat de Catalunya, tuvo a su cargo la mayor parte de la organización. De ahí partió la iniciativa de apoderarse de Palma de Mallorca...".
 
"Motivos fundamentales hubo que movieron a los organizadores a no darle intervención directa a la Federación Anarquista Ibérica (FAI)...".
 
"A nuestro juicio, el curso de la guerra hubiese cambiado en forma muy positiva para las fuerzas republicanas, si hubiera sido posible privar al enemigo del gran <<portaaviones>> que tenían en el Mediterráneo, ya que sus aviones hostilizaban continuamente las ciudades de Barcelona y Valencia principalmente...".
 
"De haberse cumplido con éxito la operación de Palma de Mallorca, se habrían evitado también las hostilidades del enemigo contra la navegación que nos abastecía de pertrechos y víveres...".
 
"No fue posible marginar del todo a la CNT y FAI, en los actos de desembarco. Se les <<autorizó>> para que formaran una columna que saldría dos o tres días después" (465).
 
            Sólo el gobierno de la Generalitat de Catalunya y las organizaciones que componían el Front d'Esquerres podían salir políticamente beneficiados del éxito de esta operación militar. La victoria en Mallorca, contrastada con el estancamiento en el que se encontraban sumidas las milicias que combatían en el frente de Aragón, habría dado un fuerte impulso a los planes de Companys y del PSUC para recuperar la perdida autoridad del gobierno catalán. Joaquín Almendros cita a varios políticos y militares que participaron en la planificación y en los preparativos del proyecto: el coronel Sandino, el comandante Guarner, de Mansilla y Escobar, Josep Tarradellas, Lluís Companys y Juan Comorera entre otros (466).
 
            Sin embargo, los preparativos de la expedición acabaron siendo anunciados a todo bombo y platillo por la prensa catalanista. A. Rovira i Virgili la consideraría en sus artículos como uno de los deberes pendientes que tenía "La Catalunya peninsular" (467). En el mismo artículo, se alude a la oposición que existía a la expedición, entre numerosos técnicos militares y políticos. Los opositores al proyecto consideraban que las circunstancias del momento, aconsejaban centrarse en los objetivos militares primordiales, que eran la toma de las ciudades de Sevilla, Zaragoza y Burgos. Unos días más tarde, el mismo periódico, defendía las razones estratégicas que habían llevado a preparar la operación. La isla de Mallorca en manos de los sublevados, constituía una plataforma natural, situada detrás de las líneas republicanas, desde donde se podía hostigar las costas y bombardear sus ciudades (468).
 
            La campaña de la prensa, anunciando los preparativos militares, dejaron a la expedición sin la valiosa ventaja del factor sorpresa. Alberto Bayo ha acusado al Comité Central de Milicias de la indiscreción y falta de seriedad:
 
"Mientras el secreto perteneció a mi estado Mayor, nadie supo nada del pretendido desembarco en las Baleares, pero cuando solicité el permiso del famoso <<Comité de Guerra>> de Barcelona, días después, aparecieron en la primera plana de <<La Vanguardia>> (el diario más popular de Barcelona) dos fotografías del <<Almirante Miranda>> correspondientes al Miércoles 5 de Agosto de 1936, en cuyos pies se decía lo siguiente: <<Preparando la ocupación de Mallorca>>. El buque de guerra <<Almirante Miranda>> que ha marchado a Mahón convocando una expedición de quinientos hombres que han de intervenir, ayudados por la aviación, en la ocupación de Mallorca. A la derecha: los tubos lanzatorpedos del <<Almirante Miranda>> con su carga dispuesta para su empleo" (469).
 
            Sin embargo, la acusación parece completamente injusta e infundada. La especulación de Alberto Bayo, parece más bien, fundada en sentimientos de antipatía hacía García Oliver (la animadversión parece que era mutua) y el Comité Central de Milicias. El hecho de que la campaña de prensa estuviera iniciada por Rovira i Virgili, personaje alejado del Comité y de los anarcosindicalistas, parece apuntar a que la irresponsabilidad periodística partió del lado político opuesto a la CNT. La polémica y contradictoria anécdota refleja, una vez más, la escasa o nula predisposición del Comité Central de Milicias, a ejercer como un órgano del poder revolucionario, al no existir, ni tan siquiera unos órganos de censura adecuados, para impedir, que en tiempo de guerra, pudieran ser hechos públicos los secretos militares, de forma tan sorprendente.
 
            La actitud del Comité de Milicias y en particular la de los cenetistas, fue la de aceptar finalmente los planes militares que se habían preparado sin su conocimiento. Juan García Oliver exigió que la expedición se sometiera a la dirección política del Comité Central.
 
            La expedición, capitaneada por Alberto Bayo, partió de Barcelona rumbo a las islas Baleares. Las milicias pertenecían mayoritariamente a Estat Català, ERC, PSUC y también a la CNT-FAI. La participación de toda una verdadera flota, constituida por destructores, submarinos, cañoneras..., refleja que el proyecto militar estaba siendo apoyado también, desde fuera de Catalunya, por sectores gubernamentales.
 
            A la columna barcelonesa, compuesta por unos 5.000 combatientes, se unió otro grupo que provenía de Valencia, al mando del capitán de la guardia civil Uribarri. Entre los contingentes valencianos se encontraban algunos diputados socialistas, Galarzo, Ruiz del Toro y Ruiz Lecina. Posteriormente se añadieron los buques de guerra que se encontraban en Mahón y algunos hidroaviones.
 
            La participación de los notables socialistas y la de toda   una flotilla de barcos de guerra de la Marina pone en evidencia la colaboración del gobierno de Giral y del algunos sectores del Partido Socialista. El mismo Joaquín Almendros habla de que el proyecto era conocido por Largo Caballero, que lo había aprobado (470). El socialista moderado Juan Simeón Vidarte, asegura que el proyecto fue discutido en el Consejo de Ministros y finalmente acabó contando con el apoyo del gobierno de Madrid (371). Sin embargo otros sectores socialistas y del gobierno lo rechazaban. La oposición fuera de Catalunya, estuvo capitaneada por Indalecio Prieto, nombrado ministro de la Guerra,  en pleno desarrollo del desembarco en Mallorca. Vidarte, califica en sus memorias a la expedición como:
 
"... una de las páginas románticas y al mismo tiempo más descabelladas e inútiles del ejército republicano" (472).
 
            Curiosamente Juan Simeón Vidarte atribuye erróneamente, la corresponsabilidad política de la expedición al Comité Central  de Milicias (473). En cualquier caso, el papel del Comité se limitó a la aceptación  del plan, una vez éste ya se había puesto en marcha sin su conocimiento, para evitar el enfrentamiento con  el gobierno de la Generalitat y sus aliados, y resquebrajar, de esta forma, la "unidad antifascista". Los anarcosindicalistas podían haber impuesto sus criterios sin grandes esfuerzos, pero prefirieron no hacerlo, pese a considerar el proyecto como algo descabellado.
 
            Las presiones contra la expedición, por parte de la oposición, existente fuera de Catalunya tuvieron, posteriormente, funestas consecuencias. Joaquín Almendros considera que las razones políticas de estos sectores gubernamentales y del Frente Popular se debieron a la tradicional desconfianza del gobierno central hacia las iniciativas de Catalunya. El aumento del prestigio del gobierno autónomo catalán era visto con buenos ojos, frente al predominio de los anarcosindicalistas, sin embargo provocaba recelos y suspicacias por la actitud nacionalista de los dirigentes catalanistas.
 
"Los elementos del poder Central criticaron  mucho esta operación. Se ha tratado de justificar la falta de apoyo inicial, así como la orden de retirar los barcos de guerra y mercantes del escenario de esa acción de guerra. Esa actitud obedecía a un propósito bien claro: impedir o dificultar las pretensiones de la Generalitat, que esperaba fortalecer su posición política en Catalunya, Baleares y Levante..." (474).
 
            El 8 de Agosto finalizaba triunfalmente, la conquista del resto de las islas menores, Formentera e Ibiza, que se encontraban en manos de los militares sublevados. Seguidamente, Alberto Bayo retornó a Barcelona para reclamar el envío de cañones, que consideraba necesarios para poder llevar a cabo el desembarco y la conquista de la isla de Mallorca. La respuesta del Comité Central de Milicias fue la de  exigir  el  inicio  de  la ofensiva,  exclusivamente  con los materiales de los que se disponía. Una fuerte desconfianza y antipatía existía entre los responsables del Comité y el mando militar máximo de la operación.
 
            El 18 de Agosto, desembarcaba un contingente armado de 2.500 hombres en las playas más desérticas de Mallorca, lejos de los principales núcleos urbanos. En pocas horas, las columnas  milicianas dominaron las costas comprendidas entre Porto Cristo y Artá. La ofensiva llegó a tener una profundidad de unos diez kilómetros de profundidad en dirección hacia Manacor, localidad que no pudo ser tomada. Tras los primeros éxitos, la resistencia de la guarnición empezó a ser cada vez más fuerte, apoyada por las primeras incursiones de la aviación italiana.
 
            La expedición adoleció, desde los primeros momentos del desembarco,   de la falta del armamento adecuado para la ofensiva. Al parecer, el escaso material que les fue suministrado, llegó demasiado tarde, cuando las órdenes de retirada, procedentes del gobierno central, ya estaban dadas.
 
            El comandante Guarner fue enviado por el Comité de Milicias a la isla, para supervisar la marcha de la ofensiva. Su informe  sería tajante, el éxito de la  expedición dependía de que fuera suministrado el material que Alberto Bayo reclamaba. Sin embargo, los suministros sólo llegaron en cantidades muy limitadas, e incluso parece ser que las órdenes dadas desde este organismo para que fuera enviado el material tampoco fueron obedecidas.
 
            Simultáneamente a la realización de las operaciones militares, una serie de cambios se estaban produciendo en la retaguardia republicana. Prieto iniciaba su ofensiva contra la expedición a Mallorca, ridiculizándola en las páginas del diario "Informaciones" de Madrid.
 
"La reconquista de cualquier provincia española vale muchísimo más que la toma de Mallorca. No iban los facciosos mallorquines a nado con el fusil a la espalda a invadirnos por Levante" (475).
 
            La actitud del gobierno central estaba marcada por una profunda desconfianza hacia la iniciativa catalana. Sin duda alguna, el éxito de la expedición habría reforzado enormemente el prestigio del gobierno autónomo catalán que se mostraba excesivamente independiente frente al gobierno central e indirectamente también hubiera beneficiado al Comité Central, que se había convertido en la auténtica dirección de la operación. 
 
 
            La dependencia en la cuestión del armamento del Comité Central hacia el gobierno central se hizo patente. El hecho de que el gobierno republicano controlara la Aviación y la Marina se convirtió en una eficaz arma de presión para conseguir la retirada inmediata de los expedicionarios de la isla. Bayo considera que Prieto fue el principal responsable del ultimátum  que dió el gobierno central a la expedición.
 
"La retirada se debe a él. El la exigió para entrar en el Ministerio de Defensa y ésa orden fue dada porque él no creyó en la empresa, como no creyó en ninguna de las que pretendimos hacer en nuestra guerra" (476).
 
            Las órdenes del gobierno republicano central fueron tajantes. Se ordenaba la retirada inmediata de las tropas expedicionarias que se encontraban en Mallorca. La retirada de las milicias se inició en la noche del 2 al 3 de Septiembre. La precipitación fue tal, que una gran cantidad de material bélico  y numerosos milicianos quedaron abandonados en tierra, siendo apresados por la guarnición de la isla, y fusilados la mayoría de ellos.
 
            Tras la llegada a Barcelona, Alberto  Bayo tuvo que presentarse ante el Comité Central y ante Juan García Oliver, responsable máximo de las milicias, para rendir cuentas del fracaso de la expedición. Al parecer, en Barcelona, tanto  el gobierno de la Generalitat como el Comité de Milicias ignoraban las razones de la retirada de la expedición.
 
            El fracaso de la operación se debió, no tanto a los errores tácticos de las milicias, que fueron muchos, como a la rivalidad  existente entre los diferentes poderes, y lo que éstos representaban. Una vez más, para el gobierno republicano, primaban más los aspectos políticos (la liquidación de la revolución) sobre los militares y la evolución de la guerra (la derrota del ejército franquista).
 
            La descoordinación política entre los distintos poderes, gobierno autónomo, Gobierno de la República y Comité Central, era absoluta, agravada por la lucha a muerte que existía entre ellos. Los dos primeros encarnaban al viejo poder burgués, en sus dos versiones, la central y la nacionalista, el último era, al fin y al cabo, un organismo de poder surgido de la revolución, que debía ser combatido hasta su desaparición definitiva.
 
4.4.6 Solidaridad con otros frentes. Valencia, Irún y Madrid.
 
            Las jornadas de Julio comportaron la derrota de los sublevados en la mayor parte de la península y el derrumbe de las instituciones republicanas. Sin embargo, y pese al triunfo de los revolucionarios, la victoria de la revolución de los comités solo había alcanzado la primera etapa. La no aparición de un auténtico poder revolucionario a nivel estatal implicó la existencia de un inestable período de dualidad de poderes.
 
 
            A pesar de la profundidad que había adquirido la revolución en Catalunya, respecto al resto del estado, que se mantenía fuera del poder de los sublevados, los peligros seguían siendo reales. En este sentido, y no en otro, podemos entender la curiosa e ingenua combinación de la táctica del anarcosindicalismo. Negarse a la toma del poder político que la revolución había puesto en sus manos en Catalunya, para extenderla al resto de la península, mientras intentaba extender su influencia política mediante las milicias obreras, a través de una política de colaboración y de compromiso con las derruidas instituciones republicanas.
           
            El anarcosindicalismo, triunfante en Catalunya, contaba con una fuerte presencia en las provincias del Levante y en otras zonas del estado que debía mantener a toda costa. Sus victorias militares, indudablemente, hubieran aumentado enormemente el prestigio de sus columnas armadas, y por lo tanto, de su propio proyecto revolucionario. Por otra parte, el Comité Central de Milicias tenía que evitar, a toda costa, que la Catalunya revolucionaria quedara aislada, geográfica y políticamente, del resto del estado, donde habían fracasado los insurgentes. El peligro de aislamiento que corrían los revolucionarios catalanes provenía de dos frentes: la victoria de los sublevados y la recuperación total del control político por parte de las instituciones republicanas y de sus aliados del Frente Popular. Por este motivo, la primera industria bélica de Catalunya, envió grandes cantidades de municiones y de material de guerra a otras zonas de la península, cuando el mismo frente de Aragón padecía una escasez angustiosa.
 
"Hemos entregado armas y municiones a todos los frentes: a Córdoba, a Málaga, al Centro, a Levante, a Irún, etc.; hemos proporcionado algunas piezas de artillería a los frentes del sur, al mismo tiempo que sosteníamos la campaña de Mallorca y nuestra empresa de reconquista de Aragón, sin hablar de material sanitario, ambulancias, camiones, víveres, ropas, obuses de artillería de todos los calibres, que habíamos comenzado a fabricar en gran escala".
"A la misma defensa de Madrid, hemos contribuido desde Catalunya con unos diez mil hombres armados..." (477).
 
            En los primeros momentos del triunfo en Catalunya, el Comité Central de Milicias no sólo tuvo que enfrentarse a la amenaza de los sublevados, que habían triunfado en Zaragoza y en el resto de la región aragonesa, sino que tuvo que asegurar que la vacilación de las guarniciones militares existentes en Valencia, se tradujera en el triunfo del Comité Ejecutivo Popular y no en el de los partidarios de los facciosos. Las directrices de la junta enviada por el gobierno de Giral, dirigida por Martínez Barrio, y encargada de mantener la autoridad del estado republicano en la región fueron claramente desmovilizadoras. La junta gubernamental, apoyada únicamente por el Partido Comunista, pretendía que fuera desconvocada la huelga general, organizada por los sindicatos, negociar las condiciones  para conseguir la neutralidad de las tropas acantonadas en la zona, que estaban dirigidas por el general Martínez Monje y la disolución inmediata del Comité Ejecutivo Popular.
 
            Las órdenes gubernamentales fueron desobedecidas por la población que seguía desconfiando de las sospechosas muestras de lealtad republicana que ofrecía Martínez Monje, mientras sus tropas continuaban acuarteladas en sus guarniciones, y vigiladas estrechamente por la población. El Comité Ejecutivo Popular de Levante continuó funcionando al margen de la junta de Martínez Barrio, que era desobedecida y arrinconada por los trabajadores.
 
            Mientras los militares, en Valencia, dudaban en sumarse a la sublevación, el Comité Central de Milicias de Catalunya amenazaba a las autoridades republicanas, que exigían la desmovilización popular y la restauración inmediata de su autoridad, con el envío de columnas de milicianos para apoyar a los sectores revolucionarios.
 
            Cuando a finales del mes de Julio, los militares de Valencia decidieron sumarse a la sublevación, los obreros valencianos, dirigidos por el Comité Ejecutivo Popular, se lanzaron a sofocar el levantamiento con armas procedentes de los suministros que habían llegado por el Comité Central de Milicias de Catalunya y también por las organizaciones anarcosindicalistas de Barcelona y de Madrid. Indudablemente, el factor catalán contribuyó decisivamente a la victoria de los revolucionarios en Levante.
 
            La victoria de los revolucionarios en Catalunya fue fundamental para la moral de los trabajadores valencianos al enfrentarse a los sublevados y, sin ninguna duda, fue en detrimento de la de éstos. También la llegada de armas procedentes de Barcelona  contribuyó a aumentar las posibilidades de éxito para los revolucionarios levantinos en su combate para sofocar la sublevación.
 
            El resultado fue el completo desmoronamiento, como en Catalunya, de las autoridades republicanas de la región y la derrota total de los insurgentes. El Comité Ejecutivo Popular se constituía como la junta de poder territorial en la región hasta la llegada, pocos meses después, el 7 de Noviembre, del gobierno republicano central, ahora presidido por Largo Caballero, que abandonaba Madrid, en peligro de caer en manos del ejército franquista. La negativa de los libertarios a constituir un auténtico gobierno revolucionario, tanto en Catalunya como en Valencia, fue la causa  principal de la rápida decadencia  que sufrió el Comité Ejecutivo Popular, a la llegada de las autoridades republicanas.
 
"... su duración fue efímera pues el traslado del gobierno central a Valencia no tardó en asfixiarlo y no permitió que realizara nada comparable a la obra del Consejo de Economía de Catalunya...".
 
"Cuando el 7 de Noviembre de 1936 el gobierno de Largo Caballero   se instaló en Valencia, el Comité Ejecutivo Popular empezó a debilitarse y desapareció en el mes de Diciembre. Fue reemplazado por Consejos provinciales en cada una de las cinco provincias de Levante..." (478).
 
            La victoria militar de los revolucionarios levantinos no era suficiente. Su indiscutible victoria, su poder indiscutido en la ciudad de Valencia, tenía que ir acompañada de una verdadera voluntad para constituirse en el único poder en la región, en el poder de la revolución triunfante. La voluntad de "colaboración democrática" que alentaba a la CNT, marcó el final del Comité Ejecutivo Popular levantino.
 
            La ofensiva que los sublevados, dirigidos por el general Mola, desencadenaron contra Euskadi  y contra todo el frente norte se centró en la toma de la población de Irún, única vía terrestre que mantenía la zona republicana, conectada con Francia. Las columnas libertarias que defendían y controlaban la localidad, fueron abandonadas por las milicias nacionalistas vascas y por las autoridades francesas, que en nombre del pacto de "no intervención" bloquearon en Hendaya, un importante convoy de municiones que envió el Comité Central de Milicias de Catalunya en auxilio de los combatientes.
 
"Irún no pedía aviación, ni artillería, pedía solamente fusiles, algunas ametralladoras, municiones. Nos llegaron algunas delegaciones para exponer la situación angustiosa en que se encontraban los combatientes de aquella región, por falta de armas y de municiones. Nos aseguraron que Irún no caería si  se les facilitaban medios para defenderse. Todas las tentativas que habían hecho ante el gobierno de Madrid para obtener algún armamento habían sido estériles y los emisarios dirigieron sus pasos hacia Catalunya en demanda de auxilio".
"... No podíamos abastecer a las milicias de Aragón, que reclamaban en vano el envío de municiones. Se planteó algunas veces el problema de Irún en el Comité de Milicias; pero nuestras disponibilidades se habían agotado por completo".
"Comprendimos que Madrid abandonaba a ese bravo pueblo norteño y que nosotros, por muchos sacrificios que hiciésemos, no podíamos salvarles" (479).
 
            Según el testimonio de Diego Abad de Santillán, el Comité Central de Milicias tuvo que recurrir a los comités locales y de defensa, para conseguir el armamento que pedían los defensores de Irún, ya que las existencias de armamento y municiones en su poder, eran casi inexistentes. Una pequeña parte de las armas consiguió llegar a manos de la Federación Local de Sindicatos Únicos de Irún. Sin embargo, un importante cargamento de municiones, que resultaba indispensable para la defensa de la ciudad, no pudo llegar a tiempo, por el boicot francés y por la negativa del gobierno de Madrid a suministrar el transporte aéreo adecuado.
 
            A pesar de la desesperada resistencia de los defensores, reforzados por la llegada de unos centenares de milicianos procedentes de Catalunya, que llegaron a través de la frontera  francesa, el 5 de Septiembre Irún caía en manos del ejército franquista, completamente abandonada por Madrid y por las instituciones vascas. La caída de la ciudad significaba el aislamiento completo de la zona republicana del norte y también, su principio del fin.
            Sin embargo, el capítulo más importante de la intervención catalana, fuera de sus fronteras naturales (es decir, salvo el frente de Aragón y el desembarco en Mallorca) fue, sin ninguna  duda, la ayuda que se prestó a la defensa de Madrid. La capital del estado era uno de los objetivos principales del ejército franquista. La toma de Madrid hubiera significado una baza política decisiva para el reconocimiento diplomático del gobierno  de la Junta militar de Burgos. Sin embargo, Franco y su estado mayor cometieron el error de subestimar a sus adversarios, las milicias revolucionarias. El rápido avance de las fuerzas africanistas hacia la capital, se vió desviado, a finales de Septiembre, hacia la ciudad de Toledo, donde un puñado de guardia civiles y de militares se defendía en el Alcázar de la ciudad. La conquista de Toledo por el ejército franquista, dió un tiempo precioso a las tropas milicianas, que estaban organizando la defensa de Madrid.
 
            La contribución catalana en armamento y en hombres a la defensa, primero del frente de Talavera, y después de la capital, fue importante. El 10 de Septiembre llegaba a Madrid la centuria italo-catalana Gastone Stozzi, para integrarse en las milicias comunistas del V Regimiento. A finales del mismo mes, la columna  "Libertad", integrada por milicianos  comunistas, entraba en combate en la zona centro, en el frente de Talavera. Con posterioridad llegaba a la capital madrileña la columna "Tierra y Libertad" con mil quinientos voluntarios, bajo la responsabilidad de Federica Montseny y por Diego Abad de Santillán. La columna libertaria se formó con voluntarios procedentes de la malograda expedición a Mallorca. Sin embargo, al parecer, la columna se formó a espaldas del Comité Central de Milicias. Al parecer y según el testimonio del García Oliver, la formación de esta columna fue motivo de roces y de enfrentamientos entre los dirigentes de la CNT en el Comité Central de Milicias (480).
 
            Posteriormente otros nuevos contingentes de las milicias catalanas se incorporaron a la defensa de Madrid, entre ellos destacaron por su importancia, las milicias poumistas y la columna dirigida por Durruti que se batió en la ciudad universitaria. Sin embargo, estas nuevas incorporaciones se dieron fuera del período del trabajo que nos ocupa, en pleno retroceso del movimiento revolucionario en Catalunya y en el resto el estado.
 
4.4.7 Los Consejos de soldados.
 
            El fenómeno de los comités es una característica peculiar del espontaneismo de la revolución española. La fiebre de los comités se extendió a todo el territorio de la República, donde los militares habían sido derrotados, y también alcanzó e inundó a todo el panorama político y económico de esta zona (los comités adquirieron funciones políticas y económicas, ocupando el vacío político que habían dejado las instituciones de poder republicanas y la burguesía que se había dado a la fuga).
 
            Los comités revolucionarios también aparecieron, desde los primeros momentos, en las filas de los semidisueltos cuerpos policiales y en los restos  del ejército que se había mantenido fieles a la  autoridad del gobierno. La fiebre revolucionaria había contagiado a los restos del brazo armado con los que contaba  el Estado republicano burgués.
 
            La ola espontánea, creadora de los comités, fue aprovechada por el Comité Central para asegurarse el control de dichos cuerpos y de las recién organizadas milicias revolucionarias.
           
            Consejos de Obreros y Soldados, supeditados  a las directrices  políticas del Comité de milicias, fueron creados entre los restos  de los cuerpos de Aviación, Infantería y Artillería que se habían mantenido leales al gobierno republicano; también aparecieron entre los carabineros, empleados de Aduanas, Mozos de Escuadra y en Sanidad, por iniciativa del departamento de guerra.
 
"Para asegurarse el control de las recién organizadas milicias y limpiar las fuerzas gubernamentales de posibles traidores, la CNT y la UGT introdujeron un sistema de consejos de obreros y soldados. Fue en Barcelona donde primero se organizaron, extendiéndose luego por Levante, Andalucía y hasta Madrid. Los consejos no tenían por misión asumir la dirección militar de las operaciones, sino la de impedir que el control político de las unidades armadas pasara de las organizaciones obreras a los oficiales profesionales que actuaban en calidad de  asesores técnicos de las milicias" (481).
 
            John Brademas recoge el testimonio, especialmente revelador, de uno de los principales creadores de los Consejos de Obreros y de Soldados, que estaban compuestos por tres delegados cenetistas y por tres ugetistas:
 
"La creación de los comités fue determinada por la necesidad de continuar la lucha y de tener la confianza más absoluta en las decisiones generales del mando militar... Las milicias obreras necesitaban una dirección garantizada. La consiguieron, mezclando sus propios elementos a los que, elegidos por los cuerpos y unidades militares respectivas, tenían idéntico fin: <<luchar unidos, bajo una dirección responsable y leal...>>" (482).
 
            Los comités de soldados que actuaban bajo la dirección  política del Comité Central de Consejos, subordinado a su vez al Comité Central de Barcelona, mantenían el control y la vigilancia sobre los militares profesionales que combatían al lado de las milicias. También atendían a los problemas y conflictos de disciplina que sucedían en los cuarteles y en el frente.
 
            El propósito de los anarcosindicalistas era poder romper definitivamente la disciplina y los sentimientos corporativistas  que todavía pudieran anidar en los cuerpos policiales, y evitar que en el futuro, pudieran ser utilizados contra los sectores revolucionarios.
 
"Los Consejos de Obreros y Soldados los creamos para hacer imposible la sublevación de los guardias civiles, cosa que se logró. Pero también para impedir el éxito de las maniobras que los comunistas realizaban en el resto de la España republicana, donde con la complicidad de socialistas y republicanos, se estaban apoderando de todos los mandos de las fuerzas armadas..." (483).
 
            Los Consejos de Obreros y de Soldados, fomentados por el Comité Central de milicias, contaron, desde los primeros momentos, con la oposición de los comunistas del PSUC, que veían en ellos organismos que introducirían, en los ya destartalados cuerpos policiales de la República, elementos de indisciplina y de desintegración.
 
"La idea fue apoyada por Brotons y por aquellos jefes y oficiales que, en tales consejos, veían el mejor y más eficaz instrumento para introducir un elemento corrosivo en la disciplina de la Guardia Civil. Una institución de esa índole, de férreos reglamentos, deja de ser efectiva, cuando se le introduce el germen de la discusión y la falta de respeto a la autoridad. Fácil es darse cuenta de que los anarquistas, con esto, le hacían el juego a los enemigos de la República y a sus propios enemigos" (484).
 
            Los Consejos de Obreros y de Soldados, como toda la estructura de comités revolucionarios que se había formado por doquier, entre los milicianos y entre los cuerpos policiales fieles a la República, dificultaba los planes del PSUC y del gobierno de la Generalitat para dotarse de una fuerza de choque fiel, para poder contrarrestar la hegemonía de la CNT.
 
            Sin embargo, los partidarios de la restauración republicana contaban con un elemento que iba a ser decisivo para sus propósitos. El compromiso político del anarcosindicalismo para respetar la existencia de las antiguas autoridades republicanas  iba acompañado, implícitamente, de la no disolución de las viejas fuerzas de orden público, lo que, a pesar de la actividad de los comités y de los consejos en su seno, permitió al Front d'Esquerres y al gobierno de la Generalitat, ir recuperando, poco a poco, sus efectivos y por lo tanto, también su perdido poder.
 
            Los Consejos, quedaron mortalmente heridos por la posterior desaparición del Comité Central de Milicias, y acabaron por desaparecer después de Noviembre, para dar paso a los comisarios políticos. La figura del "comisariado político", copia superficial de los que existieron en el seno del Ejército Rojo soviético, demostraron ser un instrumento mucho más sumiso que los Consejos,  para los planes de los partidarios de la reconstrucción de la República y de su ejército.
 
 
 
4.4.8 Las Brigadas Internacionales.
 
            Independientemente del heroísmo, del sentimiento de solidaridad y de los ideales internacionalistas que animaron a  cerca de 35.000 voluntarios de 59 países, a combatir junto a los revolucionarios y al gobierno de la República, contra la reacción franquista, las brigadas internacionales fueron un instrumento político.
 
            La mayor parte de las columnas de voluntarios procedentes de estos países fueron formadas por los partidos comunistas, siguiendo las instrucciones dadas por la Komintern. También existieron numerosos grupos que intervinieron en la contienda bajo las siglas de otras organizaciones de otros países. libertarias, socialistas, trotskistas y toda una amplia gama de variantes izquierdistas... El hecho de que muchos de los voluntarios internacionalistas no militaran en las secciones nacionales comunistas, no significa que éstas, no estuvieran organizadas y dirigidas por destacados agentes estalinistas.
 
            Entre éstos, quizás merece destacar la figura del general Emilio Kebler, cuyo verdadero nombre era Stern, y que había participado anteriormente en otras misiones en China, para los dirigentes de la Komintern, André Marty y Luigi Longo, André Malraux... (485).
 
            Sin duda alguna, la importancia de la participación de las brigadas internacionales en los combates, y en concreto, en la defensa de Madrid, fueron importantes, aunque numerosos políticos e historiadores se han cuestionado que ésta llegara a ser decisiva para rechazar la ofensiva franquista que amenazaba con apoderarse de la capital (486). Sin embargo no es objetivo de este trabajo tratar a fondo este debate, sino la importancia política que supusieron las brigadas internacionales.
 
            El envío de las primeras armas soviéticas y la llegada de las primeras columnas de voluntarios internacionalistas ponía en evidencia el cambio que se había producido en la política llevada  a cabo por Stalin. La postura de "no intervención" no podía mantenerse sin graves consecuencias.
 
"La URSS no podía eludir su deber de solidaridad activa con el pueblo español en armas, so pena de desacreditarse ante el proletariado mundial. Este deber coincidía, por un lado, con la orientación antihitleriana de la política exterior soviética en este período" (487).
 
            Por otro lado, la política de Stalin se encaminaba a una mayor defensa de los intereses de la burocracia del Kremlin en su búsqueda de consolidar su alianza con Francia y poder extenderla hacia Gran Bretaña. Política que estaba siendo gravemente cuestionada por los acontecimientos revolucionarios de España.
 
            El armamento y las brigadas iban a convertirse en un verdadero caballo   de Troya para la penetración política del estalinismo en la guerra civil española, en su defensa  del poder republicano y de la naturaleza supuestamente democrático burguesa de la revolución.
 
            Junto a las brigadas de voluntarios internacionales y los suministros de armas, llegaron, también, numerosos agentes de la GPU estalinista, dispuestos a asesorar y ayudar a la sección española de la Komintern, el PCE y el PSUC, para aumentar y consolidar su creciente control político sobre la situación. Indudablemente las brigadas internacionales constituyeron una importante base para la formación de los primeros contingentes militares del que iba a convertirse, unos meses más tarde, en el nuevo ejército de la República.
 
            La oposición a las brigadas internacionales partió de diferentes organizaciones, que consideraban que el aporte de unos miles de voluntarios de diversos países no iba a contribuir en nada, o en casi nada, a la victoria sobre el ejército franquista, y en cambio adivinaban o presentían que éstas formaban parte de los planes de Stalin para intervenir en la guerra civil española.  Socialistas de izquierdas y libertarios recelaron de los verdaderos propósitos del PCE-PSUC en su apoyo a la entrada de los voluntarios internacionales. El argumento de los anarcosindicalistas estaba cargado de razón, en la guerra sobraban hombres y faltaban armas.
 
"Para tener un primer instrumento de dominación en la mano, el Gobierno central, asesorado por la diplomacia rusa, dió entrada a las llamadas brigadas internacionales, con el pretexto infame de que las milicias no sabían batirse ni obedecían. ¡No obedecían a quienes no debían obedecer!" (488).
 
            En Catalunya, el Comité Central de Milicias dió órdenes a los comités locales que vigilaban las fronteras para que impidiesen el paso de los cientos de voluntarios que esperaban entrar por Francia. Numerosos de estos brigadistas fueron detenidos en la frontera y devueltos si carecían de los credenciales exigidos por el Comité.
 
            Pese a los recelos que expresaron algunos de los sectores de los socialistas de izquierda, el gobierno republicano y las organizaciones del Frente Popular apoyaron la formación y entrada de las brigadas. Sin duda alguna, su participación en la contienda, facilitaría los planes de reconstrucción del ejército, y  constituiría también una de las bases más sólidas con las que contarían. Por este motivo, Indalecio Prieto, ministro de la guerra en aquellos momentos, se encargó de que los brigadistas  que eran expulsados en la frontera catalana fueran rápidamente embarcados en los puertos franceses de Séte y Marsella para  ser enviados a los de Cartagena, Alicante y Almería, que estaban controlados por el gobierno republicano.
 
 
 
            Posteriormente y tras numerosas presiones, el Comité Central de Milicias tuvo que dar marcha atrás y permitir  la entrada de los voluntarios internacionales.
 
"Finalmente, mediante su presión y en vista de los reveses de nuestras fuerzas en el Centro, se permitió su entrada, no sin antes haber tenido choques sangrientos para abrir brechas en la frontera".
 
"Los anarcosindicalistas, ayudados por los elementos del POUM, argumentaban, como defensa de su negativa, que la mayor parte de los voluntarios pertenecían al Partido Comunista, lo que era cierto. Decían que el triunfo del comunismo en España significaría la liquidación del anarcosindicalismo tal como había sucedido en Rusia" (489).
 
            El cambio de actitud de los anarcosindicalistas catalanes se debió, según el  testimonio de algunos de sus dirigentes, a su falta de comprensión que existía sobre el verdadero significado político de las brigadas internacionales (490). Impedir la entrada de los brigadistas significaba, forzosamente, enfrentarse a los comunistas partidarios de Moscú y a sus aliados en el gobierno republicano, lo que hubiera llevado a la ruptura y, en consecuencia, a la necesidad de llevar la revolución hasta las últimas consecuencias. La postura de compromiso y de "colaboración antifascista" colocaba a la CNT en una auténtica trampa, de la que, siendo consecuente con su política del momento, solo podía escapar cediendo a las presiones de sus adversarios políticos del Frente Popular.
 
4.4.9 Las primeras tentativas para recuperar el poder.
 
            Los intentos para reconstruir el viejo aparato estatal y recuperar el poder perdido a causa de la revolución empezaron, de hecho, desde las mismas jornadas de Julio. Apenas terminados los combates, el Gobierno de la Generalitat decretó una serie de concesiones y de mejoras laborales a los trabajadores (jornada de trabajo de 40 horas, la aprobación de todas las bases de trabajo presentadas antes del 19 de Julio, tal como las habían presentado los sindicatos. aumento del 15% de los salarios, rebaja de los alquileres...).
 
            Todas estas medidas estaban destinadas a que el gobierno de Lluís Companys recuperara la iniciativa perdida ante los revolucionarios. Sin duda alguna las consecuencias de estas medidas fueron nefastas para la nueva economía en formación y se   dejarían ver en el período posterior, contribuyendo al aumento de los índices de inflación. Otras medidas adoptadas eran completamente inadecuadas en aquellos momentos en los que se iniciaba lo que iba a ser un largo y sangriento conflicto bélico. Sin embargo, expresaba la firme voluntad del gobierno catalán de no dejarse arrebatar su autoridad por la revolución triunfante, es decir, a no desaparecer de la escena política, sin oponer resistencia. El dirigente libertario Juan Peiró criticó duramente las improvisadas maniobras que había llevado a cabo la Generalitat, en un artículo publicado en "Solidaridad Obrera":
 
"A juicio mío, yerran fundamentalmente los que creen que es ahora el momento propicio para implantar sendas reivindicaciones proletarias de tipo social, como son la reducción de jornadas y el aumento de sueldos y salarios. El error inicial ha partido de la Generalitat... yo presumo que el gesto del gobierno de la Generalitat ha querido ser un golpe de efecto para captarse las simpatías del proletariado catalán" (491).
 
            Esta actitud, menospreciada  durante los primeros meses por los dirigentes libertarios, iba a ser la que iban a tomar, tanto el gobierno central de la República, como el de la Generalitat, hasta la recuperación total de su poder. Los anarcosindicalistas habían permitido que las autoridades republicanas sobrevivieran en Catalunya, aunque fuera adquiriendo una forma espectral y simbólica, sin embargo seguían existiendo. Companys y sus aliados no podían aceptar   seguir vegetando indefinidamente, como una pretendida cobertura "legal" de la  revolución, hasta desaparecer, como consecuencia de una nueva radicalización de la situación, o a causa de la victoria definitiva de los militares sublevados. El hecho de que fuera de Catalunya y Aragón, las fuerzas obreras mayoritarias fueran defensoras del orden republicano y del programa del Frente Popular marcó la auténtica diferencia que  existió en los procesos y en la dinámica de las dos situaciones claramente revolucionarias. El proceso de recuperación del poder republicano y en contrapartida, el retroceso y la liquidación del de los comités fue muchísimo más rápido a nivel estatal, mientras que en Catalunya y Aragón, la decadencia de los organismos del poder revolucionario eran mucho más lenta.
 
            Apenas unos días después de las jornadas de Julio, el 24 del mismo mes, se daban instrucciones en Madrid, para que los soldados pertenecientes al disuelto ejército, se reincorporaran a los cuarteles para ponerse a disposición del gobierno de la República. Junto a estas órdenes, se decretaba la movilización de los reemplazos de  1933, 1934 y 1935. Una semana más tarde el  raquítico gobierno Giral estipulaba que los sueldos de los milicianos serían pagados por el Estado. El decreto convertía a las milicias revolucionarias en dependientes del gobierno. Eran los primeros signos de revitalización del poder burgués republicano, después de las jornadas de Julio. Con estas medidas el gobierno republicano pretendía conseguir un contrapeso a las milicias revolucionarias que todavía dominaban las calles y las afueras de Madrid, integrándolas en su órbita política.
 
            Pese a todo, el proceso de reconstrucción del viejo ejército no iba a ser tan sencillo. Durante los siguientes meses, todos los intentos del gobierno Giral por recuperar su brazo armado, apoyado por el PCE y por los sectores más moderados del Frente Popular, acabaron en un rotundo fracaso. La revolución de los comités también había calado hondo fuera de Catalunya, en toda la geografía republicana. Las milicias obreras se habían convertido en el principal polo de atracción de los nuevos reclutamientos. El plan para dotar a la República de un nuevo ejército tuvo que seguir madurando durante los siguientes meses, hasta la formación del gobierno de Largo Caballero.
            Paralelamente se pretendía reconstruir los cuerpos policiales. A principios del mes de Agosto el gobierno hacía un llamamiento a la población para ingresar en ellos. Sin embargo,  las invitaciones fueron desoídas y el ingreso de voluntarios,  escaso. Finalmente se tuvo que incorporar a todos los aspirantes que no habían podido ingresar en los cuerpos de policía, en el período anterior a la contienda, para cubrir la falta de efectivos.
            Pocos días después, el 25 de Julio, el ministro de Gobernación decretaba, con el consentimiento de la mayoría de las organizaciones obreras, que los servicios de vigilancia de la ciudad serían llevados a cabo por las fuerzas gubernamentales del Orden Público. Mientras que las milicias revolucionarias tendrían que concentrarse en los cuarteles y la población debería entregar las armas que pudiera tener en su poder. El consentimiento de las direcciones de las organizaciones obreras a estos decretos, hicieron que éstos pudieran ser llevados a la realidad.
 
            Sin embargo, los llamamientos del gobierno a desarmar la retaguardia fueron contestados por las organizaciones obreras más izquierdistas y por los comités, que veían con desconfianza las maniobras que estaba llevando a cabo el gobierno.
 
"Se han fijado en Madrid unos carteles que dicen así":
"<<Milicianos, las armas son para el frente. Pasearse por Madrid con el fusil al hombro, mientras otros compañeros se baten en la sierra, se parece mucho a una cobardía. Los que no sirvan para la guerra que devuelvan inmediatamente el arma>>".
"En Madrid las cosas van mucho más despacio que en Barcelona. Aquí, unos carteles de esta forma, provocarían tal indignación entre la clase trabajadora, que sería necesario una rectificación contundente en evitación de un conflicto grave" (492).
 
            Efectivamente, la dinámica de la situación en Madrid y en Barcelona, sin dejar de ser, ambas, revolucionarias, sí que tenían diferentes correlaciones de fuerzas.
 
            El llamamiento de los reemplazos, hecho por el gobierno de Madrid y recogido por la Generalitat, provocó un fuerte conflicto en Catalunya y un amplio movimiento de rechazo entre la población. En Barcelona, el 10 de Agosto se celebró una asamblea que reunió a diez mil jóvenes pertenecientes a las quintas afectadas por el decreto. La concentración votó y decidió sumarse a las milicias revolucionarias.
 
"Nosotros no rehuimos el cumplimiento de nuestro deber cívico y revolucionario. Nosotros queremos ir a Zaragoza, a libertar a nuestros hermanos, queremos ser milicianos de la libertad, pero no seremos, no podemos ser soldados uniformados".
 
"Se ha demostrado palpablemente que el ejército regular era un peligro para el pueblo, que la salvación del mismo, que la defensa de las libertades ciudadanas reside pura y exclusivamente en las milicias populares..." (493).
 
            El Comité Central de Milicias decidió tomar, finalmente, una postura de compromiso. El 6 de Agosto publicaba una nota en la  que ordenaba que los nuevos soldados acudiesen a los cuarteles para ponerse a disposición de los comités de milicianos. Una vez más, el Comité de milicias adoptaba una posición intermedia, obedecía el decreto al aceptar el reclutamiento forzoso de los reemplazos, pero canalizaba el decreto hacia las milicias.
 
"El Comité Central de Milicias Antifascistas, de acuerdo con el Consejero de Defensa de la Generalitat de Catalunya, ha decidido que los soldados de los años 1934, 1935 y 1936, se reintegren inmediatamente a los cuarteles y que allí se pongan a disposición de los comités de las milicias, constituidos bajo la jurisdicción del Comité Central" (494).
 
            El reclutamiento de las nuevas tropas, que pasaron a fortalecer a las milicias, se hizo por medio de los comités locales que existían por toda Catalunya, es decir, al margen de los canales deseados por el gobierno de la Generalitat, que veía, una vez más, escapársele de las manos, las posibilidades de dotarse de un contingente armado, bajo su disciplina. Sin embargo, la actitud política de la CNT significaba, en realidad, un nuevo paso atrás. Al aceptar "a su manera" el decreto, reconocía la existencia y legitimidad del gobierno, y también "a su manera", se sometía a la legalidad republicana.
 
            Simultáneamente, y mientras fuera de Catalunya, las milicias de retaguardia empezaban a ser arrinconadas y sometidas al gobierno de Giral, en Barcelona, el 10 de Agosto, el Comité Central daba a conocer el nuevo proyecto de estructuración de las Patrullas de Control. Las fuerzas del Front d'Esquerres y de la Generalitat eran todavía demasiado débiles para imponer sus criterios al movimiento revolucionario. Sin embargo, los cuerpos policiales sujetos a la disciplina de la Generalitat, siguieron existiendo junto a las patrullas de control, creando una duplicidad de funciones, que fue una permanente fuente de enfrentamientos entre ambas partes. La política de compromiso  del Comité Central de Milicias con el gobierno catalán permitió que ambas policías siguieran existiendo al mismo tiempo. El anarcosindicalismo, convencido de su enorme fuerza, aceptaba la coexistencia sin darse cuenta, que no era suficiente con la formación de consejos revolucionarios en el interior de los cuerpos policiales, para asegurarse su fidelidad al orden revolucionario.
 
            De forma paralela, a los intentos de reconstrucción del ejército y de los antiguos cuerpos policiales, el gobierno de la Generalitat buscó el fortalecimiento de su gobierno, mediante  la integración de las fuerzas obreras que le eran afines. Durante las primeras semanas de Julio, el gobierno catalán no pudo tomar otra actitud, frente al Comité de Milicias, que refrendar sus decisiones. Sin embargo, y progresivamente, la dualidad de poderes existentes entre el Comité Central y la Generalitat se transformó en una competencia entre ambos, en una duplicidad de funciones y  acciones, que se intercalaban y se dificultaban mutuamente.
            El 31 de Julio el gobierno de la Generalitat daba a conocer, en el Butlletí  Oficial, un decreto por el que se aceptaba las dimisiones de todo el gabinete. En la misma publicación, se daban a conocer los nombres, de los que pasarían a ser los nuevos consejeros. El nuevo gobierno incluiría, además de los delegados de ERC, AC y UdR (que ya estaban presentes en el gobierno anterior) a tres representantes del Partido Socialista Unificado de Catalunya (Joan Comorera i Soler, conseller de Economía; Estanislao Ruiz i Ponseti, de avituallamientos y Rafael Vidiella en comunicaciones). El mismo Lluis Companys se autonombraba presidente de Catalunya, delegando la presidencia de la Generalitat a Joan Casanovas. La maniobra de Lluís Companys se completaba con el nombramiento del teniente coronel Felipe Díaz Sandino en la nueva Consejería de Defensa, con el objetivo de fortalecer el proyecto militar de la Generalitat.
 
            La entrada del PSUC en el gobierno catalán, una organización    que estaba en alza, y que empezaba a destacarse por su enérgica defensa del orden republicano, frente a la revolución, reforzaba su autoridad política, y por lo tanto, cuestionaba el papel del Comité Central de Milicias y comprometía gravemente a la misma revolución. Era evidente que la recomposición del gobierno catalán apuntaba en esa dirección política. El hecho de que se hubieran sido creados con anterioridad las consejerías de Defensa, Servicios Públicos, Aprovisionamiento y Comunicaciones,  copiando la estructura del Comité Central de Milicias, refleja  su intención  de sustituirlo definitivamente, cuando las circunstancias lo hicieran posible.
 
            La CNT-FAI y el POUM así lo entendieron en sus declaraciones.
 
            La reacción de los sectores más izquierdistas del Comité Central fue inmediata. Los representantes anarcosindicalistas exigieron la inmediata disolución del nuevo gabinete y la renuncia de los representantes del PSUC, mientras que el POUM pedía el reforzamiento del Comité de Milicias o la formación de un gobierno obrero, que respondiera a la nueva situación y que superara, definitivamente, al Front d'Esquerres.
 
"Era obvio que, al tomar posesión de sus puestos en el gobierno de la Generalitat, los representantes de la Esquerra, del PSUC y de los rabassaires dejarían de presentarse en el Comité de Milicias, donde quedaríamos solamente nosotros y el POUM. Habría pues, que abandonar las socializaciones y colectivizaciones que se sostenían al amparo del Comité de Milicias..." (495).
 
            Sin embargo, las reacciones de rechazo no parecen haber sido ni tan claras ni tan homogéneas. Juan García Oliver afirma que el nombramiento del nuevo gobierno fue llevado a cabo con el  consentimiento del Comité Regional de la CNT, a instancias de Federica Montseny y de Marianet, secretario   de la organización, y sin que hubiera llegado a oídos de los representantes libertarios del Comité de Milicias. La versión del historiador estalinista Manuel D. Benavides coincide por completo con la suya (496).
 
            Esta explicación de los  hechos  no es tan descabellada, si tenemos en cuenta que eran los anarcosindicalistas los que dominaban la situación revolucionaria en Catalunya, y que  el gobierno de la Generalitat había tenido que maniobrar con exquisita prudencia hasta el momento. El visto bueno del Comité Regional cenetista habría supuesto, de hecho, el fin del Comité Central de Milicias y no, una amenaza a la larga, como lo interpreta Caminal (497).
 
"De dejar a Casanovas  seguir con su maniobra, el Comité de Milicias, órgano de la fuerza revolucionaria de nuestras organizaciones, habría dejado de existir. El dilema era sencillo: o revolución adelante con el Comité de Milicias, o regresión al punto de partida burgués con el gobierno de Casanovas en la Generalitat de Catalunya" (498).
 
            Finalmente la posición de Juan García Oliver se impuso entre los dirigentes cenetistas. En una reunión con Joan Casanovas, los  delegados libertarios Juan García Oliver, Aurelio Fernández, Marcos Alcón y Marianet, exigieron que se acabara con la nueva situación creada, so pena de provocar el enfrentamiento con los sectores revolucionarios.
 
            La postura del POUM fue mucho más dura que la de la CNT y de la FAI. Su posición política fue recogida en el artículo editorial de "La Batalla":
 
"La solución está en la aplicación de la economía socialista... desgraciadamente quienes parecen no comprender este estado de cosas, son las fracciones y partidos del proletariado, al no plantear la constitución del gobierno obrero, como nuestro partido preconiza, aceptan la imposición de un cadáver político...".
 
"La política de los partidos y organizaciones obreras consiste prácticamente en delegar su representación en los gobernantes burgueses..." (499).
 
            En un artículo publicado el mismo día, titulado "ante la nueva crisis de la Generalitat", el POUM criticó duramente la actitud de los anarcosindicalistas ante la crisis. Desde  la óptica política del artículo, la exigencia de los libertarios para que el PSUC renunciara a los puestos en el gobierno, sólo beneficiaba a ERC, al darle una representación en la vida política que no tenía. Lo asombroso de la posición poumista era defender tal afirmación, en aquellas circunstancias. La entrada del PSUC en el gobierno de la Generalitat no ayudaba en absoluto a la radicalización de la Catalunya revolucionaria, ni tan siquiera a la del gobierno catalán. La integración de los representantes comunistas tenía una sola intención, revitalizar la espectral posición del gobierno frente a la revolución y el Comité Central de Milicias. En esta cuestión, la posición política de ERC y del PSUC apenas se diferenciaban.
 
            En el periódico del día siguiente, el POUM se mostraba partidario de radicalizar la situación.
"Por eso nuestro partido exige hoy el poder para la clase trabajadora, mediante la formación de un gobierno obrero y la convocatoria de una asamblea constituyente, sobre la base de los comités de obreros, campesinos y combatientes (milicianos, soldados y guardias)" (500).
 
            Sin embargo, la postura real del POUM no era tampoco tan radical como aquellas consignas parecían apuntar. Pocos días después, esta organización se integraba en uno de los principales organismos de colaboración con el gobierno de la Generalitat: El Consejo de Economía de Catalunya. Este hecho político entraría en contradicción con la radicalización poumista.
 
            El ultimátum de la CNT y de la FAI provocó la crisis y la dimisión fulminante del recién formado gabinete. En el mismo día, se publicaba un nuevo decreto por el que Companys aceptaba su dimisión en pleno y la formación de uno nuevo, en el que desaparecían los nombres de los representantes del PSUC. La maniobra de Lluís Companys había sido demasiado prematura y los efectos   evidenciaron que el anarcosindicalismo seguía teniendo la indiscutible hegemonía en Catalunya.
 
            Días después, la autoridad política del gobierno autónomo quedaba nuevamente debilitada por la dimisión del capitán Escofet y de los hermanos Guarner de la Consejería de Orden Público
La dimisión del gabinete fue explicada por Casanovas en la prensa, como una renuncia "amistosa" de los representantes comunistas, para evitar los roces con otras organizaciones y salvar la "unidad antifascista".
 
"El señor presidente ha recibido a los periodistas por la tarde, y les ha dicho: el señor Casanovas me ha dado cuentas por haberse declarado la crisis total del gobierno, motivada por el deseo que le había animado de congregar las mayores asistencias de elementos de avanzada, en lugar de conseguir su objetivo, resultaba que podía crearse un ambiente de recelo o de contrariedad que en lugar de sumar el esfuerzo de todos, podía aumentar las diferencias de orden sindical" (501).
 
            La marcha atrás, efectuada por Companys y por Casanovas,  fue considerada por el PSUC como una muestra más de la docilidad  demostrada por ERC frente al Comité de Milicias y duramente criticado. Una vez más, Esquerra retrocedía ante el anarcosindicalismo y rehuía presentar combate.
 
"Dócil al Comité de Milicias, Casanovas, con el asentimiento de Companys, sustituyó el gobierno del 1 de Agosto por otro de composición análoga al del 19 de Julio, y del que desaparecieron los representantes del PSUC" (502).
 
            Sin embargo, el fracaso de la maniobra, hizo comprender a los dirigentes del PSUC de que el desenlace había sido inevitable. La revolución de los comités y la hegemonía anarcosindicalista estaban todavía en la cresta de la cumbre y nada se podía hacer, en aquellas condiciones, sin el consentimiento de los últimos.
"La resolución de la crisis gubernamental, convenció a Comorera de que el acuerdo entre Companys y los dirigentes de la FAI y de la CNT, para constituir el Comité Central de Milicias Antifascistas, había sido inevitable. Él, que había combatido tanto el <<faísmo cien por cien>>, que había dicho que con la CNT no se podía decir nada, que acabaría identificándose faísmo y <<failangismo>>, se daba cuenta de que no se podía hacer nada al margen de la FAI y de la CNT. No había otra salida que intentar la unidad con quién tenía la fuerza" (503).
 
            No se podía buscar el enfrentamiento de forma directa, sin provocar el desastre, que había podido evitarse durante las jornadas de Julio. La reacción de la prensa del PSUC ante la forzada renuncia de sus delegados fue muy moderada y sintomática del cambio de actitud que se había operado en el seno de sus dirigentes.
 
"Su portavoz, <<Treball>>, publicaba una nota el día 5 de Agosto en el que se decía que los consejeros Comorera y Vidiella habían tenido que ausentarse de Barcelona para una misión especial y que habían sido sustituidos por Joan Casanovas y Martí Esteve. Dos días más tarde, una vez conocido el nuevo Consell Executiu, publicaban un editorial en el que se justificaba la <<retirada>> de los consejeros del PSUC del gobierno de la Generalitat para garantizar la unidad antifascista y también de las dos centrales sindicales, UGT y CNT. Aclaraba, que el PSUC no compartía el criterio según el cual los republicanos habían de darse por liquidados y, advirtiendo al POUM, manifestaba que había que defender el frente antifascista por encima de todo" (504).
 
            Pocos días más tarde, "Treball" acusaba a los poumistas de utilizar un lenguaje falsamente izquierdista. Según el PSUC la revolución proletaria solo podría desencadenarse tras un proceso de maduración de la revolución democrático burguesa, etapa en la que los republicanos eran necesarios y debían formar parte del frente "antifascista". Cualquier veleidad "extremista" apuntaba, pues, a la ruptura de este frente único y por lo tanto, solo podía ser contrarrevolucionaria (505).
 
            Era necesario, primero, preparar las condiciones que hicieran posible el resurgimiento del poder republicano en Catalunya, y para ello, había que integrar por completo, a la CNT, a la FAI y al POUM en la trampa del colaboracionismo. La crisis del gobierno de la Generalitat también había puesto en evidencia que el anarcosindicalismo estaba muy lejos de ser homogéneo, y que en su seno habían corrientes reformistas, cada vez más declaradamente partidarias de colaborar con los gobiernos republicanos y de la  Generalitat de Catalunya, bajo la "unidad antifascista".
 
"En este Pleno regional de la CNT, a comienzos de Agosto de 1936, había ya motivos para tomar conciencia de la ambigüedad en que se vivía entre un Govern que no gobierna y una CNT cada día más comprometida en el proceso revolucionario y, en razón de ellos, en la dirección real de los acontecimientos. García Oliver y Durruti plantearon crudamente el problema: era preciso salir de esa ambigüedad poniendo fin a una colaboración política que desorientaba a la revolución, consumía energías e impedía llevar la revolución hacia adelante".
 
"La fracción colaboracionista, pese al saldo negativo de esa teoría, y so pretexto de que la ruptura del frente antifascista provocaría una guerra civil entre los propios antifascistas, mantuvo su posición" (506).
 
            Sin embargo, era evidente para todos, que el enfrentamiento entre las dos fuerzas políticas, la revolución de los comités y la contrarrevolución republicana iba a producirse tarde o temprano. Las fuerzas políticas partidarias de la restauración republicana, habían dado ya sus primeros pasos para recuperar el terreno perdido en Julio. Pese a los compromisos políticos, pese al colaboracionismo y las concesiones efectuadas por los líderes  anarcosindicalistas en aras de la "unidad antifascista", el choque sangriento era sólo cuestión de tiempo.
 
            Los objetivos del PSUC y de ERC iban a conseguirse apenas dos meses más tarde con la aceptación del anarcosindicalismo  y del poumismo a  integrarse en un nuevo gobierno de concentración  de la Generalitat. Esto significaría el fin del Comité Central de Milicias y el inicio de la decadencia del movimiento revolucionario en Catalunya.
 
4.4.10 Las industrias de guerra.
 
            Uno de los problemas más acuciantes, con los que tuvo que enfrentarse el Comité Central de Milicias, fue la dramática falta de armamento y de municiones, con las que se encontraba la  Catalunya revolucionaria. Tradicionalmente y por circunstancias políticas, nunca había existido ningún tipo de industria de armamento en Catalunya. De esta forma, el Estado central expresaba su desconfianza histórica frente al movimiento nacionalista catalán.  
 
            El tradicional recelo  del   gobierno  republicano  se  acentuó frente a la Catalunya revolucionaria que actuaba con completa independencia de sus directrices. La actitud del gobierno republicano hasta el verano de 1937, fecha en la que quedaría anulada definitivamente la autonomía de Catalunya, fue la de negarse a enviar los pertrechos y el material de guerra, que el Comité Central de Milicias y la Generalitat pedían, para poder hacer avanzar el frente aragonés.
 
            La actitud hostil del gobierno de Madrid, esta vez presidido por Largo Caballero, permitió la caída de la fábrica de armamento de Toledo, en manos de los facciosos, antes de que ésta  pudiera ser trasladada a Catalunya, como habían pedido el Comité Central de Milicias y el gobierno de la Generalitat, representados por  Josep Tarradellas y por el coronel Jiménez de la Beraza. La respuesta del gobierno central fue tajante:
 
"(Catalunya) no fabricaría nunca ni un solo cartucho" (507).
 
            La situación que se había abierto con la situación de dualidad de poderes era especialmente dramática. Era evidente  que el armamento del  que  se  había  apoderado  el  proletariado revolucionario bastaba para vencer a los sublevados en las jornadas de Julio, pero era completamente insuficiente para mantener una guerra que empezaba a adivinarse larga y sangrienta.
El voluntarismo revolucionario de los obreros, en los primeros momentos, construyendo camiones blindados que  acompañaron a las primeras milicias que partían hacia la conquista de Zaragoza no era suficiente. El Comité Central de  Milicias tuvo que negarse a seguir distribuyendo las armas que exigían los comités locales en la retaguardia, hasta que pudiese  solucionarse  la grave  carestía  que existía   en el frente de Aragón.
 
            La campaña para requisar el armamento que había sido retenido en la retaguardia, tampoco solucionaba nada. Como hemos analizado en capítulos anteriores, el objetivo de desarmar a la retaguardia era más político que militar. La cifra de 60.000 fusiles de la que hablan numerosos testimonios de la época, era completamente insuficiente para que las milicias pudieran romper el frente de los sublevados. La artillería y las ametralladoras eran escasas, la munición mucho más, gran parte de las piezas que se encontraban en manos de los revolucionarios se encontraban en mal estado, y sin apenas personal técnico preparado para repararlas. Era necesario crear, contra viento y marea, y en el menor espacio de tiempo posible, una verdadera industria de guerra que solucionase la acuciante escasez de material bélico.
 
"Una guerra de posiciones sería una guerra larga, que habría que sostener en los frentes, que deberían ser ampliados hasta tapar al enemigo todas las posibles rutas de penetración en Catalunya. Pero habría que alimentarla desde la retaguardia, comprando, adquiriendo, donde fuese y como fuese, los alimentos, los equipos, los armamentos. Mucho, casi todo, habría que fabricarlo, empezando por crear la industria metalúrgica y química de guerra" (508).
 
            La Comisión de Industria de Guerra se creaba el 7 de Agosto, por un decreto del gobierno de la Generalitat. La Comisión quedaba, legalmente, bajo la presidencia del Consejero de Economía y de Servicios Públicos. El gobierno de Catalunya sólo poseía la dirección simbólica, la autoridad real estaba en manos de los anarcosindicalistas, que eran la auténtica dirección del movimiento revolucionario en Catalunya y los únicos que podían conseguir que los obreros industriales trabajasen hasta cincuenta y seis horas o más, a la semana, sin percibir ningún tipo de gratificación especial por el esfuerzo.
 
            Aunque la presidencia de la comisión estaba oficialmente en manos de Josep Tarradellas, éste, no podía ser otra cosa por el momento, que un rehén político del Comité Central de Milicias. Sin embargo, gracias a ello, el gobierno de Companys podía seguir existiendo, ratificando mediante decretos las directrices de los dirigentes libertarios, y aprovechando las situaciones para ir aumentando, poco a poco, su poder.
 
            Josep Tarradellas sería acusado en numerosas ocasiones, por los comunistas del PSUC, de no ser más que un títere, en manos de los anarcosindicalistas. Sin embargo, el verdadero contenido político de la actitud de ERC y del gobierno de la Generalitat de Catalunya están recogidas en el testimonio que hizo, años más tarde, el mismo Tarradellas:
 
"La CNT y la FAI tenían la fuerza; si querían sacar a Companys y poner a Durruti, lo podían hacer. No se podía actuar al margen de ellos. La prueba es el gobierno de Casanovas del 31 de Julio, que fracasó. A mí se me acusaba de hacer la política de la CNT. Pero hacía una política que permitía un equilibrio de la balanza... A la CNT se le tenía que ir segando la hierba, no se le podía permitir que se apoderase del país. Se trataba de llevarla a nuestro terreno, hacerle ver que actuando aisladamente no haría nada. Los comunistas me acusaban de hacer demasiadas concesiones a la CNT, pero no podía hacer otras; si no las hacíamos estábamos listos. Hace falta entender que con cada concesión, más implicada se encontraba, y se hundía cada vez un poco más, en una política, digamos, contrarrevolucionaria". (509).
 
            El consejero de la Generalitat no hacía otra cosa que poner  en práctica la única política posible que se podía llevar a cabo en aquellas circunstancias, sin provocar, por ello, el enfrentamiento con la todopoderosa central sindical, CNT.
 
            Era necesario ir integrando a la dirección anarcosindicalista, de forma progresiva, en la política de "colaboración democrática" con el Front d'Esquerres, hasta que las condiciones madurasen lo suficiente para poder dar el siguiente paso, en el que la dualidad de poderes se expresaría, no en el seno del Comité Central de Milicias Antifascistas, sino en el interior del mismo gobierno de la Generalitat de Catalunya.
 
            Sin embargo, los comunistas del PSUC, no podían aceptar la política del gobierno de la Generalitat, que implicaba una alianza de los nacionalistas con la CNT y la FAI, aunque  este pacto fuera circunstancial, dejándoles desplazados de un sector tan importante para la evolución posterior de la guerra y la revolución como lo era el de la Industria de guerra. Desde el periódico "Treball" y los diferentes órganos de prensa vinculados al PSUC, se lanzó una vasta campaña contra la influencia anarquista en la Comisión. El mismo Josep Tarradellas, tuvo que salir en defensa de la CNT para evitar que la irritación de éstos provocase una peligrosa ruptura de la "unidad antifascista".
 
            En la organización y puesta en marcha de las industrias de guerra, soldaron perfectamente sus entusiasmos  los simples operarios y los técnicos. Entre algunas personalidades del campo político y algunos representantes confederales, los intereses y prejuicios de partido quedaron diluidos ante el cariño que despertó en ellos aquella extraordinaria obra. Podríamos citar como ejemplo la estrecha colaboración y solidaridad entre la Esquerra y la CNT en esta orden de actividades (510).
 
            El testimonio del estalinista Manuel D. Benavides es, una vez más, una expresiva muestra de la actitud defendida por el PSUC y del alcance de sus ataques, con respecto a la Comisión de las Industrias de Guerra y a la colaboración entre la CNT y los nacionalistas republicanos de ERC:
 
"Resulta dolorosamente claro como, lo que desde un principio pudo haber sido una realización perfecta, la transformación de unas industrias de guerra, se diluyó en propósitos irrealizables, en proyectos no acometidos, por la incompetencia de unos dirigentes y la timidez de los gobernantes que por cobardía o por algo peor, ignoraron y no favorecieron la fuerza industrial catalana".
 
"Parte del aparato de la Generalitat hizo esfuerzos para organizar la producción. Lo hicieron el PSU-UGT y los confederales de más cabeza. La UGT encuadró a sus técnicos dentro de un sindicato. Los esfuerzos se estrellaron contra los intereses creados por los comités de administración, con frecuencia nidos de emboscados que se dedicaban a ayudar a una central sindical en perjuicio de la lucha".
 
"Los sindicatos, convertidos en órganos ejecutivos, se lanzaron bizarramente a dirigir y administrar, no la guerra sino la revolución" (511).
 
            El anarcosindicalismo se encontraba cada vez más atrapado en la madeja de hilos de la política colaboracionista. La renuncia al poder en Julio, había tenido, como consecuencia inmediata, la aparición de una situación de dualidad de poderes, que se había  encarnado en el Comité Central de Milicias.
 
            Poco a poco, las necesidades de la guerra, el desconocimiento de la dinámica revolucionaria, la falta de una táctica y de una estrategia de la revolución y la dependencia cada vez más acentuada de la unidad ficticia con sus adversarios políticos en el bando republicano, obligaba, a los dirigentes cenetistas, a hacer concesiones desesperadas para evitar una ruptura, que era evidente para todos, que iba a producirse tarde o temprano. Esta actitud "reformista" les llevaba  a enfrentarse con las bases de sus propias organizaciones, que no comprendían ni aceptaban que se les arrebatara el triunfo de la revolución cuando lo habían tenido al alcance de la mano, y que tanta sangre y esfuerzos les había costado.
 
4.4.11 El problema colonial de Marruecos.
 
            El protectorado español de Marruecos, había jugado un importante papel en la crisis española en el siglo XX, después de la pérdida de los últimos vestigios coloniales de Filipinas, Cuba y Puerto Rico. Durante la década de los veinte, la crisis se había convertido en una sangrienta guerra colonial contra los nacionalistas de Abd-el-Krim que sólo pudo terminar con la colaboración del ejército francés.
 
 
 
            La guerra del Riff había convertido al protectorado en el dominio particular e indiscutido de los militares, y fue en él donde se organizaron las tropas de élite del ejército español, el Tercio de la legión extranjera y las tropas regulares, que fueron reclutadas entre los montañeses marroquíes. En estas condiciones, la población indígena del protectorado se convertía en una de las principales bases de reclutamiento del ejército sublevado.
 
            Juan García Oliver nos da su propia versión de las relaciones entre los nacionalistas marroquíes y el Comité Central de Milicias Antifascistas. Al parecer, y a instancias del mismo, se realizó una entrevista con algunos representantes del Comité de Acción Marroquí, gestionada a través del Comité Panislámico.
En la entrevista, García Oliver ofreció a los delegados del CAM, la independencia del protectorado, dinero y armamento, a cambio de que éstos provocaran la insurrección en la colonia. En una segunda entrevista, los nacionalistas   marroquíes declararon que no estaban por la independencia, sino por una amplia autonomía.
 
            La moderación de los delegados del CAM estaba marcada por su temor a que la declaración de independencia provocase la intervención de Alemania e Italia. Otra de sus condiciones fue, que el acuerdo estuviese ratificado por el Comité Central de Milicias y por el gobierno de la República, que debería comprometerse a hacerlo aceptar por el gobierno francés. Como era de esperar, y en aquellas circunstancias, el acuerdo con los nacionalistas marroquíes no pasó de una recomendación, que sería realizada por el Comité, al gobierno de Giral. Las conversaciones se quedaron en simples buenas palabras (512).
 
            Abel Paz nos da a conocer otro testimonio de los contactos entre los anarcosindicalistas, el Comité Central de Milicias y los nacionalistas marroquíes, que no menciona en su obra Juan García Oliver. El 15 de Septiembre, llegaba a Barcelona el Secretario General de la AIT, Pierre Besnard. En su entrevista con el Comité Regional de la CNT y con sus representantes en el Comité Central, Besnard propuso un plan para internacionalizar el conflicto y sacar a la revolución española del "cenagal en que la había metido León Blum" (513).
 
            La propuesta de plan pasaba por conseguir que las tribus del protectorado de Marruecos se sublevaran contra Franco, este levantamiento coincidiría con otros en el Portugal de Salazar, aliado de los sublevados. Al parecer, Besnard, antes de su entrada en España, había entrado en contacto con sectores de izquierdas del socialismo francés, que le autorizaron para hablar en su nombre a Largo Caballero, y convencerlo de la necesidad de  efectuar una declaración pública declarando la independencia del Riff y de todo el protectorado español de Marruecos. En dicha reunión Juan García Oliver informó de sus contactos con el CAM y de que éstos tenían perspectivas de concretarse. Al parecer en la reunión hubo ciertas discrepancias sobre las posibles alternativas, centrar el trabajo en Abd-el-Krim (desterrado en las islas Reunión), o en los notables de Suez del CAM, representantes de la burguesía nacionalista marroquí.
            El proyecto de Besnard fue finalmente desechado por considerarse que tenía escasas posibilidades de realizarse.
 
"Lo importante de la citada reunión, y es lo que interesa para nuestro caso, fue que se retuvo una cuestión fundamental, consistente en que, tanto la intervención de Abd-el-Krim como la del Comité de Acción Marroquí pasaba por una declaración del Gobierno español de independencia de Marruecos. Dada la personalidad de Pierre Besnard, y el apoyo que llevaba de los socialistas franceses y del propio Secretario General de la CGT de Francia, si lograba de Largo Caballero que se interesara por el asunto de Marruecos, ello sería camino avanzado en el proyecto de insurrección de las tribus del Riff. Para que Besnard se encontrara mejor apoyado en su entrevista con Largo Caballero, García Oliver previno de la entrevista a Lluis Companys, y éste, informó a Largo Caballero sobre lo que Besnard debía discutir con él, señalándole a la vez que consideraba esos asuntos muy importantes para la causa republicana".
...
"Las gestiones del Secretario General de la AIT chocaron con las evasivas de Largo Caballero. Tras diversas reuniones e incidentes, Besnard, completamente decepcionado, volvió a París, no sin antes escribir unas significativas y proféticas palabras, que no apuntaban tanto hacia la actitud de Largo Caballero como a la que mantenían sus propios camaradas de la CNT española:"
...
"Si el anarquismo comete la estupidez de colaborar con Largo Caballero o simplemente apoyarlo, la Revolución estará irremediablemente perdida. El único medio que tiene el anarquismo para salir de ese círculo infernal en que se ha metido, es la prueba de fuerza. Pero yo me pregunto si los dirigentes de la CNT hoy son los mismos hombres del 19 de Julio" (514).
 
            La actitud política de los dirigentes anarcosindicalistas, y por lo tanto del Comité Central de Milicias era, en última instancia, la de subordinarse a la "buena voluntad" del gobierno central, ya fuera primero, en su versión republicana con Giral, o en la izquierdista, con Largo Caballero. Sin embargo, la posición "colaboradora" de los dirigentes de la CNT española contrasta  vivamente con la postura "independiente" defendida por otro libertario, el italiano Camilo Berneri, residente en aquellos momentos en Barcelona, editor del periódico "Guerra di Classe":
 
"La base de operaciones del ejército fascista es Marruecos. Corresponde intensificar la propaganda a favor de la autonomía marroquí sobre todo el sector de influencia panislámica".
"Es necesario imponer al gobierno de Madrid declaraciones inequívocas de su voluntad de abandonar Marruecos, así como de proteger la autonomía marroquí... Para tal política es necesario invertir dinero y urge enviar emisarios agitadores y organizadores a todos los centros de emigración árabe y en todas las zonas de la frontera del Marruecos francés. En los frentes de Aragón, del Centro, Asturias y Andalucía, bastarán algunos marroquíes, con funciones propagandísticas, disponiendo de radio, impresos, etc" (515).
            La diferencia entre ambas posturas era evidente. Mientras la dirección cenetista y del Comité Central se sometía al gobierno central, y por lo tanto, se resignaba a las limitaciones de la política de éste, Camilo Berneri y otros, defendían la necesidad de que la actividad revolucionaria mantuviera su iniciativa y su independencia de los criterios gubernamentales.
Y es Jaume Miravitlles, dirigente de ERC y miembro de este   partido en el Comité Central de Milicias quién nos da una versión que difiere en algunos aspectos del testimonio de García Oliver y de Besnard:
 
"En aquel entonces yo formaba parte de la Delegación de Esquerra en el Comité Central de Milicias de Catalunya y ocupaba el cargo de secretario general. Fuimos avisados de la llegada a Barcelona de una delegación marroquí que quería proponernos un <<pacto de alianza>>. Recibidos en el despacho del Comité celebramos una larga reunión con un grupo de cuatro o cinco delegados marroquíes. Su ofrecimiento no podía ser más insólito: estaban dispuestos a desencadenar un movimiento revolucionario en el Protectorado español si recibían armas o dinero del Comité Central y el compromiso político de reconocer la independencia de aquella zona en caso de triunfo de las armas republicanas en la guerra civil. En nuestra contestación hicimos constar que ni el Comité Central ni el Gobierno de la Generalitat disponían de atribuciones en el campo de los tratados internacionales de la República. Veíamos con interés su proposición, les aseguramos nuestro apoyo en tanto que partidos políticos, pero nos encontrábamos ante la imposibilidad legal de ir más lejos..." (516).
 
            Jaume Miravitlles recoge la respuesta de Prieto y de Largo Caballero a la delegación catalana, enviada por el Comité Central  de Milicias a Madrid, para interceder por las peticiones de los nacionalistas marroquíes:
 
"Pero nos es absolutamente imposible acceder a sus requerimientos. No creemos mucho en ellos. No disponemos, por otro lado, ni de demasiado dinero ni de demasiadas armas. Finalmente, la situación en todo el Africa del Norte es, en estos momentos, tan delicada que un movimiento insurreccional en el Protectorado español de Marruecos podría extenderse a las zonas del Marruecos francés. Ello crearía un problema dificilísimo al actual Gobierno francés, cuyo jefe es mi camarada socialista León Blum" (517).
 
            Indudablemente, la proclamación de la independencia del Marruecos español, por parte del gobierno de la República, hubiera puesto en graves aprietos al ejército franquista, ya que hubiera sido un poderoso elemento de disgregación de uno de los principales contingentes armados que formaban sus tropas.
 
            Sin embargo, el gobierno izquierdista de Largo Caballero se negaba a dar el paso político y prefería que la propuesta se perdiera en la inoperancia. Los criterios a los que obedecía la política del gobierno republicano y de las organizaciones del Frente Popular chocaban con una limitación insalvable.
            Sus intenciones no podían ser las de conseguir la victoria militar sobre Franco, a costa de desestabilizar el delicado equilibrio existente en el mundo colonial, y golpear los intereses de las potencias del imperialismo democrático, Francia Y Gran Bretaña, a los que se pretendía convencer para que apoyaran a la causa republicana contra los militares sublevados, aliados de Italia y de Alemania.
 
            La demostración palpable de que el tema colonial, no fue, de ningún modo, menospreciado por el gobierno de Largo Caballero, está en los repetidos ofrecimientos que éste hizo a las potencias democráticas, para que apoyaran la causa republicana, a cambio de la cesión del Marruecos español, e incluso las mismas islas Baleares y Canarias (518). La propuesta del gobierno se hizo por medio de Alvarez del Vayo y contó con la colaboración de los dirigentes del PCE y del PSUC (519). Las colonias y partes importantes del territorio del estado español podían sacrificarse y cederse a los intereses de las potencias democráticas, a cambio de su entrada en la guerra, pero lo que no podía permitirse de ningún modo, era desestabilizar los dominios coloniales de estos países, aunque fuera a costa de dificultar las posibilidades de triunfo de la República sobre los sublevados.
 
"¿libertad para Marruecos? Delegaciones de árabes y moros se acercaron al gobierno suplicando un decreto. El gobierno no se movería. El formidable Abd-el-Krim, exiliado en Francia, envió una carta a Largo Caballero pidiéndole que interviniera ante Blum para que se le permitiese volver a Marruecos con el fin de dirigir una insurrección contra Franco. Largo Caballero no intervendría y Blum no haría nada. Movilizar el Marruecos español podía poner en peligro la dominación imperialista en toda Africa" (520).
 
            La supeditación de los anarcosindicalistas y del Comité Central de Milicias de Catalunya, a la política  del gobierno republicano central significaba aceptar, aunque fuera a regañadientes, que en aras de la unidad y de la colaboración, no podían traspasarse ciertos umbrales, que los hubieran obligado a chocar con sus aliados del momento y a plantearse, una vez más, que la revolución solo tenía posibilidades de vencer, con un auténtico gobierno revolucionario que estuviera dispuesto a serlo.
 
4.4.12 La unidad sindical y la unidad obrera.
 
            La conciencia y el deseo de unidad había alentado al movimiento obrero desde mucho antes del estallido de la guerra y de la revolución. La idea unitarista ya se había expresado con el  proceso de radicalización de 1933-1934, a través del proyecto de las Alianzas Obreras y de los distintos proyectos de unificación de los partidos políticos que se reclamaban del marxismo. La misma idea, había animado a los anarcosindicalistas a defender la creación de una Alianza Sindical CNT-UGT, en el Congreso de Zaragoza realizado en 1936.
 
 
            La revolución de los comités también se expresó a través de  este poderoso sentimiento de unidad de clase. En el seno de los comités revolucionarios, a menudo, sus integrantes eran elegidos entre los militantes más populares de la comunidad, y no, obedeciendo a siglas determinadas. Las minorías políticas y sindicales eran respetadas y contaban con su propia representación, para fomentar su integración . En muchos de los comités de fábrica, se mantuvo el principio de la paridad entre los dos sindicatos, independientemente del número de afiliados   que tuviera cada uno de ellos, en los centros de trabajo.
 
            La misma composición del Comité Central de Milicias Antifascistas de Catalunya reflejaba esta idea de la unidad, aunque fuera de forma burocrática (los delegados representaban a los órganos directivos de los partidos y de los sindicatos) y con la participación de las organizaciones de la pequeña burguesía republicana (ERC, AC). En él estaban representados todos los partidos y sindicatos obreros que habían combatido a los sublevados en los primeros momentos.
 
"Por voluntad nuestra, sobre todo, entraron en ese Comité representaciones de todas las fuerzas políticas y sindicales antifascistas, más con el propósito de que se fusionaran en una sola voluntad que para que, al calor de la representación, se dedicasen a reivindicar intereses partidistas" (521).
 
            Tanto la UGT como la CNT, estaban representadas, cada una, por tres delegados, a pesar de que la central sindical anarcosindicalista era claramente hegemónica en la Catalunya revolucionaria. La generosidad libertaria hacia la minoritaria UGT catalana se basaba en el deseo de éstos de que los ugetistas correspondieran a este gesto, de la misma forma que ellos lo habían hecho, en los lugares donde la CNT estaba en minoría.
 
"Dimos a la UGT catalana, no obstante la exigüidad de sus fuerzas, la misma representación que a la CNT, mayoritaria, lo que produjo asombro incluso entre los delegados de la organización obrera rival, que no esperaban ese gesto. Hemos puesto así de manifiesto que queríamos colaborar como hermanos y que deseábamos que en el resto de España, y en las regiones donde fuésemos minoría eventual, se nos tratase con la misma consideración y respeto que nosotros tratábamos a todos los que habían cooperado más o menos a la victoria" (522).
 
            Indudablemente, la concepción anarcosindicalista de la revolución,   en la que las centrales sindicales deberían tener un papel central de dirección en la organización de la sociedad y de la economía revolucionaria fue fundamental para comprender la sobrevaloración de la representación ugetista catalana en el seno del Comité de Milicias. De esta manera, se intentaba iniciar la creación de la Alianza Obrera Sindical que había sido aprobada en el Congreso de Zaragoza. Sin embargo, era necesario dar otros pasos, encaminados al acercamiento y quizás, a una posterior unificación entre los dos sindicatos obreros.
 
 
            El 5 de Agosto se iniciaba la constitución en Catalunya de un Comité de Enlace entre los partidos y sindicatos FAI, PSUC, UGT y CNT. La declaración fundacional, firmada el día 11, constaba de nueve puntos y un preámbulo en el que se declaraba que el acercamiento entre estas organizaciones se realizaba para facilitar la marcha de la revolución y de la guerra contra los sublevados. El Comité de Enlace era creado para facilitar la aproximación entre ambos sindicatos, a través una postura política común.
 
"En la convicción de que a los problemas planteados por la guerra civil y la revolución sólo se les podía hacer frente desde la unidad, la CNT y la UGT se obligaban a dejar a un lado cualquier polémica que les pudiese enfrentar así como al respeto <<mutuo>>; cada trabajador debía tener entera libertad para ingresar en el sindicato de su preferencia. A los trabajadores organizados se les exhortaba a <<formar en todos los lugares de trabajo comités de fábrica>> cuya composición debía ser proporcional a la fuerza de la CNT o de la UGT en cada empresa en cuestión" (523).
 
            El hecho de que los partidos políticos, la  FAI y el PSUC, (el POUM quedaba marginado por la hostilidad de los comunistas oficiales y por la indiferencia de los libertarios) participaran en el comité era la forma que utilizó la CNT, para que la FAI no quedara marginada del proceso. Las organizaciones sindicales estarían representadas por dos delegados de cada una, (Antoni Sesé y Emili García por la UGT y Pérez Rubio y Magí Miralles por la CNT) mientras que los partidos solo lo estarían por uno (Pere Herrera por la FAI y Joan Comorera por el PSUC).
 
            Rechazada la idea de potenciar a los comités  locales como auténticos organismos del poder revolucionario y de la unidad de la clase trabajadora, el unitarismo sólo podía realizarse a través de pactos burocráticos entre las direcciones sindicales de la UGT y de la CNT.
 
            El acuerdo político conseguido resultó ser completamente inoperante y no tuvo ningún tipo de consecuencias posteriores. Los proyectos políticos de los anarcosindicalistas y
de los comunistas oficiales eran demasiado  distintos y  opuestos entre si, para que pudiera llegarse a algún tipo de acuerdo entre las organizaciones.
 
            A pesar del fracaso del primer intento de acercamiento entre las dos centrales sindicales, el Comité de Enlace cumplía uno de los principales objetivos del PSUC en aquellos momentos, fortalecer a la UGT catalana, que controlaba, para convertirla en el contrapeso del poder de la central anarcosindicalista. Por otra parte, el pacto comprometía más y más a los libertarios en la política de colaboración con el gobierno de la Generalitat y con el Front d'Esquerres.  La renuncia de la CNT-FAI a impulsar la revolución hasta la victoria militar sobre los militares sublevados, permitiría a los partidarios de la reconstrucción del poder republicano ir recuperando el poder perdido, aprovechando que la idea de la "unidad antifascista" paralizaba y moderaba los objetivos de los libertarios.
 
"Mientras el POUM o la ERC ofrecen sus servicios a las fuerzas indiscutiblemente dominantes, CNT y FAI, el PSUC se presenta como la alternativa. Toda su debilidad inicial y fuerza de futuro tenían el origen en el hecho de ser alternativa. No quiero decir con esto que el PSUC se enfrentase desde el principio con la FAI o la CNT.  Por el contrario,  intentó buscar una política confluyente y unitaria. La real unificación le permitía beneficiarse, con el tiempo, del control absoluto sobre la UGT, de tal manera que, frente al binomio FAI-CNT, se iba forjando  su contrincante, PSUC-UGT. La política inicial de Comorera... fue la de acercarse a la FAI y a la CNT. Contaba con un elemento fundamental que procedía de la primera "traición" a la revolución del 19 de Julio, la que cometieron los dirigentes de la FAI y de la CNT al pactar con la Esquerra y sacrificar la pureza de la revolución a las necesidades de la guerra que exigía la colaboración de todos los antifascistas" (524).
 
            Fuera de Catalunya, la CNT propuso la formación de otra alianza con la UGT largocaballerista. Aprovechando la preocupante marcha de la revolución y de la guerra, y el creciente enfrentamiento entre Largo Caballero y el inoperante gobierno republicano, apoyado por Prieto y la derecha socialista, la dirección cenetista propuso la formación de un Consejo de Defensa nacional, que como el Comité Central de Milicias Antifascistas  de  Catalunya,   se  convertiría  en  el auténtico poder en la zona republicana. Al parecer, la idea de constituir una alianza con la CNT fue barajada por Largo Caballero, durante el mes de Agosto de 1936, para acabar con    el gabinete Giral y formar un gobierno obrero (es decir, un gobierno socialista monocolor (525)). Según Abel Paz, las presiones ejercidas por los representantes diplomáticos del Kremlin, por los comunistas oficiales y sus aliados los prietistas, hizo que el dirigente de la Izquierda Socialista, desechara la idea de  la entente con los anarcosindicalistas (526).
 
            Sin embargo, la postura tradicional de la CNT, presionada por los acontecimientos, empezaba a cambiar. Poco después, a principios de Septiembre, Largo Caballero formaría un gobierno de concentración en el que participarían, además de los socialistas, los comunistas oficiales y los republicanos de diferentes tendencias. La negativa de la Izquierda Socialista colocaría a la dirección anarcosindicalista, cada vez más comprometida en una política de compromisos, en un nuevo aprieto que desembocaría, unas semanas más tarde, en la entrada de la CNT, primero en la Generalitat de Catalunya y después en el Gobierno republicano central.
 
4.4.13 El capital extranjero.
 
            El movimiento socializador que había generado la victoria revolucionaria sobre los sublevados se extendía rápidamente por toda la economía de la República española. En los días posteriores a las jornadas de Julio, gran número de empresas, cuyos dueños y directivos habían huido por miedo a las posibles represalias de los triunfadores y otras por la voluntad y el  entusiasmo de los trabajadores, fueron incautadas por los mismos.              El movimiento, completamente espontáneo, tendió a extenderse sin ningún tipo de limitaciones. Dadas las características del subdesarrollo de la economía capitalista española, un importante número de industrias y de empresas del país, estaban en manos del capital extranjero, o  bien contaban con una importante aportación de éste. El movimiento expropiador también alcanzó este tipo de empresas que tendieron a ser incautadas sin contemplaciones por los trabajadores de las mismas.
 
            La posibilidad de que en los primeros momentos, pudiera darse una intervención extranjera contrarrevolucionaria, con el pretexto de defender sus intereses económicos en la península, fue contemplada por los anarcosindicalistas catalanes en el plenario histórico en el que decidieron su actitud frente a la revolución que estaba en marcha.
 
"Diego Abad de Santillán, miembro del Comité de Milicias, estimaba que nuestras organizaciones, tanto la sindical como la específica, no perderían nada formando parte del Comité de Milicias, por los que se pronunciaba por continuar en el mismo, colaborando con los demás antifascistas, ya que, vista la situación de manera realista, un intento de ir a por el todo, como proponía García Oliver, aún cuando fuese realizado por la CNT, con la consiguiente puesta en ejecución del comunismo libertario, no sería otra cosa que una nube de verano, teniendo en cuenta que las potencias que rigen los destinos del mundo no lo consentirían, como se podía comprobar contemplando el horizonte desde cualquier azotea: cerca del puerto de Barcelona esperaban los buques de Inglaterra la oportunidad de intervenir, desembarcando tropas de ocupación a las que habría que someterse, pues no se podría combatir contra ellas al mismo tiempo que contra los militares" (527).
 
            En efecto, algunos buques de guerra franceses, británicos e italianos se dejaron ver en las afueras del puerto de Barcelona, en una evidente actitud intimidatoria hacia los triunfadores de los combates callejeros.
 
            Las palabras de Diego Abad de Santillán ocultaban, sin embargo, una trampa mortal para la revolución, de la que el anarcosindicalismo se revelaría incapaz de escapar. El peligro de la intervención extranjera no  se reducía a que se respetaran o no,  sus propiedades, como muy bien llega a intuir el mismo  dirigente libertario, sino al posible triunfo de la revolución en si. Las potencias extranjeras, "democráticas" o "fascistas", en ningún momento iban a permitir que una revolución triunfase en la península. Este acontecimiento hubiera podido poner en peligro, no sus intereses en España, sino la propia estabilidad política de sus países, de la misma forma que lo había sido, veinte años antes, la revolución rusa.
 
            La actitud de la CNT y de la FAI ante la potencial amenaza militar extranjera fue, desde los primeros momentos, de moderación. Era necesario evitar a toda costa, cualquier pretexto que pudiera facilitar la intervención militar de Francia y de Gran Bretaña contra la revolución.
"Desde los primeros momentos, la Organización confederal ha soslayado todo cuanto pudiera acarrear rozaduras con las potencias extranjeras. Responsables de la situación, hemos entendido que se luchaba contra el fascismo, pero que había que evitar a toda costa cuanto pudiese producir una situación de tirantez que diera pretexto a otras naciones para intervenir en las luchas del territorio español, favoreciendo una defensa internacional del capitalismo. Ayer se personó en este comité una delegación del consulado inglés para buscar la fórmula que evitara que hubiese milicias que realizaran algunos actos que dieran lugar a la intervención del exterior. Esa fórmula fue hallada en el sistema de dar publicidad por nuestra parte a la lista de casas inglesas establecidas en Barcelona para que fuesen respetadas. La lista es la siguiente...(sigue una lista de 87 firmas: compañías, manufacturas, centros, bancas, iglesias anglicanas, etc., entre ellas Riegos y Fuerzas del Ebro (la famosa Canadiense), Sales Potásicas Españolas, Sociedad Española de Construcciones...)...Ahora ya saben todos los camaradas que estas casas deben ser respetadas. Ello no impide que pueda ejercerse vigilancia, por si en algún caso se quisiera abusar y al amparo de un reconocimiento se apoyaran las fuerzas enemigas para conspirar. Si un caso de éstos se produce, la responsabilidad caerá de lleno sobre el consulado inglés. Nosotros ya demostramos estar dispuestos a respetar cuanto sea extranjero. El Comité regional" (528).
 
            Ante los riesgos que comportaba la incautación de las empresas con capital extranjero, el Comité Central de Milicias procedió a intentar impedirlo, organizando el control obrero sobre éstas. Era necesario evitar que éstas pudiesen convertirse en la "quinta columna" de los sublevados, en el seno de la Catalunya revolucionaria. Era necesario controlar la producción, evitar los posibles sabotajes e impedir la fuga de capitales, que podrían llegar a poner en serios aprietos al mismo movimiento revolucionario.
 
            Sin embargo, las incautaciones de estas empresas no siempre  consiguieron ser impedidas. La postura del Comité de Milicias en muchos casos, fue rechazada por los trabajadores de estas empresas, que procedían a incautarse de ellas sin ningún tipo de miramientos, pese a los constantes llamamientos para que se hiciese lo contrario.
 
            En los casos donde el capital de las empresas era mixto, una parte español y otro extranjero, como sucedía en los casos de Sales Potásicas Españolas y Sociedad Española de Construcciones, los trabajadores realizaron la expropiación, desobedeciendo las directrices que habían marcado  el Comité Central y los sindicatos. De forma similar ocurrió con las filiales españolas de algunas multinacionales extranjeras, como era el caso de CAMPSA (529).
 
            En los casos en los que se respetó la propiedad extranjera, se procedió a implantar un férreo control sobre las actividades  de estas empresas.
 
            El comité obrero de Telefónica, formado por ambas centrales sindicales, procedió a intervenir toda la operativa de la empresa, de tal forma que sus "propietarios"  norteamericanos solo tenían  derecho a controlar las entradas y las salidas de dinero (siempre y cuando estos movimientos contasen con el visto bueno del comité).
 
            Pese al temor de los dirigentes libertarios del Comité Central de Milicias hacia el peligro de una agresión militar de Francia y de Gran Bretaña contra la revolución, ésta ya había ido demasiado lejos demostrando su firme voluntad de superar definitivamente a la vieja e ineficaz República. El criterio por el que las potencias "democráticas" no llegaron a intervenir militarmente en la guerra fue otro muy distinto. La entrada en el conflicto hubiera podido acelerar el estallido de la II Guerra Mundial, peligro que estas potencias pretendían retrasar o evitar. Era preferible crear un cordón sanitario de "no intervención", hacer oídos sordos a las constantes denuncias de la participación en la guerra de Alemania e Italia, mantener minimamente los suministros de armamento a la República a través de la URSS para que la contienda se prolongara el máximo de tiempo, y finalmente reconocer la victoria de Franco.
 
            Todas las fachadas legalistas, todas las proclamas de las organizaciones obreras llamando a la moderación  y a que fueran respetadas las propiedades extranjeras, no podían engañar, de ningún modo, a los representantes del capital y de los gobiernos de estos países, que habían adivinado perfectamente,  desde los primeros momentos, el peligro mortal que representaba para sus  intereses, la revolución de los comités y de las milicias.
Ronald Fraser recoge en su obra, un testimonio especialmente revelador sobre la verdadera actitud del capital extranjero y de los gobiernos de sus respectivos países. Una conversación entre Capdevila, miembro cenetista del Consell d'Economía de Catalunya, y uno de los exdirectores españoles de "Fabra y Coats", empresa de capital británico:
 
"<<Es usted un hombre de buena fe, Capdevila>> me dijo, <<pero un poco ingenuo. Lo que a usted se le antoja absurdo a mí me parece completamente natural. El consejo de administración de la Coats reconoció la justicia de las propuestas de los obreros. Pero no se trata de una disputa entre la compañía y sus obreros; lo que está en juego es la vida o la muerte del capital internacional mismo. Todos los monopolios capitalistas han llegado a un acuerdo para boicotear la zona roja y prestar su apoyo incondicional a Franco, que representa la continuidad del capitalismo. Lo que ha hecho la compañía ha sido sencillamente, cumplir con dicho acuerdo" (530).
 
            La supuesta neutralidad británica y francesa apenas podía  ocultar sus reales simpatías por el  régimen del general Franco. El apoyo de los gobiernos extranjeros, encubierto, pero casi unánime, a los sublevados, queda reflejada por el testimonio de Pérez Baró, que tuvo un papel destacado en los órganos directivos de la nueva economía catalana colectivizada:
 
"Muchas de las compañías extranjeras con intereses en Catalunya llegaron a un acuerdo para boicotear a la economía republicana. Los directores del Banco de España estaban en la zona nacionalista y, como es natural, se valieron de su influencia en el extranjero para asegurarse de que el capital internacional saboteara la economía colectivizada. <<Nos encontramos con que las escasas exportaciones que conseguíamos efectuar eran embargadas en cuanto llegaban a los puertos extranjeros>>" (531).
 
            Podemos encontrar en  multitud de trabajos históricos y de testimonios de miembros de las diferentes fuerzas políticas de la época, la idea de que la actitud neutralista de Francia y de Gran Bretaña fue una grave equivocación que cometieron los gobiernos de estos países. La idea del "error", refleja, por el contrario, una incomprensión total de la naturaleza de las relaciones internacionales, y por lo tanto, de la esencia de los   mismos movimientos políticos que estaban en lucha.
 
            El dirigente libertario, Diego Abad de Santillán hace un paralelismo sorprendente entre los dos peligros con los que se enfrentaban los intereses de las potencias imperialistas "democráticas": La revolución de los comités, y la contrarrevolución franquista:
 
"Mr. Chamberlain y Mr. Eden, las figuras supremas de la política visible de Gran Bretaña durante nuestra guerra, se equivocaron, sin embargo. Por peligrosa que pudiese aparecer ante el mundo una experiencia revolucionaria en nuestro suelo, España no era un país agresor, con pretensiones imperialistas... En el orden nacional, las formas de la economía capitalista privada serían desplazadas, pero el fascismo tampoco respeta el capitalismo privado, pues, o bien reduce a los capitalistas a la categoría de funcionarios sin ninguna independencia, es decir, ataca la raíz misma de la economía capitalista. Y la diferencia de régimen político y de estructura económica en España, no habría significado ninguna ruptura en la economía europea, porque nosotros estábamos dispuestos a tolerar el régimen que se diesen otros países, siempre que también fuese tolerado el nuestro, y a mantener buenas relaciones de vecindad con todas las potencias. En cambio, la derrota del fascismo en España habría cortado definitivamente las alas al expansionismo italiano, al alemán y al ruso. Sin quererlo y sin proponérnoslo, luchábamos por la paz de Europa, por el predominio de las potencias contra sus adversarios, los totalitarismos fascistas y comunistas" (532).
 
            Hay dos elementos que consideramos falsos en el análisis de   Diego Abad de Santillán. Primero: Franco no fue nunca "fascista", a pesar de que pudiera llegar a coquetear con sus aliados y protectores, los regímenes de Hitler y de Musolini, y a pesar de que utilizara una parte de su simbología y de su discurso, en su propio interés. Franco y el ejército, representaban directamente el conservadurismo reaccionario de la burguesía española,   encarnada históricamente en la casta militar, y que estaba atemorizada por la amenaza revolucionaria.
 
 
            El segundo factor que tenemos que contraponer es sobre la verdadera naturaleza del fascismo. Tanto Hitler como Musolini habían llegado al poder a través de la demagogia y de las promesas hechas a la pequeña burguesía. Sin embargo, esto no significaba, de ninguna manera que estos movimientos cuestionaran el capitalismo, ni tan siquiera en lo que Abad de Santillán diferencia, "capitalismo privado" y "capitalismo de estado". Los discursos demagógicos   fueron utilizados tanto por el fascismo italiano y por el nacionalsocialismo alemán, para atraer hacia sus filas a la pequeña burguesía arruinada y resentida contra la gran burguesía  y contra el proletariado. Sin embargo, y una vez en el poder, los viejos discursos populistas habían sido rápidamente desechados.  Ambos movimientos, habían mostrado su auténtica naturaleza, la de ser el instrumento más despiadado del gran capital en crisis. Una vez aplastadas las organizaciones obreras, las consignas populistas "radicales",  sobre el control estatal de los trust y la supresión de los ingresos que no provinieran del trabajo, esencia  de la mítica "revolución popular" fascista, consignas a las que parece referirse Diego Abad de Santillán, para definir su carácter "anticapitalista privado",    fueron desechadas para dar paso a una política de fuerte y agresivo expansionismo, basado en la teoría de los "espacios vitales", que disputara a las potencias europeas dominantes (Francia y Gran Bretaña) sus territorios y sus mercados coloniales y semicoloniales (533).
 
            El fenómeno fascista, como el franquista, se apoyaban en bases idénticas, el temor y la desesperación de la burguesía frente al peligro revolucionario, pero su parecido terminaba aquí, y poco más. El ejército español sublevado, con sus aliados alemanes e italianos, podía constituir una seria amenaza para los intereses británicos y franceses, que pretendían atrasar el estallido de la inminente guerra interimperialista europea, pero sin duda alguna, la revolución española de los comités era un peligro infinitamente más mortal. Con Franco  y el ejército sublevado podían negociar sus intereses y sus explotaciones en España, con la revolución, no.
 
            El principal teórico del socialismo de izquierdas, el largocaballerista Araquistain, expresó continuamente en su obra de la época, sus grandes esperanzas, de que las potencias   democráticas, Francia y Gran Bretaña acabarían por apoyar al legítimo gobierno democrático de la República. En la conferencia realizada en el Ateneo Barcelonés en 1938 expresaba sus ilusiones en el que consideraba que era, el inminente final del Comité de   la "no intervención":
 
"El tiempo trabaja por nosotros internacionalmente. Poco a poco, muchos hombres y algunos grupos sociales de todos los países que al comienzo se dejaron sugestionar por la propaganda fascista de que la insurrección militar, inspirada y auxiliada por Italia y Alemania, era una lucha en defensa de la civilización contra el bolchevismo, se han convencido ya de que eso es una burda patraña..." (534).
 
 
            La decepción no tardó en sustituir las grandes expectativas de Araquistain. Los "hombres" y "grupos sociales" a los que se refiere el líder largocaballerista mantuvieron su neutralismo, aún a sabiendas de que su actitud significaba favorecer los planes de la Alemania nazi y de la Italia fascista.
 
            La actitud de los gobiernos y del capital extranjero al apoyar, más o menos abiertamente, a Franco, no es tan insólita e incomprensible, sino que es, por el contrario, mucho más realista que la de Diego Abad de Santillán y Luis Araquistain.
 
            La República española había demostrado, a lo largo de seis años de existencia, su incapacidad manifiesta para controlar y acabar con el movimiento revolucionario. Una victoria  militar sobre los sublevados no garantizaría la imposibilidad de que apareciera un rebrote revolucionario. El general Franco, a pesar de sus coqueteos y de sus simpatías declaradas por los regímenes fascistas europeos, era el único dique seguro que existía contra la revolución expropiadora. Era la única alternativa segura para que ésta no triunfase, y se convirtiera en un polo de desestabilización para el orden capitalista internacional que ellos querían defender. Entre Franco y la revolución había que escoger el mal menor.
 
"Siendo el que más tenía que perder, el bloque anglofrancés se abstuvo de la guerra, aunque con el tiempo tiene que luchar para mantener lo suyo. Hasta este momento evita enfrentamientos decisivos, en España como en todas partes. Permitió un chorrito de ayuda a los republicanos por parte de la Unión Soviética, porque no quería la victoria de Franco mientras sus aliados italo-alemanes dominaban su régimen. Los intereses británicos se habían dirigido, entre tanto, a arreglarse con Burgos para la explotación conjunta de la región de Bilbao, dominada por la propiedad británica. La primera semana de noviembre, Chamberlain anunció el establecimiento de relaciones formales con Franco (como una limosna a los sentimientos antifascistas, los oficiales diplomáticos y consulares fueron designados simplemente como <<agentes>>), mientras Eden aseguraba al Parlamento que una victoria de Franco no significaría un régimen hostil a Gran Bretaña. Así pues, los amos del bloque anglo-francés se preparaban para la victoria de Franco" (535).
 
            Durante los tres años de contienda, el gobierno británico negoció en numerosas ocasiones con el ejército sublevado, el respeto a sus intereses económicos en España. Una vez conseguidos estos objetivos, el camino hacia la conciliación estaba abierto. La pretendida neutralidad se manifestaba en su más cruda realidad como una simple fachada, frente a la opinión pública internacional.
 
4.4.14. El Consejo de Economía de Catalunya.
 
            La espontaneidad de la revolución de los comités, y el hecho de que ésta hubiera adoptado un curso independiente de los partidos y sindicatos obreros, había provocado una grave situación de desorden económico que necesitaba ser superada.
 
            El alcance de la revolución había sorprendido por completo a las organizaciones obreras y éstas tampoco sabían como encararla.
 
            En los centros de trabajo, durante las primeras semanas, los trabajadores habían formado sus propios comités, que tuvieron que suplir, de forma completamente improvisada, las funciones de la mayor parte de los antiguos directivos y técnicos de las empresas, que habían huido después de las jornadas de Julio.
 
            Los sindicatos, profundamente arraigados en el movimiento obrero español, tuvieron que soportar, de forma imprevista, el peso de la nueva situación, convirtiéndose en los auténticos reguladores de la vida económica del país. Los comités obreros no contaban, en la mayoría de los casos, con el personal adecuado para cumplir las funciones de dirección y organización de las empresas, y necesitaban ser asesorados y coordinados por sus sindicatos tradicionales. Sin embargo, las centrales sindicales tampoco estaban preparadas para asumir tan inmensa tarea, y apenas contaban con escasos cuadros que estuvieran preparados  para llevar a cabo estas funciones. Frecuentemente, las directrices que llegaban desde los sindicatos, sembraban todavía mayor confusión entre los desconcertados comités de empresa.
 
"La coordinación, la reconversión de determinadas industrias, la nueva orientación que había que dar a la producción, la igualdad de condiciones de vida y de salario, no ya sólo dentro de cada empresa, sino también para todos los trabajadores catalanes, etc., exigían que se crearan puentes entre las islas de ese inmensa archipiélago que eran las empresas colectivizadas. Durante los cuatro meses del primer período, fueron los sindicatos (sobre todo la CNT) quienes constituyeron el único lazo entre los trabajadores de las diferentes empresas, las diferentes ciudades y las diferentes ramas industriales". (536).
 
            Era necesario construir y ordenar la nueva economía revolucionaria lo antes posible, a partir de las cenizas del viejo orden. Había que reiniciar el trabajo, coordinar y racionalizar la producción en las empresas, asegurar los suministros de   materias primas y finalmente, proceder a la distribución de los productos para poder hacer frente a las demandas de consumo de la población y de las necesidades que exigía la guerra. La tarea era vasta y el tiempo en el que debía llevarse a cabo era escaso, para impedir que la revolución se hundiera en su propio marasmo y desorganización, víctima de sus propias contradicciones.
 
"La guerra, las necesidades de todo tipo de la población etc., exigían que se desviase la producción en determinadas direcciones y algunas empresas continuaban produciendo las mismas cosas que antes de la guerra sin encontrar salida... No bastaba con seguir produciendo, también y sobre todo, había que producir de otro modo... <<Producir de otro modo>> exigía, una vez más, saber quién decide qué y como producir" (537).
 
            La evolución de la economía revolucionaria atravesó, desde las jornadas de Julio, y en escasas semanas, diferentes fases en la construcción del nuevo edificio revolucionario, hasta llegar a la constitución del Consejo de economía de Catalunya. Durante la primera fase prevaleció el proceso espontáneo de expropiación de las empresas y la constitución de comités de empresa, sin que la iniciativa y la intervención de las centrales sindicales en el proceso fuera significativa. Fue posteriormente, en lo que podríamos denominar la segunda fase, cuando los sindicatos, de forma improvisada, tuvieron que tomar las riendas de la dirección de la economía revolucionaria, asesorando y colaborando con los comités obreros, para organizar la marcha de la producción en las fábricas.
 
"La colectivización no podía pararse en España en esta fase. Este era el sentir de todos. Los sindicatos se decidieron a encargarse ellos mismos del control de las empresas. Los sindicatos de industria se transformaron en empresas industriales" (538).
 
            La iniciativa anarcosindicalista se había volcado a fondo en la economía, con la convicción de que la organización y la profundización del nuevo sistema de las colectivizaciones iba a volver irreversible el proceso revolucionario apenas iniciado. Sin embargo y como contrapartida, había renunciado, desde los primeros momentos, a tomar el poder que la revolución de los  comités había puesto en sus manos. La renuncia a la toma del poder político condenaba a la CNT y a la FAI a tomar una nueva orientación de colaboración y de compromiso con sus adversarios   en el campo republicano, cuyas consecuencias todavía no eran capaces de prever.
 
            La dualidad de poderes surgida de la renuncia anarcosindicalista se había encarnado en el Comité Central de Milicias, organismo que se había convertido en el enlace entre las diferentes facciones "antifascistas" existentes y el gobierno de la Generalitat de Catalunya.
 
            El curso que iban tomando los nuevos acontecimientos revolucionarios, caracterizado por la extensión de la economía colectivizada, y el convencimiento de que la guerra iba a ser mucho más larga y costosa de lo que preveían durante los primeros días llevó a lo que podríamos llamar, una tercera fase de la revolución económica: la necesidad de crear un nuevo organismo de enlace entre los diferentes partidos y sindicatos obreros, que dirigiera y organizara la nueva economía y que estuviera desligado de la estructura del Comité de Milicias: El Consejo de Economía de Catalunya.
            La colaboración entre el anarcosindicalismo y el resto de las organizaciones, exigía encontrar un punto intermedio entre los criterios de las diferentes organizaciones, y por lo tanto implicaba también la renuncia a una serie de proyectos y de aspiraciones por parte de la CNT y de la FAI, que eran las organizaciones hegemónicas. De esta forma, los comités revolucionarios quedaban marginados de los verdaderos centros del poder político y económico que existían en aquellos momentos.
 
            Todas las organizaciones que formaban parte del Comité Central de Milicias se mostraron partidarias, desde los primeros  momentos y por distintas razones, de la formación del nuevo organismo económico, que debería integrar las diferentes iniciativas, enfrentadas muchas veces entre si, para dirigir la nueva economía colectivizada.
 
            Los primeros intentos para crear el Consejo surgieron apenas terminados los combates callejeros de Julio. Era necesario atraer a los anarcosindicalistas, verdaderos triunfadores de la situación, hacia una política de moderación política y de compromiso con el gobierno de la Generalitat y sus aliados, las organizaciones del Front d'Esquerres. Las primeras propuestas para su creación partieron de la Consellería de Trabajo, cuyo titular era en aquellos momentos, Martí Barrera. En estos primeros encuentros participaron a título personal, Diego Abad de Santillán, García Birlán (Dionisios) y Josep Viadiu, miembros  destacados de la CNT y de la FAI, y partidarios de la línea de colaboración. También estaban presentes Estanislau Ruiz Ponseti, dirigente del PSUC y Quero Molares de ERC. Todos los participantes se comprometieron a trabajar en el seno de sus organizaciones, por la consolidación de los compromisos y por la creación del nuevo Consejo Económico.
 
            El 29 de Julio, el PSUC publicaba en "Treball" un artículo en el que proponía la creación de un Comité de Coordinación Económica, que debería estar integrado por todas las organizaciones que formaban parte del Comité de Milicias, y que debería desarrollar un programa de municipalización de los servicios, administrados a su vez por los comités obreros que habían sido constituidos en dichas empresas (539).
 
            El 14 de Agosto se creaba, por medio de un decreto del Gobierno de la Generalitat, el nuevo organismo que se encargaría de realizar las tareas económicas que exigía la nueva situación revolucionaria: El Consell d'Economía de Catalunya.
 
            El nuevo Consejo estaría presidido por Josep Tarradellas, Conseller d'Economía i Serveis Públics, institucionalizando la dependencia política del gobierno. El organismo económico estaría integrado por representantes de todas las fuerzas políticas presentes en el Comité Central de Milicias Antifascistas de Catalunya:
 
Martí Barrera i Maresma (Trabajo), Vicenç Bernades i Biusá (Transportes y Comunicaciones) y Joan B. Soler i Bru (Seguros Sociales) por ERC; Ramón Peypoch i Pich (Producción Química) por AC; Eusebi C. Carbó (Construcción), Joan P. Fábregas (Finanzas) y Cosme Rofes (Sanidad) por la CNT; Antoni G. Birlán (Papel e Imprenta) y Diego Abad de Santillán (Combustibles y Fuentes de Energía) por la FAI, Joaquín Fronjosà i Salamó y Joan Grijalbo i Serres (Metalurgia y Minería) y Joaquín Puig i Pidemunt (Alimentación), por la UGT; Estanislau Ruiz i Ponseti (Distribución del trabajo) por el PSUC; Joaquín Pou i Mas (Agricultura) por la UdR y Andreu Nin (Textil) por el POUM.
 
            Existen diferentes y encontradas versiones sobre a quien correspondió la iniciativa que dio origen al nuevo organismo dirigente de la economía. El historiador libertario Cesar M. Lorenzo afirma que la propuesta partió de la CNT, que veía la necesidad de separar las funciones militares y políticas, tareas principales que había asumido el Comité Central de Milicias, de las de índole económico (540).
 
            El periodista trotskista norteamericano, Félix Morrow  atribuye la iniciativa  de su creación al presidente de la Generalitat Companys (541).
 
            Miquel Caminal ha recogido una versión  muy similar al afirmar que la idea había partido de Josep Tarradellas que había sustituido a Lluís Prunés en el puesto de Conseller d'Economía de la Generalitat (542). Caminal define perfectamente la importancia que tenía el nuevo organismo para los objetivos políticos de  los partidarios del gobierno catalán:
 
"La constitución de este organismo tiene gran importancia tanto desde la perspectiva económica como política. Es la primera piedra del edificio del nuevo orden económico y es también el primer precedente del gobierno de unidad del 26 de Septiembre". (543).
 
            Resulta evidente que, cada una de las organizaciones que formaban parte del Comité Central de Milicias tenía sobradas razones políticas para fomentar y apoyar la constitución del Consejo de Economía, por lo que ambas versiones parecen verosímiles. Sin embargo, es probable que el verdadero origen esté en el proyecto que se gestó en el seno de la Consellería d'Economía de la Generalitat, entre representantes del gobierno catalán, de las organizaciones del Front d'Esquerres y de miembros del ala más decididamente colaboracionista de la CNT y de la FAI.
 
            Llama la atención, que los militantes de las diferentes organizaciones que habían participado en las reuniones realizadas en la Consellería de Treball, a finales del mes  de Julio, formaran parte de él, en el momento de su constitución.
 
"Así como el Comité de Milicias, al principio obligado a tratarlo y a resolverlo todo, se fue convirtiendo cada vez más en un Ministerio de Guerra en tiempos de guerra, para descargarle de funciones que no podrían menos que estorbar su preocupación fundamental, creamos un Consejo de Economía de Catalunya, cuyos acuerdos no podían ser rechazados por el Consejo titular del Departamento de Economía" (544).
 
            Para cumplir las funciones que se le habían adjudicado, el Consejo tuvo que vincularse estrechamente al Comité de Abastos, que se había constituido en el seno del Comité de Milicias y a la Comisión de Industrias de Guerra, creada pocos días antes. Las funciones de estos organismos se complementaban con las que habían sido asignadas al Consejo.
 
            La creación de un organismo económico, supeditado al gobierno autónomo, aunque fuera inicialmente de forma simbólica,  representaba un paso importante en la colaboración entre los líderes cenetistas y los partidarios de la restauración republicana que culminaría, un mes y medio más tarde, en la disolución del mismo Comité de Milicias y en la integración de las organizaciones obreras en un nuevo gobierno  de concentración de la Generalitat.
 
            El Consejo de Economía de Catalunya, al igual que el Comité Central, era un órgano de colaboración entre las organizaciones más izquierdistas, que se reclamaban de la revolución, y las que se mostraban partidarias de la reconstrucción del orden republicano. Sin embargo, el nuevo organismo económico adquiría una serie de características que lo hacía mucho más dependiente del gobierno autónomo catalán.
 
            Sin lugar a dudas y una vez más, el anarcosindicalismo y el POUM, consideraban que su claro predominio de la situación, les permitiría neutralizar las maniobras del gobierno autónomo y de sus partidarios, aunque éstos detentaran la dirección simbólica del nuevo organismo económico.
 
"El Consejo de Economía representaba -al igual que el Comité   Central de Milicias- un compromiso: si bien el Consejo era nombrado por el gobierno y era el Consejero de Economía el que había de ostentar su presidencia, las organizaciones obreras disponían, sin embargo, de un predominio tal que estaban en condiciones de imponer como programa del Consejo su visión de una economía ampliamente socializada" (545).
 
            El compromiso político existente entre los libertarios y el POUM, con el gobierno de la Generalitat y las organizaciones del Front d'Esquerres, que se había reflejado con anterioridad en la colaboración entre el gobierno catalán y el Comité Central de Milicias, aparecía de nuevo en el Consejo de Economía. Sin embargo, detrás del compromiso se escondía el enfrentamiento entre dos proyectos completamente antagónicos.
 
            La búsqueda de un programa unificado que pudiera ser llevado a cabo por el Consejo de Economía, llevó a un difícil equilibrio entre las diferentes posturas   antagónicas, que fue evolucionando a medida que también lo hacía la situación política catalana. La preponderancia libertaria se mantendría durante todo un período, para empezar a declinar con la decadencia del movimiento revolucionario.
 
            El nuevo "órgano dirigente de la vida económica" de Catalunya se declaraba, motor de la "transformación socialista" de la nueva economía y se encargaría de su coordinación, planificación y regulación, mediante la creación de los instrumentos apropiados (Consejos de Industria, Caja de Crédito Industrial y Comercial...).
 
El programa del Consejo estaba constituido por once puntos generales:
 
1. Reglamentación de la producción según las necesidades del consumo de la población y de la guerra.
 
2. Constitución de un monopolio sobre el comercio exterior.
 
3. Colectivización de la gran propiedad agraria, que será explotada por los sindicatos campesinos y sindicalización obligatoria de los pequeños y medianos propietarios del campo.
 
4. Devaluación parcial de la propiedad urbana mediante la fijación de impuestos y la rebaja de alquileres.
 
5. Colectivización de las grandes industrias, de los servicios públicos y de los transportes en común.
 
6. Incautación y colectivización de las empresas abandonadas por sus propietarios.
 
7. Extensión del régimen cooperativo a la distribución de los productos.
 
8. Control obrero de las operaciones bancarias, hasta la nacionalización de los Bancos.
 
9. Control Sindical obrero de todas las empresas que sigan siendo explotadas en régimen privado.
 
10. Rápida recolocación de los desocupados.
 
11. Supresión rápida de los diversos impuestos para llegar al impuesto único (546).
 
 
            El programa de transformación de la economía adoptado por el Consejo no pudo ser llevado, de forma general, a la práctica.
 
            El mantenimiento del dualismo de poderes, la inexistencia de un auténtico poder revolucionario dispuesto a desarrollar sus aspectos más positivos hasta llegar a una auténtica socialización de la economía, y por el contrario, el mantenimiento de una serie de resortes financieros en manos de unas autoridades, hostiles a la revolución, hizo que el programa del Consejo no pudiera llegar a desarrollarse.
 
            El gobierno de la Generalitat asumió sin dificultades el programa radical del nuevo organismo económico, consciente de que el porvenir de las colectivizaciones y del nuevo orden revolucionario dependía, en última instancia, de la evolución que siguiera el poder político. Y en este sentido, la colaboración entre las organizaciones que se reclamaban de la revolución y los partidarios de la reconstrucción de la República, era cada vez más intensa y comprometida.
 
            Además de los problemas derivados de la nueva estructuración de la economía revolucionaria, el Consejo tuvo que enfrentarse al grave reto que implicaba la falta de materias primas y de productos de consumo de los que Catalunya era claramente deficitaria, y que en muchos casos se producían en los territorios que estaban controlados por el ejército franquista.
 
            Esta labor tuvo que realizarse en estrecha colaboración con los comités de abastecimientos que existían en las distintas localidades. Para cubrir estas necesidades hubo que realizar una campaña de mejora de la agricultura, potenciando no solo la producción, sino también la diversificación de los productos. Con esta política se cubrieron una parte importante de las necesidades de la población y de la economía colectivizada, mientras que el resto había que compensarlo mediante intercambios comerciales con otras regiones del territorio republicano o bien, a través de importaciones procedentes del extranjero.
 
            Los intercambios con otros países se encontraron con las dificultades procedentes del boicot internacional y con la escasez de divisas que se encontraban en manos de un gobierno central, receloso de la autonomía conseguida por la Catalunya revolucionaria. Las dificultades de abastecimiento se agravaron en los meses posteriores, a medida que el ejército franquista se apoderaba de nuevos territorios. La situación de penuria fue aumentando dramáticamente con la constante llegada de nuevos refugiados procedentes del frente.
 
            El Consejo de Economía tuvo que desenvolverse en un período de excepcionales circunstancias, caracterizado por el desconcierto y por la desorganización, que eran la consecuencia inmediata del estallido de la guerra y del inicio de una revolución totalmente espontánea. Su trabajo se encaminó a adaptar la economía revolucionaria a las nuevas condiciones existentes. No hay que olvidar que la guerra ocasionó en las primeras semanas, una caída calculada entre un 60% y un 75% de la producción existentes a principios del mismo año.
 
            Entre las causas de tan brusca caída estuvo el desbarajuste producido por la huida de gran parte de los técnicos y directivos de los centros de trabajo. La revolución y la guerra también significaron una profunda desarticulación de la economía española, y por consiguiente, también catalana, provocada por la pérdida de una buena parte de los mercados estatales y por las mayores dificultades que implicaba poder llegar a otros regiones de la "zona republicana".
 
            Sin embargo, el carácter del Consejo de Economía era solo consultivo. La aparente contradicción entre la naturaleza de este organismo y una situación que exigía una auténtica dirección, capaz de llevar a cabo una rápida corrección en el proceso de la economía, que corrigiera los errores derivados del espontaneísmo de los primeros momentos sólo es explicable porque eran los comités de empresa y las centrales sindicales, los verdaderos dueños de la situación.
 
            Desde finales del mes de Julio, habían sido los sindicatos cenetistas, los que dirigieron todo un proceso de coordinación y de estructuración de las colectivizaciones en el campo y en la ciudad. Difícilmente éstos, iban a permitir que el Consejo de Economía, un organismo de naturaleza burocrática (como en el Comité Central de Milicias, los delegados eran elegidos por las direcciones de los partidos y sindicatos, y solo eran responsables ante ellas) supeditado al gobierno de la Generalitat, les arrebatara las tareas que consideraban fundamentales para hacer irreversible el proceso revolucionario.
 
            Los resultados concretos conseguidos por el Consejo, en lo que concierne a la dirección y regulación de la nueva economía fueron más bien escasos.  Los sindicatos continuaron siendo el auténtico motor que organizaba a las empresas colectivizadas.
 
            La colaboración de los representantes del anarcosindicalismo y, en mucha menor medida, de la UGT y del resto de organizaciones obreras en el seno del Consejo de economía, permitieron que sus funciones se extendieran mucho más allá de las que corresponderían a un organismo de tipo consultivo. El Consejo  acabó por convertirse en la verdadera dirección de la economía revolucionaria de Catalunya.  
 
            Mientras el anarcosindicalismo y el Comité Central de Milicias mantuvieron su preponderancia, el Consejo continuó jugando un papel importante en la economía, constituyéndose en el canal de expresión de los sindicatos cenetistas y también del resto de las organizaciones obreras. Sin embargo, el hecho de que el gobierno autónomo catalán y el republicano central mantuvieran en su poder todos los resortes financieros llevaron al Consejo, de la misma forma que lo hacía el Comité Central de Milicias, a someterse cada vez más, a los planes intervencionistas de éstos.
 
            Tras la constitución del Consejo, aparecieron una serie de decretos que se encaminaban a intentar ordenar el nuevo orden económico revolucionario. Por diferentes motivos, todos los grupos coincidían en la necesidad de articular la nueva economía.
            Para republicanos nacionalistas y comunistas oficiales, la tarea de articular la nueva economía, manteniendo la producción que debía satisfacer las necesidades de la población y de la guerra, era el paso previo que debía llevarse a cabo antes de recuperar el poder perdido con la revolución. Anarcosindicalistas y poumistas consideraban necesaria la tarea de articular y organizar la nueva economía colectivizada, legalizando, mediante los decretos del gobierno de la Generalitat, las conquistas revolucionarias que la población trabajadora había impuesto en la calle, durante las semanas anteriores.
 
            En Catalunya, paralelamente al papel central que tenían los sindicatos en la nueva economía colectivista, el destartalado gobierno de la Generalitat intentaba, desde los primeros momentos de la revolución, introducirse en la nueva situación para influir en ella, según sus propias perspectivas e intereses.
 
            Durante las primeras semanas, el gobierno catalán se limitó a sancionar, sumisamente, la voluntad de los comités revolucionarios y de los sindicatos anarcosindicalistas, que se expresaba en las  continuas expropiaciones y colectivizaciones, que se estaban llevando a cabo.
 
            El gobierno catalán se encargó, con el beneplácito del Comité Central de Milicias y de los sindicatos, de asegurar el pago de los salarios de los trabajadores a través de los Bancos y de las Cajas de Ahorro que había nacionalizado y también de las recién creada Oficina reguladora del Pago de salarios. De esta forma, el gobierno autónomo conseguía afianzar su posición en la nueva situación revolucionaria.
 
            El eje de la política del gobierno de la Generalitat era atraer a sus principales adversarios, los libertarios, hacia una política de colaboración y de compromiso que les permitiera hacer retroceder, poco a poco, a la revolución. La alianza con el anarcosindicalismo era la única forma posible para salvar de la quema expropiadora, a la mayor parte posible de la pequeña y mediana propiedad en Catalunya. La colaboración en el seno del Consejo de Economía le iba a permitir la posibilidad de intervenir y hacer crecer su influencia en el seno de la nueva economía, sin tener que enfrentarse a los sectores revolucionarios, en una situación en la que su debilidad era todavía manifiesta.
 
"...los representantes del movimiento libertario que predominaban en el Comité de Milicias, no habían llevado aún su espíritu de colaboración como para participar en responsabilidades de gobierno, con lo cual y por la duplicidad de funciones de ambos organismos (Gobierno de la Generalitat y el Comité de Milicias) quedaba muy debilitada la autoridad moral del primero. La colaboración de los representantes de la CNT y de la FAI en el nuevo Consejo de Economía de Catalunya tenía por tanto, el doble objetivo de cumplir eficientemente una labor de reorganización económica, que disminuido en su autoridad no podía cumplir el Gobierno por si mismo, y de ir acostumbrando cada vez más a los anarcosindicalistas a las responsabilidades de la dirección de la cosa pública, dando al propio tiempo un cauce legal a los hechos revolucionarios" (547).
 
            Con su política de "legalizaciones" por decreto, el gobierno de Companys pretendía conseguir diferentes objetivos: aumentar su prestigio entre la población trabajadora, mientras frenaba la iniciativa de los sectores revolucionarios, y mediante presiones y maniobras, apoyadas por el Consejo de Economía , conseguía introducir a sus propios interventores en las colectivizaciones, terreno que le había estado vedado hasta el momento. La función de los representantes de la Generalitat fue durante el primer período, puramente testimonial, frente a los comités de las empresas colectivizadas o intervenidas por los trabajadores. Sin embargo, sus modestas prerrogativas fueron aumentando progresivamente, durante los meses siguientes, a medida que la autoridad del gobierno catalán, se iba consolidando frente al movimiento revolucionario.
"Al principio, la intervención del Estado se limitó a una simple fisga. Ni los obreros hubieran permitido más ni él estaba suficientemente rehecho para permitirse imposiciones o bravatas. En la mayoría de los casos, su intervención se ejercía a través de los elementos obreros más ligados al poder político. El proletariado seguía considerando la economía suya, y definitivamente ido el capitalismo. Las consecuencias funestas en el terreno de la producción no se hicieron sentir hasta después... la fisga se transformó en control, el control en dictadura y ésta en saboteo directo y descarado de las colectividades... hasta que la industria pasó toda a poder del Estado. El proceso no se cumplió vertiginosa, sino paulatinamente. Va desde los meses finales de 1936 hasta principios de 1938, cuando puede considerarse completo el triunfo gubernamental" (548).
 
            El programa político y económico del PSUC, aliado del gobierno catalán y miembro del Front d'Esquerres, estaba situado,  claramente a la derecha del que había sido aprobado por el Consejo de Economía. Los ejes de la política de los comunistas oficiales eran, su tajante oposición a todas aquellas expropiaciones que se realizaran sobre las propiedades que no pertenecieran a los facciosos, y la defensa de la necesidad de crear una auténtica economía de guerra que estuviera supeditada  a la Generalitat de Catalunya y al gobierno republicano central. Esto significaba, por lo tanto, el enfrentamiento con el poder y la influencia que ejercían los comités locales y el Comité Central de Milicias, ambos controlados por el anarcosindicalismo, que se habían   convertido en la indiscutible autoridad en la Catalunya revolucionaria.
 
            El 6 de Septiembre, "Treball" publicaba un manifiesto conjunto del PSUC y de la UGT:
 
"No puede haber, ahora más que una consigna: ganar la guerra. Con la victoria, la reconstrucción de la economía de Catalunya y de España sobre nuevas bases será inevitable...".
 
"Por una falta de visión, por una acción desconectada del conjunto peninsular, por la misma rapidez fulminante con la que destrozaron el fascismo, los trabajadores de Catalunya se entregaron a la alegría de una victoria no decisiva y a la tarea inmensa de crear una nueva economía. La guerra pasa a segundo término, y mientras en el resto de España surgían los frentes y la improvisadas y heroicas milicias contenían el alud del fascismo, en Catalunya se libraban a las disputas partidarias y de hegemonía en los ensayos precipitados e inconexos...".
"...Hemos de exigir una economía centralizada, toda ella movilizada o movilizable para un fin concreto, ganar la guerra en el menor tiempo posible. Exigimos una economía libre de ensayos ingenuos. de genialidades de individuos que operan hoy encima del cuerpo sangrante de Catalunya... Exigimos una economía emancipada de las influencias o presiones de tantos comités nacidos por doquier, manifestación dolorosa del sarampión pseudorrevolucionario que amortigua la magnífica vitalidad de Catalunya..." (549)
 
            El manifiesto expresaba claramente la política económica del PSUC y de la UGT catalana. Sus objetivos inmediatos y primordiales: Combatir el poder de los comités, frenar y reconducir las conquistas revolucionarias que se estaban llevando a cabo de forma espontánea, sacrificándolas a las necesidades de la guerra. Las promesas de una revolución socialista quedaban  relegadas a un futuro indeterminado después de la victoria,  y ocultas detrás de un lenguaje premeditadamente ambiguo, que hablaba de la inevitabilidad de que la victoria conduciría a la creación de una economía construida sobre "nuevas bases", sin especificarlas.
 
            El PSUC y la UGT se declaraban partidarios de la colectivización y la cooperativización de las grandes empresas industriales y de servicios (transportes, minería, industria de armamento, banca...), además de las propiedades agrarias  que hubieran sido expropiadas por los trabajadores por pertenecer a los partidarios declarados de la sublevación militar. Las colectivizaciones se convertían en su óptica política, en simples nacionalizaciones que deberían estar dirigidas y controladas por el gobierno de la Generalitat, conocido adversario de cualquier veleidad revolucionaria que pudiera traspasar el umbral de la propiedad privada y de la República parlamentaria.
 
            El resto de las propiedades incautadas, salvo aquellas  que fueran de especial importancia estratégica para satisfacer las necesidades de la guerra, deberían ser devueltas a sus antiguos dueños, y puestas bajo "control obrero", para poder mantener la alianza con la "burguesía democrática y antifascista" que pretendía encarnar el Frente Popular. La consigna "control obrero" pretendía suavizar la oposición que ejercía el minoritario PSUC ante el hecho de que los trabajadores, sintiéndose los verdaderos triunfadores de la situación, hubieran desencadenado un vasto movimiento expropiador apoderándose de las empresas.
 
            El "control obrero" defendido por los comunistas oficiales, en una situación en la que la mayor parte de los propietarios habían huido o perecido bajo la represión revolucionaria, era   una consigna que estaba dirigida a preservar la marcha de la producción, amenazada como estaba, por el vacío dejado por el derrumbe del viejo sistema económico.  
 
            Fue el mismo Joan Comorera el que describió perfectamente, en un Pleno del Comité Central del PSUC, la táctica que había adoptado su partido:
 
"Los sindicatos no pueden ser apartados de la dirección económica del país. En primer lugar, porque el Gobierno no tiene aparato económico bastante bien montado aún para tomar él solo toda la responsabilidad de la dirección. Por otra parte, Catalunya es un país de arraigada y antigua tradición sindical. Nosotros no podemos quemar las etapas ni violentarlas. Hoy es absolutamente necesario que las centrales sindicales intervengan en la dirección económica del país" (550).
 
            El "Control obrero" se convertía de esta manera, en un paso intermedio, necesario, entre las colectivizaciones y las primeras tentativas socializadoras de la revolución, y la devolución de las empresas a sus antiguos propietarios, en un futuro en el que las condiciones políticas permitieran hacerlo.
 
            Por este motivo, el PSUC y la UGT catalana fueron, desde el primer momento, firmes partidarios de la creación de comités en las fábricas, que deberían   encargarse  de las funciones de la organización de la producción en los centros de trabajo.
 
            La consigna, sin embargo, se oponía frontalmente a las actividades expropiadoras que estaban realizando los sectores revolucionarios. El "control obrero" quedaba reducido, de esta forma, al de una simple gestión o cogestión de las empresas. Las colectivizaciones  tendrían  que  convertirse,   según  la  óptica comunista, en simples nacionalizaciones hechas bajo la dirección de la Generalitat y el gobierno de Madrid, en espera a que la victoria final en la guerra y la plena restauración del estado republicano, permitiera devolver a España, su antigua fisonomía de República parlamentaria.
 
            En el tema agrario, el PSUC se convirtió, rápidamente, en el principal adversario  de las colectivizaciones,  enfrentándolas a los pequeños propietarios campesinos, que estaban  organizados en la Unió de Rabassaires.
 
            La dirección del sindicato agrario catalán, tradicionalmente controlado por los nacionalistas republicanos, fue pasando a sus manos, en la medida que ERC se  revelaba impotente para enfrentarse al movimiento de las expropiaciones. 
 
            El eje principal de la política comunista se centró en la defensa de la repartición y de la explotación  de la tierra de forma cooperativista o familiar. Sólo las propiedades pertenecientes a los sublevados, debían ser expropiadas y distribuidas, individualmente o en régimen de cooperativas, entre los campesinos pobres de la comunidad. Convirtiendo las colectivizaciones en empresas de pequeños propietarios, se eliminaban los "excesos revolucionarios" de los jornaleros y del campesinado sin tierra que, influidos por la CNT, habían preferido construir sus propias colectivizaciones.
 
"Haciendo intervenir a los obreros como coempresarios, no solamente en los beneficios, sino también en las pérdidas del empresario, conservando, pero, la unidad de la tierra, sin caer en el error de la repartición de las tierras" (551).
 
            La política económica del PSUC, tanto en el campo como  en la ciudad, pretendía el mantenimiento de la revolución dentro de los estrictos límites de una República parlamentaria, evitando cualquier  "exceso"  socializante.   Sin embargo,  para que  dicha política pudiera ser factible era necesario recorrer, antes, una serie de pasos. Era imprescindible ordenar y centralizar la nueva economía revolucionaria. Desde los primeros momentos, el PSUC  y la UGT se mostraron partidarios de la creación de un organismo que debería dirigir las industrias "nacionalizadas", y que tendría que estar integrado por las organizaciones del Front d'Esquerres, además de la CNT y la FAI. Este objetivo les permitiría coincidir, aunque fuera de forma puntual, con las organizaciones más radicales, con las que coexistían en el seno del Comité de Milicias.
 
La constitución del Consejo de Economía de Catalunya constituía, sin duda alguna, un nuevo importante paso de la CNT y de la FAI en el curso revisionista que habían ido sufriendo desde los primeros momentos de la guerra y de la revolución.
 
            Muchos de los viejos conceptos y tradiciones anarquistas se estaban derrumbando, presionadas por las circunstancias de la nueva situación. Los dirigentes cenetistas y faístas seguían oponiéndose a la formación de un gobierno revolucionario, conceptuado por ellos como una "dictadura anarquista", demasiado similar a lo que habían hecho los bolcheviques en la Rusia revolucionaria de 1917. Sin embargo, las jornadas de Julio todavía estaban demasiado cerca y la oleada revolucionaria todavía era demasiado intensa, todavía no podían aceptar integrarse en un gobierno republicano de concentración, ni siquiera dirigido por su viejo adversario izquierdista, Largo Caballero.
 
            El Consejo de Economía pretendía ser, a los ojos del anarcosindicalismo catalán, la dirección revolucionaria de la nueva economía colectivista, sin que por ello, se rompiesen los viejos  dogmas antiestatalistas.  De esta forma,   la CNT y la FAI pretendían hacer en el campo económico, una copia de lo que antes habían hecho en el plano político y militar, con el Comité Central de Milicias.
 
"El Consejo de Economía de Catalunya fue creado para que el proletariado catalán -que en aquellos momentos no formaba partee aún del gobierno- pudiese intervenir, de una manera más o menos directa, en la obra legislativa a realizar,por el gobierno de la Generalitat. Así pues, hasta el 27 de Septiembre, el Consejo de Economía tenía un carácter esencialmente legislativo y hasta existía la tendencia a que su legislación tuviese un carácter ejecutivo a través del Consejero de Economía" (552).
 
            De esta forma, y según las palabras de Fábregas, el Consejo de Economía de Catalunya se convertía en un organismo que, mediante la colaboración con el gobierno de la Generalitat, pretendía "legalizar" la obra revolucionaria.
 
            La obsesión "legalizadora" del anarcosindicalismo sólo es explicable por su renuncia a la toma del poder. El movimiento revolucionario, los obreros industriales y el campesinado que aceptaban y defendían el nuevo orden de las cosas, necesitaban sentirse respaldados por su propia legalidad. Al haberse  negado sus organizaciones tradicionales a tomar el poder cuando lo tenían al alcance de las manos, para poder consolidar las históricas aspiraciones de la población trabajadora, ésta se encontraba con la inseguridad de que sus partidos y sindicatos coexistían en las Juntas de poder territorial, con los defensores de la restauración del viejo orden capitalista, aunque fuera en el seno de una República democrática. La "legalización" significaba pues,  la búsqueda de un cauce legal que  diera a las bases sociales del movimiento expropiador, la seguridad de que las cosas nunca más volverían a ser como antes.
 
            La obsesión "legalizadora" de las organizaciones más izquierdistas del Comité Central de Milicias sirvió al gobierno de la Generalitat, como un valioso instrumento de penetración en el seno de la nueva economía colectivizada y que, con el retroceso posterior del movimiento revolucionario, facilitaría su progresivo control sobre ésta.
 
"La legalización de la colectivización condujo, a través del control, finalmente a la anulación de la revolución; los últimos pasos de esta política consecuentemente impulsada por los comunistas, enérgicamente apoyada por los republicanos y pasivamente tolerada por los anarquistas pudieron darse ya abiertamente después de la crisis de Mayo de 1937, tras la cual los anarquistas abandonaron el gobierno" (553).
 
            Desde la constitución del Consejo de Economía, la CNT defendió la necesidad de la socialización gradual de la gran industria, del comercio y de los transportes. Las propiedades de los sublevados y de sus simpatizantes también se integrarían en este proceso socializador, que debería superar la primera fase espontánea y colectivista. El resto de la industria y de los servicios: las pequeñas empresas y las que pertenecieran al capital extranjero, se salvarían del movimiento expropiador, pero se mantendrían bajo un estricto control obrero.
 
            La CNT defendió que la coordinación de la nueva economía se realizase a través de los Consejos de Industria que habían constituido los sindicatos, que a su vez estaban representados en el Consejo de Economía.
 
            En lo que respecta a la revolución agraria, la CNT se mostró partidaria de defender las conquistas revolucionarias que se habían  conseguido  con las  colectivizaciones,  mientras  exigía moderación a los sectores más radicalizados de sus propias bases, para que se respetara la voluntad y los intereses de los pequeños y medianos propietarios, claramente mayoritarios en Catalunya. El objetivo principal del anarcosindicalismo era la consolidación del cambio que se había producido en las relaciones de propiedad en el campo. Sin embargo, para poder mantener y ampliar el edificio económico que suponían las colectivizaciones agrarias, era necesario conseguir una serie de objetivos fundamentales (554):
 
            Era indispensable crear un sistema de comercialización de los productos del campo que excluyese a los tradicionales intermediarios y que evitase el peligro inflacionista. La nueva estructura tendría que estar basada en las cooperativas de productores y de consumidores que existían ligadas a las colectivizaciones.
            Era necesaria la creación de un sistema que facilitara créditos baratos para las explotaciones colectivas y también para los pequeños propietarios campesinos.
 
            Había que fomentar una política de racionalización y de optimización de los recursos de la agricultura, mediante el estudio y la aplicación de los nuevos avances técnicos y científicos. Aprovisionamiento de abonos, maquinaria y utensilios que fueran necesarios para mejorar la producción.
 
            Se tenía que aplicar un programa que estuviera dirigido a superar el tradicional atraso del campo frente a la ciudad. Por lo tanto era imprescindible la creación de una infraestructura de transportes, comunicaciones y servicios capaz de hacer frente a todos estos cambios.
 
            Sin embargo, el programa anarcosindicalista se vería pronto obligado a adaptarse a las limitaciones que imponía la situación bélica y a la resistencia que oponían los pequeños y medianos propietarios,  temerosos de los excesos que habían cometido algunos sectores exaltados, y de los cambios revolucionarios  que podían suponer la aparición de las colectivizaciones. De esta manera, la CNT tuvo que aceptar la existencia de una pequeña y mediana propiedad que se resistía a desaparecer frente a la ola colectivizadora. El proceso pues, tendría que ser lento y gradual, mediante la demostración de las ventajas del sistema colectivista frente a las pequeñas explotaciones familiares.
 
            En el Pleno Regional de Campesinos de Catalunya, celebrado a principios a principios del mes de Septiembre, la CNT mostró sus intenciones de utilizar el Consejo de Economía como un instrumento para potenciar las colectivizaciones agrarias en Catalunya (555).
 
            Sin embargo, la débil implantación del anarcosindicalismo en el campo catalán, agudizada por su incomprensión del fenómeno social  que comportaba la existencia de una pequeña burguesía agraria acomodada y reacia a aceptar el radicalismo cenetista, hizo fracasar sus esfuerzos en el Consejo de Economía para hacer avanzar el movimiento colectivizador.
 
            En el seno del Comité Central de Milicias y posteriormente en el Consejo de Economía, el POUM se declaró como un firme aliado del anarcosindicalismo. En sus pretensiones de convertir al primero, en un auténtico gobierno revolucionario, se mostró ferviente partidario de que fuera el Consejo, el motor y  dirección de la transformación revolucionaria de la economía.
Frente a las vacilaciones, la improvisación y el voluntarismo revolucionario del anarcosindicalismo, el POUM ejerció en el seno del nuevo organismo económico, una influencia mucho mayor que la que su implantación social le permitía, gracias a poseer unos criterios mucho más claros que los dirigentes de la CNT, sobre los pasos que debía seguir la nueva economía revolucionaria. Si nos atenemos al testimonio dado por Wilebaldo Solano, y que ha sido recogido por Carlos Semprún Maura, Andreu Nin fue el autor del programa de once puntos, adoptado por el Consejo (556).
            Especialmente crítico con las colectivizaciones, el poumismo se mostró partidario de superar las contradicciones y los peligros que ofrecía esta fase espontánea de la economía revolucionaria, mediante su socialización. Frente a las tendencias corporativistas y procapitalistas que encerraban la actitud de algunos comités, la economía debía ser estatalizada, y puesta bajo el control y la gestión de los trabajadores. También "el control obrero" era una consigna que  había quedado completamente superada en las jornadas de Julio, cuando los obreros se habían apoderado de los centros de trabajo, procediendo a la expropiación de los antiguos propietarios.
 
"Las colectivizaciones han superado la etapa de control obrero y a su alrededor piden ser superadas por la socialización" (557).
 
            La evolución de la nueva economía revolucionaria sólo podía consolidarse y avanzar, superando la dualidad de poderes existente, mediante un Estado Obrero. El dualismo sin resolver, entre los comités locales, el Comité Central de Milicias y el gobierno de la Generalitat obstaculizaba la posibilidad de que las colectivizaciones avanzaran hacia un auténtico sistema socialista. Esto sólo era posible mediante la formación de un auténtico gobierno revolucionario, donde deberían estar representadas todas las organizaciones obreras presentes en el Comité Central de Milicias (excluyendo, por lo tanto, a los partidos nacionalistas de la pequeña burguesía republicana que, según el POUM, representaban a una época que ya estaba definitivamente superada).
 
            En la marcha hacia el Estado Obrero, el anarcosindicalismo seguía jugando, para el POUM, un papel fundamental. El fatalismo poumista acababa condenando su táctica y estrategia, a que los dirigentes cenetistas, cada vez más comprometidos en la colaboración con los partidarios del orden republicano, llegaran a convencerse de que el destino de la revolución, dependía de que ellos se decidieran a tomar el poder.
 
            Desde este punto de vista, el POUM no podía oponerse a la creación del Consejo, al considerarlo como un importante paso en la construcción de este gobierno.
 
            De la misma forma que un gobierno  obrero significaba, para el POUM, la centralización del poder revolucionario, por medio de una hipotética asamblea constituyente de delegados elegidos por los comités de obreros, campesinos y milicianos, también significaba la centralización de la economía colectivizada.
 
            Si el Comité Central de Milicias podía convertirse, por  la voluntad de los dirigentes cenetistas, en el deseado gobierno revolucionario, el Consejo de Economía también podía formar parte de éste.
 
            Desde este punto de vista, el POUM hacía una crítica al anarcosindicalismo, por su falta de firmeza para combatir los desvíos de las colectivizaciones hacia lo que Andrade denominaba "capitalismo popular":
 
"Y un Gobierno obrero y campesino es el que se encuentra a faltar para superar el control obrero y las colectivizaciones que no responden ya al momento actual. Se recrimina a los Consejos de Empresa de ser más conservadores que los burgueses, se afirma que las colectivizaciones han puesto unos cuantos burgueses en la dirección de Empresa allí donde solamente había uno. Pequeña burguesía y reformistas que no tienen una confianza absoluta en el espíritu creador de la clase trabajadora se aprovechan de estos inconvenientes para ir frenando el impulso revolucionario de las masas y volver paulatinamente a una situación parecida a la de antes del 19 de Julio" (558).
 
            De la misma forma que en el seno del Comité Central de Milicias, también en el del Consejo de Economía, se integraban diferentes fuerzas políticas con programas, muchas veces antagónicos e irreconciliables, coincidentes sólo de forma puntual en la necesidad de la creación de un organismo que debía dirigir la evolución de la economía hacia sus propios objetivos políticos.
 
            La creación del Consejo de Economía, cuando las organizaciones políticamente situadas en el ala izquierda del Comité Central, estaban cada vez más comprometidas con su política colaboracionista, constituía sin duda alguna, un importante paso del gobierno de la Generalitat en la consecución de sus propios objetivos. Sin embargo, todavía había un largo trecho que recorrer para poder consolidar su autoridad, en detrimento de la revolución de los comités:
 
"El desarme de la retaguardia, la organización militar, la normalización institucional, el restablecimiento de la seguridad interior y la supresión de las patrullas de control, eran cuestiones muy delicadas, ya que su ordenación podía ser interpretada no como una adecuación del régimen político al nuevo régimen económico y social, sino como una desvirtuación y hasta una liquidación de los órganos de poder surgidos espontáneamente en el transcurso de la revolución. En todo caso, esta <<ordenación>> comportaba ineludiblemente la colaboración de la CNT y de la FAI. Su entrada en el Consejo de Economía había sido el primer paso, faltaba el segundo: la entrada en el Consell de la Generalitat" (559).
 
            Tras la disolución del Comité de Milicias Antifascistas de Catalunya en el seno del nuevo gobierno de la Generalitat, el Consejo pasó a integrarse en la consellería d'Economía del gobierno catalán, convirtiéndose en un simple apéndice de éste. Con las organizaciones obreras integradas en el Comité de Milicias, no tenía ningún sentido seguir manteniendo la situación  de dualismo en el campo económico.
 
"Tras la fecha de constitución de aquel gobierno, el 27 de Septiembre, la misión del Consejo de Economía quedaba reducida a estudiar y a proponer al gobierno de la Generalitat las soluciones que creía convenientes acerca de determinados problemas económicos de Catalunya" (560).
 
4.5 LAS DIFERENTES ACTITUDES FRENTE AL COMITÉ CENTRAL DE MILICIAS ANTIFASCISTAS DE CATALUNYA.
 
            El Comité Central de Milicias Antifascistas de Catalunya acabó, por la dinámica de los acontecimientos, convirtiéndose en el verdadero centro del poder político en la Catalunya revolucionaria. Los comités obreros dominaban la vida cotidiana y la marcha de las empresas en las localidades donde habían aparecido, pero  constituían un poder completamente horizontal.
 
            Su poder e influencia decrecían a medida que se ascendía en las estructuras del poder territorial, hasta llegar al Comité Central de Milicias, donde su influencia era mínima.  El gobierno de la Generalitat de Catalunya, se había convertido de la noche a la mañana, en una ficción que sólo podía sobrevivir gracias a las concesiones hechas por los dirigentes anarcosindicalistas. Su influencia apenas contaba en la vida política, durante las primeras semanas de la revolución.
 
            En estas condiciones, la dualidad de poderes abierta con  el rechazo de la CNT y de la FAI a aprovechar su triunfo, para liquidar definitivamente al gobierno de la Generalitat, sólo podía encarnarse en el Comité Central de Milicias. Ideado por Companys para convertirse en un mecanismo de control y de supeditación del movimiento  revolucionario, por medio de la participación en dicho organismo, de anarcosindicalistas y poumistas, verdaderos triunfadores de Julio. Convertido por los cenetistas en una plataforma de colaboración con las distintas fuerzas políticas del Frente Popular y el POUM, pero en la que se advertía la aplastante supremacía del anarcosindicalismo catalán. La situación lo empujó a convertirse en el campo de batalla entre las diferentes organizaciones obreras que se disputaban la influencia política. Era en él donde iba a decidirse, en gran parte, el futuro de la revolución en Catalunya, y por lo tanto, también en el resto del estado.
 
            Las organizaciones de la pequeña burguesía nacionalista republicana y el gobierno catalán, estaban condenados a jugar en  él, un papel de simples comparsas en esta lucha, apoyando a los partidos y sindicatos obreros del Front d'Esquerres.
 
            El papel de estas fuerzas fue completamente secundario, en pleno auge de la revolución de los comités. ERC vió declinar en los meses posteriores al comienzo de la guerra y de la revolución, su control sobre las clases medias catalanas en el campo y en la ciudad, siendo sustituída por el PSUC, que se convertía en el nuevo abanderado de las clases medias catalanas.
 
            Los principales aliados  de ERC, no solo le robaban su tradicional protagonismo político, sino que también eran el único baluarte que le podía permitir introducirse progresivamente en el campo de la revolución para intentar devolverla a sus límites iniciales.  La Esquerra dependía totalmente de sus aliados del PSUC, pero esta alianza no hacía más que debilitarla políticamente en beneficio de la nueva organización comunista.
 
            La contradictoria y explosiva relación entre ERC y el PSUC fue definida perfectamente por el historiador estalinista catalán, Manuel Benavides:
 
"La Esquerra vivía gracias al oxígeno que le insuflaban los unificados por la necesidad política de hacer más sólidos los cimientos republicanos de la Generalitat. Los hombres de la Esquerra, no obstante, se conducían como esos moribundos que se vuelven de cara a la pared en su lecho de muerte al ver entrar al médico" (561).
 
            Esquerra sólo podía pretender conservar su declinante influencia  política, aprovechando los constantes enfrentamientos entre los anarcosindicalistas y los comunistas estalinistas del PSUC.
 
            En estas circunstancias la táctica de los catalanistas pretendía un doble objetivo: que el mismo movimiento que debía hacer retroceder a la revolución de los comités, le devolviera finalmente el poder que había perdido, recuperando su influencia entre los sectores sociales que ahora apoyaban al PSUC.
 
            Los dirigentes de ERC eran conscientes de que, al fin y al cabo, los comunistas estalinistas catalanes, a pesar de su moderación y de su conservadurismo, seguían sin ser el partido de las clases medias catalanas, y que sólo  constituían un instrumento eficaz para contener a la revolución. Estaban convencidos de que, una vez desaparecido el peligro revolucionario, el comunismo "conservador" perdería sus nuevas bases sociales y la situación volvería a su equilibrio tradicional. H. E. Kaminsky, agudo observador de la situación política revolucionaria catalana, describió perfectamente la dramática situación en la que se encontraba Lluís Companys y  los dirigentes del nacionalismo republicano catalán:
 
"La Esquerra se ha convertido en un partido conservador. Cuando ahora proclama <<la producción por los sindicatos, el consumo por las cooperativas>> parece que reclama la ejecución de su programa, pero en realidad se está poniendo a la defensiva. Se ha acordado demasiado tarde de su programa social, y sus aliados, que empiezan donde ella acaba, ya la han rebasado" (562).
 
            Sin embargo y por el momento, sólo el PSUC, un partido  obrero, que se autoproclamaba heredero en Catalunya de la tradición bolchevique de 1917, podía constituirse en un auténtico obstáculo para el movimiento revolucionario.
 
4.5.1 El Partido Socialista Unificado de Catalunya y la Unión General de Trabajadores (PSUC-UGT).
 
            Aparentemente, en Catalunya, las posiciones políticas del PSUC aparecen como más  radicales que las que mantenía  el PCE en el resto del Estado. Esta supuesta contradicción solo es comprensible teniendo en cuenta la tremenda presión revolucionaria a la que estaba siendo sometido, desde su fundación, el nuevo partido comunista catalán.
 
            El "izquierdismo" del PSUC no hacía más que reflejar la mayor profundidad alcanzada por el movimiento revolucionario catalán, respecto al resto del estado.
 
            Otro elemento diferenciador entre las organizaciones comunistas oficiales, es que el PSUC tuvo que competir, en los inicios de la guerra y de la revolución, con organizaciones más numerosas y radicalizadas que él, y que se situaban al margen del Frente Popular, tanto en su versión libertaria (CNT, FAI, JJ.LL.), como en la marxista (POUM, JCI). Una actitud más moderada, hubiera significado mayores dificultades,   sino la imposibilidad, para mantener en sus filas, a los escasos sectores obreros que estaban afiliados a la UGT, y que también   se veían arrastrados por la extraordinaria marea humana que significaba la revolución.
 
            Desde la formación del Comité Central de Milicias los dirigentes del PSUC demostraron su abierta hostilidad hacia el triunfo anarcosindicalista de Julio y hacia la constitución del nuevo organismo de poder. El Comité  de Milicias fue considerado por los dirigentes comunistas como la evidencia de "la influencia tenebrosa y dictatorial de los anarquistas sobre Catalunya" (563). La actitud impotente y astuta de Lluís Companys con los delegados de la CNT y de la FAI fue totalmente incomprendida por los comunistas catalanes que la consideraron como un grave error político. El PSUC abogaba, en aquellos momentos, por mantener  una posición de fuerza frente a los libertarios, triunfadores de  las jornadas de Julio.  Esta postura sería revisada con la crisis del nuevo gobierno de la Generalitat, a principios del mes   de Agosto, en el que se pretendió incluir a los representantes del PSUC en el nuevo gabinete. El ultimátum lanzado por los dirigentes libertarios hizo comprender a Joan Comorera quienes eran los auténticos dueños de la situación revolucionaria en Catalunya.
 
            Desde los primeros momentos la actitud del Partido Socialista Unificado frente al Comité Central tuvo que ser la de aceptar  a regañadientes los hechos consumados y participar en él. La postura de ERC y de Companys de aceptar las condiciones de los anarcosindicalistas obligaba al PSUC a integrarse en el nuevo organismo de poder. El grado de hostilidad y de oposición de los socialistas unificados varió durante el período de existencia del Comité Central. Pese a la inicial actitud de rechazo que manifestaba el nuevo partido frente al nuevo organismo de poder, sus dirigentes comprendieron que los anarcosindicalistas habían rechazado la posibilidad de tomar el poder y que habían adoptado una postura de la colaboración con las restantes fuerzas políticas y la renuncia temporal a la implantación del comunismo libertario. Mientras que el Comité Central de Milicias defendiese esta política de compromiso, éste sería un obstáculo para la profundización y extensión de la revolución, deseada por los sectores más radicalizados del anarcosindicalismo. Es en este sentido pues, en el que el PSUC acabó defendiendo, en las primeras semanas, la existencia del Comité Central y la necesidad de que los comités revolucionarios se subordinaran a la autoridad de éste.
 
            A medida que la política restauracionista fue avanzando, los dirigentes del PSUC exigieron cada vez más, la subordinación del Comité de Milicias a la autoridad política de la Generalitat, considerado  como gobierno único y legítimo en Catalunya, que debería ser  el paso previo a su disolución.
 
            La dualidad de poderes era una característica altamente inestable de la situación política revolucionaria catalana y también española, que iba a evolucionar rápidamente hacia uno de los dos extremos en pugna:
 
"...se formaron dos organismos de poder... el Comité de Milicias y el gobierno de la Generalitat. Era una complementariedad imposible; o se hacía la revolución hasta las últimas consecuencias o se mantenía la unidad antifascista. Hacer las dos cosas era imposible..." (564).
 
            Los dirigentes del PSUC estaban dispuestos a aprovechar las vacilaciones de la CNT para empujarla en la dirección de la "unidad antifascista" y del Frente Popular: la disolución del Comité Central de Milicias tenía que ir acompañada de la formación de un gobierno de unidad que dirigiera todos sus  esfuerzos a "ganar la guerra". La liquidación del nuevo organismo de poder sería completamente insuficiente si las organizaciones más radicales que existían en su seno, y que todavía mantenían la supremacía absoluta en el seno del movimiento obrero, no eran incorporadas al nuevo gobierno. La incorporación de la CNT, de la FAI y también del POUM al Consell de la Generalitat cumpliría la función de impedir que la disolución del Comité de Milicias pudiera desembocar en una  nueva marea revolucionaria que acabara por dislocar sus planes.
 
            La postura  comunista en Catalunya tenía su paralela a nivel de toda la zona  republicana, en la crítica constante a la propuesta anarcosindicalista de que el gobierno de Largo Caballero fuera  sustituido por una Junta o Consejo Nacional, al estilo del Comité de Milicias de Catalunya y en la exigencia de que la CNT y la FAI formasen parte del gobierno republicano (565).
 
            La incorporación del anarcosindicalismo significaba pues, no solo el mantenimiento del compromiso inicial, del cual había surgido el Comité Central de Milicias, sino la progresiva integración de estos sectores radicalizados, en el proyecto de reconstrucción del estado republicano en Catalunya y en el país.
 
            La situación revolucionaria y el desarrollo de la guerra civil, que ya se adivinaba larga y sangrienta, exigía la existencia de un gobierno fuerte, que fuera capaz de liberar y  organizar las energías de la población en el esfuerzo para alcanzar la victoria. La negativa de los anarcosindicalistas a tomar el poder para instaurar un nuevo proyecto social  revolucionario, facilitaba enormemente los objetivos del PSUC de restablecer las instituciones republicanas. En este sentido, son claras las declaraciones de Pere Ardiaca:
 
"Era necesario imponer un orden revolucionario en la retaguardia. El Comité de Milicias nunca lo fue, ni se propuso ser gobierno. Queríamos un gobierno del Frente Popular en el que estuvieran representadas todas las fuerzas antifascistas..." (566).
 
            El recién nacido PSUC y la UGT catalana eran organizaciones muy minoritarias frente al anarcosindicalismo e incluso ante el poumismo, en las semanas posteriores a los hechos de Julio. Sus posiciones políticas poco importaban en plena situación revolucionaria. Sin embargo, su defensa  decidida de la pequeña burguesía, provocó un trasvase continuo de miembros de esta clase social hacia estas organizaciones, procedentes de Esquerra Republicana y de otros grupos nacionalistas menores, o situados más a la derecha que ésta.
 
            Los nuevos afiliados buscaban en el   PSUC un carnet que les diera protección frente a los libertarios y un partido que pudiera servir de freno a la revolución triunfante. El decreto (que contó con aprobación de la CNT) por el que se hacía obligatoria la afiliación en uno de los dos sindicatos principales, provocó un todavía mayor crecimiento de las organizaciones obreras que se situaban en la línea del viejo Front d'Esquerres. Grandes organizaciones, que contaban con varios miles de afiliados cada una de ellas, como el CADCI y el GEPCI pasaron a integrarse en la UGT catalana.
 
            A medida que los dirigentes del PSUC se iban sintiendo más fuertes fueron desplegando menos tímidamente los ejes de la que iba a ser su política de contención y de restauración del viejo orden.
 
"A las pocas semanas el PSUC se sentía bastante seguro de si mismo para insistir en la disolución del Comité Central de Milicias Antifascistas y en la concentración del poder en manos del gobierno catalán. A ello le ayudó no solo el presidente Companys, sino también la presión ejercida por el gobierno central, a quien incomodaba la existencia de un organismo revolucionario que demostraba a los ojos del mundo que su autoridad en Catalunya era inexistente" (567).
 
            Frente a la actitud timorata de los dirigentes de ERC, el PSUC se mostraba partidario de un programa de contrarrevolución democrática que se apoyaba en cuatro puntos, descritos en un manifiesto que fue difundido el 10 de Septiembre, y que reflejaba los siguientes pasos que iba a desarrollar la "contrarrevolución democrática", en el siguiente período (568):
 
1. "Un gobierno que gobierne sin la tutela del Comité de Milicias y con representaciones de todas las fuerzas antifascistas".  El restablecimiento de un gobierno republicano fuerte, ligado al Frente Popular (Front d'Esquerres en Catalunya). Esto significaba el fin de la revolución social y la vuelta al sistema económico y político anterior a las jornadas de Julio, es decir, la liquidación del Comité de Milicias y de la multitud de comités revolucionarios locales.
 
2. "Un orden revolucionario". Pese a los términos utilizados a menudo por los dirigentes del PCE y del PSUC, a menudo confusos y abstractos, refiriéndose al nuevo orden que iba a surgir de la guerra, toda la política de estas organizaciones apuntaba indudablemente al mantenimiento de un capitalismo "avanzado", similar al existente en Francia y en Gran Bretaña. Esta conclusión no es mía, sino que es  la que expresa Caminal en la siguiente reflexión:
 
"... El curso desfavorable de la guerra y la situación internacional, particularmente la dependencia del PCE y del PSUC de la política exterior de la URSS reducirán la ambigüedad de la revolución popular a la nitidez de la revolución democrática". (569).
 
3. "Una industria de retaguardia libre de la intervención de los aventureros". El término "aventureros", es parte de todo un extenso vocabulario utilizado por el Partido Socialista Unificado  destinado a desprestigiar a la revolución de los comités y a su extensión en las actividades económicas, las colectivizaciones industriales y agrarias. Las fábricas, los talleres y las minas, es decir, la inmensa mayoría del aparato productivo en Catalunya, se encontraba en poder de los trabajadores, liderados por la CNT.
            La recuperación del poder político tenía que ser el primer paso. Una vez conseguido éste, y con la necesaria colaboración de los dirigentes anarcosindicalistas, cada vez más comprometidos en "la unidad antifascista", el PSUC era partidario de proceder a la liquidación del experimento colectivista.
 
            La huida de la inmensa mayoría de los propietarios era un serio obstáculo para el restablecimiento del viejo cuadro económico prerrevolucionario, que sólo podía superarse con la nacionalización de la economía catalana, bajo la dirección del nuevo gobierno de la Generalitat.
 
4. "Un ejército regular con mando único y una política de cuadros militares y de comisariado". El total restablecimiento del poder republicano, y por consiguiente, la liquidación definitiva de la revolución de los comités, sólo era posible completando los anteriores puntos con la reconstrucción del viejo ejército y la disolución de las milicias y de las patrullas de control. La reclamación del "mando único", reivindicación lógica y legítima que pretendía superar los errores de las columnas milicianas, servía para ocultar o adornar los verdaderos objetivos de esta campaña: el control por parte del gobierno y del Frente Popular, del ejército. Mientras las milicias se mantuvieran fuera de su autoridad, y estuvieran bajo el control  de los comités y de los sindicatos, la "contrarrevolución democrática" no podría llegar hasta sus últimas consecuencias.
 
            La rivalidad entre el Comité Central de Milicias y el gobierno de la Generalitat de Catalunya era un hecho que se repitió desde la creación del primero hasta su disolución final. La dualidad no podía perpetuarse como pretendían algunos.
 
            La evolución de los hechos, la negativa del anarcosindicalismo a instaurar un nuevo régimen revolucionario puso la iniciativa política en manos de los partidarios del restablecimiento republicano. A mediados del mes de Septiembre, el PSUC exigía claramente la constitución de un nuevo gobierno fuerte de la Generalitat y el final de esta situación que perjudicaba la marcha de la guerra contra los franquistas. Si el Comité Central no podía convertirse en el nuevo gobierno, si la revolución de los comités se encontraba estancada, incapaz de llegar hasta las últimas consecuencias, el PSUC consideraba que había llegado su momento.
 
"Un gobierno con autoridad, un gobierno que responda a la actual situación de las fuerzas revolucionarias, un gobierno con hombres capacitados para poner en marcha las múltiples actividades de nuestro país, es el que podrá dar la solución al problema urgentísimo de la centralización de la economía catalana" (570).
 
4.5.2 La Confederación Nacional del Trabajo. La Federación Anarquista Ibérica (CNT-FAI).
 
            Una vez descartada la toma del poder, aprovechando la victoria de las jornadas de Julio, los anarcosindicalistas solo podían adoptar dos posturas, la de mantener su independencia política rechazando cualquier  participación en los organismos de poder territorial o el compromiso y la colaboración con el gobierno de la Generalitat y con el resto de partidos y sindicatos en el Comité Central de Milicias Antifascistas de Catalunya.
 
            La primera alternativa, en los primeros momentos, era inviable, ya que hubiera significado la crisis y el enfrentamiento con sus propias bases, que no hubieran aceptado renunciar al triunfo conseguido con las armas, para cederlo a las desprestigiadas autoridades republicanas. La segunda actitud, la del compromiso, pese a las ilusiones de los cuadros dirigentes en poder contrarrestar con sus fuerzas la "contrarrevolución democrática", iba a tener el mismo final, aunque a más largo plazo. La primera posibilidad significaba el mantenimiento imposible de los viejos principios ideológicos en una situación que no toleraba la tradicional automarginación de los anarquistas. La segunda significaba renunciar a la revolución, aplazarla hasta un futuro indeterminado, y en la práctica, servir como dique de contención a los avances del movimiento revolucionario frente a las tambaleantes y debilitadas instituciones republicanas. Cualquiera de las tres alternativas,  la de la toma del poder, la de la automarginación o la del compromiso, significaban en la práctica, la quiebra política del viejo edificio libertario.
 
"A partir del 19 de Julio, continuar al margen del Estado y renunciar a toda política que no fuera la lucha social era imposible. Los anarquistas, o debían intentar establecer su propia dictadura, o debían compartir democráticamente el poder con las demás organizaciones del frente popular" (571).
 
            Después del triunfo de Julio, la colaboración, para los representantes libertarios, no podía significar, de ningún modo, la supeditación de las organizaciones anarcosindicalistas al viejo poder republicano. Los dirigentes libertarios hicieron saber, desde los primeros momentos de existencia del Comité de Milicias, que no estaban dispuestos a ceder la victoria ante la Generalitat, y que eran ellos los verdaderos dueños de la nueva situación en Catalunya.
 
            El Comité Central de Milicias tenía que convertirse en el centro del poder, sin que por ello tuviera que transformarse en gobierno. Mientras tanto, el   gobierno de la Generalitat tenía que seguir existiendo como "tapadera" legal ante los gobiernos del resto de países. Éste era el propósito de los dirigentes cenetistas y faístas.
 
"Detrás de la apariencia de las instituciones republicanas de la región autónoma, se ocultaría un sistema social proletario  y libertario que entre bastidores manejaba los hilos de las marionetas representativas del gobierno fantoche de la Generalitat. Así quedaría a salvo el ideal anarquista; así sería realizada de todas formas una obra revolucionaria de tipo socialista sin por ello dar el peligroso salto de la revolución total" (572).
 
            La ingenuidad y la prepotencia del camino adoptado escondía en realidad el temor de los representantes libertarios al aislamiento político de la revolución "total". La existencia del Comité Central de Milicias, constituido como  el poder real en Catalunya, dirigido y controlado por los libertarios no hacía otra cosa que postergar el desenlace entre las dos fuerzas que se enfrentaban en el seno del campo "republicano": la revolución de los comités y la contrarrevolución democrática.
 
            Por lo pronto, la primera consecuencia del rechazo de la CNT a la toma del poder fue su renuncia implícita a llevar a cabo la revolución, (aunque ésta fuera de carácter temporal) y por lo tanto, un primer éxito de sus adversarios políticos del Frente Popular. Los dirigentes anarcosindicalistas pretendían salvar la   contradicción creada con el estallido de la revolución: eludir la toma del poder sin que por ello significase cedérselo a sus adversarios "republicanos". De esta manera, el Comité Central, que hubiera podido convertirse en la cúspide del nuevo poder revolucionario, se veía condenado a convertirse en un organismo de enlace entre la CNT, la FAI y también el POUM, y las organizaciones partidarias del Front d'Esquerres.
 
            En un mitin celebrado en París por la Unión Anarquista, el delegado representante de la CNT-FAI proclamaba la fuerte revisión que estaban sufriendo los tradicionales principios libertarios:
 
"La organización a la cual pertenezco actualmente sólo piensa en consagrar la lucha contra los rebeldes, dentro del marco del Frente Popular. La CNT hará honor a su palabra y no desplazará la lucha entablada..." (573).
 
            El periódico "Solidaridad Obrera" publicaba la declaración del Pleno Regional de Locales y Comarcales, que se había realizado apenas una semana después de los combates de Julio, y que explicaba, muy explícitamente, cual era la postura de los dirigentes de la organización que se había convertido en la fuerza hegemónica de la revolución en Catalunya y en una buena parte de la "zona republicana":
 
"Hoy no hay más problema para el proletariado, no hay más enemigo para el pueblo que el fascismo sublevado... que nadie vaya más allá. Que nadie tergiverse la actuación a seguir. Todos los confederados tienen el deber moral de aceptar las decisiones generales, no sólo por el interés colectivo, sino incluso por el interés individual... En consecuencia, nadie está autorizado para lanzar consignas ni enfocar el movimiento de otra forma..." (574).
 
            El mensaje iba dirigido a los numerosos descontentos que aparecían en las bases sindicales y que no comprendían porque tenían que renunciar a su revolución, pocos días después de haber conocido la victoria. Apenas un poco más de un mes después, era Federica Montseny  la que declaraba el triunfo de los colaboracionistas de la CNT, en la emisora de Unión Radio de Madrid:
 
"Ahora, no somos más que antifascistas, dispuestos a luchar contra el fascismo" (575).
 
            Sin embargo, la revolución en la calle se empeñaba en no  seguir las directrices de colaboración que habían decidido los dirigentes libertarios. La revolución "aplazada" en las cúpulas, seguía inexorable y sin dirección en la calle.
 
            La victoria del anarcosindicalismo catalán en las jornadas de Julio, no se traducía en una victoria política, sino en todo lo contrario. Los cuadros dirigentes de la CNT y de la FAI se estrellaban contra una situación que, paradójicamente, les ofrecía el triunfo. La revolución pues, no había llegado bajo la forma idealista que habían imaginado los libertarios, y que implicaba la renuncia a cualquier tipo de dictadura.
 
            La revolución no había llegado, aceptada por la totalidad de la población, tenía fuertes adversarios tanto en el campo franquista, como en el republicano. Habían importantes sectores de la población, la pequeña burguesía urbana y los pequeños y medianos propietarios agrícolas que veían con desconfianza los  planes de colectivización libertaria. Los anarcosindicalistas carecían de un programa  maduro de acceso y mantenimiento del poder  y tampoco comprendían la verdadera naturaleza de los comités revolucionarios que habían aparecido espontáneamente.
 
            No contaban con planes de profundización y extensión de la revolución social que se había puesto en marcha, sino sólo con proclamas bienintencionadas sobre el comunismo libertario.
 
 
"Es esta carencia absoluta de nociones claras y de perspectiva histórica, la que impidió al anarquismo ver el sendero revolucionario que se le ofrecía a través de los comités gobierno, lo que le llevó, primero a tolerar el estado capitalista, después a colaborar con él, unido a los politicastros estalinistas y socialistas" (576).
 
            La actitud "colaboracionista" de los dirigentes cenetistas  ha sido comentada por numerosos historiadores y testigos de la época, siendo muchos de ellos, pertenecientes a la misma corriente política libertaria. Jordi Sabater hace una completa e interesante descripción de la actitud del anarcosindicalismo en el seno del Comité Central de Milicias:
 
"Un período en el cual la CNT-FAI, ha abandonado los planteamientos iniciales de reestructuración revolucionaria y federal del estado por una actitud defensiva con la cual, aceptando un cierto grado de centralización, espera poder mantener su condición de fuerza hegemónica en zonas como Aragón y Catalunya" (577).
 
            En el seno del Comité Central de Milicias, los representantes anarcosindicalistas pretendían dar el mínimo de concesiones posibles a sus aliados forzosos, las suficientes para que estos aceptaran la colaboración en el nuevo organismo de poder, pero lo bastante poco como para no poner en peligro su hegemonía  sobre  la  revolución.  La  renuncia al  poder y a   la instauración de un nuevo régimen revolucionario, y esta perspectiva de "congelación" de la nueva situación, que significaba su postura de compromiso con el gobierno de la Generalitat y con las fuerzas del Front d'Esquerres, significaban un profundo desconocimiento de las dinámicas revolucionarias que se habían desarrollado desde la misma revolución francesa de 1789, en todas las revoluciones de los siglos XIX y XX.
 
            Es pues, a todas luces injustificada y excesiva, la acusación lanzada por Juan García Oliver contra su rival, destacada dirigente del sector más claramente colaboracionista en el seno de la CNT, Federica Montseny, al acusarla de ejercer una nefasta influencia en el Comité Regional (578).
 
            La votación realizada en el plenario histórico, en el que los cuadros dirigentes del sindicato decidieron rechazar la toma del poder y colaborar con el gobierno de la Generalitat, fue demasiado unánime para aceptar esta explicación. Indudablemente y por las explicaciones que nos han dado numerosos participantes en dicho plenario, entre ellos el mismo García Oliver, se desprende el profundo desconcierto que reinaba entre los participantes de dicha asamblea (579).
 
            Las posiciones colaboracionistas de Federica Montseny, en cualquier caso, sólo podían influir de forma decisiva en una regional completamente desconcertada y   paralizada ante el reto que la revolución significaba.
 
 
            La oposición y las críticas en la CNT y la FAI al colaboracionismo creciente de los dirigentes, en el seno del Comité Central de Milicias, fue creciendo a medida que las bases sentían que la revolución que ellos habían iniciado se iba quedando estancada, mientras que el PSUC y el gobierno de la Generalitat empezaban a levantar la cabeza, después del desastre de las jornadas de Julio.
 
            Los críticos exigieron el abandono de la política colaboracionista y reclamaron la vuelta de la CNT a la oposición, para refugiarse en el sistema de colectivizaciones que existía en el campo y en la ciudad, y desde el que los libertarios se sentían inexpugnables frente a sus adversarios políticos, en la creencia de que con la toma del poder económico acabaría por extinguirse el político. Una vez más, los anarcosindicalistas se estrellaban con sus propios principios antiestatalistas.
 
            Un año después, la dinámica de la revolución de los comités estaba liquidada y las colectivizaciones, viejos bastiones de la CNT, se encontraban gravemente amenazadas por los nuevos dueños de la situación.
 
"La colaboración se impuso. ¿Había otra alternativa?, fascinados por el drama de la guerra, seducidos por una suerte de fatalismo, si la había no se puso gran empeño en encontrarla. Los colaboracionistas se dieron a la tarea sin apercibirse de que dado el primer paso las consecuencias se producirían en racha. Por lo que al anarquismo se refiere estas concesiones implicaban dejaciones cada vez más importantes" (580).
 
            La evolución política de la CNT, a partir de su triunfo en Catalunya durante las jornadas de Julio de 1936 y de su renuncia al poder, solo podía dirigirse hacia un, cada vez mayor, compromiso con los partidarios de la restauración republicana.
 
            Una vez más, se iba a repetir la vieja tesis de que la historia no admite vacíos de poder por tiempo indefinido, sino tan sólo por muy cortos espacios de tiempo, si las direcciones del movimiento revolucionario no estaban dispuestas a tomar en sus manos el poder para instaurar su propio régimen social, otros lo iban a hacer.
 
4.5.3 El Partido Obrero de Unificación Marxista.
 
            La posición del POUM en Catalunya, en los primeros momentos posteriores a las jornadas de Julio, fue la de apoyar al anarcosindicalismo victorioso, frente a los intentos desesperados de Companys y del Front d'Esquerres para recuperar la iniciativa que habían perdido. La actitud adoptada por el poumismo fue completamente dependiente de la que pudiesen adoptar los dirigentes anarcosindicalistas. La postura poumista, en aquellos momentos, era coherente con la que había ido adoptando el partido desde su fundación, al ceder al anarcosindicalismo y a la Izquierda Socialista, en su concepción de la revolución española, el papel principal en la formación del que debía ser el partido de la clase obrera.
 
"Joan Comorera, que representaba aún a la Unión Socialista,   ya que el PSUC, del cual después sería secretario general, aún no estaba oficialmente constituido, estuvo inmediatamente de acuerdo con la propuesta de Companys, pero Andreu Nin, que representaba al POUM, manifestó que un acuerdo de conjunto solo se podía obtener cuando hubiesen expuesto su criterio los representantes de la CNT, cosa que indicaba que Andreu Nin rechazaba la propuesta de Companys" (581).
 
            El programa político defendido por el POUM durante los primeros días de la revolución reflejaba el mismo desconcierto y el mismo espíritu conservador que habían manifestado los cuadros la CNT y de la FAI: (semana de 36 horas, 10% incremento para los salarios más bajos, 25% de rebaja de los alquileres, pago de los jornales de los días de la huelga, control de la producción por comités obreros, subsidio de desempleo, reparto de las tierras de los grandes propietarios, revisión del Estatuto de Autonomía, depuración de los cuerpos armados y militares y elección de los jefes por los soldados y  los guardias, mantenimiento de las milicias armadas, juicio a los conspiradores).
 
            Todo el programa político defendido por el Comité Central del POUM y publicado, una semana después del hundimiento de la República, respondía al período prerrevolucionario que acababa de  agotarse y era completamente inadecuado para la nueva situación. La mayoría de las consignas ya habían sido ampliamente superadas por la espontaneidad de los trabajadores. Durante los primeros días después de las  jornadas de Julio, el POUM tuvo verdaderas dificultades para comprender la naturaleza y el alcance de la situación que acababa de abrirse en Catalunya y en toda la zona republicana.
 
"Toda la actividad del POUM durante las semanas inmediatas al 19 de Julio, así como su prensa, revelan un desconocimiento total de lo que estaba ocurriendo. Ni siquiera se daba cuenta de la significación política del Comité Central de Milicias y de los múltiples comités gobierno... Avant escribía: <<La creación del Comité Central de Milicias, formado por delegados de todas las organizaciones, representa un gran paso adelante en el sentido de la coordinación de la acción de todas las fuerzas armadas y populares y, por eso, nuestro partido lo saluda con la más viva satisfacción>>. No ve en el Comité Central de Milicias, más que un organismo de Frente Único <<Antifascista>>. La derrota de las instituciones armadas de la vieja sociedad acababa de hacer trizas el estado burgués, planteando en sus términos mapas vivos, prácticos e imperativos, el problema de la ordenación del estado proletario. Para el POUM nada de esto existía, la revolución no estaba en la calle..." (582).
 
            El poumismo aceptó de buen grado la constitución del Comité Central de Milicias Antifascistas de Catalunya. El nuevo organismo de poder, respondía a la concepción frentista que había  defendido el partido, desde su fundación, y que recogía la visión maurinista sobre el carácter y la naturaleza de las Alianzas Obreras que se habían desarrollado durante el período 1934-1935.             El claro predominio anarcosindicalista en el Comité Central, y su rivalidad con el tambaleante gobierno de la Generalitat, colocaban al nuevo organismo en el centro del poder revolucionario. Todo dependía de que los dirigentes de la CNT y de la FAI se convencieran de la necesidad de impulsar el movimiento hasta sus últimas consecuencias y de que convirtieran al Comité en un auténtico gobierno revolucionario. 
 
"... La insurrección fascista del 19 de Julio, creó todas las condiciones objetivas para la conquista del poder. El mecanismo estatal quedó tan seriamente quebrantado que, en realidad, había dejado de existir...".
 
"Bastaba querer, para que los restos impotentes del poder burgués fueran destruidos definitivamente y se instituyera el poder de la clase trabajadora. Pero los partidos y las organizaciones obreras que gozaban de mayor influencia, no quisieron" (583).
 
            El POUM era consciente de que la revolución espontánea de Julio no había sido suficiente para volver irreversible la nueva situación, y de que el hecho de que no se hubiera tomado el poder abría la posibilidad de un curso contrarrevolucionario  de los acontecimientos que restaurara el viejo orden.
 
            La postura del Comité Central del POUM negaba cualquier posibilidad de   mantener una postura independiente de la línea que pudieran adoptar las grandes organizaciones obreras, en especial, el anarcosindicalismo. En la visión política de la revolución española, defendida por el poumismo, el Comité Central se convertía en un organismo de enlace y de Frente Único de los partidos y sindicatos de los trabajadores (en el que los poumistas toleraban, de buen o mal grado, a los partidos de la pequeña burguesía republicana y catalanista). Los comités revolucionarios, aparecidos por todas  partes con absoluta espontaneidad, jugarían un papel similar al que tenía el Comité de Milicias, pero a escala local. El papel de canalización  de la participación de la población trabajadora en los nuevos organismos de poder, quedaba en manos de los sindicatos, que tenían que cumplir el papel que habían jugado los soviets en la revoluciones rusas de 1905 y 1917. H. E. Kaminski nos describe una entrevista mantenido con Andreu Nin:
 
"Creemos  (dice Nin) que el papel decisivo en la Revolución española pertenece a los sindicatos que, en España, representan lo mismo que en Rusia los Soviets. En lo referente a este punto coincidimos con los anarquistas" (584).
 
            El POUM negó, en repetidas ocasiones, la posibilidad de que los comités locales pudieran convertirse en auténticos soviets, al estilo de la revolución rusa de 1917. Los dirigentes poumistas olvidaban que la principal diferencia en la naturaleza de ambos organismos era tan sólo la voluntad de las organizaciones políticas para articularlos y convertirlos en el embrión del nuevo estado revolucionario.
 
 
            El gobierno, las Cortes, y todas las viejas instituciones republicanas, habían sido ampliamente superadas por la nueva situación. El POUM defendía la necesidad de que la revolución se consolidase mediante la formación de un gobierno obrero y de una Asamblea Constituyente, que debería estar formada por delegados  de los comités obreros, campesinos y también de los combatientes. En la concepción poumista del gobierno revolucionario, el papel de los comités queda completamente difuminado. El eje central de su constitución descansaba en el acuerdo al que debían llegar las organizaciones obreras, incluidas las que sostenían el proyecto del Frente Popular, y que se habían declarado, abiertamente, adversarias de la revolución socialista de los comités.
 
            En el mitin celebrado por el POUM, el 6 de Septiembre en el Gran Price de Barcelona, Andreu Nin defendía  su propia postura   y criticaba la formación del nuevo gobierno de Largo Caballero en el que además del PCE, participaban representantes de los partidos republicanos.  Para el dirigente del POUM, un gobierno interclasista, en aquellas circunstancias, estaba completamente  desfasado y sólo podía corresponder al período prerrevolucionario anterior a Julio. Era necesario constituir una Junta Nacional de Defensa, similar al Comité Central de Milicias Antifascistas, para centralizar la marcha de la guerra.
 
            Los dos puntos centrales de crítica a las propuestas anarcosindicalistas, para la formación de un "Consejo Nacional", se centraban en que éstos aceptaban finalmente la participación de los políticos republicanos, que no eran más que sombras de un pasado que había sido definitivamente superado. También se criticaba su visión "sindical" del nuevo organismo gubernamental.
            La petición de que los partidos fueran excluidos del "Consejo" reflejaba los viejos prejuicios apolíticos del anarcosindicalismo, con respecto a los partidos.
 
            La concepción del gobierno obrero mantenida por el POUM y  defendida públicamente por Andreu Nin, reducía el carácter de clase del gobierno, a que éste estuviese únicamente integrado por representantes de las organizaciones obreras. Si los sindicatos eran las organizaciones tradicionales y de masas del movimiento obrero español, su presencia en el nuevo organismo gubernamental, canalizaría la participación de los trabajadores en las nuevas estructuras de poder (585).
 
"Necesitamos un gobierno fuerte, es decir, dotado de aquella máxima autoridad que ha de darle la confianza de las masas trabajadoras y que esté dispuesto a llevar la lucha hasta las últimas consecuencias. ¿Quién puede ser este gobierno fuerte? ¿el que acaba de ser elegido en Madrid? nosotros estimamos sinceramente que no".
 
"... sostenemos que en la situación actual el único gobierno que puede responder a la situación  es un gobierno sin ministros burgueses, un gobierno puramente obrero... ha de representar a todos los sectores del proletariado español..." (586).
 
            Como los organismos soviéticos eran ajenos a la esencia de la revolución española, en la concepción del POUM, los comités  sólo podían tener un papel puramente local y temporal en la nueva sociedad revolucionaria. La postura, fuertemente influida por el anarcosindicalismo, consideraba que los comités locales, una vez cumplida su función  de gestionar el vacío de poder que había provocado el hundimiento de las instituciones republicanas, tendrían que dejar paso al municipio socialista.
 
"La fuerza creadora del proletariado ha hundido al Municipio caciquil y <<cobrador>> de impuestos, para dar paso al nuevo Municipio célula de la nueva sociedad socialista" (587).
 
            A lo sumo, los comités escogerían a los delegados que formarían parte de la Asamblea Constituyente, que estaría destinada a aprobar la nueva Constitución revolucionaria de la sociedad que acababa de nacer. Sin embargo, la consigna del POUM quedaba dentro del campo de la propaganda, sin llegar a especificar quién debería encargarse de convocar dicha Convención revolucionaria. La consigna fue lanzada de nuevo, en los momentos en los que se producía la disolución del Comité de Milicias y la integración de todas las organizaciones que formaban parte de él, en el Consell de la Generalitat. El gobierno, que iba a protagonizar la disolución de los comités locales y la militarización de las milicias, quedaba convertido, paradójicamente desde la perspectiva poumista, en el encargado de convocar la Asamblea revolucionaria.
 
            Este hecho no es sorprendente si nos atenemos a la concepción que tenía el POUM del gobierno obrero que debería dirigir la marcha de la revolución española. El POUM defendía la constitución de una Junta Nacional de Defensa, del mismo estilo que el Comité Central de Milicias que "centralice toda la acción y lleve la guerra hasta la victoria definitiva" (588).
 
            La visión poumista no contempló nunca, la articulación de los comités locales con el Comité Central de Milicias, ni planteó la necesidad de democratizar a este último, mediante la sustitución de los representantes de las organizaciones, por delegados de los comités, elegidos por la población trabajadora.
 
            Por lo tanto, el gobierno obrero reclamado por el POUM, del mismo modo que había estado funcionando el Comité de Milicias, solo podría constituirse mediante el pacto entre las diferentes organizaciones obreras, y con representaciones que solo obedecerían a los comités ejecutivos  respectivos de éstas, incluidas aquellas que se declaraban adversarias de la implantación del socialismo en aquellos momentos, en nombre de  una supuesta revolución democrática.
 
            La posibilidad de que el gobierno obrero pudiera llegar a instaurarse, y de que fuera convocada la Asamblea Constituyente quedaba en manos del largocaballerismo y, principalmente, de que los dirigentes anarcosindicalistas se convenciesen de la necesidad de ello.
 
"... todo el porvenir de la revolución depende en gran parte de la actitud que adopten la CNT y la FAI. La CNT y la FAI son dos grandes organizaciones que cuentan con una inmensa mayoría entre la clase trabajadora... la revolución depende de la manera  en que las otras organizaciones obreras puedan llegar a ponerse de acuerdo con los compañeros de la CNT y la FAI" (589).
 
            Sin duda alguna, esta actitud dependiente, del POUM, es la que explica la indefinición política de esta organización, que fue  mantenida en los primeros momentos, después de vencida la sublevación de Julio. También es la que vuelve coherente la aparente contradicción entre el rechazo que hace el POUM a participar en el gobierno de Casanovas, a principios del mes de  Agosto y su actitud a finales del mes de Septiembre, en la que aceptó la disolución del Comité Central de Milicias y su participación en el Consell de la Generalitat.
 
            Josep Rebull, miembro del POUM y uno de los principales críticos a la línea oficial, dentro del partido, sometió a votación del Comité Central, en el mes de Octubre de 1937, una resolución de once críticas. Entre ellos merece que destaquemos, el punto en el que  describe la completa dependencia política del POUM con respecto al anarcosindicalismo:
 
"La dirección ha corrido tras el anarcosindicalismo, la CNT-FAI, considerando a sus dirigentes como revolucionarios, en lugar de llevar una poderosa polémica de fondo objetiva y juiciosa, contra sus sucesivas falsas posiciones" (590).
 
            El poumismo, instalado en su pretensión de convertirse en consejero de los anarquistas, había acabado  haciendo depender por completo su política, de la voluntad de éstos. De esta forma, incapacitado para desprenderse de la evolución que sufrían los dirigentes cenetistas, el POUM iba a verse arrastrado por los mismos acontecimientos que provocarían el declive de la revolución.
 
4.6 EL PROCESO DE INTEGRACIÓN. LA DISOLUCIÓN DEL COMITÉ CENTRAL DE MILICIAS ANTIFASCISTAS DE CATALUNYA.
 
            La renuncia al poder y la actitud colaboracionista mantenida por los dirigentes de la CNT y de la FAI en el seno del Comité de Milicias, durante los primeros meses de la revolución, habían supuesto un respiro político para los partidarios del Front d'Esquerres. Sin embargo, el camino para la reconstrucción del viejo aparato estatal, presentaba graves inconvenientes: de la misma forma que el gobierno de Giral, el gobierno de la Generalitat era incapaz de llevar a cabo sus planes políticos, sin correr el peligro de desencadenar una respuesta revolucionaria. Era necesario empujar a las direcciones políticas de los sectores que se reivindicaban de la nueva revolución, hacia una colaboración y un compromiso cada vez más estrecho, de forma, que fueran éstos los que detuvieran el avance de la revolución, en nombre de la "unidad antifascista".
 
"...era preciso inyectar nueva vida al estado capitalista. Pero eso era imposible por los viejos métodos, pues el Estado no estaba en condiciones de afirmarse por si mismo sin provocar la desaparición del resto formal de vida que les quedaba. La afirmación, para ser posible y tener mayores consecuencias, debía venirle de la revolución misma, aureolada con el prestigio de la calle, efectuada por hombres y organizaciones simpáticas a las masas. Para estrangular la revolución, el Estado capitalista debía hacer ademán de abrazarla. El primer ademán fue la incorporación del Comité Central de Milicias a la Generalitat; el segundo la constitución del gobierno Largo Caballero en Madrid". (591).
 
            En Catalunya, la problemática para los planes restauracionistas  era mucho más compleja que en el resto del territorio republicano, debido a la aplastante mayoría con la que contaban las organizaciones que se reclamaban del proceso revolucionario. El anarcosindicalismo, mantenía una cómoda hegemonía en el seno del movimiento obrero catalán, mientras que  el poumismo era mayoritario en Lérida y contaba con una fuerte implantación en los comités locales de Gerona y de otras áreas.
 
            La actitud de compromiso adoptada por estas organizaciones en el seno del Comité Central de Milicias, había sido un paso importante. Gracias a él, la revolución de los comités no había llegado a consolidarse y el gobierno de la Generalitat, de forma precaria, había podido seguir existiendo. Sin embargo no era suficiente, era necesario seguir dando otros nuevos pasos para poder restaurar el poder de la Generalitat en Catalunya.
 
            El gobierno de Giral pudo mantener en su poder el control sobre las instituciones financieras, además de las reservas de oro y de divisas existentes en el Banco de España. Con el apoyo de las organizaciones obreras del Frente Popular, encaminó su política a limitar los avances revolucionarios que se estaban llevando a cabo, espontáneamente, en casi todos los lugares donde había fracasado la sublevación militar. En Catalunya, el gobierno de la Generalitat aplicó una política similar, al  incautarse de la sucursal del Banco de España, con el beneplácito del Comité Central. Posteriormente, el gobierno de Giral accedió a la maniobra de Companys, con la única condición,  de que las reservas incautadas solo pudieran ser administradas por el gobierno autónomo catalán y en ningún caso por el Comité Central de Milicias, controlado por los anarquistas.
 
            Al tener en sus manos el aparato financiero catalán, la Generalitat pudo introducirse en el imperfecto sistema colectivista para controlarlo progresivamente, a medida que las industrias expropiadas por los trabajadores tenían que aceptar sus condiciones políticas para poder acceder a los créditos que necesitaban para seguir funcionando.
 
            La escasez de divisas existentes en Catalunya colocaba al  gobierno autónomo y al Comité de Milicias en una difícil situación de dependencia económica que sería hábilmente utilizada  por el gobierno central para doblegar a los anarcosindicalistas.
 
            La penuria en armamento que sufría el Frente de Aragón sólo pudo ser cubierta parcialmente con la reconversión industrial que fue llevada a cabo en la industria metalúrgica y química catalana. Una parte importante de las armas y municiones tuvieron que ser compradas en el extranjero, mediante la utilización de créditos y divisas que solo el Banco de España estaba en condiciones para negociar. Peirats recoge la declaración realizada por Juan P. Fábregas en el Pleno Regional de Sindicatos Únicos, realizado en Barcelona, el 24 de Septiembre, poco antes de los acontecimientos que provocaron la disolución del Comité de Milicias y la entrada de la CNT en el gobierno de la Generalitat:
 
"El avance extraordinario que se ha operado en Catalunya, ha establecido una pugna entre los de allí (se refiere al gobierno de Giral) y los de aquí (es de suponer que se refería no sólo al Comité de Milicias, sino también al gobierno de la Generalitat), dando lugar a que en nuestra región se haya creado una situación bastante angustiosa. El gobierno de Madrid se negó rotundamente a auxiliar a Catalunya. Vino el cambio de gobierno, pero seguimos tropezando con las mismas dificultades. Nos desplazamos una comisión a Madrid y pedimos al gobierno un crédito de 800 millones de pesetas, otro de 30 millones para la adquisición de material de guerra y otro de 150 millones de francos para la adquisición de materias primas. En garantía de ello, ofrecimos 1000 millones de pesetas que las Cajas de ahorros tenían depositados en valores en el Banco de España. Todo se negó" (592).
 
            Los partidarios de la restauración republicana contaron también con la valiosa colaboración de la URSS estalinista, que pretendía evitar, por todos los medios, la posibilidad de que  el triunfo de una España revolucionaria acabase por convertirse en un peligro para sus intereses internacionales, y que cuestionaría gravemente su prestigio como "patria del socialismo y de la clase obrera mundial".
 
            Con la llegada de las primeras ayudas soviéticas, Stalin procedió a enviar un contingente de agentes  que se iban a convertir en la rama española de sus servicios secretos, la GPU. Simultáneamente, Moscú enviaba a Marcel Rosemberg  como embajador soviético en España y al viejo bolchevique Antonov Ovssenko como cónsul a Barcelona. Ovssenko iba a jugar un papel decisivo en la persecución de los poumistas y de los sectores anarcosindicalistas más opuestos al colaboracionismo. Stalin era perfectamente consciente de que el estado republicano español sólo podría volver a levantarse sobre sus cenizas, con el total sometimiento político de Catalunya, el bastión más avanzado de la revolución española. La burocracia del Kremlin estaba dispuesta a jugar a fondo la carta española para evitar que una "revolución inoportuna" pudiese hacer fracasar su política internacional. El hecho de que la URSS se hubiera convertido en el único país, junto con Méjico, suministrador de armas, colocaba a los anarcosindicalistas y a los poumistas en una difícil situación, que iba a tener graves consecuencias en los meses siguientes.
            Las armas enviadas desde la URSS y pagadas con el oro y las divisas del Banco de España, eran transportadas en su inmensa mayoría, lejos de la Catalunya del Comité de Milicias, a los puertos del sur de la región levantina, que se encontraban en poder del gobierno central. En los momentos en los que aumentaban las fricciones entre los partidarios del gobierno de la Generalitat y los de la CNT-FAI y el POUM, los buques soviéticos recibían órdenes de evitar la costa catalana. La situación volvía a normalizarse cuando las organizaciones izquierdistas catalanas cedían ante las presiones restauracionistas.
 
            El armamento soviético era entregado casi totalmente a las columnas del Frente Popular, mientras que las anarcosindicalistas y poumistas eran mantenidas en situaciones de verdadera penuria, lo que provocó entre sus filas un sin fin de bajas.
 
"El punto débil de la CNT era el frente de Aragón y la marcha de la industria catalana. Para atenderse al frente de Aragón se precisaban armas y para hacer marchar las fábricas materias primas. Si se practicaba una marcha atrás en los avances revolucionarios, Ovssenko prometía que habría una cosa y otra". (593).
 
            La CNT había renunciado en su momento a la toma del poder, y había preferido la colaboración con los restos del poder republicano y sus aliados del Frente Popular, esperando con esta actitud "congelar" la situación revolucionaria que había aparecido espontáneamente durante las jornadas de Julio.
 
            La oportunidad perdida iba a ser hábilmente utilizada por sus adversarios para recuperar el poder perdido. Poco a poco, sus aliados coyunturales, dueños del aparato financiero, receptores y administradores de la inmensa mayoría de las armas que llegaban a la zona republicana, empezaron a presionar para que los anarcosindicalistas y poumistas contuvieran al movimiento  revolucionario y aceptaran sus pretensiones de reconstruir el aparato de estado republicano.
 
            La CNT y el POUM, presos de sus acuerdos  políticos, habían tenido que ceder cada vez más ante la iniciativa   de sus aliados coyunturales.
 
            Se acercaba el momento en el que las condiciones estarían lo suficientemente maduras como para poder pasar a la ofensiva contra la autoridad de los comités revolucionarios. Sin embargo, para ello era necesario, primero, que el Comité de Milicias Antifascistas, auténtico poder territorial durante los primeros meses de la revolución en Catalunya, dejara de alzarse como un serio obstáculo para los planes de los restauracionistas, al representar, aunque fuera de manera deformada, las ambiciones y también las esperanzas del movimiento revolucionario.
 
"No se nos ayudaría mientras fuese tan manifiesto el poder del Comité de Milicias..." (594).
 
 
"Se nos invitaba, en fin, a quitar la fisonomía agresiva a la revolución disolviendo el Comité Central de Milicias Antifascistas. Se nos presentó la conveniencia de reconstituir el gobierno de la Generalitat de Catalunya, presidido por Companys, liberal burgués, que diese la sensación al extranjero de un encauzamiento de la revolución por vías menos radicales" (595).
 
            Durante este período, comprendido entre las jornadas de Julio y finales de Septiembre, el PSUC se había ido convirtiendo en el principal baluarte político de los planes restauracionistas en Catalunya. La declinante y paralizada ERC iba siendo sustituída por los comunistas, que demostraban saber aprovechar de forma mucho más eficaz los errores y las debilidades de la CNT. El PSUC contaba con numerosos factores que lo convertían en el heredero de ERC y en la única organización del Front d'Esquerres que podía intentar enfrentarse a la hegemonía del anarcosindicalismo.
 
            El PSUC dirigió desde los primeros momentos de su formación a la UGT catalana, sin que la integración de la FOUS poumista pusiese en ningún momento en entredicho   su control sobre la central sindical. A finales del mes de Julio, la central  sindical ugetista recibió un fuerte espaldarazo con la integración del CADCI, sindicato de los empleados de comercio y también del GEPCI, el  Gremio de Entidades de Pequeños Comerciantes (las oficinas de este sindicato estaban situadas en los mismos locales que la asociación empresarial textil catalana y su presidente, lo había sido anteriormente de la patronal) (596).
 
            Los excesos del espontaneísmo anarcosindicalista, durante estos primeros meses de la revolución, favorecieron significativamente a los comunistas oficiales catalanes. Frente a una ERC en franca decadencia y un POUM seguidista de la CNT, que no conseguía desarrollar una política coherente que combinase  la revolución, con la defensa de la pequeña burguesía, el PSUC y la UGT quedaban convertidos en el único baluarte que las clases medias urbanas y rurales podían ver como defensor de sus intereses.
 
"(Gracias al envío de armamento soviético)... de un golpe, el PSUC se veía superior en armas a los anarquistas y además en posición de emprender una amplia campaña de propaganda contando con medios considerables a su disposición; también en este aspecto los anarquistas perdieron terreno y todo esto provocó que los movimientos moleculares que habían estado teniendo lugar desde Julio, se concentraron, súbitamente, en un punto. Todos los elementos disgustados ante la preponderancia anarquista se aliaron en ese instante tras el PSUC" (597).
 
            El aluvión social que incrementaba rápidamente las filas de la UGT y del PSUC procedía, fundamentalmente, de las clases medias  catalanas, funcionarios, pequeños propietarios, profesiones liberales... atemorizados por los excesos izquierdistas que   cometían algunos sectores libertarios.             Durante todo este período  la CNT y la FAI, faltos de una política con la que poder dirigirse a la pequeña burguesía catalanista, se mostraban incapaces de frenar con eficacia el terror que procedía de estos sectores radicalizados.
 
            El ritmo de afiliaciones se incrementó  fuertemente con la llegada de las primeras ayudas soviéticas y con la entrada de las brigadas internacionales. Estos acontecimientos fueron un  poderoso mecanismo de propaganda a favor de los comunistas oficiales catalanes y de su eficacia, tanto en la lucha contra las tropas franquistas, como en su política de contención de lo que las clases medias consideraban los peligros de la revolución.
            Ya en el mes de Septiembre, el PSUC, convertido en la dirección política de las clases medias catalanas, y rivalizando con una CNT cada vez más desconcertada, exigió la disolución del Comité Central de Milicias Antifascistas de Catalunya, y la integración de las organizaciones que formaban parte de él, en un nuevo gobierno de concentración de la Generalitat. Desde los primeros momentos de la revolución de Julio, la Generalitat y el Front d'Esquerres habían intentado aprovechar   el rechazo anarcosindicalista al poder y su actitud colaboracionista para recuperar el terreno perdido.
 
"Companys, que ha reconocido el derecho de los obreros a gobernar e incluso les ha ofrecido abandonar su puesto, maneja las cosas con tal arte, que poco a poco reconstituye los organismos legítimos del poder, derrumba la acción de los consejos y deja a los organismos obreros reducidos a su papel de auxiliares, de asesores, de ejecutores. A los 4 o 5 meses estaba restablecida la normalidad" (598).
 
            Desde los primeros momentos, todos los pasos dados por los restauracionistas para recuperar el poder perdido fueron contestados por los anarcosindicalistas y por el POUM. Sin embargo habían podido sacar sus propias conclusiones. Sus demandas no habían sido aceptadas por la CNT-FAI ni por el POUM.  Sin embargo, finalmente se había llegado a una postura de compromiso entre ambas partes. De esta forma el movimiento revolucionario tendía a estancarse, contenido por sus dirigentes que se encontraban cada vez más atados de pies y manos por estos acuerdos políticos. Companys y el PSUC extraían otra conclusión no menos importante: los dirigentes anarcosindicalistas, colocados entre la espada del compromiso y la pared de la necesidad de la toma del poder, no estaban dispuestos a romper la unidad antifascista. La CNT y la FAI aceptaban retroceder en el terreno político, con la esperanza de que su hegemonía en el movimiento obrero catalán les permitiría recuperarlo al finalizar la guerra.
 
            A principios del mes de Agosto, el intento de Joan Casanovas para formar un nuevo gobierno de la Generalitat, incluyendo a representantes del PSUC y de la UGT, había fracasado. La maniobra había sido demasiado precipitada, y chocó con la hostilidad de los anarcosindicalistas, que veían en ello un ataque contra ellos y contra el Comité Central.
 
            La completa restauración del gobierno de la Generalitat y la disolución de su rival político, solo podía llevarse a cabo con el visto bueno de los dirigentes de la CNT y de la FAI. La línea adoptada por los restauracionistas tuvo que combinar las presiones (entrega de armamento, suministro de divisas para la compra de materias primas...) con la evidencia de que el doble poder que encarnaban el Comité de Milicias y el gobierno de la Generalitat de Catalunya no hacía otra cosa que  obstaculizar la victoria militar sobre el ejército franquista. En efecto, si los anarcosindicalistas no estaban dispuestos a llegar hasta el final en la revolución, por lo menos mientras durase el conflicto bélico, el dualismo de funciones, entre un Comité Central que no quería ser gobierno, y un gobierno que era incapaz de serlo, resultaba perjudicial para la marcha de la guerra. Como los dirigentes cenetistas habían demostrado hasta la saciedad que no iban a tomar las riendas del poder, la única salida posible era el camino que marcaban los restauracionistas del Front d'Esquerres y del gobierno de la Generalitat.
 
"Pero la pequeña burguesía vigilaba a través del presidente Companys, apartado en Julio y aparentemente reducido a un papel decorativo: fue él quien, a partir de Septiembre, se dedicó a convencer a los elementos dirigentes de la CNT-FAI de la inutilidad de esta <<dualidad de poderes>> y de su carácter nefasto para la organización de la lucha, de la necesidad de poner fin a esta situación, reconstruyendo un <<gobierno>> de la Generalitat, de composición idéntica a la del Comité de Milicias, lo que presuponía la disolución de este último" (599).
 
            Aparentemente, la disolución del Comité Central de Milicias y la entrada de sus integrantes en un nuevo gobierno de la Generalitat, apenas tenía alcance político, ya que la proporción existente dentro del primero iba a mantenerse en el segundo. Aparentemente, parecía ser un simple reajuste organizativo, esta era la concepción que  defendían la mayoría de los dirigentes cenetistas. La realidad iba a demostrar en los meses siguientes que el paso dado era mucho más que un simple cambio de nombre.  En cambio, el presidente Companys y sus aliados habían comprendido perfectamente su importancia política.
 
            Para comprender que la CNT y la FAI aceptasen la disolución del Comité Central de Milicias hay que tener en cuenta, la parálisis creciente que atenazaba a los dirigentes anarcosindicalistas. Al renunciar al poder, la CNT se veía lanzada, cada vez más, a la colaboración política con los partidarios de la vieja República, en unas condiciones donde   éstos controlaban las entidades financieras y el suministro de armamento, para utilizarlo como una forma de chantaje contra el movimiento revolucionario. Los inconvenientes que presentaba la dualidad de poderes estaban claros para todo el mundo, incluidos los anarcosindicalistas. La revolución y la marcha de la guerra exigían que se acabara con el dualismo a favor de un solo poder. Era necesario elegir entre ambos, entre el poder de la clase obrera o el del Frente Popular. A medida que pasaban los días se hacía más evidente que la ambigüedad mantenida durante las primeras semanas de la revolución no podía seguir manteniéndose.
"...Cada vez se hacía más aparente que esta situación de "poder dual", en la que el poder real se hallaba muy fragmentado, obraba en detrimento, tanto de la guerra como de la revolución. El hecho de que la miríada de comités no se fundiera en un poder revolucionario para derrocar los restos del estado burgués y movilizar todas  las energías de la población en la tarea revolucionaria de ganar la guerra, debía conducir por fuerza -si no se quería perder la guerra rápidamente- a la restauración de un poder alternativo. Éste, para ser eficaz, debía dar cabida a las fuerzas de la clase obrera y "controlar" la revolución fragmentada y fragmentaria que había tenido lugar, centralizar y controlar las milicias, planificar y organizar un esfuerzo bélico coherente" (600).
 
            Hay que tener en cuenta, también, otro factor que es imprescindible para comprender el curso que siguió la evolución de los acontecimientos: contrastando con los anarcosindicalistas, desconcertados por una dinámica revolucionaria que no obedecía a lo que ellos esperaban, sin un plan claro y definido para llevar hacia adelante una revolución que había surgido sin su dirección, sus adversarios políticos del Frente Popular, y particularmente los comunistas, sí que tenían perfectamente claros sus objetivos y también la forma para conseguirlos. La parálisis anarcosindicalista,  su incapacidad para profundizar y consolidar la revolución, reforzaba a los sectores partidarios de incrementar la colaboración con el Front d'Esquerres, aunque esto significara la muerte del Comité Central de Milicias y una política de contención de la revolución, pospuesta a un futuro indeterminado, después de la guerra.
 
"En Barcelona, como en Madrid, se sentía la impaciencia entre los burócratas de la organización por entrar a formar parte del gobierno de la Generalitat y de la República. Pero debían contenerse, por temor a suscitar desconfianzas entre los fieles al anarquismo. Ciertos grupitos aparentemente anarquistas apenas si dormían, atareadísimos en la búsqueda de pretextos para terminar con el Comité de Milicias y encontrar, costase lo que costase, caminos hacia las funciones de gobierno" (601).
 
            Las conversaciones preparatorias del cambio se llevaron a cabo a mediados del mes de Septiembre entre Josep Tarradellas, Mariano R. Vázquez, secretario del Comité Regional de Catalunya de la CNT y Pedro Herrera, dirigente de la FAI. Según el informe presentado por el Comité Nacional de la CNT  al siguiente Congreso de la AIT, la decisión de integrarse en un nuevo gobierno de la Generalitat y de disolver el Comité Central de Milicias fue adoptada ya, durante el mes de Agosto, en un Pleno Regional de Catalunya de Comités Locales y Comarcales (602).
Esta versión se contradice con el testimonio dado por el mismo Juan García Oliver, alma del Comité Central de Milicias, que afirma que las maniobras fueron realizadas secretamente, a espaldas de los  cuadros que integraban el Comité Central de Milicias (603). Ronald Fraser en su obra, recoge el carácter secretista de la decisión y afirma que el acuerdo se limitó a los libertarios catalanes, sin que fuera tomada en cuenta la opinión de la organización estatal (604).
            Lo que estos testimonios en realidad confirman es que la decisión fue adoptada por una pequeña minoría de los cuadros dirigentes, a espaldas de sus propias bases sindicales. Además, es sumamente improbable que los acuerdos tomados en un Plenario, por muy secreto que éste fuera, no llegaran a oídos de los dirigentes del resto de las organizaciones.
 
            Juan García Oliver defiende la existencia de una especie  de esquizofrenia del anarcosindicalismo, que él denomina "las dos caras de la CNT" (605): la cara colaboracionista y la revolucionaria. De hecho ambas tendencias existen desde los primeros momentos de la guerra y de la revolución, y ya se ponen de manifiesto en el Plenario sindical que decidió la renuncia a la toma del poder y aceptó la colaboración con la Generalitat y el Front d'Esquerres que dió lugar al Comité Central de Milicias. A principios del mes de Agosto, la Generalitat había intentado integrar en el nuevo gabinete gubernamental de Casanovas a representantes del PSUC y de la UGT (además de la Unió de Rabassaires), la maniobra contaba desde el principio con el visto bueno del Comité Regional de la CNT. Sin embargo había fracasado, es decir, había triunfado "la cara revolucionaria" de la CNT, porque las condiciones no eran todavía las apropiadas y la oleada revolucionaria estaba en auge. Ahora, a mediados del mes de Septiembre, la situación había empezado a madurar para los partidarios de la restauración. La dirección cenetista experimentaba un fuerte desgaste político, incapaz de encontrar una tercera vía entre "la revolución de los comités" y "la contrarrevolución republicana". Este impás reforzaba cada vez más a los partidarios de la integración en el aparato de gobierno republicano, es decir, en este caso, tendía a consolidarse "la cara colaboradora" en detrimento de la revolucionaria.
 
            Ya a finales del mes de Agosto, los síntomas de agotamiento de la postura anarcosindicalista de defender la existencia del Comité Central de Milicias, eran más que evidentes, era cuestión de tiempo para que llegara la disolución.
 
"A finales de Agosto el Comité Central de Milicias Antifascistas aceptó funcionar bajo la autoridad nominal del Consejero de Defensa de la Generalitat, mientras que los servicios de los diversos subcomités económicos eran progresivamente sincronizados, en lo que respecta a la autoridad, con los respectivos departamentos administrativos de la Generalitat. De esta sincronización del dualismo a la unificación del proceso bajo un gobierno de coalición, no había más que un paso. Este paso fue iniciado el 24 de Septiembre por un Congreso de 500 delegados de la Federación Regional de Catalunya de la CNT" (606).
 
            En el seno de la CNT, los colaboracionistas aumentaban su influencia a medida que, sus adversarios, no eran capaces de dar una salida revolucionaria a la situación. Es Diego Abad de Santillán el que mejor nos describe el estado de ánimo de la mayoría de los cuadros dirigentes del cenetismo en aquellos momentos:
 
"Después de varios meses de lucha y de incidentes sin salida con el Gobierno central, reflexionando sobre el pro y el contra de una independencia política de Catalunya, interesados, más que nadie en el triunfo de la guerra que habíamos iniciado con tanto ardor y tanta fe, al decírsenos reiteradamente que NO SE NOS AYUDARÍA MIENTRAS FUESE MANIFIESTO EL PODER DEL COMITÉ DE MILICIAS, ÓRGANO DE LA REVOLUCIÓN DEL PUEBLO, por grande que fuese nuestro afecto a esta institución creada para responder a las exigencias de una situación social y política nuevas, no teniendo otro dilema que ceder o empeorar las condiciones de la contienda, PUESTO QUE TAMPOCO SE QUERÍA RECURRIR A PROCEDIMIENTOS DE FUERZA PARA OBTENER LO QUE NOS CORRESPONDÍA, NOSOTROS, QUE TENÍAMOS MAS RAZÓN, HUBIMOS DE CEDER".
 
"NOS MOSTRAMOS DISPUESTOS A DISOLVER EL COMITÉ DE MILICIAS, ES DECIR, A ABANDONAR UNA POSICIÓN REVOLUCIONARIA QUE NUNCA HABÍA TENIDO EL PUEBLO ESPAÑOL HASTA ENTONCES. Todo para conseguir armamento y ayuda financiera para continuar con éxito con nuestra guerra".
 
"SABÍAMOS QUE NO ERA POSIBLE TRIUNFAR EN LA REVOLUCIÓN SI NO SE TRIUNFABA ANTES EN LA GUERRA, Y POR LA GUERRA LO SACRIFICÁBAMOS TODO. SACRIFICÁBAMOS LA REVOLUCIÓN MISMA, SIN ADVERTIR QUE ESE SACRIFICIO IMPLICABA TAMBIÉN EL SACRIFICIO DE LOS OBJETIVOS DE LA GUERRA" (607).
 
            Al negarse reiteradamente el anarcosindicalismo a tomar el poder, se negaba a darle a la situación una salida y unos objetivos revolucionarios, que al fin y al cabo, habían liberado las energías populares que habían hecho fracasar la sublevación militar y que habían puesto en pie un vasto movimiento expropiador en el campo y en las ciudades. Este era el callejón sin salida en el que se encontraba el anarcosindicalismo. Al negarse a empujar la revolución hacia adelante, permitía que ésta no llegase a consolidarse ni a extenderse, permitiendo que la iniciativa política pasara de manos de los comités, a la de sus adversarios en el campo republicano.
 
"Un Comité de Milicias Antifascistas que se ocupaba de las cuestiones militares y de la dirección de la guerra; un Consejo de Economía que dirigía la economía, la administración y los asuntos sociales; un gobierno de la Generalitat que sin poder efectivo, podía aparentar lo contrario para calmar la opinión de las grandes potencias; comités revolucionarios autocéfalos; partidos y organizaciones que formaban <<estados en el estado>> con sus propias tropas; diversos organismos más o menos autónomos que se habían encargado del abastecimiento, la enseñanza, la represión antifascista... ¿se podía continuar mucho tiempo así en Catalunya? llegó a ser imprescindible fusionar a todas estas autoridades, soldar, amalgamar las antiguas y las nuevas instituciones; disciplinar los poderes locales y someter las fuerzas políticas al interés general; era también necesario legalizar las conquistas de la clase obrera , delimitar lo que debía ser o no socializado, reglamentar el procedimiento de los tribunales revolucionarios" (608).
 
            La persistencia del dualismo de poderes no era más que la  expresión del bloqueo político en el que se encontraba  sumida la revolución. La mayor  parte de los cuadros dirigentes del anarcosindicalismo consideraban, que las circunstancias bélicas obligaban a posponer la revolución a un futuro indeterminado, una vez acabada la guerra. Sin embargo, también eran perfectamente conscientes de  que la  existencia de varios poderes rivales entre si (Generalitat, Comité Central, comités locales) provocaban una situación que iba en detrimento de la misma revolución y de la guerra contra los sublevados.
 
            Si el anarcosindicalismo se negaba a tomar el poder, sólo le quedaba la opción de colaborar con las instituciones republicanas. En estas circunstancias, la presión que ejercían sus aliados del Frente Popular, dueños de las armas y del dinero,  al exigir la necesidad de limitar y hacer retroceder a la revolución, a cambio de unos suministros limitados, era llover sobre mojado.
 
            El armamento y las divisas eran factores fundamentales para comprender los motivos de la capitulación del anarcosindicalismo, pero no son los únicos y quizás ni siquiera los más importantes.
 
            La CNT y la FAI se habían negado a tomar el poder porque no confiaban en poder mantenerlo en aquellas circunstancias (el ejemplo más demostrativo de esta posición lo encontramos en la intervención de Diego Abad de Santillán en el Plenario de Locales y Comarcales celebrado después de las jornadas de Julio (609)).
 
            El anarcosindicalismo tampoco sabía qué hacer con él, en tanto en cuanto su edificio ideológico se había basado tradicionalmente en el rechazo más absoluto a cualquier forma estatal. Desconcertados  por una situación inesperada, habían preferido, en los primeros momentos, mantener la ambigüedad, constituyendo el Comité Central de Milicias y permitiendo que la Generalitat siguiera existiendo en un segundo plano, aunque  ellos pudieran pensar que era de forma simbólica y que no significaba ningún peligro para su hegemonía. Es por este motivo, por el que los cuadros del anarcosindicalismo aceptaron la supervivencia del gobierno catalán como una supuesta apariencia legal de la revolución, que estaría destinada a calmar los ánimos  de las potencias extranjeras, cuando todo el mundo era consciente de que esta cobertura no engañaba absolutamente a nadie.
 
"(La CNT) Era también consciente de que la comedia que representaba el gobierno fantoche de la Generalitat no engañaba a las potencias extranjeras. El pacto de no intervención demostraba claramente que franceses y británicos no tenían ninguna simpatía por la República española a la que sabían en manos de la extrema izquierda. Las armas llegaban en cantidad insuficiente a pesar de su exorbitante coste. El gobierno de Madrid utilizaba sus débiles fuerzas en hacer difícil la defensa de Catalunya midiendo con cuentagotas su ayuda financiera..." (610).
 
 
            Sin embargo, las circunstancias de una revolución  estancada y de una guerra que ya se adivinaba larga y sangrienta imposibilitaban, cada vez más, las medias tintas iniciales: si los revolucionarios no estaban dispuestos a tomar el poder, sólo podían optar por la colaboración, cediendo la iniciativa política a sus aliados. Mantenerse al margen del poder en plena situación revolucionaria, sin armas y sin divisas, defendiendo el terreno conquistado por el movimiento revolucionario, era completamente imposible.
 
            Sin pretender negar que la grave carestía de armas y de divisas existente en la Catalunya revolucionaria pesaban profundamente en la conciencia de los dirigentes anarquistas, es por este motivo y no por otro, por el que los que habían sido hasta el momento, campeones del antiestatalismo justificaron la  quiebra de sus viejos principios antiestatalistas y su integración en el estado republicano, como una forma para legalizar las conquistas revolucionarias.
"Solidaridad Obrera" publicaba el 26 de Septiembre un artículo bajo el nombre de "Órganos nuevos adecuados al presente" en el que se defendía entre otras cuestiones, la necesidad de constituir inmediatamente un "Consejo de la Generalitat". La publicación libertaria exigía que la dualidad de poderes fuera superada con nuevos organismos, diferentes a los aparecidos en Julio. A pesar de la terminología utilizada (hablar de Consejo y no de  gobierno), la publicación libertaria no hacía otra cosa que justificar la futura integración de la CNT y de la FAI en el seno del nuevo gabinete gubernamental de concentración, que debería estar hecho a imagen y semejanza del Comité Central de Milicias. Intrínsecamente, se estaba firmando la pena de muerte de éste.
 
            La evidencia de que era necesario terminar con la dualidad de poderes para constituir uno sólo, que pudiera dirigir las energías revolucionarias que se habían desencadenado unos meses antes, era reconocida por la totalidad de las fuerzas políticas y sindicales. El verdadero eje de la cuestión era cual de los poderes, es decir, cual de los dos proyectos políticos que coexistían en el campo republicano debía subsistir.
 
            Con el editorial de "Solidaridad Obrera" los dirigentes cenetistas  ya habían escogido el camino que pretendían seguir. De esta forma, la tremenda derrota política que significaba   la integración en el aparato de estado republicano y la disolución del Comité de Milicias, se convertía en un generoso sacrificio y en una toma de responsabilidad necesaria para salvaguardar la marcha de la revolución, que debía seguir su marcha una vez acabada la contienda.
 
"Estamos percatados que la revolución seguirá avanzando dentro de unos meses, cuando el fascismo se bata en completa retirada, será hora de que las organizaciones obreras pasen a un plano de primera fila. Y entonces los representantes de la mesocracia pasarán a desempeñar un papel de colaboración, pero no de dirección" (611).
 
            La declaración de la CNT mostraba un desconocimiento absoluto de la dinámica de las revoluciones que habían precedido a la española. La ignorancia se completaba con un fuerte espíritu voluntarista, por el que se tenía plena confianza de que la situación revolucionaria podría revitalizarse, después de la guerra, con la sola voluntad de los dirigentes cenetistas. En el futuro, la realidad y las consecuencias del giro que acababan de hacer no serían tan sencillas como ellos esperaban.
 
            Otra fuerza política, el poumismo, había defendido en el seno del Comité Central de Milicias la creación de un bloque político con la CNT-FAI, para arrastrarlas hacia lo que consideraba como el avance y la consolidación de la revolución. La óptica tradicional del POUM, en la que éste estaba destinado  a jugar un papel secundario frente a las  grandes organizaciones del movimiento obrero, el anarcosindicalismo y la Izquierda Socialista, condenaba a esta organización a depender por completo de los giros políticos que éstas llevaran a cabo.
 
            La profundización de las actitudes colaboracionistas entre los cuadros dirigentes de la CNT encerraban al POUM en un grave aprieto. Incapaz de conseguir que los representantes libertarios se decidieran a poner toda la carne en el asador de la revolución, ahora se veían arrastrados por éstos en su retroceso.
Desde la constitución del Comité Central de Milicias, el POUM había defendido la extensión de la fórmula catalana al resto del territorio republicano. La Junta revolucionaria estatal debería sustituir al débil gobierno republicano de Giral que había demostrado su impotencia frente a la sublevación.
 
            La propuesta sin embargo no podía sostenerse, en tanto en cuanto era la única organización obrera que estaba dispuesta a defender este proyecto.
 
            Las direcciones de las diferentes fracciones en las que se encontraba fragmentado el Partido Socialista, incluida su ala izquierdista, el largocaballerismo, se habían manifestado partidarias de mantenerse dentro del pacto del Frente Popular.
 
            De forma similar había respondido el Partido Comunista oficial, partidario entusiasta del gobierno republicano. Mientras que la posición inicial del anarcosindicalismo había sido la de rehuir cualquier tipo de concreción al respecto.
 
            Solo unos meses más tarde, a medida que el desgaste político de la CNT se iba haciendo cada vez más evidente, las organizaciones libertarias se decidieron a proponer una nueva fórmula que se acercaba a las demandas poumistas. Sin embargo y en esta situación, el anarcosindicalismo partía de una posición de debilidad que iba a ser aprovechada por sus adversarios políticos (ver el capítulo referente a la integración de los anarcosindicalistas en el gobierno de Largo Caballero). En cualquier caso, las demandas del POUM de extender y profundizar la revolución no coincidían  en absoluto con las mantenidas por el resto de las organizaciones obreras estatales.
 
            De la misma forma que el anarcosindicalismo presentaba síntomas cada vez más evidentes de su agotamiento político y de su falta de iniciativa para desbloquear la situación, el POUM sufría un proceso similar. Los dirigentes libertarios no estaban dispuestos a tomar el poder y daban síntomas de que iban a aceptar la integración de sus organizaciones en el nuevo gobierno de la Generalitat (llamado eufemísticamente "Consejo", para disimular la evidencia de la quiebra de sus principios antiestatalistas tradicionales).
 
            Según el testimonio de Andreu Nin y de diferentes dirigentes del partido, frente a las propuestas de disolución del Comité Central de Milicias el representante del POUM propuso la reestructuración de éste, para convertirlo en un auténtico gobierno revolucionario (612).
 
            Al quedar en minoría  se veía obligado, cada vez más, a escoger entre romper con los dirigentes cenetistas, partidarios de la línea colaboracionista, para acercarse a los dispersos comités revolucionarios locales, o seguir los pasos de sus aliados con la esperanza de conseguir posteriormente un nuevo giro político que les permitiera recuperar el terreno perdido.
 
"La actitud del POUM delante de la perspectiva del gobierno de unidad... el POUM no renunciaba ni temporalmente, como en la práctica lo hacían los dirigentes de la FAI y de la CNT, a la revolución proletaria. Bajo la argumentación de ganar la guerra por encima de todo, lo que se hacía era ahogar la revolución socialista, restituir la República democrática y cumplir tan solo la revolución democrática. Renunciar a la revolución socialista, y al establecimiento de la dictadura del proletariado era empezar a perder la guerra. El POUM mantuvo siempre esta posición... Las reticencias mayores delante del gobierno de unidad surgieron del POUM, como de quien está seguro de los callejones que seguiría. La decisión era difícil. Entrar en el Consejo de la Generalitat era admitir formar parte de un gobierno de Frente Popular, cosa que estaba en contradicción con las tesis del POUM. Negarse a entrar en el gobierno era correr el riesgo o tener la seguridad de quedar definitivamente al margen de la política catalana. La actitud de Nin fue la de participar en el gobierno con la confianza de frenar, con la colaboración de los consejeros de la CNT y de la FAI, los impulsos contrarrevolucionarios del PSUC y de la UGT" (613).
 
            Paralelamente a las conversaciones que estaban llevando el representante del gobierno de la Generalitat, Josep Tarradellas y los líderes cenetistas, éste mantenía contactos similares con el secretario del POUM, Andreu Nin, consiguiendo finalmente   su colaboración (614).
 
            El compromiso de Nin provocó discrepancias y protestas en el ala izquierda de su partido, que se oponía a hacer ningún tipo de concesión a los partidarios de la restauración del Estado republicano (615). Este hecho también significó la ruptura política completa entre  Nin y Trotsky, su viejo amigo, maestro y colaborador.
 
            Ante la grave disyuntiva política en la que se encontraba sumido el poumismo, se procedió a adaptar sus tesis tradicionales al nuevo giro que se estaba preparando, para poder justificarlo ante sus críticos de dentro y de fuera del partido.
 
            El día 17 de Septiembre, el periódico "La Batalla" defendía la formación de un gobierno clasista, que debería estar integrado por todos los sindicatos y partidos obreros, y que tendría  como principal misión, la de dirigir y unificar todas las energías   de la población para conseguir el triunfo de la guerra y de la revolución. Aparentemente, el POUM repetía la que había sido su tesis central desde la formación del Comité Central de Milicias en Julio. Sin embargo la similitud era tan solo aparente, en la misma declaración se precisaba que el carácter clasista del gobierno estaba determinado más por su programa que por sus componentes (616).
 
            La nueva afirmación defendida por el POUM iba dirigida principalmente al resto de las organizaciones que todavía integraban el Comité Central de Milicias. El poumismo había rechazado hasta aquel momento, la participación en las tareas del gobierno revolucionario que debía formarse, de las organizaciones republicanas, que consideraba completamente superadas por la realidad revolucionaria. Sin embargo y ante el avance de las negociaciones secretas entre la regional anarcosindicalista y los representantes de la Generalitat, el POUM dejaba entrever sus intenciones de no convertir esta condición en algo innegociable.
 
"Desde el primer momento, la revolución tomó en Catalunya un carácter proletario y la clase trabajadora se hizo dueña absoluta de la situación. Los órganos normales de gobierno prosiguieron y siguen existiendo normalmente. Pero la aparición de organismos paralelos, tales como el Comité Central de Milicias y el Consejo de Economía convierten a aquellos en una pura ficción. ESTE ESTADO DE COSAS, COMPRENSIBLE EN EL PRIMER MOMENTO, NO CORRESPONDE YA A LA SITUACIÓN. SE IMPONE LA CONSTITUCIÓN DE UN PODER FUERTE, CAPAZ DE RECOGER LAS ANSIAS EMANCIPADORAS DEL PROLETARIADO Y DE CREAR LA NUEVA LEGALIDAD REVOLUCIONARIA, BASADA EN LA EXPROPIACIÓN DE LA BURGUESÍA Y EL ESTABLECIMIENTO DE LAS BASES DE UNA ECONOMÍA SOCIALISTA. Esta misión no puede cumplirla más que un gobierno obrero, en este sentido el Comité Central (del POUM) estima hoy, como ayer, que este gobierno debería estar compuesto EXCLUSIVAMENTE por representantes de los partidos obreros y de las organizaciones sindicales, PERO SI ESTE PUNTO DE VISTA NO ES EL COMPARTIDO POR LAS DEMÁS ORGANIZACIONES OBRERAS, NO HACE DE ÉL, UNA CUESTIÓN CERRADA, con tanto mayor motivo, cuanto EL MOVIMIENTO REPUBLICANO DE IZQUIERDA TIENE UN CARÁCTER PROFUNDAMENTE POPULAR, QUE LE DISTINGUE RADICALMENTE DEL REPUBLICANISMO DE IZQUIERDA ESPAÑOL, ESPECIALMENTE BURGUÉS...". (617).
 
            Con esta declaración, los dirigentes del POUM daban un nuevo paso, y preparaban su visto bueno a la disolución del Comité Central de Milicias y a la integración de todas las organizaciones en un nuevo gobierno de la Generalitat.
 
            El POUM  aceptaba, a regañadientes, la entrada en el gobierno revolucionario de los nacionalistas catalanes, debido a su carácter "profundamente popular" y ¡cómo no!, también porque su punto de vista no era compartido por el resto de organizaciones. Por eso el POUM no estaba dispuesto a hacer de la composición del gobierno una cuestión cerrada. El cambio se justificaba  por la supuesta evolución que habrían sufrido los republicanos catalanistas durante los meses posteriores al comienzo de la guerra, a causa de la presión revolucionaria. La nueva caracterización que hacía ahora el POUM, diferenciaba a la izquierda republicana española, de "naturaleza burguesa" de la catalana que tendría "un carácter profundamente popular". La diferenciación que hacía de ambas naturalezas políticas no era  otra cosa que la coartada con la que pretendía justificar el cambio de posición que se estaba gestando.
 
            La definición del carácter de las organizaciones nacionalistas iba acompañado de una nueva caracterización de la situación revolucionaria en Catalunya. La dualidad o multiplicidad de poderes existente, bajo el predominio de un anarcosindicalismo paralizado ante la posibilidad de la toma del poder, era convertido en la "dictadura del proletariado".
 
            El 8 de Septiembre, el principal órgano del POUM, "La Batalla", publicaba íntegramente la intervención de Andreu Nin en el mitin que se había realizado en el Gran Price dos días antes:
 
"¿Qué es la dictadura del proletariado? es la autoridad ejercida única y exclusivamente por la clase trabajadora, la anulación de todo derecho político y de toda libertad para los representantes de las clases enemigas. Si la dictadura del proletariado es esto, compañeros, yo os afirmo que hoy en Catalunya, existe la dictadura del proletariado..." (618).
 
            Los planes para restaurar el viejo y desacreditado orden republicano, que había demostrado a lo largo de más de cinco años su incapacidad para resolver los problemas más acuciantes de la sociedad española, eran borrados de un plumazo de las nuevas tesis del POUM.  Desde este punto de vista, los representantes de las "clases enemigas" quedaban todos del lado del bando franquista, mientras que la fuerza de los partidarios de la restauración republicana era claramente minusvalorada.
 
            La óptica poumista se complementaba con su absoluta confianza en la hegemonía anarcosindicalista y en una visión del "gobierno obrero" que se limitaba a un gabinete gubernamental formado exclusivamente por los partidos y sindicatos obreros (y en este caso, con la participación de las organizaciones republicanas catalanas). De este modo se hace perfectamente comprensible el hecho de que el POUM acabara aceptando formar parte del nuevo "Consejo de la Generalitat". Al fin y al cabo se trataba de una simple reestructuración. Ambos poderes se unificaban, manteniendo la correlación de fuerzas y el predominio anarcosindicalista que habían existido en el interior del Comité de Milicias.
            Todo el edificio de la política del POUM descansaba en la hegemonía que todavía mantenía el anarcosindicalismo. Sin embargo, el POUM infravaloraba la profunda crisis en la que se encontraban sumidos los dirigentes de la CNT y de la FAI, y que se reflejaba en su cada vez más patente falta de iniciativas y en su constante retroceso frente a la presión de los partidarios de la restauración republicana. En su manifiesto,el POUM, exigía dos condiciones que  consideraba como irrenunciables, para aceptar poder formar parte del nuevo gobierno de la Generalitat que se estaba gestando:
 
a) La entrada de todas las organizaciones obreras en el nuevo gobierno autónomo, es decir, que solo entrarían en él, si el anarcosindicalismo tomaba la decisión de hacerlo (esta deducción resulta evidente, en tanto en cuanto, el PSUC y la UGT, como miembros del Front d'Esquerres y aliados de la Generalitat ya habían intentado integrarse a principios del mes de Agosto).
"Esta colaboración podría negarse, solo en el caso de que no integraran el nuevo organismo que se cree, todos los partidos de la clase trabajadora, y, EN PRIMER LUGAR, LA CNT Y LA FAI...". (619).
 
b) Una declaración política de principios que debería hacer el nuevo gobierno, afirmando sus intenciones inequívocas de apoyar la revolución socialista que se estaba llevando a cabo. Esta segunda condición fue duramente criticada   por la oposición de izquierdas que consideró que dicha declaración sólo era papel mojado, que sería incumplido por sus adversarios en el momento en el que las condiciones se lo permitieran.
"Respecto a la colaboración del POUM en el gobierno de la Generalitat, los acontecimientos han desmentido la teoría según la cual, un gobierno se define por su programa y no por su composición orgánica" (620).
 
            Las dos condiciones que el POUM exigía para integrarse, en realidad, no eran tales. Una vez más, la posibilidad de quedar aislados políticamente hacía que el POUM aceptara posiciones que poco antes habían  rechazado tajantemente. La filosofía que adoptaba no era nueva, era exactamente la misma que había adoptado a finales de 1935, en los debates que habían dado lugar al Frente Popular. El POUM había considerado a la coalición frentepopulista como "de colaboración de clases" y por lo tanto opuesto a sus objetivos revolucionarios.
 
            Finalmente, el temor a quedarse al margen de la escena política había hecho que el poumismo aceptara su integración "táctica". Ahora, en el mes de Septiembre de 1936, se disponía a hacer lo mismo, entrando a formar parte de un gobierno, de naturaleza frentepopulista, que condenaba. Tan sólo tres días antes de la formación del nuevo gabinete unificado de la Generalitat, el POUM lanzaba su respuesta definitiva, que no era otra cosa que la confirmación de las tendencias reflejadas en sus declaraciones anteriores: si el anarcosindicalismo había aceptado entrar a formar parte del nuevo gobierno, el POUM estaba dispuesto a seguir sus pasos:
 
"(El POUM) ha fijado su posición ante la posible eventualidad de un cambio de situación gubernamental en Catalunya. Como consecuencia de las circunstancias del retraso de los otros partidos proletarios en orientarse por el camino gubernamental exclusivamente de clase, por la dictadura del proletariado, y teniendo en cuenta el proceso de radicalización de cierta parte de la burguesía catalana, nuestro partido acepta la intervención de un gobierno de gran mayoría obrera con una mínima intervención de la pequeña burguesía radical" (621).
 
            Para el POUM, el aislamiento político, lejos del resto de las organizaciones obreras y especialmente de los dirigentes de la CNT-FAI, (en quien confiaba el papel principal de organización dirigente de la revolución española) equivalía a la muerte política. Ante el dilema, la dirección del POUM se había orientado hacia la colaboración gubernamental con grupos que defendían un  proyecto político completamente opuesto al suyo. En el manifiesto, la situación política y las fuerzas que estaban en pugna quedaban desdibujadas: Lluís Companys y ERC eran presentados con un ropaje "radical" que no correspondía a sus planes políticos moderados. El PSUC, el principal baluarte en Catalunya de la restauración republicana, formaba parte de la "gran mayoría obrera" que se había "retrasado" para orientarse hacia la revolución socialista. La dirección, sensible a las críticas que el cambio había  provocado entre muchos de sus propios militantes procedió a justificar el giro como un ajuste transitorio de su política, que resultaba imprescindible para alcanzar los fines que el partido se había propuesto. En el Comité Central ampliado del POUM que se celebró en la Sala Mozart de Barcelona, entre los días 12 y 16 de Diciembre de 1936, y en su informe, el secretario del partido, Andreu Nin confesaba:
 
"Nosotros sosteníamos la tesis de que era necesario un gobierno obrero y que la formación de este gobierno obrero no sería posible si antes no se creaban los órganos de poder del proletariado... nuestra participación fue acertada. El partido no podía hacer otra cosa que intervenir. ¿Era ese gobierno el que responde a nuestras aspiraciones? se trata de un gobierno fruto de una situación transitoria que agrupa a todas las organizaciones obreras de Catalunya, tiene un programa socialista y una mayoría obrera en el interior de este gobierno" (622).
 
            Uno de los más destacados dirigentes del POUM, Juan Andrade, junto a otros dirigentes poumistas afirmaron posteriormente, para justificar el giro  de su organización, que la negativa a entrar en el nuevo gabinete del gobierno de la Generalitat habría facilitado los planes del PCE-PSUC para ilegalizar al poumismo (623). El argumento era a todas luces incorrecto. Los planes del estalinismo en España, para acabar con los  comunistas disidentes del POUM tendrían todavía que esperar varios meses. Existían una serie de factores políticos que hacían que estos objetivos fueran completamente inviables, por lo menos por el momento: la preponderancia del anarcosindicalismo y de la Izquierda Socialista, la existencia de un todavía poderoso movimiento revolucionario que anidaba en la multitud de comités.
 
            La ilegalización del POUM sólo fue posible  después de las jornadas de Mayo de 1937 en Barcelona, cuando la revolución agonizaba y el PCE-PSUC eran infinitamente más poderosos que en el mes de Septiembre de 1936. En aquellas condiciones y aunque el anarcosindicalismo, completamente quebrado, no opondría ninguna resistencia a las exigencias estalinistas, sí que precipitarían la caída del gabinete de Largo Caballero que se opuso terminantemente a que un partido obrero pudiera ser ilegalizado.
 
            El argumento defendido por Juan Andrade, por otro lado, se contradice con la opinión de otro testigo privilegiado de los acontecimientos, y quizás en este caso más imparcial, Jaume Miravitlles:
 
"...fue gracias a la campaña de los hombres de Moscú que el POUM entró en el gobierno. En efecto, tenían miedo de que en el ambiente revolucionario que se vivía en aquella época, la no participación del POUM en las tareas y responsabilidades del gobierno le diera una plataforma de oposición extremadamente peligrosa para la evolución del movimiento comunista en Catalunya" (624).
 
            En realidad y como muy bien afirma Jaume Miravitlles, en los planes del PSUC no entraba en aquellos momentos la persecución del poumismo disidente, sino conseguir su integración en el nuevo gabinete gubernamental. Los partidarios de la Generalitat eran perfectamente conscientes de la importancia política que tenía el hecho de que ninguno de los grupos que integraban el Comité Central de Milicias  pudiese quedarse descolgado de la maniobra. El POUM estaba fuertemente implantado en la Catalunya revolucionaria, y sus fuerzas eran todavía tan importantes como las del PSUC, a pesar del fuerte crecimiento que  éste había experimentado en las últimas semanas.
 
            Era necesario primero comprometer a todas las fuerzas en la tarea de reconstrucción del aparato gubernamental. La disolución de los comités, de las patrullas de control y de las milicias, y su sustitución por nuevos ayuntamientos, por una nueva policía y por un nuevo ejército, tenía que contar con la bendición, o por lo menos con la pasividad de todas las fracciones obreras. Después ya habría tiempo para ajustar las cuentas al comunismo antiestalinista.
 
            El 26 de Septiembre se constituye el nuevo gabinete de la Generalitat  en el que,  por primera vez  formaban  parte  de él, delegados de la CNT, de la FAI y también del POUM. Finalmente, Companys había triunfado allí donde Casanovas había fracasado a principios de Agosto.
 
            En el nuevo gobierno catalán (llamado Consejo para dulcificar el paso dado por los dirigentes cenetistas), los nacionalistas de ERC obtenían tres carteras: Hacienda (Josep Tarradellas), Gobernación (Artemi Ayguadé) y Cultura (Ventura i Gassol); la Unió de Rabassaires mantenía la de Agricultura (Josep Calvet); mientras que el PSUC conseguía gracias a su control sobre la UGT: las de Trabajo (Miguel Valdés) y la de Servicios Públicos (Juan Comorera), paradójicamente el anarcosindicalismo solo ocupaba tres carteras de segundo rango: Economía (Juan P.Fabregas), Abastos (Juan J.Doménech) y Sanidad (Antonio García Birlán), mientras que el POUM sólo conseguía la de Justicia (Andreu Nin). El importante departamento de guerra quedaba en manos de un militar profesional, el coronel Diaz Sandino, que  había estado fuertemente influido por Juan García Oliver (que sería nombrado Secretario General de Defensa, mientras que la marginal Acció Catalana conseguía un puesto de Consejero sin cartera (Rafael Closas) que le permitía seguir estando representada en el nuevo gabinete.
 
            Juan García Oliver describe detalladamente a los nuevos consejeros de la CNT y de la FAI en el nuevo Consejo gubernamental, que son catalogados como simples burócratas, perfectos representantes de la creciente ala colaboracionista. Antonio García Birlán no estaba afiliado a la Confederación, y mantenía una postura anarquista fuertemente teñida de antisindicalismo; Juan P.Fábregas antes de la guerra, había estado íntimamente ligado a los círculos derechistas de la Lliga, amigo personal de Federica Montseny; sólo Juan J. Doménech  pertenecía realmente a la CNT (625).
 
            Al parecer el acuerdo en el seno de la CNT se había llevado a cabo a partir de un Plenario, fomentado por el ala colaboracionista (Diego Abad de Santillán, Federica Montseny y  Marianet) en el que no habían sido invitados los representantes que formaban parte del Comité Central de Milicias, ni siquiera en calidad de observadores (626).
 
            La formación del nuevo gabinete gubernamental catalán se realizó sin que se hubiese acordado formalmente la disolución del Comité Central de Milicias, auténtico poder real en Catalunya. Difícilmente se puede hablar entonces, de que lo que se estaba llevando a cabo era una fusión entre ambos poderes, tal como lo presentó la prensa, sino de la renuncia de la dirección de la CNT y de la FAI a seguir manteniendo el Comité Central (627). La situación que se volvía cada vez más tensa tenía que resolverse  con rapidez. Aunque todas las organizaciones obreras contasen con representantes en el nuevo gobierno autónomo, éste no tenía  todavía la capacidad suficiente para proceder con violencia  a la disolución del Comité Central de Milicias. Los representantes de las organizaciones lo eran en realidad de los comités ejecutivos de éstas. En ningún caso se contó previamente con la voluntad  de las bases para aceptar o rechazar la integración.
Los principales representantes cenetistas en el seno del Comité Central de Milicias, decidieron mantener la existencia de éste, sin darse por enterados de la nueva maniobra de la Generalitat.
 
            Con esta actitud Juan García Oliver y Aurelio Fernández pretendían forzar a los partidarios del nuevo gabinete a negociar una nueva redistribución de las carteras. En este sentido, el sector más radical de la CNT aceptaba la capitulación. El problema que se barajaba en aquellos momentos era el precio que debía pagarse por ésta.
 
            La tesis de los delegados anarcosindicalistas que formaban parte del Comité Central de Milicias era que, dada la situación, este organismo estaba condenado a morir. Para éstos, mantener el control de los principales departamentos del nuevo gobierno de la Generalitat significaría el mantenimiento del Comité de Milicias bajo otro nombre más legalista. Su error consistía en creer que toda la cuestión residía en mantener una correlación de fuerzas, de naturaleza burocrática, que no correspondía a la realidad, mientras que sus compromisos políticos aumentaban día a día.
 
            El futuro iba a demostrar que pese a conseguir sus propósitos, la CNT iba a retroceder más y más, y con ella iba a arrastrar al movimiento revolucionario.
 
            Durante los días posteriores, el Comité Central de Milicias siguió reuniéndose habitualmente, como si nada hubiera cambiado en la situación. El hecho de que nadie se atreviese a disolver en aquellos momentos el Comité de Milicias, alegando que había sido  superado por la nueva realidad (el nuevo gabinete contaba con el visto bueno de todas las organizaciones obreras), parece confirmar la idea defendida por Juan García Oliver de que la integración en el gobierno de la Generalitat fue recibida con muestras de desaprobación, o  de desconfianza por parte de las bases cenetistas.
 
"...el Comité de Milicias seguía funcionando como si nada hubiese ocurrido. Y seguía existiendo el temor de que, en un momento dado las unidades anarcosindicalistas del frente de Aragón viniesen a Barcelona, abandonando las posiciones, sin exceptuar a la columna de Durruti, en la que había gran descontento" (628).
 
            En efecto, la audaz maniobra corría peligro de fracasar, tal como había ocurrido a principios del mes de Agosto. El nuevo gabinete, a pesar de contar con la colaboración del Comité Regional de la CNT y con el POUM (éste último de manera forzada, si nos atenemos a las declaraciones de sus dirigentes), no tenía la fuerza suficiente para imponer su voluntad.
 
            A pesar de todo, el Comité Central seguía controlando la mayor parte de las milicias del frente de Aragón y de la patrullas de control, además de contar con el apoyo de gran parte de las bases sindicales que estaban integradas en los comités locales y en las colectivizaciones.
 
"El día 29, la presión había subido en el Consejo de la Generalitat. A cada momento, se hacía más precaria la existencia del nuevo gobierno catalán con representantes de la CNT, el POUM y el PSUC. A todos los sectores representados en él les urgía la normalización de las funciones. No habiendo tomado posesión efectiva de sus Consejerías los consejeros de Defensa y Seguridad interior, no valía la pena que celebrase reunión de conjunto el Consejo. Si la maniobra se hizo para despojarnos del control de las fuerzas armadas, la operación podía darse por fracasada" (629).
 
            Sin embargo el presidente Companys y el PSUC contaban a su favor, con un factor político importante con el que no habían contado en el mes de Agosto: el fuerte desgaste  del anarcosindicalismo. Inmersos en un profundo retroceso, la única alternativa que defendían los sectores cenetistas más radicales era la de vender su hegemonía al mayor precio posible, tras aceptar la inevitabilidad de su capitulación.
 
"García Oliver fue uno de los pocos dirigentes que comprendió que la política cenetista solamente tenía futuro si Catalunya se mantenía fuerte y sin resquebrajaduras. Por eso se opuso a la disolución del Comité de Milicias que <<debió subsistir hasta la negociación de una nueva convivencia hispánica>>" (630).
 
            Tal como afirma Vicenç Guarner, en realidad no existió ningún obstáculo serio para disolver el Comité Central de Milicias. En plena bancarrota política, los dirigentes libertarios más radicales no disentían en el hecho de que se produjese la integración, la aceptaban de forma fatalista. Sin  embargo en lo que no estaban dispuestos a transigir era en las condiciones humillantes para la CNT, en las que se producía. En el nuevo gobierno, el anarcosindicalismo perdía el control sobre los departamentos más importantes, para ocupar carteras de carácter secundario. Esta concesión significaba entregar la dirección del movimiento revolucionario a las organizaciones partidarias de la restauración republicana.
 
            Los adversarios del Comité Central de Milicias estaban dispuestos a renegociar las condiciones para la integración por gravosas que éstas pudiesen ser. Cualquier precio era bueno para  conseguir sus propósitos. Lo menos importante en aquellos momentos eran las exigencias de Juan García Oliver y Aurelio Fernández, lo verdaderamente importante era que tanto la CNT-FAI, como el POUM se integraran definitivamente en el compromiso político que significaba el nuevo gobierno de la Generalitat. Una vez conseguido, ya habría tiempo para ir recuperando progresivamente la autoridad de la República. El compromiso entre los partidarios de la restauración y los sectores más radicales permitiría a los primeros vencer las resistencias de los organismos aparecidos al calor de la revolución, evitando la posibilidad de que estos pudieran dar una respuesta organizada que pudiera poner en peligro sus planes.
 
            Finalmente las condiciones exigidas por los miembros libertarios del Comité Central de Milicias fueron aceptadas sin resistencia por parte de la Generalitat. El día 1 de Octubre se publicaban los nombramientos de Juan García Oliver que pasaba a dirigir la Secretaría General de Defensa y Aurelio Fernández la de Seguridad Interior. De esta manera, Defensa y Seguridad seguirían estando controlados por los anarcosindicalistas. El mismo día por la noche, se realizaba la última sesión del Comité Central de Milicias Antifascistas de Catalunya, en la que éste procedía a su disolución. El día 3 de Octubre se publicaba el decreto por el que el organismo que había dirigido durante más de dos meses los destinos de la Catalunya revolucionaria, dejaba de existir.
"El Comité de las Milicias Antifascistas, creado por decreto el 21 de Julio pasado, ha entendido que, completada la misión que en los primeros tiempos de la sublevación militar, tan acertadamente, por cierto, ha desempeñado, tenía que disolverse" (631).
 
            Los distintos departamentos en los que se encontraba dividido el Comité Central de Milicias pasaron a depender de las diferentes consejerías del gobierno de la Generalitat. De esta forma quedaba completado su desmantelamiento.
 
            La prensa de los partidos y de los sindicatos obreros saludaron la formación del nuevo gabinete de la Generalitat de forma similar:
 
"Treball", el órgano de prensa del Partido Socialista Unificado declaraba el 30 de Septiembre que el nuevo gobierno, al reunir en su seno a todas las fuerzas antifascistas de Catalunya, tendría la autoridad necesaria para concentrar todos los esfuerzos en conseguir la victoria militar sobre los franquistas.
 
"El nuevo Consejo de la Generalitat es el auténtico representante de todas las fuerzas antifascistas que luchan en el frente. Todo el mundo se siente representado y se puede decir y afirmar de una manera categórica que los hombres que han tomado la responsabilidad del organismo supremo de Catalunya, cuentan con la adhesión incondicional de todas las masas antifascistas de nuestro pueblo" (632).
 
            La publicación aprovechaba para relanzar sus ataques contra las "irresponsables probaturas de un revolucionarismo pueril" y contra los organismos de la revolución. El nuevo gobierno tendría que proceder a desarmar la retaguardia y a retomar el control de todo el territorio catalán.
 
            La declaración publicada por "Solidaridad Obrera", el 29 de  Septiembre, consideraba que la integración había sido necesaria para el bien de la revolución y con la integración ésta seguía avanzando. En la óptica libertaria, el gobierno de la Generalitat pasaba ahora a convertirse en una especie indefinida de poder que pasaría a llamarse "Consejo".
 
            El Plenario de regionales que había decidido la integración consideraba que:
 
"En Catalunya no era posible para el bien de la revolución y por el mismo porvenir de la clase trabajadora que persistiese una dualidad de atribuciones. Era preciso que de una manera simple,  la organización que controla la inmensa mayoría de la población trabajadora se situase en el plano de las decisiones administrativas y ejecutivas".
 
"...Ya no se podía sostener un consejo pequeño burgués, ni un conglomerado izquierda socialista, no había otra solución que nosotros ocupásemos el lugar que nos corresponde por la importancia que poseemos en la calle" (633).
 
            Para los dirigentes cenetistas que bendecían la integración, la fuerza que poseía su organización en el seno del movimiento obrero permitiría que el nuevo gabinete no se desviase hacia objetivos contrarrevolucionarios.
 
            Por otro lado, "La Batalla", órgano del Comité Central del POUM consideraba que la crisis del antiguo gabinete de la Generalitat quedaría superado con la formación del nuevo Consejo del que iban a formar parte el POUM y las organizaciones libertarias (634). Dos días después y en la misma publicación, Andreu Nin, secretario del partido y nuevo consejero de Justicia declaraba que el eje de su política en el nuevo gobierno de la Generalitat iba a ser la legalización de las conquistas revolucionarias que los trabajadores había hecho en la calle (635).
 
            El POUM criticó que en el nuevo gabinete su representación estuviera insuficientemente representada frente al resto de partidos y sindicatos que lo componían.
 
"... estamos en una etapa de transición en la que la fuerza de los hechos nos ha obligado a la colaboración directa en el Consejo de la Generalitat, en unión de las demás organizaciones obreras. El desarrollo triunfal de la guerra civil es el desenvolvimiento político de la revolución, que irá teniendo sus propias exigencias. De la formación de los comités obreros, campesinos y combatientes, que nosotros propagamos y alentamos, surgirán las representaciones directas del nuevo poder proletario" (636).
 
            En la nueva orientación del POUM, el nuevo gabinete representaba el gobierno fuerte, el "Consejo de hierro" que había estado reclamando durante semanas para conseguir la victoria decisiva sobre el ejército sublevado. Era necesario que el ejemplo de integración que se había llevado a cabo en Catalunya, fuera imitado a nivel del gobierno estatal (es decir, que el anarcosindicalismo y también el poumismo estuviesen representados en el gobierno de Largo Caballero) (637).
 
            El programa del nuevo gabinete unificado del gobierno de la Generalitat estaba centrado en llevar a cabo "la máxima concentración en el esfuerzo para ganar la guerra, sin retroceder ante ningún medio  para contribuir a una victoria rápida" (638).
 
            La máxima encerraba los ejes de la política que iba a desarrollar en los meses siguientes el nuevo gobierno catalán, a pesar de la importante presencia que pudieran tener en su seno anarquistas y poumistas: En nombre de la victoria militar se iba a proceder a liquidar los organismos y las conquistas sociales que la revolución había conseguido durante aquellos meses.
 
 
 
 
 
 
4.7 ALGUNAS CONCLUSIONES SOBRE LA DISOLUCIÓN DEL COMITÉ CENTRAL DE MILICIAS ANTIFASCISTAS DE CATALUNYA.
 
            El Comité Central de Milicias Antifascistas había   existido durante más de dos meses. Durante todo este período había sido el poder indiscutible e indiscutido en toda la Catalunya revolucionaria. El Comité había encarnado, durante todo este tiempo, la realidad política existente, la dualidad o multiplicidad de poderes. El organismo que centralizaba el poder en toda Catalunya era, sin embargo, fruto de la renuncia a ejercer el poder por parte de los triunfadores indiscutibles de las jornadas de Julio: los anarcosindicalistas. La Junta que representaba la cúspide del  poder territorial se había conformado a partir de un pacto entre los órganos dirigentes de los partidos y sindicatos "antifascistas". La multitud de   comités revolucionarios locales que habían surgido en toda la geografía catalana quedaron marginados del proceso. Las bases organizadas de los partidos y sindicatos, y la población trabajadora en general no tuvieron ninguna representación directa, o en todo caso si la tuvieron fue de forma muy indirecta, en el Comité Central de Milicias. El movimiento revolucionario que acababa de triunfar, quedaba al margen de lo que constituía la cúspide del poder, que era donde realmente se decidía el destino de la revolución.
 
            Este cuadro existente hacía que la situación de dualidad de poderes: el combate entre los partidarios de la revolución de los comités y los de la contrarrevolución democrático-republicana, se decidiera a través de las decisiones de los dirigentes de las diferentes organizaciones. La revolución no podía permitir la existencia de la dualidad de poderes durante un tiempo indeterminado. La extrema inestabilidad tenía que resolverse rápidamente hacia uno de los dos extremos. A pesar del compromiso existente entre anarquistas, poumistas, catalanistas y socialistas unificados, se adivinaba el futuro e inevitable   enfrentamiento que iba a producirse entre las dos fracciones en las que se encontraba dividido el panorama político catalán.
 
            Los objetivos de ambas corrientes eran demasiado antagónicos para que pudiera existir un compromiso entre ellas. La dualidad de poderes no era otra cosa que el velado combate a muerte entre las dos fracciones en las que se encontraba dividido el campo republicano. El resultado de este enfrentamiento iba a orientar decisivamente el rumbo de la revolución e influiría, de manera muy importante, en el resultado de la guerra. Sin duda alguna, la victoria o la derrota de cada una de las fracciones dependía principalmente de la claridad y la audacia de cada una de ellas.
Paradójicamente, la disolución del Comité Central no acabaría con la dualidad de poderes existente. Pese al decisivo reforzamiento del gobierno catalán, provocado por la entrada de las organizaciones obreras en su seno, el movimiento revolucionario siguió manteniendo durante todo un período de tiempo sus propios organismos de poder (milicias, patrullas de control, comités locales, colectivizaciones). La integración de las organizaciones obreras en la Generalitat fue el inicio de una situación en la que la preponderancia del movimiento obrero tocaba a su fin.
"Sin embargo, se puede decir que el gobierno de Catalunya está en crisis desde el primer momento. No ha habido manera de que pudiera ser obedecido por la clase trabajadora de toda Catalunya. El hecho no tiene nada de sorprendente".
 
"Un gobierno de transición como éste no puede ser, naturalmente, un gobierno fuerte capaz de imponer un orden en el país, que refleja todas las vacilaciones propias de la situación. Las principales divergencias han surgido sobre la cuestión militar y la cuestión del orden público" (639).
 
            El hecho de que el mismo Comité Central de Milicias fuera un organismo de carácter burocrático, y de que los organismos revolucionarios sólo estuvieran ligados a su autoridad por medio de la que tenían los partidos y sindicatos obreros, hizo que éstos no se sometieran automáticamente a la autoridad  del nuevo gobierno. A pesar de la capitulación de  la CNT-FAI y del POUM, estas organizaciones no estaban dispuestas a aceptar voluntariamente la liquidación de la revolución de la que ellos se reclamaban.
 
            El período siguiente se iba a caracterizar por la ofensiva de un estado republicano restablecido, en pugna con los organismos revolucionarios, herederos del período anterior, que se resistían a someterse y a aceptar su desmantelamiento.
 
            La  supervivencia de la dualidad de poderes también  se explica por la naturaleza burocrática de la decisión de disolver el Comité de Milicias Antifascistas.
 
"Durante dos meses el poder habría estado atomizado en los comités gobierno locales, éstos no encontraban rival en el poder burgués, completamente desaparecido. La situación cambia al convertirse en gobierno de la Generalidad el Comité Central de Milicias y crearse en Madrid el gabinete presidido por Caballero. El poder capitalista encarna la dualidad de poderes propiamente dicha, la lucha entre el estado capitalista y los comités gobierno surgidos de la revolución" (640).
 
            En los dos meses largos de la existencia del Comité Central de Milicias, el anarcosindicalismo hegemónico se había batido continuamente en retirada. La CNT y la FAI, claras triunfadoras de las jornadas de Julio, se encontraron sumergidas en una situación revolucionaria que no esperaban y ante la que no se encontraban preparados. Medio siglo de rechazo absoluto de cualquier forma de poder y de sobrevaloración de las virtudes del espontaneísmo obrero trabajaban en su contra.
 
            El Congreso realizado en Zaragoza, apenas tres meses antes del estallido de la guerra y del inicio de la revolución, había reflejado un cuadro idílico que no correspondía en absoluto a la realidad revolucionaria que se desarrolló posteriormente. De esta manera, el anarcosindicalismo se encontraba políticamente desarmado para comprender la dinámica de los acontecimientos revolucionarios que estaban sucediendo.
 
"La incompetencia política de los líderes de la CNT, les impidió comprender sobre los hechos el sentido del episodio, y se dejaron desplazar sin mayores esfuerzos, de posiciones políticas que la revolución había conquistado en Julio del 36" (641).
 
            En efecto, no solo el dogma antiestatalista influyó en la línea política de los representantes libertarios. El desprecio tradicional hacia el poder político se combinaba con la creencia de que el control de la economía era suficiente para volver irreversible la situación revolucionaria a la que habían llegado.
            Dominando las calles y dirigiendo a la inmensa mayoría del proletariado catalán, la disolución del Comité de Milicias que nunca habían aceptado por completo y la integración en una Generalitat, en la que ellos controlaban los principales departamentos, no pasaba de ser una simple reestructuración. Lo importante era conseguir las armas necesarias para el frente, el dinero y las divisas para el funcionamiento de la economía colectivizada. Una vez alcanzada la victoria, ya habría tiempo para acabar con un Estado republicano que había mostrado su incapacidad histórica para satisfacer las demandas de la población trabajadora.
 
"La CNT y la FAI no renunciaban a las conquistas revolucionarias. La voluntad de colaboración de sus direcciones con los gobiernos de la República y de la Generalitat se movían siempre en un marco de ambigüedad determinado seguramente por quien se ve forzado a renunciar a los órganos de contrapoder que habían surgido por toda Catalunya" (642).
 
            El anarcosindicalismo se encontraba en una situación  políticamente muy delicada. La negativa a tomar el poder seguía siendo tajante, sin embargo, entregarlo por completo a sus adversarios del Frente Popular significaba dejar sus manos completamente libres para poder atacar las bases revolucionarias que se habían conseguido en los meses anteriores. La falta de otras alternativas había reforzado a los partidarios del colaboracionismo, que consideraban necesario romper los principios ideológicos tradicionales para evitar, desde sus puestos en el nuevo gobierno, las posibles maquinaciones de sus adversarios. Paradójicamente, los principios en nombre de los cuales se había renunciado a tomar el poder durante las jornadas de julio, ahora se rompían para pasar a formar parte de un gobierno que pretendía restablecer el viejo orden republicano  y liquidar la revolución.
 
            El hecho de que los dirigentes libertarios, ahora convertidos en consejeros de la Generalitat, pidieran a sus bases, obediencia hacia las decisiones del nuevo gobierno, provocó fuertes tensiones y un constante aumento del descontento en la CNT que perduraría hasta el final de la contienda.
Frente a las vacilaciones y el desconcierto del anarquismo, el POUM se mostró incapaz de adoptar una línea completamente independiente, que pudiera conducirlo al enfrentamiento con la dirección cenetista.
 
            Fiel a su visión tradicional de la revolución española, por la que consideraba al anarcosindicalismo y al socialismo de izquierdas como los principales ejes organizativos por los que ésta iba a desarrollarse, el POUM se autoasignó el papel de consejero de los dirigentes de la CNT. La revolución sólo podría llevarse a cabo arrastrando al anarquismo y al largocaballerismo hacia posiciones consecuentemente revolucionarias. Esta táctica y el menosprecio hacia la multitud de comités revolucionarios, que para el POUM jugaban un papel secundario en la cuestión del poder (táctica que había heredado del maurinismo del BOC, que consideraba que los organismos soviéticos eran extraños al carácter de la revolución española) se convirtieron en una trampa mortal.
 
            Ante el retroceso de la dirección anarquista que significaba su aceptación de disolver el Comité Central de Milicias, los dirigentes del poumismo optaron por seguir sus pasos, con la esperanza de poder reconducir la situación desde el nuevo gobierno de colaboración. De esta manera y prisionero de sus compromisos, el POUM tendría que dar su visto bueno al proceso de desmantelamiento de los organismos que habían surgido con la revolución, sin ser capaz de evitarlo.
 
            En contrapartida a la desorientación que expresaban el anarquismo y el poumismo, el ala derecha del Comité Central de Milicias, el PSUC-UGT y ERC, demostraban una gran comprensión  de la evolución de la situación revolucionaria y mantenían una línea política y unos objetivos mucho más claros que sus adversarios. La revolución de Julio había reducido a cenizas a la mayor parte del aparato del estado republicano. La policía, el ejército, los ayuntamientos, el estamento judicial y la burocracia, todo se había derrumbado ante el vendaval revolucionario desatado. Desde los inicios de la guerra, Lluís Companys y las organizaciones del Front d'Esquerres habían dirigido todos sus esfuerzos a limitar el alcance de la revolución y a reconstruir el viejo aparato estatal. Sin embargo, todos sus planes de restauración no podrían llevarse a cabo sin la colaboración de las organizaciones más radicales, la CNT-FAI y el POUM.
 
"Cuando Companys agradecía a los miembros del Comité de Milicias su <<leal colaboración>> tras la disolución de éste, ya tenía preparados los pasos ulteriores hacia el restablecimiento en plenitud de la autoridad estatal" (643).
 
            La disolución del Comité Central de Milicias era un gran triunfo para los partidarios de la restauración republicana, sin embargo, el movimiento revolucionario todavía no había sido vencido. Era necesario proceder con cautela, utilizar la nueva autoridad moral y política con la que contaba el nuevo gobierno unificado para seguir recuperando, paulatinamente, el terreno perdido. "Treball", el órgano central del Partido Socialista Unificado de Catalunya no podía ocultar su enorme satisfacción por el logro conseguido y exigía que el movimiento revolucionario se supeditase a la autoridad del nuevo gobierno de la Generalitat.
"...todas las fuerzas antifascistas de Catalunya habían llegado a la coincidencia que el nuevo Consell presupone y que son la garantía de acabar, si la coincidencia es leal y sincera, con los duplicados de directrices interiores y marchar con seguridad a la acción de la guerra que aplaste al fascismo aún amenazador...".
 
"... Todos hemos de velar para hacer cumplir los acuerdos del Consell que encarnarán por su composición la voluntad del pueblo, y todos hemos de reaccionar contra los provocadores que pretendan obstaculizar la labor del Consell de la Generalitat. Sean los que Sean los que sean y digan lo que digan" (644).
 
            Los dirigentes del PSUC no perdían el tiempo y aprovecharon la oportunidad para arremeter contra los sectores revolucionarios que pretendían proseguir las expropiaciones, de forma espontánea o siguiendo las directrices de sus propios sindicatos. En las páginas de "Treball" se exigía que se paralizase la oleada colectivizadora y que la miríada de comités existentes se sometieran a la autoridad política del gobierno de la Generalitat (645). ¿Cómo podía ser de otra manera, si los dirigentes de las organizaciones obreras más radicales, que contaban con el apoyo y la confianza de la mayoría de los trabajadores, formaban  ahora parte del nuevo gobierno?.
 
            Durante el período de existencia del Comité Central de Milicias, la línea del bloque del Front d'Esquerres había tenido dos ejes fundamentales: primero, una serie de operaciones, de maniobras y de tiras y aflojas, destinadas a comprobar hasta donde estaban dispuestos a llegar los dirigentes de la CNT-FAI-POUM, divididos entre sus deseos de mantener la unidad antifascista a toda costa y su fidelidad a las demandas de sus propias bases sociales; y segundo, aprovechar el compromiso que había dado lugar al Comité Central de Milicias, para evitar cualquier respuesta organizada de los sectores revolucionarios, descontentos por los avances del orden republicano. La disolución del Comité de Milicias significaba un gran paso en el logro de sus objetivos políticos.
 
            La integración en el nuevo gobierno de la Generalitat daría lugar a un nuevo período, que se caracterizaría por la ofensiva de los sectores partidarios del orden republicano y de la "revolución democrático-burguesa", y también por la decadencia de un movimiento revolucionario que vería como, una por una, le  serían arrebatadas sus conquistas.
 
"Al ingresar en el gobierno de Catalunya devolvió a éste una parte del poder efectivo que había perdido. La Generalitat recobró su vida política y su fuerza. Todas las coyunturas, internacional, española y catalana, contribuían a debilitar a la CNT. La confederación decidió al fin prestar sus fuerzas a la Generalitat, pero pronto tuvo que ponerlas al servicio de una política antirrevolucionaria" (322).
 
 

 

4.8 LA NATURALEZA DEL COMITE CENTRAL DE MILICIAS ANTIFASCISTAS DE CATALUNYA. UN FENÓMENO CONTRADICTORIO.
 
            Las jornadas de Julio habían provocado un auténtico terremoto social. Mientras la sublevación militar era derrotada en los principales núcleos urbanos y en la mayor parte del país, el Estado republicano se derrumbaba, impotente para mantener su autoridad política frente a los sectores revolucionarios que reclamaban su victoria.
 
            La experiencia republicana se había agotado por completo, después de más de media década de existencia. La victoria del Frente Popular en las elecciones del mes de Febrero, había dado lugar a un gabinete que estaba formado exclusivamente por republicanos y que era apoyado por socialistas y comunistas. Sin embargo, el republicanismo de izquierdas en el gobierno ya estaba  completamente desfasado. La población trabajadora que había votado al Frente Popular estaba mucho más a la izquierda que éste. En el período comprendido entre la victoria electoral y la sublevación militar, el gobierno había decepcionado a la práctica totalidad de las clases sociales.  Su política era prácticamente idéntica a la que habían llevado a cabo durante el bienio reformador  de 1931-1933. Las escasas ilusiones que todavía existían en Febrero, se agotarían rápidamente.
 
            La clase obrera, encuadrada mayoritariamente en las organizaciones socialistas y anarcosindicalistas, había considerado al gobierno republicano de izquierdas como una simple e inevitable antesala de la revolución que tanto habían prometido sus dirigentes. El paréntesis frentepopulista habría estado destinado a derrotar electoralmente a la derecha y a conseguir la liberación inmediata de los 30.000 represaliados de la insurrección de Octubre de 1934.
 
            El campesinado sin tierras tampoco estaba dispuesto a seguir esperando que una tímida e ineficaz reforma agraria satisficiese su hambre de tierras. En los meses siguientes al triunfo electoral del Frente Popular, gran cantidad de tierras en las regiones latifundistas fueron ocupadas por los jornaleros y antiguos arrendatarios que habían sido expulsados de ellas durante el bienio negro. Mientras tanto, los dirigentes de la Federación de Trabajadores de la Tierra (UGT) y del resto de los sindicatos campesinos les animaban a ello, con el convencimiento de que había llegado su hora, y de que era necesario superar las trabas legalistas con sus propios métodos, alejados del estéril parlamentarismo (647).
 
            Las clases medias urbanas y el conjunto de los pequeños propietarios del campo reaccionaban con temor. Frustradas por la incapacidad del gobierno para mantener el orden y satisfacer sus demandas, sufrían ahora la influencia de la polarización social que se estaba desarrollando. La pequeña burguesía se escindía, agrupándose en tono a los dos grandes bloques sociales que se  estaban preparando para enfrentarse, más allá del terreno electoral.
 
            Las clases propietarias, derrotadas en las urnas en Febrero, y habiendo perdido definitivamente sus esperanzas en el régimen republicano, apoyaban la conspiración militar, como la única tabla de salvación  que les quedaba para defenderse de la marea revolucionaria.
 
            En este proceso de radicalización social, el gobierno de los republicanos de izquierdas se asemejaba más bien a un cascarón vacío que ya no convencía a nadie. Apenas cinco meses después de las elecciones en las que aparentemente habían sido   triunfantes, su hundimiento demostraba que habían desaparecido  las razones de su existencia política. La sublevación militar significaría la señal del agotamiento definitivo de la República.
 
            La victoria sobre los sublevados en la mayor parte del territorio del país no había dado lugar a un gobierno revolucionario. Las causas de esta aparente paradoja hay que encontrarlas en la postura que habían adoptado los dirigentes de las organizaciones obreras. Largo Caballero y los líderes de la Izquierda Socialista habían renunciado definitivamente al revolucionarismo verbal de las épocas pasadas y se habían adaptado a los límites que marcaba el moderado programa del Frente Popular. El anarcosindicalismo, dueño de la situación en Catalunya rechazaba el poder y la implantación inmediata del comunismo libertario, en aras de la colaboración democrática con el gobierno de la Generalitat y el resto de fuerzas políticas catalanas.
 
            La renuncia al poder de las organizaciones obreras mayoritarias dió lugar a un período de doble poder, que perduraría, con sus diferentes etapas (auge y decadencia) hasta casi un año después.
 
            El descrédito en el que habían caído las autoridades republicanas no sólo había provocado su propia caída, también había dado lugar a toda una multitud, dispersa y atomizada, de organismos revolucionarios locales. Los comités-gobierno representaban las aspiraciones del movimiento obrero y de las capas más pobres de la población, de conseguir sus reivindicaciones por sus propios métodos, fuera de una legalidad que se les había revelado, durante cinco largos años, como inútil y engañosa.
 
            Junto a los comités revolucionarios locales, convertidos en la autoridad política única e indiscutible en los pueblos y en las barriadas de las ciudades, también surgieron Juntas de poder territorial que llenarían el vacío político dejado por el hundimiento de las instituciones republicanas. Las Juntas aparecieron siguiendo las directrices de compromiso con los republicanos de izquierdas que habían marcado los organismos dirigentes de los partidos y sindicatos obreros. Las Juntas territoriales gestionaron y organizaron la caótica situación, pero en ningún caso, ni siquiera en la creación del Comité Central de Milicias de Catalunya, existió la menor intención de crear auténticos gobiernos revolucionarios.
 
            El esfuerzo principal de las Juntas territoriales se encaminaría a centralizar y organizar todos los esfuerzos en el terreno militar, buscando la derrota definitiva de los facciosos. Sin embargo, en los mismos territorios que administraban, se estaba desarrollando un auténtico proceso de revolución social.
 
            La inmensa mayoría de los viejos ayuntamientos republicanos, incluidos aquellos en los que la izquierda era mayoritaria, habían sido sustituidos por comités revolucionarios que cumplían las funciones de verdaderos gobiernos locales. Algo similar  estaba ocurriendo con el viejo estamento judicial. Gran parte de las industrias y de las grandes propiedades agrarias se encontraban en manos de los trabajadores que habían procedido a colectivizarlas. Incluso la principal de las funciones que pretendían llevar a cabo las Juntas territoriales quedaba afectada por los profundos cambios revolucionarios que se estaban produciendo. El antiguo aparato militar y policial había dejado de existir, era necesario construir rápidamente otro, con el que asegurar la victoria en el campo militar. Sin embargo ya nada podía ser como antes. El ejército sólo podría construirse a partir de las mismas bases sociales que  estaban  protagonizando los cambios revolucionarios; y éstas, de ninguna  manera estaban dispuestas a permitir que se formase un nuevo cuerpo armado, similar al que acababa de sublevarse.
 
"Es concebible que, en las primeras semanas de la guerra, hubiese estallado en el territorio de la República una revolución violentísima, fulminante, que destruyera las instituciones republicanas, reemplazara a sus partidos y a sus hombres, y entronizase un gobierno de hechura, para conducir de frente, bajo una disciplina de hierro, la revolución y la guerra. Un fenómeno tal, observado ya en otros países, en circunstancias parecidas, no llegó a producirse en España. La conmoción fue lo bastante fuerte para quebrantar al Estado, colaborando en eso, seguramente sin darse cuenta, con las fuerzas nacionalistas; pero no pudo construir un Estado nuevo, no pudo sustituir una disciplina por otra, un sistema por otro" (648).
 
            En mayor o menor medida, las Juntas territoriales, integradas fundamentalmente por los cuadros de las organizaciones obreras, tuvieron que jugar un papel ambiguo y a menudo contradictorio en el plano de los objetivos políticos y sociales.
 
            Mientras en las esferas dirigentes de los partidos y sindicatos se defendía una política de moderación y de compromiso con el viejo orden republicano, en nombre del "antifascismo" y del Frente Popular, los militantes de base de las mismas organizaciones, protagonizaban una auténtica revolución social y exigían una política que estuviera de acuerdo con ésta.
           
            Inevitablemente las Juntas territoriales tuvieron  que optar por una de las dos tendencias políticas que marcaba la situación: convertirse en los cimientos del Estado republicano reconstruido, o evolucionar hacia la formación de un auténtico gobierno revolucionario.
 
            La falta de una táctica política clara por parte de los sectores revolucionarios, la inexistencia de un programa adecuado para orientarse en las nuevas circunstancias hizo que, apenas unos meses más tarde, las Juntas hubieran dejado de existir, para dar paso a la nueva administración republicana, en esta ocasión bajo la dirección izquierdista de Largo Caballero.
 
            El Comité Central de Milicias Antifascistas de Catalunya no sería distinto del resto de Juntas territoriales, a pesar de ser el caso más complejo y acabado de éstas. Como las demás, el Comité pretendería canalizar los esfuerzos bélicos y organizar el caos económico y social provocado por el vacío de poder. La creación del organismo que representaba la cúspide del poder revolucionario en Catalunya, no significó necesariamente el final del gobierno de la Generalitat. Éste, aunque desprovisto de todo poder y autoridad reales, mantenía una existencia "formal". A pesar de las escasas perspectivas que el nuevo organismo tenía sobre la forma en la que tenía que conducirse el nuevo orden social que estaba emergiendo, éste se desarrollaba espontáneamente, sin necesidad de esperar órdenes. Sin duda alguna sería el profundo impacto que estaba teniendo la revolución en Catalunya, lo que convirtió al Comité Central de Milicias en la experiencia más completa de todas las Juntas territoriales que se dieron en toda la geografía "republicana".
 
            El compromiso adoptado entre las diferentes organizaciones y la profunda oleada revolucionaria que estaba envolviendo Catalunya, fueron los factores antagónicos que conformaron la naturaleza híbrida y contradictoria del Comité Central de Milicias. El acuerdo político realizado en los primeros días por los anarcosindicalistas con  el gobierno autónomo catalán lo empujaba a convertirse en un organismo de "conciliación" y de colaboración de clases. Sin la revolución social que se estaba desarrollando, el Comité Central de Milicias se habría convertido en una simple mesa de partidos y sindicatos, unidos frente a un  adversario común, que habrían postergado para un futuro indeterminado las disputas por sus respectivos proyectos sociales y económicos. Sin embargo, la presión revolucionaria procedente de la calle; las continuadas expropiaciones; la formación de comités locales autónomos y la construcción de milicias de voluntarios que buscaban los focos de resistencia del enemigo que pudieran haber sobrevivido a la derrota; eran factores que  empujaban  inevitablemente en sentido contrario: hacia el lado de la revolución social.
 
            El Comité Central de Milicias fue por  lo tanto una solución intermedia que encarnaba una compleja situación de dualidad de poderes que no había podido ser resuelta. Las tensiones y las maniobras que llegarían a darse en su seno fueron la lógica consecuencia del enfrentamiento que se estaba produciendo entre  las dos fuerzas políticas irreconciliables que existían en el bando "republicano".
 
 
4.8.1 EL COMITÉ CENTRAL DE MILICIAS ANTIFASCISTAS DE CATALUNYA. UN GOBIERNO QUE NO QUERÍA SER GOBIERNO.
 
            Todas las circunstancias empujaban al Comité Central de Milicias a convertirse en un auténtico gobierno revolucionario y, sin embargo se negó a serlo. Mientras el Comité era, sin quererlo, el auténtico e indiscutible poder en Catalunya, el semiderruido gobierno de la Generalitat era respetado y se le permitía jugar un papel "simbólico" en la revolución, el de legalizar las conquistas sociales que espontáneamente la población trabajadora llevaba a cabo. De esta forma, los antiguos gobernantes, representantes de una legalidad que había sido desbordada por los acontecimientos, volvían a jugar un papel destacado, desde el que poder reagrupar sus dispersas fuerzas.
 
            La obsesión de las organizaciones obreras más izquierdistas por la "legalización" de la revolución facilitaría la penetración y la consolidación del Estado republicano en la nueva situación.
Para comprender un hecho aparentemente tan contradictorio de un organismo, convertido por las circunstancias en la cúspide del poder revolucionario de Catalunya, que no tenía ninguna voluntad para serlo, hay que analizar el pensamiento de los representantes de la organización que fue el alma del Comité Central de Milicias: el anarcosindicalismo. Es necesario tener en cuenta las reflexiones  y los temores que llevaron a los líderes de la CNT y de la FAI a renunciar a su triunfo.
 
            La "revolución de los comités" que se estaba llevando en todo el territorio republicano lo hacía en condiciones muy distintas a las que ellos habían previsto, pocos meses antes, en el Congreso de Zaragoza. En el histórico plenario del 21 de Julio, los cuadros dirigentes habían optado por la colaboración en el seno del Comité Central de Milicias.
 
            Diego Abad de Santillán había defendido la postura del compromiso, basándose en que la victoria sobre los insurgentes no habría sido total (649). Los argumentos del dirigente anarcosindicalista son importantes, en tanto en cuanto reflejaban el verdadero estado de ánimo que dominaba a la mayoría de los asistentes. Diego Abad de Santillán basó su defensa del colaboracionismo en  los dos peligros que, según él, corría la revolución recién iniciada: el de la intervención extranjera y el de que no fuera seguida y comprendida por los trabajadores en el resto del estado (650).
 
            Efectivamente, a pesar de la hegemonía con la que contaba la CNT-FAI   en el movimiento  obrero de Catalunya, éste se encontraba muy lejos de contar con el apoyo y las simpatías de las clases medias urbanas y del campesinado catalán. En el resto del estado, donde los anarcosindicalistas no eran mayoritarios, ni siquiera entre los trabajadores, el peligro todavía era mayor. En aquellos momentos, el mito de la revolución libertaria, antiautoritaria y antiestatalista se mostraba absurdo e incapaz de poder ser llevado a la práctica, sino era mediante una dictadura revolucionaria.
 
"Querer implantar el comunismo libertario, era destrozar a esos partidos e impedirles expresarse; era enrolar por la fuerza a los pequeños propietarios, a los pequeños campesinos, a los pequeños comerciantes, era, en todo caso, ejercer una autoridad implacable sobre una parte de la población, amordazarla, brutalizarla. ¡nada más opuesto al anarquismo que eso! Los anarquistas no podían hacerlo sin contradecirse, sin suicidarse moralmente" (651).
 
"Una revolución libertaria sólo habría sido posible en España si el 90% por lo menos de la población hubiese sido favorable a las ideas propagadas por los militantes de la CNT y de la FAI" (652).
 
            La idea de una revolución llevada a cabo por la totalidad, o por la casi totalidad de la sociedad es social e históricamente absurda. Las sociedades están divididas en clases sociales con intereses distintos y en numerosas ocasiones, antagónicos.
 
            Las mismas clases se dividen y se subdividen en otros estratos heterogéneos. Por lo tanto, la revolución soñada por los anarcosindicalistas, antiautoritaria y antiestatalista, no era  en absoluto posible.
 
            Existían sectores de la sociedad, los más privilegiados, que simpatizaban con la sublevación militar; otros eran reticentes o veían con temor una revolución que amenazaba con expropiarles sus pequeñas propiedades.
 
            La revolución sólo era posible con la existencia de un poder dispuesto a serlo, dispuesto a reprimir a los grupos hostiles más recalcitrantes, y capaz de llevar a cabo un programa social que atrajera a las  clases populares, incluida la pequeña burguesía urbana y campesina.
 
            Sin embargo, tal como recogen otros autores libertarios, que son contrarios a las tesis de Diego Abad de Santillán, la revolución no tenía que haber optado necesariamente entre estos dos caminos, el de la colaboración, o el de una revolución "tiránica" (653).
 
            Los argumentos sobre los que se sostenían las ideas colaboracionistas de la CNT, reflejaban una concepción estática  de un fenómeno social que se caracteriza, precisamente, por todo lo contrario. El tremendo dinamismo de las revoluciones permite que la población pueda evolucionar rápidamente en su conciencia, pasando en un corto espacio de tiempo de apoyar a unas organizaciones, a otras que se identifican de mejor manera con sus nuevas experiencias y aspiraciones.
 
"La revolución es un proceso muy dinámico... en su camino, la revolución barre las viejas organizaciones, los viejos partidos conservadores, los sindicatos. En todas las empresas, en todas las fábricas, aparece una nueva dirección, más joven, más activa, más luchadora, mientras la antigua dirección se convierte en el peor de los frenos para la revolución" (654).
 
            Tomando como ejemplo las revoluciones francesa y rusa, los sectores revolucionarios, aunque numerosos, nunca  contaron con el apoyo incondicional de la mayoría de la población. Jacobinos  y bolcheviques tuvieron que enfrentarse a una importante oposición interna y externa. Su fuerza, sin  duda alguna, estuvo en su capacidad para recoger las heterogéneas reivindicaciones de los distintos grupos sociales para unificarlos en torno a su proyecto revolucionario.
 
            El problema del anarcosindicalismo era, sin embargo, que carecía de una orientación clara en ese sentido. La CNT-FAI  carecían de un programa definido, adecuado para enfrentarse a los grandes retos que planteaba el momento, y por lo tanto,  se mostraron incapaces de atraer hacia sus filas a la pequeña burguesía urbana y a los pequeños y medianos propietarios del campo. La desorientación de los cuadros dirigentes era patente,  imposibilitados para superar la contradicción que existía entre sus deseos de impulsar la revolución, y el temor que sentían por las posibles consecuencias que su profundización podía acarrear.
 
"Aquellos <<militantes influyentes>>, eufemismo de dirigentes, se encontraron delante de su propia imprevisión, delante de su falta de preparación para poder implantar, de repente, su revolución. Luchando constantemente contra el poder no habían previsto que harían si un día, de golpe, lo tenían entre sus dedos y tenían, de repente, que estructurar una sociedad según su comunismo libertario teórico" (655).
 
            La audacia política de los jacobinos franceses y de los bolcheviques rusos la encontramos a faltar entre los cuadros  dirigentes del anarcosindicalismo y también entre el resto de las organizaciones que se reclamaban de la revolución. Sin duda alguna, éstos factores condicionaron profundamente la táctica que llevarían a cabo los representantes libertarios en el Comité Central de Milicias.
 
            La actitud colaboracionista de los dirigentes cenetistas y la negativa del Comité Central de Milicias a convertirse en un auténtico poder revolucionario provocaría, a medida que se hacían  más patentes los síntomas de decadencia de la revolución, la aparición de actitudes variopintas de oposicionistas que reclamaban un giro radical, en defensa de los logros del nuevo orden. El testimonio de Sebastiá Clara, cuadro de la CNT que provenía del trentismo, y  que ha sido recogido por Ronald Fraser, nos puede servir como un ejemplo demostrativo del sentido anticolaboracionista  y radicalizado de esta oposición:
 
"La CNT-FAI se hizo con el poder de facto sin reconocer o asumir la responsabilidad del mismo. Deberían haber asumido el poder político, como lo habían hecho en las calles. Deberían haberse apoderado de la Generalitat y llamarla consejo o comité si la palabra "gobierno" les parecía inaceptable, asegurándose para sí la representación mayoritaria. Si se producían crisis políticas ellos las habrían precipitado, ellos habrían propuesto las soluciones. Esa era la clase de liderato que las masas esperaban y que sólo un gobierno podía proporcionar..." (656).
            En esta encrucijada política, el Comité Central de Milicias se empeñaría en no transformarse en un verdadero gobierno revolucionario, en un momento en el que todas las condiciones  presionaban para que lo fuera. La opción contraria hubiera significado el final del gobierno de la Generalitat y de los restos de "legalidad republicana" que todavía quedaban, y habría lanzado a los anarcosindicalistas a una revolución que no sabían como encarar.
 
            El Comité Central de Milicias era, por lo tanto, el fruto de la gran contradicción de los libertarios, que se negaban a tomar el poder, pero que tampoco estaban dispuestos a entregarlo a sus adversarios políticos.
 
"Tanto el Comité de las Milicias, como el mismo gobierno autónomo, comenzaron a sentir que ambos, por causas bien diferentes, estaban en un vacío político, ya que ni el uno ni el otro representaban al país. Ni lo controlaban, ni lo coordinaban, ni lo dirigían, de hecho, no representaban, ni el uno, ni el otro, ninguna realidad social o política" (657).
 
            Si el anarcosindicalismo, paralizado por sus temores y por sus contradicciones ideológicas, no estaba dispuesto a ocupar el espacio político que la revolución había creado, otras fuerzas, con proyectos sociales antagónicos, estaban dispuestos a llenarlo.  Con la negativa a convertir el Comité Central de Milicias en gobierno, y una Generalitat que no era más que una sombra del pasado, se abría un vacío de poder que irremediablemente tendría que ser ocupado por la parte más audaz y que contara con un proyecto político más coherente.
 
4.8.2 EL COMITÉ CENTRAL DE MILICIAS ANTIFASCISTAS DE CATALUNYA. UN ORGANISMO DE NATURALEZA BUROCRATICA.
 
"Durante su breve existencia -del 23 de Julio al 3 de Octubre de 1936- el Comité Central de Milicias sería a la vez un apéndice importante de la Generalitat y una especie de comité de coordinación entre los Estados Mayores de las organizaciones antifascistas. Su creación se había hecho necesaria -como lo reveló implícitamente Companys- por el carácter y la fuerza de la CNT-FAI ... Era peligroso dejarles solos. De un modo u otro, había que ligarles a las responsabilidades del poder político e imponerles la unidad antifascista" (658).
 
            El Comité Central de Milicias se formó, desde los primeros momentos, como un organismo de naturaleza burocrática. Sus miembros, elegidos por las direcciones de los partidos y sindicatos antifascistas, junto a los representantes del gobierno de la Generalitat, sólo eran responsables ante los organismos que los habían nombrado. Su estructura, definida por Rudolf De Jong, como el mejor ejemplo de la "comitecracia" española, estaría entroncada con la vieja tradición juntista española del siglo XIX de las revueltas liberales, y también de los primeros movimientos libertarios (659).
 
 
            Este hecho, completamente justificado por las circunstancias  iniciales en las que se  había formado el Comité Central de Milicias, grabaría profundamente su futuro. Durante el período de su existencia, ninguna de las organizaciones defendió su democratización y  vinculación orgánica con la multitud de comités revolucionarios que constituían la única autoridad que existía a escala local.
 
"El Comité de Milicias fue creado al margen y por encima de los innumerables comités, formados casi siempre de una manera espontánea por la masa revolucionaria. Los Estados mayores de las organizaciones políticas y sindicales fueron quienes, por si mismos y sin ningún tipo de control ni participación de los comités obreros, eligieron a los miembros del Comité de Milicias. En este punto hay que señalar, sin perjuicio de volver a hablar de ello, que nunca nadie eligió a los miembros del Comité de Milicias, así como nunca nadie eligió a los futuros miembros (o consellers, como se les llamaba) de la Generalitat; todos ellos fueron designados a dedo por los Estados Mayores de las organizaciones políticas, proporcionalmente... a sus relaciones de fuerza y a sus combinaciones. No era la democracia obrera, sino más bien la dictadura de los Estados Mayores de las organizaciones obreras..." (660).
 
            Uno de los factores que pone de relieve la naturaleza burocrática del Comité Central de Milicias es su composición. La correlación de fuerzas que existía en su seno, era consecuencia de las negociaciones y acuerdos que se dieron entre las diferentes fuerzas políticas y sindicales que lo integraban. No representaba, de forma alguna, la implantación real de los diferentes grupos en el seno de la Catalunya revolucionaria.
Los delegados de la UGT estuvieron sobrerrepresentados, en detrimento de la CNT. Ambas centrales sindicales contaban con  tres delegados respectivamente, mientras que la proporción real de afiliados era aplastantemente favorable al anarcosindicalismo. 
            Con la concesión que la CNT hacía a la UGT catalana, los libertarios  esperaban  consolidar la  naturaleza sindical  de la revolución española, en torno a la formación de una alianza entre las dos grandes centrales. La concesión quedaría frustrada  por la rápida toma del control del nuevo Partido Socialista Unificado, que sería quien realmente capitalizaría la sobrerrepresentación de la UGT catalana. De esta forma, el PSUC acabaría contando con cuatro representantes en el Comité Central de Milicias, mientras que el POUM, partido que en aquellos momentos era mucho   más numeroso  en Catalunya  (y que dirigía la pequeña central sindical FOUS) tendría un solo representante.
 
            También la representación de la FAI  quedaría disminuida frente al nuevo PSUC. De la misma manera, los partidos republicanos nacionalistas consiguieron una sobrerrepresentación de sus representantes (3 de ERC, 1 de la UdR (controlada por ERC) y 1 de AC). En este caso, la concesión estaba dirigida a tranquilizar  los ánimos de las clases medias catalanistas, que podían ver en la hegemonía de los anarcosindicalistas, un peligro contra sus intereses (661).
            Sin embargo, por el mismo componente burocrático de la distribución de fuerzas en el seno del Comité Central de Milicias, la importancia de las concesiones eran de  carácter secundario. La correlación que realmente importaba no era la que pudiera existir en el seno del Comité, sino la de la calle. En pleno auge revolucionario, el peso político real de los  representantes anarcosindicalistas era infinitamente mayor que el de la totalidad de las fuerzas políticas antifascistas restantes.
 
            El gobierno de la Generalitat y las organizaciones del Front d'Esquerres condenaron la "usurpación" que se estaba llevando a cabo de la autoridad republicana, y se opusieron a cualquier  control o influencia de los organismos revolucionarios locales, sobre el mal menor que constituía el Comité Central.
 
            La democratización del Comité de Milicias y el establecimiento de cualquier tipo de vínculo orgánico, habría reducido su representación en los nuevos organismos de poder y dificultado  enormemente  la  tarea  de  restaurar el viejo orden. Para el PSUC, la principal de las organizaciones que participaban en el Front d'Esquerres, el Comité Central de Milicias tenía que disolverse  para dar paso a un gobierno "democrático y antifascista", que fuera un fiel reflejo de la etapa democrático-burguesa de la revolución española.
 
            El anarcosindicalismo seguía considerando que eran las centrales sindicales, los cauces naturales por los que debía expresarse la presión popular. Los comités-gobierno locales eran organismos coyunturales que habían resultado útiles en las primeras semanas de la contienda, para reorganizar la sociedad revolucionaria, pero en ningún caso se les asignaba otro papel que no fuera el del mantenimiento del nuevo orden.
 
            Indudablemente, los sindicatos eran las organizaciones que agrupaban a un mayor número de trabajadores, sin embargo es cuestionable que éstos fueran realmente el auténtico, o en todo  caso el único cauce de expresión de los sectores revolucionarios.
 
            El historiador Walther L. Bernecker ha analizado en profundidad el proceso de burocratización y de centralización que experimentaron los sindicatos anarcosindicalistas, como consecuencia de la guerra, de la entrada masiva de nueva militancia y también de las profundas contradicciones en las que se había embarrancado la tradicional doctrina libertaria (662).
 
            Según el informe  presentado  por  la  delegación  de la CNT al Congreso Extraordinario de la AIT, entre el 19 de Julio de 1936 y el 26 de Noviembre de 1937 se celebraron en la España republicana un total  de 17 plenarios nacionales de federaciones regionales, docenas de plenos locales y comarcales y numerosas reuniones regionales. Sin embargo, el número de asambleas no hacía más que  encubrir la creciente de pérdida de la democracia interna en el seno del sindicato anarcosindicalista:
 
 
"Las auténticas decisiones fueron tomadas, en adelante, sólo por los activistas políticos, mientras que a los militantes de base se les retiró cualquier posibilidad de influir en la marcha de la política de la CNT. En las reuniones nacionales, el comité nacional preparaba de antemano el orden del día, quebrantando así una tradición democrática de la CNT que comportaba la determinación de los puntos del orden del día a iniciativa y petición de los militantes de base" (663).
 
            También José Peirats ha recogido un abrumador historial demostrativo del proceso de burocratización de las organizaciones libertarias (664). Si nos atenemos a la exactitud de estas interpretaciones bastante verosímiles, llegaremos a la conclusión de que las organizaciones sindicales habían perdido toda posibilidad de convertirse en los canales de expresión de la voluntad de los sectores revolucionarios de la población. Y por el contrario, eran los espontáneos y despreciados comités locales los que tendían a transformarse en tales instrumentos.
 
            Finalmente el poumismo defendía la convocatoria de una Convención revolucionaria de delegados, que deberían ser elegidos democráticamente por la población trabajadora, a través de los comités locales y de milicianos. Sin embargo, la idea nunca fue más allá del terreno de la propaganda. La iniciativa habría conllevado el peligro de alejarse de los dirigentes de la CNT, algo que los mandos poumistas no estaban dispuestos a hacer.
 
            El historiador anarcosindicalista Carlos Semprún-Maura ha hecho una crítica precisa en lo que se refiere a las diferencias que existían entre la propaganda del POUM y su verdadera práctica política.
 
"Desgraciadamente a pesar de estas hermosas palabras, el POUM no iba a luchar por esa autonomía obrera, por esos <<comités de base>> de los que (aquí) se hace portavoz, todo lo contrario, intentará  siempre -en la medida de los posible- sacrificarlos en aras de unos ilusorios <<acuerdos en la cumbre>> entre burocracias" (665).
 
            Por diferentes motivos, ninguna de las organizaciones presentes en el Comité Central  de Milicias, estaba dispuesta a  transformar la naturaleza inicial de éste. Hacerlo habría significado cruzar el rubicón político de la revolución, algo que nadie, en aquellos momentos, estaba dispuesto a llevar a cabo. Por lo tanto, la correlación de fuerzas existente respondería al compromiso adquirido entre los anarcosindicalistas y el resto de grupos, y no al peso real en la sociedad revolucionaria catalana.
            La  inamovilidad de la composición  del Comité de Milicias impidió que éste pudiera recoger los profundos cambios que se estaban desarrollando en la conciencia de la población trabajadora.
 
            Su naturaleza lo convertía, en última instancia -de forma más o menos condicionada por la presión social- en el portavoz de los organismos dirigentes de los partidos y sindicatos.
 
            La voluntad y las aspiraciones de las bases organizadas quedaba reducida a la mínima expresión, mientras que la de los sectores de trabajadores no organizados y de la población en general  quedaba totalmente excluida.
 
            Esta concepción burocrática y estática de lo que tenía que ser el Comité Central de Milicias iba a ser un obstáculo insuperable que evitaría la posibilidad de que pudiera convertirse en un auténtico gobierno revolucionario. En contraposición, la naturaleza del Comité de Milicias se convertía también en su máxima debilidad, que facilitaría meses después,   su completa integración en una todavía débil Generalitat, que se había ido reconstruyendo bajo su sombra protectora.
 
4.8.3.EL COMITÉ CENTRAL DE MILICIAS ANTIFASCISTAS DE CATALUNYA. UN ORGANISMO DE CONCILIACIÓN. UN OBSTÁCULO PARA LA REVOLUCIÓN DE LOS COMITÉS.
 
"La colaboración que les ofrecían los dirigentes anarquistas cuando, simplemente, los podían arrojar por el balcón de la Generalitat implicaba, era evidente, <<reconstruir las instituciones de gobierno y el traspaso de la iniciativa de los trabajadores a un cuerpo central con poderes ejecutivos. Al privar de iniciativa a los trabajadores, la responsabilidad por la conducta de la lucha y de sus fines recaía de hecho en una jerarquía gobernante, y esto no podía menos que influir adversamente en la moral de los luchadores revolucionarios>>" (666).
 
            En el histórico plenario del 21 de Julio, los desorientados cuadros de la CNT y de la FAI habían renunciado al poder que tenían al alcance de la mano. La revolución libertaria quedaba pues, de esta manera, relegada a un futuro indeterminado, para  después de la guerra, en el que las condiciones deberían hacerla posible, sin necesidad de implantar ningún tipo de "totalitarismo" revolucionario.
 
            La decisión que había hecho posible la formación del Comité Central de Milicias condicionaba, simultáneamente, su naturaleza. Si el camino de la revolución antiautoritaria estaba vetado por las circunstancias del momento, los cuadros anarcosindicalistas sólo podían optar por dos posibles alternativas: abandonar el poder en manos de sus adversarios políticos, o la colaboración con ellos en un nuevo organismo de poder, que no tendría la forma  de un gobierno tradicional.
 
            La primera opción implicaba en la práctica, entregar la victoria conseguida y permitir que el viejo orden republicano pudiera recuperarse rápidamente del revés que acababa de sufrir.
 
            Desde la oposición, los anarcosindicalistas se habrían atrincherado en los centros de trabajo, controlados por los sectores revolucionarios. Sin embargo, difícilmente esta alternativa habría sido comprendida por sus propias bases sindicales que se sentían las triunfadoras frente al gobierno y los sublevados.
 
            Por otro lado, la renuncia al poder y la negativa a cualquier compromiso político que significara la renuncia temporal a sus objetivos, no hacía otra cosa que aplazar el choque definitivo con los partidarios de la República. Enfrentamiento que tarde o temprano iba a producirse.
 
"No se podía prescindir por el momento del aparato gubernamental y no podía dejarse ese aparato en manos de fuerzas minoritarias que podían, poco a poco desde allí, obstruir la revolución iniciada y poner excesivas trabas al pueblo que había entrado en posesión de sus derechos" (667).
 
            La segunda alternativa pretendía, mediante la colaboración y el compromiso con las otras fuerzas, mantener en lo posible el terreno que habían conquistado con las armas. Esta segunda opción, apoyada en la indiscutible hegemonía con la que contaba la CNT entre  los trabajadores, sería considerada -por los cuadros dirigentes del anarcosindicalismo- como la más prudente y viable  que podía llevarse a cabo en aquellos momentos. En aquellas circunstancias, la formación del Comité Central de Milicias Antifascistas significaba, desde la óptica revolucionaria, un paso atrás respecto a la situación que se había creado a partir de las jornadas de Julio.
 
            El Comité Central de Milicias nacía de esta forma, como un organismo de colaboración entre las distintas fuerzas políticas que apoyaban dos proyectos sociales antagónicos. Desde esta perspectiva, la naturaleza del nuevo organismo de poder se definía como claramente interclasista.
 
"Aceptamos el Comité de enlace en tanto que anarquistas hemos procurado que la burguesía liberal y la pequeña burguesía se pusieran del lado del pueblo" (668).
 
            Diego Abad de Santillán, define al Comité Central de Milicias como un organismo de colaboración entre las clases, o por lo menos entre las organizaciones obreras y los  viejos representantes de una clase social, la burguesía liberal, que se había pasado en bloque al bando enemigo. El historiador anarquista Abel Paz ha definido cuales eran las consecuencias  políticas del interclasismo.
 
"El concepto de la <<colaboración democrática>>, políticamente no hacía otra cosa que revitalizar el Frente Popular y, en consecuencia, el nuevo organismo que, por su formación, sería un organismo democrático-burgués" (669).
 
            Juan Andrade ha explicado a la perfección la contradicción inherente a la naturaleza del Comité Central de Milicias. Por un lado era un organismo de colaboración de clases y por lo tanto entraba dentro de la óptica frentepopulista de la revolución. Por  otra parte, a pesar de la colaboración política, la hegemonía en su seno de los sectores más radicalizados le daban un carácter claramente clasista (670).
 
 
            El eje político principal de las actividades que pretendía desarrollar el Comité Central de Milicias no era organizar una nueva  sociedad  revolucionaria, sino impulsar y centralizar los esfuerzos bélicos, para alcanzar una rápida victoria sobre los sublevados. El compromiso adquirido, por el que se constituía el Comité Central de Milicias, significaba en la práctica el "congelamiento de la revolución". Cualquier medida que pudiera favorecer la extensión de la revolución cuestionaba la alianza con  el gobierno de la Generalitat y el Front d'Esquerres. Esto explica el hecho de que, durante las primeras semanas de la guerra, el Comité Central de Milicias no llegara a definirse sobre cual era el proyecto económico que debía llevarse a cabo. Fue sin duda alguna la iniciativa espontánea que estaban llevando a cabo las bases de las organizaciones obreras, la que decantaría su política posteriormente.
 
"El Comité de Milicias adoptó unas medidas que eran útiles y necesarias en los primeros días que siguieron a la victoria de los militares. Pero la iniciativa de las masas, las medidas útiles y necesarias que éstas habían improvisado, eran mucho más avanzadas e iban mucho más lejos, en todos los aspectos, que las de los Estados Mayores de las organizaciones obreras y antifascistas..." (671).
 
            Desde este punto de vista, la actividad del Comité Central de Milicias estaría continuamente marcada por esta contradicción:  elegir entre la fidelidad al compromiso de no llevar la revolución hacia adelante y la presión ejercida por las bases de las organizaciones. Toda la dinámica del Comité Central se caracterizaría por el intento de conciliar los dos extremos irreconciliables, aunque ésto fuera a costa de convertirse en un dique de contención para las aspiraciones revolucionarias. Prisioneros de esta dinámica, los dirigentes libertarios se habían convertido, sin saberlo, en un valioso instrumento para los planes restauracionistas. La reconstrucción del Estado republicano sólo podía llevarse a cabo, a partir y con la voluntad de las organizaciones obreras que representaban a la revolución, ante los ojos de la población.
 
"...el Comité de Milicias no fue <<el Gobierno obrero de la Revolución obrera>>, tampoco una forma indeterminada y original de <<poder revolucionario>>. Ante todo, desempeñó un papel de transición que proporcionó una especie de interinidad algo improvisada, hasta la vuelta del poder <<legal>> de la Generalitat..." (672).
 
            Si los dirigentes libertarios "aplazaban" la revolución, no hacían lo mismo sus adversarios políticos. El Comité Central de Milicias había significado un respiro momentáneo para ellos. Al fin y al cabo, y aunque desprovisto de fuerza, el compromiso  permitía que el gobierno de la Generalitat siguiera existiendo y legitimándose frente a los trabajadores. Mientras se mantuviera la actitud conciliadora de los representantes cenetistas, el Comité Central de Milicias tenía que seguir existiendo, hasta que las condiciones permitieran el restablecimiento total de la autoridad republicana.
 
            El triunfo sobre la revolución y el restablecimiento del orden republicano significarían el final de la neutralidad francesa y británica, que se posicionarían contra el ejército de Franco, aliado de Hitler y de Mussolini.
 
            Dentro de la dinámica de colaboración en la que habían entrado, los dirigentes de la CNT y de la FAI tenían que moverse entre dos fuegos: entre la presión de la Generalitat, del gobierno central y de las organizaciones del Frente Popular, para reconstruir el viejo aparato estatal republicano, y la de sus propias bases, que estaban llevando a cabo de forma espontánea, su propia forma de entender la revolución.
 
            El testimonio de Jaume Miravitlles, da a entender que en el seno del Comité Central de Milicias los acuerdos fueron escasos  (673). El doble fuego al que estaban expuestos los libertarios en el Comité de Milicias explica su funcionamiento. Al parecer, las decisiones fueron adoptadas por la práctica imposición del grupo dominante. Sin embargo es difícil no considerar el testimonio del dirigente catalanista como una exageración intencionada, destinada a denunciar los métodos "dictatoriales" de los revolucionarios anarcosindicalistas.
 
            La intransigencia mencionada por Miravitlles se contradice con la actitud moderada y colaboradora de los dirigentes que se habían negado a tomar el poder cuando podían haberlo hecho sin dificultades. La escasez de acuerdos entre las diferentes organizaciones que estaban integradas en el Comité Central de Milicias es debida, no al "totalitarismo" anarcosindicalista, sino a la patente incompatibilidad que existía entre los objetivos de la revolución y los de la contrarrevolución republicana.
 
"A su modo de ver, los libertarios creían haberse hecho con el poder por medio del comité y eso era lo que parecía desde dentro. Se presentaban a las reuniones con las cartucheras repletas y colocaban la pistola o la metralleta sobre la mesa. Daban puñetazos sobre la mesa y gritaban <<Así es cómo se van a hacer las cosas! ¡Por cojones!... ¡Sois un hatajo de pequeños burgueses!..." (674).
 
            Fuera de la estética que pudieran emplear los libertarios, existen numerosos indicios, -comentados y analizados en las páginas anteriores de este trabajo- que demuestran que las directrices no se imponían "¡por cojones!", o como parte de  una política de "hechos consumados".
 
            Por el contrario, la línea que se llevó a cabo durante los meses de existencia del Comité Central de Milicias fue la búsqueda permanente de un equilibrio entre los dos bandos antagonistas.
 
            Las maniobras del PSUC y del Front d'Esquerres, sus intentos de reconstruir el viejo aparato de estado, pese a las repetidas amenazas de ruptura, fueron casi siempre contestadas por medio de soluciones de compromiso.
            Las concesiones conseguidas por los restauracionistas tenían una doble implicación política: la lenta pero paulatina recuperación del poder de la Generalitat (legitimada por el Comité Central de Milicias) y la contención de las iniciativas revolucionarias, que podrían precipitar la ruptura, en una situación todavía desfavorable.
 
"Si bien el Comité de Milicias tenía algo parecido al soviet ruso, se diferenciaba en que no se ejercía en él la prepotencia de un solo partido y mantenía el equilibrio entre los organismos partidistas y sindicales que lo integraban. El Comité de Milicias fue el único órgano de poder durante la guerra civil que no ha sido atacado y condenado por ningún partido de los que lo integraron, por ninguna de las organizaciones que a él pertenecieron, ni por el pueblo de Barcelona y Catalunya. Hubo oposición en el seno del Comité de Milicias, por parte de Esquerra Republicana de Catalunya (jacobinos) y del Partido Socialista Unificado de Catalunya (comunistas), pero fue una oposición subterránea" (675).
 
            El Comité Central de Milicias nacía como un organismo de conciliación. La entrada en un gobierno de coalición, después de las jornadas de Julio, resultaba inadmisible, porque atentaba contra los viejos principios antiestatalistas. Sin embargo, el curso colaboracionista que habían emprendido los cuadros dirigentes de la CNT y de la FAI, y el lento pero continuado desgaste de una situación que no encontraba solución, fueron madurando las condiciones para la integración del Comité Central de Milicias en un nuevo gobierno de la Generalitat reconstruido.
 
            La integración sería aceptada por la mayoría de los comités revolucionarios locales. La duda era imposible; aparentemente todo obedecía a una simple reestructuración que terminaría con el gobierno de la Generalitat y con la problemática de la dualidad de poderes. En el nuevo gobierno unificado, la CNT-FAI y el POUM seguían siendo mayoritarios y evitarían que la revolución siguiese decayendo. Se les escapaba que la integración en el aparato estatal republicano burgués era un nuevo paso que conseguían dar las actitudes colaboracionistas.
 
            Cada vez más comprometidos en el intento de mantener la situación hasta el final de la guerra, se verían obligados a sacrificar la propia revolución para poder seguir manteniendo la alianza.
 
4.8.4 EL COMITÉ CENTRAL DE MILICIAS ANTIFASCISTAS DE CATALUNYA. UN ORGANISMO POTENCIALMEENTE REVOLUCIONARIO. UN OBSTÁCULO PARA LOS PLANES DE RESTAURACIÓN REPUBLICANA.
 
"En efecto, todos los resortes del poder convergían en el Comité Central de Milicias, dirección de la guerra, vigilancia revolucionaria, economía, justicia, y la creación de nuevas industrias para satisfacer las necesidades de la guerra, sin que el mismo supiera como, sin propósito consciente, el Comité Central de Milicias se convertía en un gobierno revolucionario y su aparato, en un rudimentario aparato de estado proletario. Para serlo por completo le faltaba, en primer lugar, una voluntad clara en tal sentido, en segundo lugar, un acoplamiento mayor de las necesidades históricas de la revolución, lo que comportaba necesariamente la adaptación más completa posible a las nuevas formas de democracia creadas por la victoria de las masas" (676).
 
            El Comité Central de Milicias había nacido a partir de la derrota de la sublevación militar en Catalunya y también del desmoronamiento del aparato estatal republicano. Su poder indiscutible procedía del prestigio de la revolución y su futuro sólo podía asegurarse terminando con la dualidad de poderes existente, con la profundización y extensión de la misma revolución que le había dado vida.
 
            Indiscutiblemente la naturaleza del Comité Central de Milicias era potencialmente revolucionaria, sólo era necesario que existiera la firme voluntad para desarrollarla.
 
"A diferencia de un gobierno de coalición que en realidad descansa en la vieja maquinaria del Estado, el Comité Central dominado por los anarquistas se apoyaba en las organizaciones obreras y las milicias" (677).
 
            La situación revolucionaria había hundido las instituciones de la República. Los antiguos ayuntamientos, los cuerpos policiales, los tribunales y el mismo ejército habían desaparecido. Contrastando con este rápido proceso de descomposición, la multitud de comités locales y de fábrica, creados espontáneamente por la población trabajadora, por iniciativa de los sectores organizados, se aglutinaban indirectamente en torno a los sindicatos y al Comité Central de Milicias.
 
            La hegemonía de la CNT y de la FAI, sostenida por el POUM, convertía a este organismo en la cúspide legítima de la revolución. Los decretos del Comité Central de Milicias eran obedecidos por el conjunto de los comités locales, siempre y cuando no llegaran a considerar que con su cumplimiento se traicionaban los ideales revolucionarios. A pesar de que el Comité Central de Milicias había  nacido al margen de los comités revolucionarios locales, éste tenía la autoridad legítima en tanto en cuanto, las organizaciones obreras que contaban con el apoyo y la simpatía de la mayoría de los trabajadores, también  eran mayoritarias en él.
 
"El Comité de Milicias fue reconocido como el único poder efectivo de Catalunya. El gobierno de la Generalitat siguió existiendo y mereciendo nuestro respeto, pero el pueblo no obedecía más que al poder que se había constituido por virtud de la victoria de la revolución, porque la victoria del pueblo era la revolución económica y social" (678).
 
            Es pues correcta la afirmación que hacen Juan García Oliver y  otros militantes anarcosindicalistas, de que el Comité Central de Milicias fue un paso hacia atrás en la revolución, sin embargo la situación existente seguía empujando hacia adelante (679).
            Al margen de la voluntad, más o menos conciliadora de los dirigentes obreros presentes en el Comité Central de Milicias, éste seguía representando a la revolución y recibía fuertes presiones por parte de los sectores revolucionarios.
 
            La inexistencia de una representatividad democrática; la falta de un verdadero control de las bases sobre sus representantes; el hecho de que no existiera, -ni que nadie se planteara crearla- una articulación entre los organismos revolucionarios locales y el Comité Central de Milicias; todos estos factores burocráticos limitaban el carácter potencialmente revolucionario de este organismo, pero en absoluto lo anulaban.
 
"La creación del Comité Central de Milicias de Catalunya no era un error en si mismo, ni tampoco el aceptar la colaboración con las otras fuerzas revolucionarias, tales como las que pudieran existir de tendencias socialistas en la UGT y en el POUM. Lo que posiblemente cabe considerar un error fue dejar en pie el Govern de la Generalitat, porque lo que, a primera vista... ofrecía una ventaja, en realidad, por el peso de los acontecimientos, tenía que ser el enterrador de la revolución" (680).
 
            Los adversarios políticos del Comité Central de Milicias, los partidarios de la restauración republicana comprendieron este hecho rápidamente, y trabajaron, desde los primeros momentos, para su destrucción. Los revolucionarios habían cometido un error que tenía que aprovecharse para volver a poner en pie el Estado republicano.
 
            Liquidado el Comité Central de Milicias, integrados los sectores más radicalizados en un nuevo gobierno de la Generalitat, la posibilidad de que pudiera surgir un gobierno revolucionario quedaba cada vez más lejos.
 
            La potencialidad revolucionaria del Comité Central de Milicias quedaría truncada porque, tal como afirma el dirigente poumista Juan Andrade, "ni la CNT ni su propio partido planteaban la cuestión del poder" (681). Los anarcosindicalistas, por una mezcla de desorientación política, temor al aislamiento e incapacidad programática para poder enfrentarse a los retos  de la revolución. El POUM, por su complejo de inferioridad frente a las organizaciones obreras mayoritarias, que les hacía considerar que el futuro de la revolución solo podía depender de la  voluntad políticas de éstas y  que les impedía adoptar una línea independiente del anarcosindicalismo. De esta manera, la posibilidad del Comité Central de Milicias para convertirse en un gobierno revolucionario en Catalunya, quedaba obstaculizada.
 
            Si las mismas organizaciones que abogaban por la defensa de la revolución, bloqueaban el camino de ésta, sus adversarios del Front d'Esquerres sí que estaban dispuestos a llegar hasta el final en sus objetivos. Irremediablemente la dualidad de poderes iba a decantarse hacia estos últimos.
 
 
 
 
4.8.5 EL COMITÉ CENTRAL DE MILICIAS ANTIFASCISTAS DE CATALUNYA, FRUTO DE LOS ACONTECIMIENTOS Y DE LAS PERSPECTIVAS QUE MARCARON LAS ORGANIZACIONES INTEGRANTES, TUVO UNA NATURALEZA POLÍTICA HÍBRIDA QUE ENCARNO LA DUALIDAD DE PODERES EXISTENTE.
 
            El organismo que llegó a ser el máximo poder en la Catalunya revolucionaria, durante los primeros meses de la revolución, se negó, desde los primeros momentos, a actuar como un verdadero gobierno. Este fue el motivo por el que los anarcosindicalistas permitieron que la Generalitat siguiera manteniendo su lánguida existencia. Convertir al Comité Central de Milicias en gobierno, hubiera implicado, no sólo violar los más firmes principios ideológicos del anarcosindicalismo, sino también responsabilizarse de un poder, con el que no sabían que hacer.
 
            El  Comité  Central  de  Milicias  había nacido,   no como un poder surgido de los organismos que había creado la revolución, sino como un compromiso entre las diferentes fuerzas que se habían opuesto a la sublevación militar. Lo que en los primeros momentos era inevitable, su carácter burocrático, se convertiría finalmente en una de sus más graves limitaciones. Su democratización, su articulación con la sociedad revolucionaria catalana no fue llevada a cabo porque ninguna de las organizaciones que formaban parte de él, lo consideraban algo más que un simple comité de enlace. De esta forma, los cambios en la conciencia de los trabajadores que estaban protagonizando la revolución, apenas pudieron influir en las decisiones que se adoptaban en su seno.
 
            El compromiso histórico que había dado lugar al Comité Central de Milicias suponía el aplazamiento de la revolución a un futuro indeterminado. Mientras los dirigentes del Comité de Milicias intentaban sostenerse en la cuerda floja de la dualidad de poderes, los trabajadores en la calle y en los centros de trabajo se empeñaban en continuar con sus expropiaciones. Durante los meses de su existencia, la mayoría en el Comité Central de Milicias pretendió mantener el delicado equilibrio que existía entre las presiones de los restauracionistas y las demandas de los sectores revolucionarios.
 
            Sin embargo, las dinámicas revolucionarias no permiten ser aplazadas o "congeladas" mediante acuerdos políticos, durante largo tiempo. El mantenimiento del compromiso se convertiría, cada vez más, en un verdadero dique de contención del movimiento revolucionario. El mantenimiento de la situación impediría que los comités-gobierno locales pudieran transformarse en una estructura de poder.
 
            La debilidad del anarcosindicalismo sería eficazmente aprovechada por sus adversarios políticos, para proceder a restaurar paulatinamente las viejas instituciones de la República. Sin embargo, el Comité Central de Milicias se había convertido en un obstáculo para sus objetivos. Mientras éste siguiera existiendo, mientras mantuviera su independencia política de la Generalitat, el camino para que ésta recuperara sus plenos poderes continuaba obstruido.
 
            El Comité de Milicias, a pesar de su naturaleza híbrida y contradictoria, mantenía sus características revolucionarias. Había nacido al calor de la revolución y era ésta la que lo había convertido en el único poder real en Catalunya. Mientras el anarcosindicalismo y el   POUM continuaran sin integrarse en las estructuras del poder republicano, el peligro seguiría existiendo. La posibilidad de una radicalización revolucionaria no podía descartarse, el Comité Central de Milicias podía acabar transformándose en un gobierno revolucionario. Este era el gran triunfo que habían conseguido el PSUC y Front d'Esquerres con la liquidación del Comité Central y su definitiva integración en la Generalitat.
 
            De la misma forma que ocurría con la dualidad de poderes, la naturaleza del Comité Central de Milicias era altamente inestable. Su dinámica no permitía que la pelota pudiera mantenerse indefinidamente en el alero del tejado de la indefinición. Tal como estaba pasando a nivel estatal, donde el choque entre los comités revolucionarios locales y el gobierno republicano, apoyado por el Frente Popular, se estaba saldando a favor de estos últimos, también estaba empezando a pasar  en Catalunya. El triunfo acababa en manos del sector que había demostrado más audacia y clarividencia para conseguir sus objetivos políticos.
 
            Sin embargo, la disolución del Comité Central de Milicias no implicaba el final de la dualidad de poderes. El enfrentamiento    se producía ahora, entre un  gobierno de la Generalitat, fortalecido y legitimado por la entrada de las organizaciones obreras más radicales, y una multitud de comités descabezados políticamente. El nuevo período que se abría anunciaba la decadencia y el principio del fin de la revolución española.
 
 
5 LAS CONSECUENCIAS DE LA DISOLUCIÓN DEL COMITÉ CENTRAL DE MILICIAS ANTIFASCISTAS DE CATALUNYA. LA DECADENCIA DE UNA REVOLUCIÓN.
 
            La disolución del Comité Central de Milicias fue mucho más que una simple reestructuración del poder en Catalunya. El significado  de este acontecimiento y las posibles consecuencias que iba a tener   en la revolución española fue perfectamente comprendido por sus adversarios del Front d'Esquerres. Desde un gobierno de unidad en el que pronto, anarcosindicalistas y poumistas, quedarían  convertidos en rehenes políticos, iniciaron  la ofensiva que estaría destinada a terminar con la revolución de Julio y restaurar la legalidad republicana.
 
            El gran error de los antiguos partidarios del Comité Central  de Milicias había sido considerar que la naturaleza clasista de  un gobierno estaba determinada principalmente por los hombres y las organizaciones que lo componían.  En realidad y tal como iban  pronto a poder comprobar, el verdadero carácter político de cualquier gobierno, se basa en los organismos y en los sectores  sociales en las que apoya su poder. Mientras el Comité Central de Milicias había sido un organismo independiente de la fantasmal  autoridad del gobierno catalán, con un poder que descansaba en la de los comités locales y en las milicias, el poder del nuevo "Consell"   de la Generalitat pretendía apoyarse en las viejas instituciones  republicanas que habían sido barridas en Julio. A diferencia de lo ocurrido con el Comité Central de Milicias, en el nuevo gobierno de concentración, la presencia de las organizaciones obreras sólo serviría para reforzar y legitimar  ante los trabajadores, los progresos de la restauración republicana.
 
            El anarcosindicalismo y el poumismo habían demostrado que, por diferentes motivos, por el momento no estaban dispuestos a romper el frente antifascista. Este empeño en mantener la unidad a cualquier precio iba a ser aprovechado por sus adversarios para minar el poder de los comités. Día a día, los dirigentes de la CNT-FAI y del POUM tuvieron que, no sólo contener las demandas de los sectores revolucionarios, sino también llegar a compromisos y hacer concesiones para evitar la ruptura. Estos acuerdos tendrían como principal consecuencia, el fatal debilitamiento de la revolución.
 
            Los dirigentes anarcosindicalistas que habían apoyado el Comité Central de Milicias justificaron el nuevo paso dado con  numerosos argumentos a cada cual más ingenuo (682). Se ha presentado frecuentemente como un giro táctico, que  pretendía que las milicias cenetistas consiguieran mayor cantidad  y mejor armamento, y que legalizaría las conquistas revolucionarias que se estaban llevando a cabo en la retaguardia.  También se daría fin a la funesta dualidad de poderes que estaba  prolongando el desenlace de la guerra, y que ponía en peligro la victoria. La realidad no tenía nada que ver con sus deseos. Las milicias no sólo continuaron estando pésimamente armadas, sino que la nueva situación sería aprovechada para dar los primeros pasos hacia la militarización y la construcción de un ejército  republicano.
           
La "legalización" de las conquistas revolucionarias serviría como pretexto a sus adversarios, primero para limitarlas y controlarlas y   después para ir sometiéndolas hasta hacerlas desaparecer.
 
            Con el final del Comité Central de Milicias, la dualidad de poderes había iniciado su declive. Anarcosindicalistas y poumistas eran cada vez eran más débiles, mientras que sus oponentes les arrebataban la iniciativa política.
 
            En realidad, con la disolución, la CNT adoptaba un nuevo giro, arrinconada por una situación que trabajaba en contra de ella y de sus principios ideológicos tradicionales. La esperanza para los cuadros  dirigentes libertarios era que  la integración en el nuevo gobierno de la Generalitat, les permitiría aplazar de nuevo, la cuestión del poder por un tiempo indeterminado. Volvían a equivocarse.
 
            Después de varias semanas de guerra y de revolución, la desorientación de los líderes anarcosindicalistas era mayor que nunca, y dentro de este clima, la opción colaboracionista cobraba  cada vez más fuerza. Indiscutiblemente, el clima de frustración y el desgaste político que habían hecho posible el abandono de los principios antiestatalistas en la CNT en Catalunya, influirían  de forma decisiva en el hecho de que, apenas un mes más tarde, la central sindical libertaria aceptara entrar a formar parte del nuevo gabinete de Largo Caballero. La entrada de la CNT en la Generalitat había sido, sin duda alguna, el punto de partida  para la integración en el nuevo gobierno central republicano.
 
            El POUM había llegado a la misma conclusión desde una concepción completamente diferente. Habiendo caracterizado que en Catalunya no había ninguna situación de dualidad de poderes, sino que lo que existía era una auténtica dictadura del proletariado. Si consideraba que los nacionalistas republicanos en Catalunya tenían una naturaleza política "popular", frente al carácter "burgués" o "pequeño-burgués" de los republicanos del resto del estado. El balance de la fusión entre el Comité Central de Milicias y la Generalitat tenía que ser positivo (al fin y al cabo, las organizaciones izquierdistas seguían teniendo la mayoría en el nuevo gobierno autónomo). El nuevo Consell de la Generalitat, transformado en gobierno obrero, tendría la tarea de consolidar la revolución en Catalunya, para extenderla posteriormente por el resto del estado.
 
"El POUM se creyó situado en la Generalitat de Catalunya a la izquierda de una coalición a cuyo remolque marchaban los partidos burgueses tradicionales. Pero la alianza de estos últimos con el PSUC en Catalunya, la constitución, bajo la tapadera del Frente Popular, de una coalición <<estalino-burguesa>> para un Estado fuerte, dió la vuelta a la correlación de fuerzas. De repente fue el POUM el que se encontró a remolque de una coalición que iba eliminando sucesivamente todas las conquistas de Julio de los obreros y campesinos" (683).
 
            Con respecto a la respuesta que dieron las bases sindicales ante la noticia de la entrada de la CNT en el nuevo gabinete de la Generalitat existen diferentes versiones. Juan García Oliver explica que la respuesta fue un "murmullo de descontento creciente" (684). Si la versión que tenemos en cuenta es la que  nos da Cesar M. Lorenzo, la noticia habría sido "bien acogida por  el conjunto de la población y especialmente por los afiliados   a la gran central sindical" (685). El historiador libertario alude a que las bases sindicales, que aunque estaban fuertemente influidas por el anarquismo, no conocían la teoría anarquista del Estado, ni sabían diferenciar gobierno, Estado, Comité Central de Milicias, comités locales revolucionarios, ayuntamientos... Sin embargo, tenían confianza  en sus dirigentes. La explicación resulta interesante.
 
            El instinto revolucionario de los trabajadores organizados les permitía desconfiar de una serie de partidos que defendían un orden que ellos consideraban caduco e incapaz. Sin embargo, ¿qué iban a pensar cuando sus propios dirigentes, -en los que confiaban-, acababan de integrarse en el nuevo gobierno?. ¿Qué había cambiado con respecto a las primeras semanas, cuando expresaban su desconfianza hacia el gobierno de Companys?, evidentemente, lo que había cambiado era la actitud de sus dirigentes.
 
            Sin embargo la buena acogida a la que se refiere Cesar M. Lorenzo parece que quedaba mucho más matizada entre los sectores más militantes. Sin embargo y siguiendo su testimonio, también la mayoría de éstos era favorable a la integración, aunque "incómodos e incluso decepcionados" (686). La versión de Cesar M. Lorenzo coincide perfectamente con la que nos ofrece José Peirats, cuando describe el desconcierto de los militantes, enfrentados a una situación ante la cual, las viejas ideas anarcosindicalistas  no daban salida.
 
"¿Opinaba de la misma manera la totalidad de los militantes? ¿Contaba esta nueva postura de la CNT con el apoyo del anarquismo y anarcosindicalismo internacional? Salvo expresivas corrientes minoritarias, que hacían patente su protesta en órganos periodísticos propios, a través de comités orgánicos y reuniones, plenos y asambleas, la triste verdad es que la mayor parte de los militantes se hallaban afectados de cierto fatalismo, consecuencia directa de las trágicas realidades de la guerra" (687).
 
            La misma prensa libertaria del momento refleja que la actitud de las bases y de la militancia no era homogénea, y mucho menos entusiasta con el giro que habían dado los dirigentes (688). En el nuevo período que se abría, iría surgiendo una oposición al curso entreguista que adoptaban los dirigentes, a medida que éste, -lejos de corregir la decadencia de la revolución- la acentuaba. También en el POUM se dieron críticas y actitudes reticentes a la entrada en el nuevo gobierno de la Generalitat. Hubo militantes o sectores del partido que, como Juan Andrade o las JCI, consideraron como un grave error el nuevo paso que había  dado la dirección (689).
 
            Los verdaderos triunfadores de la nueva situación, el PSUC y ERC, se propusieron aprovechar las posibilidades que se les brindaba, para consolidar el orden republicano en vías de reconstrucción. Si el anarcosindicalismo y el poumismo no se habían atrevido a terminar con la dualidad de poderes para lanzar la revolución hacia adelante, ellos sí que aprovecharían los esfuerzos de éstos por mantener la unidad, en beneficio del   proyecto de restauración. A pesar de todo, tanto la CNT-FAI  como el POUM seguían siendo fuertes, era necesario utilizar su prestigio revolucionario en la dirección indicada.
 
            Con la formación del nuevo gobierno de la Generalitat, los partidarios del Front d'Esquerres iniciaron una serie de maniobras políticas destinadas a forzar situaciones y arrancar nuevas concesiones, nuevos compromisos, sin provocar por ello la ruptura. Esta táctica seguiría utilizándose durante los siguientes meses, hasta    considerar que la situación estaba lo bastante madura como para darle el golpe final a la revolución.
 
            El 26 de Septiembre es la fecha en la que la CNT-FAI y el POUM aceptaron formar parte del nuevo gobierno de la Generalitat. Poco después era disuelto el Comité Central de Milicias. Apenas unos días más tarde, se iniciaría la publicación de una serie de decretos encaminados a desarmar y desmantelar el movimiento revolucionario. En la nueva situación, los decretos llevarían la firma de los representantes de la CNT-FAI y también del POUM. El 11 de Octubre, se decretaba la suspensión de los comités locales y se iniciaba la formación de los nuevos consejos municipales que deberían estar formados a imagen y semejanza del nuevo gobierno de la Generalitat. El día 24 publicaba otro nuevo decreto sobre las colectivizaciones. El 27 se ordenaba el desarme de la retaguardia y tan solo un día después se publicaba la militarización de las milicias. Se acababa de iniciar un proceso de decadencia de la revolución y de restablecimiento de la autoridad republicana, que encontraría grandes resistencias y que no terminaría hasta las jornadas barcelonesas de Mayo de 1937, donde la revolución de los comités y la contrarrevolución democrática se enfrentarían definitivamente.
 
5.1 LA ENTRADA DE LA CNT EN EL GOBIERNO REPUBLICANO.
 
            En Julio, la CNT había rechazado el poder, pero también se había negado a formar parte de las destartaladas estructuras republicanas.
 
            Para los cuadros dirigentes del anarcosindicalismo, ambas posturas habrían significado la ruptura con los principios ideológicos sobre los que se había basado el anarcosindicalismo español durante más de medio siglo. El 1 de Octubre, tan solo setenta días después, el Comité Central de Milicias Antifascistas de Catalunya se había disuelto y los representantes de la CNT y de la FAI se habían integrado en el nuevo gobierno de la Generalitat. Un mes después, el 4 de Noviembre, la organización anarcosindicalista entraba a formar parte del nuevo gabinete de Largo Caballero. ¿Qué había cambiado en el seno del movimiento libertario español en tan poco tiempo?
           
Indudablemente la integración de los anarcosindicalistas catalanes en el gobierno autónomo había influido decisivamente en la evolución de la CNT estatal, pero llovía sobre mojado. La escasa oposición que habían encontrado los partidarios de la  colaboración, ante un hecho tan insólito como pasar a formar parte del gobierno de la Generalitat, indicaba que algo había cambiado entre los cuadros dirigentes del sindicato. A lo largo de dos meses y medio, los cuadros anarcosindicalistas habían visto hundirse gran parte de su estructura ideológica y de sus principios, que habían sido manifestados, apenas unos meses antes en el Congreso de Zaragoza.
 
"Los libertarios no estaban, ni psicológicamente ni materialmente preparados para imponerse en la zona republicana; y  lo estaban todavía menos para ganar la guerra contra el fascismo.  Ahora bien si, en la hipótesis más improbable, triunfaban a la vez de los fascistas y los otros antifascistas, las potencias extranjeras ahogarían la Revolución mediante el bloqueo económico y la intervención armada. Por otra parte, el gobierno republicano no solamente encaminaba a los leales a la derrota por su ceguera política y por su incapacidad militara, sino que además se dedicaba a combatir al proletariado, a sus milicias y a su obra revolucionaria. Era pues preciso salvar las conquistas de la socialización en el marco de un Estado democrático avanzado, centralizar el mando de las operaciones y neutralizar la presión de las grandes potencias" (690).
 
            La línea colaboracionista triunfaba, no sólo en Catalunya, donde la organización anarcosindicalista tenía la mayor parte de sus efectivos y también la supremacía moral, sino también en el resto de la "zona republicana". De la misma manera que en Catalunya, los cuadros y representantes de la CNT chocaban con una realidad ante la cual no sabían como orientarse. El desgaste en  las filas del anarcosindicalismo estatal, corría parejo al de Catalunya, con el agravante de que en este caso, en la mayor parte de los territorios, la CNT era claramente minoritaria frente a la Izquierda Socialista.
 
            En cuanto a la integración, tanto los dirigentes anarcosindicalistas, partidarios de la "colaboración democrática", como sus circunstanciales aliados del Frente Popular, tenían sus razones para desearla. John Brademas cita los últimos reveses militares del bando antifascista (caída de Irún, San Sebastián, Toledo, la presencia de las tropas franquistas en las afueras de Madrid) como las "razones inmediatas y poderosas" que precipitaron la entrada en el gobierno (691).
 
            Es perfectamente posible que estos  hechos "precipitaran" la entrada de la CNT en el gobierno, pero no pueden omitirse que, desde los inicios de la guerra y de la revolución, se estaba dando un proceso de revisión creciente de los viejos principios antiautoritarios que habían alentado al anarcosindicalismo desde sus orígenes. Las razones que los cenetistas han dado para explicar un hecho que violaba sus más profundas tradiciones antiestatales han sido muchas y variadas.
 
            Diego Abad de Santillán lo hizo en "Solidaridad Obrera" afirmando que:
 
"De siempre, por principios y convicción, la CNT ha sido antiestatal y enemiga de toda forma de gobierno. Pero las circunstancias, superiores casi siempre a la voluntad humana, aunque determinadas por ella, han desfigurado la naturaleza del gobierno y del estado español. El gobierno en la hora actual, como instrumento regulador de los órganos del Estado, ha dejado de ser una fuerza de opresión contra la clase trabajadora, así como el Estado no representa ya el organismo que separa la sociedad en clases. Y ambos dejarán aún más de oprimir al pueblo con la intervención en ellos de la CNT" (692).
 
            Juan García Oliver, antiguo partidario de la toma del poder por los anarcosindicalistas y posteriormente, convertido  en ministro de Justicia del segundo gabinete de Largo Caballero:
 
"La burguesía internacional se negaba a proporcionarnos armas de que teníamos necesidad... Debíamos dar la impresión de que los amos no eran los comités revolucionarios, sino el gobierno legal: pues si no, no obtendríamos nada de nada. Tuvimos que aceptar plegarnos a las inexorables circunstancias del momento" (693).
 
            Una de las representantes del sector más proclive a la "colaboración democrática", la que se iba a convertir en la ministra de Sanidad, Federica Montseny:
 
"Hemos intervenido en el Gobierno de la República obligados por las circunstancias, para evitar que con nosotros se repitiera lo ocurrido a movimientos anarquistas de otros países, por falta de esta compenetración, de esta resolución y de esta habilidad mental, por lo cual se vieron desplazados de la revolución y vieron cómo otros partidos adquirían la dirección de la misma". (694).
 
            Efectivamente, podemos encontrar una multitud de argumentos que pretenden explicar, las circunstancias y las motivaciones que  motivaron la entrada de la CNT en el gobierno. Los dirigentes anarcosindicalistas tenían que justificar un giro político que  violaba profundamente las bases ideológicas del anarcosindicalismo.
El gobierno de Largo Caballero seguía siendo un gobierno de naturaleza burguesa, aunque estuviera integrado, en su inmensa mayoría, por representantes de los partidos obreros del Frente Popular. Los objetivos que pretendía llevar a cabo dicho gobierno eran la reconstrucción  y consolidación del viejo orden republicano "rejuvenecido" y "perfeccionado". También era evidente que la burguesía internacional comprendía perfectamente el alcance de los peligros que había  traído consigo la marea revolucionaria de los comités. Los capitalistas británicos, franceses y norteamericanos comprendían perfectamente la naturaleza de los hechos que estaban sucediendo en España y era "ingenuo" considerar que iban a dejarse engañar, porque la CNT hubiera aceptado integrarse en el nuevo gabinete de Largo Caballero.
            En realidad, los argumentos "ingenuos" iban destinados a   tranquilizar a las mismas bases del sindicato, y el creciente descontento que existía en su interior. Con estos argumentos se   intentaba ocultar que la entrada no era otra cosa que una capitulación en toda regla. Los líderes de la CNT sentían que la revolución empezaba a escapárseles de las manos y no sabían como evitarlo. La dualidad de poderes empezaba a dar sus frutos, reforzando al sector que había demostrado mayor claridad y audacia en sus objetivos políticos.
 
            En Julio, podían haber tomado el poder en una buena parte de la zona republicana y arrastrado tras de si a los sectores más radicalizados de la Izquierda Socialista, pero habían renunciado a él. Ahora, dos meses después, la situación cambiaba rápidamente. El incapaz gobierno de Giral había sido sustituido por el del izquierdista Largo Caballero. El poder republicano, casi destruido durante las jornadas de Julio, había recuperado gran parte de su poder y aprovechaba sus prerrogativas para chantajear a los sectores revolucionarios para que se sometieran a su autoridad.
 
            En la óptica de los dirigentes libertarios, éstos tenían que  escoger entre la integración al gobierno, con la esperanza de que los dirigentes de la Izquierda Socialista vieran con buenos ojos la entente CNT-UGT, o mantenerse en la oposición, mal armados,  viendo como las colectivizaciones eran presionadas por medio del chantaje económico, para que se sometieran al control gubernamental. Enfrentados a esta situación, decidieron dar un paso hacia adelante. Al fin y al cabo, Largo Caballero era el dirigente del sector más izquierdista del PSOE y dirigía la central sindical socialista UGT (con lo que se hacía más grato a los ojos de los libertarios, que seguían defendiendo la naturaleza sindical de la revolución española). El dirigente izquierdista se había opuesto desde los primeros momentos, al gabinete republicano de Giral y se había enfrentado por ello a la derecha de su partido, el sector prietista. Todos estos hechos, le daban a Largo Caballero, ante los ojos de los dirigentes anarcosindicalistas, una aureola revolucionaria que no tenía en la realidad. El camino para la integración en el gobierno republicano, de la CNT, estaba abierto (695).
 
            Al parecer, ya en el mes de Agosto, "Solidaridad Obrera"   había lanzado la idea de que en Madrid debía formarse un comité nacional, que debía estar integrado por todas los partidos y sindicatos antifascistas. La fórmula cenetista, era similar a la que se había llevado a cabo en el Comité Central de Milicias. Como en Catalunya, la CNT pretendía formar parte de la dirección de la guerra, sustituyendo la etiqueta "gobierno" por otra más respetable, que no violara sus principios antiestatalistas.
 
            El 17 de Septiembre, un pleno de regionales del sindicato, reunido en Madrid y que se proponía estudiar las propuestas de  colaboración política ofrecidas por el gobierno central, volvería a lanzar la misma idea, rebautizándola como "Consejo Nacional de Defensa".
 
            La propuesta cenetista era todo un alarde de ingeniería lingüística: Lo que era un auténtico "gobierno", se convertía por la magia de las palabras en un "Consejo"; los "ministros" se llamarían "delegados", los "ministerios" pasarían  a llamarse "departamentos"; el ejército, "milicias de guerra"; la policía, "milicia popular" y los mandos del ejército, "técnicos militares".
 
            En el nuevo gobierno, Largo Caballero mantendría la presidencia del "Consejo", mientras que Manuel Azaña seguiría teniendo la presidencia de la República (696).
 
            El nuevo organismo, debería estar formado por cinco representantes de cada una de las dos grandes centrales sindicales y cuatro por los partidos republicanos (los partidos obreros estarían excluidos como tales, y sólo podrían estar representados por la UGT). La fórmula cenetista pretendía primar la idea sindical de la revolución española (los partidos  tendrían un papel secundario frente a los sindicatos, que en la concepción libertaria, serían los canales de expresión de las masas revolucionarias). La participación de los republicanos en la fórmula del Consejo Nacional, aseguraría la continuidad de la colaboración de clases que defendía el Frente Popular.
 
            En lo que respecta al proyecto económico, la CNT reivindicaba la   socialización sindical de la Banca y de los bienes de la Iglesia, los de los terratenientes, de la gran industria y del gran comercio. Las centrales sindicales serían las encargadas de gestionar y controlar la producción de la economía socializada.
 
            Dadas las nulas perspectivas que tenían las propuestas cenetistas, algunos historiadores han considerado que los libertarios "padecían un optimismo sin fundamento" (697). Durante varias semanas la CNT emprendería una campaña en favor del "Consejo Nacional de Defensa". Largo Caballero y la  mayor parte de las organizaciones del Frente Popular rechazaron la fórmula reivindicada por los anarcosindicalistas.
 
            Mientras el POUM  apoyaba la propuesta críticamente y el periódico de la IS "Claridad" se interesaba por la propuesta y la elogiaba, la mayor parte del aparato del PSOE (controlado por Indalecio Prieto) y los comunistas oficiales se oponían, considerando que en aquellos momentos lo único que se podía hacer era apoyar al gobierno (698).
 
            La propuesta del "Consejo" se apartaba por completo de   los planes de restauración y de normalización de las instituciones republicanas. Por otro lado, la posición desde la que los líderes libertarios reclamaban el  "Consejo" era de debilidad creciente, y de esta situación Largo Caballero era perfectamente consciente.
            El tiempo y la actitud colaboracionista de la CNT trabajaban a su favor. Era cuestión de tiempo para que los anarcosindicalistas accedieran a entrar sin condiciones, en un nuevo gabinete.
 
            El 30 de Septiembre, el órgano  de la CNT, "Solidaridad Obrera" anunciaba que el plazo de 10 días que había concedido al gobierno, para que aceptara su propuesta, se había agotado (699).
            Dados los escasos apoyos con los que contó la idea, los líderes   libertarios acabaron renunciando a su propuesta y empezaron a negociar las condiciones en las iba a llevarse a cabo su entrada.
 
            El día 28 de Septiembre se reunía en Madrid un segundo Pleno de la CNT. La reunión elaboraría un manifiesto en el que se reprochaba a la mayoría de partidos y sindicatos, que no habían apoyado la propuesta del "Consejo", por su irresponsabilidad política.
 
"Si lo que la CNT no quiere hacer en sentido de reivindicación integral de sus postulados, lo hacen otros con criterio de fracción y no de síntesis nacional, la CNT, pública y solemnemente, declina toda responsabilidad en los fracasos que sobrevengan (y) fiel a su tradición y a sus postulados, a las necesidades  actuales,   continuará   prestando  sus  fuerzas  sin sin regateos, de todo corazón, porque la lucha contra el fascismo está por encima de todo" (700).
 
            Como correctamente ha afirmado el mismo José Peirats, la declaración y la amenaza formal que contenía ésta, no podían ocultar que los dirigentes anarcosindicalistas se estaban retirando desordenadamente. Efectivamente, en el mismo documento, los representantes  cenetistas  indicaban que en Catalunya se había constituido el Consejo de la Generalitat, en el que se habían integrado todas las fuerzas que antes habían participado en el Comité Central de Milicias. Sin embargo, aunque se enmascarara detrás de la palabra "consejo", lo que no era otra cosa que la integración en el gobierno de Catalunya, "este juego de palabras no podía engañar a nadie" (701).
 
            Los representantes de la CNT reclamaron seis ministerios, para equiparla al número con los que contaban los socialistas (esta composición hubiera recordado al "Consejo de Defensa Nacional" que ellos habían propuesto infructuosamente, poco antes). Las condiciones marcadas serían rechazadas, una a una, por Largo Caballero.
 
"Tenemos en cuenta los escrúpulos que pueden experimentar los actuales gobernantes ante la realidad internacional... por ello, la CNT realiza la máxima concesión, compatible con su espíritu antiautoritario: la de intervenir en el gobierno. No significa esto que renuncie a la consecución integral de sus ideas en el futuro: significa tan sólo que, ante la disyuntiva de perecer bajo la garra inmunda de la reacción, frustrando la más alta esperanza emancipadora abierta sobre el proletariado de todos los países, está dispuesta a colaborar con quien sea, dentro de órganos de dirección llamados Consejos o Gobiernos, con tal de vencer en la contienda y salvar el futuro de nuestro pueblo y del mundo" (702).
 
            En Catalunya, Lluís Companys había tenido que maniobrar hábilmente y había tenido que aceptar las condiciones de los dirigentes  cenetistas,  todo con tal   de que se integraran en  el gobierno. La situación en la que se encontraba Largo Caballero era diferente, partía de una posición política mucho más fuerte que la de su homólogo catalán y aunque necesitaba integrar a la CNT en su gobierno, no estaba dispuesto a hacer ninguna concesión, ni siquiera la de cambiarle el nombre y denominarlo "Consejo Nacional".
 
            Largo Caballero y con él, todas las organizaciones del Frente Popular, eran partidarios de que el anarcosindicalismo se integrara, de la misma manera que lo había hecho antes en Catalunya.
 
            Algunos historiadores han comentado el temor  que sentía el dirigente socialista,  de que el abandono de Madrid pudiera ser aprovechado por la CNT y por la FAI para crear su propia administración, desligada de la autoridad del gobierno (703). Sin embargo, no parece lógico este temor, en tanto en cuanto los anarcosindicalistas habían dado sobradas pruebas de moderación.
 
            Tan solo unas semanas antes, los dirigentes cenetistas habían demostrado su buena predisposición hacia la "colaboración democrática" en Catalunya, disolviendo su "administración desligada del gobierno" y habían aceptado integrarse en el gobierno Generalitat. ¿Porqué tenían que hacer lo contrario en Madrid, donde ni siquiera eran mayoritarios?.
 
            Las razones que empujaron a Largo Caballero y a las organizaciones del Frente Popular a desear la participación de  la CNT en el gobierno eran, sin duda alguna, otras muy distintas. Por un lado la integración ataría de pies y manos a los anarcosindicalistas, y evitaría cualquier posible tentación de ruptura de la "unidad antifascista" para empujar la revolución hacia adelante. Sin embargo, hay otra razón mucho más poderosa que hacía deseable la entrada de la CNT en el gobierno y para comprenderla tenemos que analizar cual era la verdadera naturaleza del gobierno de Largo Caballero.
 
            Las jornadas de Julio habían sido la causa del hundimiento de las instituciones republicanas y el inicio de una revolución social. Durante las semanas siguientes, el escuálido gobierno  de Giral pudo seguir manteniendo la ficción de su autoridad gracias a los pactos del Frente Popular, escrupulosamente mantenidos por los dirigentes de las organizaciones obreras que formaban parte de él. Sin embargo, un gobierno monocolor republicano, o incluso  otro donde éstos siguieran contando con la mayoría era incapaz para remontar la nueva situación revolucionaria. Los republicanos estaban demasiado desacreditados ante los trabajadores. La restauración republicana solo podía llevarse a cabo a través de las organizaciones obreras más izquierdistas que formaban parte del Frente Popular y que habían capitalizado el prestigio del movimiento revolucionario: la Izquierda Socialista.
 
            El 4 de Septiembre, dimitía en pleno el gabinete de Giral para dar paso a la formación de uno nuevo, esta vez bajo la dirección del líder socialista más popular entre los sectores revolucionarios.
 
            En los planes del viejo dirigente de la Izquierda Socialista, una vez en el gobierno, no figuraba la instauración de un Estado obrero, superador de la vieja República. Los líderes de la Izquierda Socialista consideraban que, ante todo, debían conseguir la ayuda de los gobiernos capitalistas democráticos de Gran Bretaña y de Francia. Y para conseguirlo estaban dispuestos  a pagar el precio: hacer retroceder la revolución que estaban protagonizando sus propias bases.
 
            El proyecto político del largocaballerismo se limitaría a mantener el delicado equilibrio que existía en el seno del Frente Popular, y que les permitía seguir controlando la actividad gubernamental. El viejo y confuso radicalismo de los años anteriores había desaparecido para dar paso a una defensa por la izquierda de la restauración republicana.
 
"Nuestra victoria no será la implantación fulminante del bolchevismo o el anarquismo, como siguen temiendo esos países, sino un régimen que nadie sabe aún qué será, pero que sea lo  que fuere, siempre les convendrá más a Inglaterra o Francia" (704).
 
            La evolución hacia la derecha de Largo Caballero es difícilmente   compatible con la opinión del historiador libertario Abel Paz, cuando opina que Largo Caballero se sintió momentáneamente atraído por las propuestas cenetistas, y que finalmente éstas  habrían sido rechazadas por las presiones del embajador Rosemberg (705). Sin negar dichas presiones la evolución moderada de Largo Caballero tenía orígenes anteriores, que coincidía y contrastaba al mismo tiempo, con la radicalización que estaban experimentando las bases socialistas.
 
            La aceptación del "Consejo Nacional de Defensa", propuesto por la CNT, hubiera significado quemar las naves, dejarlo todo en manos de las organizaciones más izquierdistas del movimiento obrero, lo que habría ido en detrimento del Frente Popular y de la ansiada alianza con Francia y Gran Bretaña. Esto no entraba en los planes de Largo Caballero.
 
            Sin embargo, dichos planes seguían estando en el aire mientras el sector más radicalizado y hostil del movimiento obrero, siguiera estando al margen del Frente Popular y de la autoridad del gobierno. Desde los primeros momentos del nuevo gabinete, Largo Caballero había invitado a los dirigentes anarcosindicalistas a sumarse al  mismo (706). La presencia de la CNT y la FAI "rejuvenecería" al segundo gobierno de Largo Caballero y extendería su autoridad al sector del movimiento obrero que todavía se negaba a reconocerla. La colaboración gubernamental de la  CNT descabezaría definitivamente los restos de la revolución de los comités (707).
 
 
            Sin embargo, la situación no estaba todavía suficientemente madura. Largo Caballero tuvo que esperar aún cerca de un mes para  observar los primeros síntomas de que la intransigencia anarcosindicalista se estaba agotando definitivamente. Y los primeros indicios  serios iban a llegar desde la zona que constituía el centro de la fuerza del anarcosindicalismo, es decir, desde Catalunya: el día 26 de Septiembre, la CNT aceptaba integrarse en el gobierno de la Generalitat. A partir de ese momento, Largo Caballero comprendió que sólo era cuestión de tiempo para que los dirigentes libertarios aceptaran sus propuestas.
 
"¿Se daba cuenta la CNT de la significación del gobierno presidido por Largo Caballero?... El Consejo Nacional de Defensa, aún no siendo en el fondo más que un gobierno con otro nombre y quizás precisamente por serlo, cayó en el vacío. La CNT deseaba participar en el gobierno, pero amortiguando el efecto de su fulminante rectificación de principios. Esta realidad era imposible que escapara a los políticos y a los partidos. El balón de ensayo no podía engañar a Largo Caballero. Para éste, el carácter de la proposición delataba en la CNT una vacilación patente, preludio de una capitulación a más o menos corto plazo" (708).
 
            Efectivamente, ante la negativa de Largo Caballero a aceptar la propuesta del Consejo Nacional de Defensa, y dentro del curso de creciente colaboracionismo que habían adoptado los dirigentes libertarios, a éstos solo les quedaba negociar las condiciones en las que se iba a producir su claudicación.
 
            El 4 de Noviembre se daba a conocer la entrada de cuatro representantes anarcosindicalistas en el nuevo gabinete de Largo Caballero (La CNT había reclamado seis). Sin embargo existía otro  indicio de que los libertarios habían tenido que capitular sin condiciones, frente a la firmeza de sus adversarios del Frente Popular: las carteras que pasaron a ocupar los nuevos ministros tenían una importancia política secundaria (Justicia, Sanidad, Industria y Comercio). Los puestos más importantes quedaban en manos de los socialistas, que todavía seguían controlando el gabinete. El mensaje quedaba claro, la CNT se integraba sin en el nuevo gobierno de la República sin condiciones. La revolución quedaba subordinada a un proyecto político, que trabajaba por su destrucción.
 
"Los conquistadores del Estado serían conquistados por el estado. Los ministros anarcosindicalistas no tardaron mucho tiempo en hacer suya la dialéctica oficial: <<O sobra el gobierno o sobran los comités>>, declaró el ministro cenetista Juan Peiró en uno de sus primeros actos públicos. Con el visto bueno de los ministros anarquistas se promulgaron decretos que disolvían los comités revolucionarios y los sustituían por consejos municipales y provinciales. Con su beneplácito se reinstalaron los gobernadores civiles. Con su consentimiento se inició el desarme del pueblo y la represión a los elementos revolucionarios" (709).
 
 
            La prensa del Frente Popular anunció la buena nueva que debería tener como consecuencia, la aceleración de la victoria sobre el ejército franquista. El gobierno de la República, por primera vez, desde el principio de la contienda, contaba con la presencia de las principales organizaciones del movimiento obrero y de los republicanos (salvo el POUM, que había sido vetado por los comunistas oficiales, y que sólo tenía una fuerza significativa en Catalunya). La dualidad de poderes empezaba a dar paso a una República restaurada. El poder revolucionario de los comités y de las milicias, recibía, en apenas un mes, dos golpes mortales, y quedaba descabezado en lo que respecta a  los partidos y sindicatos obreros. A partir de este momento, y no sin resistencia, iniciarían su declive hasta su desaparición.
 
            La noticia de la entrada en el gobierno republicano provocaría un estupor todavía mayor entre las bases cenetistas, del que había producido su entrada en el Consell de la Generalitat en Catalunya.
 
"La decisión de la CNT y la FAI de entrar en el Gabinete produjo una profunda conmoción en el movimiento libertario. No sólo representaba la negación absoluta de los principios básicos del anarquismo, conmoviendo hasta lo más íntimo toda la estructura de la teoría libertaria, sino que violando el principio democrático, había sido tomada sin consultar a la masa" (710).
 
            Evidentemente, la militancia anarcosindicalista no podía participar del entusiasmo y del triunfalismo con el que la prensa y los dirigentes anunciaban  la entrada en el gobierno republicano. La oposición denunció con gran descontento y  con algunas agrias críticas a las actitudes conciliadoras de la dirección. La oposición al colaboracionismo de los dirigentes iría cristalizando, a medida que las propias bases, fueran comprobando las consecuencias negativas de la entrada de la CNT y la FAI en la Generalitat de Catalunya y en el gobierno central de la República.
 
5.2 EL PROCESO DE DECADENCIA DE LA REVOLUCIÓN.
 
            La integración de la CNT-FAI y del POUM en el nuevo gobierno (o Consejo) de la Generalitat iba a tener unas consecuencias muy distintas a las que éstos esperaban.
 
            La disolución del Comité Central de Milicias traía consigo un cambio fundamental. La revolución entraba en una fase defensiva y de decadencia. El nuevo gobierno de unificación, esta vez con la colaboración (aunque fuera a regañadientes) de los líderes anarcosindicalistas y del POUM, iniciaba una política que iba dirigida a terminar cuanto antes, con los organismos del revolucionario. La autoridad de las instituciones republicanas empezaba a consolidarse. Sin embargo  y a pesar de contar con la colaboración de la CNT y del POUM, el proceso de liquidación de los organismos revolucionarios no sería fácil e iba a encontrarse con fuertes resistencias.
 
 
5.2.1 CONTRA LOS COMITÉS REVOLUCIONARIOS EN CATALUNYA.
 
            Apenas constituido el nuevo Consell de la Generalitat, el nuevo gabinete procedió a restablecer su autoridad política, como  el único poder legítimo en toda Catalunya. Pero una cosa era la teoría legalista de los decretos y otra la realidad que existía.  El objetivo, sin la colaboración de la CNT-FAI y el POUM habría resultado totalmente utópico. Sin embargo, aunque se contara con ellos, la desarticulación de los comités locales no prometía ser  una tarea fácil. Si la supremacía del Comité Central de Milicias había sido discutida y desobedecida a menudo por esta multitud de comités, la del Consell de la Generalitat iba a tener serios problemas para hacer valer su autoridad.
 
            La colaboración de la CNT y del POUM permitiría al gobierno  autónomo catalán iniciar su campaña de acabar  con los comités. Apenas  dos días después de constituirse el nuevo gabinete, el 28 de Septiembre, su presidente Josep Tarradellas, anunciaba en la  prensa, la realización de un viaje por Catalunya para el  día 30, que tendría la finalidad de asentar la autoridad política del nuevo gobierno de concentración. En su misión, sería acompañado por destacados dirigentes de las tres principales organizaciones obreras catalanas, Andreu Nin (POUM), J. Doménech (CNT) y Juan Comorera (PSUC) (finalmente, éste último no viajaría). La misión se desplazaría en primer lugar a Lérida, que estaba controlada por el Comité Popular y donde el POUM era la organización mayoritaria. Posteriormente, se desplazaría a Tarragona, donde existía una fuerte resistencia de las bases sindicales a someterse a la nueva autoridad del gobierno.
 
            Indudablemente el prestigio político de los dirigentes revolucionarios y especialmente la de Nin, convertido ahora en el nuevo Conseller de Justicia, contribuyeron decisivamente al éxito de la misión.
 
            El 9 de Octubre, el gobierno de la Generalitat decretaba la disolución de todos los comités locales en Catalunya. En otro decreto, publicado el mismo  día, se ordenaba que  los organismos revolucionarios fueran sustituidos por nuevos consejos municipales, que mantendrían la misma proporcionalidad de fuerzas que existía en el seno del nuevo Consell. Los miembros de los    nuevos ayuntamientos no serían elegidos, sino delegados por los partidos y sindicatos de cada localidad. Las modificaciones en la representatividad, en el seno de los nuevos consejos municipales favorecieron principalmente al PSUC, que, de esta forma, se veía sobrerrepresentado en numerosas poblaciones, donde antes no lo estaba, o bien donde su implantación era débil. Los principales perdedores eran el POUM, la CNT y la FAI, que eran las organizaciones cuyos militantes habían participado más activamente en los comités revolucionarios locales. Sin embargo, las condiciones de proporcionalidad no siempre fueron mantenidas en las distintas poblaciones. Los decretos amenazaban con   declarar facciosos a todos aquellos que ofrecieran resistencia a su cumplimiento. Por primera vez, el gobierno de la Generalitat se sentía lo suficientemente fuerte para amenazar a los revolucionarios que se atreviesen a desafiar su autoridad.
            En apariencia, las consecuencias políticas de la sustitución de los comités locales por nuevos consejos municipales eran mínimas. Esta era por lo menos, la visión que parecían tener muchos de los militantes que habían apoyado y formado parte de los comités-gobiernos revolucionarios. Al fin y al cabo, sus organizaciones iban a seguir formando parte de los nuevos consejos municipales. La sobrerrepresentación de algunos partidos del Front d'Esquerres quedaba ampliamente compensada por la mayor influencia entre la población del anarcosindicalismo y en menor medida del POUM. Sin embargo, la realidad era otra. Los nuevos organismos municipales, de naturaleza burocrática (su composición no respondía a la influencia de los partidos y sindicatos entre la población de la localidad) muchos más alejados de la influencia de la población trabajadora, estaban mucho más sujetos a las disposiciones del gobierno.
 
            El día 22 del mismo mes, empezaba a funcionar el Consejo Municipal de Barcelona, presidido por Pi i Sunyer. El nuevo ayuntamiento barcelonés contaría con 33 concejales (9 de la CNT (Servicios Públicos, Policía Urbana y Obras Públicas), 9 de ERC (Presidencia, Finanzas y Gobernación), 6 del PSUC-UGT (Cultura y Asuntos Sociales), 3 del POUM (Sanidad), 3 de la Unió de Rabassaires (Abastos) y 3 de Acció Catalana (Estadística)) (711). El ejemplo de  Barcelona era toda una invitación al resto de las poblaciones de Catalunya para que procedieran de forma similar.
 
            La restauración de los Ayuntamientos significaría el principio del fin de la dualidad de poderes a escala local. La  situación política en la zona republicana se decantaba cada vez más hacia los partidarios de la restauración. Sin embargo, la liquidación de los comités locales, de forma similar a la que ocurría con el resto de los organismos que habían surgido al calor de la revolución, encontró fuertes resistencias. A pesar de la colaboración prestada por los dirigentes anarcosindicalistas y poumistas, los militantes de base que formaban parte de los comités, se mostraron reacios a aceptar las nuevas directrices de la Generalitat, aunque contaran con la aprobación de sus dirigentes. El proceso de liquidación de los comités-gobierno se extendería durante varios meses, en los cuales los nuevos ayuntamientos tenían que convivir con ellos.
           
            Sin embargo, los días de existencia de estos últimos estaban contados, en tanto en cuanto las organizaciones que en un principio los habían alentado, ahora los exhortaban a disolverse.
El Comité Regional de la CNT declaró que todos los comités y sindicatos deberían contribuir a que se formasen rápidamente los nuevos ayuntamientos.
 
"...Del viejo ayuntamiento no queda absolutamente nada... no debe quedar nada más que el nombre; y si el nombre pudiera también representar alguna dificultad, por nuestra parte, también puede suprimirse, sustituyéndolo por el de Consejos municipales, que es la denominación que deben tener; aunque más que Consejos municipales, lo que mejor le cuadraría a estos organismos es el de Cantones municipales..." (712).
 
            De hecho, los comités revolucionarios locales nunca habían sido seriamente analizados por el anarcosindicalismo, que no sabía como integrarlos en su concepción de la revolución. La tradición libertaria se basaba en los municipios libres, en las  comunas y no en organismos de tipo soviético o presoviético. Si habían aceptado formar parte de un Comité Central de Milicias, si también habían acabado por integrarse en el gobierno   de la Generalitat, confiados en que su fuerza podría acabar con cualquier peligro contrarrevolucionario, ¿porqué no iban a formar parte de los nuevos Consejos, si ya estaban en el gobierno que los controlaba?
 
            Sin embargo la colaboración de los dirigentes libertarios en la disolución no podía hacer otra cosa que ahondar en el creciente descontento de los militantes de los sindicatos, que había dado vida y que habían formado parte de los comités.
La integración del poumismo en el nuevo gobierno de Catalunya fue, sin duda alguna, también un logro importante para los planes de liquidación de los comités revolucionarios locales. El POUM dirigía el  Comité Popular de Lérida y mantenía una fuerte implantación en Tarragona y en otras áreas de Catalunya. Una de las primeras consecuencias políticas de la integración en  el gobierno de la Generalitat, fue su complicidad en las tareas de disolución de los comités locales que hasta aquel momento había defendido.
 
            La participación del POUM en un gobierno, que se revelaba como el enemigo mortal de los comités revolucionarios, colocaba al partido en una peligrosa contradicción política. Los llamamientos a la formación de una Asamblea Constituyente sobre la base de los comités, idea que defendía el poumismo, quedaron seriamente en entredicho. La tarea quedaba de esta manera, en manos de un gobierno que se proclamaba cada vez más abiertamente, partidario de los nuevos ayuntamientos y de la restauración republicana.
 
"¿Cómo podía lanzar las consignas de <<todo el poder a los comités>> si él formaba parte del poder capitalista que los comités hubieran debido aniquilar para salvar la revolución?" (713).
 
            El poumismo había aceptado integrarse en un gobierno  de la Generalitat en la que las organizaciones revolucionarias eran mayoritarias y llevaban la iniciativa política. Sin embargo el ascenso del PSUC y la confusión en la que se encontraban sumidos los anarcosindicalistas hizo que fuera el Front d'Esquerres y no la CNT y el POUM, quien llevaba la iniciativa política.
 
            Sin desearlo, el poumismo se encontraba formando parte de un gobierno que pretendía destruir el nuevo orden revolucionario que él defendía. Incapaz de distanciarse de los dirigentes libertarios, el POUM se dispuso a mantenerse en el nuevo gobierno, esperando que un giro en la orientación  política de la CNT salvaría el curso descendente que había tomado la revolución (714).
 
            Indudablemente, la actitud contradictoria de la dirección del POUM originó numerosas protestas en las bases del partido.  En la reunión del Comité Central del POUM, realizada el mes de Diciembre, los delegados de Reus y de Lérida (los mismos lugares donde Nin había acompañado a Tarradellas) presentaron una protesta por  el curso político que había adoptado el partido (715). Numerosos militantes de base no comprendían como podía compatibilizarse la permanencia y la colaboración con un gobierno que pretendía la disolución de los comités, con la consigna de un gobierno obrero, basado en ellos. Los sectores de la oposición de izquierdas (el grupo de Rebull, las Juventudes Comunistas Ibéricas...) pidieron que el partido apostara decididamente por la creación de organismos de tipo soviético, para poder contrarrestar la evolución contrarrevolucionaria que estaba tomando la situación (716).
 
            Poco después, en el mes de noviembre, una vez  cumplido el objetivo de liquidar a los comités, tarea en la que la colaboración del POUM había sido imprescindible, su secretario Andreu Nin sería expulsado del gobierno de la Generalitat, a partir de una crisis de gobierno, provocada por el PSUC.
 
            En los meses posteriores, el POUM seguiría manteniendo una política contradictoria y vacilante, en la que combinaría la exigencia de que el partido fuera de nuevo readmitido en el gobierno de la Generalitat, con las consignas de "gobierno obrero" y "Asamblea Constituyente basada en los comités". Como si nada hubiera pasado, el POUM seguía defendiendo las viejas consignas.
 
"(Ante la expulsión del gobierno de la Generalitat) El POUM protesta vehemente, pero no señala otra perspectiva que su vuelta  al gobierno de coalición, su propia reintegración al Consejo. Negándose a reconocer que el proceso contrarrevolucionario dirigido por el gobierno, que ahora se lleva a cabo abiertamente, empezó en septiembre con la disolución de los comités y que fue facilitado por su propia política de colaboración, el POUM, cuyo progreso numérico se ha estancado y ante el que se acumulan grandes dificultades materiales, no puede esperar, en esta línea, más que un cambio de la política de colaboración de los anarquistas... Toda su política reposa sobre la necesidad de convencer a los dirigentes de la CNT, hasta ahora manipulados por los estalinistas y sus aliados, de que deben proteger al POUM, a fin de preservarse ellos mismos..." (717).
 
            Durante su breve participación en el gobierno catalán, el POUM había defendido la formación de una Asamblea Constituyente  basada en los comités.  Los mismos que la Generalitat había conseguido disolver (o ilegalizar), mediante su colaboración.  Ahora, expulsado del gobierno, el POUM seguía defendiendo la misma política. Sus exigencias de readmisión sugieren que tendría que ser este gobierno, convertido en "no burgués" gracias  a la mayoría CNT-FAI-POUM, el encargado de convocar el proceso constituyente. Este gobierno de concentración, representaría una etapa intermedia entre la vieja Generalitat republicana y el futuro gobierno revolucionario.
            Sin embargo, los comités locales estaban en un avanzado grado de disolución y no estaba en el ánimo de nadie reconstruirlos, ni siquiera en el del POUM, que en el mismo documento, declaraba la legitimidad de los ayuntamientos o consejos municipales, como la auténtica representación popular de la revolución española.
 
"Con la revolución ha llegado la hora para que el municipio ibérico tome el carácter de organismo político-administrativo de los intereses de la colectividad".
...
"La fuerza creadora del proletariado ha hundido al municipio caciquil y <<cobrador>> de impuestos, para dar paso al nuevo municipio, célula de la nueva sociedad socialista".
...
"El municipio ha de ser la representación genuina de la democracia obrera" (718).
 
            El POUM intentaba adaptarse a las circunstancias que  estaban cambiando rápidamente, y que socavaban los restos de la revolución. Sin embargo, ni el gobierno de la Generalitat tenía esa pretendida naturaleza intermedia y contradictoria, ni los nuevos ayuntamientos eran "la representación genuina de la democracia obrera". El POUM se engañaba e iba a seguir haciéndolo hasta el  mismo momento de su ilegalización.
 
            En el  bando contrario,   Companys veía en la  integración de los anarcosindicalistas y poumistas la gran oportunidad para iniciar seriamente sus planes de recuperación del poder. Sin embargo, el gran beneficiado del retroceso revolucionario no era ERC, sino los comunistas del PSUC,   que se erigían cada vez más en los firmes adversarios del anarcosindicalismo.
 
            Desde los primeros momentos, el PSUC se había  manifestado   partidario de la liquidación del doble poder, en favor de un nuevo gobierno de la Generalitat. Una vez conseguida la disolución del Comité Central de Milicias y la integración de sus miembros en un nuevo gobierno de unidad, era necesario dar los  primeros pasos para la recuperación de los viejos ayuntamientos (llamados Consejos Municipales), que sustituirían a los incontrolables comités revolucionarios.
 
            La autoridad de la Generalitat tenía que consolidarse como la  única e indiscutible en toda Catalunya, y para ello era necesario recuperar las viejas estructuras de la administración republicana. Dicho en palabras de su secretario, Juan Comorera:
 
"La autoridad legítima, afirmo, debe poder imponerse a la dictadura irresponsable de los comités" (719).
 
            A pesar de que el decreto de Octubre sobre los nuevos  ayuntamientos había beneficiado principalmente al PSUC, éste sería el blanco de sus críticas. Los comunistas catalanes se lamentaban de que su peso en los nuevos ayuntamientos no correspondiera al que ellos consideraban adecuado.
 
            Liquidado el Comité Central de Milicias y los comités revolucionarios locales, el Partido Socialista unificado tenía las puertas abiertas para poder convertirse en la primera fuerza política catalana. La CNT-FAI y el POUM, en plena decadencia y cada vez más adaptados a la "colaboración democrática" con la Generalitat y el Front d'Esquerres, demostraban, una y otra vez, su incapacidad para frenar los  planes de restauración.
 
5.2.2 LA DECADENCIA DE LOS COMITÉS FUERA DE CATALUNYA.
 
            La llegada al gobierno, de Largo Caballero, fue recibida con satisfacción por parte de la mayoría de los trabajadores, incluidos los de militancia anarcosindicalista. Las bases ugetistas consideraron que la llegada al gobierno de su máximo dirigente, era un paso fundamental en el camino hacia la victoria revolucionaria. El gobierno de coalición con los republicanos no sería más que una etapa necesaria, que estaba marcada por las circunstancias del momento, pero que también era el preludio del futuro gobierno revolucionario.
 
            Los libertarios consideraban que, con Largo Caballero en el gobierno, se confirmaba su concepción sindical de la revolución española. En estas condiciones, la Alianza UGT-CNT parecía más cercana que nunca. La participación de los líderes cenetistas en el nuevo gobierno no haría otra cosa que consolidar el peso de los sindicatos en la dirección de la guerra y de la revolución.
 
            Sin embargo, los partidarios del Frente Popular tenían una idea muy distinta de lo que realmente significaba el segundo gobierno de Largo Caballero. Por primera vez desde los comienzos de la guerra, la República dejaba de ser una mera administración fantasma, y conseguía "popularizarse" entre los sectores revolucionarios de la población. El fortalecimiento del gobierno tenía que ser aprovechado para completar la reconstrucción del aparato estatal republicano.
 
"Para Azaña y Prieto, como para Stalin y sus representantes en España, la jefatura gubernamental de Caballero podía ser la garantía de que la revolución colaborara en su propia rectificación, en la restauración del estado republicano democrático-burgués" (720).
 
            Sin embargo, el primer grave obstáculo político al que  tuvo que enfrentarse Largo Caballero en el gobierno, era que su propia autoridad estaba fuertemente limitada y discutida por los innumerables comités que dirigían y administraban los pueblos y ciudades de la zona republicana. Tal como reflejarían las páginas de "Claridad".
 
"Hoy no son, no pueden ser esos órganos más que estorbos de una labor que corresponde única y exclusivamente al gobierno del Frente Popular, donde participan con plena responsabilidad representantes de todas las organizaciones políticas y sindicales del país" (721).
 
 
            Una postura similar, aunque mucho más elaborada, fue la del Partido Comunista. El PCE representado en el gabinete de Largo Caballero, reclamó con creciente intensidad que los comités revolucionarios locales fueran disueltos inmediatamente, y de que se entregara "todo el poder y la autoridad al gobierno del Frente Popular". Irónicamente, los comunistas oficiales defendían una de las consignas centrales que habían defendido Lenin y los bolcheviques rusos, la de "todo el poder a los soviets", exactamente al revés. El PCE estaba dispuesto, por razones de política internacional y de la diplomacia estalinista, a evitar que la revolución española fuera más allá del corsé "democrático-burgués" que él reclamaba (722).
 
"Es indiscutible si, en los primeros momentos de la guerra civil, fueron precisos los numerosos organismos que se crearon en los pueblos y en las ciudades de la España leal. Lo que no puede ponerse en duda es que en la hora actual... entorpecen grandemente la obra gubernamental" (723).
 
            Giral, por su naturaleza política había demostrado su incapacidad para enfrentarse con éxito a una revolución que había hundido a la República. Era también más que dudoso que Indalecio Prieto, o cualquier otro dirigente del ala moderada del Partido Socialista, hubiese podido contener y corregir la avalancha revolucionaria que se había desencadenado. Era evidente que, sólo Largo Caballero podía llevar a cabo la tarea de acabar con la duplicidad de poderes, acabar con los comités-gobierno y reconstruir la vieja administración republicana, sin provocar un estallido revolucionario que pudiera poner en peligro los planes.
 
            Aprovechando la integración de la central sindical anarcosindicalista en el nuevo, Largo Caballero consideró que contaba con la autoridad y las fuerzas necesarias para proceder a liquidar el poder de los comités y reponer las viejas administraciones locales. A finales de 1936, el gobierno  republicano decretaba (de la misma forma que antes había hecho Companys en Catalunya), la disolución de los comités revolucionarios y el restablecimiento de los Ayuntamientos. En las nuevas administraciones, deberían estar representadas todas las organizaciones que formaban parte del gobierno central.
 
            Los dirigentes anarcosindicalistas habían entrado en el  gobierno de Largo Caballero, convencidos de que su presencia en él serviría para "legalizar" las conquistas de la revolución. La realidad obligaría a los líderes libertarios a dar su conformidad a los decretos del gobierno, en aras a mantener la recién estrenada unidad antifascista. De esta manera la CNT se vería obligada a avalar la disolución de los comités y la restauración de las antiguas instituciones republicanas. La flagrante contradicción política en la que se encontró la dirección cenetista, llevaría a sus representantes a hacer verdaderas piruetas, para justificar su adaptación. Juan Peiró, convertido en ministro de Industria, criticó la actividad de los comités revolucionarios que interferían las disposiciones dictadas por el gobierno.
 
"El gobierno da una orden -declaraba en un mitin de la CNT, unas semanas antes de la promulgación de los decretos- y luego se interfieren unas consignas de los comités locales. Para ordenar todo, todo se desorganiza (rumores), o sobra el gobierno o sobran los comités (voces: ¡sí!) ¿Qué quieren decir esas voces?, ¿qué sobran los comités? (voces nuevas: ¡sí! ¡no!)... los comités no sobran... lo que hace falta es que sean elementos auxiliares del gobierno..." (724).
 
            El ministro anarcosindicalista optaba por una solución falsamente salomónica. La dirección de la CNT no podía pedir firmemente la disolución de los comités, sin sufrir un grave deterioro de su prestigio entre sus propias bases, y especialmente entre los sectores más militantes del sindicato, sin una escisión. La opción contraria, la de oponerse a la disolución, hubiera conllevado la inmediata ruptura   con el nuevo gobierno de Largo Caballero del que formaba parte. Juan Peiró, como representante de los organismos dirigentes de la CNT escogía una falsa vía intermedia: la de pedir la supervivencia de los comités, pero siempre y cuando éstos se subordinaran a la política del nuevo gobierno, es decir, a la reconstrucción del viejo estado burgués. En realidad la opción resultaba inviable.
 
            No era difícil adivinar la oposición de los militantes de base, que estaban organizados en los comités. La sugerencia de Peiró significaba en la práctica, la liquidación política de los comités, como organismos de la revolución. Era otra forma de disolverlos.
 
            Largo Caballero y las organizaciones del Frente Popular no estaban dispuestas a tolerar que se mantuviera en pie ninguna estructura revolucionaria, ni siquiera vaciada de su contenido. El mejor seguro para que la revolución no pudiera recuperar el terreno perdido era liquidando a los organismos que habían surgido de ella. Con esta perspectiva, los comités,   sin ninguna organización dispuesta a apoyarlos, entrarían en un rápido proceso de decadencia.
 
            A pesar de los decretos de disolución, los comités-gobierno consiguieron sobrevivir durante varios meses. Los sectores revolucionarios, libertarios y socialistas de izquierda en su mayoría, siguieron apoyando y agrupándose en torno a ellos. De esta manera, los nuevos Ayuntamientos y los comités coexistieron   durante todo un período. Con frecuencia, las organizaciones obreras se encontrarían representadas en los dos organismos.  
 
            El peso social de los comités-gobierno locales hizo que, en muchas poblaciones y durante las primeras semanas, las administraciones municipales se limitaran a ejercer un papel formal. Sin embargo,  algo había cambiado, la dualidad de poderes se orientaba ahora hacia la ofensiva republicana frente a la decadencia de la revolución. La participación mayoritaria de las organizaciones obreras en el nuevo gobierno y su apoyo a la restauración de los nuevos Ayuntamientos no podía hacer otra cosa que fortalecer las nuevas estructuras republicanas, en detrimento de las revolucionarias.
            A principios de 1937, los comités locales tuvieron que ceder a los nuevos ayuntamientos, gran parte de sus atribuciones. Desposeídos progresivamente de su poder político, los comités irían quedando como organismos de índole económica, como administradores y coordinadores de las colectividades locales.
 
            Para evitar los choques entre los Ayuntamientos y los comités revolucionarios, Largo Caballero buscó anular e integrar a estos últimos. Frecuentemente los dirigentes de los comités fueron nombrados alcaldes de los nuevos gobiernos municipales. Poco a poco, sin dirección política y presionados por las direcciones de las mismas organizaciones de las que formaban parte sus integrantes, los comités revolucionarios fueron disolviéndose o asimilándose a las nuevas estructuras republicanas.
 
            Mucho más tarde, ya en pleno fragor de la  contrarrevolución republicana, el 8 de Octubre de 1937, el gobierno de Negrín decretaría la intervención de comisarios del gobierno en las localidades donde todavía no habían llegado a constituirse los Ayuntamientos. El hecho de que en una fecha tardía pudiera  publicarse tal decreto refleja la resistencia de algunos  sectores de la población a aceptar la restauración de las administraciones municipales republicanas (725).
 
            A pesar de su declive, los comités consiguieron sobrevivir en algunas zonas durante algún tiempo (Asturias...), hasta la llegada de las tropas franquistas.
 
5.2.3 EL DESARME DE LA REVOLUCIÓN. EL DECLIVE DE LOS CUERPOS ARMADOS DE LA REVOLUCIÓN EN CATALUNYA.
 
            Los intentos de reconstrucción del ejército y la policía republicanas se remontan, prácticamente, a los primeros momentos de la revolución en Catalunya. La misma propuesta hecha por Companys a los anarquistas para organizar las "milicias ciudadanas" y un Comité Central que estuviera subordinado al gobierno de la Generalitat, que las organizara y dirigiera,  eran parte de este proyecto. Tanto el gobierno autónomo catalán, como el de la República, sabían que era utópico pretender someter al movimiento revolucionario, sino contaban antes con unos cuerpos armados que fueran fieles a su autoridad.
 
            El decreto firmado por Giral, por el que los soldados  quedaban liberados de su obligación para seguir manteniendo su obediencia a los mandos sublevados tuvo un efecto de boomerang sobre las escasas fuerzas que todavía se mantenían fieles a la República.
 
            En pocas horas, los cuerpos armados que seguían siendo leales en Catalunya quedaron reducidos a un puñado insignificante de militares profesionales, sin capacidad para controlar la situación. Las tropas desertaron en bloque, mientras que algunos  acabaron por unirse a los revolucionarios, contagiados por el entusiasmo popular.
 
            Algo similar ocurría entre los cuerpos policiales. A los pocos días, Companys se había quedado sin efectivos para poder hacer valer su autoridad. El contagio revolucionario también se había apoderado de la policía y de la guardia civil. Muchos de  ellos habían acabado por desprenderse de sus uniformes y habían salido a la calle para unirse a los revolucionarios. Incluso en el seno de las escasas unidades policiales que se habían salvado de la desintegración, aparecieron los omnipresentes comités revolucionarios que se encargarían de la vigilancia de los elementos sospechosos de simpatizar con el enemigo.
 
            Para cubrir el vacío que habían dejado los cuerpos armados de la República, los partidos y sindicatos organizaron un improvisado sistema de milicias y de patrullas de control (ver los capítulos sobre el Comité Central de Milicias que analizan el tema). Sin embargo, el predominio anarcosindicalista y también en menor medida la fuerza del POUM, impedían a Companys y sus aliados iniciar la reconversión de las milicias y de las patrullas de control, para transformarlas en el nuevo ejército republicano. La organización interna de las milicias, democrática y participativa; la elección de los mandos  por la tropa, el hecho de que éstos carecieran de privilegios y de distintivos; la existencia de toda una vasta red de comités y de delegados elegidos en asambleas, eran poderosos obstáculos para la reconstrucción del ejército y de la policía republicana.
 
            A estas graves dificultades, se sumaba el hecho de que los trabajadores y sus  organizaciones tuvieran en su poder gran cantidad de armas con las que pretendían defender el nuevo orden social. El presidente Companys y los partidarios de la República, necesitaban desesperadamente contar con un cuerpo armado, sin el que su autoridad política carecía de valor. El problema era que los revolucionarios no estaban dispuestos a consentir que éste se formara. Inevitablemente, la reconstrucción del ejército y  de la policía republicana sólo podía llevarse a cabo con el consentimiento de los dirigentes anarcosindicalistas.
 
            La integración de la CNT, a finales del mes de Septiembre, en un nuevo gobierno de la Generalitat, iba a resolver el callejón sin salida en el que se encontraban los adversarios de la revolución de los comités. En los primeros momentos, los departamentos del Comité Central de Milicias, relacionados con las milicias y con la Seguridad Interior pasaron, apenas sin cambios, a formar parte del engranaje del nuevo gobierno de la Generalitat. Sin embargo, este era el primer paso. Pronto se darían otros.
 
5.2.4 CONTRA LAS PATRULLAS DE CONTROL EN CATALUNYA.
 
            El 4 de Octubre, el departamento de Seguridad Interior del disuelto Comité Central de Milicias pasaba a integrarse en la Consellería del nuevo gobierno de la Generalitat. Aparentemente  nada parecía haberse modificado. El que había sido responsable de la Seguridad Interior del Comité, el anarcosindicalista Aurelio Fernández, fue nombrado secretario de la nueva Junta de Seguridad. El representante libertario continuaba siendo, de esta  manera, el auténtico responsable de los cuerpos policiales, mientras que la titularidad de la Consellería de Interior, estaría de forma simbólica en manos de Artemio Aiguader (ERC). Dionisio Eroles (CNT), también procedente del  Comité Central de Milicias, continuaría como responsable de los Servicios de Orden Público. Las patrullas de control se mantuvieron como una fuerza paralela a los cuerpos policiales de la Generalitat. El hecho de que existieran dos organizaciones policiales paralelas, con las mismas tareas y dependiendo del mismo gobierno, pero de naturaleza distinta (una era hija de la revolución, la otra era heredera de las fuerzas policiales de la República) fue una fuente constante de tensiones y de enfrentamientos en los meses siguientes.
 
            Los choques entre ambas organizaciones se incrementarían, a medida que las patrullas de control fueron perdiendo terreno, y los cuerpos policiales tradicionales  conseguían fortalecerse. A pesar de que las patrullas, formadas mayoritariamente por militantes obreros, se resistían a convertirse en un mero aparato represivo de las nuevas autoridades, su razón de ser desaparecía a medida que la misma revolución de la que habían surgido retrocedía.
 
            Los decretos del 11 de Octubre, por los que se disolvían los comités revolucionarios locales y se creaban los nuevos consejos municipales favorecería la disolución de los cuerpos  armados revolucionarios de las distintas localidades, que pasarían a depender directamente de la Consellería de Gobernación.
 
            El día 18 del mismo mes, dimitía el comandante Gómez García, que a mediados de Agosto había sido nombrado comisario general del Orden Público, después de la dimisión de Escofet y Guarner. Le sucedería en el cargo Andreu Rebertés de ERC. A finales del mes de Noviembre, el PSUC-UGT y las organizaciones del Front d'Esquerres lanzaron una intensa campaña para pedir que se reforzara la disciplina en la retaguardia. El mismo presidente del gobierno catalán, Josep Tarradellas, aprovechó la situación para exigir que los decretos promulgados por la Generalitat fueran obedecidos sin reticencias. Al fin y al cabo, las nuevas órdenes contaban ahora con el visto bueno de los representantes de la CNT-FAI y del POUM que estaban en el gobierno. Sin embargo, el decreto promulgado el día 27 del mismo mes, por  el cual en el plazo de cuarenta y ocho horas debían  ser entregadas todas las armas que se encontraban en la retaguardia, para ser enviadas al frente, fue de nuevo desobedecido.
 
            Ambos bandos, los partidarios de una revolución que sentían que se les escapaba de las manos, y sus adversarios, los partidarios de la restauración republicana, sabían que la situación no iba a terminar así. Tarde o temprano se produciría el ajuste de cuentas entre ambas fracciones que iba a  resolver el destino de la revolución. Los revolucionarios se negaban a entregar las armas de las que se habían apoderado, al ver que la presencia de la policía republicana de la Generalitat, era cada vez más evidente en las calles, en detrimento de las patrullas de control (726).
            Mientras tanto, sus adversarios del Front d'Esquerres acumulaban armas a la espera del enfrentamiento. Durante aquellas fechas, la prensa anarconsindicalista denunció y probó documentalmente, que el PSUC había substraído secretamente 14 carros blindados, que estaban destinados al frente, para pasar a formar parte de su  propio arsenal de retaguardia.
 
"...Lo que está fuera de toda clase de dudas es que los tanques robados no se substrajeron para realizar operaciones de guerra... si no se substrajeron esos tanques para llevarlos al frente, ¿para qué se realizó operación tan "brillante"? presumimos en esto un bosquejo de intento dictatorial contra el que todos saben que nos alzaríamos inmediatamente" (727).
 
            El día 25 de Noviembre, dimitía el comisario del Orden Público, Andreu Rebertés y era sustituido por Martí Rouret, también de ERC.
 
            En la crisis  de Diciembre, en la que el POUM fue expulsado del gobierno, se produjo una lucha más o menos soterrada, por el control de la consellería del Interior. El enfrentamiento entre anarcosindicalistas y socialistas unificados se reflejó en las páginas de los periódicos, con sus confusas y contradictorias  noticias, entre los días 18 y 25 de Diciembre. Finalmente la lucha se saldó a favor de los partidarios del Front d'Esquerres que incrementaron su control sobre el departamento, en detrimento de la CNT. Eusebio Rodríguez Salas (PSUC) sería nombrado Comisario General, Josep Soler (ERC) asumió el cargo de Inspector General, mientras que el cenetista Dionisio Eroles continuaba manteniendo el de Jefe de los Servicios de Orden Público.
 
            A partir de la nueva situación, el Departamento lanzó una serie de decretos y de órdenes que recortaban, más y más, el poder de los sectores izquierdistas. El 29 de Diciembre, se publicó una orden por la cual, cualquier reunión o manifestación pública, tendría que contar con el permiso policial. El día 31 del mismo mes, se indicó que todas las denuncias tendrían que llevarse a cabo en las comisarías y no en ningún otro centro.
 
            El día 26, la policía republicana intervino en la localidad de Hospitalet, en un enfrentamiento entre las dos centrales sindicales UGT y CNT, a favor de la primera. Cada vez era más evidente que las patrullas de control se encontraban en un claro proceso de decadencia, y de que sus razones de existencia, desaparecían rápidamente. El declive de la revolución era una evidencia que ya no se le podía escapar a nadie.
 
            A finales del mes de Enero, el PSUC y la ERC se encargaron de dar un nuevo golpe a las patrullas de control. Sin  mediar ningún aviso, retiraron sus efectivos de éstas, basándose en los  hechos que habían acontecido en la localidad de la Fatarella (728).
 
            Las organizaciones del Front d'Esquerres amenazaron  con la expulsión, cualquier resistencia de sus militantes a abandonarlas.
            El 1 de Marzo, se decretó, a instancias del PSUC, la unificación de las fuerzas policiales en una sola organización controlada por el gobierno de la Generalitat (729).
 
            Todos los diferentes cuerpos de seguridad (guardia nacional republicana, seguridad y asalto, investigación y vigilancia, patrullas de control) serían disueltos y transformados en una sola fuerza policial. Los mandos serían elegidos entre la oficialidad de la vieja policía republicana. Todas las tareas y actividades relacionadas con el Orden Público quedarían centralizadas en la Consellería de Seguridad Interior. Se prohibiría a los miembros de la nueva policía, cualquier tipo de militancia política o sindical. También serían disueltos los comités de obreros y de soldados que actuaban en el interior de los distintos cuerpos, para controlar y vigilar las posibles actividades contrarrevolucionarias que pudieran desarrollarse en su interior. Las órdenes equivalían, en la práctica, a expulsar a los efectivos cenetistas y poumistas de las tareas de mantenimiento del orden público, que a partir de aquel momento quedarían exclusivamente en manos de los partidarios de la restauración republicana. Los decretos contaron inicialmente con la aceptación de los representantes libertarios en el gobierno. Sin embargo, el descontento y la fuerte tensión que se había desatado hizo que los dirigentes cenetistas declararan públicamente su oposición a que la orden fuera llevada a cabo (730).
 
"Una vez más (la CNT) se encontraba engañada en un gobierno que de sindical sólo tenía el nombre. Nunca tuvo el timón de la nave gubernamental y los cuatro consejeros tenían más la función de aportar las siglas CNT al Consell de la Generalitat, que influir en la línea del gobierno. Cuanto más implicados estaban en las resoluciones del Consell de la Generalitat, más duras eran las críticas que recibían de los sectores más radicales de la FAI y de la CNT misma" (731).
 
            La central sindical anarcosindicalista defendió  la idea de que la convivencia de ambos cuerpos policiales, seguía siendo posible. La situación no estaba todavía lo bastante madura, como para enfrentarse abiertamente a los anarquistas, por lo que el proyecto de reestructuración sería abandonado por el momento.  La vuelta atrás fue duramente criticado por los comunistas del PSUC que se  mostraban partidarios de precipitar el choque contra los anarcosindicalistas.
 
"Companys deseaba que desaparecieran (las patrullas de control), ... Pudo haber recurrido a la colaboración que les brindaban los consejeros del PSU-UGT y concertar con ellos las medidas adecuadas para resolver el conflicto. Se lo impidió el temor  a una ruptura con las masas confederales" (732).
 
            Sin duda, Lluís Companys había optado por la prudencia. La fuerza del anarcosindicalismo aún era grande, y el descontento de unas bases sindicales que contaban con un  importante arsenal y que eran reacias a entregarlo a sus adversarios, presagiaba que la consolidación del orden republicano no iba a resultar fácil.
            El PSUC organizó una fuerte campaña contra los "incontrolados",  eufemismo que ocultaba tras de si a los sectores revolucionarios que se negaban a someterse a las  autoridades, incluso aunque en ellas estuvieran representados sus propios sindicatos y partidos.  Con el término "incontrolado" se pretendía relacionar a los sectores más radicalizados del anarcosindicalismo y del poumismo con la delincuencia del lumpenproletariado (733). Era un prerrequisito imprescindible para exigir una posterior represión policial sobre ellos.
 
            Relacionados con esta campaña, también se harían numerosos llamamientos para que la retaguardia fuera desarmada y el control del orden público quedara exclusivamente en manos de la policía republicana (734).
 
"En efecto, ¿qué significaba <<desarme de la retaguardia>> y <<todas las armas al frente>>, ni más ni menos que esto: quitemos pistolas y fusiles al proletariado, dejemos indefensos a esos revolucionarios que se armaron el 19 de Julio, y en un periquete liquidaremos la revolución, contentaremos a las potencias imperialistas y al Kremlin, anularemos la guerra civil y nos pondremos en condiciones de ganar la <<guerra de independencia nacional>> obligando al bando franquista a pactar con nosotros. Desarmar la retaguardia no podía significar otra cosa que desarmar al proletariado. Era la consigna política en la que para nada intervenían los intereses de la guerra. Al contrario, el gobierno se atrevía a lanzar su consigna de desarme de la retaguardia, porque ya había substraído millares de armas al frente, armas entregadas a los guardias civiles y de asalto, con las que poner por obra su consigna" (735).
 
            El 27 de Marzo se produciría una nueva crisis de gobierno que tuvo como uno de sus principales ejes, el control del orden público en Catalunya. Los consejeros confederales abandonaron el gobierno en protesta por la cada vez más clara evidencia de que se estaban reconstruyendo las viejas fuerzas policiales, como paso previo y necesario para liquidar definitivamente la revolución. La crisis de gobierno de la Generalitat dió lugar a un nuevo gobierno provisional, en el que seguía representada la CNT con dos delegados (junto a otros dos de ERC, uno de la UGT y otro de los Rabassaires).  La crisis se  saldó finalmente  con el rechazo de las pretensiones de los dirigentes libertarios. El nuevo gobierno mantendría el mismo carácter continuísta del anterior. Era la señal de que la CNT había dejado de ser la organización hegemónica en Catalunya y de que la restauración republicana estaba avanzando a pasos agigantados.
 
            El PSUC exigió que los  decretos y  las órdenes   procedentes del gobierno de la Generalitat fueran cumplidas. La CNT puso como condición para la vuelta a la normalidad, que fueran derogados los decretos y que se terminara de una vez por todas con las manifestaciones públicas de los partidarios del Front d'Esquerres (736). Mientras tanto, el POUM, desde fuera, se sentía decepcionado por la tibia  respuesta que estaban dando los libertarios, frente a los ataques cada vez más firmes de sus adversarios (737).
            El 25 de Abril y en plena crisis de gobierno, caía asesinado en Molins del Llobregat, el dirigente ugetista de la Federación de Empleados Municipales, Juan Roldán Cortada. El asesinato ocurrió en  turbias circunstancias, lo que no impediría que el jefe de policía, Juan Roldán Cortada, enviara a sus efectivos policiales y que se produjeran numerosas detenciones entre los anarcosindicalistas de la localidad. El entierro del dirigente sindical, llevado a cabo el día 27, se convertiría en una gigantesca demostración  de fuerza del PSUC y de la UGT catalana que no pasaría inadvertida a sus oponentes de la CNT-FAI y del POUM, que calificaron el acto como una provocación.
 
            Pocos días después, era asesinado era el alcalde anarquista de Puigcerdà, Antonio Martín, en un enfrentamiento con los guardias de asalto. Poco después, el ministro de Hacienda, Negrín, envió a sus cuerpos de carabineros para hacerse cargo del control de los puestos fronterizos. El choque definitivo entre las dos fuerzas sociales que actuaban en el campo antifascista, estaba a punto de desencadenarse.
 
5.2.5 EL FIN DE LOS CUERPOS POLICIALES REVOLUCIONARIOS. EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA RECUPERA SU AUTORIDAD.
 
            De la misma forma que había pasado con la Generalitat, las jornadas de Julio desarbolaron al gobierno republicano central. Giral se había encontrado, repentinamente, sin ejército y sin un cuerpo policial, libres del contagio revolucionario, que   pudiera enfrentarse al movimiento que se adueñaba de las calles. El control de Madrid, y de la mayor parte de las localidades que se   encontraban en la zona republicana, había quedado en manos de los  revolucionarios, que habían empezado a organizar sus propias milicias y sus patrullas, completamente independientes de la disciplina y de la autoridad del gobierno.
 
            Durante las primeras semanas, los restos de los viejos cuerpos policiales tuvieron que convivir con los grupos de revolucionarios que controlaban las calles y que se encargaban de velar por el nuevo orden y de  llevar a cabo la represión interna contra los simpatizantes de la sublevación. Con una firme intención de mantener la escasa autoridad que le quedaba, y como   antecedente de sus planes políticos, el gobierno Giral rebautizó en un decreto promulgado el 31 de Agosto, a la odiada guardia civil, con el nombre de "Guardia Nacional Republicana".
 
            El gobierno republicano contaba a su favor con el apoyo del Frente Popular que se mantenía políticamente intacto. Los dirigentes de las diferentes fracciones del Partido Socialista, de la Unión General de Trabajadores y del Partido Comunista colaboraron eficazmente para evitar que el  gobierno fuera barrido por completo de la arena política. A diferencia de lo que había pasado en Catalunya, donde  la renuncia al poder del anarcosindicalismo no se había traducido en el mantenimiento de la Generalitat, como principal centro del poder político, en Madrid, el gobierno republicano consiguió mantener su pequeña parcela de su autoridad.
 
            La dualidad de poderes, durante las primeras semanas, se revelaría en los continuos llamamientos de los dirigentes   obreros, para disciplinar y someter a sus propias bases a una política de moderación que, poco o nada tenía que ver con las expectativas y el entusiasmo que éstas sentían.
 
            La falta de un organismo revolucionario que emprendiera la   reorganización de la nueva situación y el hecho de que el gobierno no contase con la confianza de los trabajadores organizados, provocó la dispersión del poder. Las tareas de  vigilancia y mantenimiento del nuevo orden, quedaron en manos de una multitud de grupos inconexos que estaban vinculados exclusivamente a sus partidos y sindicatos. Este panorama caótico iba a facilitar la tarea de reconstrucción del Estado republicano y de sus cuerpos policiales.
 
            Mientras, en Catalunya, los libertarios habían rechazado la posibilidad de que la Generalitat contase con su propia policía, que podría disputarles en el futuro el control de la revolución, fuera de los territorios donde la CNT era mayoritaria, adoptaron una actitud de tolerancia hacia una política que era apoyada por el resto de los partidos y sindicatos (salvo el POUM que fuera de Catalunya era insignificante).
 
"Las diferencias eran, entre otros factores, las condiciones en las que se había producido la sublevación en uno y otro lugar y las consecuencias que se habían manifestado posteriormente... era una situación un poco al margen de las ideologías. La prueba estaba en el hecho de que los anarquistas aceptaban esta planificación del orden público que les presentaba el gobierno central y en cambio no acababan de aceptar una solución similar que intentaba encontrar el gobierno autónomo catalán" (738).
 
            La actitud hostilidad y la desconfianza que los libertarios sentían hacia el gobierno autónomo catalán sería la causa de que  los planes de restauración en Catalunya, avanzaran mucho más lentamente que en el resto de la zona antifascista, donde socialistas, comunistas y republicanos tenían un proyecto político común.
 
            El 20 de Septiembre, el nuevo gobierno de Largo Caballero, decretó la creación de una nueva organización policial centralizada, que se encargaría de las tareas del orden público: "las milicias de vigilancia de la retaguardia". En la reestructuración se unificaron las fuerzas de seguridad de los distintos partidos y sindicatos en un solo cuerpo armado que, junto a lo que quedaba de las  antiguas fuerzas policiales de la República, pasarían a depender del Ministerio de Gobernación. Los integrantes de las disueltas patrullas obreras tendrían un plazo de quince días para solicitar  el ingreso en el nuevo cuerpo armado. Los miembros de la policía en el futuro, no podrían estar afiliados a ningún partido o sindicato, ni formar consejos revolucionarios. La prohibición del derecho de militancia política pesaría gravemente sobre los revolucionarios, pero no impidió que otros grupos, como es el caso del PCE, pudieran llevar a cabo una eficaz táctica de infiltración (739).
            Con unas nuevas fuerzas policiales apolíticas  y desligadas de los  partidos y sindicatos obreros, el gobierno  conseguía un valioso instrumento represivo para hacer valer de nuevo, su autoridad. Sin embargo, el gran paso hacia la restauración de una sola organización policial, que estuviera a las órdenes de las instituciones republicanas, no pudo completarse hasta la entrada de la CNT en el nuevo gobierno de Largo Caballero.
 
            Unas semanas después, el 28 de Diciembre, se formó por decreto el Consejo Nacional de Seguridad que reuniría a todas las distintas fuerzas políticas y sindicales que estaban representadas en el nuevo gobierno republicano. El nuevo organismo estaría formado por el ministro de gobernación, por dos consejeros de la UGT,  otros dos de la CNT, uno por cada partido político y por los representantes de las diferentes unidades. En cada provincia, se crearía un Consejo de estructura similar, que estaría presidido por el gobernador.
 
            La integración de la CNT abría las puertas a la restauración de los viejos cuerpos policiales. El control del orden público empezaba a escapárseles definitivamente de las manos, a los revolucionarios. La posibilidad de restaurar el viejo orden republicano estaba cada vez más cercana.
 
"...el gobierno, fortalecido por el cuerpo de policía reorganizado y por la ausencia de una protesta explícita por los ministros de la CNT-FAI, estaba empezando a desarmar y detener a los recalcitrantes y a asumir la administración del orden público en una localidad tras otra donde los anarcosindicalistas habían ejercido el control desde los primeros días de la guerra civil" (740).
 
            Una vez conseguida la colaboración de las distintas organizaciones obreras, el gobierno de Largo Caballero se embarcó en una política acelerada de fortalecimiento de las menguadas fuerzas policiales republicanas. El proceso de reconstrucción contaría con  el silencio incómodo de los dirigentes cenetistas que, víctimas de su política de compromisos, tenían que aceptar a regañadientes, como el Estado republicano se hacía de nuevo dueño de la situación. A principios del mes de Diciembre, la Guardia de Asalto contaba  ya con 28.000 miembros (741). Apenas un mes después, los efectivos policiales ascenderían a  40.000 hombres, mientras que los carabineros, dirigidos por el Ministro de Hacienda Negrín, encuadraban a unos efectivos similares (742). La consolidación de la autoridad del gobierno republicano y el retroceso de los revolucionarios se manifestaría con la cada vez más agresiva política de desarme de la retaguardia.
 
            Paralelamente a la progresiva recuperación del estado republicano, los sectores revolucionarios sufrirían, cada vez más, la represión y la censura   gubernamental. En el mes de Diciembre, el periódico de la central sindical anarcosindicalista  madrileña, "CNT" era clausurado. Unos meses más tarde, cuando la contrarrevolución republicana se volvía cada vez más intensa,   serían cuatro los periódicos clausurados por la nueva censura republicana.
 
            Los periódicos de las organizaciones izquierdistas sufrirían un control cada vez más estrecho (Castilla Libre, Nosotros, Cartagena Nueva, Del Norte...) La prensa del POUM también tendría  que soportar una represión similar. Sólo el periódico valenciano "El Comunista", perteneciente al sector más derechista y favorable  al Frente Popular del partido, siguió apareciendo con absoluta normalidad (743).
 
            Una vez consolidado el control sobre los cuerpos policiales de la zona republicana (salvo en Catalunya, donde los obstáculos políticos hacían que el proceso fuera mucho más lento) el gobierno de Largo Caballero pudo proceder a desarmar a los grupos revolucionarios que todavía existían en la retaguardia.
 
            El 15 de Febrero, se decretó la retirada inmediata de todas las armas cortas y largas que no contaran con un permiso legal. El 12 del mes siguiente, el decreto alcanzaba a todas los partidos y sindicatos. De esta manera, los restos de la revolución, pasaban a estar, por completo, en manos del gobierno, que podía asestar el golpe final, cuando lo considerase conveniente.
 
5.2.6 LA REPUBLICA SIN EJÉRCITO.
 
La sublevación de la mayoría del ejército, el decreto de disolución lanzado por Giral y la influencia de la revolución, fueron los factores que actuaron como un poderoso disolvente sobre los  cuerpos militares que pretendían seguir siendo leales a la legalidad republicana.
 
            Como consecuencia del sangriento enfrentamiento entre la revolución de los comités y la contrarrevolución militar, el gobierno republicano se encontró desprovisto de un ejército con el que poder restaurar su autoridad a ambos contendientes.
 
            La revolución de los comités había conseguido vencer en la mayor parte del territorio peninsular. Sin embargo el triunfo no había sido total. Aunque los insurgentes sólo habían conseguido  apoderarse de algunas ciudades y de zonas agrarias de escasa población y de todavía menor peso económico, contaban a su favor con la mayor parte de los efectivos del viejo ejército, una organización preparada  y pertrechada para combatir. A pesar de los éxitos iniciales, la revolución tenía que dotarse de su propio ejército sino quería ser aplastada por sus adversarios   en breve tiempo.
 
            Indudablemente, a lo largo de la historia todos los ejércitos han reflejado y reflejan la sociedad y las clases sociales a las que sirven. En el debate sobre el tipo de ejército que debía constituirse, la línea divisoria que  separaba a los partidarios del ejército regular clásico, de los que se mostraban favorables a darle un carácter revolucionario, coincidía matemáticamente con la que existía entre los partidarios del carácter democrático-burgués de la revolución española, y los que por el contrario, defendían su esencia anticapitalista.
 
            De la misma manera que el viejo ejército, "prusiano", representaba a la vieja sociedad burguesa española, ya fuera en su versión monárquica o republicana, el brazo armado de la revolución iba a estar forzosamente condicionado por las aspiraciones y por la conciencia de las clases sociales que lo integraban.
 
            Los revolucionarios odiaban y temían demasiado al viejo ejército autoritario, -dirigido por una casta de oficiales y suboficiales, con sus respectivos privilegios y distintivos- para sentirse tentados en reconstruirlo. La tragedia revolucionaria de Octubre de 1934, sus constantes y tradicionales intrusiones en la vida política del país, eran elementos que se encontraban bien presentes en la conciencia de los militantes revolucionarios. El nuevo ejército, las milicias, estuvieron indudablemente marcadas por estos condicionantes. Sus defectos, sus limitaciones, sus virtudes y sus características en general ya han sido explicados ampliamente en otros capítulos de este trabajo para detenernos de nuevo en ellos.
 
            Lo que importa resaltar en este caso es que, por su naturaleza y contenido, las milicias revolucionarias se convirtieron en el más grave obstáculo con el chocaron los planes de restauración. Su estructura igualitaria, su intensa democracia participativa, y evidentemente la conciencia revolucionaria de los combatientes, las imposibilitaba para poder transformarse en el nuevo ejército republicano. El gran problema con el que se  enfrentaba el gobierno era, como llevar a cabo sus planes, sin provocar una respuesta de los revolucionarios. Durante los primeros meses de la guerra, cualquier medida destinada a construir las bases del nuevo ejército republicano sólo pudo  llevarse a cabo con la aceptación de los sectores que formaban parte de las milicias. Tanto el anarcosindicalismo como la  Izquierda Socialista apoyaban el desarrollo del sistema de milicias. Parecía  que la República se encontraba en un callejón sin salida.
 
5.2.7 EL DECLIVE DE LAS MILICIAS EN CATALUNYA.
 
            Una vez fracasados los primeros intentos para constituir las "milicias ciudadanas" en Catalunya, el gobierno de la Generalitat tuvo que apoyarse en las minoritarias columnas del PSUC y de ERC, y también en el puñado de militares profesionales leales.
 
            Desde los primeros momentos, el gobierno autónomo catalán, llevó a cabo una política de "infiltración" en los nuevos mecanismos de poder. Si no podía recuperarse inmediatamente  la autoridad perdida, a causa de la firme oposición de los revolucionarios, la colaboración evitaría el peligro de ser borrado del mapa. La colaboración les daría un respiro que   sería aprovechado para iniciar el proceso de recuperación del poder perdido. Pocos días después de constituirse el Comité Central de Milicias Antifascistas, el gobierno de la Generalitat asumió la tarea del pago de las nóminas de los milicianos. El control sobre el mecanismo financiero de las milicias le daría una posición privilegiada desde donde influir en la situación.
            El 12 de Agosto se dió el primer intento serio, por parte del gobierno catalán, para construir el esbozo de su propio ejército. Se constituyó la Secretaría General de Defensa, que fue presidida por el comandante Vicenç Guarner. Sin embargo la situación todavía no era la idónea y el nuevo organismo nació  clínicamente muerto, incapaz de poder  formar los primeros núcleos que deberían constituir el nuevo ejército.
 
"Durante varios meses se produjo un fenómeno extraño, nacido de la existencia de poderes distintos. El del Frente, con sus columnas informes, movidas en cierto modo desde Barcelona por  García Oliver... y el de la retaguardia, con la Consejería o Departamento de Defensa, organismo nacido al calor de la guerra, en un principio sin vida ni contenido" (744).
 
            Durante el mes de Agosto, y a raíz de los decretos que había hecho públicos el gobierno central, en los que se ordenaba la movilización de los reemplazos de los años 33 al 36, se produjo una intensa agitación en Catalunya contra lo que se consideraba que eran los primeros pasos para la reconstrucción del nuevo ejército republicano.
 
            La concentración y el mitin celebrados en el teatro Olympia de Barcelona, por una multitud de jóvenes que se negaban a formar parte de las nuevas unidades militares, fue la señal inequívoca de que la situación todavía no había madurado lo suficiente. La solución al conflicto fue la de integrar los reemplazos que habían sido llamados a filas, en las milicias revolucionarias,  bajo la dirección del Comité Central y no bajo la del gobierno de la Generalitat. Sin embargo y por primera vez, la CNT había empezado a ceder ante la idea del reclutamiento forzoso de los reemplazos que deberían reforzar militarmente a las milicias.
 
            El 18 de Septiembre, Felipe Díaz Sandino intentó reanimar el Departamento de Defensa de la Generalitat, dividiéndolo en dos secciones, una secretaría y un Comité Central de Guerra. Sin embargo, el peso de la contienda, la dirección y los suministros que eran entregados a las columnas, continuaba en manos del Comité Central de Milicias, que todavía era el máximo poder en Catalunya. Por el momento, la reestructuración del departamento de Defensa del gobierno no iba a tener ninguna consecuencia en la vida de las milicias revolucionarias.
 
            Como hemos podido observar en los capítulos anteriores, la actitud que adoptó el Comité Central frente a las maniobras del gobierno de la Generalitat y del Front d'Esquerres para formar las primeras unidades del ejército republicano en Catalunya, fue  la de la vía del compromiso. Los dirigentes anarcosindicalistas consideraron que era necesario impedir la formación de un nuevo ejército que en el futuro podría convertirse en un arma contra la  misma revolución. También había que evitar a toda costa que una  ruptura con sus aliados circunstanciales, precipitase una segunda revolución que ellos no deseaban de ninguna manera, por lo menos en aquellos momentos.
 
 
            La tragedia del anarcosindicalismo era que, además de haber renunciado a tomar el poder político (y en parte debido a ésto), ahora se manifestaba incapaz para crear un ejército revolucionario  eficaz que pudiera batir al enemigo y alzarse  con el triunfo en el campo de batalla. Los errores cometidos por los libertarios serían rápidamente aprovechados por sus adversarios, para desacreditar a las milicias, y con ellas también a sus defensores.
 
            Indudablemente las milicias habían cometido errores e ingenuidades. Algunos de ellos muy graves, que les restaron eficacia militar y que tuvieron sangrientas consecuencias en el campo de batalla.
 
"La desorganización del frente, el desorden, la falta de disciplina, patente desde los primeros momentos, se concretó en temores muy fundados...".
"...resulta también enormemente elocuente, al confesar que el enemigo con 10 o 20.000 hombres entretiene y frena a 40.000".
"El miedo a lo peor llevó aquí al mando a la solución de emergencias en estos casos: a la fortificación" (745).
 
            Sin embargo, fueron también las milicias las que consiguieron impedir con su entusiasmo, que la sublevación militar se convirtiese en un simple paseo triunfal y también fueron ellas las que contuvieron a las columnas del ejército franquista durante los primeros meses de la guerra civil. La tragedia de las milicias revolucionarias fue la de no contar con ningún proyecto político que defendiera coherentemente la revolución que acababa de estallar. Las milicias podrían haber superado las taras y los errores, que no fueron otra cosa que el resultado de la espontaneidad revolucionaria que les había dado vida. Pero para que la transformación de las milicias pudiera llevarse a cabo, sin perder su naturaleza revolucionaria, era necesario ante todo, que el poder de la revolución pudiera consolidarse en la retaguardia. El retroceso de ésta condenaría a las milicias a su extinción. Boicoteadas por las autoridades y por sus aliados del Frente Popular, más interesados en liquidar la revolución que en  acabar con la reacción militar. Sin una dirección política que consolidara el nuevo orden social, la resistencia a la militarización estaba condenada de antemano.
 
"Se puede confirmar con hechos la aseveración de que no estaba en el interés del Gobierno apurar la derrota de Franco durante los primeros meses, cuando existían las mejores condiciones para conseguirla. Una victoria sobre Franco durante los primeros meses, cuando existían las mejores condiciones posibles para conseguirla. Una victoria sobre Franco antes de que el Gobierno consolidara su poder era una situación inconcebible para los políticos, puesto que su posición se haría más precaria aún que al día siguiente de la derrota parcial de Franco, el 19 de julio. Sólo así puede uno explicarse, por ejemplo, que fuera tan grande la escasez de armas en el frente de aragón hasta el punto de no permitir que se lanzara una ofensiva en dirección a Zaragoza" (746).
 
            Con la formación del primer gabinete de Largo Caballero, en Madrid, la presión, para conseguir la formación de las primeras unidades militares regulares, se incrementó también en Catalunya, donde la resistencia de los revolucionarios era más fuerte. El gobierno de la Generalitat se limitó a seguir fielmente los pasos del gobierno republicano. Era la mejor forma para no exasperar los ánimos de los anarcosindicalistas que se mostraban desconfiados ante las medidas que se estaban adoptando.
 
            A partir de la integración de la CNT en el nuevo gobierno catalán, la situación empezaría a cambiar para los partidarios del Front d'Esquerres. El Comité Central de Milicias quedaba disuelto, y las milicias revolucionarias pasaban a depender de la Consellería de Defensa de la Generalitat. La colaboración de los anarcosindicalistas y del POUM en el nuevo gabinete permitía, por primera vez, iniciar los primeros pasos hacia la formación del nuevo ejército republicano. La firma de los delegados cenetistas y poumistas se convertían en la garantía de que el descontento y la oposición en el seno de las milicias no iba a poner en peligro el proceso restaurador.
 
            Pocos días después de la constitución del nuevo gobierno de concentración, el PSUC declaró públicamente que el fin de la competencia entre el Comité Central de Milicias y el gobierno  de la Generalitat tenía que  ser aprovechado para dedicar todos los esfuerzos a acelerar la victoria sobre el ejército franquista:
 
"Concentración del máximo esfuerzo en la guerra, no ahorrando ningún medio que pueda contribuir a su final rápido y victorioso. Mando único, coordinación de todas las unidades combatientes, creación de las milicias obligatorias y refuerzo de la disciplina" (747).
 
            A medida que la revolución tendía a encauzarse y perdía su impulso inicial, las consignas del PSUC cobraban cada vez más claridad política. Detrás de la reivindicación del "mando único" y de las "milicias obligatorias" se adivinaba que el proceso de reconstrucción del ejército republicano avanzaba.
 
            Contrariamente a lo que podría suponerse, por los comentarios y acusaciones que  se desprendían de algunos medios de prensa ligados al PSUC y al resto de las organizaciones que integraban el front d'Esquerres, la necesidad de dotar a las milicias de un Estado Mayor único era compartido por todos los grupos.
 
            La experiencia de las primeras semanas de lucha había dado al anarcosindicalismo un saldo preocupante. Pese al valor y el arrojo que habían demostrado las milicias revolucionarias, pronto se evidenciaron sus limitaciones. La falta de coordinación que existía entre las diferentes columnas armadas; la inexistencia de un verdadero centro de mando; la indisciplina y un sentimiento antiautoritario mal comprendido; la escasa o nula preparación de los combatientes; eran problemas que tenían que ser solucionados rápidamente, sino se quería poner en peligro la victoria militar.      Todos estos elementos se sumaban a la dramática penuria de armamento y de suministros.
 
            Algunos dirigentes de las columnas, como Buenaventura Durruti y otros, comprendieron que, a raíz de los sangrientos resultados que habían ocasionado los errores iniciales de las milicias, se tenía que proceder a una profunda reforma y a una reestructuración de éstas. Era necesario implantar una férrea disciplina en el frente que evitara los actos de irresponsabilidad que ponían en peligro la vida de los combatientes. Pero las reformas que debían llevarse a cabo no tenían que afectar la naturaleza revolucionaria de las milicias, que constituían un verdadero seguro de que la revolución que acababa de iniciarse era irreversible.
 
            Los planes de reforma de la Generalitat y del gobierno republicano central eran vistos con hostilidad y desconfianza por parte de los combatientes, que los consideraban como una traición a los principios revolucionarios por los que estaban combatiendo:
 
"Las columnas confederales y anarquistas fueron las más reacias a esa nueva modalidad, que interpretaban como un paso decisivo hacia el clásico militarismo, al fuero de guerra y a la disciplina de cuartel. Cuando los comités superiores de la CNT-FAI optaron por la militarización general de las milicias, cosa a que apremiaban desde el Gobierno los ministros de la CNT,se produjo una grave confusión en todos los frentes en los que participaban los combatientes confederales. Hubo reuniones tempestuosas entre los combatientes y las delegaciones comiteriles que iban al frente con la difícil misión que es de suponer. Muchos milicianos intransigentes, que se habían incorporado a los frentes con carácter voluntarios, rescindieron su compromiso y regresaron a la retaguardia. Más tarde volvieron a incorporarse" (748).
 
            Mientras crecían las voces dentro de la CNT, que buscaban soluciones que no pusieran en peligro la naturaleza revolucionaria de las milicias, entre los líderes, la revisión de las viejas ideas iba adquiriendo cada vez más, formas distintas (749). La intención de los cuadros dirigentes de la CNT y de la FAI era retroceder si no había más remedio, y sacrificar los avances revolucionarios que se habían dado, en aras de la unidad y de la eficacia militar.
 
"Si la situación mejoraba, ya verían de recuperar lo que ahora cedían... Para ganar la guerra era imprescindible usar los mismos métodos que el enemigo y muy singularmente la unión y la disciplina" (750).
 
            Con sus concesiones, los dirigentes libertarios pretendían, paradójicamente, defender en lo posible la influencia que la CNT y la FAI tenían en las nuevas estructuras militares. Una vez desaparecido el peligro del ejército franquista, ya habría tiempo para hacer valer el peso de sus organizaciones, contra cualquier  intento de ajuste de cuentas, que pudiera proceder de sus actuales aliados. Con motivo del grave revés que supuso la pérdida de Málaga, un Plenario de la CNT catalana pidió que se acelerara el proceso de militarización de las columnas confederales. En la misma asamblea, se reconocía al gobierno de Valencia, del que la CNT formaba parte, como la máxima autoridad de las milicias y del nuevo ejército republicano. La resolución sería también corroborada, apenas una semana después, por un Congreso extraordinario del sindicato. Esta táctica, iba a tener consecuencias fatales para el anarcosindicalismo, que veía como  perdía el control sobre el proceso de militarización de sus propias unidades, y también mientras podía observar como sus adversarios políticos consolidaban el suyo.
 
            Sin embargo,   cada  paso   que el   anarcosindicalismo  daba
hacia atrás para mantener la unidad antifascista, era contestado por los partidarios de la República con nuevas demandas.
 
"Una vez desconectadas de su raigambre sindical y convertidas en un ejército regular, las milicias dejarían indefensa a la revolución de Julio" (751).
 
            Detrás del envenenado debate que se estaba llevando a cabo  entre los partidarios y los adversarios de las milicias, lo que en realidad se estaba decidiendo, era quién controlaría el proceso de reestructuración de las milicias, y por lo tanto, quién iba a dirigir el futuro ejército.
 
"De la misma forma, el mando único en el ejército, a pesar de que no se ha realizado más que en el papel, significa, en las actuales condiciones, la sumisión del proletariado a la burguesía liberal..." (752).
 
            El 1 de Octubre, se decretó la movilización de todos los hombres que resultaran útiles y que estuvieran comprendidos entre los 18 y 40 años. Sin embargo, a   pesar de que los decretos contaban con el aval de los representantes cenetistas en  el gobierno de la Generalitat, tampoco en este caso los reemplazos llamados a filas llegaron a incorporarse a sus unidades militares. De nuevo, la causa de que no se cumpliera el llamamiento sería la fuerte resistencia, que los decretos originaban entre los medios revolucionarios, temerosos de que las nuevas medidas pudieran significar un nuevo paso en el proceso de militarización de las milicias.
 
            El día 12 del mismo mes, se darían a conocer las nuevas órdenes por las cuales los jefes de las columnas milicianas propondrían al Conseller de Defensa, el nombramiento de los mandos. El gobierno de concentración se encargaría de las labores de inspección y de control de las milicias. Sólo dos días después era  nombrado  Jefe del  estado Mayor  del Frente de  Aragón,  el comandante Guarner. Por primera vez, el gobierno catalán, con la presencia de la CNT y del POUM, se erigía como la autoridad política de las milicias revolucionarias.
 
            El día 24 de Octubre, se decretó la militarización de las columnas que combatían en el frente aragonés. Todos los combatientes quedarían sujetos, a partir del día 1 de Noviembre,  al viejo Código de Justicia Militar, hasta que éste no pudiera  ser revisado y sustituido por otro nuevo. Los decretos provocaron un fuerte descontento entre los combatientes. Las columnas que se oponían a los nuevos decretos se verían sometidas a un fuerte chantaje. La mayor parte de las armas que llegaban destinadas al frente, administradas por el nuevo gobierno, eran entregadas a las milicias  del PSUC y de ERC que eran partidarias del  proceso de militarización.
 
            El día 29, Juan García Oliver renunciaba al cargo de responsable de las milicias en el Consell de la Generalitat para aceptar la titularidad del Ministerio de Justicia en el gobierno de la República.
 
            El 3 de Noviembre, el gobierno catalán acordaba  estudiar la posibilidad de iniciar el proceso de disolución de los comités de soldados y de obreros. También se planteó el reforzamiento de las medidas para recoger las armas que todavía se encontraban en la retaguardia, además de abordar las cuestiones que atañían al mando único y a la reorganización de las milicias. El día 11, otra reunión del Consell insistió en incrementar las presiones, para que las medidas pudieran aplicarse de inmediato.
 
            Sólo unos días después, el día 20, se decidía iniciar la reorganización de las milicias para  convertirlas en las primeras divisiones del nuevo ejército. Un Plenario de la CNT de Catalunya apoyó por unanimidad los planes que se estaban llevando a cabo, con la colaboración de los delegados anarcosindicalistas en el gobierno de la Generalitat.
 
            El 8 de Diciembre las columnas del frente de Aragón se convirtieron, con un nuevo decreto, en el Ejército Popular de Catalunya. Las nuevas unidades militares se organizarían conforme al esquema clásico: las centurias se convirtieron en compañías o batallones y las columnas en regimientos o brigadas. Ante la imposibilidad de disolver, por el momento, los consejos  de  soldados,  se decidió  limitar drásticamente sus  funciones.  La reestructuración abarcaría todo el frente aragonés. Las milicias se agruparían en tres divisiones que tendrían sus respectivos Estados Mayores en Barcelona, Tarragona y Gerona.
 
            La fuerte oposición que provocó en el seno de las milicias, formadas mayoritariamente por afiliados de las organizaciones izquierdistas, obligó a que el proceso de militarización tuviera que ser desarrollado en dos etapas.
 
            En el primer período, las columnas se convertirían en brigadas, pero seguirían manteniendo la misma composición y los mismos mandos que habían tenido como milicias. Por el momento  también mantuvieron sus nombres originarios: Durruti, Ascaso, Carlos Marx, Lenin, Macià-Companys. Con posterioridad, la independencia de las milicias se iría restringiendo progresivamente, mediante las presiones y el chantaje que comportaba el suministro de armas, para acabar convirtiéndolas en auténticas "brigadas mixtas", completamente integradas en el  nuevo Ejército Popular.
            A pesar de los planes, la resistencia que opusieron las milicias hizo que los comités y las estructuras democrático-revolucionarias sobrevivieran todavía durante meses.
 
            El serio retroceso que sufría la revolución, el avance y la consolidación de la contrarrevolución republicana, condenaba a los sectores que pretendían mantener viva la naturaleza revolucionaria de las milicias al fracaso.
 
            Tanto la CNT-FAI, como el POUM, defendieron la idea de que era posible la existencia de un ejército revolucionario en el seno de un Estado que estaba dispuesto a acabar con cualquier vestigio revolucionario. Los decretos publicados por la Generalitat (y también por el gobierno de Valencia), apoyados por los representantes de estas organizaciones, serían utilizados finalmente, para terminar con cualquier resistencia a sus planes.
 
            El sistema de las brigadas mixtas que había sido adoptado por el gobierno central,  no pudo ser abordado en Catalunya hasta después de las  jornadas barcelonesas de Mayo del 37, cuando el gobierno republicano central se hizo con el poder   en Catalunya.
 
            El 18 de Diciembre Felipe Díaz Sandino presentaba su dimisión y dejaba la consellería en manos de Francisco Isgleas.
 
            Aparentemente el departamento, y por lo tanto el control de la militarización, continuaba en manos de los delegados anarcosindicalistas. Sin embargo, la titularidad no podía esconder que dicho proceso se alejaba más y más de las ideas  que  hasta entonces había defendido la CNT y la FAI.
 
            El Partido Socialista Unificado, convertido en la principal organización del Front d'Esquerres, había reclamado desde los primeros momentos, la reconversión de las milicias revolucionarias  en  un  ejército  regular  al  servicio  de  la República. Desde su óptica política, solo un ejército de  estas características, similares a las del adversario, pero completamente depurado de los elementos más reaccionarios y derechistas, podía representar la etapa de revolución burguesa que el estado español atravesaba. Desde su óptica militar, sólo un ejército clásico, apolítico, desprovisto de los consejos de soldados y convertido en una máquina ciega y disciplinada, al servicio del gobierno republicano, podía batir al enemigo.
 
"El objetivo del PSUC es la completa abolición de todos los rasgos de un ejército revolucionario. No sólo los oficiales deben ser nombrados desde arriba, sino que tampoco deben existir ni consejos,  ni asambleas  de soldados.   Éstos deben  saludar a sus  oficiales a la manera militar. Los viejos rangos y distinciones deben ser restablecidos. Desean, en una palabra, un ejército regular a las órdenes de un estado mayor militar, el cual, inevitablemente, estará compuesto por oficiales del viejo régimen y especialistas extranjeros, siendo estos siempre personas que actúan bajo la influencia del PSUC" (753).
 
 
            La defensa que los socialistas unificados hacían de un ejército de tipo clásico, similar al que acababa de sublevarse y que tenía un triste recuerdo entre los trabajadores (incluidos los que militaban en el PSUC y en la UGT), hizo que surgieran discrepancias en sus propias filas. En especial, entre   algunos milicianos comunistas, que estaban influidos por la tradición antiautoritaria y antimilitarista del anarcosindicalismo protestaron por la política que se estaba llevando a cabo.
 
"Entre nosotros, los milicianos, no había acuerdo. A muchos les parecía que si nos encuadrábamos en filas militares, bajo mandos serios, nuestra lucha perdería sus esencias más puras" (754).
 
            Los comunistas oficiales del PSUC defendieron la formación de un  Consejo Superior de Defensa que debería convertirse en el Mando del nuevo ejército y también pidieron la constitución de un Comisariado de Guerra, con las mismas funciones que tenía en el resto de la zona republicana. Dentro del programa del PSUC se contemplaba el fin del sistema de voluntariado, que era intrínseco a las milicias y que ya empezaba a mostrarse insuficiente, para sustituirlo por un servicio militar obligatorio, mecanismo que favorecería la construcción del nuevo ejército que ellos reclamaban (755).
 
            La campaña de descrédito que llevaban a cabo los comunistas contra las milicias se basó en sus debilidades, que las convertían en un instrumento de inferior capacidad militar,  ante un adversario, disciplinado y entrenado para combatir, que era dirigido por un cuerpo de militares profesionales cualificados.
 
            Sin lugar a dudas, todas las organizaciones eran conscientes de que los graves errores de las milicias tenían que ser superados, y que la eficacia militar tenía que ser optimizada si se quería asegurar la victoria sobre el ejército de Franco. Ya se adivinaba que la guerra iba a ser larga y sangrienta, y que el entusiasmo y el arrojo de los combatientes, no eran suficientes para conseguir el triunfo. Sin embargo, los objetivos de la campaña del PSUC y del Front d'Esquerres iban más allá de los fines estrictamente militares. Mientras siguieran existiendo las milicias, la consolidación del poder republicano estaría cuestionada. Sólo la disolución de éstas y la reconstrucción del ejército permitiría asegurar la victoria definitiva sobre la revolución de los comités.
 
            Los ataques contra el prestigio de las milicias tenían una evidente intención política, que iba destinada a forzar su militarización y subordinación al gobierno republicano.
 
"Como era costumbre, la dislocación de las milicias fue llevada a cabo en nombre de la eficiencia militar; y nadie podía negar que se imponía una reorganización militar total. Por lo mismo habría sido perfectamente posible reorganizar las milicias y aumentar la eficiencia sin que por ello se retirasen del control de los sindicatos; la principal finalidad del cambio consistía en asegurarse que los anarquistas no dispusiesen de un ejército propio" (756).
            En el mes de Febrero de 1937, el PSUC constituyó un Comité Pro-ejército Popular. El día 28 organizó una masiva manifestación que fue acompañada de un desfile militar. El acto fue considerado por anarquistas y poumistas como una provocación y una seria amenaza que tenía que ser respondida. La prensa libertaria acusó al PSUC y a sus aliados de estar preparando una política de agresión contra el anarcosindicalismo y consideró que el Comité  estaba usurpando la autoridad del Departamento de Defensa (757).
Los dirigentes de la CNT exigieron que el comité fuera disuelto y amenazaron con abandonar el gobierno de la Generalitat si sus peticiones no eran satisfechas. Finalmente, una vez más, se llegó a una solución de compromiso en la que los cenetistas volverían a ser los auténticos perdedores. El Comité sería constituido oficialmente y colocado como organismo auxiliar, bajo la autoridad del Departamento de Defensa. En el nuevo organismo, Francisco Isgleas tendría la vicepresidencia y Companys la presidencia. El comité había sido reconocido, de esta manera, pudo aumentar su agitación política contra las resistencias que todavía existían frente la militarización y contra la parálisis que afectaba al frente de Aragón. Las acusaciones del PSUC contra las milicias revolucionarias eran a todas luces interesadas ya que las causas de la inmovilidad del frente no se debían a la buena o a la mala gestión del Conseller Isgleas, sino a otras muy distintas.
 
"En realidad, la inmovilidad del Frente de Aragón obedecía a unas causas políticas... ; pero las dificultades militares, a parte de la falta de reservas de hombres, eran obvias para todos... en nuestro bando, cañones, simplemente no habían. Contra las ametralladoras y sin artillería, solo se podían hacer tres cosas: buscar un buen refugio a una distancia prudencial... lanzarse a un avance a campo abierto o quedarse atrincherado, o realizar ataques nocturnos en pequeña escala, que no alteraran la situación general. Prácticamente, las alternativas eran el estancamiento o el suicidio..." (758).
 
            El frente aragonés se encontraba con una dramática penuria de armamento, que lo había condenado a la inmovilidad absoluta desde los primeros momentos. Los sueños del anarcosindicalismo catalán de romper el frente aragonés para poder enlazar con las cuencas mineras asturianas y la siderurgia vasca se estrellaron contra los obstáculos que pusieron los que administraban las armas según sus propios criterios políticos. La estabilidad del frente aragonés no puede explicarse sólo por los errores que pudieran haber cometido las milicias, tal como afirmaba la propaganda de sus adversarios. La escasa distribución del armamento, que en cambio sí era enviado a otros frentes, tenía objetivos políticos.
 
"No se podía dar facilidades de triunfo del frente de Aragón sin impulsar la revolución, lo que Gobierno y Frente Popular trataban de evitar sobre todas las cosas. El frente fue saboteado, mantenido a ración de armas, forzado a la inmovilidad, con el triple objetivo de desacreditarlo, iniciar otras ofensivas de prestigio para los partidos más reaccionarios e invadir después el frente de Aragón con unidades controladas por éstos" (759).
            Durante el mes de Marzo, las presiones del gobierno central obligaron a la Generalitat, a someterse a la autoridad del Ministerio de Guerra. El chantaje del suministro de armamento fue  un valioso instrumento para vencer la resistencia que oponían los nacionalistas catalanes y los revolucionarios (CNT-FAI-POUM) para mantener la independencia del Ejército de Catalunya. Finalmente Francisco Isgleas sería obligado a fijar en firme, la fecha del  nuevo llamamiento a los reemplazos de 1932-36.
 
            Al día siguiente de que los primeros reclutas empezaran a presentarse en sus respectivas unidades militares, Isgleas y el resto de delegados de la CNT en el gobierno de la Generalitat presentaron su dimisión. Hasta el momento, el anarcosindicalismo, mediante una política contradictoria, había conseguido retrasar el momento y eludir la militarización de las milicias. La CNT exigió que se modificaran drásticamente los acuerdos y que la Consellería de Defensa tuviera las competencias necesarias para prohibir la creciente agitación que estaba llevando a cabo el PSUC. Por el contrario, los comunistas pidieron que la crisis de gobierno fuera superada mediante un nuevo gabinete, cuyas órdenes no pudieran ser discutidas por ninguna organización. La central sindical libertaria  debería someterse incondicionalmente a su autoridad (760). Dos semanas después, el 3 de Abril, se formaba un nuevo gobierno provisional de la Generalitat. Tan solo cuatro días más tarde, el PSUC lanzaba su "Plan de Victoria", en el que de nuevo, se exigía la formación de un gobierno fuerte. Las propuestas de los comunistas catalanes entraban en abierta confrontación con las peticiones de los anarcosindicalistas, que consideraban que la CNT ya había hecho demasiadas concesiones.
 
"¡Aplastad a la contrarrevolución, camaradas! He aquí su mandato. Nuestro deber es hacerlo realidad" (761).
 
            La tensión política crecía por momentos y se adivinaba cercano el enfrentamiento entre las dos fuerzas. Sin embargo las negociaciones entre la CNT, el PSUC y la ERC proseguirían para intentar evitar la ruptura. Las presiones de los partidarios de  la restauración pretendían que los libertarios hicieran nuevas concesiones, pero consideraban que la situación todavía no estaba suficientemente madura para precipitar el enfrentamiento definitivo.
 
            El resultado final de la crisis demostraba que la CNT había dejado de ser la fuerza hegemónica en Catalunya y que la revolución, desmoralizada, estaba en un fuerte retroceso. Los libertarios habían perdido su antigua capacidad para imponer sus criterios, y tenían que enfrentarse a un PSUC, que se encontraba en plena ofensiva y que se atrevía a desafiarlos abiertamente.
El 16 de Abril se formaba un nuevo gobierno de la Generalitat en el que aparentemente no cambiaba nada. La realidad sin embargo era muy distinta. El Consejero de Seguridad, Artemi Aiguadé pidió al gobierno de Valencia que reforzara las fuerzas policiales catalanas con nuevos contingentes. Los problemas que habían provocado la crisis seguían sin resolverse y amenazaban con estallar violentamente en cualquier momento.
 
5.2.8 LA DECADENCIA DE LAS MILICIAS FUERA DE CATALUNYA.
 
            El proceso de militarización de las milicias revolucionarias fuera de Catalunya, fue mucho más rápido. Algunos historiadores han intentado explicar la diferencia entre ambas dinámicas por las distintas situaciones que existían en ambos frentes. Es decir, que mientras en el frente aragonés existía una situación estática que no cambió hasta muy adentrada la guerra, en el resto del estado las milicias sufrían la presión del avance de las tropas franquistas que habían llegado hasta las puertas de Madrid. Desde este punto de vista, los diferentes ritmos tendrían una causa puramente militar, la de que la ineficacia de las milicias,  habría quedado al descubierto mucho más rápidamente en las zonas donde existía una constante presión del enemigo.
 
            Esta  es la opinión de Burnett Bolloten:
 
"Mientras en los frentes estabilizados la idea de la disciplina fue arraigando con lentitud entre las milicias de la CNT-FAI, en el frente central movible donde las ventajas de la organización militar superior del general Franco se mostraban de modo palpable, el desmoronamiento de los principios tradicionales anarquistas había llegado a tal punto a principios de Octubre, que el Comité de Defensa de Madrid de la CNT, que tenía a su cargo las milicias de la CNT-FAI de Madrid, pudo implantar un reglamento que comprendía los siguientes artículos:"
 
"Todo miliciano queda obligado a cumplir las normas de los comités de batallón, delegados de centuria o de grupo."
 
"No podrá obrar por su cuenta en el aspecto guerrero y acatará sin discusión los puestos y lugares que se le asignen tanto en el frente como en la retaguardia..." (762).
 
            La apreciación que hacen Burnett Bolloten y otros historiadores, en este caso, sería incompleta. El proceso de militarización de las milicias y la construcción del Ejército Popular de la República era, principalmente, una cuestión política, mucho más que una cuestión de técnica militar.
 
            En primer lugar, hemos de distinguir este proceso de los intentos de reestructurar las milicias revolucionarias, para optimizar su eficacia frente al enemigo. Los intentos para mejorar la capacidad ofensiva de las milicias se dieron en todos los frentes, incluido el de Aragón, y en este aspecto, sí que es posible que en la zona central se dieran antes y de manera mucho más rápida.
 
            El avance del ejército franquista y la constancia de que las desorganizadas e indisciplinadas milicias no constituían un serio adversario para éste fue rápidamente comprendido por los mandos de las columnas. En este sentido es importante que recojamos la opinión del que fue el principal dirigente de las milicias libertarias de la zona centro, el anarquista Cipriano Mera:
 
 
"La sangre de mis hermanos vertida en la lucha me hizo cambiar de criterio. Comprendía que para no ser definitivamente vencidos, teníamos que construir nuestro propio ejército, un ejército tan potente como el del enemigo, un ejército disciplinado y capaz, organizado para la defensa de los trabajadores. Desde entonces no cesé de aconsejar a todos los combatientes la necesidad de someterse a nuevas normas militares" (763).
 
            Sin embargo, el problema para el gobierno central seguía siendo principalmente político. Una victoria definitiva de las milicias revolucionarias sobre el ejército franquista hubiera significado posiblemente el final del gobierno republicano y el triunfo decisivo de la revolución de los comités. De ahí que algunos historiadores y testimonios de la época, consideraran que el gobierno republicano y sus aliados del Frente Popular ponían más empeño en la construcción del nuevo ejército, que en acelerar la derrota del enemigo.
 
            Para asegurar la restauración de la República y la derrota de la revolución, era necesario primero conseguir el prodigio imposible de convertir a las milicias, expresión genuina de la revolución de los comités, en el nuevo ejército de una República burguesa de corte parlamentario. Los aspectos de mejora de la eficacia militar de las milicias, sin dejar de ser importantes  (ya que tampoco interesaba una victoria de Franco), pasaban a un segundo plano.
 
            La decisión que había adoptado el gabinete de Giral, al decretar la disolución del ejército sublevado, había tenido unos efectos nefastos para su autoridad política. Mientras  el decreto no había tenido ninguna consecuencia entre los sublevados, sí que había acelerado el proceso de descomposición de las escasas fuerzas militares que todavía se mantenían fieles a la República. Sin una parte del ejército que le apoyara, la autoridad del gobierno había desaparecido rápidamente, sacudida por la oleada revolucionaria que se había desatado, mientras que las milicias se convertían en el único ejército capaz de enfrentarse a los sublevados. Los apoyos incondicionales que tuvo el gobierno de los comunistas oficiales y de la fracción prietista del PSOE, estaban muy lejos de ser suficientes para poder reclamar en forma inmediata el timón de la República y salvarla del naufragio. Las organizaciones obreras mayoritarias, los largocaballeristas y el anarcosindicalismo, se mostraban partidarios entusiastas del sistema de milicias, y se habían negado a que cualquier otra forma de ejército pudiese ser reconstruida.
 
"Pensar en otro tipo de ejército para sustituir a los que actualmente luchan y que en cierto modo controlan su propia acción revolucionaria es pensar en términos contrarrevolucionarios. Eso es lo que Lenin dice (El Estado y la Revolución): <<Cada revolución, tras la destrucción del aparato del estado, nos enseña como la clase gobernante restablece cuerpos especiales de hombres armados a <<su>> servicio, y como las clases oprimidas intentan crear una nueva organización de un tipo capaz de servir no a los explotadores, sino a los explotados>>".
"Nosotros... debemos cuidar de que las masas y los dirigentes de las fuerzas armadas, que deben ser sobre todo el pueblo en armas, no se nos escapen de las manos" (764).
 
            Mientras los socialistas de izquierda que controlaban la UGT y los anarcosindicalistas de la CNT no modificaran sus posturas políticas con respecto a las milicias revolucionarias, los intentos para reconstruir un ejército al servicio del gobierno de la República estaban condenados de antemano al fracaso. Sin embargo, la actitud de los socialistas de izquierda, sin un plan político claro y fuertemente presionados por sus aliados en el  interior del Frente Popular, y también por las circunstancias del momento, pronto empezó a cambiar. Mientras las bases socialistas llevaban a cabo expropiaciones y formaban sus propias colectividades, constituían sus comités revolucionarios, sus milicias y sus patrullas de control, los dirigentes habían empezado a llamar a la moderación y a la defensa de   los pactos del Frente Popular.
 
"Los caballeristas se adaptaron también a la estrategia de Stalin, sin renunciar a sus propias concepciones y objetivos, cuya debilidad principal era la que ya señalamos anteriormente: imprecisión, vaguedad, carencia, en definitiva, de una política coherente. Reflejando la voluntad de las masas proletarias, se proponían preservar el contenido socialista de la revolución, pero no contaban ni con un programa que diese forma concreta a ese contenido, ni con una táctica para luchar eficazmente por él en la complejísima situación de la guerra civil" (765).
 
            Sólo el PCE, además del ala prietista del PSOE, se había  mostrado desde un  principio, de acuerdo con las pretensiones del gobierno de Giral para formar unidades militares a su servicio.
 
            Los dirigentes comunistas defendieron que los cimientos del nuevo ejército de la República tenían que ser las viejas MAOC (las Milicias Antifascistas Obreras y Campesinas, que habían sido las fuerzas paramilitares del partido, antes del inicio de la contienda). Para formar las primeras unidades voluntarias, el gobierno fijó una nómina diaria de 10 pesetas para cada combatiente. Este salario, que era muy superior a la media del  que ganaban los obreros en la retaguardia, tuvo un cierto eco en algunas zonas campesinas, pero por el contrario, en las ciudades no tuvo apenas ninguna repercusión Los voluntarios preferían incorporarse en las milicias revolucionarias.
 
            Con la formación, el 4 de Septiembre, del primer gobierno de Largo Caballero, las expectativas habían empezado a cambiar.
 
            Los planes para la construcción del nuevo ejército cobraron un fuerte impulso. En la nueva situación, el gobierno que procedía a llevar a cabo los planes de militarización y de reestructuración de las milicias, ya no era el impotente y desprestigiado gabinete republicano de Giral, sino otro que estaba dirigido por el mismo Largo Caballero, el líder socialista con más prestigio y carisma entre los trabajadores.
 
            En efecto, abandonados los viejos discursos revolucionarios y careciendo de un programa y de un plan madurados, Largo Caballero tuvo que apoyarse cada vez más, en la necesidad de que las potencias democráticas, acabasen interviniendo en la guerra a favor de la República. Sin embargo,  para conseguir sus objetivos, primero era necesario domesticar la revolución, restaurar las instituciones republicanas, reconstruir el viejo ejército burgués y darle a la nueva situación, un aire de legalidad que eliminara las desconfianzas de los gobiernos de Francia y Gran Bretaña. Los socialistas de izquierda estaban condenados   a  ceder   ante   las  organizaciones   rivales   que que presionaban de manera más eficaz. La trayectoria política de la corriente caballerista se movió, durante todo el período de la guerra y de la revolución, zigzagueando continuamente entre la postura del anarcosindicalismo y del Partido Comunista (766).
 
            La apuesta que los dirigentes de la Izquierda Socialista habían hecho en las primeras semanas, de las milicias revolucionarias, se iría transformando,  presionada por los comunistas y por  la fracción de Prieto (ministro de la Marina y del Aire), en una cada vez más encendida defensa de las ventajas y los valores que debería tener el nuevo Ejército Popular de la República.
 
"El diario de Largo Caballero, Claridad, anteriormente opuesto a la militarización, lo pedía el 27 de Agosto de 1936. Secundando la línea comunista, Largo proclamaba que todas las fuerzas debían considerarse a las órdenes del Ministerio de la Guerra, incluidas las de Aragón" (767).
 
            Reflejando a las fuerzas que estaban en pugna en la zona "antifascista", la reestructuración de las milicias tenía que tener una fuerte carga política e ideológica. Al fin y al cabo, lo que estaba en juego era mucho más que el tipo de ejército que debía construirse, era el mismo futuro de la República. Los planes tenían que tener en cuenta dos factores indispensables para salvaguardar el proyecto republicano. Por un lado había que construir un nuevo ejército que sofocase la sublevación militar, pero por el otro era estrictamente necesario proceder a desarmar y liquidar al movimiento revolucionario, y en especial a su brazo armado, las milicias.
 
            Una vez los dirigentes del ala izquierda del Partido Socialista habían asumido el proyecto  del ejército republicano, era necesario privar a los anarcosindicalistas de su relativa independencia militar. Era indispensable terminar cuanto antes con las estructuras democráticas y participativas de las milicias y también con su filosofía igualitarista. Ambos factores convertían a las milicias en organismos indomesticables y también en un verdadero caldo de cultivo para la resistencia a los planes de militarización y de restauración republicana. Era necesario construir un instrumento sumiso y eficaz sobre el que tendría que apoyarse todo el nuevo edificio estatal de la República, un ejército dispuesto a reprimir a todo el que osase levantarse de nuevo contra ella.
 
            Las primeras medidas adoptadas por el primer gabinete de Largo Caballero fueron la reforma del Consejo Superior de Guerra y la del Estado Mayor. De esta manera, el nuevo gobierno dejaba claras cuales eran sus intenciones: reforzar su control de las modificaciones que se estaban llevando a cabo  en las milicias y también sobre la creación de las primeras unidades sobre las que empezaba a estructurarse que el nuevo ejército.
 
            El 29 de Septiembre, el Ministerio de Defensa decretó la formación del nuevo Ejército Popular de la República. Apenas dos semanas más tarde, el día 10 de Octubre, eran militarizadas todas las milicias de la zona centro. En el resto de los frentes, salvo en Catalunya, donde la situación era diferente, el proceso de militarización de las milicias se inició diez días más tarde. El viejo Código de Justicia Militar, el uniforme, el saludo  y los distintivos tradicionales fueron reimplantados. Todos aquellos milicianos que no estuvieran dispuestos a aceptar las modificaciones decretadas, podrían darse inmediatamente de baja de las milicias. En los mismos decretos y a instancia del   Partido Comunista fueron llamados a filas los reemplazos de los años 32 y 33, que pondrían el punto final al sistema de reclutamiento voluntario.
 
            Sin embargo, una cosa eran los decretos y otra la realidad. Las órdenes del gobierno de Largo Caballero no pasaron, durante mucho tiempo, de ser una declaración de intenciones, que frecuentemente sería desobedecida o ignorada por las milicias. El 13 de Diciembre, el gobierno tuvo que publicar una circular exigiendo que las milicias elaborasen un censo de sus efectivos y de sus mandos (ya equiparados a los grados del ejército tradicional). En enero de 1937, todavía la comandancia tuvo que prohibir que las milicias reclutasen directamente a sus  propios efectivos (768).
 
            Los planes de construcción del Ejército Popular republicano cobrarían un fuerte impulso, a principios del mes de Noviembre, con la entrada de los ministros anarcosindicalistas en el segundo gabinete de Largo Caballero. La integración de la CNT catalana, hacía poco más de un mes, había sido una clara señal de que los órganos dirigentes del anarcosindicalismo estaban dispuestos a cruzar el Rubicón para integrarse en las nuevas estructuras estatales.
 
            La entrada de los ministros libertarios en el nuevo gobierno  central, después de haber hecho otro tanto en Catalunya significaba la quiebra definitiva del movimiento libertario, e iba a tener importantes consecuencias en las milicias confederales y en la formación del  nuevo Ejército Popular. Con la entrada de los anarcosindicalistas en el gobierno de la República, éstos pretendían, entre otras cosas, solucionar la dramática carestía de armamento que sufrían sus milicias e intervenir en el proceso de militarización para salvaguardarlas en lo posible. La realidad pronto demostró lo erróneo de este planteamiento. Los dirigentes libertarios, no sólo no pudieron impedir la creciente presión que sufrían sus columnas, sino que acabaron convirtiéndose en avalistas de las medidas del gobierno.          A pesar de la presencia de los ministros de la CNT en el  gabinete republicano, el armamento seguiría siendo un mecanismo de chantaje sobre los combatientes revolucionarios.
 
"El temor a que un ejército regular se convirtiera en <<el devorador de la revolución y en instrumento de partido>> fue una razón más de la entrada de los anarcosindicalistas en el gabinete, pero pronto se dieron cuenta de que no tenían nada que decir de las decisiones militares" (769).
 
            Efectivamente, desde las primeras semanas de la contienda, las columnas confederales y poumistas habían sido claramente discriminadas en el reparto del armamento, en cambio se favorecía  a las que pertenecían al Frente Popular. El control del  armamento, ejercido por el gobierno y sus partidarios, se convirtió en un instrumento contra los anarcosindicalistas, que se veían obligados a ceder terreno en sus conquistas, a cambio de recibir las armas imprescindibles para mantener a sus fuerzas en el frente. La cantidad de armas y municiones recibidas siempre fueron lo bastante escasas para que tuvieran que seguir dependiendo de la voluntad política de sus adversarios. A pesar de la integración de la CNT en el gobierno y de todas las concesiones que las milicias libertarias estuvieron obligadas a hacer, éstas continuaron siendo las peor armadas hasta su disolución final.
 
"Para obtener armas, que por decisión de Largo Caballero no se entregaban más que a las unidades regulares, tuvieron que aceptar casi todas las columnas milicianas con denominaciones militares. La transformación sólo fue nominal, pero coadyudó a minar los ánimos confederales. De todas formas, siguieron sin llegar las armas necesitadas" (770).
 
            A mediados del mes de Octubre, se constituyó el "Comisariado General de la Guerra" y se creó la figura del comisario político, que iba a tener una importancia decisiva en el proceso de militarización de las milicias revolucionarias. Alvarez del Vayo (socialista procomunista) fue nombrado comisario general, Felipe Pretel   (socialista que pronto se pasaría al PCE) secretario general y Angel Gil Roldán (CNT), Antonio Mije (PCE), Crescenciano Bilbao (PSOE) y  Angel Pestaña (P. Sindicalista) se convirtieron en subcomisarios generales. En la composición de los responsables del nuevo organismo empezaba a destacar la influencia que el PCE iba a tener entre los comisarios y también en el nuevo ejército. Por el contrario, ningún  republicano figuraba en él, reflejo de que ya no tenían ningún peso real en la vida política de la zona "antifascista" y que sólo mantenían puestos testimoniales y de importancia secundaria, en el nuevo gobierno.
 
            A pesar del nombre, los comisarios políticos del Ejército Popular de la República tuvieron poco en común con los del Ejército Rojo que protagonizó victoriosamente la guerra civil en la URSS. El comisariado español se apropió de la mayor parte de las funciones de los disueltos consejos de obreros y de soldados que se habían creado en el seno de las milicias.
            Con el desmantelamiento de las conquistas de la revolución en la retaguardia y con la progresiva militarización de las milicias, el entusiasmo y la moral de los combatientes empezó a decaer. Por otro lado, las relaciones entre los militares profesionales que continuaban bajo la autoridad republicana y los milicianos era más que difícil. Los revolucionarios desconfiaban de unos militares que eran sospechosos (y muchas veces con razón), de simpatizar con el enemigo. A pesar de la lealtad  de la mayoría hacia el gobierno de la República, los casos de traición en el frente no fueron escasos. Si estos graves problemas no eran solucionados, los planes de construcción del ejército republicano corrían el riesgo de fracasar.
 
            Los comisarios se convirtieron en los portavoces del gobierno en el seno de las nuevas unidades militares, en los coordinadores entre los mandos y los combatientes. Tuvieron que asumir las tareas de vigilancia y control político sobre la tropa y sobre los militares profesionales. De hecho, fueron el principal instrumento político del gobierno en el proceso de militarización de las milicias y, con su autoridad, tuvieron que sustituir la rápida disminución del entusiasmo de los luchadores. Las características funcionales del comisariado lo convertían en un instrumento ideal y en un objetivo de primer orden, para cualquier organización que tuviera la intención de influir decisivamente en el proceso de construcción del nuevo ejército.
 
"Los autores e historiadores comunistas coinciden en general en afirmar que el PCE fue la primera organización que en la guerra española advirtió la importancia de los comisarios y que, como resultado de ello, sus miembros suministraron la mayoría de los comisarios en los primeros seis meses de la guerra" (771).
 
            Efectivamente, mientras los comunistas valoraban la gran importancia política que iban a tener los comisarios en el nuevo ejército y se empeñaban en acapararlos, otras organizaciones como los anarcosindicalistas, los poumistas o incluso los socialistas de izquierda, desconfiaban, menospreciaban o rechazaban formar parte de las nuevas estructuras, adivinando su naturaleza reaccionaria.
 
"Ni el mando unificado, ni la escuela de guerra, ni los comisarios en el ejército fueron recibidos con entusiasmo por las masas confederales. Con frecuencia el comité nacional de la CNT tuvo que insistir cerca de los comités regionales para que recordasen a los sindicatos la necesidad de designar compañeros para cubrir los puestos a ellos asignados de acuerdo con los porcentajes establecidos" (772).
 
            Sin embargo, la fuerte influencia conseguida por el PCE entre los comisarios tiene también otras causas. La labor de reclutamiento que llevaron a cabo los comunistas entre los cuadros dirigentes del socialismo de izquierdas, fue también un hecho decisivo. Sin embargo, la fuerte campaña provocó también las primeras tensiones y enfrentamientos entre los comunistas y Largo Caballero.
 
            Simultáneamente a la consolidación del papel político de los comisarios, se procedía a disolver las estructuras democráticas y revolucionarias de las milicias (comités, asambleas, elección de los mandos por las bases...). La naturaleza política de ambos organismos (los comisarios y los consejos de obreros y de soldados) era incompatible. Mientras los primeros eran los portavoces de la política gubernamental y formaban parte de sus planes para la construcción de su propio ejército, los segundos eran la expresión legítima de una revolución que  tan solo unos meses antes había hundido a la República. La consolidación de   la figura del comisariado sólo podía llevarse a cabo, mediante la previa disolución de cualquier organismo revolucionario que   pudiera existir entre los combatientes.
 
            La actitud de reticencia y hostilidad de la CNT hacia los planes de reconstrucción del Ejército republicano era todavía un obstáculo que tenía que ser vencido. El mismo Largo Caballero, a pesar de los pasos dados, seguía desconfiando del sistema de reclutamiento forzoso y manifestaba sus simpatías por el voluntariado de las milicias (773).
 
            Apenas una semana después de constituirse el primer gabinete  de unidad, en que estaba representada la CNT, éste decretó la formación del Consejo Superior de Guerra. Era la máxima concesión que Largo Caballero estaba dispuesto a hacer a los libertarios, en su demanda para la constitución de un Consejo Nacional de Defensa que sustituyera al gobierno (774). El nuevo organismo estaría formado por el mismo Largo Caballero, por Indalecio Prieto, Alvarez del Vayo (los tres socialistas pertenecientes a tres corrientes distintas), Vicente Uribe (PCE), Julio Just (IR) y por Juan García Oliver (CNT). Sin embargo, el nuevo organismo, debilitado por las fuertes suspicacias y por los continuos enfrentamientos de sus miembros, no iba a tener ninguna repercusión política.
 
            El acercamiento de posiciones que se estaba dando en aquellos momentos, entre Largo Caballero y los dirigentes anarcosindicalistas, para hacer frente a las presiones del PCE,  se convertían en un serio obstáculo para impulsar, de una vez por todas, el nuevo ejército e incorporar los reemplazos que habían sido llamados repetidamente a filas.
 
            Unas semanas después de proclamarse la constitución del nuevo ejército de la República, se prohibía a las milicias que siguieran manteniendo sus viejos nombres. Las columnas de combatientes tendrían que adoptar una numeración, que estaría más acorde con la nueva filosofía militar que se estaba implantando. Simultáneamente también se procedía a crear, por el momento sobre el papel, las nuevas unidades de combate del nuevo ejército, las "Brigadas Mixtas".
 
            En los ambientes revolucionarios crecía la desconfianza hacia una reestructuración que, en nombre de la eficacia militar, iba destinada a terminar de una vez por todas, con la independencia de las milicias frente al gobierno republicano, por el que no se sentían representados.
            Las primeras milicias que sufrieron la militarización fueron las que participaban en la defensa de la capital. Apenas terminada  la batalla de Madrid y a raíz de ésta, las brigadas mixtas empezaron a convertirse en una realidad. Todas las milicias de la capital, incluidas las libertarias, eran disueltas y transformadas en las nuevas unidades regulares de combate. Una vez que el gobierno había abandonado la ciudad y se había trasladado a Valencia, la Junta de Defensa de Madrid se convirtió en el mando único e indiscutible de todas las fuerzas combatientes, bajo la autoridad del general José Miaja.
 
            La urgencia  para estructurar una sólida defensa  en torno a la capital, sin que existiera un criterio claro de como debía ser llevada a cabo, fue un factor  importante para explicar la rapidez con la que se procedió a reestructurar a las milicias.
 
            Sin embargo, también existen otros factores que pueden ayudarnos a comprender esta dinámica, como es  el hecho de que en la ciudad se encontrara la mayor parte de los mandos militares fieles a la República, y la enorme influencia que ejercía sobre la vida política, la presencia que había tenido hasta el momento el gobierno y los aparatos dirigentes del Frente Popular.
 
            El 18 de Octubre se publicaba la orden por la que quedaban constituidas las seis primeras Brigadas Mixtas del Ejército Popular de la República. Entre los mandos de las nuevas unidades se reflejaba la creciente influencia del PCE en la política militar del gobierno de Largo Caballero. Tres de los seis mandos de las brigadas (Enrique Lister, José María Galán y Miguel Gallo) eran conocidos militantes comunistas y otro de ellos (Jesús  Martínez de Aragón) había pasado  por la escuela de formación de las milicias comunistas, mientras que los otros dos mandos recayeron en militares profesionales retirados (Arturo Arellano  y Fernando Sabio) que también habían estado relacionados, en mayor o menor medida, con las milicias del "Quinto  Regimiento".
 
            La eficaz campaña que estaba llevando el Partido Comunista para aumentar su influencia en el nuevo ejército empezaba a tener sus frutos. La apreciación que hace el historiador Michael Alpert de que no puede atribuirse sólo a la influencia comunista, el hecho de que la mayoría de los mandos de las brigadas fueran miembros del partido, nos parece eso, simplemente una apreciación (775). Sin negar que todos ellos tuvieran un historial lleno de éxitos militares, existían otros muchos dirigentes milicianos,  vinculados al Partido Socialista o a la UGT (la CNT seguía siendo reacia a integrarse en las nuevas estructuras de mando) que también contaban con excelentes informes y que, por lo tanto, también podían haber accedido a los puestos de dirección de las nuevas unidades.
 
            Importante fue también la labor de reclutamiento que llevó a cabo el PCE entre los militares profesionales. La llegada de las primeras partidas de alimentos y de armas, procedentes de la URSS; la entrada en la contienda de las brigadas internacionales, formadas por combatientes de un amplio espectro político, pero sin embargo instrumentalizadas por la Komintern; el envío de cuadros técnicos soviéticos, país que todavía mantenía la aureola de la revolución bolchevique; y también la insistencia con la que desde un principio se había caracterizado el PCE para construir un ejército disciplinado y centralizado, obedeciendo al esquema tradicional; todos estos factores fueron importantes para el éxito comunista entre unos militares conservadores y hostiles a la revolución, que veían en el PCE una organización moderada y la única capaz de derrotar a los sublevados y de restablecer la legalidad republicana.
 
"El caos de las primeras semanas de la guerra trajo consigo   la aparición del Partido Comunista de España (PCE) como organización con la que muchos de los oficiales del ejército podían identificar sus propósitos, por un lado a causa de su énfasis en el orden y la disciplina, y por otro porque la política de la Internacional Comunista de los frentes populares había hecho que el Partido Comunista jugase el papel del organismo que podía proteger a la República burguesa contra quienes consideraban que la rebelión militar de 1936 ratificaba la destrucción del estado y justificaba la Revolución..." (776).
 
            El 28 de Noviembre, el gobierno de unidad nacional publicaba un paquete de nuevos decretos, por los que se incorporaba a los dirigentes milicianos a la escala activa del nuevo ejército, equiparándolos con los grados y escalafones clásicos. Las nuevas órdenes iba a tener importantes consecuencias en el proceso de liquidación de las columnas revolucionarias y en su integración al ejército republicano (777).
 
            Para poder enfrentarse al creciente prestigio e influencia del PCE, la CNT formó su propio Comité de Defensa en Madrid y  se decidió a reestructurar sus milicias, aplicando una estricta disciplina y una rígida organización militar entre sus miembros. Las columnas libertarias de la zona centro se integraron en el nuevo ejército, convirtiéndose en la brigada número 39 del mismo.
            El hecho de que en la zona centro el anarcosindicalismo fuera minoritario y de que las sangrientas consecuencias de la "autodisciplina revolucionaria" hubieran sido mayores que en otros frentes, fueron factores que provocaron la rápida evolución de las milicias cenetistas.
 
            Ya el 17 de Septiembre, un Pleno regional de la CNT de la zona centro, había aceptado que se aplicara el reclutamiento obligatorio, como una forma para reforzar a las milicias, y había aceptado poner fin al sistema del voluntariado revolucionario.
 
            Sin embargo, los anarcosindicalistas se proponían salvaguardar el funcionamiento democrático e igualitario de las milicias, contra las voces que clamaban por la restauración del ejército tradicional. La CNT pidió que se conformara un mando único de todas las milicias, exigencia que volvería a replantear en el   plenario convocado para el 28 del mismo mes. Este planteamiento formaba parte de las demandas que hacía el anarcosindicalismo para que se constituyera un Consejo Nacional de Defensa.
            El debate sobre la constitución de un mando único para las milicias era una discusión falsa. Todas las organizaciones  estaban convencidas  que era necesario optimizar la capacidad ofensiva de las milicias. Todos eran conscientes de que ésto sólo podía conseguirse mediante la constitución de un mando único y centralizado. El verdadero debate era en realidad, a cual de las dos fuerzas que pugnaban en el bando republicano, iba a servir el nuevo ejército.
 
            A pesar de la reestructuración que llevaron a cabo las milicias libertarias para mejorar su propia capacidad ofensiva, muchos de las modificaciones que habían sido ordenadas por el gobierno, fueron adoptadas de forma superficial. Simular que se aceptaba la militarización era la única manera que los anarcosindicalistas encontraron para burlar la creciente presión que se estaba ejerciendo sobre ellos, desde el gobierno. Sin embargo las maniobras no podían engañar a nadie, el gobierno   comprendió que esta actitud era una señal inequívoca de que las milicias libertarias estaban a  la defensiva, y de que, una vez más, la CNT no estaba dispuesta a romper su colaboración, pese a las fuertes presiones que sufría.
 
            Sin duda alguna, el hecho de que la dirección de la CNT aceptase el proceso de militarización de sus milicias obedecía también a la inexistencia de un modelo claro del tipo de ejército adecuado que se debía adoptar. Las dificultades con las que habían chocado las milicias revolucionarias, durante las primeras semanas de la guerra, significó la quiebra de su modelo "autodisciplinario". Sin embargo, el principal problema con el que se enfrentaban  los dirigentes anarcosindicalistas era como compatibilizar la defensa de las características revolucionarias de las milicias, con su política de colaboración con un gobierno que estaba dispuesto a acabar con ellas.
 
            La bancarrota política, de los principios antiautoritarios de los dirigentes de la CNT, ha sido perfectamente recogida por Vernon Richards, al recoger y contrastar dos fragmentos de discursos realizados por Juan García Oliver, con apenas cuatro meses de diferencia entre ambos (778).
 
"El gobierno de Madrid cree que se puede ir a la formación de un ejército para combatir el fascismo, sin tener este ejército el espíritu revolucionario. El ejército no debe tener otra expresión que la que emana del Pueblo, y debe contener un cien por ciento de contenido proletario..." (mitin del 10.08.36 celebrado en Barcelona).
...
"¿Interesa ganar la guerra? Pues sean cuales sean sus ideologías, los credos de los obreros, las organizaciones a las que pertenecen, tienen que emplear los procedimientos que emplea el enemigo para vencer, y especialmente la disciplina y la unión. Con disciplina y organización militar eficiente, ganaremos indudablemente. Disciplina del que lucha y trabaja, disciplina en todo, que es la base del triunfo..." (mitin realizado en Valencia, el 04.12.36).
 
            Presos de la dinámica de colaboración en la que habían entrado, no tenían otro camino que abandonar, poco a poco, sus objetivos. Era necesario ceder, cuando no hubiera otro remedio, para impedir que pudiera darse una ruptura en el campo republicano, cuando no se estaba dispuesto a tomar el poder y el ejército franquista proseguía su avance, sin ser derrotado.
 
            A medida que se profundizaba en el proceso de militarización y que los mecanismos de control y represión del gobierno sobre los milicianos se intensificaba, el descontento de los combatientes, y con especial intensidad el de los libertarios, también crecía. Los combatientes adivinaban que, detrás de las reformas del gobierno, se estaba desarrollando un proceso político que estaba destinado a desarmar a la revolución.
 
"Evidentemente, la única garantía que podían tener los obreros de mantener sus conquistas sociales, era que una parte de las fuerzas armadas estuviese bajo control" (779).
 
            La resistencia afectó incluso a las brigadas internacionales, donde muchos de sus miembros se mostraron partidarios del sistema de milicias y en contra de la construcción de un ejército clásico y sin las características revolucionarias de las primeras.
 
"También en las célebres y celebradas Brigadas Internacionales, los primeros momentos, se planteó el problema de su estructura. Unos querían constituirse en una simple milicia y otros se querían constituir en unidades disciplinadas como un Ejército clásico... <<El nombramiento de los primeros oficiales fue una cuestión muy difícil. Había que luchar, en ocasiones, con la resistencia de los escogidos, que no querían tener más autoridad que sus compañeros ni someterse a una organización de un ejército de sistema burgués. Algunos voluntarios proponían que los oficiales tenían que ser elegidos desde la base, o sea, por sus propios hombres, que tendrían así plena confianza en los escogidos" (780).
 
            En el seno de la CNT, la oposición a la línea colaboracionista de la dirección adoptaba diferentes formas, que iba de la denuncia en las páginas de la prensa libertaria hasta el abandono del frente.
 
"El desconcierto de los anarquistas les condujo a acciones de violencia absurda como la expedición de castigo de la tristemente famosa Columna de Hierro, que dejó el frente de Teruel para ir a saquear en Valencia el juzgado y los cabarets..." (781).
 
            A finales del mes de Octubre y cuando se multiplicaban los indicios de que los dirigentes de la CNT se disponían a integrarse en el gobierno de Largo Caballero, el periódico "Frente Libertario", órgano de prensa de las milicias libertarias de la zona centro denunció los rápidos avances que se estaban realizando en la construcción del Ejército Popular y las crecientes presiones que se estaban llevando a cabo sobre las milicias revolucionarias.
"No queremos ejército nacional, queremos milicias populares, que son la única encarnación de la voluntad popular, que son las fuerzas únicas que pueden defender la libertad y la vida libre del pueblo español. Como antes de esta guerra social, volvemos a gritar ahora: ¡abajo las cadenas! el ejército es el encadenamiento, el símbolo de la tiranía, suprímase el ejército" (782).
 
            Los milicianos libertarios, junto a otros que pertenecían a otras organizaciones, desconfiaban, con razones más que justificadas, que tras la fachada de la construcción de un nuevo ejército más eficaz contra los militares sublevados, se ocultaran otros planes que pretendían arrebatarles las conquistas revolucionarias que ellos habían conquistado con las armas en la mano, después de las jornadas de Julio.
 
"(La contrarrevolución) intenta adueñarse de los resortes estatales. Ayer pedía un cuerpo único de seguridad numeroso... hoy propugna un ejército regular desprovisto de contenido revolucionario, ¿qué se busca con estas maniobras de corte rufianesco?... contar con fuerzas incondicionales para mañana sofocar en sangre las reivindicaciones sociales del proletariado, ¿cómo contrarrestar el plan?... forjando el organismo militar de la revolución... a esos jóvenes (los de la retaguardia) dirigimos un llamamiento vibrante: ¡a formar los cuadros de los batallones <<juventud revolucionaria>>!" (783).
 
            El 15 de Diciembre, el PCE daba a conocer un nuevo manifiesto, en el que presentaba los puntos más importantes de su política  militar. Además de repetir las demandas tradicionales de su programa, sobre la reorganización de las fuerzas armadas, el mando único, el reclutamiento forzoso y la implantación de una  férrea disciplina, exigía que todas las organizaciones se sometieran incondicionalmente a las directrices del gobierno de unidad. El mensaje estaba dirigido a las reticencias que ponía el anarcosindicalismo a la militarización de sus milicias.
 
            A medida que se incrementaba la presencia del PCE en el proceso que se estaba llevando a cabo. A medida que crecía su prestigio y peso en la vida política del gobierno de Largo Caballero, también fueron aumentando las presiones para que se acelerara el proceso
 
            La caída, provocada por los comunistas (y que contaron con  un amplio respaldo en el gobierno) del general Asensio (asesor y hombre de  confianza de Largo Caballero) fue la señal para que el inicio de una serie de maniobras políticas que tendrían como objetivo recortar la influencia comunista en el Ministerio de la Guerra.
 
            A partir de este momento, el objetivo del PCE pasaría a ser el mismo Largo Caballero que se estaba convirtiendo, cada vez más, en un obstáculo para sus objetivos. La oportunidad para derribarle se presentaría dos meses después, como consecuencia de los hechos de Mayo en Barcelona.
 
            A finales del mes de  Abril, el Estado Mayor de la zona central disponía la completa unificación de todos los ejércitos republicanos, que quedaban definitivamente encuadrados en divisiones y brigadas mixtas. Apenas un mes después, el gobierno conseguiría incorporar bajo su autoridad política, al ejército de Catalunya y todo el frente aragonés que hasta ese momento había  permanecido prácticamente independiente de la autoridad del  gobierno central, desde los inicios de la guerra. El proceso de militarización, sin embargo, no pudo  completarse hasta mediados de 1937, cuando la revolución de Julio ya había sido liquidada. El "espíritu igualitario de las milicias" perduró durante largo tiempo y la militarización nunca llegó a ser total, salvo en las unidades que estaban controladas por el Partido Comunista. Sin embargo, la resistencia y la moral revolucionarias ya estaban completamente deshechas.
 
"... cada vez se hacía más evidente que el gobierno de los obreros era una causa perdida, y no puede reprocharse a la masa del pueblo, sobre todo al proletariado urbano, que tenía que llenar las filas en cualquier guerra civil o exterior, el que sintiese una cierta apatía. Nadie quería perder la guerra, pero la mayoría deseaba por encima de todo que terminase" (784).
 
            El Ejército Popular de la República no demostró ser mucho más eficaz que las milicias revolucionarias. Estas últimas tenían graves limitaciones, pero sin duda alguna se compensaban con el entusiasmo y el arrojo de los combatientes que se sabían luchando por sus aspiraciones y sus ideales más legítimos. La decadencia de la revolución y el proceso de militarización les privaba de la causa principal por la que combatían, en su lugar se había instalado un gobierno que no representaba sus intereses y que les era hostil. El gobierno intentaría paliar el hundimiento del entusiasmo revolucionario con una fuerte y rígida disciplina, pero ésto no podía ser suficiente. Perdido el contenido revolucionario, la guerra se asemejaría cada vez más claramente al enfrentamiento entre dos ejércitos clásicos, con soldados reclutados a la fuerza que no sabían por qué luchaban ni para qué tenían que arriesgar sus vidas. En estas condiciones, el ejército de Franco, con una experiencia y un conjunto de cuadros   militares profesionales mucho más numerosos y eficaces que el de sus adversarios, tenía asegurado el camino de la victoria.
 
5.2.9 CONTRA LAS COLECTIVIZACIONES EN CATALUNYA.
 
            El triunfo de los revolucionarios en las jornadas de Julio había dado lugar a una vasta oleada de expropiaciones en las ciudades. El vacío dejado en las empresas por la huida de gran parte de los empresarios, había sido rápidamente ocupado por la acción espontánea de los trabajadores que pusieron de nuevo en marcha  la producción en las fábricas, los talleres y las minas.
Las incautaciones también afectaron en menor medida el campo catalán, donde predominaban los pequeños y medianos propietarios, agrupados en la Unió de Rabassaires. Por esta razón, las expropiaciones afectaron principalmente a las escasas   grandes propiedades agrícolas y también a las que pertenecían a los partidarios declarados de la sublevación militar.
            El espíritu espontáneo de las expropiaciones, la falta de un plan y de una dirección que organizara y diera coherencia a las colectivizaciones, fue la causa del surgimiento de numerosas desviaciones corporativistas (capitalismo popular) y de graves diferencias entre las diferentes colectividades, según  el grado de rentabilidad. El primer intento para articular y ordenar el caos de la nueva economía surgió en Agosto, unas semanas después, con la creación del Consell d'Economía de Catalunya.
 
            El gobierno de la Generalitat y los partidarios de evitar que se traspasaran los límites de la propiedad privada y del orden democrático burgués se encontraron en franca minoría. El hecho de que muchos de los antiguos propietarios hubieran huido al extranjero y apoyaran política y económicamente a Franco, impedía que las organizaciones del Front d'Esquerres pudieran reclamar la devolución de las propiedades. Además, los revolucionarios, verdaderos dueños de la situación, tampoco estaban dispuestos a entregarles lo que antes habían conquistado frente a  los sublevados. A su pesar y durante las primeras semanas, los partidarios de la restauración republicana, tuvieron que contar con la iniciativa revolucionaria de las expropiaciones, para impedir el hundimiento de la economía.
 
            La nueva situación empujaba al gobierno catalán y a sus aliados -aunque sólo fuera por el momento- a aceptar las colectivizaciones como un mal menor. Sin embargo y desde los primeros momentos, procuró salvar todo lo posible de las incautaciones que se estaban llevando a cabo. De esta forma, áreas estratégicas de la economía, como los bancos y las cajas de ahorro, quedaron en sus manos, para ser utilizados posteriormente para preparar el restablecimiento del orden republicano. En cualquier caso, durante el primer período de la dualidad de poderes, la Generalitat y sus aliados tuvieron que limitarse a participar en la gestión de la nueva economía colectivizada (asegurando el pago de los salarios, distribuyendo materias primas o combustible...), para poder hacerse un espacio político que les permitiera influir de forma decisiva en la marcha de la revolución.
 
"En Catalunya, el Consejo de la Generalitat fue más lejos, bajo la presión de la CNT y del POUM, que hicieron de la <<legalización>> de las colectividades la condición de la liquidación del poder revolucionario" (785).
 
            Con la disolución del Comité Central de Milicias y la formación del primer gobierno de unidad nacional, los planes de restauración del viejo orden republicano daban un salto cualitativo. La participación de la CNT-FAI y del POUM en el gobierno permitía que el gobierno de la Generalitat adquiriera una legitimidad y una autoridad política sobre los sectores revolucionarios y sobre las colectivizaciones que nunca habrían podido tener. Con la progresiva recuperación del poder político, el gobierno y sus aliados del Front d'Esquerres, iniciarían los primeros pasos serios, destinados a quebrar la resistencia de los sectores revolucionarios y controlar la economía colectivizada.
 
            Desde Octubre de 1936, hasta el mes de Junio de 1937, las colectivizaciones sufrirían una progresiva pérdida de su independencia con respecto al gobierno. Una vez sometidas a su autoridad, donde el predominio del PSUC se hacía cada vez más patente, las colectivizaciones perderían su naturaleza revolucionaria, la del control obrero sobre la economía, para convertirse en simples apéndices burocratizados (dirigidas por funcionarios) de una especie de capitalismo de estado, paso previo y obligado para la  posterior devolución a sus antiguos propietarios, una vez hubiera terminado la guerra.
 
            Durante el nuevo período que se abría con la integración del Comité Central de Milicias en el nuevo gobierno de la Generalitat, la CNT mantuvo la titularidad de la Consellería de Economía, departamento que sólo perdería una vez liquidado el ciclo revolucionario. Durante todo el período comprendido entre Julio de 1936 y Mayo de 1937, el sistema colectivista estaría caracterizado por una multitud de consejos de fábrica y de industria, que estarían encargados de la gestión de sus respectivos centros de trabajo y en los que existiría una desigual participación de las plantillas de trabajadores, mediante asambleas generales y decisorias. En el nuevo sistema económico, los sindicatos locales o de ramo, -especialmente la CNT- tuvieron una fuerte influencia en las fábricas, que con frecuencia entraría en conflicto con la autoridad del gobierno.
 
            Paradójicamente, en la segunda etapa, los enfrentamientos serían con un gobierno que contaba con una importante presencia de su propia organización confederal. Durante todo este proceso, la autoridad legal tendió a concentrarse, cada vez más, en el departamento de Economía, en detrimento de las tareas de coordinación del Consejo Económico, organismo que vería limitadas progresivamente sus funciones a las de simple asesoramiento.
 
            Con la entrada en el gobierno de la Generalitat, los líderes anarcosindicalistas pretendieron obsesivamente conseguir la legalización de la nueva situación y de las conquistas revolucionarias que habían llevado a cabo los trabajadores. Desde su óptica, si se había rechazado el camino de la toma del poder, y se había preferido la colaboración, era necesario crear garantías de que sus adversarios iban a reconocer la obra revolucionaria, y que no iban a aprovecharse del respiro dado por la CNT, para intentar destruirla. La ingenuidad reformista de los dirigentes del anarcosindicalismo iba a mantenerse durante bastante tiempo, a pesar de que a los pocos meses, eran patentes los síntomas de que los planes de la restauración avanzaban rápidamente.
 
            La dificultad que tuvieron los líderes cenetistas para comprender lo que resultaba evidente para muchos militantes de base de los sindicatos, que su colaboración estaba sirviendo a los planes políticos de sus adversarios y aliados circunstanciales, sólo puede explicarse por la desorientación política en la que se encontraban sumidos. Una vez más, tenían que enfrentarse al dilema de mantener la colaboración, intentando atenuar en lo posible las presiones restauracionistas, o por el contrario asumír la responsabilidad de la toma del poder. Sin embargo, la vía escogida, la de la colaboración, acabaría obligando a los representantes de la CNT-FAI y del POUM a moderar las acciones que llevaban a cabo los trabajadores.
 
"El 2 de Octubre, Fábregas exhortó a los trabajadores a no proceder por el momento a ninguna incautación más hasta que no se estableciesen unas líneas maestras, homogéneas, para las transformaciones económicas. Sin embargo, parece que el llamamiento de Fábregas no fue seguido" (786).
 
            La "legalidad", tan obsesivamente perseguida por los líderes de la CNT-FAI y del POUM era, por lo tanto, el tributo que había que pagar por una revolución inacabada, que no había sido capaz de implantar la suya, y que por lo tanto, nadaba en la ambigüedad del doble poder. La "legalidad" de las colectivizaciones también sería la grieta por donde iban a entrar en escena sus adversarios.
 
            Sin duda alguna, la "legalización" de las colectivizaciones fue una de las condiciones previas, que los dirigentes cenetistas y del POUM impusieron, como precio a su colaboración en el nuevo gobierno de la Generalitat (787). La postura de sus adversarios, el PSUC y de ERC fue, en un principio, la de oponerse a la promulgación de cualquier normativa que pudiera darle reconocimiento legal a la colectivizaciones. Sin embargo, el principal objetivo político era el de mantener a toda costa a la CNT y al POUM en el gobierno de la Generalitat, y por lo tanto, la publicación de un decreto que contribuyera a la "legalización" y al ordenamiento de la nueva economía revolucionaria, tan sólo tenía una importancia secundaria. Además, las nuevas leyes podrían ser utilizadas para conseguir el control de la Generalitat sobre las colectivizaciones.
 
            Apenas disuelto el Comité Central de Milicias y conformado el nuevo gabinete de la Generalitat, el Consell d'Economía creó una comisión que debería encargarse de elaborar el texto de la nueva ley que debería organizar y estructurar el caótico sistema colectivista. John Brademas y otros historiadores libertarios han considerado que el decreto sobre las colectivizaciones no fue más que otro intento para darle coherencia y solidez a la nueva economía revolucionaria (788). La afirmación es completamente cierta y no tendríamos nada que alegar, sino fuera por el hecho fundamental de que el decreto estructuraba a las colectivizaciones en torno al gobierno de la Generalitat y relegaba a las centrales sindicales como dirección de la economía revolucionaria. Cuestión que era aceptada por los órganos dirigentes de la CNT.
 
            Sólo dos días antes de la promulgación del decreto sobre las colectivizaciones y el control obrero, el 22 de Octubre, se hacía pública una declaración conjunta de las organizaciones anarcosindicalistas (CNT-FAI) y las comunistas (UGT-PSUC). En  el manifiesto conjunto se reconocía la indiscutible autoridad política del nuevo gobierno de la Generalitat en el campo de la economía colectivizada.
"Estamos de acuerdo en considerar que esa colectivización no daría el resultado deseado si no estuviera dirigida y coordinada por un organismo representante natural de la colectividad, que en ese caso, sólo puede ser el Consejo de la Generalitat" (789).
 
            Con el decreto se pretendía que ambos tipos de economía,  la privada  y la colectivizada, convivieran, en una perfecta simbiosis, bajo la dirección del gobierno de la Generalitat. Por primera vez, la  CNT aceptó que no se hablara de la socialización de la economía y se comprometía a que se respetara la pequeña industria y el pequeño comercio. La propiedades del capital extranjero serían respetadas, o en su caso, se aceptó el principio de la indemnización. Se defendía también la municipalización de la propiedad urbana y agraria (salvo en el caso de la pequeña). La Banca sería nacionalizada y la pequeña industria puesta bajo el control obrero.
 
            A pesar de las concesiones que se habían hecho en el nuevo compromiso, se suponía que la presencia de la todopoderosa central sindical anarcosindicalista sería la garantía de que este orden inestable y contradictorio se mantendría dentro de los límites acordados. La evolución posterior demostraría que los dirigentes cenetistas estaban cometiendo un grave error que iba a terminar con lo que pretendían preservar: La esencia revolucionaria de las colectivizaciones.
 
            La exigencia de darle un cauce "legal" al sistema colectivista fue cumplida. Pocas semanas después de haberse producido la integración en el gobierno de la Generalitat, se promulgaría -el 24 de Octubre- el "Decreto de Colectivizaciones y Control Obrero". La orden fue elaborada a partir de la ponencia,  que se había formado a principios del mes, y en la que habían participado todos los partidos y sindicatos que formaban parte del nuevo gobierno y del Consell d'Economía. Sin embargo, y debido al peso político de cada una de las fuerzas políticas, la verdadera polémica estuvo centrada en torno a las posiciones del ala izquierda (CNT, FAI y POUM) y de las organizaciones más importantes del Front d'Esquerres (PSUC y ERC).
 
            La paternidad espiritual del decreto ha sido atribuida a Joan P. Fábregas, cenetista de última hora y convertido en  aquellos momentos en Conseller d'Economía del gobierno de la Generalitat (790).
 
            La polémica principal a la que dió lugar la redacción del decreto, estuvo en torno a los límites que debería tener la obra colectivizadora. Mientras los representantes del Front d'Esquerres pretendían que las incautaciones sólo pudieran llevarse a cabo en las grandes empresas (todas aquellas que contaran con más de 250 trabajadores), el POUM y la CNT-FAI consideraban que las expropiaciones deberían extenderse a las que contaran con más de 50. Finalmente el acuerdo llegó a concretarse en todas aquellas empresas que antes del estallido de la contienda, contaban en sus plantillas con más de un centenar de trabajadores. La polémica no en era en absoluto banal ni caprichosa, el hecho de que en la industria y el comercio catalán, la pequeña y mediana empresas fueran la inmensa mayoría, hacía que la delimitación marcara dos proyectos económicos y políticos, claramente diferenciados.
 
"En realidad, la defensa de la colectivización de las empresas a partir de 250 obreros era tener un criterio muy generoso de pequeño empresario o de pequeña industria, tanto más que detrás del número había un modelo económico diferente del que querían las organizaciones obreras y que se preveía en el prefacio del decreto. El fondo de la fricción, por lo tanto, no estaba tanto en salvar de la colectivización al pequeño empresario sino en el modelo económico y de revolución que detrás de una cifra u otra, se derivaba" (791).
 
            La polémica se saldó finalmente con un acuerdo que se acercaba a las condiciones que habían exigido los libertarios y los poumistas. Sin embargo, esto no significaba necesariamente que éstos fueran los verdaderos vencedores. En realidad ocurría todo lo contrario. Pese a las tensiones que se habían desatado en el debate sobre la nueva ley, los dirigentes del Front d'Esquerres comprendían perfectamente que era preferible perder esta batalla, antes que perder la guerra. El paso más importante que habían dado los partidarios del orden republicano había sido la disolución del Comité Central de Milicias y la integración de las organizaciones obreras en el nuevo gobierno de la Generalitat. Era imprescindible que la nueva alianza no se malograra, bajo ningún concepto. Era preferible ceder en apariencia a las exigencias de sus adversarios. En el futuro ya se darían las condiciones -gracias a la vitalidad que le confería a lla Generalitat la presencia de los representantes de la CNT-FAI y del POUM en su seno- para recomponer la situación según sus intereses. El mismo historiador, Miquel Caminal, con sus propias palabras, nos explica cual era la óptica política del máximo dirigente del PSUC, Joan Comorera, y por consiguiente, también la que animaba al conjunto del Front d'Esquerres.
 
"A pesar de las tensiones que hubo en la discusión del decreto, éste fue bien recibido por todas las organizaciones, ya que constituía el pacto imprescindible para que partidos y sindicatos mirasen hacia adelante y trabajasen por la victoria. Había que asegurar y legalizar la revolución regulando el nuevo orden económico si se quería contar con la colaboración en el gobierno de unidad, del POUM y de la CNT. La Generalitat se ponía delante de la revolución y sellaba el final de las disensiones. Ya no había motivos ni para la desconfianza ni para las reticencias, no hacían falta guardianes de la revolución. Todas las armas podían y habían de ser liberadas al Consejo de la Generalitat. Hecha la revolución solo había una preocupación: ganar la guerra" (792).
 
            Lo importante para las organizaciones del Front d'Esquerres en aquellos momentos, no era una ley que fuera favorable a sus intereses en una todavía difícil situación política, en la que difícilmente sería aceptada y obedecida por los sectores revolucionarios. El eje principal de su política era pues, la consolidación del nuevo gobierno de la Generalitat como única autoridad legítima de Catalunya y, lo que era más importante, que la CNT y el POUM se mantuvieran dentro de ella, dispuestos a avalar su política. En los debates sobre el nuevo decreto, el PSUC y ERC intentaron influir al máximo, y que sus puntos de vista fueran tenidos en cuenta, pero de ninguna manera estaba dispuestos a que los enfrentamientos pudieran provocar una ruptura con sus adversarios, que podría tener imprevisibles consecuencias.
 
"Formalmente, el estalinismo y la burguesía capitulaban ante la CNT y el POUM; en realidad, la CNT y el POUM, por segunda vez desde el 19 de Julio, capitulaban ante un estado capitalista absolutamente impotente... promulgado por el gobierno de la Generalitat, el decreto de la colectivización se limitaba al reconocimiento de la expropiación de los capitalistas, ya consumada por el proletariado y los campesinos, pero al mismo tiempo era el primer acto de afirmación del estado capitalista como tal, después del 19 de Julio. LO QUE PERDIA ECONÓMICAMENTE EL CAPITALISMO, LO GANABA POLÍTICAMENTE SU ESTADO. LA RECONSTITUCIÓN DE ÉSTE PERMITIRÍA SOCAVAR EL PODER DE LAS MASAS Y ANULAR DESPUÉS LAS COLECTIVIZACIONES MISMAS" (793).
 
            La aceptación pues, de las demandas exigidas por el anarcosindicalismo y el POUM, no tenía nada que ver con una victoria espectacular, era la única forma posible que los partidarios de la restauración republicana tenían, para limitar los avances de la revolución. Dada la desfavorable correlación de fuerzas que todavía existía en Catalunya, la otra posibilidad hubiera significado el enfrentamiento suicida contra los revolucionarios, posibilidad que no entraba en sus planes, por lo menos en aquellos momentos.
 
"La política económica de los gobiernos catalán y central perseguía dos objetivos: Además de sus objetivos político-económicos, de lo que se trataba era, mediante la aceptación parcial del fait accompli impuesto por los trabajadores (de instaurar un nuevo orden económico aún rudimentario, pero ya claramente reconocible en sus grandes líneas) así como mediante la legalización de las posiciones conquistadas por la clase obrera, de quitarle impulso a la oleada revolucionaria, de presentarse ellos mismos como defensores de los intereses proletarios y de someter a muchas empresas de interés bélico al control estatal, para de esta manera poner coto a las acciones espontáneas y por tanto incontrolables de la clase trabajadora" (794).
 
            El decreto sobre las colectivizaciones y el control obrero contaba con un preámbulo y seis partes (las empresas colectivizadas, los consejos de empresa, los comités de control en las empresas privadas, los Consejos Generales de Industria, las Agrupaciones de Industria y las obligaciones industriales). El texto total contaba con un total de 39 artículos (ver anexo).
No es nuestra intención hacer un análisis exhaustivo del decreto. Nos limitaremos a citar sus características fundamentales y las consecuencias políticas que éstas iban a tener en el nuevo orden económico revolucionario.
            El decreto clasificaba las empresas en dos órdenes, las colectivizadas y las privadas. Las primeras quedaban bajo la responsabilidad y la dirección de los consejos de empresas, en el segundo caso continuaba en manos del propietario o del gerente, pero contando con la colaboración y la vigilancia de un Comité Obrero de Control (Art.1). Todas las empresas industriales y comerciales que el día 30 de Junio hubieran superado el centenar de trabajadores; fueran propiedad de facciosos, o bien que sus propietarios hubieran abandonado sus responsabilidades; todas aquellas empresas menores, que hubieran llegado a un acuerdo entre los trabajadores y los propietarios para llevar a cabo la colectivización; las que sin el acuerdo de estos últimos así lo hubieran acordado las tres cuartas partes de los obreros que trabajaban en ella; así como todas aquellas que por su interés económico o militar, el Consejo de Economía así lo hubiera acordado (Art.2). En el caso de que en las empresas colectivizadas existieran intereses extranjeros, el comité debía comunicarlo al departamento de Economía de la Generalitat, para que éste procediera a negociar la salvaguarda de los intereses de cada una de las partes (Art.9).
 
            El Consejo de Empresa, encargado de la gestión y administración, sería elegido entre los trabajadores de la misma empresa en asamblea general. El número de sus componentes no podría ser menor de cinco , ni mayor de quince, y en él tendrían que estar representadas todas las secciones de la empresa (Art.10). El Consejo sería responsable ante los trabajadores y ante el Consejo General de Industria del ramo (Art.11), mientras que su gestión tendría que someterse a los criterios de este último (Art.12). La marcha permanente de la empresa sería atendida por un director, que sería elegido por el Consejo de Empresa y en algunos casos importantes, el nombramiento tendría que ser aprobado por el Consejo de Economía (Art.14). En todas las empresas se nombraría un Interventor del gobierno de la Generalitat, que formaría parte del Consejo de Empresa, y que tendría que ser elegido por el consejero de Economía, de acuerdo con los trabajadores (Art.15). Los Consejos de Empresa podrían ser destituidos si se consideraba conveniente por el Consejo General de Industria,  o bien por  los trabajadores que lo habían elegido (Art.20).
 
            En las industrias y comercios privados, la representación de los trabajadores estaría a cargo de un Comité Obrero de Control (Art.21), que tendría como misión, la vigilancia de las condiciones de trabajo, la administración y la producción (Art.22). Los propietarios estarían también obligados a dar cuenta periódicamente de la marcha de la empresa al comité obrero de control (Art.23).
 
            Con la creación de los Consejos de Industria se abría la posibilidad de superar el marasmo inicial en el que había caído la economía colectivizada, víctima de su propio espontaneísmo. Sin embargo, la potenciación de los Consejos Generales chocó con las tendencias sindicalizadoras que fomentaban los sindicatos cenetistas.
 
"Sin los Consejos de Industria, el cuerpo supremo previsto por el decreto para cada industria, resultaba imposible racionalizar, eliminar la competencia y <<superar la desorientación existente en todas las ramas de la industria>>" (795).
 
            Los Consejos Generales de la Industria estarían formados por cuatro representantes de los consejos de empresa del sector, ocho que representarían a las centrales sindicales (en proporción al número de afiliados que tuviera cada una de ellas), y cuatro técnicos que serían nombrados por el Consejo de Economía. El Consejo General estaría presidido por el vocal respectivo de cada ramo, del Consejo de Economía de Catalunya (Art.24). Los Consejos Generales serían los organismos encargados de formular los planes de trabajo, orientando a los comités de empresas en sus actividades (Art.25). Las decisiones del Consejo General de Industria tendrían carácter ejecutivo y sólo podrían ser recurridas ante el Consejero de Industria, cuya decisión sería irrevocable (Art.26). A su vez, los Consejos Generales de Industria tendrían que ajustar sus planes a la política dictada por el Consejo de Economía de Catalunya (Art.27), ante el que serían responsables (Art.28). Los Consejos Generales, para alcanzar una mayor racionalización de la economía colectivizada, estimularían la agrupación de las empresas de un mismo ramo (o complementarias) (Art.29).
 
            Numerosos historiadores han destacado el avanzado contenido social del articulado de la ley sobre las colectivizaciones. Sin embargo, en realidad el decreto se limitó a recoger lo que ya los trabajadores habían llevado a cabo, por su propia cuenta. durante los tres meses anteriores (796). Un decreto que no hubiese reconocido la situación revolucionaria y que negara las transformaciones revolucionarias, se habría estrellado contra la hostilidad de los trabajadores de las colectivizaciones. En realidad, la principal consecuencia inmediata que tuvo el decreto, fue el intento de limitar el proceso espontáneo colectivizador.
 
"El mismo <<Decreto de colectivizaciones>> era, ciertamente, un gran paso porque legalizaba el proceso colectivizador, pero también suponía su freno, porque impedía su extensión e intensificación" (797).
 
            Por primera vez, las organizaciones obreras más radicales avalaban una orden de tales características. Y también, por primera vez, el gobierno de la Generalitat se convertía en juez y director supremo de la nueva economía colectivizada. Un gobierno que, a pesar de la presencia en su seno de la CNT-FAI y del POUM, era claramente hostil a la oleada expropiatoria. La Generalitat conseguía llegar al corazón del sistema colectivista, facultad que le había sido negada hasta aquel momento, mediante el nombramiento de interventores. Dada la situación, los representantes del gobierno serían elegidos entre los trabajadores de las mismas empresas. Posteriormente y a medida que la autoridad de ésta se consolidaba, los interventores acabaron siendo nombrados entre los funcionarios del gobierno.
 
            La política de intervención y control sobre las colectivizaciones se fue intensificando a medida que la Generalitat recuperaba su poder perdido (798).
 
            Los miembros de los Consejos Generales de Industria serían elegidos, en su mayoría, por los organismos dirigentes de las centrales sindicales y por el gobierno autónomo. Los trabajadores  de las colectivizaciones y los comités de empresa no iban apenas a tener ningún control sobre la política que iban a desarrollar los Consejos Generales. Éstos últimos, tendrían la facultad de destituir a los consejos de fábrica, si éstos se oponían a sus órdenes. En caso de conflicto entre ambas partes, la última decisión quedaba en manos del Consejero de Economía, que era el  que tenía la última palabra. De esta manera se iniciaba un proceso de burocratización que iba a facilitar el control de la economía revolucionaria por parte de la Generalitat.
 
            En las empresas privadas, la función de los comités de control se limitaría a una mera vigilancia sobre la producción (para evitar posibles sabotajes) y a la cogestión de la empresa, en un momento en el que los trabajadores, espontáneamente, habían ido mucho más lejos. De esta manera, se corresponsabilizada a los trabajadores de la marcha de la producción de la empresa, que continuaba en manos de sus antiguos dueños.
 
            Sin embargo, a lo largo de los debates que dieron lugar al decreto sobre las colectivizaciones, surgieron numerosas diferencias entre los dos bloques políticos (además de las ya comentadas), que hacían presagiar los enfrentamientos que iban a producirse en el futuro.
 
            La polémica sobre la indemnización a los antiguos propietarios expropiados, se saldó favorablemente para las organizaciones del Front d'Esquerres. Mientras todos se mostraban de acuerdo con que los intereses extranjeros deberían ser respetados en la medida de lo posible, y en el caso de que ésto no pudiera ser así, tendrían que ser debidamente indemnizados, para evitar roces diplomáticos con las potencias democráticas que contaban con importantes intereses en Catalunya, no ocurría lo mismo con los propietarios del país. Las organizaciones del Front d'esquerres PSUC, UGT, ERC y ACR defendieron la indemnización de los propietarios de las empresas expropiadas, siempre y cuando no fueran facciosos o simpatizantes de la sublevación. La propuesta fue bloqueada provisionalmente por la oposición del POUM y de la CNT-FAI (799). Sin embargo, el hecho de que el debate no hubiera sido cerrado, dejaba abierta la perspectiva de una futura restauración del viejo régimen de propiedad.
 
"Sensible a los argumentos de política exterior, los representantes de la CNT y del POUM aceptaron la indemnización de los accionistas extranjeros. Pero la indemnización de los accionistas españoles se admitió también, sin que se fijara el monto: de esta manera permaneció abierta, en la perspectiva de una restauración de la legalidad republicana, la de la percepción de los antiguos accionistas de verdaderos dividendos de las empresas colectivizadas" (800).
            Finalmente, en el decreto sobre las colectivizaciones que había promulgado el gobierno de la Generalitat, desapareció  toda referencia sobre las indemnizaciones y que habían sido aprobadas por el Consejo de Economía de Catalunya.
 
            Otro de los puntos que desataría fuertes tensiones entre los dos bloques fue el referido a los aspectos financieros con los que debería dotarse el sistema de las colectivizaciones. El control que el gobierno republicano central y en menor medida la Generalitat tenían sobre el crédito, se había convertido en un instrumento de terrible eficacia contra la industria y el comercio colectivizados, y contra las resistencias que pudieran  presentarse a su autoridad.
 
            Desde los primeros momentos, el anarcosindicalismo había despreciado el control de los bancos y cajas de ahorro. Ya en el mes de septiembre, y a pesar de la utilización que el gobierno había hecho del capital financiero como un instrumento de chantaje, un Plenario Regional de la CNT, había decidido dar su visto bueno a que éste continuara controlándolo.
 
            En el preámbulo del decreto se acordaba la creación de la "Caixa de Crédit Industrial i Comercial" (CCIC). El nuevo organismo crediticio se encargaría de la tarea de apoyar financieramente a las colectivizaciones. De esta manera, se intentaba paliar la dramática escasez de capitales que amenazaba con ahogar el nuevo orden económico. La mayor parte de las reservas provendrían de los beneficios aportados por las colectivizaciones más rentables, que tendrían que ceder el 50% de sus ganancias a la Caixa de Crédit.
 
            A pesar de los intentos de crear el nuevo organismo económico, éste no pudo llegar a constituirse hasta un año después, el 10 de Noviembre de 1937. La fuerte oposición de los adversarios del sistema colectivista, dificultó el proceso (801).
            Los roces entre el PSUC y la CNT con respecto a las indemnizaciones que deberían entregarse o no, a los antiguos propietarios (una de las tareas que tendría que asumir la CCIC), bloqueó su constitución (802). Sin embargo, el flujo de capitales que debería llenar las arcas del nuevo organismo financiero, pronto entraría en crisis. La marcha de la guerra (la pérdida de mercados interiores y exteriores, la escasez de materias primas y de dinero...) reduciría drásticamente los beneficios de las colectivizaciones.
 
            A medida que la revolución retrocedía en todos los frentes, la Caixa de Crédit Industrial i Comercial se convirtió rápidamente en un organismo dependiente del mismo gobierno que pretendía estrangular la autononía de las colectivizaciones (la CCIC traspasó entre el 70 y el 80% de los excedentes a la Generalitat) (803). Dos años después de iniciada la guerra y la revolución, al menos la mitad de las  colectivizaciones en Catalunya estaban hipotecadas. Habían tenido que someterse a sus directrices a cambio de créditos que les permitieran seguir funcionando (804).
            El intento del anarcosindicalismo de proteger los logros que habían conseguido los trabajadores, al margen de la toma del poder político, se convertía finalmente en la "consagración tardía del Estado", es decir, en el principio de la restauración del viejo orden y en el fin de la revolución (805).
 
            El decreto sobre las colectivizaciones y el control obrero tuvo muchos críticos y pocos defensores. En las filas del movimiento libertario surgieron numerosas voces contra la ley, que para muchos suponía una traición flagrante contra el espíritu que había alentado las conquistas revolucionarias de los trabajadores, y era considerada como un claro símbolo de la corriente reformista que dirigía la CNT.
 
"... la autoridad suprema en la nueva economía no serían los sindicatos sino el gobierno de Catalunya, y que tanto la orientación como el desarrollo de la economía quedarían en las manos de los políticos y economistas. De tal modo, el control por los obreros se reduciría sólo a una sombra de los objetivos originales que los mismos trabajadores revolucionarias se habían fijado cuando se adueñaron de las fábricas y talleres" (806).
 
            Paradójicamente en el seno de la CNT y del movimiento libertario, la organización que más hizo para que el decreto fuera aprobado, las críticas contra el mismo han sido casi unánimes y las favorables más bien escasas (807).
 
"El Decreto de las colectivizaciones de la industria y el comercio... tuvo el mérito de organizar regionalmente el funcionamiento de las colectivizaciones obreras, de unificarlas, de uniformar los intentos de autogestión, de legalizar las transferencias de propiedad y sentar las bases de una economía socialista planificada, bien administrada y centralizada" (808).
 
            Sin embargo, otro historiador libertario opina que el decreto, lejos de suponer una gran conquista para el movimiento libertario, supuso exactamente lo contrario.
 
"El 24 de Octubre de 1936, el Gobierno catalán institucionalizó por Decreto las colectivizaciones. Esto ha sido presentado en muchas ocasiones, hasta por gran número de exégetas de tendencia libertaria, como el simple reconocimiento de lo que habían realizado los propios trabajadores. En realidad, era exactamente lo contrario: El Estado se hace cargo de las colectivizaciones, en primer lugar, para limitarlas pero también, y sobre todo, para ampliar su propia influencia y su control en detrimento de la autonomía obrera" (809).
 
            El primero no hace otra cosa que describir los objetivos que tenía el decreto para los dirigentes cenetistas, el segundo analiza las consecuencias reales que tuvo la aplicación de la ley. Una vez más, el problema no residía tanto en el contenido, más o menos discutible de los artículos, sino en quién tenía que aplicarlos.
 
 
            El POUM también desarrolló amplias críticas contra las formulaciones del decreto, que consideraba como una preciosa oportunidad perdida para llegar a la socialización de la economía catalana. El poumismo analizó las múltiples fallas  que tenía la nueva ley, que estimulaban, desde su óptica política, los egoísmos corporativistas de las empresas colectivizadas. El periódico poumista de Tarrasa "Front" publicó una serie de artículos a partir del decreto sobre las colectivizaciones, donde el partido establecía su postura y también los puntos en los que estaban en desacuerdo.
 
"La finalidad de la ley de colectivizaciones parece encaminada a satisfacer necesidades individuales, en lugar de satisfacer las de la colectividad. Llamamos colectividad cuando nos referimos a toda la masa trabajadora. El decreto tiene en realidad, la finalidad primordial de crear un conjunto de egoísmos capitalistas en los trabajadores, haciendo que dada empresa pertenezca exclusivamente a sus trabajadores".
...
"Por eso consideramos inoportuno que en unas circunstancias como las actuales en que, por la convulsión económica del momento, convenía mucho más ir directamente hacia la socialización de la industria, se tenga que pasar en primer lugar por la colectivización" (810).
 
            A pesar de las críticas expresadas por el POUM, éste se mostraría favorable a la aceleración de la aplicación del decreto y de incentivar la centralización de la producción y de los capitales de la gran industria colectivizada (811). El centro neurálgico de la economía revolucionaria tenía que ser el nuevo Consejo de la Generalitat, en el que, en aquellos momentos, el bloque formado por la CNT-FAI y el POUM todavía tenían la mayoría. El poumismo se mostró partidario de la entrada de los interventores del gobierno en las colectivizaciones, como un mecanismo de coordinación y de centralización de la economía. Al fin y al cabo, mientras el anarcosindicalismo siguiera manteniendo su hegemonía en Catalunya, el espíritu revolucionario de la ley estaba asegurado (812).
 
            A pesar del apoyo que dió el POUM al Consell de la Generalitat, su política quedaba condicionada por el predominio que la CNT pudiera ejercer en él. El nuevo gobierno autónomo, desde la óptica poumista, era sólo una etapa necesaria de la revolución democrático-socialista española, que tenía que completarse con la consolidación final del poder de los trabajadores y de la nueva economía. En un artículo publicado en  el mes de Marzo por la prensa del POUM (en un momento en el que el partido ya había sido expulsado del gobierno catalán y en el que los avances de la restauración republicana se hacían cada vez más evidentes), su secretario, Andreu Nin hizo una comparación de la realidad española con la situación italiana en 1920.
 
"... en Septiembre de 1920, el proletariado italiano ocupó las fábricas; pero el poder siguió en manos de la burguesía, se frustró la revolución, que avanzaba irresistiblemente, y, como consecuencia de ello, se crearon las condiciones necesarias para el rápido y victorioso avance del fascismo. En nuestro país, como respuesta a la insurrección militar fascista, el proletariado, levantado en armas ocupó las fábricas, minas y talleres, anulando el poder económico de la burguesía; pero al no completar esta acción con la conquista del poder político, da la posibilidad a la clase enemiga de ir reconstruyendo el desquiciado mecanismo del Estado, para ponerlo al servicio de sus intereses y utilizarlo contra la revolución proletaria" (813).
 
            La alusión de Andreu Nin era clara, iba dirigida contra las ilusiones de una CNT desorientada y paralizada, en franco retroceso, que pretendía atrincherarse en la economía colectivizada, frente a los cada vez más intensos ataques del PSUC y del Front d'Esquerres.
 
            En el extremo contrario del espectro de las fuerzas políticas y sindicales que componían el gobierno de Catalunya, entre los adversarios de las colectivizaciones que estaban integradas en el Front d'Esquerres, pronto destacaron el PSUC y la UGT. Los comunistas catalanes participaron plenamente en los debates y en la redacción del decreto, y también en el resto de leyes que llegó a promulgar la Generalitat, y que pretendían estructurar la nueva economía. Sin embargo, su participación de  ninguna manera significaba su respaldo político. Por el contrario el PSUC y la UGT catalana se manifestaron en numerosas ocasiones opuestas a los aspectos más esenciales del sistema de colectivizaciones. La UGT llegaría a defender, como pretexto contra las continuas expropiaciones que se estaban llevando a cabo, que sólo las empresas que manifestaran pérdidas, deberían ser colectivizadas.
 
"...mientras las empresas pudieran pagar jornales o sueldos a sus trabajadores y empleados, no había porque hablar de colectivización, que la ocasión de hacerlo llegaría cuando ya no pudieran pagarlos, olvidando que cuando este hecho se produjera sería por haber agotado todas sus posibilidades económicas y que, por lo tanto no habría nada colectivizable; la UGT, decimos, también oponía toda clase de obstáculos a la aplicación leal del decreto de colectivizaciones, lo que se hizo de forma abierta y oficial en el congreso celebrado en Lérida el mes de Octubre de 1937" (814).
 
            Desde muy pronto, los comunistas catalanes se mostraron partidarios de la nacionalización de las empresas que hubieran pertenecido a los partidarios de la sublevación.
 
            La nacionalización de las empresas se convirtió en una de las banderas del PSUC y de la UGT contra el proceso colectivizador, y contra lo que consideraban como excesiva influencia de las centrales sindicales en la dirección de la economía. En una conferencia celebrada el día 11 de Noviembre, pocas semanas después de la promulgación del decreto, el dirigente ugetista Joan Fronjosa analizaba las consecuencias que iba a tener la entrada del gobierno de la Generalitat en el hasta entonces cerrado sistema colectivista.
 
"Así pues, lo que ahora se hace, no tiene nada que ver con la colectivización y por lo que se desprende del decreto del 24 de Octubre pasado, artículo 15, más que tender a la colectivización se tiende a la nacionalización, porque la intervención del organismo nacional en cada empresa le da un aspecto bien ostensible de nacionalización..." (815).
 
            Como la mayor parte de la burguesía catalana había huido abandonando sus empresas y propiedades, los adversarios de las colectivizaciones solo podían enfrentarse a ellas, exigiendo la incautación y nacionalización de los centros de trabajo, por iniciativa del gobierno de la Generalitat. La exigencia de una  producción subordinada a las necesidades de la guerra, constituiría una valiosa arma del PSUC y de sus aliados, para combatir a las colectivizaciones y reivindicar una economía centralizada y disciplinada, bajo la autoridad gubernamental. La función de los comités y consejos de trabajadores, tendría que limitarse a controlar la marcha de la producción y las condiciones laborales en las que se desarrollaba ésta, en los centros de trabajo, además de asesorar a las direcciones que habría impuesto   el Consell de la Generalitat.
 
            La nacionalización era la única manera coherente con la que poder hacer frente a los deseos expropiatorios de los trabajadores revolucionarios. Desde esta óptica política, sería el gobierno autónomo catalán, en vías de recuperación de su poder, e integrado por la práctica totalidad de las fuerzas "antifascistas", quién tendría que dirigir el timón de la nueva economía, mientras durase la guerra.
 
            Con respecto a la pequeña propiedad, el PSUC defendió la potenciación del movimiento cooperativista y de todas aquellas formas que pudieran servir como obstáculo a la continua extensión de las colectivizaciones de las pequeñas y medianas empresas. Al parecer, según afirman diversos testimonios de la época y también numerosos historiadores, la reacción de los trabajadores cuando conocieron la promulgación del decreto sobre  colectivizaciones, fue de indiferencia (816). Sin duda alguna, la marcha de la producción y de las empresas, apenas quedó afectada por las nuevas medidas, por lo menos durante el período inmediatamente posterior. La participación de la CNT, de la FAI y también del POUM en el Consell de la Generalitat, y en el resto de los órganos del poder gubernamental, eran un seguro para los obreros de que las nuevas medidas no se utilizarían en contra de sus intereses. Tal como había venido ocurriendo en los últimos meses, desde las jornadas de Julio, la organización anarcosindicalista tendría la última palabra y sería la que decidiría el curso de los acontecimientos.
 
            La aplicación de la nueva ley pronto chocaría con grandes dificultades y nunca pudo ser llevada a cabo de forma completa. Una cosa era que los adversarios de las colectivizaciones hubieran firmado el decreto, en aras de que la CNT-FAI y el POUM no rompieran su alianza, y continuaran integrados en el gobierno, y otra muy distinta que tuvieran algún interés en que éste fuera aplicado en la economía catalana.
"Todos los partidos y organizaciones acordaron solemnemente respetar la letra y el espíritu de la nueva ley, <<pero a los tres meses los partidos republicanos la obstruían sistemáticamente y, poco después, los comunistas la saboteaban". (817).
 
            Frecuentemente las mismas centrales sindicales, tanto la CNT como la UGT, desconocieron los compromisos del decreto y llevaron a cabo sus propias iniciativas.
 
"Sería decir mucho afirmar que alguna vez la CNT tuvo una política general sobre lo que había que hacer en la nueva situación, Se mostró ambigua con respecto al mismo decreto de colectivización. Si bien mandó sus representantes al Consejo de Economía... la CNT, al mismo tiempo, siguió persiguiendo sus propios objetivos unilaterales, que eran distintos" (818).
 
            La casi totalidad de las pequeñas y medianas empresas que habían sido expropiadas por los trabajadores durante las primeras semanas de la revolución, continuaron colectivizadas después de la promulgación del decreto, y no volvieron a las manos de sus antiguos propietarios. Los sindicatos cenetistas seguían todavía siendo la dirección indiscutible de las empresas colectivizadas.
 
"Al amparo del decreto, las otras dos docenas de fábricas (el autor se refiere al textil) ya colectivizadas, debían volver al control obrero (es decir, volver al régimen de propiedad privada). <<Pero, francamente, no nos preocupaba demasiado el decreto. Los comités obreros de control cumplían las instrucciones del sindicato y, en lo que a nosotros se refería, las fábricas podían darse por colectivizadas>>" (819).
 
            El Consell de la Generalitat siguió siendo impotente para detener la avalancha de expropiaciones que seguían su curso, sin reconocer el decreto que acababa de promulgarse con la firma avaladora de todas las fuerzas políticas y sindicales que formaban parte del gobierno.  En algunas ocasiones, el Consell d'Economía y la Generalitat de Catalunya tuvieron que intervenir para evitar que los obreros formaran sus propios comités de control en otros campos que no fueran los que señalaba el decreto (cooperativas, mutualidades...) e incluso en organismos que eran de ámbito oficial.
 
"... algunos sectores obreros no comprendían que, mientras otros compañeros suyos podían dirigir de una manera efectiva sus propias empresas colectivizadas, ellos tuvieran que sujetarse aún a las disposiciones del patrono que creían ya desaparecido para siempre" (820).
 
            En ocasiones, el decreto fue visto por lostrabajadores como una serie de medidas que estaban destinadas a consolidar y organizar la nueva economía revolucionaria. Durante las primeras semanas, después de haberse promulgado la nueva ley, el número de colectivizaciones aumentó de forma espectacular ( Pérez Baró habla de 2.000), especialmente aquellas que estaban relacionadas con la industria y el comercio, de pequeño tamaño (821).
            Sin embargo, el curso de la evolución política en Catalunya, y también en el resto de la zona antifascista, fue poniendo al descubierto, cada vez de forma más clara, cual era la verdadera naturaleza del decreto: un eficaz instrumento del gobierno para someter a su autoridad, a toda la economía revolucionaria.
 
"Aunque inicialmente una mayoría de los trabajadores no se sometió a las determinaciones del decreto, éste originó una tendencia a la <<burocratización>> que dificultó la acometida de nuevas colectivizaciones por los trabajadores y puso la iniciativa en manos del estado" (822).
 
            Frente al creciente control del gobierno y la intensificación de la reglamentación de las colectivizaciones, poco podían hacer los trabajadores, que veían participar de forma destacada a  sus propias organizaciones, mientras los dirigentes les pedían obediencia y disciplina (823).
 
            Durante el mes de Enero, el gobierno central iniciaría sus primeros intentos para influir en la economía revolucionaria de Catalunya, decretando la intervención de algunas empresas de la industria bélica (824). Sin embargo, el gobierno instalado en Valencia, sólo podría controlar la economía catalana a partir del mes de Mayo. Con la liquidación total del movimiento revolucionario, el gobierno conseguiría hacerse con el control político sobre Catalunya. El día 3 de Febrero y por primera vez, el gobierno de la Generalitat se atrevió a declarar ilegal la colectivización de la industria de productos lácteos (825).
 
            El 18 de Enero de 1937, a los pocos meses de haber entrado en vigor el contenido del decreto, éste tuvo que ser completado con otras leyes, que fueron elaboradas por el Consell d'Economía, y que pretendían superar los malos entendidos y los conflictos que habían provocado algunos aspectos confusos del decreto. Las nuevas leyes se dirigieron especialmente a todo lo que estaba relacionado con el funcionamiento de las empresas privadas, las funciones de los comités obreros de control y las de los propietarios. Simultáneamente, y durante el mes de Febrero, el gobierno de la Generalitat publicaría 58 medidas, que estaban destinadas a restringir el espíritu de independencia que   todavía mantenían las colectivizaciones (826).
 
            El retroceso de las colectivizaciones en las ciudades, tuvo también su paralelismo en el campo catalán, donde las colectivizaciones agrícolas habían arraigado con menos fuerza que en otras áreas del estado. El 23 de Enero, la UGT celebró su primer congreso de trabajadores de la tierra de Catalunya, donde se pronunciaron fuertes críticas a las colectivizaciones. Simultáneamente, el descontento de los campesinos iba en aumento. La inestabilidad del campo; las requisas que a menudo se efectuaban de forma indiscriminada; los excesos cometidos en la represión de un campesinado individualista y conservador, todo ello provocaría su reagrupamiento en torno a la poderosa central sindical agraria, la Unió de Rabassaires (organización que aglutinaba  a  los  pequeños  y medianos  propietarios de  campo, tradicionalmente controlada por ERC, y que viraba cada vez más hacia el área de influencia del PSUC). Los avances de las organizaciones del Front d'Esquerres en todos los ámbitos de la vida política (disolución de los comités revolucionarios, militarización creciente de las milicias, liquidación de las patrullas de control...) reforzaban las expectativas a los sectores hostiles al colectivismo. Las tensión iría en aumento hasta el estallido de los sucesos del pueblo tarragonés de Fatarella, donde se produjo un sangriento choque entre los pequeños propietarios campesinos y los partidarios de la colectivización (ver anexo).
 
            A medida que la Generalitat, el PSUC y el  resto de las organizaciones del Front d'Esquerres aumentaban sus fuerzas,  también  tendieron a intensificarse los ataques contra  las  colectivizaciones. Impotentes por el momento para terminar con las industrias y los comercios colectivizados, defendieron  su coexistencia con las pequeñas empresas privadas (827). A medida que el retroceso del movimiento revolucionario se hacía más  y más evidente, la desorientación del anarcosindicalismo aumentaba.
            Si la CNT continuaba sin querer asumir la responsabilidad del poder revolucionario, sólo le quedaba la opción de resistir, con todos los medios a su alcance, a las presiones de sus adversarios, refugiándose en el terreno de las colectivizaciones, que todavía creía controlar. Sin embargo, el retroceso de  la revolución también afectaba a la economía. La ofensiva de sus adversarios ya no podía limitarse a su dominio sobre el gobierno de la Generalitat, sino que para consolidarse necesitaba penetrar en las colectivizaciones sometiéndolas cada vez más, a su autoridad. Cada vez era más evidente la inminencia del choque entre ambas fuerzas sociales.
 
            El 5 de Marzo, tan solo unas semanas antes de los sangrientos hechos de Mayo de Barcelona, el secretario del Partido Comunista dejaba muy claro cual era la verdadera posición de su partido: mantener el decreto de las colectivizaciones en Catalunya, era hacerle el juego al enemigo (828).
 
            Las jornadas de Mayo de 1937 significarían el final de la revolución colectivizadora. Sofocada la revuelta en las calles de Barcelona, el PSUC y el Front d'Esquerres, que se habían limitado hasta el momento a una campaña sistemática de críticas contra las colectivizaciones, pasarían a llevar a cabo una serie de acciones destinadas a implantar el control gubernamental de la economía revolucionaria.
 
            El 25 de Mayo, un nuevo decreto convertía en obligatoria la inscripción de las colectividades industriales y comerciales en el registro mercantil, símbolo de la legalidad de la vieja  sociedad. De esta manera, las empresas que habían sido expropiadas por los trabajadores, se convertían ahora, jurídicamente hablando, en la continuación de las antiguas empresas capitalistas. Era un nuevo paso que se hacía en el proceso de desnaturalización de las colectividades, y por lo tanto también en  su subordinación a la legalidad republicana prerrevolucionaria.
            A partir del mes de Junio y  hasta el final de la guerra, el Departamento de Economía de la Generalitat pasaría a manos de los comunistas catalanes. El PSUC desarrollaría una política centralizada y dirigida por el gobierno, que buscaría la marginación de los sindicatos de las empresas. La CNT, arrinconada, tendría que presenciar como las conquistas revolucionarias eran definitivamente liquidadas, sin poder hacer  nada para evitarlo. El programa tradicional del anarcosindicalismo se había desmoronado por completo, fruto de sus contradicciones.
 
            Presionados por la situación y sin un criterio político claro con el que poder orientar la economía colectivizada, la CNT tendría que transigir y adoptar algunos de los puntos de vista de sus adversarios. La debilidad teórica del anarcosindicalismo se reflejaba también en la heterogeneidad que existía en el seno de sus propias organizaciones (socialización o municipalización de la tierra, la conveniencia de crear un banco sindical...). La participación de la CNT en el gobierno republicano de Largo Caballero y en el de la Generalitat conllevaba un progresivo cambio de los planteamientos libertarios hacia posiciones que implicaban la quiebra del ideario tradicional del anarcosindicalismo.
 
"La única forma bajo la que, en mi opinión, pueden aceptar (la nacionalización de la industria) los trabajadores- consiste en que- administración y dirección queden en manos de las organizaciones sindicales y no en las del estado. Al estado sólo le reconozco derecho ... a establecer un sistema de control sobre las industrias nacionalizadas, pero administradas y dirigidas por los trabajadores..." (829).
 
            En su justificación de las concesiones que estaban haciendo a sus adversarios, los dirigentes anarcosindicalistas reconocían el papel creciente que estaba jugando el gobierno (en el que estaban representados) en la marcha de la economía revolucionaria. Lejos quedaba el ideario aprobado en el Congreso de Zaragoza, y el que había alentado al sindicato en las primeras semanas de la guerra y de la revolución.
 
            La revisión ideológica que efectuaban los dirigentes libertarios implicaba también una progresiva pérdida de influencia de los sindicatos en el campo político y económico.  El gobierno se hacía, progresivamente, con el control y la dirección de las colectivizaciones, que desde la óptica libertaria, tendrían que haber estado en manos de las centrales sindicales. Poco después, el 9 de Julio, se creaban definitivamente los Consejos Generales de Industria considerados en el decreto de las colectivizaciones. En la nueva situación, éstos quedaban totalmente subordinados a la voluntad gubernamental. Una vez vencida la resistencia de los sectores revolucionarios, era necesario racionalizar la producción en las fábricas y en los centros de trabajo, bajo los criterios de un gobierno republicano, que ya no contaría con la presencia molesta de los anarcosindicalistas.
 
            En el verano de 1937, en el informe político presentado en la Primera Conferencia del PSUC, su secretario general, Joan Comorera, propuso la reorganización de la industria de guerra y la "militarización" de la economía colectivizada. Una vez liquidado el movimiento revolucionario, los comunistas catalanes se sentían lo bastante fuertes para exigir la inmediata nacionalización de las colectivizaciones, y la liquidación de cualquier disidencia que todavía pudiera aparecer en su seno (830).
 
            A medida que la autoridad del gobierno sobre la economía se asentaba, las medidas de control sobre las colectivizaciones se acentuaron hasta liquidar por completo su esencia revolucionaria.
            La autoridad y la independencia de los consejos de fábrica y de las asambleas de trabajadores fue quedando arrinconada, en favor de los funcionarios gubernamentales. Una vez liquidado cualquier resto de atisbo revolucionario, las colectivizaciones  acabaron por convertirse en simples apéndices burocráticos de un estado republicano restaurado, en espera de que al final de la guerra, le pudiera permitir devolver las propiedades a sus antiguos dueños.
 
            Aunque el movimiento de las colectivizaciones en el campo catalán había tenido una importancia secundaria, comparado con la extensión y profundidad que había adquirido en Aragón y en las regiones latifundistas, el proceso restaurador también tuvo su importancia política. Una vez disuelto el Comité Central de Milicias e integradas las organizaciones que lo conformaban en el nuevo gobierno de la Generalitat, el departamento de Agricultura continuó estando controlado por la Unió de Rabassaires.
 
            La línea política defendida por la central sindical campesina, fuertemente influenciada por el PSUC, y la del gobierno autónomo catalán, a pesar de la presencia de la CNT, fueron claramente anticolectivistas (831). La Unió de Rabassaires invitó a sus afiliados desde los primeros momentos, a que  ocuparan las grandes propiedades agrarias y  a que éstas se repartieran entre el campesinado pobre y entre los jornaleros sin tierra. Sin embargo se mostró partidaria de la explotación individual de la tierra y hostil a cualquier intento de colectivización.
 
            Por su parte, el PSUC se mostró contrario a la colectivización agraria, no por razones de principios sino por lo que consideraba la inoportunidad del momento. El apoyo al carácter democrático burgués de la revolución y al gobierno de la República, víctima de una sublevación, apoyada por las potencias fascistas, le impedían apoyar cualquier proceso que atentara contra el principio de la propiedad privada. Esta postura   convertía potencialmente al PSUC en el partido de las clases medias rurales. Como claramente indicó Victor Colomer, secretario de política agraria del PSUC, en un pleno ampliado del Comité Central del partido:
 
"... el Partido Socialista Unificado propugna llegar a la colectivización de todo el campo, pero en los momentos oportunos y las circunstancias adecuadas" (832).
 
            Pronto la Unió de Rabassaires se hizo con el control de la Federación de Sindicatos Agrícolas de Catalunya (FESAC), que englobaba a unas 300 cooperativas. El número de afiliados se reforzó enormemente con la entrada masiva del campesinado catalán, consecuencia del decreto del 27 de Agosto, por el que se hacía obligatoria la afiliación a los sindicatos agrícolas locales, como forma para garantizar el abastecimiento de las poblaciones (y también como contrapeso al peso de la CNT en el movimiento obrero). El decreto provocó un fuerte descontento entre las organizaciones libertarias que lo consideraron como un intento de crear un vasto movimiento popular contra las colectivizaciones y contra el poder del anarcosindicalismo catalán.
 
            Presionados por sus aliados circunstanciales y por las necesidades de la guerra, condicionados por un campesinado  catalán mayoritariamente conservador e individualista, y careciendo de un programa realista que comprendiera la realidad del campo, el anarcosindicalismo en el gobierno, no pudo hacer otra cosa que abandonar progresivamente sus posturas tradicionales.
 
            Con las primeras semanas de guerra y revolución y tras los excesos colectivizadores que se habían realizado en el campo catalán, la postura de la CNT sobre la colectivización total de la agricultura fue abandonada. En su primer congreso, realizado los días 5 y 6 de Septiembre de 1936, la CNT aprobó la existencia de una economía campesina mixta en la que deberían  coexistir  las explotaciones colectivas y las propiedades familiares.  
 
            También se aceptó que los campesinos pudieran optar libremente por cualquiera de los dos sistemas. Los pequeños propietarios campesinos se adherirían al colectivismo,  después de comprobar que éste les iba a representar mayores ventajas, que no continuar aferrados a sus pequeñas parcelas familiares. Para  evitar que se pudiera producir un nuevo proceso de acumulación de la propiedad, a los campesinos sólo se les permitiría el usufructo de la tierra, sin tener el derecho a poder comprar o a vender las propiedades. La compra de materias primas, utillajes, la venta y el control de la producción quedarían en manos de los sindicatos agrícolas, creados con el decreto del 27 de Agosto.
 
            La constitución de colectividades sólo se haría en aquellos casos en los que no existiera el peligro de enfrentamiento entre los campesinos colectivistas e individualistas. En los casos contrarios las tierras incautadas se limitarían a las grandes propiedades o a las que hubieran pertenecido a los facciosos.
Con el pacto del 22 de Octubre (firmado por la CNT-FAI y por la UGT-PSUC), las centrales sindicales aceptaron, entre otras cosas, que el gobierno de la Generalitat asumiera las tareas de coordinación y dirección de las colectivizaciones agrarias.
            Los intentos de acercamiento entre la CNT, la UGT catalana y  la Unió de Rabassaires (las dos últimas, controladas por el PSUC y con posturas fuertemente anticolectivistas) no fueron más allá del papel en el que habían sido redactados. Los libertarios boicotearon los sindicatos agrícolas, mientras que la municipalización de la tierra encontró grandes obstáculos, especialmente después de la promulgación del decreto de Uribe (833).
 
            En el mes de Diciembre, se intentaba llegar a un acuerdo entre las tres centrales sindicales catalanas, CNT, UdR y UGT. En el nuevo compromiso se intentó regular la convivencia de los dos sistemas económicos existentes, el privada y el colectivo. Cada campesino tendría el usufructo de las tierras que le serían asignadas, mientras que la producción agrícola sería de su  exclusiva propiedad. Los campesinos que aceptaran libremente entrar en las colectivizaciones, entrarían en ellas con todas sus propiedades. También se estipulaba la necesidad de fomentar los sindicatos agrícolas locales y la creación de un comité de enlace entre las tres organizaciones campesinas, que debería permitir en coordinación con el gobierno de la Generalitat, llevar a cabo las reformas del campo que se consideraran necesarias. Por un lado, la CNT conseguía que las colectivizaciones fueran aceptadas (aunque eso significaba aceptar la existencia de las explotaciones familiares). Por el otro, la CNT reconocía los sindicatos agrícolas locales como organismos necesarios para la administración y la distribución de materias primas, instrumentos y cosechas.
 
            El acuerdo, una vez más, no pudo llegar a buen término. La Unió de Rabassaires puso como condición para la firma, que también fuera aceptada por la UGT, mientras que ésta lo rechazó alegando razones de oportunidad histórica (834). El inestable equilibrio entre las diferentes fuerzas fue roto definitivamente por las consecuencias que provocó la derrota de los revolucionarios durante las jornadas barcelonesas del mes de Mayo. Coincidiendo con la definitiva disolución de las milicias de retaguardia, la militarización del frente aragonés y la liquidación de los últimos restos de los organismos revolucionarios, el ritmo de los ataques contra las colectivizaciones agrícolas se intensificó de nuevo sin que éstas pudieran presentar una resistencia significativa. La revolución en el campo catalán estaba definitivamente rota.
 
5.2.10 EL MARCO ESTATAL DE LA DECADENCIA DE LAS COLECTIVIZACIONES.
 
            Los resultados de las jornadas de Julio, a nivel estatal, fueron similares a los de Catalunya. El hecho de que Catalunya concentrara a la mayor parte del proletariado español, además de su sector más combativo y radicalizado, y que fuera de ella el Frente Popular tuviera la hegemonía, frente a las organizaciones situadas a su   izquierda, explican el porque de que el proceso colectivizador no tuviera la misma intensidad. Sin embargo, la naturaleza revolucionaria, las circunstancias y la orientación de las expropiaciones fue idéntica en ambos casos.
 
            No podemos olvidar que la oleada de expropiaciones fue llevada a cabo por los trabajadores, sin que las discrepancias ideológicas u organizativas tuvieran ninguna importancia. En la  lucha callejera, como en el esfuerzo por levantar la economía colectivizada, las viejas diferencias se fundían en el entusiasmo revolucionario. Los militantes socialistas y ugetistas colaboraron con frecuencia, con los libertarios y con los de otras organizaciones, en la construcción del nuevo orden social.
 
            Desde muy temprano, el gobierno de Giral inició sus primeros pasos encaminados a intervenir la nueva economía. El 2 de Agosto, por iniciativa del ministro republicano liberal de Industria y Comercio, Plácido Alvarez Buylle, se publicó un decreto por el que todas las empresas industriales y comerciales que hubieran pertenecido a los partidarios de la sublevación, deberían pasar  a manos del control estatal. Sin embargo, la capacidad de un gobierno republicano, desprestigiado y sumergido por la ola de  la revolución, era demasiado limitada para que sus decretos fueran a ser obedecidos por los trabajadores. Ni siquiera el apoyo prestado por los dirigentes de las organizaciones obreras del Frente Popular podría cambiar la situación. Los logros conseguidos por el gobierno Giral no podrían ir más allá de  la elección de  representantes del Frente Popular en algunas de las empresas colectivizadas en el área de Madrid, o de poder nombrar consejeros en las empresas, que por su importancia fueron consideradas de alto valor estratégico (compañías eléctricas...).
            Sin embargo la autoridad de sus delegados, por lo menos durante los primeros meses, iba a ser más teórica que real, frente a unos trabajadores que no estaban dispuestos a entregarle al gobierno la iniciativa y la dirección de las empresas que ahora estaban en sus manos.
 
            La situación  cambió drásticamente con la caída del gabinete republicano de Giral, y su sustitución por otro, presidido por el izquierdista Largo Caballero, y en el que eran mayoritarias las organizaciones obreras del Frente Popular. La moderación creciente del ala caballerista del Partido Socialista y el inmenso prestigio que su dirigente tenía entre los trabajadores permitiría por primera vez, que la penetración de la autoridad gubernamental pudiera convertirse en una realidad. Los dirigentes del ala izquierdista del PSOE se habían mostrado, desde los primeros momentos de la revolución, fieles a los compromisos del Frente Popular y en aras del apoyo que reclamaban de las potencias democráticas, estaban dispuestos a frenar al movimiento colectivizador. Sin embargo, el hecho de que la CNT continuara al margen del gobierno y dispuesta a alentar la independencia del movimiento colectivista, seguía siendo un grave obstáculo político que debía que ser superado lo antes posible. Era evidente que las colectivizaciones no iban a poder ser controladas por el gobierno, mientras los dirigentes de la CNT no aceptaran formar parte de él.
 
            La disolución del Comité Central de Milicias de Catalunya,  ocurrida a finales del mes de Septiembre fue un claro aviso para Largo Caballero de que las resistencias de la CNT se estaban agotando, y de que la corriente colaboracionista en su seno ganaba fuerza por momentos. La entrada, a principios del mes de Noviembre, de cuatro ministros anarcosindicalistas en el segundo gabinete de Largo Caballero, iba a permitir poder cerrar  la tela de araña que se había tejido en torno a las colectivizaciones. Por primera vez, un gobierno de la República reunía en su seno a las dos grandes fuerzas tradicionales del movimiento obrero español.
 
            Sin duda alguna, en el campo de la economía, la intención de los dirigentes libertario al integrarse en el gobierno, era la de profundizar en la obra revolucionaria y protegerla de los  crecientes ataques que lanzaban sus adversarios.
 
"Una economía socialista no era viable si no estaba cuidadosamente planificada y esta planificación no podía hacerse sin un mínimo de coerción que rompiera los egoísmos corporativos. Ahora bien, la CNT no podía emprender esta obra centralizadora si el Estado y los otros sectores ideológicos no sólo no contribuían a ello sino que al contrario agravaban aún más el caos económico. Era pues necesario arrancar primero la legalización de la obra revolucionaria, y luego realizar un trabajo de ordenación, de coordinación y de racionalización..." (835).
 
            De la misma manera que estaba ocurriendo en Catalunya, la CNT se planteó corregir los errores y las contradicciones del sistema colectivista, consecuencia lógica de su origen espontáneo. Sin embargo, la cuestión no resuelta del poder político, se convertía  en un serio obstáculo para cualquier intento que pretendiera cohesionar el sistema de las colectivizaciones. Como muy bien ha afirmado Cesar M. Lorenzo, alcanzar un mayor grado de coherencia y de cohesión de la economía revolucionaria significaba forzosamente un poder político interesado en su defensa y profundización, y no como era el caso, uno que era decididamente hostil. Para los dirigentes anarcosindicalistas, tanto en Catalunya como en el resto del estado, la "legalización" de las colectivizaciones se convertía en una salvaguarda, en un seguro de vida para éstas.
           
            Paradójicamente, la participación de la CNT en un gobierno  que era adversario de cualquier intento de ir más allá de los límites  marcados por la propiedad privada y por una República burguesa de corte parlamentario se hacía en nombre de la defensa de las conquistas de la revolución.
 
"La presencia de un representante de la CNT en el ministerio de la Industria, pudo hacer creer que habría de proseguir la colectivización iniciada espontáneamente  en los primeros días de la revolución" (836).
 
            Esa era, por lo menos, la intención que había manifestado Juan Peiró,   ministro de Industria en el gobierno de Valencia. Sin embargo, todas las iniciativas que los libertarios pretendieron llevar a cabo en esa dirección, desde el interior  del nuevo gabinete,  acabaron por estrellarse con la oposición y el bloqueo de las organizaciones del Frente Popular. Peiró propuso que el gobierno de Largo Caballero procediera a promulgar un decreto para ordenar la economía colectivizada, de naturaleza  similar al que estaba en vigor en Catalunya, pero la medida no fue aceptada. Largo Caballero era consciente de que una ley de esa índole hubiera significado un respaldo al movimiento colectivista y por lo tanto, habría provocado el rechazo de las  potencias capitalistas democráticas. La propuesta para crear un Banco Industrial que estaría destinado a financiar la producción de las colectividades, también fue desestimada por la oposición  presentada por el que en aquel momento ocupaba la dirección  del Ministerio de Hacienda, Juan Negrín.
 
            Toda la obra legislativa en el campo de la economía revolucionaria, que los ministros anarcosindicalistas pudieron llevar a cabo, se reduciría al decreto publicado el 22 de Febrero de 1937, en el que se definía la incautación y la intervención en las empresas de importancia estratégica.
 
"En los discursos, pronunciados después de la caída de Largo Caballero, los antiguos ministros de la CNT se lamentarán con insistencia de no haber podido realizar la décima parte de lo que habían deseado. Describirán cómo en el Consejo de ministros, comunistas, socialistas de derecha y republicanos se agrupaban contra las iniciativas de los libertarios, considerándolas demasiado atrevidas y revolucionarias" (837).
 
            Paradójicamente, mientras la obra legislativa de la CNT en el seno del gobierno se reducía a un fiasco, la aportación del anarcosindicalismo a la política del gobierno de Largo Caballero adquiría una gran importancia para los planes de restauración republicana. Mientras sus propuestas eran continuamente desestimadas o saboteadas por adversarios, que formaban parte del  mismo gobierno en el que ellos estaban representados, los dirigentes de la CNT se veían obligados, en aras de la colaboración, a frenar y a disciplinar a sus propias bases. El eje de la política cenetista gubernamental ha estado espléndidamente expresado en las palabras de Peiró.
 
"El camino a seguir es éste: hacer la guerra y mientras hacemos la guerra, limitarnos a preparar la revolución por medio del ejercicio de un control ponderado y discreto en las industrias, ya que eso habría sido tanto como tomar posiciones revolucionarias y como capacitarnos prácticamente para, al terminar la guerra, dar el asalto definitivo a la sociedad capitalista" (838).
 
            La sorprendente ingenuidad de uno de los representantes de la CNT en el gobierno, sólo podía expresar una cosa: la más completa desorientación. La ponderación y la discreción de los revolucionarios, no podía ser una condición suficiente para sus aliados circunstanciales del Frente Popular, ni tampoco para las democracias capitalistas occidentales. Sin embargo, la moderación del anarcosindicalismo, sí que iba a ser utilizada por sus adversarios para hacerse con el control de la situación. La CNT, cada vez más presionada por las circunstancias, se veía obligada a aceptar el proyecto mayoritario en el gobierno, el del Frente Popular. También resultan significativas las confesiones del que era, en aquellos momentos, ministro de Comercio, el anarcosindicalista Juan López:
 
"Tenemos que reconocer la inutilidad de nuestra participación gubernamental en el terreno económico" (839).
 
            O las de Diego Abad de Santillán, mucho más explícitas en lo que concierne a la tragedia del anarcosindicalismo en el gobierno republicano.
 
"...demostrar nuestra voluntad y nuestro deseo dominante de ganar la guerra. Pero cuanto más hemos cedido en beneficio de ese interés común, más nos hemos visto atropellados por la contrarrevolución encarnada en el poder central" (840).
 
            Efectivamente, a medida que la contrarrevolución republicana avanzaba, las propuestas y el programa de la CNT se adaptaban,  más y más, al de sus adversarios. Simultáneamente a este proceso de adaptación política, la autoridad y el poder del anarcosindicalismo también disminuía frente a un movimiento revolucionario desorientado y en franco retroceso.
 
"La configuración de los programas económicos de la CNT hasta 1939 respondió, una vez que los anarcosindicalistas se vieron introducidos en un intervencionismo económico casuístico, a una continua marcha atrás respecto de las posiciones iniciales; el reconocimiento del estado y la asunción de cargos oficiales en éste, tuvo como consecuencia para los dirigentes de la CNT una adaptación a posiciones que anteriormente habían combatido con dureza. Por lo demás, la nueva y alterada situación forzó a la CNT además... a hacer suyos ciertos puntos programáticos de sus rivales <<autoritarios>>" (841).
 
            Junto a la CNT y otras organizaciones más pequeñas,  colaboraron también sectores importantes de la UGT, en el proceso colectivizador. De hecho y durante todo el período revolucionario, los dirigentes de la central sindical ugetista chocaron con la radicalización creciente de su ala izquierda, fuertemente influida por las iniciativas expropiatorias de los  militantes libertarios. Frecuentemente, las colectivizaciones estuvieron dirigidas por militantes izquierdistas del PSOE o  por afiliados a la UGT, o bien lo hicieron en colaboración con miembros de la CNT y de otros partidos minoritarios.
 
            De la misma forma que el ala izquierda caballerista del PSOE, la actitud de la UGT oscilaría durante todo el período, sin criterios políticos claros, entre las demandas de sus propias bases, partidarias de extender y consolidar el nuevo orden revolucionario, y las presiones del PCE y de los sectores más moderados del Frente Popular (842).
 
            En el campo de los adversarios de las colectivizaciones destacó la postura del PCE. Desde muy pronto, había reclamado la nacionalización (incautación realizada por el gobierno) de las propiedades de los partidarios de la sublevación y de todas aquellas empresas que tuvieran un valor estratégico para la guerra. El resto de las propiedades deberían ser respetadas, en nombre del carácter democrático burgués de la revolución y de la alianza con la burguesía democrática nacional e internacional. 
            Las colectividades fueron consideradas como fruto de los excesos y de la inmadurez de los trabajadores, influidos por el  ultraizquierdismo anarcosindicalista. Los errores y las contradicciones provocados por su origen espontáneo, serían eficazmente utilizados para llevar a cabo una campaña de desprestigio contra ellas.
 
            Polemizando con las posiciones defendidas por la CNT y la FAI, Federico Melchor, en el Congreso de las JSU celebrado en Valencia, reclamó la subordinación de los sindicatos a la política del gobierno en todo lo que estuviera relacionado con la producción de las colectivizaciones.
 
"... los sindicatos  debían  estar  sometidos  al gobierno y
debían ser los órganos de empuje del aumento de producción, olvidando las típicas reivindicaciones socioeconómicas de mayor salario y menor jornada de trabajo..." (843).
 
            La defensa de las nacionalizaciones comportaba, lógicamente, una batalla sin cuartel contra las colectivizaciones. Desde las primeras semanas del estallido de la guerra y de la revolución, el PCE inició una campaña sistemática de propaganda contra los errores cometidos para descreditarlas, exigiendo que éstas se   subordinaran a la política del gobierno. La nacionalización de la economía era un paso obligado para la reconstrucción del estado y de la economía de guerra, además de ser, también, un arma eficaz contra las expropiaciones que llevaban a cabo los  sectores revolucionarios.
 
            La política del gabinete de Largo Caballero, ahora con la  colaboración de los anarcosindicalistas, se dirigía a recuperar el control de la situación en toda la zona republicana. Era necesario ante todo, que la situación volviera a la legalidad prebélica, había que recuperar la respetabilidad democrática y conseguir el apoyo de Francia y de Gran Bretaña, alianza que no podría conseguirse si no se hacía retroceder al movimiento revolucionario. Las primeras medidas en el campo de la economía, se orientaron a romper el dominio que ejercían los comités revolucionarios en las colectividades, como paso previo, antes de que éstas pudieran caer bajo su control.
 
"Los obreros de la UGT en las fábricas, talleres y ferrocarriles estaban organizando sus comités de fábrica, ocupando las factorías. ¿Qué podía decirles a ellos Largo Caballero? El gobierno intervino rápidamente en Valencia y en Madrid, nombrando representantes suyos para limitar la actuación de los comités de fábrica a actividades rutinarias. No hubo, hasta el 23 de Febrero de 1937, un decreto sobre las industrias adoptadas (lanzado bajo el nombre de Juan Peiró, el ministro de Industria anarquista). No daba a los obreros ninguna seguridad sobre el futuro régimen industrial; establecía una estricta intervención del gobierno. <<Control obrero>>, en sus términos, demostraba ser poco más que un contrato colectivo, como funcionaba, por ejemplo, en talleres afiliados al sindicato amalgamado de trabajadores del vestido en América, es decir, no había control obrero de ninguna clase" (844).
 
            El gobierno de Largo Caballero, "legalizó" las conquistas revolucionarias que habían llevado a cabo los trabajadores espontáneamente, durante las primeras semanas de la guerra y de la revolución. Sin embargo, además de implantar la intervención gubernamental en la economía colectivizada (por medio del control sobre las entidades financieras y crediticias) y de limitar su extensión, conseguía otros objetivos, también importantes, como era el del reconocimiento del derecho a la indemnización de los antiguos propietarios (que no hubieran sido simpatizantes reconocidos de los sublevados) e impidió la creación del monopolio del comercio exterior (sustituyéndolo por un control estatal sobre las actividades comerciales).
 
            Existe una aparente contradicción entre la "legalización" de las colectivizaciones, y la línea política moderada del Frente Popular que había adoptado el gobierno de Largo Caballero.
 
            Para comprender que esta contradicción era solo aparente, hay que tener en cuenta la ambigüedad en la que tenía que tuvo que desenvolverse un gabinete políticamente tan heterogéneo, formado por fuerzas políticas antagónicas que representaban proyectos políticos completamente enfrentados. Por otro lado, el proyecto restaurador del Frente Popular chocaba con las aspiraciones revolucionarias, no sólo de los trabajadores libertarios, sino también del ala izquierda del PSOE y de la UGT, que no estaban dispuestos a que se les arrebatara tan fácilmente, lo que habían conseguido con las armas en la mano.
 
            La "legalización" de las colectivizaciones no era otra cosa que reconocer lo que, por lo menos por el momento, no  podía evitarse, el poder conseguido por los sectores revolucionarios.
 
            Una oposición declarada  hubiera colocado al gobierno de Valencia en una incómoda situación frente a los trabajadores y hubiera debilitado su prestigio político. Era preferible aceptar ahora lo   inevitable, para ir haciéndose paulatinamente con el control de la economía colectivizada.
 
            Por medio del aparato financiero y crediticio, el gobierno  de Largo Caballero pudo empezar a imponer sus directrices. Los créditos fueron cedidos frecuentemente, a cambio de que los consejos y las colectivizaciones acataran la intervención. De esta manera, sólo unos meses después del estallido del conflicto, el gobierno republicano había conseguido hacerse con el control de la economía revolucionaria. La presencia estatal se iría incrementando a medida que el Estado republicano consolidaba su autoridad política y el movimiento revolucionario retrocedía.
 
 
            El gobierno de Largo Caballero, procedió a la nacionalización de numerosas empresas que consideraba vitales, como un valioso instrumento contra las colectivizaciones y contra el poder de los sindicatos. Las cada vez más numerosas nacionalizaciones, el debilitamiento de la influencia sindical   y la pérdida creciente del control de los trabajadores en las fábricas, medidas que tenían como objetivo debilitar a los sectores revolucionarios, daban lugar a una especie de capitalismo de estado. Si los propietarios habían huido o estaban apoyando a Franco, el proyecto económico de restauración republicana, sólo podía pasar por la construcción de un capitalismo sin capitalistas, donde la propiedad quedaría provisionalmente en manos del gobierno, mientras esperaba el momento para poder devolver las propiedades a sus antiguos dueños (845).
 
            Las incautaciones de las grandes propiedades agrarias que habían  llevado a cabo los campesinos unos meses  antes, ponía en cuestión la autoridad del gobierno de largo Caballero y su capacidad para controlar la revolución. Al contrario de lo que pasaba en Catalunya, los intentos para del gobierno para controlar las colectivizaciones agrarias chocó con  una fuerte resistencia. La existencia de un sector numeroso de campesinos pobres y sin tierra (aparceros, jornaleros...) en las regiones latifundistas fue un terreno abonado para las colectivizaciones. El Ministerio de Agricultura permaneció invariable, desde la dimisión del gobierno de Giral hasta el último gabinete de Negrín, en manos de Vicente Uribe Galdeano, dirigente del PCE.
 
            El 7 de Octubre de 1936, Uribe promulgó un decreto sobre  las colectivizaciones, en el  que no se mencionaban aspectos tan fundamentales para el campesinado como era el de los arrendamientos y el de las rentas, pero sí que se hacía hincapié en la expropiación sin indemnización, en favor del Estado, de todas las propiedades agrícolas que hubieran pertenecido a los sublevados. Los campesinos podrían optar por el tipo de explotación de la tierra que deseaban, individual o colectiva.
 
            En realidad, los aspectos más progresivos del decreto no hacían otra cosa que recoger una parte de las conquistas que los  campesinos ya habían conseguido con sus propios medios, unos meses antes, sin esperar la iniciativa del gobierno y de las organizaciones del Frente Popular. Por otro lado, el decreto pretendía limitar las expropiaciones a una simple requisa de las propiedades de los sublevados, eliminando sus rasgos más revolucionarios y conflictivos. A cambio de reconocer una cierta entidad legal a las colectivizaciones agrarias, el decreto imponía una serie de drásticas condiciones, que amenazaba con la disolución   a  todas  aquellas    que  no  cumplieran    todos  los requisitos legales.
 
            La publicación del decreto provocó una gran inquietud en grandes sectores del campesinado que habían expropiado los latifundios, sin pararse a distinguir entre los terratenientes  que simpatizaban con la sublevación y los que no.
 
            Sintomáticamente, el decreto promulgado por Uribe no aludía a la liquidación de los  latifundios. El problema que existía sobre  el futuro  de la propiedad  continuaba sin  resolverse y nada garantizaba que las tierras que acababan de ser expropiadas no fueran a ser devueltas, en un futuro indeterminado, a sus antiguos propietarios.
 
"El decreto conservador del 7 de Octubre, se proponía desmoralizar a los colectivistas y estimular, al mismo tiempo, el proverbial egoísmo de los campesinos por unos míseros terrones de tierra. A otros se les incitaba a recobrar las parcelas de su antigua propiedad que habían sido aportadas voluntariamente a la colectividad" (846).
 
            El decreto fue duramente criticado por las centrales sindicales. Mientras que la CNT se mostraba partidaria de la  inmediata colectivización de todas las grandes propiedades, la UGT defendía la extensión de las expropiaciones de tierras, a todos aquellos propietarios que hubieran sido, en el período anterior a la guerra, enemigos declarados de los trabajadores.
 
            Simultáneamente a la política anticolectivista llevada a cabo por el gobierno de Largo Caballero y el Ministerio de Agricultura, el PCE también trabajó para organizar a los pequeños y medianos propietarios campesinos, que eran hostiles a las colectivizaciones (847). Los intentos tuvieron un cierto éxito en Levante y en algunas zonas donde existía un fuerte sentimiento individualista de la propiedad. Sin embargo las nuevas organizaciones no consiguieron impedir que las colectivizaciones continuaran existiendo y que contaran con el apoyo de otros  sectores del campesinado, particularmente jornaleros y aparceros, que habían estado tradicionalmente vinculados a las centrales sindicales. De forma paralela a lo que estaba sucediendo en las ciudades, el PCE tendía a aglutinar a los sectores de la pequeña burguesía y a convertirse en el gran partido de las clases medias campesinas, temerosas de los avances de las expropiaciones.
 
            Los dirigentes anarcosindicalistas acusaron, en numerosas ocasiones, a los comunistas, de intentar estimular el egoísmo de los campesinos, para que se enfrentaran a las colectivizaciones.
 
            En otros casos, se acusó al PCE de llevar a cabo una sangrienta represión contra los campesinos colectivistas, incluso en las zonas donde éstos estaban fuertemente implantados.
 
"Hemos sostenido batallas terribles contra los comunistas, especialmente contra las brigadas y divisiones que ellos controlan, que nos destrozaban salvajemente las colectividades y las cosechas, logradas a costa de infinitos sacrificios y nos
asesinaban a nuestros mejores militantes campesinos" (848)
 
            En Marzo de 1937, el ministro de Hacienda, Juan Negrín cedió a sus cuerpos de carabineros para la campaña que se estaba llevando a cabo contra las colectivizaciones agrícolas de Levante y de Castilla. Las columnas comunistas, dirigidas por Valentín González "El campesino" y por Enrique Lister, se lanzaron contra las colectivizaciones en un intento de desmantelarlas. A pesar de que las negociaciones llevadas a cabo por los ministros anarcosindicalistas en el gobierno, permitieron que se detuviera la campaña, las continuas amenazas y agresiones contra las colectivizaciones iban a tener graves consecuencias en la recogida de la cosecha.
 
            Indiscutiblemente, la campaña contra las colectivizaciones había obrado como un elemento liberador para aquellos campesinos que se habían incorporado a las colectivizaciones de manera forzada. Sin embargo, las agresiones habían provocado en el sector colectivista del campesinado una profunda apatía y malestar. La consolidación del gobierno, del PCE, y de su política anticolectivista hacía presagiar que sus logros y sus conquistas, les iban a ser arrebatadas en cuanto la guerra hubiera terminado.
 
            El desasosiego campesino ponía en peligro la recogida de la cosecha y podía significar el colapso económico de la zona antifascista, y por lo tanto, también de los planes para restaurar la República. Esta perspectiva fue la que provocó el giro radical de la política agraria comunista.
 
            En junio de 1937, un nuevo decreto del ministro Uribe prometía ayudas económicas a las colectividades para la recogida de la cosecha. Las nuevas medidas, sin asegurar la supervivencia de las colectivizaciones agrarias, significaron un alivio para el campesinado colectivista y aseguró la recogida de la cosecha.
 
            Sin embargo, la precariedad del armisticio quedaba al descubierto con la matización de que las ayudas sólo tendrían validez durante  el "año agrícola" correspondiente.
 
            Transcurridos los primeros meses del verano, las agresiones se reanudaron de nuevo. En el mes de Agosto, la 11 división, comandada por Lister, siguiendo las órdenes del socialista Prieto, Ministro  de la Guerra, invadía el campo aragonés.
 
            La ofensiva contra las colectivizaciones provocó un nuevo descalabro organizativo del campo. El campesinado individualista que había sido obligado a incorporarse -en algunos casos- a las colectivizaciones y otros que lo consideraron en aquellos momentos más ventajoso, reclamaron sus parcelas de tierra. Bajo presión de las columnas de Lister, cerca de 600 militantes libertarios de las colectivizaciones fueron detenidos . De nuevo, el desorden provocado amenazaba la preparación de la nueva cosecha en el campo (849).
 
"En estas condiciones llegó la hora de preparación para la próxima cosecha. Los pequeños propietarios triunfantes no podían trabajar con sus propios brazos las fincas en que se habían instalado. Los campesinos desposeídos, colectivistas intransigentes, se negaban a trabajar en régimen de propiedad y con mayor motivo a alquilar sus brazos por un salario" (850).
 
 
            Es difícil, tal como ha reconocido Ronald Fraser, calcular el número de campesinos aragoneses que se mantuvieron fieles al sistema colectivista de explotación de la  tierra y cuantos lo abandonaron, después de la entrada de las columnas de Lister en Aragón. No existen datos fiables. Ernesto  Margeli, libertario aragonés,  declaró que los que siguieron siendo colectivistas fueron aproximadamente el 60% del total (851). Gastón Leval, otro historiador libertario que ha hecho amplios y detallados estudios sobre las colectivizaciones habla de que el 30% de las comunidades aragonesas fueron desmanteladas (852). Hay que tener en cuenta que, pocos meses después, las tropas de Franco entraron en la región y terminaron con el experimento revolucionario.
 
            El poder de la CNT y el de los sectores revolucionarios ya no era más que una sombra de lo que había sido. La revolución en las ciudades y en el campo se había quedado reducida a cenizas.
 
            La caída de la producción se convirtió -cada vez más-, en un problema irresoluble. El incremento de la centralización y de la "militarización" de la economía, medidas que tuvo que adoptar  el gobierno de Negrín, destinadas a neutralizar la creciente desmoralización y apatía de los trabajadores, se tradujo en una irremediable disminución de la producción de la industria colectivizada que nunca pudo ser superada (853).
 
            De nuevo las colectivizaciones agrarias tuvieron que  ser permitidas y los militantes detenidos puestos en libertad. De nuevo, la cosecha se ponía en marcha. Aunque en esta ocasión las comunas agrarias estarían bajo el control gubernamental. Sin embargo y después de la experiencia, difícilmente los campesinos colectivistas podían creer en la sinceridad del nuevo giro gubernamental. Difícilmente podían seguir teniendo esperanzas de que sus granjas tendrían el futuro asegurado.
 
            Efectivamente, en Octubre de 1938, cuando ya ningún movimiento revolucionario podía oponerse, el gobierno Negrín promulgaría un nuevo decreto por el que se garantizaba la devolución de las tierras a sus antiguos propietarios, en el momento en que éstos las reclamaran (854).
 
            Sin duda alguna, la desmoralización y la apatía de un amplio sector del campesinado y de los combatientes revolucionarios que se encontraban en el frente aragonés, que ya no encontraban en la República ninguno de los ideales por los que había estado luchando, influyó en el rápido avance del ejército franquista, que unos meses después ocupaba la región (855).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 HACIA EL FINAL DE LA REVOLUCIÓN. EL GOBIERNO DE  LA GENERALITAT, PASO A PASO.
 
            El 26 de Septiembre de 1936 era promulgado un nuevo decreto, por el que se reestructuraba la composición del gobierno  catalán, rebautizado eufemísticamente con el nombre de Consell de la Generalitat de Catalunya.
 
            La principal particularidad del nuevo gabinete era que en él, estaban representados todas las organizaciones obreras, incluidas el PSUC y la UGT y también el POUM, la CNT y la FAI, los grupos que tradicionalmente se habían encontrado a la izquierda del Front d'Esquerres y que habían defendido la naturaleza anticapitalista de la revolución de los comités.
Anarcosindicalistas y poumistas consideraron que su participación en el nuevo gobierno de la Generalitat sólo podía tener un carácter temporal y episódico, y que no sería más que un capítulo obligado en la marcha hacia el triunfo total de la revolución española.
 
            Desde este punto de vista, el POUM se declaró defensor de la nueva situación y diferenció positivamente la naturaleza política de la Generalitat frente a la del gobierno central de Largo Caballero.
 
"En el gobierno de Catalunya se refleja el empuje revolucionario de las masas obreras. En el de Valencia predomina la tendencia pequeñoburguesa, a la cual queda subordinada la representación obrera" (856).
 
            Paradójicamente, este informe presentado por Andreu Nin en el Comité Central Ampliado de su partido, contradecía los acontecimientos que estaban sucediendo. La crisis del gobierno de la Generalitat, provocada por los "socialistas unificados" demostraría que la iniciativa había dejado de estar en manos de los sectores revolucionarios y que, por el contrario, ahora pertenecía a sus adversarios.
 
            Para los partidarios de la restauración republicana, la colaboración de la CNT-FAI y del POUM legitimaba al desacreditado gobierno catalán. De esta manera, la Generalitat se convertía en  la sucesora del Comité Central de Milicias, la autoridad única e indiscutible en Catalunya, paso imprescindible para detener y arrinconar al movimiento revolucionario. La participación del POUM y de la CNT en el gobierno se convertía era un aval político para los planes de restauración. Se aseguraba que estas organizaciones no iban a ceder, frente a la recuperación del poder republicano, a la tentación de la radicalización revolucionaria.
 
            La CNT-FAI y el POUM accedieron a formar parte de un gobierno de unidad con sus adversarios, pensando que desde la Generalitat, y aprovechando la hegemonía que todavía mantenía el anarcosindicalismo catalán, podrían preservar las conquistas  de la revolución. La realidad sería muy distinta a la esperada.
 
            Continuamente presionados por sus rivales y eventuales aliados del PSUC y del Front d'Esquerres, expuestos a tener que escoger entre acceder a sus demandas o tomar el poder, libertarios y poumistas acabaron por convertirse en los rehenes de una política que antes siempre habían condenado. Tuvieron que dar su visto bueno a la disolución de los comités, aceptar los primeros pasos de la militarización de las milicias y avalar el control gubernamental sobre la economía colectivizada, todo para evitar una crisis que pudiera poner en peligro el delicado equilibrio que parecía existir en el campo antifascista, sin darse cuenta de que cada paso que se veían obligados a   retroceder desequilibraba la situación y fortalecía a sus adversarios.
 
            Durante las primeras semanas de existencia del nuevo Consell, pudo existir la ilusión de que todo continuaba como antes y de que la disolución del Comité Central de Milicias y la formación del nuevo gobierno había sido una simple reestructuración que había terminado con el nefasto dualismo  de poderes anterior. Sin embargo, la situación empezaba a decantarse por el lado de los restauracionistas, que consolidaban el hecho de que eran ellos los que ahora tenían la iniciativa.
 
            El 25 de Octubre se firmaba un Pacto de unidad de acción entre los anarcosindicalistas (CNT-FAI) y los comunistas (UGT-PSUC) por el que se constituía un comité de enlace entre las cuatro organizaciones. A pesar de que el organismo coordinador nacía prácticamente muerto, el acuerdo significaba un nuevo   retroceso de los anarcosindicalistas.
 
            Las organizaciones firmantes se comprometían, entre otros puntos, a reforzar el poder del nuevo gobierno de Catalunya, estrechar sus vínculos con el gobierno central, reconvertir las milicias en Ejército Popular y a terminar con los comités locales que todavía se oponían a su liquidación. El programa se acercaba claramente a la línea política defendida por el PSUC y por la UGT catalana. El anarcosindicalismo, desorientado y claramente a la defensiva,  trataba de defenderse de la fuerte campaña de desprestigio que llevaban a cabo los socialistas unificados, cada vez más fortalecidos por su parálisis política (857).
 
"Este pacto obedecía a varios motivos en lo que respecta a los libertarios. En primer lugar, se trataba de obtener una parte del material militar soviético, que hasta ese momento era suministrado únicamente a las milicias del PSUC, que tomaban, a causa de ello, una importancia predominante, mientras reinaba la penuria de armas en las columnas confederales. En segundo lugar, se trataba de hacer cesar la campaña de calumnias y de mentiras que los estalinistas habían lanzado en España y en el extranjero con el fin de desacreditar y liquidar al movimiento libertario. Finalmente, se trataba de contener la reacción de la pequeña burguesía, de una parte del campesinado y de las clases medias que se habían agrupado y organizado en la UGT catalana después del decreto de sindicalización obligatoria del 10 de Agosto de 1936" (858).
 
            El pacto de unidad, firmado por las cuatro organizaciones,  y por el que el anarcosindicalismo asumía un programa que poco antes habría juzgado inadmisible, demostraba el agotamiento y la decadencia de la situación  revolucionaria. El compromiso nunca pudo ser llevado a la práctica. Las bases de la CNT no estaban dispuestas a asumir unas directrices políticas que suponían una flagrante contradicción con sus aspiraciones revolucionarias. Sin embargo, el acuerdo ponía al descubierto que los dirigentes  estaban dispuestos a ceder terreno, frente a las presiones de sus adversarios, todo con tal de mantenerse en el nuevo gobierno de la Generalitat y conseguir armas para el frente de Aragón y materias primas para las colectivizaciones.
 
"El pacto de unidad entre la CNT y la UGT, y entre el PSUC y la FAI, con el brazo de Mariano R. Vázquez y Rafael Vidiella, el 25 de Octubre de 1936, significó la eliminación del POUM del Govern de la Generalitat y el preludio de las jornadas de Mayo de 1937"  (859).
 
            El embajador soviético Marcel Rossenberg exigió que el POUM fuera expulsado de la Junta de Defensa de Madrid, como condición para que los suministros soviéticos pudieran llegar a la capital.
            A mediados  del mes de Diciembre, Antonov Ovsseyenko, cónsul de la URSS en Barcelona y antiguo compañero de Andreu Nin en las filas de la oposición trotskista en la URSS, reclamó públicamente en la prensa, que el POUM fuera expulsado del gobierno catalán.
 
            El día 26, el propio Comorera, propondría a la CNT y a la FAI que el POUM fuera excluido de la Generalitat. La fuerte campaña lanzada por el aparato de propaganda del PCE  y del PSUC convirtió al POUM en una organización contrarrevolucionaria, adversaria de la unidad "antifascista", que debía ser apartada de todos los organismos de poder en la zona republicana.
 
            La campaña, aunque tenía su centro neurálgico en Catalunya, donde el POUM mantenía todavía una presencia considerable, se extendió a todo el estado. Algunos periódicos que estaban fuera de la influencia directa del PCE-PSUC se apresuraron a criticar los "excesos  del izquierdismo poumista", entre ellos cabe destacar el caso de "Claridad" (Izquierda Socialista).
 
            Paradójicamente, "El Socialista", el órgano de prensa del Partido Socialista, y por lo tanto controlado por los partidarios de Prieto, sería una de las organizaciones del Frente Popular que no se añadieron a la campaña (860).
 
            Proféticamente, Juan Andrade, advirtió sobre las verdaderas razones políticas que se ocultaban detrás de la campaña que el estalinismo estaba lanzando contra su partido.
 
"...Se han concertado los dirigentes de las fracciones pequeñoburguesas con sus agentes en el movimiento obrero, para asesinar políticamente al proletariado. Como medida preliminar se intenta la eliminación de los guardianes más fieles de los intereses de los trabajadores; primero nuestro partido, después la CNT y la FAI. No es necesario exponer el porque se elige primero a nuestro partido; es porque se nos considera débiles numéricamente, y al mismo tiempo, los más fuertes en conciencia política" (861).
 
            La creciente influencia del estalinismo en España reclamaba la liquidación de un partido como el POUM, que había sido la primera y única organización del país, que había denunciado las sangrientas purgas que se estaban llevando a cabo en la URSS contra la vieja guardia bolchevique (862). En el seno de la revolución española el POUM mantenía una posición crítica frente a la restauración de las instituciones republicanas, esperando  que la radicalización del anarcosindicalismo y de las fracciones más izquierdistas del socialismo corrigieran la situación.
 
            Entre el 12 y el 16 de Diciembre, un Plenario ampliado del POUM, había comprendido perfectamente la dirección que tomaban las presiones estalinistas: la exigencia de la liquidación del POUM sólo era el primer paso de un plan que pretendía liquidar  la revolución "inoportuna" (863).
 
"...El litigio planteado ahora en Catalunya no es meramente un simple conflicto entre organizaciones. Es sencillamente todo el curso futuro de la revolución, lo que está sobre el tapete..." (864).
 
            Sólo unos días antes, el día 7 del mismo mes, Andreu Nin, en un mitin celebrado en el Gran Price de Barcelona, había advertido contra las maniobras soviéticas que pretendían iniciar la liquidación política de su partido.
 
"Hoy el gobierno de la Generalitat significa la unión para luchar contra el fascismo... para eliminar el POUM sería preciso matar a todos los militantes del partido..." (865).
 
            En el mismo acto, Nin había repetido "casi de forma protocolaria", que eran los comités de obreros, campesinos y combatientes, y no el gobierno de la Generalitat quién tenía que decidir sobre los destinos de la revolución. Sin embargo y contradictoriamente,  los  comités que   reclamaba Nin  estaban en proceso de disolución y el POUM en el gobierno había dado su aval a los decretos que dictaban su sentencia de muerte.
 
            Paradójicamente, el mensaje de Nin no significaba un giro radical en su   política  sino su  reafirmación:   el  POUM  exigía no  ser apartado de la Generalitat.
 
            Este énfasis en no ser excluido del gobierno en el que estaba  integrado la CNT, y desde el que se pretendía dictar la política que debía orientar a toda Catalunya, convertía al POUM, una vez más, en rehén de sus propias contradicciones.
 
            La naturaleza progresiva o reaccionaria del gobierno, desde la óptica poumista, se apoyaba exclusivamente en el predominio que en éste pudieran ejercer los representantes de la CNT-FAI.
 
"Disolución del Parlamento y convocatoria de un congreso de campesinos, obreros y combatientes. Se trata de oponer a los organismos burgueses republicanos los nuevos organismos creados en el fuego de la revolución... convocar un congreso de delegados de comités de fábrica y taller, representantes del frente y delegaciones campesinas...".
...
"¿Hay una contradicción entre la consigna de gobierno obrero y nuestra participación en el gobierno de la Generalitat? Hoy, como ayer, debemos sostener que la única forma factible es la constitución de un gobierno obrero. A la consigna de gobierno obrero hay que darle una base fundamental y ésta no puede ser otra que el congreso de comités de fábrica y taller, delegaciones campesinas y combatientes del frente" (867).
 
            Como los libertarios no estaban dispuestos a lanzarse a la conquista del poder para formar el "gobierno obrero y campesino" que ellos reclamaban, ni tampoco pretendían constituir nuevos comités revolucionarios desde los que constituir una Asamblea Constituyente, las consignas del POUM quedaban en el campo del exclusivo propagandismo político.
 
            Después de la expulsión, toda la política del POUM con respecto al gobierno de la Generalitat tendría como eje, el reclamo para ser readmitido en su seno y para que se reconociera  su importancia política en la correlación de fuerzas existente.
 
            Desde esta perspectiva, sus consignas se reducirían a una reorganización del gobierno catalán en el que la CNT-FAI y el POUM continuarían teniendo la mayoritaria.
 
"Toda su política reposa sobre la necesidad de convencer a los dirigentes de la CNT, hasta ahora manipulados por los estalinistas y sus aliados, de que deben proteger al POUM, a fin de preservarse ellos mismos..." (867).
 
            Incapaz de alejarse de un gobierno de la Generalitat cada vez más decididamente hostil a la obra revolucionaria de los comités, el POUM orbitaría políticamente a su alrededor, esperando que un giro radical del anarcosindicalismo pudiera desbloquear el camino. Sus reclamos para volver a formar parte del gobierno catalán lo debilitarían políticamente como alternativa revolucionaria.
 
"Pero ¿Cómo puede combatir a la república burguesa formando parte de su gobierno? ¿Cómo puede movilizar a los obreros contra el estado burgués mostrándose al mismo tiempo como <<apóstol>> de la justicia burguesa?" (187).
 
            Efectivamente, la crisis en el gobierno de la Generalitat      había estallado el día 12 de Diciembre. Joan Comorera, secretario del PSUC había pedido formalmente la expulsión del POUM, acusándolo de combatir las directrices del gobierno en el que había   estado participando.
 
 
"Hay motivos fundamentales y vastamente demostrados de que este organismo ha sido desleal con el gobierno. Decretos aprobados por el gobierno de la Generalitat en el que tiene representación el POUM han estado públicamente combatidos por los oradores responsables de este grupo en los mitines y en su periódico" (869).
 
            La petición del PSUC fue aceptada por Lluis Companys y por la ERC, pero chocó con la oposición inicial de los  representantes anarcosindicalistas que no estaban dispuestos a que se excluyera al POUM del gobierno catalán. El rechazo de la exigencia de Comorera provocó una crisis del gabinete que se prolongó  lo largo de cuatro días. Simultáneamente y como forma de presión contra los libertarios, los buques soviéticos suspendieron la entrega de un importante cargamento de armas (870). Finalmente, los representantes anarcosindicalistas acabaron cediendo a las presiones del PSUC y aceptaron que el POUM fuera excluido en la reorganización del gabinete.
 
            Algunos historiadores han  añadido a las presiones estalinistas, el hecho de que el POUM nunca había sido visto con simpatía por los líderes anarcosindicalistas, por sus continuas críticas y por los intentos de infiltración  en los  sindicatos  de la CNT antes  de la  guerra (871). A pesar de que las condiciones de los libertarios, de retener para si las secretarías de Defensa y de Seguridad Interior fueron  aceptadas, el desenlace de la crisis significaba un nuevo retroceso de su propia posición en el nuevo gabinete.
 
"De cualquier manera, lo que está claro es que la CNT-FAI aceptaron la marginación del POUM, con la ridícula excusa de la formación de un gobierno sindical, contribuyendo al inicio del aplastamiento de un aliado, crítico, pero aliado, frente a las tesis del PSUC y de la Esquerra" (872).
 
            La CNT acogió las presiones del PSUC contra el POUM, como una disputa sectaria entre los dos partidos marxistas en la que no les correspondía intervenir. La interpretación que  hacían los libertarios de los hechos se limitaba a explicar la agresión contra el poumismo, como un atentado contra el espíritu democrático, que había alentado hasta entonces el primer gabinete unitario de la Generalitat. Los representantes de la CNT, sintiéndose seguros de su propia fuerza, despreciaron la tesis de que la exclusión del POUM suponía un debilitamiento de su propia posición y un nuevo paso de sus adversarios (873).
De nuevo, los dirigentes de la CNT emprendían una huida hacia adelante. La defensa de la presencia del POUM en el gobierno catalán hubiera significado  un serio enfrentamiento con el PSUC y con sus protectores soviéticos y habría puesto en peligro la inestable alianza gubernamental y también el suministro de armamento.
 
            Enric Caminal ha hecho una interesante reflexión sobre las verdaderas consecuencias políticas que implicaba la actitud de la dirección anarcosindicalista.
 
"La exclusión del POUM tenía una pequeña importancia numérica pero una gran importancia cualitativa. La CNT-FAI, al aprobar la resolución de la crisis, tal como proponía el PSUC, no solo quedaba implicada en la separación de Andreu Nin del gobierno, sino que se corresponsabilizaba de la definitiva paralización o sometimiento de la revolución al objetivo de ganar la guerra" (874).
 
            La CNT se limitó a exigir que ambos partidos fueran excluidos del nuevo gobierno de la Generalitat. El nuevo gabinete adoptaría un carácter sindical. Estaría conformado por una coalición de los tres sindicatos (CNT, UGT y UdR) y las   organizaciones de la pequeña burguesía catalanista (ERC). La "salomónica" solución, sin embargo entrañaba una trampa, que no se le escapaba a nadie, y mucho menos a los dirigentes cenetistas: la UGT estaba totalmente controlada por el PSUC, que volvería al gobierno bajo las siglas de la central sindical.
 
"Esta filosofía sindical de la CNT de dar el máximo protagonismo a los sindicatos, no era, evidentemente, compartida por el PSUC. La función de gobernar corresponde a los partidos y no a los sindicatos. En cambio , el PSUC aceptó la falacia del gobierno <<sindical>> por motivos tácticos y como la manera más fácil de excluir al POUM con el visto bueno de la CNT..." (875).
 
            Efectivamente, el 17 de Diciembre se formaba el nuevo Consejo de la Generalitat, formado tal como habían propuesto los dirigentes cenetistas. Aparentemente los beneficiados de la crisis eran la CNT y la UGT, sin embargo, el verdadero triunfador de la crisis era el PSUC, que mantenía y aumentaba su presencia por medio de la central sindical ugetista, y conseguía la práctica totalidad de los objetivos que había perseguido con el estallido de la crisis. A pesar de que las consellerías más importantes quedaban en manos de la CNT y de la ERC, era evidente que el PSUC se convertía -cada vez más- en   el nuevo árbitro de la situación, frente a un anarcosindicalismo en retirada y una ERC dividida, que contaba con una fuerza más simbólica que real.
 
            Las dos centrales sindicales conseguían una consellería más que en el gabinete anterior. La FAI entraba en el nuevo gabinete a través de dos de sus líderes más reconocidos: Diego Abad de Santillán y Pedro Herrera (sustituyendo a Antonio García Birlán y a Juan Fábregas), José Domènech cambiaba la consellería de Abastecimientos por la de Servicios Públicos, mientras que Francisco Isgleas entraba a dirigir la de Defensa. Los antiguos representantes del PSUC,  Joan Comorera  y Miquel Valdés,   volvían  ahora  con el carnet de la UGT, incorporándoseles Rafael Vidiella. Joan Comorera dejaba la consellería de "Servicios Públicos" para pasar a dirigir la de "Abastecimientos", en manos de la CNT hasta entonces (José Doménech). La dirección del departamento pronto se convertiría en un importante instrumento  político en su ofensiva contra el anarcosindicalismo en decadencia. Miquel Valdés mantuvo su puesto en la consellería de "Trabajo y Obras Públicas", mientras Rafael Vidiella entraba en la de "Justicia" (que había estado en manos de Andreu Nin, tan solo unos días antes).
            La victoria política del PSUC fue convertida, por la mayor parte de la prensa libertaria, en un triunfo del concepto sindical que la CNT tenía de la revolución:
 
"Desde hoy, Catalunya cuenta con un gobierno sin partidos... Los partidos sin basamento sindical que participaban en el Consejo de la Generalitat, han sido apartados de tales funciones, pues no son ellos los llamados a dirigir la vida pública, sino los sindicatos, piedra angular de la nueva economía que nace..." (876).
 
            Sin embargo, los acontecimientos posteriores pronto irían a  demostrar la vacuidad de la proclamación. Eliminado el POUM del gobierno de la Generalitat, un PSUC más fuerte que nunca, se preparaba para proseguir su lucha contra un anarcosindicalismo, desorientado, exigiendo la disolución de los organismos revolucionarios que todavía perduraban y la concentración de toda la autoridad en el gobierno de la Generalitat.
 
"La reconducción de la revolución del 19 de Julio era ya un hecho irreversible con la formación de este nuevo gobierno. Solo había un interrogante determinante, como el de saber qué beligerancia iba a tener el POUM frente al Consejo de la Generalitat y, sobre todo, cual sería la actuación de la CNT y de la FAI a medida que el nuevo gobierno fuera desplegando más las cartas" (877).
 
            Desde la Consellería de Abastecimientos, Joan Comorera inició una fuerte ofensiva contra la gestión anterior del cenetista Domènech, acusándolo (y por lo tanto haciendo extensiva la acusación a la CNT) de ser el causante de la grave penuria en la que se encontraba la economía catalana, en lo que respecta a los suministros de pan y harina (878).
 
            Las colectivizaciones y los comités  locales de abastecimientos también fueron acusados de incapacidad y de falta de rendimiento (879).
 
"Pero Comorera vió la oportunidad de dar un severo golpe a la política de nacionalización dentro de su propio ministerio. Era más fácil abolir la intervención del estado dentro de la esfera del comercio que dentro de la industria. Comorera abolió la intervención estatal en el aprovisionamiento de Barcelona". (880).
 
            El 24 de Diciembre, Joan Comorera disolvía -mediante decretos- los Consejos Provinciales de Abastecimientos y los comités locales de abastecimientos (comités del pan). En el mismo decreto, se nombraba una serie de delegados comarcales y se traspasaban todas las funciones de los Comités a los nuevos Ayuntamientos. De esta manera se limitaba el poder y la influencia de la CNT en un tema tan vital como era el suministro de víveres, se impulsaba la creación de cooperativas de distribución y se eliminaba la política que había sido llevada a cabo por la anterior consellería, en lo que respecta al control de precios.
 
            Con su nueva política, el PSUC pretendía marginar a la CNT en un área tan importante como era la de los abastecimientos, y consolidaba su papel como el partido defensor de la pequeña burguesía catalana. El PSUC se mostró partidario de aprovechar el creciente malestar del campesinado, que era obligado a vender sus productos por precios que consideraban inadecuados. Era necesario aprovechar los errores de los comités locales de abastecimientos para conseguir su disolución y sustitución por organismos  de carácter gubernamental.
 
"Comorera, actuando a partir de principios de liberalismo abstracto que ningún gobierno había sostenido a todo lo largo de la guerra... no sustituyó los caóticos comités del pan por una organizada administración centralizada. Restauró simple y completamente, todo el comercio privado del pan. No existía en Enero en Barcelona ni siquiera un sistema de racionamiento. Los trabajadores eran dejados a la suerte de conseguir cada uno su propio pan, lo mejor que podían , a precios más altos y con salarios que, prácticamente, no habían variado desde Mayo. Ésto, en la práctica, quería decir que las mujeres tenían que hacer cola desde las cuatro de la mañana en adelante. El resentimiento de los distritos obreros era naturalmente agudo, tanto más cuanto que la escasez de pan se había acentuado desde la toma de posesión de Comorera" (881).
 
            Para restablecer el libre comercio, Joan Comorera privatizó el comercio, que había estado colectivizado hasta el momento. El PSUC acusó a los comités de abastecimientos, aprovechando  algunos excesos cometidos, de ser la causa de la penuria de víveres, al haber sustituido ineficazmente a los comerciantes y haber provocado con su acción la escalada inflacionaria del momento (882).
 
            Los anarcosindicalistas, irritados por una política que amenazaba con desmantelar la economía colectivista, contraatacaron enérgicamente. El PSUC y su secretario Comorera fueron acusados de ser -con su  política de privatizaciones- los verdaderos causantes de la escasez y de la aparición de las largas colas de amas de casa que se agolpaban en las panaderías.
 
            La CNT respondió a las acusaciones argumentando que habían sido los comités de abastos, con su actividad, los que hasta el momento habían impedido los movimientos especuladores, que se habrían hecho a costa del poder adquisitivo de la población trabajadora.
 
            Ambas organizaciones, anarcosindicalistas y socialistas unificados, se enzarzaron en una espiral de acusaciones mutuas. El PSUC, mediante su poderoso y eficaz aparato de propaganda, consiguió capitalizar el creciente descontento, organizando manifestaciones multitudinarias bajo la consigna de "Menos comités y más pan". De esta manera, criticando a los comités de abastecimiento y convirtiéndolos en los culpables de la carestía, el PSUC daba un nuevo y espectacular golpe contra los organismos revolucionarios que todavía restaban y arrinconaba a la CNT contra las cuerdas.
            El 27 de Diciembre, la Consellería de Abastecimientos pedía la serenidad y la colaboración de todos los partidos y sindicatos para solucionar el problema de la escasez de víveres. La campaña política de descrédito contra los comités y contra la CNT, por medio de las acusaciones de incompetencia de la anterior gestión, ya había alcanzado los objetivos. Tres días después, el 30 de Diciembre, la Consellería firmaba un contrato con la URSS, por la cual ésta se comprometía a suministrar 35.000 toneladas de harina, trigo, azúcar, carbón y otros productos de primera necesidad.
 
"También se montó otra operación espectacular con la llegada del primer barco soviético, el Zirzayín, el 20 de Enero de 1937, que traía 901 toneladas de harina, 882 toneladas de azúcar y 568 toneladas de mantequilla. La llegada del navío soviético fue acompañada de una gigantesca operación publicitaria, para que el pueblo llano catalán comprendiese que mientras que los anarquistas traían, con su desorden y su desbarajuste, el hambre a las familias y destruían la economía, ellos, los rusos, eran los mejores amigos de los trabajadores españoles y les traían, generosamente, cañones de mantequilla" (883).
 
            De un plumazo, el PSUC aparecía ante gran parte de la población como el partido salvador de la situación. Poco después,  el 4 de Enero, Joan Comorera hacía nuevas declaraciones, en las que ahondaba en sus acusaciones sobre las causas que habían llevado a una situación tan crítica.
 
"...la ocupación de la mayoría de los trigales en manos de los facciosos, la falta de divisas y acaparamiento de trigo y harina por parte de los Comités" (884).
 
            La oleada de protestas contra el decadente orden revolucionario encontró un escaso eco entre los dirigentes  de la CNT-FAI y del POUM. Los dirigentes anarcosindicalistas desautorizaron a las Juventudes Libertarias cuando éstas acusaron al secretario del PSUC de traidor. El POUM exigió una nueva remodelación del gobierno de la Generalitat que le permitiera volver a formar parte de ella (885). La campaña del PSUC fue respondida desde las páginas de la prensa de estas organizaciones, pero no hubo ningún tipo de movilización encaminada a contrarrestar la campaña (886).
 
"... se acude ahora a la intensificación de esta campaña de infamias. Pero se realiza con la mayor maldad, tratando de excitar contra nosotros a las masas de mujeres exasperadas por la ineptitud, precisamente, del jefe del partido campeón de esta cruzada contra el POUM. Falta pan, y las mujeres se ven obligadas a hacer muchas horas cola, con los consiguientes trastornos y fatigas. La cosa es fácil. Se inventa que los responsables del hecho, son los adversarios políticos de los verdaderos responsables del hecho" (887).
 
            Sin duda alguna, y si nos guiamos por la prensa libertaria o poumista, los comités de abastos cometieron numerosos errores y excesos que iban a ser aprovechados con eficacia por sus adversarios, para desprestigiarlos (888). Sin embargo, también es cierto que su actividad impidió el crecimiento desmesurado del mercado negro y la especulación en los precios de los víveres, durante los primeros meses de la contienda. Durante el período de  su existencia, la población trabajadora no sufrió graves escaseces en el suministro de alimentos. Sí en cambio, se puede afirmar que la política liberalizadora de Joan Comorera, provocó la acaparación de toda clase de víveres por parte de los comerciantes y una fuerte presión inflacionaria. Si nos atenemos a la evolución del índice general  de los precios desde el inicio de la guerra, podemos observar que el incremento entre los meses de Julio y de Diciembre, en los que existieron y actuaron los comités, el incremento máximo fue en el mes de Octubre con un 9.4%, mientras que durante los primeros meses de gestión de Joan Comorera y su política liberalizadora los índices fueron muy superiores (Diciembre 12,1%, Enero 17,4%, Febrero 15,1%) (889).
 
"En realidad, no sólo era el pan, todos los demás productos alimenticios, al volver al comercio privado, aumentaban inmediatamente de precio y escaseaban, para ir a engrosar el extraperlo" (890).
 
            La superación de los errores de gestión de los comités de abastecimientos, sólo podía realizarse mediante una política centralizada. Sin embargo, la línea de Comorera pretendía, en nombre de los intereses de los pequeños propietarios, justo lo contrario, la liberalización de la economía, y por lo tanto la libertad de los comerciantes para acaparar los productos y especular con ellos, en nombre del beneficio privado. Una vez apartado el POUM del gobierno de la Generalitat y con una CNT-FAI a la defensiva, el PSUC y las organizaciones del Front d'Esquerres se lanzaron a una campaña que estaría destinada a consolidar el poder republicano reconstruido.
 
"...los anarquistas retardaban tanto como podían este proceso de recuperación del Orden Público por parte del poder en Catalunya, donde eran, todavía en este período, relativamente fuertes, a pesar de que los comunistas catalanes, de acuerdo con las fuerzas políticas liberal burguesas de la Generalitat, cada día iban tomando nuevas energías y nuevas posiciones" (891).
 
            Bajo el pretexto de la necesidad de un gobierno fuerte que pudiera conseguir la victoria militar sobre el ejército franquista, se reforzaba el proceso de desarticulación del movimiento revolucionario, que se extendería a la economía colectivizada, a la defensa militar y al orden público.
 
            El 12 de Enero, el gobierno de Tarradellas daba a conocer un nuevo paquete compuesto por 58 decretos. Las nuevas medidas aumentaban el intervencionismo y el control del gobierno catalán sobre la economía colectivizada.
 
            El proceso de desmantelamiento también alcanzaba a los tribunales revolucionarios. Mientras éstos  eran desmantelados, el antiguo cuerpo de magistrados era reincorporado a sus funciones judiciales (892).
            A principios del mes de Febrero, el PSUC lanzaba una nueva ofensiva contra el control libertario sobre las industrias de guerra, provocando de nuevo la reacción anarcosindicalista y obligando al mismo presidente del gabinete, Tarradellas, a desautorizar a Comorera  por sus ataques.
 
            La disputa sobre quién debía controlar el sector de la industria de armamento era de extrema importancia, en un momento en el que se estaban llevando a cabo una serie de medidas que estaban destinadas a militarizar las milicias revolucionarias, a desarmar la retaguardia y a reforzar los cuerpos policiales gubernamentales, frente a las patrullas de control. Era cada vez más evidente que el enfrentamiento entre los partidarios de la Generalitat y los revolucionarios solo era cuestión de tiempo. En estas condiciones, el sector que controlase el armamento estaría en las mejores condiciones para solucionar a su favor el conflicto. El descubrimiento de la sustracción de una docena de carros de combate por parte del PSUC incrementó, todavía más, la tensión entre ambas partes.
 
"Estos fueron los hechos: los milicianos comunistas del cuartel Vorochilov de Barcelona se presentaron con una orden falsa de requisición en un almacén de material militar controlado por la CNT y consiguieron que les entregaran doce tanques. Aunque sus papeles estaban firmados por Eugenio Vallejo, ...algo en la actitud de los milicianos comunistas les pareció sospechoso a los guardias del almacén. Les siguieron y les vieron entrar en el cuartel Vorochilov. Tras informarse, descubrieron que Vallejo no había firmado nada. ¡un robo! la CNT acudió a la Generalitat. El primer consejero Tarradellas y Vallejo se presentaron en el cuartel Vorochilov que entretanto había sido cercado por las patrullas de control. Tras haberlo negado todo, el teniente coronel acabó confesando, pero declaró que no había hecho más que obedecer órdenes del Alto mando de la división Carlos Marx, de la que dependía" (893).
 
            La prensa anarcosindicalista denunció los preparativos secretos que se estaban haciendo para poder aplastar definitivamente a los revolucionarios.
 
"Si no se substrajeron esos tanques para llevarlos al frente, ¿para qué se realizó operación tan brillante? Presumimos en esto un bosquejo de intento dictatorial contra el que, todos saben, nos alzaríamos inmediatamente" (894).
 
            A principios del mes de Marzo se daban a conocer una serie de decretos que estaban destinados a liquidar las patrullas de control y la Junta de Seguridad Interior, y recuperar las armas que todavía restaban en poder de los revolucionarios (895).
 
            Todo el paquete de  nuevas medidas centralizaba las tareas de orden público en manos de la Dirección de Seguridad de Barcelona, que estaba dirigida  por Eusebi Rodríguez Sala (PSUC) en la Comisaría General y por Josep Soler (ERC) como Inspector General de Servicios.
 
            Simultáneamente y a medida que el nuevo gobierno conseguía consolidar su autoridad, se instauraba un sistema de censura de la prensa que, utilizando el pretexto de la guerra, golpearía a   las organizaciones más izquierdistas. "La Batalla" sería suspendida por orden del Consell de la Generalitat durante cuatro días (896). Los decretos significaban el final de las patrullas de control y la formación de un cuerpo policial único al servicio de la Generalitat.
 
"La necesidad de un ordenamiento del Orden Público era evidente para todos, pero los anarquistas veían en este decreto un intento de desarmar su revolución. De otra manera creían, y puede ser no sin fundamento que, visto el estado pasional de aquel momento, sólo serviría para desarmar a los anarquistas y a sus aliados, los poumistas, y oir daría unos carnets de impunidad a los comunistas y a sus aliados que les hacían ya descaradamente el juego" (897).
 
            El día 26 del mismo mes, estallaba una nueva crisis en la Generalitat. La CNT quería recuperar el terreno que había perdido y exigía que el gobierno autónomo catalán fuera un auténtico "gobierno sindical", tal como lo había reclamado durante la crisis de Diciembre. La CNT no podía aceptar los nuevos decretos sobre el Orden Público, que suponían una clara provocación contra ella  y contra el movimiento revolucionario. Sin embargo, la situación había cambiado radicalmente desde entonces. La exclusión del POUM y la política que se había desarrollado durante aquellos meses había debilitado gravemente la posición de los anarcosindicalistas en el gobierno.
 
            La crisis definió de nuevo los campos en conflicto. Mientras ERC y la Unió de Rabassaires se alineaban junto al PSUC y la UGT, el POUM, desde el exterior del gobierno apoyaba las demandas de los anarcosindicalistas. Mientras los primeros, cada vez más seguros de su fuerza y convencidos de que la CNT finalmente acabaría claudicando, se negaban a dar marcha atrás en sus planes, los dirigentes libertarios tenían que demostrar a sus propias bases que todavía controlaban la situación en el seno del gobierno y se mantenían intransigentes en sus reclamaciones. Josep Tarradellas fue de nuevo, el encargado de resolver la crisis que se había abierto y formar un nuevo gobierno.
 
            El nuevo gabinete no presentaba ningún cambio importante con respecto al anterior. Mientras los republicanos nacionalistas controlaban las consellerías de Finanzas, Seguridad Interior y Cultura, los anarcosindicalistas conseguían Defensa, Industria, Comercio y Sanidad y la UGT (es decir, el PSUC), Trabajo, Abastecimientos y un lugar sin cartera, mientras que Agricultura continuaba en manos de la Unió de Rabassaires. Los ugetistas perdían la consellería de Justicia que desaparecía.
 
            Sin embargo, las  causas que habían provocado la disolución del gabinete anterior seguían sin solucionarse. A pesar de todo, la resolución de la crisis  era considerada por los dirigentes anarcosindicalistas como un  claro triunfo de sus exigencias.
 
            La UGT catalana condicionó la aceptación del  nuevo gabinete de gobierno a  un compromiso definitivo  entre todas las fuerzas que formaban parte de la Generalitat. El documento presentado por la central sindical ugetista, estaba constituido por cinco puntos. Se exigía, entre otras cosas, que el programa del nuevo gobierno no debería ser distinto del anterior y que todas las organizaciones integrantes del nuevo gabinete deberían comprometerse a llevar  a  cabo  los decretos que  se habían promulgado  sobre los cuerpos policiales y sobre la militarización de las milicias. Se proponía en el tercer punto la creación de un Consejo Superior de guerra que estaría presidido por Companys y que contaría con la participación de todas las fuerzas del gobierno. Las reservas de armamento que se encontraban en poder de la Consellería de Defensa, quedarían en manos de la UGT. También se proponía  una reestructuración de las nueve comisarías que existían en toda Catalunya y la creación de una Comisión de Industrias de Guerra.
 
            La aceptación de la propuesta implicaba la liquidación definitiva de la revolución y la subordinación total del anarcosindicalismo al gobierno. Era evidente, que los representantes de la CNT no podían aceptarlo  de ninguna manera (898).
 
            Frente a la delicada situación, el Front d'Esquerres se dividiría en torno a dos tácticas diferentes. Mientras Josep Tarradellas se mostraba partidarios de hacer algunas concesiones  a la CNT, a cambio de la resolución de la crisis, el secretario del PSUC, Joan Comorera, consideraba que ceder en aquellos   no haría otra coas que reforzar a los adversarios, en un momento que era claramente favorable para la consecución de sus objetivos. A pesar de que políticamente, Josep Tarradellas, estaba cerca de las posiciones defendidas por el PSUC, el dirigente de la ERC necesitaba del anarcosindicalismo para contrarrestar la creciente influencia de éste. El enfrentamiento convertía la crisis política en irresoluble.
 
            El 3 de Abril, Tarradellas reconocía el fracaso de las  negociaciones para formar el nuevo gobierno. Al día siguiente se constituiría un gabinete que constituía una solución provisional a la crisis. Josep Tarradellas dirigiría Finanzas y Cultura; Artemi Aiguader se mantendría en Seguridad Interior; Isgleas estaría al mando del departamento de Defensa; Doménech en Economía, Servicios Públicos, Sanidad y Asistencia Social; Comorera se encargaría de Justicia, Trabajo y Obras Públicas; y finalmente Calvet presidiría Agricultura y Abastos. A pesar de todo, la crisis continuaba abierta.
 
            Otra de las causas de la crisis entre la CNT y el PSUC fueron los ataques lanzados por este último contra la gestión de Isgleas en la Consellería de Defensa y la inmovilidad del frente  aragonés. El día 8, el PSUC daba a conocer su nuevo "Plan para la victoria", en que reclamaba de nuevo, un gobierno fuerte que tuviera capacidad para alcanzar la victoria sobre el ejército franquista y proponía la inmediata militarización de las milicias revolucionarias.
"Todo el problema radica en estos momentos en la cuestión del gobierno, en la cuestión del Poder. Sin Poder no puede haber ejército. Sin Poder no puede haber Industria de guerra. Sin poder no pueden organizarse las fuerzas morales y materiales del país para la guerra. Sin Poder no puede haber Victoria. Esta es la gran debilidad que hace que, a pesar de su potencia, Catalunya permanezca impotente" (899).
 
            El Plan para la Victoria  propuesto por el PSUC  era el comienzo de una nueva ofensiva contra la resistencia que todavía oponía la CNT. Por primera vez, el PSUC se sentía lo bastante fuerte como para desafiar a los dirigentes de la CNT y abandonaba la idea de la unidad con el anarcosindicalismo.
 
"La correlación de fuerzas era ligeramente favorable al PSUC y a la UGT, no por su fuerza relativa que ya era importante, sino porque contaban con la mayor aproximación ideológica de ERC y de UR. No era imaginable, en Abril de 1937, un Gobierno formado por la CNT, ERC y UR con la exclusión de la UGT, Las cosa habían cambiado mucho en relación con los meses anteriores. ¿Pero quién se atrevía a proponer la exclusión de la CNT? Comorera lo había insinuado, pero él mismo no se atrevía a plantearlo abiertamente. Gobernar sin la CNT todavía hacía miedo. Se continuaba pensando que era mejor tenerla implicada en el gobierno" (900).
 
            Sin embargo, la valoración que hace  Miquel Caminal, siendo cierta, se refiere principalmente al marco institucional. La correlación de fuerzas, efectivamente, estaba cambiando rápidamente, con una CNT en retirada y un PSUC en ascenso. Sin embargo la superioridad de este último sólo residía en el plano ideológico, mientras la CNT vacilaba, el PSUC tomaba la iniciativa y estaba dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias.
 
            A nivel de la calle y de las fábricas, la supuesta superioridad del PSUC y del Front d'Esquerres desaparecía por completo, como pronto iba a poder verse, pocas semanas después.
 
            Finalmente, el día 26 de Abril, se hacía público un nuevo gabinete. Los nacionalistas de ERC continuarían dirigiendo Finanzas (Tarradellas), Seguridad Interior (Aiguader) y Cultura (Sbert). La CNT controlaría las consellerías de Defensa (Isgleas), Servicios Públicos (Doménech), Economía (Capdevila), Sanidad (Abad de santillán) y Asistencia Social (Herrera). Mientras que la UGT continuaría con Justicia (Comorera), Abastos (Miret) , Trabajo y Obras Públicas (Vidiella). La Unió de  Rabassaires mantenía Agricultura.
 
            Con el nuevo gabinete se formaba también un Consejo Superior de Guerra y una Comisión de Industrias de Guerra, integrados por todas las fuerzas políticas y sindicales (salvo el POUM). Los decretos sobre el Orden Público quedaban en suspenso. Sin embargo, la crisis se había resuelto con un nuevo fracaso de la CNT, que se reintegraba en el nuevo gobierno sin conseguir sus principales reivindicaciones. La crisis, lejos de haberse solucionado, preparaba otras más graves.
 
            Los sectores revolucionarios comprobaban como el restablecimiento de la autoridad de la Generalitat, en la que colaboraban los representantes de la CNT, iba acompañado de la liquidación progresiva de sus conquistas. De esta manera,  el  triunfo sobre el ejército franquista iría también acompañada de la derrota de la revolución y de la vuelta al régimen republicano.
 
            El creciente colaboracionismo de los dirigentes de la CNT, desorientados y cada vez más aferrados a la participación en el gobierno "antifascista" como una tabla de salvación, aunque éste estuviera llevando a cabo una política que socabava las conquistas revolucionarias, provocó una fuerte corriente de descontentos. La pretensión de los dirigentes de intentar nadar entre dos aguas, no correspondía al estado de ánimo de importantes sectores del sindicato que tenían que soportar como les eran arrebatados, uno por uno, sus logros. Los organismos dirigentes del sindicato desarrollaban una política "centrista" que pretendía salvar, lo mejor posible, las conquistas de Julio, sin provocar por ello la ruptura del campo antifascista. La CNT tenía que jugar y apostar, cada vez más, por una política moderadora frente a sus propias bases. Romper el equilibrio, significaba volver a encontrarse ante la alternativa de la toma del poder, dilema que intentaban evitar a toda costa.
 
"En el interior del sindicato, se consumó un proceso de divergencia entre una capa dirigente burocrática, que se apropiaba cada vez más en exclusiva de la iniciativa, y unas masas ampliamente pasivas cuyos estallidos... habían de ser reprimidos por una oligarquía sindical, que entretanto había desarrollado sus propios intereses...".
 
"La <<base>> de la CNT dió muestras muy pronto de un fino sentido para los procesos de independización de los comités superiores; hacia el final del otoño de 1936, el descontento que hacía mella en las filas anarquistas, llegó incluso a traducirse en un intento de levantamiento contra la propia organización" (901).
 
            En la prensa libertaria, podríamos encontrar numerosas muestras del creciente malestar entre importantes sectores de las bases. También y a raíz de este descontento, surgirían algunos grupos que intentarían contrarrestar y modificar una orientación, que ellos consideraban capituladora. "Los amigos de Durruti", colectivo surgido de los núcleos de combatientes que habían abandonado el frente, por su  rechazo radical a la militarización de las milicias, tuvo un papel destacado entre las corrientes de   la oposición. Este agrupamiento fue acusado de estar infiltrado por el POUM o por el pequeño grupo trotskista que acababa de constituirse. También hubo intentos de expulsar a los miembros del colectivo, de la CNT, pero fracasaron por el rechazo de la propia militancia a este tipo de medidas represivas (902). Sin embargo, en el seno de la CNT  no llegaría a cristalizar ninguna corriente importante de oposición a la política de los organismos dirigentes, por lo que el malestar se iría traduciendo cada vez  más en desmoralización, a medida que se hacía evidente el desmantelamiento de la revolución (903).
            Joaquín Almendros, antiguo militante socialista afiliado al PSUC y uno de los responsables de la política militar del  partido, nos ha dado algunos valiosos testimonios sobre esta creciente oposición, que aparecía en el seno del anarcosindicalismo.
 
"Abad de Santillán se mostró muy preocupado por un movimiento que se estaba produciendo en ciertos sectores de la CNT-FAI. Esa agitación se escapaba de la <<vigilancia>> de las respectivas direcciones...".
 
"...tenían colaboradores en la retaguardia... muchas fuerzas del frente habían adquirido el compromiso formal de sacar gente de las trincheras del sector de Barbastro y regresar a Barcelona. Según ello, era en esa ciudad donde se tenía que decidir la lucha" (904).
 
            Mientras la política colaboracionista de los dirigentes y los avances de la restauración provocaban un creciente cisma en el interior de la CNT, el ala izquierda del POUM y las Juventudes Comunistas Ibéricas criticaban la política de su dirección, que había llevado a tan decepcionantes resultados.
 
            A finales del mes de Enero de 1937, el Comité Central de las  JCI daba a conocer un manifiesto en el que, bajo las siglas del partido, se exigía un giro radical hacia la izquierda y el abandono de las reclamaciones para la reincorporación del POUM  al gobierno.
 
"Para salir de la situación actual, el POUM exige la disolución del Parlamento burgués del 16 de Febrero y la convocatoria de una Asamblea Constituyente elegida por los comités de obreros, campesinos y combatientes. El POUM exige también la formación de un gobierno obrero y campesino y el establecimiento de una vasta y profunda democracia obrera" (905).
 
            El 15 de Marzo, las JCI publicaba una nueva declaración destinada a "la juventud combatiente obrera y campesina de todo el país". En la declaración política, se exigía entre otros  puntos: la unidad de la guerra y de la revolución, la formación de un frente de las organizaciones revolucionarias, la movilización de la juventud  y un ejército obrero que estuviera al servicio de la revolución (906).
 
            Consecuencia de esta presión, la dirección y la prensa del partido se hicieron eco de ésta e iniciaron lo que parecía un cambio radical hacia la izquierda. A principios del mes de marzo, la dirección del POUM se hacía una importante autocrítica:
 
"No hay que buscar parangones de carácter histórico. Los culpables somos nosotros mismos, que teniendo la revolución en nuestras propias manos, nos asustamos ante la grandiosidad del momento, y que por temor a la metralla de los buques extranjeros cedimos en bandeja la revolución a los partidos que, indudablemente, habían de estrangularla..." (907).
 
            Sin embargo, la concepción que el POUM tenía de la revolución no había cambiado. Cualquier paso que pudiera darse en ese sentido, tendría que contar inevitablemente con el apoyo de la dirección cenetista. Las reivindicaciones del POUM, limitadas al campo de la propaganda política, iban destinadas a los dirigentes anarcosindicalistas, para que corrigieran su actitud colaboracionista.
 
"Los obreros confederados se lanzaron a la lucha con admirable empuje, Su formidable instinto de clase los ha llevado  a una enérgica y audaz acción revolucionaria. Pero su magnífico impulso ha quedado considerablemente neutralizado por las concepciones tradicionales del anarquismo sobre el poder... La rectificación de su inveterado apoliticismo les ha llevado a la participación en los organismos gubernamentales, es decir, a la colaboración con los partidos burgueses. Si llegasen con nosotros, a la conclusión de que la única salida de la situación en un gobierno obrero y campesino, la revolución estaría salvada...".
 
"...La correlación de fuerzas es tal que, el proletariado, en las circunstancias actuales, puede hacerse con el poder sin recurrir a la insurrección armada. Basta con que ponga en juego toda su fuerza organizada con la decisión inquebrantable de llevar la revolución hasta las últimas consecuencias" (908).
 
            La combinación de consignas tan contradictorias, como       "gobierno obrero y campesino" o "Asamblea Constituyente" revolucionaria, con la reclamación de su reincorporación al gobierno catalán sólo podía explicarse por la identificación que  el POUM hacía de ambos conceptos. El gobierno obrero y campesino se reducía pues, a una Generalitat con mayoría CNT-FAI-POUM.
 
            En una situación de franco retroceso del movimiento revolucionario y de creciente escisión de las filas anarcosindicalistas, en un momento en el que el gobierno de la Generalitat y sus aliados anunciaban nuevos decretos que restablecían   la autoridad republicana, reforzaban sus efectivos y preparaban el golpe  definitivo contra lo que quedaba de la revolución, el POUM sobrevaloraba y confiaba en el poder menguante de una dirección libertaria, cada vez más entrampada en su política de compromisos.
 
            El 4 de Abril, el POUM daba a conocer una reelaboración de su programa: "13 condiciones para la victoria". El contenido del documento iba destinado a los dirigentes anarcosindicalistas. El POUM no intentaba capitalizar el malestar que existía entre las bases libertarias, sino reorientar el curso político que habían adoptado sus dirigentes.
 
            La sobrevaloración que el POUM hacía del poder de la CNT   hacía que sus dirigentes menospreciaran los avances de la contrarrevolución republicana. Como si la correlación de fuerzas   apenas se hubiera modificado durante los nueve meses de guerra y revolución, el POUM continuaba confiando que todavía era posible la toma pacífica del poder por parte del proletariado revolucionario.
"Cuando Nin dice que hoy los obreros pueden apoderarse del poder por la vía pacífica está diciendo algo flagrantemente contradictorio a la verdad. Ya hoy, el poder se encuentra en manos de los altos mandos militares y de la burocracia, aliados con los estalinistas y los anarcorreformistas. Estos señores, en su lucha contra los obreros, se apoyan en la burguesía extranjera y en la burocracia soviética. En estas condiciones hablar de la conquista pacífica del poder, es abusar de uno mismo y abusar de la clase obrera".
 
"En el mismo discurso del 21 de Marzo, Nin dice que  se quiere privar a los obreros de sus armas, recomendando no entregarlas. Ciertamente es un consejo juicioso. Pero cuando una clase intenta desarmar a otra, y cuando ésta, sobre todo si es el proletariado, se niega a entregar las armas, esto significa  que la guerra civil está cerca..." (909).
 
            El error de Andreu Nin y de los dirigentes del POUM al confiar en la toma pacífica del poder por los revolucionarios, estaba en que los adversarios de la revolución, los partidarios del gobierno de la República, ya no se encontraban desorganizados como en Julio. Sus filas se habían reforzado con importantes sectores de una pequeña burguesía, cada vez más hostil a la revolución, y no estaban dispuestos a devolver el terreno político recuperado. El enfrentamiento definitivo, una nueva guerra civil en el campo republicano, estaba a punto de producirse.
 
5.4 DEL GOBIERNO DE UNIDAD AL GOBIERNO NEGRIN.
 
            La formación del primer gobierno de Largo Caballero en el que estaban integrados por primera vez, todos los partidos y sindicatos del Frente Popular, había sido un paso importante para la restauración de la República.
 
            El gobierno de Giral, formado  exclusivamente por personalidades republicanas, había  demostrado  su incapacidad para hacer valer su autoridad política frente a los sectores revolucionarios. El enorme prestigio del viejo dirigente socialista convertiría al nuevo gobierno de coalición, en un auténtico organismo de poder, capaz de intervenir en la evolución de los acontecimientos.
 
"Para Azaña y Prieto como para Stalin y sus representantes en España, la jefatura gubernamental de Caballero podía ser la garantía de que la revolución colaborara en su propia rectificación, en la restauración del Estado republicano democrático-burgués" (910).
 
            Sin embargo, el paso era claramente insuficiente. Seguía existiendo un serio obstáculo que tenía que ser superado lo antes posible. Fuera del ámbito gubernamental y manteniendo una actitud de recelo ante las maniobras para restablecer su autoridad, existía el poderoso movimiento anarcosindicalista y otros grupos de menor implantación, como era el caso del POUM.
 
            El anarcosindicalismo organizaba bajo sus banderas a gran parte de las milicias revolucionarias que combatían en todos los frentes. Sus militantes y afiliados controlaban extensas zonas del territorio republicano y, organizados en sus sindicatos y   en sus comités revolucionarios, no reconocían la autoridad del gobierno. El problema se agravaba cuando se evidenciaba la creciente influencia que ejercían las bases de la CNT entre los sectores más radicalizados de la UGT y de los socialistas de izquierda. Numerosos militantes de estas organizaciones formaban parte, junto a los libertarios, de las colectivizaciones agrícolas e industriales que se extendían por todo el territorio de la República. De nada habían servido hasta el momento los llamamientos a la moderación que habían hecho los dirigentes del Frente Popular. Siendo patente la fuerza con la que contaba el anarcosindicalismo y la debilidad de las instituciones republicanas, los planes de restauración sólo podían venir de la mano de la colaboración de los dirigentes cenetistas. Sin la integración de estas fuerzas, o en el peor de los casos, sin su anulación política, cualquier intento serio para restaurar el orden republicano corría el peligro de fracasar.
 
            Sin embargo, existían síntomas de que la actitud de los dirigentes de la CNT estaba cambiando rápidamente. La entrada de los libertarios catalanes en el gobierno de la Generalitat había   sido una señal inequívoca. Sólo era cuestión de tiempo para que también se integraran en el gobierno central, sin necesidad de   tener que dar a cambio grandes concesiones. La reclamación hecha por los  cenetistas, para que se constituyera una Junta Nacional Revolucionaria, al estilo del desaparecido Comité de Milicias de Catalunya y que debería estar constituido por una alianza entre las centrales sindicales y los partidos republicanos, fue rechazada.
 
            El 4 de Noviembre, la CNT aceptaba integrarse en el segundo gabinete de Largo Caballero. El POUM, débilmente implantado fuera de Catalunya, y vetado por el PCE, quedaba excluido del nuevo gobierno. Por primera vez, los planes para restaurar la autoridad del Estado republicano contaban con una coartada política perfecta. Todas las principales organizaciones obreras, los socialistas de izquierda y los anarcosindicalistas formaban parte del nuevo gobierno. La reconstrucción de las instituciones gubernamentales se arropaba detrás del prestigio político de dirigentes populares de la talla de Largo Caballero, Federica Montseny o Juan García Oliver, que para numerosos trabajadores simbolizaban la revolución que estaba en marcha. Las medidas que irían dirigidas  al restablecimiento del viejo orden y a la liquidación de la revolución, podrían hacerse en nombre de esta última, sin poner en peligro el proceso. El aval político que conllevaba la colaboración de las principales organizaciones obreras, así lo constataba.
 
            La prensa anarcosindicalista publicó la noticia de la integración, desdibujando el carácter del gobierno que acababa de formarse y presentándolo con una supuesta nueva naturaleza, que habría sido causada por la guerra y la revolución.
 
"El gobierno, en la hora actual, como instrumento regulador de los órganos del Estado, ha dejado de ser una fuerza de opresión contra la clase trabajadora, así como el Estado no representa ya el organismo que separa a la sociedad en clases. Y ambos dejarán de oprimir al pueblo con la intervención en ellos de elementos de la CNT. Las funciones del Estado quedarán reducidas, de acuerdo con las organizaciones obreras, a regularizar la marcha de la vida económica y social del país, y  el gobierno no tendrá otra preocupación que la de dirigir la guerra y coordinar la obra revolucionaria en un gran plan general" (911).
 
            Repentinamente, como por arte de magia, los dirigentes cenetistas declaraban que el Estado había dejado de ser un organismo de opresión de una clase sobre otra, tal como lo había  caracterizado tradicionalmente el anarcosindicalismo, para convertirse en un organismo de naturaleza neutral.
 
            El nuevo Estado se dedicaría a las tareas de organización de la guerra y de la revolución. Poco importaba que las organizaciones del Frente Popular, incluida su ala izquierda, el largocaballerismo, se mostraran públicamente partidarios de restablecer, con algunos retoques, el viejo orden republicano. La presencia de los ministros de la CNT constituía el elemento clave que cambiaba la naturaleza del Estado republicano y que aseguraba que éste no se desviaría de sus tareas revolucionarias. La optimista declaración de "Solidaridad Obrera" no podía ocultar la profunda inquietud que sentían importantes sectores del movimiento libertario.
 
"La entrada en el gobierno, el 4 de Noviembre, abrió una nueva brecha entre la dirección de la CNT y sus militantes, brecha que nunca se cerró...".
...
"La base de la CNT no compartía esta actitud de colaboracionismo pesimista; no estaban todavía defraudados de su revolución. Si los enemigos la asediaban, lo último que el movimiento podía hacer era dirigir, desde el gobierno, el desmantelamiento del sistema de milicias" (912).
 
            Sin embargo, la debilidad de los sectores revolucionarios anarcosindicalistas era que carecían de una política alternativa al curso colaboracionista que habían adoptado sus dirigentes.
 
            Mantenerse en la oposición sin tomar el poder, significaba tener que soportar la creciente presión de sus adversarios del Frente Popular. El historiador libertario José Peirats ha opinado que sólo una minoría de militantes protestó desde los primeros momentos, contra lo que constituía una flagrante traición a los principios del anarcosindicalismo. La mayoría de los afiliados,  desorientados por la dinámica que iban adoptando los acontecimientos, aceptaron los hechos, "afectados de cierto fatalismo" (913).
 
            En las filas del POUM, Juan Andrade, había comprendido la naturaleza política del primer gabinete de Largo Caballero y lo había catalogado como "el gobierno de la contrarrevolución".
 
            Considerado como una crítica demasiado radical, el Comité Ejecutivo del partido le prohibió que siguiera escribiendo los editoriales de "La Batalla" (914). La crítica del POUM al primer gobierno de Largo Caballero era sin embargo, mucho más moderada, y se centraba en la correlación de fuerzas que existía en el seno del gabinete, considerándola desfasada por completo, con respecto a la situación revolucionaria existente.
 
"Según nuestras noticias se va a la constitución de un gobierno de Frente Popular, con la participación de Unión Republicana, de la Esquerra de Catalunya, del Partido Socialista e incluso del Partido Comunista. No cabe duda alguna que semejante gobierno marca un paso hacia adelante con respecto al gobierno simplemente republicano burgués de Giral; ¿pero está a la altura de las circunstancias?, ¿responde a la nueva situación creada por los acontecimientos?, de ninguna manera" (915).
 
            Tan solo dos días después de formado el primer gabinete de gobierno, el periódico "La Batalla" lo había definido como una salida contrarrevolucionaria. El POUM había reclamado en sus editoriales, la formación de un gobierno revolucionario, que debería formarse a partir de la elección de representantes obreros, campesinos y milicianos (916).
 
            La entrada a principios de Noviembre incondicional de la CNT en el segundo gabinete de Largo Caballero encontró al POUM completamente descolocado. El nuevo gobierno central fue definido como una alianza entre los representantes de la pequeña burguesía republicana con los partidos y las centrales  sindicales obreras, pero que, a diferencia del Consell de la Generalitat de Catalunya, la influencia revolucionaria en el segundo caso era más intensa que en el primero, donde predominaban las tendencias pequeño burguesas (917). ¿Cuáles eran las diferencias existentes  entre el gobierno catalán y el republicano central?, desde la óptica del poumismo, en el programa político, en la influencia que detentaban los representantes de la CNT y también en la incorporación del POUM.
 
"El gobierno de Valencia es un gobierno de formación social fundamentalmente igual al nuestro. Pero este gobierno padece de un defecto fundamental. El de ser un gobierno que no tiene programa. Así como el de Catalunya hizo público un programa, el gobierno de Valencia es un gobierno de guerra en el cual predomina la política del partido socialista y de los partidos pequeñoburgueses, y naturalmente el problema del poder se plantea en términos más agudos que en Catalunya" (918).
 
            En lo que respecta a las diferencias que existían entre ambos gobiernos, el POUM sobrevaloraba la condición programática, menospreciando, en cambio, las instituciones en las que éstos  estaban basados.
 
            El programa político, asumido por el gobierno de la Generalitat, lo había sido por la necesidad de integrar a las organizaciones libertarias y poumistas en el nuevo gabinete.
 
            En los meses posteriores y, a medida que los planes del PSUC y del Front d'Esquerres iban tomando forma, el programa defendido por el POUM quedaba desechado. El poumismo olvidaba que más importante que el programa político del gobierno, era la voluntad política de éste para hacerlo cumplir. El programa revolucionario sólo podía ser llevado a cabo, a partir de un gobierno que realmente hubiera estado apoyado en los organismos y en los sectores sociales que estaban  interesados  en que se  cumpliera.
 
            Tanto el gobierno autónomo catalán como el de Valencia, con o sin el programa revolucionario defendido por el POUM, coincidían en sus objetivos: arrinconar al movimiento revolucionario y restablecer de nuevo el orden republicano.
 
Tampoco era correcta la caracterización que el poumismo hacía de ambos gobiernos. Lo que estaba sucediendo no era ninguna alianza política entre la pequeña burguesía republicana y  las organizaciones del movimiento obrero. Ambos gobiernos -a pesar de la inclusión de la CNT-FAI, y en el caso catalán también del POUM-, entraban en el ámbito del Frente Popular, es decir, una coalición de los partidos y sindicatos obreros con los representantes del republicanismo (es decir, con los defensores de una de las formas posibles de modernización del capitalismo español).
 
"La función de Azaña, de Companys, etc. está erróneamente caracterizada. Estos señores no son la pequeña burguesía. La verdadera pequeña burguesía, arruinada, desclasada, es el campesinado, los artesanos, los empleados. Azaña y sus semejantes son los explotadores políticos de la pequeña burguesía en provecho de la grande. Permanecen en el campo de las masas populares haciendo el papel de espantapájaros. Y los gorriones son los dirigentes socialistas, reformistas y ¡ay! poumistas" (919).
           
            Efectivamente, desde el punto de vista del POUM, el Consell de la Generalitat era un gobierno débil e incapaz para imponer un  orden de transición hacia un auténtico gobierno revolucionario (920). Sin embargo, el poumismo volvía a equivocarse. La caracterización política de la que hacemos referencia fue desarrollada en el Comité Central Ampliado del POUM en Barcelona,   celebrado entre los días 12 y 16 de Diciembre. En las mismas fechas su representante en la Generalitat, su secretario Andreu Nin, era expulsado del gabinete. La debilidad de ambos gobiernos había desaparecido en el momento en el que los libertarios y los  poumistas habían pasado a formar parte de ellos. Serían esos gobiernos "débiles", los que, en los meses posteriores, se encargarían de disolver los comités y la obra que había surgido de la revolución.
 
            La línea política desarrollada por el gobierno autónomo catalán y por el de Valencia no apuntaba al socialismo, sino todo lo contrario, hacia la restauración de una República burguesa de corte parlamentario.
 
 
            Apenas dos días después de que los representantes de la CNT entraran a formar parte del segundo gabinete de Largo Caballero,  el gobierno en pleno abandonaba precipitadamente la capital madrileña, asediada y sometida a la amenaza de la entrada inminente de las tropas franquistas.
 
"En la primera reunión de Consejo de Ministros de su segundo gabinete, Largo Caballero planteó el problema de la evacuación de Madrid. Después del desastre de Talavera entendía el presidente del Consejo que era grave responsabilidad para la defensa de la República que el gobierno estuviera en lugar tan vulnerable" (921).
 
            Los nuevos ministros anarcosindicalistas amenazaron con la dimisión si se abandonaba Madrid. Sólo el PCE  apoyó públicamente la marcha, argumentando que el  nuevo gobierno no podía ejercer su mandato, desde una ciudad que estaba sitiada y que podía caer en cualquier momento en manos del enemigo. Finalmente el gabinete aceptó abandonar la capital para desplazarse a Valencia, que pasaría a ser la nueva sede del gobierno republicano. El abandono de Madrid fue interpretado por la militancia   de las organizaciones obreras, como una traición que fomentaba la desmoralización y el espíritu derrotista entre los defensores de la capital. Sin duda alguna, la caída de Madrid hubiera sido decisiva en el curso de la guerra, habría facilitado el reconocimiento diplomático del gobierno de Burgos y habría aislado todavía más a la República. En plena huida hacia Valencia, varios de los integrantes del nuevo gobierno fueron detenidos en la población de Tarancón, por las fuerzas milicianas de la CNT, que estaban comandadas por Cipriano Mera, que pretendieron obligarles a regresar a Madrid.
 
"El incidente tragicómico de Tarancón no se explica solamente por la indisciplina notoria de los anarquistas: la actitud de los milicianos de la CNT correspondió a un estado de ánimo muy difundido en Madrid, donde, más que en otras partes, los obreros habían puesto su confianza en el gobierno y aceptado su disciplina. El 9 de Noviembre veían huir a sus expertos <<resignados>> a la derrota, mientras que no se había intentado siquiera una movilización en masa para la defensa a toda costa de la capital... A juicio de los militantes, socialistas, comunistas y anarquistas, la batalla no se había perdido todavía" (922).
 
            En las tareas de defensa y administración de la capital, el gobierno delegó, el 6 de Noviembre, sus funciones, en una Junta de Defensa, que estaría presidida por el general Miaja, un militar con una carrera militar mediocre. Sin duda  alguna, el derrotismo y la desmoralización empezaban a hacer mella en el gobierno y entre el funcionariado de la administración (923). La recién creada Junta  de Defensa sería el organismo que debería negociar la rendición de la capital madrileña (924). El nuevo organismo quedaría integrado por dieciocho delegados que representarían a todas las organizaciones del Frente Popular y  a la CNT. Vetado por el Partido Comunista, el POUM quedaría excluido de la junta.
"Cuando el gobierno se marchó, nos sentimos traicionados. La gente hablaba abiertamente por las calles diciendo que el enemigo estaba ya en Carabanchel. Todo el mundo esperaba que de un momento a otro tomase la ciudad. Pero no la tomaron. El clima empezó a cambiar..." (925).
 
            Una vez que el gobierno central y los estados mayores de los partidos y sindicatos hubieron abandonado la capital, los comités revolucionarios volvieron a la escena política y recobraron la  perdida vitalidad que habían tenido durante las primeras semanas de la guerra. Espontáneamente apareció, por toda la geografía de la ciudad, una multitud de comités de barrio, de calle e incluso de edificio, que se encargarían de velar por la vigilancia contra los simpatizantes de los sublevados (926).
 
            Los partidos y sindicatos obreros transformaron la defensa de Madrid en una de las principales tareas de su política militar.  La resistencia de la capital quedaba atada directamente a la capacidad militar de la revolución para sobrevivir contra sus enemigos. Las organizaciones reforzaron con nuevos contingentes  armados las columnas de combatientes que defendían la capital. Los suministros  y  los asesores soviéticos empezaron a llegar sin dificultad y en grandes cantidades a Madrid. También durante el mes de noviembre las defensas serían reforzadas con la llegada de los primeros contingentes de las brigadas internacionales.
 
            En la defensa de Madrid fueron utilizados todos los métodos revolucionarios que habían sido rechazados por el gobierno en otras zonas del frente. La población madrileña fue organizada y movilizada masívamente en  las tareas de vigilancia y construcción de defensas de la ciudad. Aunque muchos de estos trabajos tenían un escaso valor defensivo, servirían para electrizar a la hasta hacía poco desmoralizada población madrileña (927).
 
            Sin duda alguna, el clima creado con el arrebato popular fue una de las causas fundamentales que explican la defensa encarnizada que se hizo de la capital, el giro radical de la moral de los defensores y el fracaso de la ofensiva militar de las tropas franquistas. Finalmente el 22 de Noviembre, después de intensos combates y de fuertes pérdidas por ambos bandos, la ofensiva quedaría definitivamente detenida en los arrabales de Madrid.
 
            La actividad revolucionaria de los comités sólo sería de nuevo interrumpida, unas semanas después, a finales del mes de Noviembre, cuando se hizo patente que Madrid no iba a caer de forma inminente en manos de los franquistas (928). A partir de ese momento, la política del gobierno se encaminaría a recuperar el control que había tenido de la ciudad, antes de abandonarla.
 
"La Junta, por decreto, retiró todas las atribuciones que había dejado en ese período decisivo a los comités populares y a los de las organizaciones" (929).
 
            A medida que los comités revolucionarios volvían a desaparecer de la escena política, la Junta de Defensa  de Madrid incrementaba su autoridad política sobre la capital (930).
 
            Gracias a la fuerte influencia que el PCE ejercía sobre la Junta   de Defensa (el general Miaja y otros miembros que ocupaban puestos claves en ella, eran miembros del partido) pudo extender su control sobre la ciudad.
 
            Desde Valencia, el gobierno de Largo Caballero inició con la reciente y valiosa incorporación del anarcosindicalismo, los pasos necesarios para la consolidación de su autoridad política. Sin embargo, para ello primero era necesario dotarla de un brazo armado que fuera fiel a sus directrices y domesticar también al movimiento revolucionario:
 
"Efectivamente, realizó lo que Giral y Prieto no habían podido hacer antes que él: al rejuvenecer las instituciones del Estado mediante la legalización de algunas conquistas revolucionarias, la incorporación de los organismos y de los hombres del poder revolucionario, llegó a salvarlos y a realizar esta empresa dificilísima: la recuperación del control de todos los grupos armados por parte del Estado republicano, la creación de un ejército y de una policía, en una palabra, la instauración de un poder único y fuerte bajo la égida de la República y que, sin embargo, a juicio de la mayoría de los obreros revolucionarios, era su poder, el <<poder popular>>. Su hazaña consistió en haber liquidado el <<doble poder>>, dejando la impresión de que consagraba su victoria: la presencia, a su lado, de García Oliver y de Juan López que habían encarnado el poder revolucionario en Catalunya y en Levante, parecían garantizar el carácter revolucionario de sus intenciones" (931).
 
            A pesar de su claro predominio, los socialistas de izquierda, sin un programa político que le permitiera encauzar la revolución y dirigirla hacia sus objetivos, perderían la iniciativa en manos de los sectores más decididos. A medida que las presiones del Partido Comunista, de los republicanos y del ala moderada del socialismo  iban cobrando fuerza, la política del gobierno de Largo Caballero se amoldaba progresivamente a ellas.
 
"Reflejando la voluntad de las masas proletarias, se proponían preservar el contenido socialista de la revolución, pero no contaban ni con un programa, ni con una táctica para luchar eficazmente por él en la complejísima situación de la guerra civil. Pretendían asumir el papel rector dentro del bloque político obrero-republicano, y en la práctica iban a remolque del Partido Comunista en unas cuestiones, o del anarcosindicalismo en otras (932)".
 
            Largo Caballero y los dirigentes del socialismo de izquierdas, a pesar de ser mayoritarios en el gobierno y de contar con inmensas simpatías entre los trabajadores fueron arrastrados por la coalición del ala derecha del Frente Popular (PCE-socialistas moderados-republicanos). Francia, Gran Bretaña y todo el mundo capitalista (democrático o no) no estaban dispuestos a tolerar que la economía de la República continuara expropiada y bajo el control de los trabajadores. Si los sectores izquierdistas no estaban dispuestos a proseguir con el proceso revolucionario, tendrían que amoldarse forzosamente a las presiones y colaborar en la reconstrucción del viejo orden republicano.
 
            Durante el proceso de restauración de la autoridad del gobierno central, las diferentes Juntas territoriales que existían en  la zona republicana se irían disolviendo progresivamente, para ser sustituidas por los organismos de la  nueva administración republicana. El hecho de que en la mayor parte de éstas, los socialistas fueran mayoritarios facilitó las tareas de disolución, para un gobierno que estaba presidido por el líder con mayor prestigio del partido, y donde los representantes socialistas eran mayoritarios. El poder del gobierno republicano central sólo quedaría en entredicho en aquellos territorios donde el movimiento libertario seguía siendo hegemónico: Catalunya y Aragón.
 
            En la región aragonesa, el vacío político causado por la sublevación militar y la reconquista de una parte de su territorio por las milicias revolucionarias catalanas, predominantemente anarcosindicalistas, permitió a los libertarios  aragoneses plantearse la organización del nuevo orden revolucionario. La profundidad de la revolución en Catalunya influyó de forma decisiva, en la obra y en las perspectivas de la  CNT aragonesa. El espacio cedido por las desaparecidas instituciones republicanas fue ocupado por una multitud de comités revolucionarios que organizaron la vida cotidiana de los territorios recién liberados. A finales del mes de Septiembre, una asamblea de delegados de los comités revolucionarios de la región, reunida en la población de Bujaraloz decidía la constitución de un organismo central que debería coordinar sus esfuerzos y poner fin a los excesos cometidos por las milicias catalanas. A mediados del mes de Octubre se reunía por primera vez el Consejo de Defensa de Aragón en la localidad de Fraga.
 
            La nueva Junta territorial chocó con la hostilidad del gobierno de la Generalitat y de las organizaciones izquierdistas catalanas. La misma CNT consideró que la formación del Consejo de Defensa había sido un acto unilateral, que no había sido aprobado por la organización confederal (933). El POUM también criticó su constitución, al considerar que en las circunstancias del momento, la nueva Junta sólo podía suponer un obstáculo a la labor de las milicias y al funcionamiento de la economía (934). Dentro de la región aragonesa, la totalidad de las organizaciones del Frente Popular se mostraron contrarias al nuevo organismo de poder y abogaron por la reconstrucción de la administración republicana. En un clima de franca hostilidad y de aislamiento, el Consejo de Defensa de Aragón estaría formado, desde los primeros momentos, tan solo por representantes de la CNT, lo que le valdría las acusaciones de sus adversarios de "dictadura" y de "cantonalismo" (935).
 
"Los anarquistas aragoneses no tardaron pues en percatarse de los problemas planteados por su conducta desenvuelta. Se apercibieron de que para poder mantenerse les hacía falta conseguir a cualquier precio el consentimiento, incluso la aprobación de la Generalitat, de la Confederación y de las diversas formaciones políticas" (936).
 
            Simultáneamente a la entrada de los anarcosindicalistas en el gobierno republicano central, y pocas semanas después de haberse integrado en el de la Generalitat de Catalunya, el Consejo de Defensa  de Aragón intentó obtener  su reconocimiento político, declarando su "absoluta identificación con el gobierno de la República" (937). Una negativa de Largo Caballero habría  provocado una grave crisis política en el recién creado gabinete y habría puesto en peligro el proceso de integración del anarcosindicalismo. Era necesario pues, proceder con cautela y  neutralizar los resabios revolucionarios de la junta aragonesa por otros medios, aprovechando la buena actitud que estaban demostrando sus miembros, presionados por el curso colaboracionista que había adoptado la CNT estatal.
 
"El presidente del gobierno, Largo Caballero, y el jefe del estado, Azaña, no se mostraron en desacuerdo con la idea de un gobierno regional, pero pidieron la inclusión en él de todas las organizaciones del Frente Popular. El Consejo de Aragón debía ejercer las funciones de los gobernadores civiles y de las diputaciones provinciales..." (938).
 
            El Consejo de Defensa de Aragón acabó por convertirse, sin desearlo, en la principal promotora de la reconstrucción de las instituciones republicanas en la región. La Junta territorial  sería reconocida oficialmente el 23 de Diciembre, con la oposición de los comunistas. El anarcosindicalista Joaquín Ascaso, presidente del Consejo, fue nombrado por Largo Caballero "gobernador general de Aragón". De esta forma, y mediante una hábil maniobra, el máximo representante de los revolucionarios aragoneses se convertía también en la máxima autoridad de la República en la región.             La legitimación de la República entre los sectores revolucionarios había dado un paso decisivo.
 
            La nueva Junta contaría con representantes de todas las organizaciones que formaban parte del gobierno central y que contaban con presencia en la región. Izquierda Republicana  ocuparía los departamentos de Hacienda y Justicia; la  UGT contaría  con Cultura y Obras Públicas; el PCE  dirigiría Sanidad e Industria y Comercio; mientras que otra organización que sin formar parte del gobierno, lo apoyaba, el Partido Sindicalista, tendría el cargo honorífico de Secretario General; la CNT seguiría dirigiendo los departamentos más importantes, Presidencia, Información y Propaganda, Orden Público, Agricultura, Trabajo, Transporte y Comunicaciones, y Economía, y Abastecimientos.
           
            A pesar del predominio anarquista, la política del gobierno, encaminada a reconstruir la autoridad de las instituciones republicanas en la región estaba en marcha.
"Tras haber querido ser más revolucionarios, más radicales que nadie, los anarquistas aragoneses reconocían la autoridad del gobierno central, inclinaban la cabeza bajo el yugo del estado y se amoldaban a su marco" (939).
 
            El Consejo de Defensa de Aragón fue disuelto el 19 de Agosto de 1937, por el sucesor de Largo Caballero en el gobierno,  Juan Negrín, que representaría el triunfo definitivo de la contrarrevolución republicana  sin paliativos. Una vez liquidado el movimiento revolucionario que había sustentado al Consejo de Defensa, ya nadie opondría resistencia a la entrada de las columnas armadas de Lister. Joaquín Ascaso sería finalmente depuesto y sustituido por el republicano y simpatizante del PCE, Mantecón, que ordenaría la inmediata disolución de las colectividades aragonesas y de los restos de los organismos revolucionarios.
 
            La entrada de los anarcosindicalistas en el segundo gobierno de Largo Caballero conseguía que, salvo el minoritario POUM, todas las organizaciones antifascistas pertenecientes al Frente Popular o situadas a su izquierda, estuvieran integrados en él.
 
            El proyecto del Frente Popular, para la reconstrucción del Estado republicano, iniciaba una dinámica que nadie estaba seriamente dispuesto a frenar. Los mismos libertarios, hostiles a cualquier forma de estado, ahora se mostraban dispuestos a colaborar en la reconstrucción de la República, a cambio de que las conquistas  revolucionarias fueran respetadas. Los dirigentes de la CNT creían ingenuamente que podrían aprovechar la extraordinaria fuerza del movimiento libertario para conseguir una tregua con la contrarrevolución republicana, compromiso que tendría que mantenerse hasta que el peligro franquista estuviera definitivamente superado. Los cenetistas, obligados a escoger entre la defensa de las conquistas revolucionarias, dinámica que los  colocaba continuamente ante la necesidad de tomar el poder, y una colaboración que los obligaba a ir cediendo a las presiones de sus aliados  en aras de la unidad antifascista escogerían  el segundo camino, con la esperanza de salvar lo máximo posible del naufragio en el que se encontraban.
 
            Sin embargo, sería un error considerar que al Frente Popular  como un bloque político homogéneo. En realidad, en su seno se escondían proyectos muy distintos e incompatibles entre si. Lo único que les unía era el convencimiento de que la revolución tenía que ser detenida a toda costa.
 
            Los republicanos y el sector más moderado del Partido Socialista, los partidarios de Indalecio Prieto, consideraban que la revolución tenía que ser liquidada y la República restaurada. Era necesario continuar  con el proyecto republicano de modernización del capitalismo español y para eso había que terminar cuanto antes con la guerra. Entre los republicanos de izquierda, el temor al movimiento revolucionario era mucho mayor que el que podían sentir hacia el ejército de Franco. Con los partidarios de la sublevación se podía negociar, con la revolución no. De hecho, durante toda la contienda, los contactos entre el sector moderado del Frente Popular y los militares sublevados fueron numerosos (940). Sin embargo todas las negociaciones fracasarían ante los dos grandes obstáculos: la intransigencia de los sublevados, que exigían la rendición inmediata y sin condiciones de la República, y un movimiento revolucionario que no estaba dispuesto a ser sacrificado en aras al entendimiento entre sus adversarios (941).
 
"Pero Azaña también sabía muy bien lo que quería, y desde luego no era ganar la guerra en condiciones tales que el Partido Comunista obtuviera la hegemonía y quedara despejado el camino hacia la dictadura del proletariado. Como demuestran con absoluta seguridad sus Memorias, su objetivo era la restauración de la república del 14 de Abril, y su táctica servirse en una primera fase del Partido Comunista como dique frente al caballerismo y el anarcosindicalismo, para luego en una segunda fase, reducir a la impotencia al Partido Comunista (aprovechando que la primera fase le había enfrentado con los núcleos mayoritarios del proletariado revolucionario). La línea de Prieto, y la del mismo Negrín, fue análoga" (942).
 
            En estas condiciones tanto los partidarios de Prieto como los republicanos de izquierdas necesitaban someter la revolución y restaurar un poder republicano fuerte, desde el que poder negociar las condiciones de la paz, con Franco y los sublevados. Esto los convertía, aunque sólo fuera en la primera etapa, en firmes aliados del PCE-PSUC.
 
            El Partido Comunista, fiel a las directrices ordenadas por la Komintern, defendía contra viento y marea, la caracterización democrático burguesa de la revolución española. Los dirigentes   estalinistas tenía como objetivo principal de su política internacional, establecer una alianza con las grandes potencias capitalistas "democráticas", Francia y Gran Bretaña. La defensa de la naturaleza socialista de la revolución española habría  significado un golpe mortal a la política de compromisos del Kremlin y desde la óptica estaliniana, habría aislado todavía más a la URSS frente a la creciente amenaza nazi-fascista (943).
 
            Sin embargo también ésta cuestión era el eje de las diferencias que existían entre los republicanos burgueses, los socialistas moderados y los comunistas. La política del PCE-PSUC consistía en devolver la revolución española al redil republicano del que,  desde su  óptica,  nunca  debería  haber  salido. Pero también lo era, evitar cualquier compromiso posible entre la República y el ejército de Franco, que dejaría al PCE  en la cuneta. Era necesario que la República alcanzara la victoria sobre los militares sublevados, y si esto no era posible, prolongar la resistencia hasta que estallase el inevitable conflicto internacional que se avecinaba.
 
            Desde esta perspectiva, el Partido Comunista se situaba como el principal valedor de la tesis de que primero era necesario ganar la guerra, y de que sería la victoria la que abriría con posterioridad y en un futuro indeterminado, las puertas de la revolución socialista.
 
"Una vez ganada la guerra, se podría pasar a la etapa siguiente, hasta llegar a la dictadura del proletariado. Pero para ganar la guerra lo decisivo era conservar la alianza antifascista, tanto a escala nacional como internacional. Lo que exigía no proponerse de momento objetivos socialistas en España, corregir los <<excesos>> de la revolución, e incluso acentuar las concesiones a los republicanos burgueses y socialistas reformistas para ver si de esa manera Blum se resolvía a ayudar a la república española" (944).
 
            El Partido Comunista, atado sólidamente a la política de la Komintern, y controlado por los hombres de confianza de ésta, se  había convertido en una curiosa combinación de partido obrero conservador, que competía en su derechismo con los mismos republicanos y con los partidarios de Prieto. La combinación de la moderación política con el grado eficacia en su lucha contra los sectores revolucionarios convertiría al PCE, durante todo este período, en el polo de referencia para las clases medias del campo y de la ciudad. Entre los meses de Julio de 1936 y Marzo de 1937, el PCE pasó de los 30.000 a los 250.000 militantes, procedentes en su mayor parte de estos sectores sociales (945).
 
            Sin embargo, el rumbo conservador del Partido Comunista, haría nacer el creciente descontento entre los sectores más radicalizados de sus propias filas. El malestar arraigaría en importantes sectores de las Juventudes Socialistas Unificadas, que se sentirían traicionados en sus ideales políticos. A finales del mes de Marzo, la organización juvenil asturiana, dirigida por su secretario general, Rafael Fernández, rompió con el PCE y con sus Juventudes, después de denunciar que su línea política tenía que ver con cualquier cosa, menos con el marxismo (946). Para atenuar las críticas, la caracterización "democrático burguesa" que se hacía de la revolución española, se transformó en palabras de José Diaz, en la lucha por una "República democrática y parlamentaria de un contenido social como no ha existido nunca" (947). En realidad, ambos conceptos políticos no se diferenciaban más que en la retórica utilizada, en este segundo caso, para acallar a los sectores descontentos.
 
            En cualquier caso, el objetivo del Partido Comunista, simbolizado en la   conocida frase: "Primero ganar la guerra, después ya haremos la revolución", no podía ser la revolución de los comités. Un Estado obrero en España no figuraba en los planes de la política internacional de los gobernantes del Kremlin. Por lo tanto, el carácter socialista de la revolución española estaba vedada para el PCE.
 
"... el objetivo número uno de la política soviética era consolidar la alianza militar con Francia y llegar a un entendimiento con Inglaterra. Pero ni la Francia burguesa de Blum, ni la Inglaterra conservadora de Chamberlain, podían admitir la victoria de la revolución proletaria en España. Contribuir a su victoria significaba para el gobierno soviético, ir a la ruptura con ambas potencias. La única posibilidad aparente de conciliar la <<ayuda a España>> con los citados objetivos de la política exterior soviética era que el proletariado hispano no fuera más allá de lo que en último extremo podía ser admisible para la burguesía francoinglesa. Y lo más que ésta podía aceptar es que en España existiese una república parlamentaria, democrática, antifascista, frentepopulista incluso, todo a la izquierda que se quiera, pero... ¡burguesa!" (948).
 
            Un Partido Comunista incondicional y fuertemente controlado por los agentes de la Komintern (la correa de transmisión internacional de los intereses del estalinismo) sólo hubiera podido plantearse seriamente la salida revolucionaria, mediante la ruptura política con el Kremlin y con la III internacional.  Con las condiciones que existían en el seno del PCE, esto era imposible.
 
"En líneas generales, puede decirse que el PC de España y el Partido Socialista Unificado de Catalunya desempeñaron, durante la guerra civil, el papel de simples comparsas de la Komintern y la NKVD. Las decisiones del PC español eran tomadas por el Buró Político, en cuyas sesiones estaban siempre presentes los agentes de Moscú: Codovila, Togliatti, Stepanov, Gueré, Marty y otros" (949).
 
            Aparentemente, el largocaballerismo se encontraba en la cúspide del poder político. Tanto los sectores moderados del Frente Popular, como el mismo anarcosindicalismo se veían arrastrados por su prestigio y por sus iniciativas políticas, mientras que los socialistas de izquierda controlaban los principales ministerios en el gobierno. Sin embargo, la realidad era otra.
 
"Su tarea inmediata será la de levantar el prestigio de las instituciones republicanas y de infundir vida nueva al Estado, haciendo posible así llevar a cabo lo que los Gobiernos anteriores habían sido incapaces de hacer: militarizar las milicias, reorganizar los cuerpos armados, controlarlos desde el Gobierno y, a la vez, desarmar la retaguardia. No fue difícil encontrar la consigna: la necesidad de disciplina y de un mando único a manera de respuesta  a los reveses de la guerra; ante todo, la necesidad de continuar la lucha y de ganar la guerra por sobre cualquier otra consideración" (950).
 
            A lo largo de su trayectoria gubernamental, la corriente largocaballerista iría adaptando sus criterios a los sectores más activos del gobierno. La línea de la Izquierda Socialista zigzagueó entre las posiciones del anarcosindicalismo y las del PCE (951).
 
            Sin embargo, en pleno proceso restaurador y frente a una CNT cada vez más confundida, sería el Partido Comunista, la organización que mejor conseguiría capitalizar la política del gobierno de Largo Caballero. Lo que aquí nos interesa destacar, en cualquier caso, es la rápida evolución que sufriría una Izquierda Socialista empapada de lo que algunos han caracterizado como "reformismo radical" (952).
 
            El prestigio político de Largo Caballero entre los trabajadores, lo convertían en un compañero de viaje imprescindible para el ala derechista del Frente Popular. El viejo dirigente socialista había  puesto todas sus esperanzas de victoria en conseguir la intervención armada de Francia y Gran Bretaña a favor de la República. Pero para ello era necesario demostrar antes a las potencias democráticas, que no iba a ser la revolución la que iba a capitalizar la ayuda. La Izquierda Socialista se volcó en la tarea de moderar y contener al  movimiento revolucionario que los había llevado al gobierno. Pero los dirigentes caballeristas eran conscientes de que había sido su gran influencia en el movimiento revolucionario el que les había permitido  desplazar a los republicanos y a los partidarios de Prieto de la cúspide del gobierno. Un proceso restaurador que llevara hasta sus últimas consecuencias, que consiguiera la liquidación del movimiento revolucionario, debilitaría seriamente las bases de su poder y permitiría a sus adversarios, los sectores moderados del Frente Popular, desplazarlos del gobierno.
 
"Largo Caballero, al ponerse a la cabeza del gobierno, había creído que su sola presencia lo garantizaría contra todo riesgo de evolución hacia la derecha y que, en todo caso, España seguiría siendo una <<república de trabajadores>>. Pero al hacer esto se había encerrado en un marco que ya no era el marco revolucionario. La política de Francia, de Inglaterra, de la URSS, que había elegido no desagradar para evitar el aislamiento del país, se convirtió en uno de los factores primordiales de su política interior, que determinaba inclusive la concepción de la política de la guerra" (953).
 
            Largo Caballero y el resto de dirigentes de la Izquierda Socialista  pretendían mantener el nuevo equilibrio del poder político, que les permitiría conservar su predominio en el gobierno.  Pero para ello era necesario mantener la  correlación entre las fuerzas que se situaban a su derecha e izquierda, hasta conseguir el triunfo  sobre los sublevados.
 
            Sin embargo, el inestable equilibrio se desplazaba irremediablemente hacia el sector que llevaba la iniciativa política y que tenía más claramente definidos sus objetivos.
 
"La autoridad de Largo Caballero sobre los obreros permitió realizarla con la apariencia de una transacción con la revolución. Pero el Estado restaurado manifestó cada vez más una tendencia a romper con la revolución y a combatirla... Y, en este camino, Largo Caballero habría de ser, en lo sucesivo, un obstáculo" (954).
 
            Desde este punto de vista, el PCE había apoyado la política de Largo Caballero, en tanto en cuanto ésta favorecía sus expectativas. El prestigio del dirigente socialista y sus buenas relaciones con la CNT, permitirían desarrollar una política de reconstrucción del Estado republicano que le había estado vedado a cualquier otro gobierno. La militarización de las milicias, la constitución del  comisariado, la reconstrucción de  los aparatos policiales, el restablecimiento de los cuerpos de funcionarios de la antigua administración, fueron pasos fundamentales en la reconstrucción de la República que serían eficazmente aprovechados por el Partido Comunista para consolidar su creciente influencia.
 
"La reconstrucción del Estado español en 1937 obedece al juego combinado de diversos factores, pero su fuerza dinámica ha sido la acción del Partido Comunista" (955).
 
            Durante todo este período, el PCE llevaría a cabo una eficaz campaña de infiltración en el reconstruido aparato del Estado republicano, que le permitiría influir de forma decisiva en el período posterior a la guerra y a la revolución. Los suministros procedentes de la URSS, las brigadas internacionales y su capacidad para organizar centralizada  y disciplinadamente a las milicias, convirtieron al PCE en un poderoso polo de atracción para los militares profesionales, para los funcionarios de la nueva administración e incluso para numerosos cuadros socialistas que estaban cada vez más descontentos con la errática trayectoria de su partido. Sería en estos estamentos, donde su influencia política se extendería rápidamente.
 
"Domesticadas la CNT y la izquierda socialista, liquidados los comunistas <<heterodoxos>> del POUM, el PCE se convirtió en la fuerza hegemónica dentro del campo republicano. Sus orientaciones políticas pasaron a ser las del gobierno, es decir, su política de partido se convirtió en la política gubernamental sin necesidad de monopolizar formalmente el poder. Los demás partidos fueron cediendo en sus posiciones hasta llegar a convertirse en auxiliares de la política comunista. Pero este poderío no fue obra de una labor de convencimiento ideológico sino que estuvo basado en un fuerte soporte organizativo. El PCE edificó una fuerte infraestructura organizativa, penetrando y controlando los principales aparatos del estado" (956).
 
            Efectivamente, la política del PCE se encaminó desde los primeros momentos, no sólo a participar en la reconstrucción del viejo aparato de Estado republicano, sino también a controlar los resortes más importantes de éste. Aprovechando el prestigio conseguido con la organización del Quinto Regimiento y la llegada de los suministros procedentes de la URSS, el Partido Comunista conseguiría reclutar a numerosos militares profesionales que se mantenían al servicio de la República y que odiaban la revolución desencadenada. Mandos poco sospechosos de simpatizar antes de la guerra   con el PCE, como podía ser el general Miaja, jefe de la Junta de Defensa de Madrid, el general Pozas del ejército del Centro, o el comandante Hidalgo Cisneros, jefe de la Aviación, se integraron en sus filas (957).
 
"La fuerza militar puesta en pie por el PCE, la IC y la ayuda soviética estaba al servicio de dos objetivos políticos esenciales: resistir militarmente a los facciosos y asegurar que prevaleciese el tipo <<democrático burgués>> de república aceptable para los republicanos burgueses y supuestamente aceptable también para las <<democracias occidentales>>" (958).
 
            La política de infiltración del PCE en el reconstruido aparato republicano provocaría los primeros roces y tensiones con Largo Caballero y con los dirigentes de la Izquierda Socialista. Los intentos de Stalin para influir en la política del gobierno chocarían con la hostilidad creciente de los largocaballeristas. El 21 de Diciembre de 1936, el primer ministro socialista recibía una carta que resumía las grandes líneas  maestras de la política  del Kremlin en España.
 
            En el escrito, Stalin remarcaba las condiciones que desde su óptica iban a ser fundamentales para la victoria militar. Desarrollar una política moderada para lograr el apoyo de los pequeños y medianos propietarios del campo, y de las clases medias urbanas temerosos de las confiscaciones revolucionarias. Atraer a los políticos republicanos que habían sido desplazados por la revolución, mediante una política de Frente Popular. Y una declaración del gobierno en defensa de las propiedades de los extranjeros en España. Toda esta línea de actuación tenía que llevarse a cabo en el seno de una República democrática y parlamentaria, que debía alejarse de la experiencia de la revolución de Octubre de 1917.
 
"La revolución española se abre caminos que, en muchos aspectos, difieren del camino recorrido por Rusia. Lo determinan así la diferencia de premisas de orden social, histórico y geográfico, las exigencias de la situación internacional, distintas de las que tuvo ante si la revolución rusa. Es muy posible que la vía parlamentaria resulte un procedimiento de desarrollo revolucionario más eficaz en España de la que fue en Rusia" (959).
 
            La respuesta de Largo Caballero no dejó ninguna duda a los dirigentes del Kremlin de cual era la postura del líder socialista. Pese a todo, éste no estaba dispuesto a reconducir la situación revolucionaria al orden de cosas que existía antes de que estallara la guerra civil.
 
"Tienen ustedes razón al señalar que existen diferencias sensibles entre el desarrollo que siguió la revolución rusa y el que sigue la nuestra... Pero, contestando a su alusión, conviene señalar que, cualquiera que sea la suerte que lo por venir reserve a la institución parlamentaria, ésta no goza entre nosotros, ni aún entre los republicanos, de defensores entusiastas" (960).
 
            Posteriormente Stalin envió una segunda carta al primer ministro socialista, proponiendo la unificación de los dos partidos. La invitación fue rechazada tajantemente por Largo Caballero que no estaba dispuesto a que se repitiera la experiencia, que había privado al Partido Socialista de su  organización juvenil.
 
"A pesar de que entonces los comunistas habían simpatizado secretamente más con la moderación de Indalecio Prieto que con el revolucionarismo de Largo Caballero, sabían que la facción centrista del Partido Socialista representaba sólo un sector reducido del movimiento socialista y que les sería ventajoso asociarse con el ala izquierda. Pero la hostilidad que fue acumulando Largo Caballero hacia ellos en los primeros meses de estallar la guerra civil pronto les obligó a volverse a la facción centrista" (961).
 
            El Partido Comunista se volcaría en la tarea de atraer hacia sus filas a la derecha socialista, aprovechando su prestigio político y el hecho  de que formaran un bloque político en el seno del gobierno, frente a los caballeristas y los libertarios.
 
            Resultaba evidente que comunistas y socialistas moderados, pese a las diferencias que pudieran existir entre ellos, se necesitaban mutuamente frente a las reticencias de Largo Caballero.
 
"En el Partido socialista se contempló una inversión de las alianzas. En el momento en el que los amigos de Largo Caballero se alejaban de los comunistas, los de Prieto se acercaban a ellos. El ejecutivo, que dirigían González Peña y Lamoneda, se convirtió en campeón de la unidad, firmó en Febrero un acuerdo para la generalización, en todos los niveles, de comités de enlace que habrían de hacer de los dos partidos obreros un solo bloque en el interior del Frente Popular. Prieto en esa época, fue más lejos todavía y se declaró en favor de la fusión inmediata con el Partido comunista" (962).
 
            La persecución de los comisarios políticos del Ejército Popular que habían sido nombrados sin su consentimiento y que eran proclives a la línea del PCE (963); su hostilidad a la idea de la unificación socialista-comunista; y sus enfrentamientos con  la política económica que defendían los ministros comunistas,   convertían a Largo Caballero, cada vez más, en un obstáculo que debía ser apartado. Sin embargo, el apoyo popular con el que contaba el líder socialista impedía cualquier intento de destitución inmediata. Primero había que debilitar sus posiciones, y para ello era necesario vencer las resistencias del todavía poderoso movimiento anarcosindicalista, que pese a su claro retroceso, seguía contando con una fuerza importante, especialmente en Catalunya y Aragón.
 
            La CNT se había convertido en una firme aliada de Largo Caballero en el seno del gobierno, frente al bloque de republicanos, prietistas y comunistas.
 
            A finales del mes de Marzo, el anarcosindicalista Melchor Rodríguez, delegado de prisiones, denunció la proliferación de una red de "checas" del PCE en Madrid. José Cazorla, uno de los consejeros del Orden Público y militante comunista, nombrado por la Junta de Defensa, fue acusado de ser el responsable de las cárceles clandestinas. A raíz de este escándalo político, la Junta fue obligada a aceptar la dimisión de Cazorla. Unos días después, el 23 de Abril, también era disuelta la Junta, para ser sustituída por un Consejo Municipal.
 
 
"La lucha entre estos partidos producida por la pérdida de Málaga se extendió por su prensa a las otras provincias. Caballero aprovechó el momento de gran efervescencia en Madrid para disolver la Junta de Defensa y restablecer la municipalidad para la que designó a representantes de todos los partidos" (964).
 
            Largo Caballero asestaría un nuevo golpe a la influencia del Partido Comunista con la destitución del gobernador de Murcia y de algunos comisarios políticos de la zona, por sus actividades represivas  contra militantes socialistas de izquierda y libertarios (965).
 
            La política del PCE se encaminó a debilitar la posición del máximo líder de la Izquierda Socialista, aislándolo de sus partidarios en los principales puestos del gobierno. Un eficaz  trabajo de reclutamiento permitió que algunos cuadros socialistas, tradicionalmente cercanos  a Largo Caballero, como Alvarez del Vayo o García Maroto... pasaran a formar parte del bloque dirigido por el Partido Comunista.  También aumentaron las presiones y las maniobras encaminadas a conseguir la destitución de los elementos caballeristas más recalcitrantes del gobierno.
 
"La gran batalla se libró en torno del general Asensio, uno de los militares más eficientes de la República, pero nada grato a los comunistas porque ni en los frentes, cuando tuvo mando, ni en el Ministerio de Guerra, durante el tiempo que fue subsecretario, les permitía que hicieran proselitismo de partido. Le acusaban de deslealtad a la República, y como Largo Caballero les pidiera alguna prueba o por lo menos algún indicio de su traición y ellos no pudieron aportar ninguno, se negó a destituirle. Al fin lograron encarcelarle por la pérdida de Málaga..." (966).
 
            Efectivamente, la caída de Málaga, producida el 8 de Febrero de 1937, sería la señal de la ofensiva contra el hombre de confianza de Largo Caballero. La ciudad, sin suministros de armas ni tropas de refuerzo, sin el apoyo de la flota republicana que se encontraba fondeada en Cartagena, cayó en manos de las fuerzas italianas. Si nos atenemos al testimonio ofrecido por el comandante Martín Blazquez, Málaga cayó porque el gobierno carecía de los suministros militares que eran imprescindibles para reforzar la defensa (967).
 
            Independientemente de las verdaderas causas de la caída de la ciudad, el desastre iba a ser instrumentalizado políticamente, el general Asensio fue convertido por la prensa del PCE y por el ala derecha del Frente Popular, en el responsable. Finalmente, las presiones en el seno del gabinete consiguieron el objetivo: Asensio   sería destituído el 21 de Febrero, siendo sustituido por Carlos Baraibar, otro de los hombres de confianza del primer ministro socialista. Largo Caballero acompañó la caída de su hombre de confianza con el traslado al frente, de tres de los principales miembros del Partido Comunista en el Ministerio de la Guerra (968). Era el mensaje que el líder socialista enviaba a sus adversarios: iba a responder, golpe por golpe.
 
            Sin embargo, con la caída del general Asensio, el prestigio de Largo Caballero había quedado tocado políticamente. La prensa del Partido Comunista lo convertía en el principal responsable de los reveses militares que se estaban produciendo en los frentes de batalla. La ofensiva planeada por Caballero y por Asensio en Extremadura, que pretendía aprovechar la debilidad de los franquistas para partir por la mitad su territorio, no pudo ser llevada a cabo.  El éxito de la operación militar habría causado un fuerte revés a los sublevados y aliviado la presión que sufría el frente del Norte. La oposición del general Miaja y de Prieto a  que se debilitaran las defensas de Madrid, y la negativa de los consejeros rusos a facilitar una cobertura aérea adecuada a la misión, impidieron que pudiera ser llevada a cabo (969).
 
            Sin embargo, el fracaso ponía al descubierto algo más: su autoridad política había quedado seriamente en entredicho. El fracaso de los acontecimientos revolucionarios, ocurridos a principios del mes de Mayo, en Barcelona, sería la gran oportunidad del Partido Comunista y de la derecha del Frente Popular, para dar el golpe definitivo a la revolución. La liquidación del movimiento revolucionario iba a arrastrar en su caída a los sectores más izquierdistas del gobierno: el anarcosindicalismo y el socialismo largocaballerista.
 
5.5 LAS JORNADAS DE MAYO EN BARCELONA. PUNTO Y FINAL DE LA REVOLUCIÓN.
 
            A principios del mes de Abril, la situación de la economía en Catalunya y en el resto del territorio republicano empezaba a deteriorarse seriamente. La guerra y la ocupación por las tropas  franquistas de extensas zonas agrícolas empezaba a causar estragos. Junto a la proliferación del mercado negro,  crecía la inflación, el racionamiento y las interminables colas de las amas  de casa en las panaderías y comercios. A mediados del mismo mes, una manifestación de amas de casa recorrió las calles de Barcelona exigiendo al gobierno de la Generalitat que intensificase la lucha contra el mercado negro y pidiendo que  se estableciese un riguroso control sobre los precios de los víveres y de otros productos de primera necesidad.
 
            El malestar de los trabajadores y de la población en general iba parejo al de los sectores más radicalizados de la CNT-FAI y del POUM que veían como la actitud colaboracionista de sus dirigentes, repercutía en un serio retroceso de las conquistas revolucionarias.
 
"Cuando marchamos al frente dejamos en manos de los compañeros la marcha victoriosa  de la Revolución, desde el punto de vista anarquista. Pero en la estructuración de la misma se ha dado participación a partidos políticos que no sentían la revolución por tener que defender intereses de pequeños burgueses y a la UGT que comparada con nosotros tenía un reducido porcentaje en Cataluña y una muy escasa influencia en la vida económico-administrativa de la Revolución. Y claro está, al pactar con ellos perdimos la hegemonía de la Revolución y se han visto precisados a ir transigiendo día por día, con lo que se ha desfigurado la revolución con la merma de las conquistas revolucionarias alcanzadas en los primeros días" (970).
 
            Pocos días después, era Camilo Berneri, desde las páginas de "Guerra di classe", en una carta dirigida a la ministra Federica Montseny, el que advertía de la situación límite a la que se estaba llegando.
 
"Es hora de darse cuenta de si los anarquistas estamos en el gobierno para hacer de vestales a un fuego, casi extinguido, o bien si están para servir de gorro frigio a politicastros que flirtean con el enemigo, o con las fuerzas de la restauración de la <<república de todas las clases>>...".
 
"El dilema: guerra o revolución ya no tiene sentido. El único dilema es éste: o la victoria sobre Franco gracias a la guerra revolucionaria, o la derrota".
 
"El problema para ti, y para los otros compañeros, es el de escoger entre el Versalles de Thiers o el París de la Comuna,..." (971).
 
            Mientras tanto, en el campo catalán se multiplicaban los  enfrentamientos entre los partidarios de las colectivizaciones y el campesinado individualista.
 
            La cada vez más tensa situación se combinaba con el incremento de la tensión y de los choques en el seno del gobierno republicano central. Los bloques se definían cada vez más, en torno a Largo Caballero (CNT-FAI, UGT y socialistas radicales) y los comunistas (PCE, socialistas moderados y republicanos de izquierda).
 
            En el seno del Consell de la Generalitat de Catalunya, la CNT perdía progresivamente la iniciativa en manos del PSUC. Sin embargo, el proceso de restauración seguía teniendo ante si, un poderoso obstáculo, el poderoso movimiento libertario catalán que  continuaba armado y conservando la mayoría de sus conquistas. Cualquier paso decisivo implicaba correr el riesgo de que los sectores revolucionarios decidieran romper el consenso y se lanzaran a la ofensiva.
 
            A mediados del mes de Abril, destacamentos de carabineros enviados por el ministro de Hacienda Negrín se enfrentaron a los libertarios por el control de la población de Puigcerdá y el resto de los puestos fronterizos con Francia. De nada sirvieron las gestiones mediadoras del Comité Regional de la CNT para atenuar la creciente tensión que existía entre ambos bandos  armados (972).
 
            El 25 de Abril, era asesinado en Molins de Rey, el dirigente ugetista, militante del PSUC y secretario de Rafael Vidiella, Roldán Cortada. El asesinato fue seguido de una fuerte campaña contra los "incontrolados" y la persistencia de armas en la retaguardia. En la misma prensa, el POUM y los sectores más  radicalizados de la FAI fueron acusados de ser los responsables de la muerte (973). La CNT condenó el hecho y exigió que se iniciaran las investigaciones necesarias para demostrar que el asesinato  no había sido responsabilidad de sus militantes (974).
            El entierro de Roldán Cortada se convirtió en una gran manifestación en la que participaron  grupos armados del PSUC y que iba dirigida claramente contra los sectores revolucionarios. El alarde de fuerza  tampoco pasó desapercibido para el POUM y la CNT-FAI, que denunciaron en su prensa la amenaza que la manifestación llevaba implícita.
 
"Manifestaciones como la de ayer, en su alcance político, tienen por esencial finalidad, crear entre la pequeña burguesía reaccionaria y entre las capas más atrasadas de la clase obrera, un ambiente de progrom contra la vanguardia revolucionaria del proletariado catalán: CNT, FAI y POUM..." (975).
 
            El día 26, las fuerzas policiales de la Generalitat, entraban en Molins de Llobregat (la actual población de Molins de  Rey) y a raíz de las investigaciones, efectuaban numerosos arrestos entre los anarcosindicalistas de la localidad, entre ellos el consejero municipal de Hospitalet de Llobregat, Luis Cano. Pocos días después, las detenciones quedaron desautorizadas por el juez de la Audiencia de Barcelona por falta de pruebas (976).  El mismo día,  el ambiente tenso existente en Puigcerdá desembocaba en un sangriento enfrentamiento entre los carabineros y los destacamentos fronterizos de la CNT.  Entre las víctimas se encontró al dirigente anarcosindicalista local y alcalde de la población, Antonio Martín.
 
            El día 27, el Consell de la Generalitat lanzaba un ultimátum a los revolucionarios para que en el plazo de 48 horas, procedieran a desarmarse en la retaguardia y disolvieran los grupos  armados  que  no  pertenecieran  a  las fuerzas policiales. Durante varios días, revolucionarios y partidarios del gobierno procederían a desarmarse mutuamente por las calles (977). Se adivinaba en el ambiente que algo estaba a punto de ocurrir y que cualquier chispa podía hacer estallar el barril de pólvora en el que se había convertido la situación.
 
"Si los camaradas de la CNT analizan seriamente la relación de fuerzas que existe en el campo obrero y de la pequeña burguesía, llegarían a la conclusión simple de que ha cambiado bastante en comparación con los primeros meses de la revolución. En torno al PSUC se agrupa, ni más ni menos, que toda la contrarrevolución. Contrarrevolución que se ha fijado como principal objetivo exterminar a la CNT-FAI y al POUM..." (978).
 
            El 1 de Mayo, el gobierno autónomo catalán prohibió cualquier acto o manifestación de celebración de la jornada, en previsión de que pudieran producirse brotes de violencia entre ambos bandos. La prensa de la CNT y del POUM denunciaron la peligrosa situación que habían provocado las últimas maniobras policiales, ordenadas por el gobierno, para hacerse con el control de la situación.
"La garantía de la revolución es el proletariado en armas. Intentar desarmar al pueblo es colocarse al otro lado de la barricada. Por muy consejero o comisario que sea no se puede dictar orden de desarme contra los trabajadores que luchan contra el fascismo, con más generosidad y heroísmo que todos los políticos de la retaguardia, cuya especialidad e impotencia nadie ignora. Trabajadores ¡que nadie se deje desarmar por ningún concepto! ¡esta es nuestra consigna! ¡qué nadie se deje desarmar!" (979).
 
            El lunes 3 de Mayo, a las tres menos cuarto de la tarde, una columna de camiones de los guardias de Asalto atacaban, bajo las órdenes del comisario de Orden Público de Barcelona, el edificio de la Telefónica situada en la Plaza Catalunya.
 
            Desde las jornadas de Julio, la central de teléfonos había estado en manos de un comité sindical CNT-UGT con la presencia de representantes de la Generalitat (el control sindical no hacía otra cosa que obedecer al decreto sobre las colectivizaciones y el control obrero que había publicado la Generalitat).
 
            Los guardias de Asalto consiguieron apoderarse de la planta baja del edificio pero no pudieron acceder a los restantes pisos, por la fuerte resistencia que presentaron los trabajadores que ocupaban las instalaciones.
 
            Con esta operación, el gobierno de la Generalitat (con el desconocimiento de los representantes confederales) pretendía apoderarse de uno de los principales centros neurálgicos de Barcelona, para presentarlo después como un hecho consumado  ante las protestas que la CNT pudiera hacer (980). 
 
            El control de la telefónica era uno de los centros estratégicos que permitía a sus ocupantes, controlar la situación en Barcelona. La operación policial sería   llevada a cabo, no sólo en Barcelona, sino también en diversas localidades catalanas (Tortosa, Tarragona...). Posteriormente y ante las aclaraciones que pidió la CNT, el gobierno de la Generalitat y el consejero Artemi Aiguader declararon que no estaban al tanto de la operación policial (981).
 
            Era evidente que el gobierno autónomo catalán, en una situación un tanto comprometida, pretendía escabullirse de la responsabilidad del fracaso de una operación que había hecho estallar de nuevo, la situación revolucionaria. Sin embargo, otras versiones más creíbles, revelan que la orden había partido de Lluís Companys y de los representantes del PSUC y del Front d'Esquerres en el gobierno, y también de Juan José Doménech de la CNT, que se limitó a advertir sobre las consecuencias que la    ocupación podría acarrear (982).
 
            Efectivamente, la fracasada operación policial iba a ser el acontecimiento que desataría los enfrentamientos, que desde hacía semanas, todo el mundo presentía (983).
 
 
            La noticia del intento de asalto de la telefónica corrió como un reguero de pólvora por las fábricas colectivizadas, por los barrios obreros y por todo el extrarradio de Barcelona.  Las fábricas quedaron paralizadas, mientras las sirenas alertaban a la población de lo que estaba sucediendo. Los comercios se cerraron inmediatamente, la circulación se paralizó por completo, mientras  la población se precipitaba hacia sus casas, para evitar verse envuelta en los combates. Apenas una hora después del intento de ocupación de la telefónica, empezaban los primeros  enfrentamientos entre los guardias de Asalto, las Patrullas de Control y los comités de barriada de la CNT por las calles de Barcelona.
 
"Se levantaron por doquier las no menos tradicionales barricadas; y la lucha, tanto o más implacable que el 19 de Julio, quedó planteada por el dominio de la calle" (984).
 
            Por toda la ciudad empezaron a aparecer barricadas de las diferentes organizaciones combatientes, agrupadas en los dos bandos. El británico George Orwell, protagonista de los sucesos, hizo una descripción detallada del ambiente y de la participación popular en la construcción de las barricadas barcelonesas.
 
"Las calles de Barcelona están empedradas con unos adoquines cuadrados con los que es fácil levantar un muro, y debajo de los adoquines hay una especie de arenilla que se presta muy bien para llenar sacos terreros. La construcción de aquellas barricadas fue un espectáculo insólito y prodigioso... Con esa apasionada energía que los españoles despliegan cuando están firmemente decididos a emprender un trabajo, largas filas de hombres, mujeres y niños aún muy pequeños, arrancaban los adoquines, los transportaban en una carretilla que habían encontrado por ahí, e iban de un lado a otro cargados con pesados sacos de arena" (985).
 
            Junto a las fuerzas policiales de la Generalitat, se unieron los militantes del PSUC y los  nacionalistas de ERC, ACR , UdR y de Estat Català, mientras que junto a las Patrullas de Control se agruparon los anarcosindicalistas y el POUM.
 
            En la madrugada del día 3, los Comités Regionales de la CNT, FAI, JJ.LL. y el Comité Ejecutivo del POUM se reunieron para analizar los hechos que acababan de desencadenarse. En la reunión, los dirigentes del POUM intentaron convencer a los anarcosindicalistas de que el momento tenía que ser aprovechado para terminar de una vez por todas, con la amenaza de la contrarrevolución republicana (986). La propuesta sería rechazada por los libertarios que consideraron que había que apaciguar la situación y buscar un acuerdo entre ambas partes.
 
"La misma noche, una delegación del CE del POUM se entrevistó con el Comité Regional de la CNT, Nin subrayó la importancia de los acontecimientos y reclamó una acción común inmediata, era la hora del Frente Obrero Revolucionario. Los dirigentes de la CNT estaban muy contentos de que los trabajadores <<hubiesen enseñado los dientes>> y esperaban obtener de Companys, por la vía de la negociación, modificaciones importantes de la composición... del Consell de la Generalitat. Nin y sus compañeros salieron escandalizados de la miopía y del oportunismo de los dirigentes cenetistas" (987).
 
            La mañana del día 4 de Mayo presentaba un panorama desolador para las fuerzas del gobierno. Salvo en pequeños reductos, la Generalitat sólo controlaba el triángulo del centro de la ciudad, algunos edificios oficiales y puntos aislados. Los cañones del castillo de Montjuich y del Tibidabo apuntaban hacia el edificio del gobierno de la Generalitat. Durante todo el resto del día, continuaron los sangrientos combates, Mientras, la situación continuaba confusa, sin acabar de decidirse por ninguno de los dos bandos.
 
            Por la noche, el gobierno de la Generalitat en pleno se reunió para decidir su inmediata disolución y para iniciar las negociaciones que pusieran fin a los combates. El nuevo gabinete  de emergencia, resultante de la crisis estaría compuesto por las organizaciones que habían integrado el anterior, Valeri Mas (CNT), Antoni Sesé  (UGT), Martí Feced (ERC) y Joan Pous (UdR). Destacaba  el hecho de que el nuevo gobierno estaría compuesto por miembros de segunda fila de las organizaciones integrantes, mientras que algunos dirigentes, como Comorera o Aiguader quedarían excluidos en aras a un entendimiento entre ambas partes.
 
            Los representantes del Front d'Esquerres pusieron toda la carne en el asador en las negociaciones. Companys exigió como condición a priori, la retirada de las armas y de los combatientes revolucionarios de las calles de Barcelona, y se negó tajantemente a aceptar la destitución del comisario Rodríguez Sala y del Conseller Artemi Aiguader, tal como exigían los  delegados de la CNT-FAI y del POUM.
 
"El Gobierno rehusó acceder a las exigencias de la CNT de que se retirase la policía, se destituyese a Rodríguez Salas y se obligase a dimitir al ministro Aiguadé, y se negó a seguir discutiendo mientras las calles no quedaran despejadas de trabajadores armados. Este fue sin duda un momento crítico para Companys y los políticos. Al ceder ante los trabajadores revolucionarios, implícitamente admitía que, cuando se llegaba al punto de medir las fuerzas, su poder se basaba en un mito y que los trabajadores armados eran tan fuertes y el Gobierno tan débil como el 19 de Julio. Esto significaba que todos esos meses de intriga, de malabarismos políticos y de maquinaciones podían ser desbaratados en un día. No le quedaba sino un solo camino al Gobierno: ninguna transacción con los trabajadores revolucionarios" (988).
 
            Sin embargo, frente a los sangrientos acontecimientos, ambos bandos se encontraban divididos entre los partidarios de ir a por el todo, y los que buscaban una salida negociada. Mientras se daban las discusiones entre el POUM y los dirigentes de la CNT-FAI, en el seno de éstas se abrían profundas divisiones entre los partidarios y adversarios de la colaboración. En el Front d'Esquerres las posturas también se encontraban divididas entre los que se creían suficientemente fuertes para aplicar una salida militar a la crisis y los que consideraban que todavía había que aprovechar la colaboracionista de la dirección de la CNT; las fuerzas con las que ésta todavía contaba, aconsejaban prudencia (989).
 
            Después de las conversaciones y sin llegar a ningún acuerdo, los más reconocidos dirigentes de ambos bandos lanzaron por radio, repetidos llamamientos para que se terminaran los combates y para que se volviera a la calma.
 
            El dirigente ugetista y del PSUC, Rafael Vidiella invitaba a los combatientes a que aceptasen una tregua incondicional entre ambos bandos, hasta que se llegase a un acuerdo definitivo.
 
"Es indispensable que todos los trabajadores depongan su actitud. Es indispensable que depongan las armas, que se haga el alto el fuego. Que conserve cada cual sus posiciones, pero sin disparar un solo tiro. Nosotros tenemos la certeza de que encontraremos una solución definitiva esta misma noche. Trabajadores: nosotros tenemos fuerzas más que suficientes para vencer al fascismo nacional e internacional, pero con una actitud fratricida como la que se ha planteado no podemos llegar a la victoria definitiva. Hay que hacer el alto al fuego. Nosotros buscaremos esta solución hoy mismo. Catalanes, trabajadores, antifascistas todos: ¡viva la unidad proletaria! ¡viva la unidad antifascista para ganar la guerra! ¡viva la unidad de todos los trabajadores para vencer definitivamente al fascismo nacional e internacional! ¡viva Catalunya! ¡viva la República!" (990).
 
            Por su parte, el anarcosindicalista Juan García Oliver, en aquellos momentos ministro de Justicia, que  acababa de llegar de Valencia con una delegación gubernamental, pronunciaría un llamamiento (del que reproducimos un extracto) con la misma orientación: detener los choques armados entre ambas fracciones.
 
"... hoy tengo que hablaros aquí, camaradas, y tengo que hablaros aquí, amigos, porque pesa sobre nosotros la bíblica maldición de Caín y de Abel... ¿vosotros creéis compañeros, que entre la familia antifascista, que entre los hermanos antifascistas, puede repetirse aquel pasaje bíblico de Caín y matarse los unos a los otros? ¿Creéis y pensáis que esto es posible? ¿pero no veis lo que es España?".
...
"Pensad que hay necesidad de que cese el fuego. Por encima de todo, que cese el fuego. Consérvese cada cual, si así lo cree en sus respectivas posiciones, pero que cese el fuego, aunque quien esté interesado en que no se halle solución a ese conflicto os provoque, cesad el fuego".
 
"...sobre los anarquistas pesa una responsabilidad mayor: la responsabilidad de poner de vuestra parte todo cuanto sea humanamente posible para conseguir la unidad del proletariado, la unidad de los antifascistas. Que no tengan los anarquistas, que no tengan los socialistas, que no tengan los republicanos, que nadie de la familia proletaria tenga que contribuir a deshonrar a sus muertos, al ideal que ahora defendemos por necesidad, por convicción...".
...
"Y ahora siento por mí, bajo el peso de la responsabilidad que vivo y declaro que los guardias que hoy han muerto, para mi son hermanos: me inclino ante ellos y los beso. Los antifascistas que han muerto, los anarquistas que han muerto, para mí son hermanos: me inclino ante ellos y los beso. Los socialistas que han muerto, para mí son hermanos".
 
"Sí, después de decir esto, tengo que añadir: todos cuantos han muerto hoy son mis hermanos, me inclino ante ellos y los beso. Son víctimas de la lucha antifascista y los beso a todos por igual..." (991).
 
            Sin embargo, a pesar de los repetidos llamamientos a evitar   los enfrentamientos, como las negociaciones no habían llegado a ningún resultado concreto aquella noche, los combates continuarían durante todo el día siguiente.
 
            La incredulidad con la que fueron acogidos los llamamientos a la calma que hacían Juan García Oliver y otros líderes cenetistas llegaría a crear la sospecha, entre los combatientes libertarios de que sus dirigentes habían sido detenidos y obligados a hacer aquellas declaraciones (992). Las fuerzas gubernamentales, aprovechando la confusión y el desconcierto  que habían causado las  declaraciones, conseguirían  el mismo día, dos importantes victorias sobre los revolucionarios: la Estación de Francia cayó en manos de la guardia republicana y los trabajadores de La Telefónica, después de dos días de asedio,  acabarían por rendirse a los guardias de Asalto. También los locales del periódico "La Batalla", desguarnecidos, serían incautados por las fuerzas policiales de la Generalitat. Sin embargo, y pese a ello, la situación continuaba sin decidirse por ninguno de los dos bandos.  Aquella misma tarde, los combatientes anarcosindicalistas conseguirían la detención y el desarme de cuatrocientos guardias de Asalto en la Plaza España (993).
 
            Mientras tanto, en el Frente de Aragón se sucedían las noticias sobre los sangrientos sucesos de Barcelona produciéndose una ola de temor y de intranquilidad. Las unidades de  combatientes de la CNT (26 división) y del POUM (29 división),  concentradas en la localidad de Barbastro, sugirieron la posibilidad de abandonar el frente para ir a defender Barcelona, idea rechazada por la Regional de la CNT por considerar que no era necesario (994).
 
            La entrada en la escena de las columnas de combatientes habría debilitado la defensa del frente. Pero en realidad, el problema que se les presentaba a los dirigentes cenetistas, era más político que militar. La llegada de las fuerzas revolucionarias del frente habría decantado rápidamente la situación a favor de los revolucionarios en toda Catalunya,  habría precipitado la ruptura definitiva y habría provocado una nueva guerra civil en la "zona republicana".
            La posibilidad de que la revolución de los comités y la contrarrevolución republicana pudieran enfrentarse por el poder, había sido cuidadosamente evitada por los dirigentes libertarios desde el inicio de la contienda. Ahora tampoco iba a ser diferente.
 
"...la inmensa mayoría de la población estaba con la CNT, y   la mayor parte de las ciudades estaba con la CNT, y la mayor parte de las ciudades y aldeas estaba en manos de nuestras organizaciones. Habría sido fácil atacar el  centro de la ciudad, si así lo hubiese resuelto el comité responsable. Bastaba con pedir el concurso de los comités de defensa de los distritos suburbanos. Pero el Comité Regional de la CNT se opuso a ello. Todo proyecto de ataque fue rechazado por unanimidad, hasta por la FAI" (995).
 
            Las llamadas de los dirigentes libertarios para que los militantes de sus organizaciones abandonaran las barricadas provocó que los ánimos se exasperaran todavía más.
 
"Cuando éstos les ordenaron que abandonaran las barricadas ¡se negaron! Nunca dejarían las barricada, ni ese día, ni al otro, a pesar de todos los llamamientos de sus dirigentes. Sin embargo, esa decepcionante espera de consignas revolucionarias causó alguna vacilación, alguna incertidumbre, que los enemigos aprovecharon para tomar la Estación y la Telefónica..." (996).
 
            El mismo Juan García Oliver reconoció que la persistencia de los combates callejeros, después de los repetidos llamamientos  pacificadores de los dirigentes confederales, eran consecuencia de sentimiento anticolaboracionista de las bases de la CNT.
 
"Por otra parte, se producía un levantamiento contra aquellas capas viejas o anquilosadas del anarquismo y del sindicalismo que no supieron, o no quisieron aprovechar la victoria revolucionaria del 19 de Julio para marchar adelante y realizar el comunismo libertario, prometido hasta la saciedad en miles de discursos a lo ancho y largo del país" (997).
 
            Por la tarde del día 5, los representantes de la CNT hicieron una nueva propuesta: un armisticio entre ambos bandos. La tregua, aunque aceptada de palabra tampoco sería respetada. La gran confusión existente, el hecho de que el alto el fuego no hubiera sido respetado por las fuerzas gubernamentales y los repetidos llamamientos a la calma de los dirigentes cenetistas empezaron a provocar un fuerte descontento en las barricadas.
El malestar de los combatientes, iría siendo capitalizado cada vez más, por las corrientes anticolaboracionistas de la CNT (998). El grupo de "Los Amigos de Durruti", desde las páginas de su periódico "El amigo del Pueblo", llamó a la formación de una nueva Junta Revolucionaria, en la que deberían integrarse todos los sectores revolucionarios,  incluido POUM, que había estado junto a ellos en las barricadas;  la disolución de los partidos que habían apoyado la contrarrevolución republicana (999). El pequeño grupo trotskista, los bolcheviques leninistas lanzó consignas que irían en el mismo sentido de llevar el movimiento insurreccional que acababa de estallar, hasta las últimas consecuencias (1000). El POUM, por otro lado, incapaz de tomar una actitud independiente con respecto al Comité Regional de la CNT   tendría una actitud vacilante y defensiva (1001). La victoria en aquellos momentos dividiría al sector antifascista en dos bandos irreconciliables y sólo beneficiaría a los franquistas. Para finalizar los combates,  el POUM exigió junto a los dirigentes de la CNT, la retirada de la policía, la anulación de los últimos decretos sobre el Orden Público y la dimisión del comisario Rodríguez Salas. El poumismo también defendería la formación de un Frente Obrero Revolucionario y la creación de Comités de Defensa de la Revolución (1002).
 
            Sin embargo, las consignas de los dirigentes confederales no hacían más que aumentar la confusión de los combatientes libertarios, que se habían lanzado a la calle para detener la provocación policial. También una gran parte de la población, desorientada por la prolongación de los combates y por la falta de planes concretos y ordenados de los dos bandos, esperaba que las luchas terminaran cuanto antes para poder volver a la vida cotidiana.
 
"La gente estaba indecisa e inquieta y se preguntaba cómo demonios iba a terminar todo aquello. Dudo mucho que alguien dejase las barricadas, pero todo el mundo estaba harto de aquella lucha absurda, que evidentemente no podía tener ninguna solución efectiva, ya que nadie quería que aquello se convirtiera en una guerra civil de verdad,... los militantes de la CNT querían, y eso desde el comienzo de las hostilidades, solamente dos cosas: que dejaran en paz la Telefónica y que se desarmara a los odiados guardias civiles (Guardia Republicana). Si la Generalitat hubiese accedido a ambas cosas y hubiese prometido además poner fin al mercado negro de productos alimenticios, sin duda las barricadas hubieran desaparecido en un par de horas" (1003).
 
            Por la noche del día 5, la prensa resaltó dos noticias: la formación del nuevo gobierno de la Generalitat y el asesinato del secretario ugetista Antonio Sesé. El PSUC acusó a los anarcosindicalistas de ser los responsables de la muerte del dirigente sindical. El asesinato de uno de sus integrantes fue  el motivo para la disolución del nuevo gabinete que todavía no había tenido tiempo para empezar a existir. También el mismo día, los italianos anarquistas, Camilo Berneri y Barbieri eran asesinados en la Plaza del Angel (la actual Plaza Real), por una patrulla de guardias de Asalto y miembros del PSUC.
 
            La delicada situación y el fracaso de los llamamientos de Juan García Oliver y del resto de dirigentes cenetistas provocó la intervención de la ministra de Sanidad, Federica Montseny que se ofreció personalmente a mediar entre los dos bandos. A pesar de que la situación continuaba sin grandes cambios, los llamamientos de los dirigentes libertarios a poner fin a los combates y sus declaraciones de que se había llegado a un acuerdo satisfactorio empezaron a hacer mella entre los combatientes revolucionarios y algunos abandonaron sus posiciones.
 
            Sin embargo, el día 6 los combates callejeros continuaban todavía. "Los Amigos de Durruti" habían decidido desobedecer las órdenes de la Regional de la CNT y continuar la lucha, siguiendo al fuerte descontento que los llamamientos de ésta, estaban causando entre los militantes. También el POUM volvió a ordenar a sus militantes volver a las barricadas que habían empezado a vaciarse.
 
            Sin embargo, la situación revolucionaria estaba ya en decadencia. La dirección de la CNT había dado sobradas muestras de que, pese a las provocaciones y los avances de sus adversarios, no estaba dispuesta bajo ningún concepto, a romper el frente antifascista para formar una Junta Revolucionaria y tomar el poder.
 
"Todo el mundo parece estar convencido de que los anarquistas y los sindicalistas son los culpables de los trágicos acontecimientos de Barcelona. Nada hay más falso que esta opinión. La CNT y la FAI siempre están dispuestas, igual que lo están ahora, no solamente a mantener el orden público, sino también la unidad necesaria entre los amigos de la libertad, entre todas las fuerzas democráticas del pueblo español."
...
"Estábamos y estamos convencidos de que nuestra finalidad -el comunismo libertario, en la Federación Ibérica Libre y el aniquilamiento del capitalismo- no se puede implantar enseguida...".
...
"La Confederación Nacional del Trabajo y la Federación Anarquista Ibérica en Catalunya, declaran que ni antes ni ahora quieren tomar el poder en sus manos, sino que estamos dispuestos a colaborar honrada y lealmente, con todas las fuerzas antifascistas del pueblo español..." (1004).
 
            La oposición en el seno de la CNT, pese a haber capitalizado  numerosas simpatías entre los combatientes, no podía convertirse de la noche a la mañana en una nueva dirección alternativa.
 
            Tampoco el POUM había dado muestras de decisión y había preferido aceptar las órdenes que habían lanzado los dirigentes libertarios (1005). El movimiento revolucionario, sin dirección, se encontraba en un callejón sin salida.
 
            Durante la noche del día 6, el Comité Regional de la CNT hacía una nueva propuesta, ambos bandos se retirarían de las barricadas, no habrían represalias y los detenidos en los combates callejeros serían liberados inmediatamente. La respuesta de la Generalitat se demoraría más allá del plazo de las dos horas, solicitado por los libertarios. Estaban esperando la llegada de las columnas de refuerzo que se aproximaban desde Valencia.
 
            Efectivamente, de forma simultánea a los hechos y después de los primeros días de combates, el gobierno central había tomado  la iniciativa. Era el momento de intentar dar un golpe definitivo a   los dos obstáculos con los que se encontraba a la hora de extender su autoridad en Catalunya: el movimiento revolucionario y el excesivo poder que había tomado para si, el gobierno  de la Generalitat. El primer adversario podría ser sometido, gracias a la actitud conciliadora de la CNT, organización que contaba con  destacados representantes en el gabinete. Con respecto a la Generalitat, el  gobierno de Valencia aprovecharía su manifiesta debilidad frente a los revolucionarios para arrebatarle las "excesivas" atribuciones de las que se había apropiado, aprovechando el derrumbe del Estado republicano y que, desde entonces, cuestionaban su autoridad (1006).
 
            Una flota de la marina republicana (la misma que no había participado en la defensa de Málaga) fue enviada hacia el puerto de Barcelona, mientras una columna de 5.000 guardias de Asalto,  procedente del frente del Jarama, marchaba por tierra para hacerse con el control del orden público en Catalunya. La noticia del avance de la columna armada y de que ésta  había sido  interceptada en Tortosa por los revolucionarios llegó a la regional de la CNT, que amenazó al gobierno catalán con la ruptura de las negociaciones si no se respetaba la tregua que se había pactado el día anterior. En la misma madrugada, el gobierno  autónomo aceptó el alto el fuego.
 
            Pese a algunas escaramuzas esporádicas, en la mañana del día 7, la dirección de la CNT invitó a sus afiliados a abandonar las barricadas y  volver a sus casas,  después  de  que  se   hubiera alcanzado un acuerdo definitivo.
 
"A todos los trabajadores de la CNT. Habiéndose llegado a un acuerdo por ambas representaciones políticas y sindicales, se os hace saber que recibiréis las oportunas órdenes de los comités responsables a fin de restablecer completamente la normalidad. Al mismo tiempo se os recomienda que tengáis la serenidad que requieren los momentos actuales, no respondiendo a las provocaciones que puedan surgir por parte de los elementos interesados en que perdure este estado de perturbación" (1007).
 
            En esta ocasión, la orden sería obedecida.
 
"La burguesía había ganado una señalada victoria; la revolución social había sufrido una decisiva derrota" (1008).
 
            Al anochecer del mismo día, la columna de 5.000 guardias y 120 camiones, procedente de Valencia entraba en Barcelona con el grito de "U.H.P." (¡Unidad, Hermanos Proletarios!). También el mismo día llegaba a la capital catalana el teniente coronel Emilio Torres Iglesias que sustituiría a Rodríguez Salas en la Dirección del Orden Público. La destitución del responsable directo del asalto a la central de la telefónica, y el hecho de que su sustituto fuera un antiguo consejero de la columna cenetista "Tierra y Libertad" calmó a los inquietos dirigentes anarcosindicalistas. De esta forma, el gobierno de la  Generalitat perdía una de las principales competencias asumidas  durante el vacío político. De forma simultánea, el gobierno central también nombraba al general Pozas, como máximo dirigente de las columnas del frente aragonés.
            Sin control sobre las fuerzas policiales y el ejército catalán, el gobierno de la Generalitat quedaba completamente subordinado al de la República.
 
"La primera consecuencia visible, en todo caso, fue el fin de la Autonomía catalana, y el control por el Estado y por el gobierno de Madrid de los engranajes esenciales de la vida política y económica del país" (1009).
 
            Numerosos historiadores y testimonios de la época han caracterizado las jornadas barcelonesas de Mayo de 1937, de  formas muy diferentes. No corresponde a este trabajo, la tarea  de analizar en profundidad los hechos, ni tampoco entrar en la polémica. Pero sí que es conveniente que saquemos nuestras propias conclusiones, en tanto en cuanto, estos acontecimientos fueron el punto y final de la decadencia del poder revolucionario que se había iniciado con la disolución del Comité Central de Milicias Antifascistas de Catalunya. Hay que desestimar por completo la idea de que los hechos de Mayo fueran el resultado de una conspiración franquista, a través del POUM y de los sectores más radicales de la CNT y de la FAI. Idea que prevaleció en la historiografía oficial estalinista durante muchos años.
 
"Los sucesos de Mayo han sido el contragolpe de una fuerza colérica y agonizante. Los <<anarco>> al comprobar la disminución  de sus efectivos humanos y de sus recursos y advertir que el pueblo conocía y señalaba sus fracasos se condujeron, por histeria, por cansancio, por temor, como unos bárbaros. Privados de facultad crítica, dada su inaptitud para la duda, no preveyeron la espantosa ruina de su <<putsch>>... pero la FAI, protagonista de los sucesos de mayo representó en ellos una fuerza oscura y sin conciencia, manejada por el POUM" (1010).
 
            Tampoco parece creíble,  o por lo menos parece dudosa, la tesis de que el asalto a la central telefónica barcelonesa formaba parte de una conspiración del PSUC y de los nacionalistas catalanes, para restablecer definitivamente el poder republicano (1011). Una variante de esta tesis, sería la lanzada por Vicenç Guarner, en la que considera que existió una provocación de los servicios secretos estalinistas en Catalunya.
 
"(memorias de un agente de la GPU)... La verdad es que la rebelión de Barcelona no fue sino una conspiración llevada a cabo con éxito por la GPU. >>La lucha empezó con un ataque dirigido por agentes de la GPU encabezados por el comisario comunista Rodríguez Sala contra la central telefónica" (1012).
 
            George Orwell, privilegiado testigo de los acontecimientos, ha recogido dos cuestiones por las que quedaría descartada la sospecha de que hubiera existido un plan preestablecido (1013).
Si la conspiración hubiera existido, Companys y Comorera habrían intentado asegurarse del triunfo reforzando las fuerzas que iban a serles leales en los combates. Lo mismo se podría decir de los  anarcosindicalistas y del POUM. En cambio, la forma en la que se desarrollaron los hechos, deja claro que la improvisación jugó un papel fundamental en los dos bandos.
            El segundo elemento que George Orwell tiene en cuenta es el de los víveres. Poco después de empezar los combates, apareció una grave escasez de comida en la ciudad. Ninguno de los dos bandos enfrentados tenía grandes cantidades de comida almacenada para poder asistir a sus combatientes.
 
            El complot fraguado por los sectores revolucionarios es todavía menos creíble (1014). Ni la trayectoria política del POUM, ni tampoco la de la CNT-FAI, ni las posturas manifestadas durante el conflicto, nos permiten considerar seriamente esta posibilidad. Los dirigentes de la CNT-FAI, desde los primeros momentos, se manifestaron claramente por una negociación que pusiera punto y final a los combates y exigieron a cambio, tan solo volver a la situación que existía antes del 3 de Mayo.
           
            Tampoco la oposición anticolaboracionista  en el seno de la CNT estaba lo suficientemente organizada como para poder conspirar por su cuenta y riesgo. La prueba más palpable de la inexistencia de una conspiración revolucionaria estuvo en que los combatientes, dominando nueve décimas partes de Barcelona, mantendrían durante todas las jornadas una actitud defensiva.
 
            El POUM, por su parte, llamaría a la conquista del poder por los trabajadores revolucionarios, pero toda su política, seguiría  estando condicionada a la voluntad expresada por los líderes anarcosindicalistas.
 
"No hay más que una salida progresiva, para el proletariado y la victoria militar, de la situación presente: la conquista del poder. Durante las jornadas de Mayo lo tuvo al alcance de la mano. Si no lo tomó fue, fundamentalmente, porque sus organizaciones tradicionales, inspiradas por la doctrina anarquista, no se planteaban el problema y porque nuestro partido, que no ha cesado de plantearlo durante todo el curso de la revolución, es una organización minoritaria y joven, sin fuerza suficiente todavía para tomar sobre sí la responsabilidad de orientar la lucha en este sentido" (1015).
 
            Un hecho que hay que tener en cuenta también, es la acumulación de armamento en la retaguardia que llevaban a cabo los partidos y los sindicatos en ambos bandos. Dos meses antes, el 5 de Marzo, la prensa anarcosindicalista había denunciado el robo de una docena de carros blindados por el PSUC (1016).
 
"Hubo que distraer armas del frente, dinamita, bombas de fabricación rudimentaria, cócteles Molotof. Se acumularon miles de sacos de arena. Decisiva fue la sustracción de armas que hicimos del primer barco ruso que llegó con armamento a Barcelona. En camiones, trasladamos ese armamento a los depósitos nuestros".
...
"Esa determinación la habíamos tomado antes de conocer el plan subversivo de los faístas. Bien sabíamos que ellos acumulaban armas en cantidades considerables..." (1017).
 
 
            En su testimonio, Joaquín Almendros, Secretario Militar del PSUC, ha justificado los preparativos de su partido, por "el plan subversivo" que supuestamente habían puesto en marcha los sectores radicales. Sin embargo, Almendros no ha aportado  ninguna prueba, salvo la supuesta acumulación de armamento que llevaban a cabo los anarconsindicalistas. Para todo el mundo era evidente que, más tarde o más temprano, el enfrentamiento entre los partidarios de la revolución y los de la restauración republicana iba a producirse. La acumulación de armas  que hacían ambos bandos y la negativa de los obreros revolucionarios a desarmarse, reflejaban el clima de hostilidad y de desconfianza que existía.
 
            Una vez más, Joaquín Almendros nos ha revelado las causas de la creciente tensión que existía en Catalunya y en el resto de la zona antifascista.
 
"Desde el comienzo de la guerra civil, los partidos de Acción Catalana, Esquerra de Catalunya, Partido Socialista Unificado de Catalunya y otros grupos más, e incluso el propio Gobierno de la Generalitat, trataron de cambiar la correlación de fuerzas, como única forma de organizar las columnas de militares, la administración, la economía, la moral de la retaguardia y también la imagen y finalidad de nuestra guerra" (1018).
 
            Efectivamente, desde la integración del Comité Central de Milicias en la Generalitat (y desde la entrada de la CNT en el gobierno republicano central) los trabajadores revolucionarios, los que habían salido triunfantes de los enfrentamientos de Julio, pudieron comprobar como la correlación de fuerzas se deterioraba cada vez más en su contra. Las milicias estaban en proceso de integración en el nuevo Ejército Popular; las patrullas de control eran presionadas para conseguir su disolución;  los comités revolucionarios se disolvían, o eran prácticamente ilegalizados; en el seno de las colectivizaciones agrarias o urbanas, la intromisión y el control gubernamental eran cada vez más fuertes... Los sectores revolucionarios veían con creciente tensión, como día a día, la revolución de Julio se disipaba para dejar paso, cada vez más, a un capitalismo y a un gobierno republicano restaurados.
 
"La disputa por la Telefónica de Barcelona era un simple incidente dentro de un largo proceso. Desde el año anterior, gradualmente se había ido despojando a los sindicatos de todo poder efectivo, y el curso de los acontecimientos escapaba de las manos de la clase obrera y se orientaba hacia un poder centralizado, hacia un capitalismo estatal, o, posiblemente hacia el retorno al capitalismo privado" (1019).
 
            El asalto a la central telefónica de Barcelona había sido la  chispa que había encendido el barril de pólvora de la situación   que existía en la zona republicana. Desde la integración del Comité Central de Milicias en el gobierno de la Generalitat, los partidarios de la restauración republicana habían  llevado a cabo una política decidida de tanteos. Si los anarcosindicalistas, todavía fuertes, no estaban dispuestos bajo ningún concepto, a  dar por zanjada su colaboración con el gobierno, y para ello no hacían otra cosa que retroceder, la táctica del tanteo seguía siendo ventajosa'.
 
"... era evidente que la GPU estaba complotando para eliminar a los elementos <<incontrolables>> en Barcelona y asumir el control por cuenta de Stalin..." (1020).
 
            Sin duda alguna, Comorera y Companys estaban dispuestos a acabar con el poder de los anarcosindicalistas, pero para ello era mejor agotar la política de tanteos, que tan buenos resultados les había dado hasta el momento. Si los dirigentes de la CNT estaban dispuestos  a mantener su actitud colaboracionista ¿porqué no seguir utilizándolos?. Después ya habría tiempo suficiente para ajustar las cuentas. Para comprender esta actitud vale la pena volver a citar a Vernon Richards.
 
"Los políticos no desperdiciaron la oportunidad que les brindaba esta disposición de ánimo de la jefatura de la CNT. Qué mayor condenación de semejante jefatura que la respuesta de Companys a un periodista extranjero que en Abril de 1937 pronosticaba que el asesinato de Antonio Martín, alcalde anarquista de Puigcerdá, y de tres de sus compañeros, desencadenaría una revuelta: <<(Companys) se rió desdeñosamente y dijo que los anarquistas capitularían como siempre>>" (1021).
 
            La correlación de fuerzas había cambiado radicalmente entre los meses de Octubre de 1936 y Mayo de 1937. En el momento de la disolución del Comité de Milicias, los revolucionarios eran los dueños indiscutibles de la situación; en Mayo de 1937, la iniciativa estaba totalmente en manos de sus adversarios del PSUC. Sin embargo, el debilitado movimiento anarcosindicalista todavía tenía capacidad para recuperarse, la reacción de sus bases y las del POUM durante las jornadas barcelonesas de Mayo así lo demuestran. El 4 de Mayo, la CNT-FAI-POUM tenían prácticamente en sus manos el poder en la Catalunya revolucionaria, pero del mismo modo que el año anterior, tuvieron que ceder.
 
            En cualquier caso, el intento de ocupar la telefónica  habría formado parte de esta política de avances por tanteo.
 
            Hasta el momento, la CNT-FAI no habían hecho otra cosa que retroceder. Habían retrocedido a regañadientes en el proceso de  militarización de las milicias; habían firmado los decretos de disolución de los comités revolucionarios; se habían adaptado al protagonismo creciente del gobierno de la Generalitat en la economía colectivizada. ¿Porqué no iban a aceptar una política de hechos consumados en la ocupación del principal edificio de comunicaciones?. Lo que había desbordado las previsiones del PSUC y de Companys no era la actitud de los dirigentes libertarios, sino la reacción espontánea de las bases. No existía ningún plan preconcebido o madurado, no había ninguna actitud decidida  a relanzar el movimiento revolucionario, por parte de las organizaciones más izquierdistas.
 
"Lo que puede deducirse de lo que se decía en aquellos días en que nadie tenía intenciones realmente revolucionarias. Los que estaban en las barricadas solían ser obreros de la CNT probablemente mezclados con algunos de la UGT, y lo que se proponían no era derribar al gobierno, sino oponerse a lo que consideraban, con razón o sin ella, un ataque de la policía..." (1022).
 
            Los trabajadores habían respondido espontáneamente y con las armas en la mano, a la tensión creciente a la que se sentían sometidos por la Generalitat y por los partidarios de la liquidación de las conquistas revolucionarias. El intento de  ocupación  del edificio de la Telefónica y las llamadas de auxilio de los trabajadores de la CNT-UGT que ocupaban   las instalaciones había sido la gota que había colmado el vaso. El  asalto a la Telefónica se había convertido en el símbolo y en el canal de expresión de su estado de ánimo.
 
            La derrota de los revolucionarios barceloneses en mayo, se convirtió en el punto final de la situación aparecida el año anterior. La actitud de los dirigentes durante los combates, provocó un fuerte grado de desmoralización entre lo sectores más radicalizados de las bases confederales. En los llamamientos realizados por los líderes de ambos bandos  se había hablado de que no habían vencedores ni vencidos, la realidad pronto demostraría lo contrario. No era el momento de mostrar generosidad con los vencidos, sino de dar los pasos necesarios para consolidar el triunfo definitivo del poder republicano, evitando a toda costa, que las brasas de la revolución de los comités pudieran volver a prender.
 
            Apenas los combatientes habrían vuelto a sus casas, y sintiéndose el gobierno de la Generalitat, reforzado por la llegada de la columna armada procedente de Valencia, los acuerdos negociados con los líderes cenetistas serían incumplidos. Los presos revolucionarios, detenidos en los combates callejeros no fueron puestos en libertad y al parecer, muchos de ellos serían posteriormente asesinados en las checas y en las mismas prisiones en las que se encontraban retenidos. Otros militantes caerían asesinados por  las calles, o serían sacados de sus domicilios para desaparecer sin dejar rastro (1023). La situación también sería  aprovechada por las nuevas autoridades, para imponer un férreo sistema de censura sobre la prensa de las organizaciones izquierdistas.
 
"En las semanas subsiguientes se sucedieron en Catalunya detenciones en masa, encierros en cárceles clandestinas, torturas, raptos y asesinatos. así como la destrucción de colectivos agrícolas y urbanos. El terror espontáneo, carente de  dirección de la CNT y la FAI en el apogeo de la revolución había cedido el lugar, ahora, al terror más elaborado, dotado de una dirección central y, por consiguiente, más temible, de los comunistas" (1024).
 
 
 
            La victoria gubernamental tuvo sus primeros efectos en el orden público. Mientras los efectivos de la guardia republicana procedente de Valencia, dirigidos por el teniente coronel Emilio Torres, se adueñaban del control de las calles, las patrullas obreras quedaban definitivamente ilegalizadas y desarmadas.
 
            Pocos días después de los combates, el 11 de Mayo, el gobierno de Valencia nombraba a José Echevarría Novoa como delegado del gobierno central del Orden Público en Catalunya. Era la prueba definitiva de que Largo Caballero no iba a dejar escapar la ocasión para imponer la autoridad de su gobierno en la totalidad de la zona republicana.
 
            Los comités supervivientes de todo el período de decadencia del poder revolucionario serían disueltos, quedando consolidada la autoridad de los nuevos ayuntamientos.
 
"La disolución de las patrullas fue un duro golpe para la CNT y la FAI. No lo fue menos la pérdida de su poder en incontables ciudades y pueblos. El 15 de Mayo, los comités revolucionarios, que hasta entonces habían opuesto resistencia al decreto de la Generalitat del 9 de Octubre de 1936... fueron declarados ilegales. En la práctica, muchos de los comités fueron desplazados por los guardias y carabineros recién llegados aún, antes de su disolución oficial de mediados de Mayo" (1025).
 
            Una vez disueltos los comités y las patrullas revolucionarias, integradas definitivamente las milicias en el nuevo Ejército Popular, la economía colectivizada también quedaría sometida a la autoridad de las instituciones republicanas. El gobierno de la Generalitat no tendría ya ningún obstáculo que pudiese oponerse a su control sobre las fábricas y sobre la producción. El control obrero y sindical desaparecería de las  empresas para dar paso a un estricto mecanismo burocrático de interventores.
 
            Las características revolucionarias de las colectivizaciones habían desaparecido definitivamente.
 
"(Después de la derrota de los revolucionarios).., el 20 de Noviembre de 1937, la Generalitat dictó un decreto titulado de intervenciones especiales o "totales y directas", que suponía una intervención más intensa, parecida a una dirección y control directos sobre la empresa por parte de los interventores de la Generalitat.
...
"La gran cantidad de interventores y su sistema de  nombramiento hacía que la Administración pudiese esperar poco de ellos, ya que siendo a menudo miembros de la misma empresa, se sentían más cerca de los obreros que del Departamento. Por esto, para reducir su número y permitir una selección <<más técnica>>, el decreto del 6 de Abril de 1938, preveía la posibilidad de nombramiento de un interventor delegado por un conjunto de  empresas, con subdelegados en los diferentes establecimientos" (1026).
 
 
            La consolidación del control del gobierno de Valencia en Catalunya y el desmantelamiento de los últimos restos del poder revolucionario fueron acompañados por una agresiva campaña del PSUC y del PCE acusando al POUM de ser una organización controlada por los fascistas, y de haber instigado los sangrientos acontecimientos que acababan de suceder (1027).
 
"Después de los hechos de mayo la campaña del PSUC contra el POUM y el <<trotskismo>> fue despiadada y aniquiladora. Ya antes del <putsch>, Treball acusaba al POUM de la muerte de Roldán Cortada, pero el día 6 de Mayo, cuando la normalidad empezaba a restablecerse, en un editorial reincidía contra el trotskismo: el <<trotskismo criminal, atizador e inductor de discordias y de sabotajes al país amigo y hermano de la URSS ha puesto su garra en Catalunya y pretende ahogarla con sangre y llenarla de vergüenza" (1028).
 
            El objetivo de la campaña del PCE-PSUC era aprovechar la derrota del movimiento revolucionario en Catalunya, para barrer definitivamente del mapa al antiestalinista POUM. La liquidación del POUM cumpliría dos importantes objetivos: la desaparición de un grupo extremadamente molesto, que había denunciado desde los primeros momentos las purgas de la vieja guardia bolchevique en la URSS, a manos de la camarilla estalinista, y por otra aislaría todavía más a la agonizante CNT, que sería hábilmente eliminada del nuevo gobierno de la Generalitat, el 29 de Junio.
 
            El rechazo de Largo Caballero a convertirse en un instrumento del PCE y del ala derecha de su propio gobierno hizo que éste se opusiera a la campaña contra el POUM. El día 11 de Mayo, el órgano de prensa de la Izquierda Socialista contestaba tajantemente a las presiones comunistas.
 
"Si el gobierno tuviese que aplicar las medidas de represión a que lo incita la sección extranjera del Komintern, obraría como un gobierno de Gil Robles o Lerroux, destruiría la unidad de la clase obrera y nos expondría al peligro de perder la guerra y minar la revolución... Un gobierno integrado en su mayoría por representantes del movimiento obrero no puede utilizar métodos propios de gobiernos reaccionarios y de tendencias fascistas" (1029).
 
            Sin embargo, la oposición de los caballeristas no podía ocultar su creciente debilidad política. La bancarrota en la que se encontraba el anarcosindicalismo debilitaba a la Izquierda Socialista y la colocaba en un callejón sin salida que iba a ser aprovechada por sus adversarios para proceder a derrocar a Largo Caballero. El 15 de Mayo, en el Consejo de Ministros, el ministro de Agricultura y militante del PCE, Uribe, exigía que se decretara la disolución del POUM. La negativa del líder socialista desató la crisis del gabinete. Los ministros del Partido Comunista abandonaron la reunión. Mientras los socialistas de izquierda y los anarcosindicalistas apoyaron  la postura de Largo Caballero, los republicanos y los socialistas moderados de Prieto se negaban a aceptar la continuidad del gabinete (1030). Largo Caballero se  vería obligado a dimitir.
            La ocasión para el cambio de gobierno ya había madurado. El anarcosindicalismo, principal apoyo de Largo Caballero y de los socialistas de izquierda en el gabinete, estaba completamente desprestigiado ante sus bases y había demostrado que no estaba  dispuesto buscar una salida revolucionaria. Todo el territorio republicano estaba ahora bajo la autoridad indiscutible del gobierno y no existía ya, ninguna fuerza revolucionaria que pudiera oponerse a la constitución de una República democrático burguesa. Largo Caballero había sido útil en los meses anteriores, como la imagen respetable de la República, frente a los revolucionarios. Ahora ya no era necesario y su pretensión de  no llevar las cosas lo convertían en un estorbo que tenía que ser apartado.
 
            El presidente Azaña delegó de nuevo, el primer intento para formar el nuevo gabinete, en Largo Caballero. En las nuevas negociaciones los representantes del PCE exigieron que las carteras de la Guerra y Gobernación estuvieran en manos de "personalidades que disfrutaran del apoyo de todos los partidos y organizaciones que constituyen el gobierno" (1031). Finalmente la alianza entre los prietistas, los republicanos de izquierda y los comunistas en torno a las posiciones de estos últimos impidió que Largo Caballero pudiera formar un nuevo gabinete.
 
            La candidatura de Juan Negrín, secretamente preparada por la alianza, desde hacia algún tiempo, fue anunciada el 17 de Mayo.  Socialistas de Izquierda y cenetistas se negaron a participar en el nuevo gabinete. La contrarrevolución republicana había triunfado definitivamente sobre la revolución de los comités. La ilegalización del POUM se produciría poco después. Numerosos militantes y dirigentes de esta organización fueron encarcelados, y su secretario general, Andreu Nin sería, pocas semanas después, secuestrado y asesinado por agentes estalinistas (1032). El anarcosindicalismo y los socialistas de izquierda, quebrados políticamente con la liquidación del movimiento revolucionario, se dejarían arrastrar por los triunfadores, sin poder oponerse eficazmente hasta el final de la guerra. Resulta patética la descripción que nos ha  hecho Juan García Oliver, de vuelta a Barcelona, después de que la CNT quedara excluida del nuevo gobierno.
 
"En apariencia, la CNT conservaba toda su fuerza, tanto en los frentes de Aragón como en los sindicatos y las colectividades de la retaguardia. Pero había desaparecido lo que era esencial para toda gran lucha: el espíritu combativo. Desde ese punto de vista, la CNT era como un saco hinchado y vacío. Aunque lo hubiese deseado, no podría emprender ninguna acción decisiva contra los usurpadores negrinistas, vencerlos y conservar las posiciones en los frentes" (1033).
 
            Sin embargo, el precio a pagar iba a ser muy alto. La desmoralización de los sectores revolucionarios y el cansancio de una población trabajadora que no se sentía representada por ninguno de los bandos y que esperaba que la guerra terminara cuanto antes aumentaba sin cesar. La victoria de Franco era ya sólo una cuestión de tiempo.
 
6. UNA REFLEXIÓN FINAL SOBRE LA DUALIDAD DE PODERES EN LA REVOLUCIÓN ESPAÑOLA.
 
6.1 El período prerrevolucionario.
 
            El proyecto republicano pretendió superar el grave atraso que paralizaba al estado español desde hacía más de tres siglos y que lo había convertido en el eslabón más débil de la cadena capitalista europea. Frente al fracaso de la dictadura bonapartista del general Primo de Rivera, los dirigentes republicanos contaban con el capital político que les proporcionaba su alianza con una gran parte de las organizaciones obreras. Desde este punto de vista, la proclamación de la República el 14 de Abril de 1931, sería recibida de forma entusiástica por casi todas las clases sociales. Sin embargo, el clamor popular no podía esconder que la recién nacida II República había aparecido en medio de un mar que amenazaba con tormenta. La aparente unanimidad a favor de la República ocultaba intereses irreconciliables que pronto surgirían en la escena política.
 
            La burguesía y los sectores sociales dominantes esperaban que la República conseguiría disipar la amenaza revolucionaria que había empezado a adivinarse en el último período de la dictadura, y los unificaría en torno a un proyecto modernizador del capitalismo español. Para poder equiparar la economía a las grandes potencias era indispensable superar los problemas tradicionales que afectaban al país, la falta de articulación y desarrollo de sus mercados, la reforma agraria, el excesivo peso de la Iglesia, la tradición intervencionista del ejército en la política interna, la incapacidad de las clases dominantes para unificarse en torno a un proyecto económico...
 
            Las clases medias también saludaron la llegada de la República como el proyecto que permitiría superar la crisis y el impás del antiguo régimen y que traería consigo un nuevo período de bonanza económica del que resultarían beneficiadas.
 
            Por otro lado, una gran parte del proletariado y del campesinado pobre identificaban, bajo la influencia política del Partido Socialista, la instauración de la República con el cumplimiento de la primera etapa de la "revolución" (1034). El socialismo llegaría "fatalmente" como una fruta madura, después del agotamiento del proyecto republicano. El anarquismo, tradicionalmente apolítico, presionado por el entusiasmo popular, procedería a apoyar a la coalición de centro izquierda, convencido de que el final de la represión y la instauración de las libertades democráticas proclamadas por la República les permitiría un mayor desarrollo de sus organizaciones.
 
            Sin embargo, el nuevo régimen se agotaría en apenas cinco años de existencia, después de demostrar su incapacidad para satisfacer los intereses antagónicos de las diferentes clases sociales. La impotencia republicana se vería agravada durante todo este período, por la crisis galopante que afectaba a todo el sistema capitalista mundial y por el ascenso de los fascismos en gran parte de Europa.
 
            La República se vió imposibilitada para satisfacer lo que de ella demandaban las clases populares, sin afectar gravemente los intereses de la burguesía y del resto de los sectores sociales dominantes. Los intereses de estos sectores se entrelazaban fuertemente formando un solo bloque, de manera que cualquier medida que pudiera ser llevada a cabo afectaría a la totalidad de las clases privilegiadas.
 
            La timidez con la que fueron abordadas las limitadas reformas, por los gobiernos de la coalición republicano socialista, acabaría provocando una fuerte crispación entre el movimiento obrero y el campesinado pobre. Paradójicamente, la República procedería a reforzar las leyes represivas, como una medida contra los intentos de las clases populares de resolver sus demandas por otros métodos que no fueran los estrictamente parlamentarios.
 
            El triunfo electoral de la derecha y del centro, en las elecciones de Noviembre de 1933 provocaría la ruptura de la  coalición republicano socialista y el viraje hacia la izquierda del Partido Socialista. El anarcosindicalismo, frustrado por la experiencia del bienio anterior, volvería a su tradicional apoliticismo. Sin embargo, el proceso de radicalización del Partido Socialista estaba provocado por otro mucho más extenso en el seno de las capas populares, frustradas por la experiencia republicano-socialista, y atemorizadas por el triunfo de una derecha que amenazaba con liquidar las libertades democráticas y anular los escasos avances que se habían llevado a cabo durante el período anterior.
 
            En Diciembre de 1933 se creaba en Catalunya la primera Alianza Obrera, por iniciativa de las pequeñas organizaciones comunistas disidentes (trotskistas y bloquistas). Con posterioridad, aparecerían nuevas alianzas en Madrid, Asturias y en otros lugares del estado. La participación del Partido Socialista y de la UGT potenciaría decisivamente los nuevos organismos. A pesar de la oposición del anarcosindicalismo (salvo en Asturias) y del Partido Comunista oficial, la aparición y desarrollo de las Alianzas Obreras reflejaba la radicalización de los trabajadores. Los nuevos organismos, verdadero frente de las organizaciones obreras (la pequeña burguesía estaba excluida), reflejaban el profundo sentimiento de unidad de los trabajadores frente a la amenaza autoritaria de la derecha. Las características de las Alianzas Obreras cobran especial importancia como antecesoras de los comités y de las Juntas que aparecerían al calor de la revolución de 1936.
 
            La entrada de la derecha (CEDA) en el gobierno radical de Lerroux sería la señal para el desencadenamiento de una huelga general, convocada por los socialistas, que tendría efectos desiguales en todo el país. Las Alianzas Obreras jugaron un papel importante pero desigual en dichos acontecimientos. Sin embargo, sólo en Asturias la situación tendría características insurreccionales, en gran parte debido a la unidad de la clase obrera de la región (la CNT asturiana se mostró dispuesta a formar parte de las Alianza desde su fundación, mientras que el PCE se había unido en vísperas de la insurrección). La unidad, el convencimiento de que la insurrección revolucionaria se estaba desarrollando por todo el país y el convencimiento de que por fin, estaban luchando por el esperado socialismo impulsó a los trabajadores asturianos a resistir durante dos semanas a las tropas legionarias provenientes de Africa, enviadas por el gobierno para sofocar la rebelión. Sin lugar a dudas, la experiencia de las Alianzas Obreras y los acontecimientos revolucionarios fueron un ensayo de lo que iba a ocurrir, apenas dos años más tarde.
 
            A pesar de la derrota de los revolucionarios, los hechos de Octubre supusieron un fuerte golpe para los objetivos de la derecha. Primero, habían sido sus planes para dotarse de una amplia base social, aprovechando las condiciones favorables de la victoria electoral, los que habían terminado en un rotundo fracaso reflejado en las frustradas concentraciones de El Escorial y de Covadonga (1035). La debilidad de las clases medias españolas constituía una pesada carga sobre los planes de la derecha. Ahora, después de la insurrección de Octubre, la coalición gubernamental del centro y de la derecha se encontraba dividida en torno a las medidas que había que tomar. La energía desencadenada por los revolucionarios asturianos había conseguido paralizar los planes autoritarios de la derecha.
 
"El mismo ministro de la Guerra admitió que de haber surgido levantamientos en otras zonas del país, el ejército no hubiera podido hacerse con ellos. Por otra parte, el mismo ejército se había mostrado suficientemente republicano en espíritu para tener que echar mano de los mercenarios africanos para llevar a cabo la represión" (1036).
 
            Efectivamente, la derecha había fracasado en sus intentos de alcanzar el poder por la vía democrática, tal como lo había hecho Hitler en Alemania o Dolfus en Austria. El gobierno de coalición, debilitado y desunido, pronto entraría en crisis, mientras que la radicalización del campesinado pobre y del movimiento obrero urbano pronto volvería a ponerse en marcha, con inusitado vigor.
 
            El agotamiento del proyecto republicano empezaba a reflejarse en la creciente polarización social. El fracaso del "bienio negro" sería la causa de que las clases propietarias abandonasen definitivamente los proyectos políticos de la derecha y de la extrema derecha, para depositar su confianza en el ejército, como el único salvador de sus intereses.
 
            Sin embargo, en el seno de la izquierda el efecto de los hechos de Octubre era otro muy distinto. El proyecto de las viejas Alianzas Obreras sería abandonado por la mayoría de las organizaciones. Mientras los trabajadores se desplazaban hacia la izquierda, frustrados por la experiencia de la coalición republicano-socialista (1931-1933) y por la amenaza fascista (1934-1935), el Partido Socialista y el Partido Comunista olvidaban sus viejos radicalismos para recuperar la vieja alianza con los republicanos, en nombre de la unidad antifascista.
 
            El moderado programa político del Frente Popular era una promesa a las clases dirigentes de que las organizaciones obreras estaban dispuestas a seguir dentro de la República parlamentaria y que rechazaban secundar cualquier tipo de aventura revolucionaria.
 
            La participación de los partidos socialista, comunista y del POUM y el apoyo prestado por el anarcosindicalismo conseguirían centrar momentáneamente las ilusiones del movimiento obrero y del campesinado pobre en la coalición electoral. Sin embargo, la situación era fuertemente inestable. El contenido liberal del programa político del Frente Popular y la radicalización creciente de las clases populares eran demasiado antagónicos para engañar a alguien,
 
"Los días siguientes a las elecciones estuvieron señalados por diversos movimientos: entusiasmo, pero temor también entre los vencedores; pánico o rebelión entre los vencidos" (1037).
 
            Mientras los trabajadores consideraban que la victoria del Frente Popular significaría la inmediata liberación de los "héroes de Octubre" y el freno electoral a los planes de una derecha que poco antes había enseñado sus dientes (después ya habría tiempo para satisfacer sus demandas), las clases dirigentes volcaban su apoyo en los avanzados planes conspirativos del ejército. Mientras tanto, las clases medias tendían a dividirse en torno a los dos grandes polos que se preparaban para enfrentarse.
 
            Efectivamente, la victoria del Frente Popular sería la señal para el inicio de las movilizaciones. Si las ilusiones en el gobierno republicano de izquierdas hubieran sido tan importantes como aparentaba el apoyo electoral, el triunfo habría dado lugar a un período de paz social, en espera de que las iniciativas parlamentarias cumplieran sus reivindicaciones. Sin embargo, apenas conocido el triunfo electoral de la izquierda, las cárceles fueron asaltadas por la multitud para liberar a los presos, sin que la población estuviera dispuesta a esperar la prometida amnistía. Esto sólo sería el principio.
 
"En los meses que precedieron a la guerra civil se produjeron un promedio de diez a veinte huelgas diarias, llegando a contarse 400.000 o 500.000 huelguistas en un solo día. Las masas se lanzaron a la calle y libertaron a los presos sin, sin esperar a que el gobierno promulgara la amnistía para los 30.000 presos políticos" (1038).
 
            La situación en el campo era similar a la de las ciudades. Los jornaleros y el campesinado pobre iniciaron una oleada de ocupaciones de las grandes propiedades. Con sus propios métodos demostraban que ya no estaban dispuestos a esperar.
 
            El período comprendido entre Febrero y Julio demuestra que la República y el Frente Popular eran en realidad, un cascarón vacío que no representaba a ninguna clase social. Apenas formado, el gobierno republicano de izquierdas tuvo que enfrentarse a sus propias bases sociales que se situaban claramente a su izquierda.
 
"Lo que estaba en juego era el mismo sistema social. Las masas, de forma espontánea y confusa, reclamaban la revolución social, no la democracia republicana o la revolución democrático-burguesa. <<Puede decirse, sin exagerar, que su <programa mínimo> era la revolución social>>" (1039).
 
            Cabe destacar que, durante este período prerrevolucionario, las organizaciones obreras, integradas en el Frente Popular o situadas a su izquierda, no acompañaron el proceso de radicalización de sus propias bases sociales. La Izquierda Socialista que había conseguido capitalizar el apoyo de gran parte de la población trabajadora, rebajaba los planteamientos que la habían llevado a apoyar temporalmente al Frente Popular. En el mes de Abril, en plena auge de las movilizaciones, las páginas de "Claridad" todavía reclamaban la concesión de una tregua para el gobierno republicano (1040). En el mismo período, el Partido Comunista reivindicaba la consolidación del Frente Popular y el cumplimiento inmediato de su programa electoral (1041). El anarcosindicalismo y el poumismo apoyaron las movilizaciones populares y denunciaron la conspiración militar que estaba en marcha. Sin embargo tampoco en este caso se adoptarían medidas adecuadas ante los acontecimientos que iban a desencadenarse. El Congreso de Zaragoza convocado por la CNT a principios de Mayo, "el Congreso de reunificación" sería una nueva oportunidad perdida para armarse política y militarmente.
 
"Los meses que precedieron la sublevación militar se señalaron... por una agitación política general y provocaciones armadas de las derechas. A estar a las informaciones de Peirats, parece que el movimiento revolucionario no tomó medidas a fin de contrarrestar los preparativos de los militares para su golpe, y ni siquiera en el Congreso Nacional de la CNT celebrado en Zaragoza, en mayo de 1936, hay asomos de que se discutiera este problema" (1042).
 
            Simultáneamente la conspiración militar ultimaba los detalles. El fracaso de la derecha civil había conseguido unificar a las clases dominantes en torno al ejército. La imposibilidad del gobierno republicano para controlar la situación y mantener la legalidad, y la incapacidad del movimiento revolucionario para encontrar una salida al largo período de inestabilidad llevaron a una gran parte de la pequeña burguesía a apoyar la alternativa militar como el único camino posible para restablecer el orden.
 
 
            Es importante destacar la fuerte resistencia que opuso el gobierno republicano para adoptar medidas eficaces contra la conspiración. Por el contrario en numerosas ocasiones los líderes republicanos saldrían en su defensa frente a las contínuas denuncias de la izquierda.
 
"El ministro de la Guerra se honra en hacer público que toda la oficialidad y clases del Ejército español, desde los empleos más altos a los más modestos, se mantienen dentro de los límites de la más estricta disciplina, dispuestos en todo momento al cumplimiento exacto de sus deberes".
 
"Los militares españoles, modelos de abnegación y lealtad, merecen de todos sus conciudadanos el respeto, el afecto y la gratitud que se deben  quienes han hecho, en servicio y defensa de la patria y de la República, la ofrenda de su propia vida si la seguridad y el honor nacional lo exigen" (1043).
 
            Por el contrario el gobierno republicano acabaría adoptando una serie de limitadas reformas, destinadas a disipar la conspiración ganándose a los mandos del ejército.
 
            La "ingenuidad" del gobierno sólo puede explicarse por el temor a la amenaza revolucionaria. Los líderes republicanos temían mucho más a las radicalizadas movilizaciones populares que al espectro del golpe militar. La lección de Asturias no sólo había sido aprendida por la derecha, la izquierda liberal era consciente de que sólo el ejército podía asegurar el mantenimiento de la República en aquellas circunstancias.
 
            La República había intentado infructuosamente impulsar su proyecto, en medio de una colosal crisis económica y política que amenazaba con derrumbar la economía de las principales estados capitalistas. A pesar de algunas opiniones, la República no había aparecido en el peor de los momentos, sino en la situación adecuada, después del naufragio de la dictadura y de la monarquía.
 
            Ahora, después de más de cinco años, las diferentes clases sociales habían abandonado definitivamente el también agotado proyecto republicano. No era posible modernizar el capitalismo español por vías parlamentarias y democráticas. Para la burguesía y las clases dirigentes, la modernización del sistema productivo español exigía soluciones mucho más expeditivas. Años después, el franquismo se encargaría de cumplir esta tarea, por medio de sus propios métodos dictatoriales y represivos. Para conseguirlo, el ejército habría tenido que quebrar el espinazo de la clase obrera y de los movimientos populares.
 
  
6.2 La sublevación militar provoca el estallido de la revolución.
 
            En la sublevación, los militares golpistas imitaron el estilo tradicional de los viejos pronunciamientos decimonónicos, convencidos de que el gobierno republicano se iba a plegar a sus exigencias de reforma del Estado. Una vez efectuadas las correcciones oportunas se procedería a liquidar al movimiento revolucionario y se recuperaría la estabilidad política, económica e institucional, bajo la forma de una República de corte autoritario.
 
"Es coincidente el testimonio de todos los observadores que los dirigentes del <<pronunciamiento>> esperaban que éste triunfase en pocas horas, a lo sumo en escasos días de acuerdo con los antecedentes en España en los últimos cien años" (1044).
 
            Inicialmente, la sublevación militar no estuvo dirigida contra la República. El pronunciamiento era, de hecho, una maniobra previsora dirigida destinada a impedir la amenaza revolucionaria, antes de que fuese demasiado tarde. Sin embargo, los efectos conseguidos fueron justamente los contrarios a los esperados. El intento de golpe de Estado desencadenó una oleada revolucionaria que disolvió las huecas instituciones republicanas en pocos días. El día 21 de Julio, los sublevados tan solo dominaban tres reducidas zonas aisladas entre sí, y habían fracasado, salvo en Zaragoza y Sevilla, en los principales núcleos urbanos del país. Numerosas guarniciones, partidarias del pronunciamiento habían quedado aisladas y a la defensiva en sus propios cuarteles. El panorama para el ejército parecía desolador.
 
            Desde los primeros momentos de la sublevación, el gobierno republicano buscó a toda costa evitar la irrupción de los sectores revolucionarios en la nueva situación política. Las demandas de armamento por parte de la población fueron denegadas sistemáticamente, aunque con ello existiera el peligro de favorecer el triunfo de los sublevados. Las organizaciones obreras del Frente Popular acataron las directrices políticas del gobierno y llamaron a la calma a sus propias bases. Mientras tanto, el gobierno ofreció a los mandos sublevados la negociación de sus condiciones, antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, la entrada en acción de los grupos revolucionarios, después de obtener armas en el asalto de los cuarteles abandonados por los sublevados, precipitó el fracaso de los intentos negociadores. Fieles a si óptica política, la amenaza revolucionaria era un peligro mucho mayor que la misma sublevación.
            Numerosos historiadores son de la opinión de que el triunfo sobre los alzados en armas se debió a la actividad de las fuerzas policiales y militares que se mantenían fieles al gobierno. Otros, han exagerado la participación revolucionaria en los acontecimientos hasta considerarla la única causa de la derrota militar. Sin embargo, ambas versiones son inexactas. Los primeros olvidan que en aquellos lugares donde no se dió una fuerte presencia de los revolucionarios en los combates, la victoria fue de los sublevados (Zaragoza, Algeciras, Córdoba...).
 
            Los segundos consideran que la acción desorganizada y voluntarista de los grupos de obreros revolucionarios, sin contar con un Estado Mayor, ni tampoco con un plan organizado de defensa, podía vencer a un ejército disciplinado, bien armado y con mayor experiencia bélica. La realidad de los acontecimientos fue la combinación de las fuerzas leales y de los trabajadores revolucionarios. La acción armada de los cuerpos policiales y militares progubernamentales fue la primera que pudo oponerse seriamente a la insurrección, sin embargo sería la progresiva participación de los revolucionarios, y el apoyo popular, los que precipitarían el desenlace. No hay que olvidar que numerosas unidades leales mostraron durante los combates, una actitud vacilante o cuando menos sospechosa frente a la sublevación.
 
            Por otro lado hay que tener en cuenta otro factor polémico que ya hemos comentado más arriba. La actitud de las autoridades republicanas frente a la sublevación. Sin duda alguna, la irrupción del movimiento obrero en la arena política, para enfrentarse a los sublevados consiguió hacer fracasar los intentos de negociación.
 
            En medio de los combates también se haría patente la falta de preparación de la izquierda frente a la amenaza militar. La participación de los trabajadores en los combates callejeros conllevó grandes dosis de espontaneísmo y de improvisación. El armamento acumulado era escaso y la organización de los combatientes casi inexistente. Con frecuencia, el triunfo de los sublevados se debió a la ingenuidad de las organizaciones obreras, que carecían de una idea clara sobre como había que actuar (Oviedo, Zaragoza, Sevilla).
 
            Sin embargo, la nueva situación no hacía más que empezar. El contacto de las fuerzas progubernamentales con los grupos revolucionarios, bajo un clima de arrebato popular, actuó como un poderoso disolvente sobre las instituciones republicanas. El desastre se vería agravado por el efecto boomerang que produciría el decreto de disolución de las unidades sublevadas. La deserción entre los fuerzas leales sería generalizada. El rápido derrumbe de la República ponía al descubierto la vacuidad de las instituciones republicanas, que ya no representaban a nadie.
 
            Simultáneamente al vacío de poder político, se producía también una desbandada entre las clases propietarias. Si el ejército había fracasado, nada ni nadie podría protegerlos de la represión de los revolucionarios, que no olvidarían su apoyo y sus simpatías hacia los sublevados. Las empresas, industrias, talleres, minas y propiedades agrícolas, todo fue abandonado por sus propietarios en una precipitada huida, provocando un nuevo vacío de poder que amenazaba con colapsar la economía.
 
            Una vez desconvocada la huelga general, los trabajadores se encontraron sin ningún tipo de dirección en los centros de trabajo. La amenaza de hundimiento de la economía tuvo que ser superada con una gran dosis de improvisación de los trabajadores.
 
            Con frecuencia los antiguos comités de empresa jugaron un papel de dirección, reorganizando la producción conforme a la nueva situación y convocando asambleas en los que las plantillas de trabajadores escogerían a sus representantes.
 
            Sin embargo, la gesta de poner en marcha una economía casi a partir de cero, no puede atribuirse a la iniciativa de las organizaciones obreras. Tampoco puede hablarse de que existiera una verdadera conciencia de lo que estaba ocurriendo. Los obreros revolucionarios ponían en marcha su instinto de clase para satisfacer sus aspiraciones. Si los empresarios habían huido, había que organizar la empresa, para evitar la pérdida de los salarios.
 
            Si los directivos no se presentaban había que organizar una nueva dirección. Sería después, a medida que la nueva situación se mantenía y se extendía espontáneamente por todas partes, que los trabajadores y los militantes de la izquierda empezarían a tomar verdadera conciencia de las implicaciones revolucionarias de la nueva situación. Los partidos y sindicatos obreros estaban convencidos de que una vez terminados los combates y sofocada la sublevación (que preveían rápida), la situación volvería a la normalidad. Durante las primeras semanas después de la sublevación, en las declaraciones y manifiestos de la izquierda no encontramos ninguna expresión que sugiera una iniciativa para implantar un nuevo orden. En los meses anteriores, los partidos y sindicatos habían alertado de los peligros de la sublevación militar, pero nadie había valorado seriamente la posibilidad de una respuesta revolucionaria. La consecuencia era que, en los momentos cruciales, ninguna organización estaría preparada para orientarse en los nuevos acontecimientos.
 
            Sin embargo, los grandes cambios no se realizaron tan solo en el campo de la economía. Las desprestigiadas instituciones estatales republicanas serían sustituidas por un verdadero enjambre desorganizado de comités locales, milicias y patrullas de control que asumirían las funciones del poder político. Los nuevos organismos revolucionarios, los comités-gobierno (como muy acertadamente los calificó G. Munis), eran los sucesores de las viejas Alianzas Obreras del 34. Sin embargo los nuevos organismos habían aparecido de forma espontánea, no formaban parte del esquema político de ninguna de las organizaciones obreras. Es más, a menudo su verdadera naturaleza revolucionaria no fue comprendida por el conjunto de la izquierda, durante el período de su existencia.
 
            Precisamente por su origen resulta importante destacar las características comunes que tuvieron estos organismos (democracia participativa y directa, igualitarismo), porque reflejan el grado de sensibilidad de los sectores de la población que los conformaron.
 
            La aparición de estos organismos también refleja el fuerte descrédito en el que habían caído las instituciones republicanas, y la profunda desconfianza que sentían los trabajadores hacia el viejo orden. El observador puede objetar que en Catalunya, el anarcosindicalismo y el POUM eran organizaciones refractarias al orden republicano. Sin embargo, donde esta afirmación cobra más fuerza es precisamente fuera de Catalunya. Mientras los líderes socialistas y comunistas apoyaban decididamente al gobierno, sus propias bases protagonizaban la revolución de los comités. Si no hubiera existido este sentimiento de rechazo, los trabajadores y los militantes de la izquierda se habrían encuadrado bajo la autoridad de las instituciones republicanas, y sin embargo lo que ocurrió fue todo lo contrario.
 
            El espontaneísmo que caracteriza la acción de los trabajadores durante las primeras semanas, deja muy clara la orientación "socialista" que los trabajadores daban a su revolución. Las asignaturas pendientes que había arrastrado el estado español desde hacía siglos y que la República no había podido solucionar fueron resueltas en pocas semanas por los trabajadores, con sus propios métodos extraparlamentarios. Este fenómeno podemos observarlo en toda la zona donde había fracasado la sublevación militar. La profundidad con la que se desarrolló en las distintas áreas depende de la correlación de fuerzas que existía en ellas (desde Euskadi, donde el nacionalismo burgués consiguió impedir la propagación de la revolución, hasta Catalunya, donde esta revistió su mayor alcance y profundidad).
 
            La vertiginosa transformación que sufrieron las zonas donde los trabajadores habían triunfado sólo puede explicarse por el inmenso caudal de energías revolucionarias que se liberaron en aquellos momentos. La convicción de los trabajadores y del resto de las clases populares de que tenían a su alcance la posibilidad de transformar la sociedad conforme a sus aspiraciones y sus necesidades. Sería este entusiasmo revolucionario el que conseguiría poner en marcha de nuevo la producción, en tan solo unos días, transformando una economía de paz en otra de guerra, después de la huida de los propietarios y de los técnicos de las empresas. Sería también este entusiasmo revolucionario el que permitiría rápido surgimiento de las improvisadas milicias que se enfrentaron a los sublevados, en aquellos lugares donde todavía no habían sido vencidos,  evitando que el golpe de Estado se convirtiera en un paseo triunfal del ejército hacia el poder.
 
            El elevado grado de espontaneísmo es una de las particularidades más definitorias de la revolución española. En ella podemos observar y comprender las virtudes (elevación de la conciencia, la capacidad de los trabajadores para tomar sus decisiones...) y también sus limitaciones (corporativismo, tendencia al capitalismo popular, dificultades para construir una economía coherente...). Sin embargo, la limitación más importante de la revolución española fue la imposibilidad de ésta para articularse y construir una estructura de poder con la que superar a las viejas instituciones republicanas. El espontaneísmo no sólo era el reflejo de la madurez revolucionaria, también mostraba su incapacidad para adueñarse del poder político y utilizarlo en la consolidación del nuevo orden.
 
 
 
"La gran debilidad de las conquistas revolucionarias de los trabajadores españoles estriba, más aún que en su improvisación, en su carácter de tarea incompleta. Pues la revolución, apenas nacida, tuvo que defenderse. Fue la guerra la que redujo a migas las conquistas revolucionarias antes que hubiesen tenido el tiempo de madurar y de llevar a cabo sus pruebas en su experiencia cotidiana constituida por avances y retrocesos, por avances y retrocesos, por ensayos y errores y por descubrimientos" (1045).
 
            La falta de un poder político revolucionario impidió que las Juntas territoriales, los comités, las colectivizaciones y las milicias, pudieran estructurarse de forma coherente y superaran los errores y las contradicciones iniciales, consecuencia de su origen espontáneo. Todos los intentos de planificación de la nueva economía colectivizada se estrellarían ante la falta de este poder político que representara sus intereses.
 
            Los comités revolucionarios locales eran la máxima autoridad a "nivel horizontal", es decir, eran el poder indiscutible en las localidades donde habían surgido, ejercían todas las funciones de un verdadero miniestado. Sin embargo, los intentos de articularlos fueron escasos y limitados, y nunca sobrepasaron el ámbito comarcal. No existía ninguna partido o sindicato dispuesto a hacerlo. Mientras las organizaciones vinculadas al Frente Popular abogaban por su rápida disolución, la CNT-FAI los miraba con desconfianza. Al fin y al cabo, la óptica libertaria consideraba que eran los sindicatos y no los comités-gobierno, los verdaderos canales de expresión de las clases trabajadoras. Esta visión "sindicalista" también era compartida por el POUM, que consideraba que las organizaciones "soviéticas" eran ajenas al carácter de la revolución española. A lo sumo, los comités locales deberían jugar el papel de organismos de frente único en las localidades donde estaban implantados, de la misma manera que lo habían sido las Alianzas Obreras en el 1934.
 
            Resulta interesante reflexionar sobre el supuesto exotismo de la naturaleza soviética en la revolución española. Mientras las organizaciones obreras vinculadas al Frente Popular los rechazaban en nombre del carácter "democrático-burgués" de la revolución, la CNT-FAI y el POUM consideraban que eran los sindicatos y no los soviets, los organismos que estaban destinados a convertirse en la piedra angular de la revolución. En palabras del mismo Andreu Nin, secretario del POUM y testimonio directo de los primeros años de existencia de una URSS, todavía no estalinizada:
 
"En Rusia no había tradición democrática. No existía una tradición de organización y de lucha en el proletariado. Nosotros contamos con ella. Tenemos sindicatos, partidos, publicaciones. Un sistema de democracia obrera".
 
"Se comprende, pues, que en Rusia los soviets alcanzaran la importancia que tuvieron. El proletariado no tenía sus organizaciones propias. Los soviets fueron una creación espontánea que en 1905 y en 1917 tomaron carácter político".
 
"Nuestro proletariado tenía ya sus sindicatos, sus partidos, sus organizaciones propias. Por esto, los soviets no han surgido entre nosotros" (1046).
 
            En realidad el problema era otro muy distinto. La tradición democrática era mucho más sólida en Alemania, y sin embargo habían surgido los consejos obreros (con una naturaleza parecida a la de los soviets rusos). Mientras en Rusia y en Alemania las organizaciones de la izquierda habían apoyado la formación de los soviets y de los Räte, en la revolución española todos los partidos y sindicatos obreros rechazaban la idea de convertir a los comités locales en los cimientos del nuevo Estado revolucionario.
 
            Para convertirse en auténticos soviets, los comités debían democratizarse (estar formados por los representantes elegidos de los trabajadores) y articularse en una estructura de poder que les permitiera enfrentarse con éxito a los restos del Estado republicano. El hecho de que ninguna organización obrera estuviera dispuesta a trabajar con esa orientación impidió su aparición.
 
            Junto a los comités, patrullas y milicias, surgirían también una serie de organismos que pretendieron ejercer las funciones de las extinguidas instituciones estatales republicanas en la región. Estos organismos, verdaderos herederos de las Juntas revolucionarias del siglo XIX agrupaban a las organizaciones obreras implantadas en los territorios donde habían surgido. La aparición de las Juntas territoriales también reflejaba que las instituciones gubernamentales habían perdido la confianza de la población trabajadora (no hay que olvidar el dudoso papel jugado por los políticos republicanos frente a la sublevación militar). Sin embargo, las Juntas no pretendían ocupar el espacio político del gobierno central. Representando la voluntad política de los organismos dirigentes de los partidos y sindicatos, las Juntas se irían disolviendo una por una sin oponer grandes resistencias.
 
            La caída del gobierno republicano central dió lugar a una serie de fenómenos de carácter cantonal que pusieron en evidencia la tradicional deficiencia de la articulación del estado español. La completa restauración del poder central no podría conseguirse hasta un año después.
 
            A pesar de que las Juntas territoriales y los comités locales convivieron en las mismas zonas, nunca llegó a darse una vinculación orgánica. Existe también una clara diferenciación en la naturaleza de los dos organismos. Mientras las primeras estaban integradas por los representantes de las direcciones de los partidos y sindicatos, los comités lo estaban por los militantes de base, mucho más sujetos a la influencia y la presión de la población. Las directrices dictadas por las Juntas eran transmitidas a la multitud de comités por los militantes de las organizaciones que estaban representados en ambos organismos. Las órdenes eran obedecidas o no por los comités, dependiendo de que éstos consideraran que se estaba respetando o no el espíritu de la revolución.
 
6.3 La dualidad de poderes.
 
            La dualidad de poderes en el proceso revolucionario español presenta una complejidad extraordinariamente rica y compleja.
 
6.3.1 La multiplicidad de poderes.
 
            Limitar la guerra civil y la revolución española, como han hecho algunos historiadores, a un enfrentamiento armado entre el ejército sublevado (representante de los intereses de la burguesía) y los defensores de la República, es empobrecer los hechos históricos y dejar muchos de ellos sin explicación.
 
            En el interior de la zona republicana se estaba desarrollando una segunda guerra civil que, sin duda alguna, influiría de manera decisiva en la evolución del campo de batalla. Efectivamente, con la caída de la República se inició un forcejeo entre los sectores revolucionarios y los partidarios de restaurar cuanto antes, la autoridad del gobierno y del Frente Popular.
 
6.3.2 La dualidad de poderes fue el resultado de la renuncia de las organizaciones obreras al poder que tenían prácticamente en sus manos.
 
"por rechazo de la insurrección militar, hallándose el gobierno sin medios coactivos, se produce un levantamiento proletario, que no se dirige contra el gobierno mismo...Ahora bien: una revolución necesita apoderarse del mando, instalarse en el gobierno, dirigir el país según sus miras. No lo han hecho. ¿Porqué?, ¿falta de fuerza, de plan político, de hombres con autoridad?, ¿presentimiento de que un golpe de mano sobre el poder, aún victorioso, derrumbaría la resistencia, nos pondría enfrente de todo el mundo y se perdería la guerra?, ¿o el cálculo de crear clandestinamente, por abuso de fuerza, sin responsabilidad y bajo la cobertura de gobiernos inermes, situaciones de hecho, para mantenerlas después e imponerse al Estado cuando quiera salir de su letargo? de todo habrá. La obra revolucionaria comenzó bajo un gobierno republicano que no quería ni podía patrocinarla. Los excesos comenzaron a salir a la luz ante los ojos estupefactos de los ministros. Recíprocamente al propósito de la revolución, el del gobierno ni podía ser más que adoptarla o reprimirla. Menos aún que adoptarla podía reprimirla. Es dudoso que contara con fuerzas para ello... El orden antiguo pudo ser reemplazado por otro revolucionario. No lo fue. Así no hubo más que impotencia y barullo" (1047).
 
            Las palabras de Azaña son suficientemente explícitas. El derrumbe de las instituciones republicanas había dejado a los revolucionarios frente a los sublevados. Sin un aparato coercitivo que le permitiera hacer respetar su autoridad y completamente desprestigiado por su política anterior, el gabinete Giral mantuvo una existencia lánguida y espectral, solamente sostenido por el apoyo político que le prestaban las organizaciones obreras del Frente Popular.
 
            La situación estatal también tendría su paralelismo en Catalunya, donde el gobierno de la Generalitat, apoyado por las organizaciones del Front d'Esquerres, se mostró incapaz de oponerse al triunfo anarcosindicalista.
 
            Tanto el gobierno republicano central como el catalán, pudieron iniciar los primeros pasos serios en su reconstrucción por la implicación progresiva   de los partidos obreros del Frente Popular: El PSOE y el PCE-PSUC.
 
            ¿Cuál fue la dinámica que llevó a los revolucionarios a perder la iniciativa que habían conseguido en Julio? A nivel estatal, los dirigentes de las organizaciones obreras se habían mostrado partidarios de mantener los compromisos adquiridos con el Frente Popular contra viento y marea. Mientras los sectores moderados (prietistas y comunistas) defendían la necesidad de restaurar el viejo orden y de hacer retroceder la revolución a los límites marcados por una República burguesa de corte parlamentario. Los caballeristas oscilaban, influidos por el anarcosindicalismo y el Partido Comunista. Desde la óptica de los dirigentes de la Izquierda Socialista, el triunfo sólo podía conseguirse con la implicación de las potencias capitalistas democráticas (Francia y Gran Bretaña), y ésto sólo podía tener un precio: el final de la revolución. Sin embargo, los dirigentes del socialismo de izquierdas eran conscientes de que la liquidación del movimiento revolucionario que había llevado a convertirse en los jueces de la situación en el interior del gobierno, también significaba el final de su propia hegemonía. El largocaballerismo arrastraría esta contradicción a lo largo del proceso revolucionario. Sus reticencias y vacilaciones acabarían convirtiéndolos en un aliado incómodo que tendría que ser barrido en cuanto las circunstancias lo permitieran.
 
            En Catalunya el victorioso anarcosindicalismo se detendría en los umbrales del poder, atemorizado por las consecuencias que implicaba. Incapacitados políticamente para tomar el poder, los dirigentes de la CNT prefirieron optar por un camino intermedio: la constitución de un Comité Central de Milicias, que sin ser un auténtico gobierno pudiese asegurar las victorias conseguidas después de Julio.
 
            Mientras las bases organizadas de los partidos y sindicatos obreros realizaban su revolución, sus dirigentes no estaban dispuestos a seguir por el mismo camino. Mientras unas organizaciones rechazaban el poder para convertirse en los principales avalistas de la República y del Frente Popular, otras renunciaban a él e intentaban posponer el desenlace hasta después de la guerra. Desde esta perspectiva, podemos calificar a la revolución española como una "revolución huérfana".
 
 
6.4 El Comité Central de Milicias Antifascistas de Catalunya. La evolución de la dualidad de poderes en Catalunya.
 
            En la revolución española existieron dos dinámicas plenamente diferenciadas: la que se da en Catalunya y la del resto de estado. Aunque ambas situaciones forman parte de la misma revolución y del mismo marco de lucha de clases, existen diferencias visibles en la correlación de fuerzas que ayudan a explicar los distintos ritmos que se dieron en el proceso revolucionario:
 
            Mientras a nivel estatal, las organizaciones obreras mayoritarias aceptaban el marco político del Frente Popular, en Catalunya la hegemonía se encontraba en manos de las organizaciones que se situaban a su izquierda.
 
            La otra gran diferencia era el hecho de que en Catalunya se concentrara la mayor parte del proletariado español y también su sector más organizado y con mayor tradición combativa.
 
            Ambos factores iban a ser decisivos en la mayor radicalización de la revolución en Catalunya y también en el hecho de que el Comité de Milicias llegase a ser la Junta territorial más evolucionada, desde el punto de vista de un gobierno revolucionario.
 
            El Comité Central de Milicias fue un organismo de naturaleza contradictoria. Nacido al calor de la revolución, también era una consecuencia de la renuncia del anarcosindicalismo triunfante al poder, y de la incapacidad del gobierno de la Generalitat para seguir manteniéndolo. Preso de esta situación, el Comité Central de Milicias expresaría la dualidad de poderes que existía en Catalunya y en toda la zona republicana. A lo largo de su existencia, estos dos condicionantes se harían sentir. Convertido en el máximo poder en Catalunya, reflejaría en su seno, la evolución, el auge y también la decadencia del proceso revolucionario. El Comité Central de Milicias se convertiría casi en un Estado, sólo le faltaría la voluntad para serlo.
 
            Como en el resto del estado, también en Catalunya la dualidad de poderes adoptaría una forma compleja: el del agonizante gobierno de la Generalitat, el del Comité de Milicias y el de la dispersa multitud de los comités revolucionarios locales. El hecho de que la CNT-FAI y en menor medida el POUM fueran las organizaciones mayoritarias en los dos últimos organismos explica la relación que existía entre ambos, que permitió al primero convertirse en la autoridad máxima en la Catalunya revolucionaria. El 21 de Julio, todo el poder estaba en manos de los sectores revolucionarios que espontáneamente se apresuraron a formar sus propios organismos. Sin embargo, los cuadros dirigentes de la CNT y de la FAI se encontraban en plena confusión. En pocos días, el poder de la zona económicamente más importante del estado, había caído en sus manos. El recién celebrado Congreso de Zaragoza no había aportado ninguna línea de acción que pudiera servir eficazmente en la nueva situación.
            Ahora tenían el poder, pero no sabían que hacer con él. Carecían de un programa, de una táctica y de una estrategia apropiadas para enfrentarse al reto que la revolución les planteaba. Los anarcosindicalistas tenían ante si, tres posibles opciones: tomar el poder, autoexcluirse o colaborar con el Frente Popular y con los restos de las instituciones republicanas. La primera implicaba desearlo, estar preparados para sostenerlo y extenderlo por todo el territorio hasta conseguir la victoria final sobre sus adversarios. Después de un siglo de antiestatalismo y de antiautoritarismo, los líderes cenetistas no se encontraban preparados para optar por este camino. La segunda opción, en aquellos momentos significaba entregarlo en manos de sus adversarios y coyunturales aliados. Era una alternativa que difícilmente habrían comprendido los miles de trabajadores revolucionarios que estaban procediendo a apoderarse de las empresas y a formar sus propias milicias y comités. La tercera posibilidad era optar por un camino intermedio que podía ser utilizado, sin necesidad de mancharse con la toma del poder, ni entregarlo tan fácilmente a sus enemigos: El Comité Central de Milicias Antifascistas de Catalunya.
 
            En realidad, la cuestión era si la revolución iba a permitirles mantener el impás durante mucho tiempo. La opción de los anarquistas de "congelar" la situación hasta un futuro indeterminado, donde las condiciones se volverían favorables para la implantación del comunismo libertario demostraba un profundo desconocimiento de la dinámica revolucionaria. Los períodos donde existe una dualidad de poderes son, por lo general, extremadamente cortos e inestables. Una situación revolucionaria sin la toma del poder sólo es posible durante breves espacios de tiempo. La complejidad de la dinámica obliga a tener que optar por la toma del poder, o por su entrega a aquellos que sí están dispuestos a ejercerlo. La CNT tuvo que hacer una concesión tras otra, en defensa del equilibrio alcanzado con la "unidad antifascista" hasta su quiebra política definitiva. Sin embargo tampoco con esta línea de acción conseguiría defender las conquistas  revolucionarias conseguidas en las jornadas de Julio. Algunos políticos y testimonios de la época han hablado del "poder dictatorial" de la CNT en el seno del Comité Central de Milicias (Fraser I, 193).
Dejando a un lado la estética revolucionaria, las decisiones adoptadas ante cuestiones tan espinosas como era la formación de las milicias, o la moderación adoptada frente a las contínuas expropiaciones, el hecho de permitir que el gobierno de la Generalitat siguiera existiendo e interviniendo en la situación (aunque fuera de forma simbólica), o la cuestión colonial marroquí, desmienten el talante autoritario de los libertarios en el seno del Comité Central de Milicias. Lo que también resulta evidente, es que la hegemonía del anarcosindicalismo tenía que sentirse forzosamente en la línea política del Comité Central de Milicias. Además, es difícil imaginar como era posible compatibilizar una política destinada a mantener la colaboración con el resto de las fuerzas políticas, intentando preservar las conquistas conseguidas en la calle y en los centros de trabajo, con las supuestas imposiciones "dictatoriales".
 
 
            El camino de la "colaboración democrática" escogido por la CNT sería un respiro que sería hábilmente aprovechado por sus rivales. Los dirigentes libertarios se verían obligados constantemente a escoger entre la ruptura revolucionaria y la aceptación de las demandas de sus aliados forzosos. Las concesiones acabarían produciendo el efecto contrario al deseado, debilitaron al movimiento revolucionario y reforzaron a sus adversarios, preparando la recuperación del poder. Por otro lado, la defensa del mantenimiento de la situación implicaba la renuncia a seguir extendiendo la revolución, para evitar que ésta pudiera poner en peligro la "unidad antifascista".
 
            El carácter empírico de la línea adoptada por el Comité Central de Milicias, provocó numerosos errores y excesos que fueron capitalizados por los partidarios de la República: el PSUC y el Front d'Esquerres.
 
            Efectivamente, durante todo el proceso revolucionario, las clases medias oscilaron, entre los dos polos políticos que se estaban enfrentando en el seno de la zona "antifascista". En los primeros momentos, después de las jornadas de Julio, importantes sectores de la pequeña burguesía se aproximaron al movimiento revolucionario adoptando una actitud de simpatía o de neutralidad. Serían los errores y los excesos (abusos, violencia indiscriminada, falta de criterio en las expropiaciones...) los que acabaron arrojando a estas capas sociales en brazos de los partidarios de la restauración republicana (en particular el PCE-PSUC que se convirtió en la organización más eficaz en la defensa de sus intereses). En otros casos, las simpatías se dirigirían hacia el bando franquista.
 
            El espectacular crecimiento del PCE y del PSUC no puede explicarse tan solo por la llegada de las armas procedentes de la URSS, ni por la probada eficacia organizativa de los comunistas. Existen también causas de primer orden: La audacia y la claridad de sus objetivos, a la hora de oponerse a los revolucionarios y su capacidad para capitalizar los errores de éstos. También es importante el hecho de que el PCE-PSUC aparecieran como partidos obreros, herederos formales de la revolución rusa de 1917 en el estado español. Sin ninguna duda, estos factores le permitieron arrastrar a grandes capas de las atemorizadas clases medias y de algunos sectores atrasados del movimiento obrero, que veían con temor los excesos de la revolución.
 
            En pocos meses, los partidarios de la República se encontraron fortalecidos y en condiciones para iniciar su propia ofensiva contra una revolución que ya estaba en franco retroceso. La ambigua política de los organismos dirigentes de la CNT convertía al Comité Central de Milicias en un muro de contención para la profundización del movimiento revolucionario, pero también era un formidable obstáculo para los planes de restauración de los poderes republicanos. Mientras el Comité Central siguiera siendo el poder indiscutible en Catalunya, el gobierno de la Generalitat no podría recuperar su antigua autoridad.
 
            Es importante reflexionar sobre el confuso origen del Comité Central de Milicias, para comprender la fuerza con la que la revolución empujaba por todas partes. En su formación se dieron diferentes y contradictorios proyectos sobre cual tenía que ser su naturaleza y sus funciones. Unos pretendían convertirlo en la quinta rueda del gobierno de la Generalitat que les permitiría restablecer la autoridad perdida; otros lo definirían como un organismo de coordinación de las distintas fuerzas antifascistas. A pesar de todo, el Comité Central de Milicias acabaría por convertirse en la cúspide del poder de una revolución inacabada en Catalunya.
 
            Debido a las circunstancias en las que había nacido el Comité Central de Milicias, desde su origen mantuvo un carácter burocrático. Efectivamente, el comienzo de una guerra y de una revolución inesperada eran limitaciones importantes para su democratización interna. Desde sus inicios, el Comité estuvo integrado por delegados representantes de los órganos dirigentes de las organizaciones antifascistas. Sin embargo, en ningún momento existió ningún intento para democratizar su composición, integrando en su seno a representantes elegidos directamente por la población trabajadora. Los miembros del Comité Central de Milicias tan solo eran responsables ante los organismos directivos que los habían escogido. No existía ningún tipo de control de los trabajadores sobre la medidas que se adoptaban en su seno, ni siquiera por los que estaban organizados en los partidos y sindicatos representados en él.
 
            La CNT-FAI consideraba al Comité Central de Milicias como una simple mesa de organizaciones desde la que se podía gobernar sin ser Estado. Para los libertarios, el canal natural de expresión de la democracia obrera era la misma CNT, por lo tanto ésta se hacía sentir en el seno del Comité de Milicias por medio de su propia hegemonía. Sin embargo, el funcionamiento democrático de unos organismos que estaban hechos para funcionar en tiempos de paz, era más que cuestionable. Al menos así lo han asegurado algunos historiadores, libertarios o no, que han analizado a fondo el proceso de burocratización interna de la CNT, y la pérdida de su democracia interna. Por otro lado el POUM, aunque mucho más clarividente que los dirigentes cenetistas, con respecto a la naturaleza potencialmente revolucionaria del Comité Central, se mostró incapaz de distanciarse políticamente y se vió incapacitado para defender con fuerza una política alternativa diferente, fuera de las declaraciones en sus órganos de prensa. Sus adversarios del PSUC y del Front d'Esquerres tampoco estaban dispuestos a apoyar una transformación democrática, que habría condenado a muerte al gobierno de la Generalitat. De esta manera, el burocratismo, una limitación lógica de su precipitado origen, se convirtió en una tara permanente hasta el final de su existencia.
 
            Es interesante analizar las complejas relaciones de poder que existieron entre el Comité Central de Milicias y la multitud dispersa de comités revolucionarios. Al no existir ningún tipo de relación orgánica entre los dos organismos, las medidas decretadas eran transmitidas y llevadas a cabo por medio de los militantes de las organizaciones que existían en ambos. Con frecuencia, las directrices eran ignoradas por los organismos de poder local, porque consideraban que se apartaban del espíritu de la revolución, sin que el Comité Central de Milicias tuviera ningún poder para imponerlas (este tipo de funcionamiento inorgánico es peculiar de la revolución española, no la encontraremos ni el las dos revoluciones rusas, ni en la alemana). La inexistencia de un vínculo orgánico entre el Comité Central de Milicias y los numerosos comités locales, la falta de control y de representatividad de la voluntad de estos últimos en el organismo que representaba la máxima autoridad revolucionaria en Catalunya, permitieron que la multitud de comités mantuviera un grado importante de independencia política.   Era la hegemonía del anarcosindicalismo en el seno del Comité Central la causa de que la autoridad política de éste fuera reconocida por los comités-gobierno locales. Sin embargo, las crecientes divisiones que aparecieron en el seno de la CNT quedaron reflejadas en ocasiones, en la resistencia de los comités a obedecer las directrices del Comité de Milicias.
 
            Sin lugar a dudas, la naturaleza política del Comité Central de Milicias era extraordinariamente compleja y contradictoria. Era el alma de la dualidad de poderes. De esta manera, la decadencia de ésta en favor de los partidarios de la restauración republicana, también significó su sentencia de muerte.
 
 
6.5 La disolución del Comité Central de Milicias. De la decadencia hasta el final de la revolución.
 
            El agotamiento político del Comité Central de Milicias se dio cuando los dirigentes anarcosindicalistas no pudieron seguir eludiendo el tema del poder, después de sufrir un fuerte desgaste político por su indefinición. Un mes después de la disolución del Comité Central de Milicias en Catalunya, los libertarios aceptaron su integración en el segundo gabinete de Largo Caballero. Por segunda vez desde los inicios de la revolución tuvieron que optar por apoderarse de él, en los territorios donde continuaban siendo hegemónicos, o por integrarse en el reconstruido Estado republicano (restablecido gracias a la participación de Largo Caballero y de la Izquierda Socialista). Controlando las reservas de oro y de divisas del Banco de España, administrando la llegada de las armas procedentes de la URSS, el gobierno republicano y la Generalitat de Catalunya se encontraban en condiciones para ejercer una presión cada vez más fuerte.
 
            La reconstrucción de las instituciones republicanas estaba muy avanzada. Sin embargo el hecho de que la CNT se autoexcluyera significaba un serio obstáculo para el total restablecimiento del poder de éstas. Mientras los libertarios no estuvieran integrados en el gobierno existía el riesgo de que sus planes de reconstruir el ejército, liquidar a los comités y controlar a las colectividades provocaran una respuesta revolucionaria. Era necesario comprometer al máximo a los dirigentes cenetistas (aprovechando su actitud de "colaboración"), de tal manera que se vieran obligados a aplacar el descontento de sus propias bases. La dimisión del gabinete republicano de Giral y la formación del primer gobierno de Largo Caballero (máximo dirigente de la UGT) había sentado las bases para el entendimiento con la CNT. Los líderes cenetistas, puestos cada vez más entre la espada y la pared, acabaron aceptando la ilusión de que la mayoría UGT-CNT en el seno del nuevo gabinete serviría para defender el nuevo orden revolucionario. Craso error, en pocos meses, el anarquismo se vería obligado a retroceder todavía más, para evitar la ruptura revolucionaria, hasta llegar a la quiebra política total.
 
            Con una CNT (y un POUM en Catalunya) integrados en el aparato de Estado, a los sectores revolucionarios sólo les quedaba la oportunidad de resistirse desesperadamente al desmantelamiento de su obra. Los comités serían disueltos por decreto para dar lugar a los nuevos Ayuntamientos reconstruidos; las milicias entrarían en el proceso de militarización que iba a dar lugar al nuevo Ejército Popular; las colectividades se encontrarían cada vez más atadas de pies y manos por la necesidad de créditos, que sería entregados a cambio de una creciente intervención del gobierno en ellas. De nada servirían las reticencias de los dirigentes libertarios, chantajeados por los resortes del Estado republicano, incapacitados para enfrentarse a él, tan solo les quedaba la posibilidad de ceder.
 
            Oficialmente, el Comité Central de Milicias se había disuelto para terminar con la nefasta dualidad de poderes que entorpecía la marcha de la guerra. Sin embargo, la disolución no significó el final, sino la transformación de ésta. Efectivamente, aunque la integración de la CNT y el POUM en el nuevo gobierno de la Generalitat había conseguido descabezar la revolución en Catalunya, los comités-gobierno locales seguían existiendo y se resistían a disolverse, pese a que los decretos contaban en este caso, la firma de sus dirigentes. El nuevo período de la dualidad de poderes se caracterizaría por la preponderancia política de los partidarios de la República y por la ofensiva cada vez más firme contra los sectores revolucionarios.
 
            La decadencia de la revolución de los comités no queda explicada, ni por el chantaje de las armas soviéticas, ni por la situación de aislamiento internacional. En una situación tan dinámica como era la revolución española, el triunfo no podía quedar asegurado por la fuerza que pudiera tener el anarcosindicalismo, el socialismo de izquierdas, o en menor medida el POUM, sino por  el grado de decisión y por la claridad política a la hora de alcanzar sus objetivos. Los sectores situados en la izquierda, por diferentes razones políticas, se detenían ante los umbrales del poder, y pretendían mantener el estatus quo de la situación hasta después de la guerra, donde se suponía que las condiciones iban a ser más favorables para el triunfo de la revolución. Desgraciadamente, las revoluciones casi nunca dan una segunda oportunidad. Las organizaciones partidarias de restablecer el viejo orden republicano, no se iban a quedar con los brazos cruzados. Las armas y los créditos se convirtieron en eficaces instrumentos de presión contra los revolucionarios, pero fue su decisión de aprovechar todos los medios a su alcance para recuperar el terreno perdido y de socavar el terreno que pisaban sus adversarios, lo que les dio el triunfo final, antes de que les fuera arrebatado por el ejército de Franco.
 
            Uno de los grandes errores del bloque izquierdista (CNT, FAI, POUM) fue el de creer que la naturaleza política de las instituciones se definía por los hombres y las organizaciones que las integraban, y no en quien se sostenían. Desde este punto de vista, poco importaba que el poder estuviera en manos del Comité Central de Milicias o del gobierno de la Generalitat. Al fin y al cabo, ellos seguirían manteniendo la mayoría en su seno. Pronto iban a comprobar que la cosa no era tan simple. Las palabras de Karl Marx a Kugelmann sobre la Comuna de París, iban a resultar proféticas:
 
"Afirmo que la revolución en Francia debe ante todo intentar, no hacer pasar a otras manos la máquina burocrática y militar, que es lo que hasta ahora siempre se ha producido, sino romperla" (1048).
 
            Incapaces de presentar batalla en el seno del Gobierno, la CNT acabaría refugiándose en la economía colectivizada, convencida de que su fuerza y la hegemonía que mantenía en ella volvería irreversible el proceso revolucionario. Desde el primer momento, tanto la CNT-FAI, como el POUM defendieron la necesidad de la "legalización de las conquistas revolucionarias". Una parte del precio de la entrada del anarcosindicalismo y del poumismo en el gobierno de la Generalitat, fue la promulgación del Decreto sobre las colectividades y el control obrero. Sus adversarios políticos estaban dispuestos a hacerles una concesión tras otra, todo con tal de que no se rompiera el curso colaborador de estas organizaciones. Después ya habría tiempo para promulgar nuevas leyes que permitirían el desmantelamiento de la economía colectivizada. La "legalización" también implicaba el reconocimiento de los revolucionarios de la legitimidad política de las instituciones republicanas. Sin embargo, la legalización también permitió la posibilidad de que la Generalitat pudiera abrir las primeras grietas en el edificio colectivista. Las funciones de los interventores nombrados por el gobierno crecería a lo largo de los meses, a medida que las colectivizaciones, chantajeadas por medio de los créditos y las divisas, iban perdiendo su independencia.
 
            Es importante considerar una cuestión que para muchos historiadores y estudiosos del tema puede parecer polémico y espinoso. Sin embargo, no tener en cuenta este hecho implica no poder comprender en profundidad el proceso de la revolución española y reducir el desarrollo de los hechos, a un simple cúmulo de errores, incompetencias e ingenuidades que provocaron la derrota "republicana". Sin ninguna duda, numerosos acontecimientos nos permiten afirmar que el factor político prevaleció en todo momento sobre el militar. Es decir, desde la óptica política de los partidarios de la restauración republicana, la revolución era un adversario mucho más mortal que el ejército franquista. Efectivamente, desde los primeros momentos de la sublevación el gobierno republicano buscó la negociación con los alzados en armas. Después, durante toda la guerra, los intentos de llegar a acuerdos con los sublevados fueron numerosos. Fracasaron porque el ejército y las clases sociales que lo apoyaban no necesitaban negociar nada, cuando sabían que tenían el triunfo al alcance de la mano. También hemos podido observar como, en numerosas ocasiones, una aparentemente incomprensible actitud del bando antifascista le impidió conseguir el triunfo en el campo de batalla. Utilicemos un ejemplo (podríamos encontrar muchos más), el proyecto de la CNT y del Comité Central de Milicias de Catalunya de apoderarse de las capitales aragonesas, para romper el frente y enlazar con las regiones mineras y metalúrgicas del norte, quedó truncado por la dramática falta de armas, mientras que en otras zonas, sobre todo a partir de la llegada de las primeras armas soviéticas, existían en abundancia. La escasez de armas en el frente aragonés provocó la estabilización del frente durante gran parte de la duración de la guerra. Sin lugar a dudas, una ofensiva a gran escala en el frente aragonés habría aliviado la presión ejercida sobre Madrid, y el éxito de la operación habría partido la zona franquista en dos. El problema residía en que dicha operación militar habría estado protagonizada por las milicias revolucionarias de la CNT. El triunfo sobre los sublevados, en un momento en el que los sectores revolucionarios llevaban la iniciativa, era un serio peligro para los partidarios del gobierno. Era preferible evitar que una victoria demasiado rápida pudiera desencadenar una revolución definitiva que condenaría a muerte a la República. Primero era necesario debilitar la revolución, domesticar o neutralizar a sus organizaciones, recuperar el poder perdido durante las jornadas de Julio, y sólo después, podría plantearse una solución al conflicto militar (comunistas, socialistas de izquierda), bien por la vía del triunfo, bien por la de las negociaciones (republicanos, socialistas moderados).
 
            Sin embargo, el proyecto republicano adolecía de una limitación que iba a decantar definitivamente la contienda hacia el bando franquista. A medida que las viejas instituciones recuperaban la autoridad perdida y que la revolución iniciaba su declive, conforme iban siendo desmanteladas las conquistas revolucionarias conseguidas (liquidación de los comités, militarización de las milicias, restauración de los antiguos cuerpos policiales...) la moral revolucionaria que había conseguido los primeros éxitos empezó a decaer fatalmente. El entusiasmo inicial se convertía en cansancio y apatía. Transformada la guerra revolucionaria en una guerra civil tradicional, en la que ya no se defendía ningún proyecto social revolucionario, el triunfo del ejército de Franco iba a ser inevitable.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICE DE NOTAS:
 
1ª PARTE.
 
INTRODUCCIÓN:
 
1. LENIN, V.I.        "Entre dos revoluciones" p.73
2. MUNIS, G.           "Jalones de derrota, promesa de victoria"                         p.295
3. LENIN, V.I.        "El marxismo y la insurrección" p.24
4. BORKENAU, FRANZ    "El reñidero español" p.144
5. MUNIS, G.           op.cit. p.320-321
6. FRASER, RONALD     Tomo I p.244-245
7. BERNECKER WALTHER  "Colectividades y revolución social" p.25
8. AZAÑA, MANUEL      "Causas de la guerra de España" p.133
9. ARAQUISTAIN, LUIS  "Sobre la guerra civil y en la emigración"                         p.35
10. CLAUDIN, FERNANDO "La crisis del movimiento comunista" p.180
11. CAMINAL, MIQUEL   "Joan Comorera" p.9-10
 

2ª PARTE.
 
LA SITUACIÓN PRERREVOLUCIONARIA (Abril 1931/Julio 1936).
 
1. BRENAN, GERALD     "El laberinto español" p.241
2. BERNECKER WALTHER  "Colectividades y revolución social"                              p.81-82
3. CLAUDIN, FERNANDO  "La crisis del movimiento comunista" p.180
4. PAGÉS, PELAI       "El movimiento trotskista en España (1930-                         1935)" p.238-239
5. LORENZO, CESAR M.  "Los anarquistas españoles y el poder" p.62
6. LORENZO, CESAR M.  op.cit. p.62
7. JULIA, SANTOS      "La izquierda del PSOE (1935-1936)" p.287-                         304
8. MUNIS, G.           "Jalones de derrota, promesa de victoria"                         p.144-148
9. MUNIS, G.           op.cit. p.134
10. MAURIN, JOAQUIN   "revolución y contrarrevolución en España"                         p.119
11. LORENZO, CESAR M. op.cit. p.63
12. LORENZO, CESAR M. op.cit. p.66
13. BRENAN, GERALD    op.cit. p.33
14. MUNIS, G.         op.cit.135
15. JULIA, SANTOS     op.cit. p.11
16. JULIA, SANTOS     op.cit. p.26
17. MAURIN, JOAQUIN   op.cit. p.119
18. PAGÉS, PELAI      op.cit. p.178
19. LORENZO CESAR M.  op.cit. p.66
20. ESTRUCH, JOAN     "Historia del PCE (1920-1939)" p.79
21. MAURIN, JOAQUIN   op.cit. p.137
22. MAURIN, JOAQUIN   op.cit. p.141
    MUNIS, G.         op.cit. p.177
23. MAURIN, JOAQUIN   op.cit. p.142
24. MAURIN, JOAQUIN   op.cit. p.137
25. MAURIN, JOAQUIN   op.cit. p.140
26. MUNIS, G.          op.cit. p.178
27. MUNIS, G.          op.cit. p.179
28. LORENZO, CESAR M. op.cit. p.70
29. Varios(P.Preston) "Octubre 34" p.152
30. MUNIS, G.          op.cit. p.163
31. MUNIS, G.          op.cit. p.166
32. MUNIS, G.          op.cit. p.182
33. MOLINS, NARCIS    "UHP. La insurrección proletaria de                              Asturias" p.23
34. MOLINS, NARCIS    op.cit. p.151-152
35. MOLINS, NARCIS    op.cit. p.166
36. LORENZO, CESAR M. op.cit. p.68
37. LORENZO, CESAR M. op.cit. p.68
38. JULIA, SANTOS     op.cit. p.186
39. PAGÉS, PELAI      op.cit. 254-256
40. JULIA, SANTOS     op.cit. p.188-193
41. JULIA, SANTOS     op.cit. p.198
42. TROTSKY, LEÓN     (Prólogo de Pierre Broué), "La revolución                         española Tomo I, p.303
43. MUNIS, G.          op.cit. p.217-218
44. SANTOS, JULIA     op.cit. p.16-17
45. SANTOS, JULIA     op.cit. p.33-36
46. SANTOS, JULIA     op.cit. p.42
47. Varios(B.Bayerlein) "Octubre 34" p.29
48. BERNECKER, W. L.  op.cit. p.62-63
49. CLAUDIN, FERNANDO op.cit. p.171
50. CLAUDIN, FERNANDO op.cit. p.172
51. LORENZO, CESAR M. op.cit. p.73
52. ALBA, VICTOR      "La revolución española en la práctica"                          p.37
53. MUNIS G.           op.cit. p. 239
54. GROSSI, MANUEL    "La insurrección de Asturias" p.XIV
55. CLAUDIN, FERNANDO op.cit. p.172
56. CLAUDIN, FERNANDO op.cit. p.173
57. BROUÉ,P.-TÉMINE,É."La revolución y la guerra de                                    España" p.78 
58. BROUÉ,P.-TÉMINE,É.op.cit. p.79-80
59. PAZ, ABEL,        "Durruti. El proletariado en armas" p.333
60. CLAUDIN, FERNANDO op.cit. p.174
61. VIDARTE, SIMEON   "Todos fuimos culpables" p.56
62. CARDONA, GABRIEL  "El poder militar en la España                                   contemporánea hasta la guerra civil" p.239
63. BROUÉ,P.-TÉMINE,É.op.cit. p.95
64. MUNIS G.          op.cit. p.259
65. JULIA, SANTOS     op.cit. p.33
66. JULIA, SANTOS     op.cit. p.29
67. JULIA, SANTOS     op.cit. p.39
68. JULIA, SANTOS     op.cit. p.39
69. MORROW, FÉLIX     "Revolución y contrarrevolución en España"                         p.45-46
70. ESTRUCH, J.       op.cit. p.93
71. LORENZO, CESAR M. op.cit. p.73-74 (nota 71)
72. SOLIDARIDAD OBRERA 07.05.36
73. LORENZO, CESAR M. op.cit. p.74
74. MUNIS, G.          op.cit. p.253
    ALBA, VICTOR      op.cit. p.75
75. MORROW, F.        op.cit. p.50
76. NIN, ANDREU       "La revolución española" p.202 (artículo                         "Después de las elecciones del 16 de                             Febrero" Ed. Nueva Era, Feb.1936
77. ALBA, VICTOR      op.cit. p.84. (Discurso de Maurín en las                         Cortes 16.06.36)
 
 
3ª PARTE
 
LA GUERRA CIVIL. LA DUALIDAD DE PODERES.
 
78. BROUÉ,P.-TEMINE,É."La revolución y la guerra de España"                            p.108-109
79. GUARNER, VICENÇ   "L'aixecament a Catalunya i la guerra civil                        (1936-1939) p.73
80. CARR, RAYMOND     "La tragedia española" p.94
    CRUELLS, MANUEL   "De les milicies a l'Exèrcit Popular a                           Catalunya" p.11
81. GUARNER, VICENÇ   op.cit. p.67-68
82. FRASER, RONALD    "Recuérdalo tú y recuérdalo a otros"
                      tomo I p.73-74
83. MARTÍNEZ, BANDE   "La invasión de Aragón y el desembarco en                         Mallorca" p.24
84. ESCOFET, ANTONIO  "El 19 de Juliol" Documentos n.10
85. CRUELLS, MANUEL   "La revolta de 1936 a Barcelona" p.210
86. PAZ, ABEL,        "Durruti, el proletariado en armas" p.352
87. DIAZ SANDINO, F.  diario original, p.127-129
88. MIRAVITLLES,JAUME "Episodis de la guerra civil espanyola"                          p.69
89. NENNI, PIETRO     "La guerra de España" p.27
90. BOLLOTEN, BURNETT "El gran engaño" p.37
91. MORROW, FÉLIX     "Revolución y contrarrevolución en España"                         p.56
92. GARCÍA OLIVER,JUAN "El eco de los pasos" p.138
93. PÉREZ BARO, ALBERT "30 Meses de colectivismo en Cataluña"                           p.43-44
94. CRUELLS, MANUEL   op.cit. p.231
95. CRUELLS, MANUEL   op.cit. p.253
96. PAYNE, STANLEY G. "La revolución y la guerra civil española"                         p.19
97. BROUÉ,P.-TEMINE,E.op.cit. p.144-145
98. GARCÍA OLIVER,JUAN op.cit. p.186
99. GARCÍA OLIVER,JUAN op.cit. p.186
100. JONG, RUDOLF DE  (comunicación, ver bibliografía)
101. JONG, RUDOLF DE  (comunicación, ver bibliografía)
102. BOLLOTEN,BURNETT "La revolución española" p.520-521
103. CRUELLS, MANUEL  op.cit. p.254
104. DIAZ SANDINO, F. op.cit. 139-141
105. LORENZO, CESAR M."Los anarquistas españoles y el poder"                           p.89 (ver nota 17)
106. ALBA, VICTOR     "El obrero colectivizado" p.71
107. CARR, RAYMOND    op.cit. p.114
108. BROUÉ,P.-TEMINE,É. op.cit. 159 (cita a Rabassaire)
109. ORWELL G.        "Mi guerra española" p.92-95
110. ALBA, VICTOR     "La revolución española en la práctica"                          p.23
111. ALBA, VICTOR     "El obrero colectivizado" p.63
112. CRUELLS, MANUEL  op.cit. p.218-219
113. MUNIS, G.        op.cit. p.301
114. ABAD DE SANTILLAN, DIEGO "Porqué perdimos la guerra" p.93
115. CRUELLS, MANUEL  "de les milícies a l'Exèrcit Popular a                           Catalunya" p.125
116. ALBA, VICTOR     op.cit. p.72-73
117. BROUÉ,P.-TEMINE,É op.cit. p.141
118. MUNIS, G. op.cit. p.292-293
119. BRADEMAS JHON    "Anarcosindicalismo y revolución en España"                         p.187
120. PIQUERAS, JOSÉ A."Estado y poder en tiempos de guerra",                           Debats 15
121. LORENZO, CESAR M.op.cit. p.89-90
122. LORENZO, CESAR M.op.cit. p.139-140
123. TROTSKY, LEÓN    Tomo II, p.309
124. ALBA, VICTOR     op.cit. p.73
125. ALBA, VICTOR     op.cit. p.62
126. MUNIS, G.        op.cit. p.314
127. ABAD DE SANTILLAN, DIEGO op.cit. p.180-181
128. BROUÉ,P.-TEMINE,É.op.cit. p.215
129. BROUÉ,P.-TEMINE,É.op.cit. p.216
130. PIQUERAS, JOSÉ A. op.cit.
131. BERNECKER, W.L.  "Colectividades y revolución social" p.19
132. BRENAN, GERALD   "El laberinto español" p.9
133. BROUÉ, PIERRE    "La revolución española (1931-1939)" p.108
134. NIN, ANDREU      "La revolución española" p.273
135. LORENZO, CESAR M.op.cit. p.141
136. LORENZO, CESAR M.op.cit. p.157
137. LORENZO, CESAR M.op.cit. p.160
138. VARIOS            "Las colectividades campesinas" (Extracto                         entrevista con J.C. Clemente) p.181
139. LORENZO, CESAR M.op.cit. p.121
140. LORENZO, CESAR M.op.cit. p.121
141. BROUÉ,P.-TEMINE,É.op.cit. p.154
142. LORENZO, CESAR M.op.cit. p.166
143. LORENZO, CESAR M.op.cit. p.154
144. LORENZO, CESAR M.op.cit. p.168
145. CARR, RAYMOND    op.cit. p.117
146. FRASER, RONALD   op.cit. Tomo I p.316
147. ALBA, VICTOR,    op.cit. p.66 (cita a Diego Abad de                               Santillán "de Alfonso XIII a Franco" Buenos                         Aires 1974, p.11)
148. FRASER, RONALD   op.cit. Tomo II p.60
149. FRASER, RONALD   op.cit. Tomo I p.244
150. ALBA, VICTOR     "El obrero colectivizado" p.3
151. FRASER, RONALD   op.cit. Tomo I, p.185
152. MUNIS, G.        op.cit. p.415
153. ALBA, VICTOR     op.cit. p.3
154. PAZ, ABEL        op.cit. p.416
155. PÉREZ BARO, ALBERT, "30 Meses de colectivismo en Cataluña"                         p.52
156. FRASER, RONALD,  op.cit. Tomo I p.187
157. ALBA, VICTOR     op.cit. p.65
158. SEMPRUN-MAURA, CARLOS "Revolución y contrarrevolución en                          Cataluña (1936-1937)" p.100
159. FRASER, RONALD   op.cit. Tomo I p.188
160. BERNECKER, WALTHER "Colectividades y revolución social"                           p.283
161. BERNECKER, WALTHER op.cit. p.374-376
162. BERNECKER, WALTHER op.cit. p.368-369
163. ABAD DE SANTILLAN, DIEGO "porqué perdimos la guerra"
                      p.186-187
164. SANDINO DIAZ, FELIPE biografía (ver bibliografía) p.182
165. BRICALL, JOSEP MARÍA "Política económica de la Generalitat                         (1936-1939)" p.289-290
166. BRICALL, JOSEP MARÍA op.cit. p.291 (ver nota 23)
167. MUNIS G.         op.cit. p.418
     BRENAN, GERALD   op.cit. p.385
168. BERNECKER, WALTHER op.cit. p.371
169. MUNIS, G.        op.cit. p.418
170. MUNIS, G.        op.cit. p.418
171. FRASER, RONALD   op.cit. Tomo I p.312-313
172. FRASER, RONALD   op.cit. Tomo I p.188-189
173. FRASER, RONALD   op.cit. p.318
174. ADIN, J.L.-CALPE, R.-CASES, R... "les col?lectivitzacions"                         p.42-43
175. ADIN, J.L.-CALPE, R.-CASES, R... op.cit. p.43
176. FRASER, RONALD,  op.cit. Tomo I p.295
177. PEIRATS, JOSÉ    "Los anarquistas en la crisis política                           española" p.122-123
178. PEIRATS, JOSÉ    op.cit. p.123
179. FRASER, RONALD,  op.cit. Tomo I p.304
180. FRASER, RONALD,  op.cit. Tomo I p.185
181. CARR, RAYMOND    op.cit. 125
182. FRASER, RONALD   op.cit. Tomo I p.246 (ver nota)
183. SOUCHY, A.-FOLGARE, P. "Colectivizaciones" p.30
184. SEMPRUN-MAURA, CARLOS op.cit. p.103
185. BROUÉ,P.-TEMINE,É. op.cit. 185
186. VARIOS "Las colectividades campesinas (1936-1939)" (texto                         de Daniel Guerin) p.45
187. FRASER, RONALD   op.cit. Tomo I p.288
188. LA BATALLA 47,   25.09.36
189. PAYNE, STANLEY G."La revolución y la guerra civil española"                         p.46
190. BERNECKER, WALTHER op.cit. p.377-378
191. FRASER, RONALD   op.cit. Tomo I p.303
192. FRASER, RONALD   op.cit. Tomo I p.307-308
193. ALBA, VICTOR     "La revolución en la práctica" p.202-203
194. PAYNE, STANLEY G.op.cot. p.46
195. BRICALL, JOSEP MARÍA op.cit. p.49
196. FRASER, RONALD   op.cit. Tomo I p.197
197. FRASER, RONALD   op.cit. Tomo I p.310
198. FRASER, RONALD   op.cit. Tomo I p.326
199. FRASER, RONALD   op.cit. Tomo II p.97
200. LA BATALLA n18,  22.08.36
201. RAMA, CARLOS M.  "La crisis española del siglo XX" p.266
     VARIOS           "Las colectividades campesinas" (texto de                         Daniel Guerin) p.40 (texto de Gastón Leval)                         p.119
202. BERNECKER, WALTHER op.cit. p.179-180
203. BERNECKER, WALTHER op.cit. p.150
204. BERNECKER, WALTHER op.cit. p.150
205. KAMINSKI, H.E.   "Los de Barcelona" p.91
206. BERNECKER, WALTHER op.cit. p.179
207. VARIOS "Las colectividades campesinas" (texto de Daniel                           Guerin p.41-42)
208. BERNECKER, WALTHER op.cit. p.422
209. SOLIDARIDAD OBRERA 26.08.36
210. LORENZO, CESAR M.op.cit. p.123-124
211. LORENZO, CESAR M.op.cit. p.123-124
212. LORENZO, CESAR M.op.cit. p.121
213. LORENZO, CESAR M.op.cit. p.123
214. VARIOS "Las colectividades campesinas" (Texto de Daniel                           Guerin) p.46-47
215. BROUÉ,P.-TEMINE,É.op.cit. p.188
216. FRASER, RONALD   op.cit. Tomo II p.72
217. BERNECKER, WALTHER op.cit. p.258
218. FRASER, RONALD   op.cit. Tomo II p.94
219. BOLLOTEN, BURNETT "El gran engaño" p.60
220. FRASER, RONALD   op.cit. Tomo II p.65
221. BOLLOTTEN, RONALD op.cit. p.76
222. FRASER, RONALD,  op.cit. Tomo II p.62
223. SOLIDARIDAD OBRERA 10.09.36
224. SOUCHY, A.-FOLGARE op.cit. p.146-147
225. BOLLOTEN, BURNETT op.cit. p.77
226. FRASER, RONALD   op.cit. Tomo II p.90
227. CARR, RAYMOND (recopilación) "Estudios sobre la República                         y la Guerra Civil española" p.164
228. PEIRATS, JOSÉ    "Los anarquistas en la crisis política                           española" p.155
229. FRASER, RONALD,  op.cit. Tomo II p.128
230. FRASER, RONALD,  op.cit. Tomo II p.128
231. SOLIDARIDAD OBRERA 1373, 08/09/36
232. BERNECKER, WALTHER op.cit. p.154
233. FRASER, RONALD   op.cit. Tomo II p.96
234. SOUCHY, A.-FOLGARE, P op.cit. 116-117
235. BRICALL, JOSEP MARÍA op.cit. p.44-45
236. CARRASQUER, FÉLIX "Las colectividades de Aragón" p.47
237. JONG, RUDOLF DE  (comunicación, ver bibliografía)
238. CLARIDAD         22.08.36
239. JULIA, SANTOS    "La izquierda del PSOE (1935-1936)" p.42
240. BERNECKER, WALTHER op.cit. p.76
241. PAZ, ABEL        "Durruti, el proletariado en armas" p.430
242. JULIA, SANTOS    op.cit. p.52
243. BORKENAU, FRANZ  "El reñidero español" p.104
244. ARAQUISTAIN, LUIS "Sobre la guerra civil y en la emigración"                         p.23
245. ARAQUISTAIN, LUIS op.cit. p.23-24
246. ARAQUISTAIN, LUIS op.cit. p.35
247. JULIA, SANTOS    op.cit. p.137-138
248. ARAQUISTAIN, LUIS op.cit. p.198
249. JULIA, SANTOS    op.cit. p.215
250. CLARIDAD         20.08.36
251. BERNECKER, WALTHER op.cit. p.143
252. KAMINSKI. H.E.   "Los de Barcelona" p.136
253. CAMINAL, MIQUEL  "Joan Comorera" Tomo (1936-1939) p.17
254. CARR, E.H.       "La Comintern y la guerra civil española"                         p.46-47
255. CARR, RAYMOND    op.cit. p.132
256. BORKENAU, FRANZ  op.cit. p.110
257. CLAUDIN, FERNANDO "La crisis del movimiento comunista" p.168
258. ESTRUCH, JOAN    "Historia del PCE" p.97
259. ALBA, VICTOR     "El obrero colectivizado" p.182
260. CLAUDIN, FERNANDO op.cit. p.181
261. ALBA, VICTOR     op.cit. p.184
262. ESTRUCH, JOAN    op.cit. p.97
263. PAYNE, STANLEY   "La revolución y la guerra civil española"                         p.67
264. BROUÉ,P.-TEMINE,É op.cit. 269-270
265. BENAVIDES, MANUEL D. "Guerra y revolución en Catalunya"                           p.160-162
     CAMINAL, MIQUEL  p.18-19
266. TREBALL           02/08/36
267. BROUÉ,P-TEMINE,É op.cit. p.143 (cita de Negro y Rojo 233)
268. PÉREZ, BARO, ALBERT op.cit. p.51
269. Extracto de la conferencia realizada por J.Fronjosa, el                           11.11.36 y publicado por el Sindicato de                         Trabajadores del Agua y de la Electricidad                         de Barcelona, vinculado a la UGT.
270. TREBALL           02.09.36. Discurso de Antonio Sesé del                           Secretariado de la UGT de Catalunya.
271. TREBALL           29.07.36
272. BOLLOTEN, BURNETT "La revolución española" p.151
273. BOLLOTEN, BURNETT op.cit. p.151 (cita a "Claridad" 14.12.36)
274. BERNECKER, WALTHER op.cit. p.120
275. BOLLOTEN, BURNETT "La revolución española" p.332
276. ALBA, VICTOR     "El marxismo en España" p.290
277. BORKENAU, FRANZ  op.cit. p.142
278. SOLIDARIDAD OBRERA 1349, 11.08.36
279. KAMINSKI, H.E.   op.cit. p.150
280. MUNIS, G.        op.cit. p.301
281. PAZ, ABEL        op.cit. p.383 (recoge el testimonio de Juan                         García Oliver)
282. PAZ, ABEL        op.cit. p.383
283. PAZ, ABEL        op.cit. p.382
284. RAMA, CARLOS M.  op.cit. p.249
285. LENIN V.I.       "El Estado y la revolución" p.36 (extracto                         del manifiesto Comunista"
286. PEIRATS, JOSÉ    op.cit. p.106
287. FRASER, RONALD   op.cit. Tomo I p.250
288. FRASER, RONALD   op.cit. Tomo I p.297
289. BERNECKER, WALTHER op.cit. p.409
290. BROUÉ,P.-TEMINE.É op.cit. p.141-143
291. BOLLOTEN, BURNETT, op.cit. p.292-293 (cita de CNT, 20/12.36)
292. VARIOS,           "Las colectividades campesinas" (Texto de                         Daniel Guerin) p. 31-32
293. BERNECKER, WALTHER op.cit. p.412
294. LORENZO, CESAR M. op.cit. p.75 (nota 74)
295. CARR, RAYMOND    "España 1808-1939"
296. FRASER, RONALD   op.cit. Tomo I p.292
297. BRADEMAS, JOHN   "Anarcosindicalismo y revolución en España"                         (1930-1937), p.201
298. SOLIDARIDAD OBRERA 29.08.36
299. BOLLOTEN, BURNETT "La revolución española" p.111-112
300. LORENZO, CESAR M. op.cit. 232-233
301. LA BATALLA       17.07.36
302. LENIN, V.I.      "El izquierdismo, la enfermedad infantil                         del comunismo" p.405
303. ALBA, VICTOR     "La revolución en la práctica" p.192
 
304. NIN, ANDREU      "La revolución española"  p.291 (Proyecto                         de Tesis Política para someterla al                              Congreso Nacional del POUM que debía                             realizarse el 19.06.37.
305. NIN, ANDREU      op.cit. p.212-213
306. FRASER, RONALD   op.cit. Tomo I p.250
307. BROUÉ,P.-TEMINE,É. op.cit. p.74
     MORROW, FÉLIX    op.cit. p.113
     ALBA, VICTOR     op.cit. p.22
308. ALBA, VICTOR     op.cit. p.20
309. FRASER, RONALD   op.cit Tomo II p.55
310. ALBA, VICTOR     "El marxismo en España" p.292-293
311. ALBA, VICTOR     op.cit. p.299
312. CRUELLS, MANUEL  "La revolta del 1936 a Barcelona" p.253
313. BROUÉ,P.-TEMINE,É. op.cit. p.215 (nota 3)
314. BROUÉ,P.-TEMINE,É. op.cit. p.215
315. FRASER, RONALD   op.cit. Tomo I p.323
316. ALBA, VICTOR     "La revolución en la práctica" (Texto de                         Rafael Sardá) p.257
317. PAZ, ABEL        op.cit. p.457
318. ALBA, VICTOR     op.cit. (Texto de Ignacio Iglesias) p.134
319. ALBA, VICTOR     op.cit. (Texto de Ignacio Iglesias) p.147
320. ALBA, VICTOR     op.cit. (Texto de Ignacio Iglesias) p.148
321. CLAUDIN, FERNANDO op.cit. p.177
322. TROTSKY, LEÓN    (recopilación de P.Broué) Tomo II p.157
323. CAMINAL, MIQUEL  op.cit. p.14
324. MUNIS, G.        op.cit. p.279
325. BROUÉ-FRASER-VILAR "metodología de la guerra española"                            (intervención de P. Broué) p.22-23
326. TROTSKY, LEÓN    (recopilación de P.Broué) Tomo II p.182
                      "respuesta a otras cuestiones sobre                              España", 01/10/37)                     
327. BORKENAU, FRANZ  op.cit. 62-63
328. FRASER, RONALD   op.cit. Tomo II p.60
329. JONG, RUDOLF DE  (Comunicación, ver bibliografía)
330. SOLIDARIDAD OBRERA 21.07.36
331. TROTSKY, LEÓN    "Escritos sobre España" p.145
332. BERNECKER, WALTHER op.cit. p.76-77
 
4ª PARTE.
 
EL COMITÉ CENTRAL DE MILICIAS ANTIFASCISTAS DE CATALUNYA
 
333. BENAVIDES, MANUEL D. "Guerra y revolución en Cataluña" p.164
334. PAZ, ABEL        "Durruti. El proletariado en armas" p.370
335. GUARNER, VICENÇ  "L'aixecament militar i la guerra civil a                         Catalunya (1936-1939)" p.111
336. BENAVIDES, MANUEL D. op.cit. p.160
337. BENAVIDES, MANUEL D. op.cit. p.165
338. PAZ, ABEL        op.cit. p.381 (cita a Miravitlles)
339. CRUELLS, MANUEL  "de les milícies a l'Exèrcit Popular a                           Catalunya" p. 31-32
340. FRASER, RONALD   "Recuérdalo tú y recuérdaselo a otros"                           Tomo I p.244
     GARCÍA OLIVER, JUAN "El eco de los pasos" p.177
341. CRUELLS, MANUEL  op.cit. p.34
342. GARCÍA OLIVER, JUAN op.cit. p.181
343. GARCÍA OLIVER, JUAN op.cit. p.180-181
344. PEIRATS, JOSÉ    "La CNT en la revolución española"                               Tomo I, p.160
345. BOLLOTEN, BRUNETT "La revolución española" p.522
346. BERNECKER, WALTHER "Colectividades y revolución social"                           p.388
347. LORENZO, CESAR M. "Los anarquistas y el poder" p.87
348. GARCÍA OLIVER, JUAN op.cit. p.209
349. FRASER, RONALD   op.cit. Tomo I p.193-194
350. MUNIS, G.        "Jalones de derrota, promesa de victoria"
                      p.303-304
351. ABAD DE SANTILLAN, DIEGO "porque perdimos la guerra" p.96
352. ABAD DE SANTILLAN, DIEGO op.cit. p.113
353. CRUELLS, MANUEL  op.cit. p.83
354. BENAVIDES, MANUEL D. op.cit. p.209
355. OLIVER GARCÍA, JUAN op.cit. p.193
356. ABAD DE SANTILLAN, DIEGO op.cit. p.115
357. LA BATALLA       07.01.37
358. CRUELLS, MANUEL  op.cit. p.143
359. ABAD DE SANTILLAN, DIEGO op.cit. p.132
360. LORENZO, CESAR M. op.cit. p.91
361. BROUÉ,P.-TEMINE,É. "La revolución y la guerra de España"                          p.189
362. BRICALL, JOSEP MARÍA "Política económica de la Generalitat                         (1936-1939)" p.106
363. ABAD DE SANTILLAN, DIEGO  op.cit. p.185-187
364. BARRIOBERO Y HERRANZ "Memorias de un tribunal revolucionario                          durante la República" p.30
365. BRADEMAS, JOHN    "Anarcosindicalismo y revolución en España                          (1930-1937)" p.181
366. GARCÍA OLIVER, JUAN op.cit. p.228
367. ABAD DE SANTILLAN, DIEGO op.cit. p.114-115
368. ABAD DE SANTILLAN, DIEGO op.cit. p.115
369. BARRIOBERO Y HERRANZ op.cit. p.26
370. LA HUMANITAT      25.07.36
 
371. BROUÉ,P.-TEMINE,É op.cit. p.170
372. CRUELLS, MANUEL   op.cit. p.77
373. PÉREZ BARO, ALBERT "30 meses de colectivismo EN Cataluña"                          p.43
374. CRUELLS, MANUEL   op.cit. p.68
375. ALBA, VICTOR      "el obrero colectivizado" p.186
376. PAZ, ABEL          op.cit. p.421
377. FRASER, RONALD    op.cit. Tomo I p.192
378. LA HUMANITAT      25.07.36
379. OSORIO, ANGEL     "Vida y sacrificio de Companys"
380. BROUÉ,P.-TEMINE,É. op.cit. p.166
381. LA HUMANITAT      13.08.36
382. RAMA, CARLOS      "La crisis española del siglo XX" p.254
383. PAZ, ABEL          op.cit. p.392
384. BERNECKER, WALTHER  op.cit. p.383
385. LORENZO, CESAR M. op.cit. p.89
386. CRUELLS, MANUEL   op.cit. p.279
387. ABAD DE SANTILLAN, DIEGO  op.cit. p.162-163
388. SEMPRUN-MAURA, CARLOS "Revolución y contrarrevolución en                           Cataluña" p.209-210
     BORKENAU, FRANZ   "El reñidero español" p.145-146
389. ABAD DE SANTILLAN, DIEGO op.cit. p.176
390. SABATER, JORDI    "Anarquisme i catalanisme" p.52
391. ABAD DE SANTILLAN, DIEGO op.cit. p.163-165
392. ABAD DE SANTILLAN, DIEGO op.cit. p.167-168
393. ORWELL, GEORGE    "Homenaje a Cataluña" p.63-65
394. LORENZO, CESAR M. op.cit. p.87
395. CRUELLS, MANUEL   op.cit. p.36
396. MUNIS, G.          "Jalones de derrota, promesa de victoria"                          p.437
397. CRUELLS, MANUEL   op.cit. p.111
398. CRUELLS, MANUEL   op.cit. p.64
399. ABAD DE SANTILLAN, DIEGO op.cit. p.104
400. ABAD DE SANTILLAN, DIEGO op.cit. p.103
401. BROUÉ,P.-TEMINE,É. op.cit. p.159
402. MARTÍNEZ BANDE    "La invasión de Aragón y el desembarco en                          Mallorca" p.63
403. FRASER, RONALD    op.cit. Tomo I p.179
404. GARCÍA OLIVER, JUAN op.cit. p.232
405. MORROW, FÉLIX     p.108 (cita de "Claridad" 20.08.36)
406. CRUELLS, MANUEL   op.cit. p.115
407. TROTSKY, LEÓN     (recopilación y comentarios de P.Broué)                          op.cit. p. (Los revolucionarios en la                            guerra civil", ante la Comisión de                               investigación sobre los procesos de Moscú                          14.04.37).
408. BORKENAU, FRANZ   op.cit. p.64
409. CRUELLS, MANUEL   op.cit. 81-82
410. PAZ, ABEL          op.cit. p.400
411. CRUELLS, MANUEL,  op.cit. p.44-46
412. ALBA, VICTOR      "El obrero colectivizado" p.76
413. MUNIS, G.          op.cit. p.437
414. ABAD DE SANTILLAN, DIEGO op.cit. p.437
415. TROTSKY, LEÓN op.cit. Tomo II p.227-228 (nota 32)
416. NIN, ANDREU       "La revolución española" p.216
417. LA BATALLA 16,    20.08.36
418. ALBA, VICTOR      "La revolución española en la práctica"                          p.98-99
419. ALBA, VICTOR      op.cit. p.183
420. MORROW, FÉLIX     op.cit. p.146
421. ORWELL, GEORGE    "Mi guerra civil española" p.96-97
422. TROTSKY, LEÓN     Tomo II op.cit. p.515
423. FRASER, RONALD    op.cit. Tomo I p.203 (recoge las                                 declaraciones de Jaume Miravitlles).
424. BENAVIDES, MANUEL D. op.cit. p.205
425. LA HUMANITAT      23.07.36
426. LA HUMANITAT      31.07.36
427. SOLIDARIDAD OBRERA 30.07.36
428. LA BATALLA 15,    19.08.36
429. SEMPRUN-MAURA, CARLOS op.cit. p.59
430. SEMPRUN-MAURA, CARLOS op.cit. p.60
431. PAZ, ABEL          op.cit. p.435
432. ABAD DE SANTILLAN, DIEGO op.cit. p.110
433. BROUÉ,P.-TEMINE,É. op.cit. p.159
434. NIN, ANDREU       op.cit. p.183
435. ABAD DE SANTILLAN, DIEGO op.cit. p.117
436. ABAD DE SANTILLAN, DIEGO op.cit. p.111
437. PAZ, ABEL          op.cit. p.392
438. KAMINSKI, H. E.   "Los de Barcelona" p.43
439. GUARNER, VICENÇ   op.cit. p.118
440. FRASER, RONALD    op.cit. Tomo I p.161-162
441. ORWELL, GEORGE    "Homenaje a Cataluña" p.149
442. CRUELLS, MANUEL   op.cit. p.62
443. ABAD DE SANTILLAN, DIEGO op.cit. p.178
444. FRASER, RONALD    op.cit. Tomo I p.182
445. FRASER, RONALD    op.cit. Tomo I p.182
446. BENAVIDES, MANUEL D. op.cit. p.274-275
447. CRUELLS, MANUEL   op.cit. p.62
     DIAZ MARTÍN       "Historia y vida" n.62 p.19
448. CRUELLS, MANUEL   op.cit. p.63-64
449. FRASER, RONALD    op.cit. Tomo I p.182
450. GARCÍA OLIVER, JUAN op.cit. p.265
451. ABAD DE SANTILLAN, DIEGO op.cit. p.234
452. ABAD DE SANTILLAN, DIEGO op.cit. p.251
453. BROUÉ,P.-TEMINE,É. op.cit. p.199
454. GARCÍA OLIVER, JUAN op.cit. p.265
455. GARCÍA OLIVER, JUAN op.cit. p.268-269
456. CRUELLS, MANUEL   op.cit. p.84
457. GARCÍA OLIVER, JUAN op.cit. p.194
458. BAYO, ALBERTO     "Mi desembarco en Mallorca" p.87
459. MIRAVITLLES, JAUME "Episodis de la guerra civil espanyola"                          p.240
460. GARCÍA OLIVER, JUAN op.cit. p.238-239
461. GARCÍA OLIVER, JUAN op.cit. p.239
462. GARCÍA OLIVER, JUAN op.cit. p.239
463. CRUELLS, MANUEL   "L'expedició a Mallorca" p.22
464. BAYO, ALBERTO     op.cit. p.35-36
465. ALMENDROS, JOAQUIN "Situaciones españolas: 1936/1939"                              p.49-51
466. ALMENDROS, JOAQUIN op.cit. p.58
467. LA HUMANITAT      30.07.36
468. LA HUMANITAT      05.08.36
469. BAYO, ALBERT      op.cit. p.40-41
470. ALMENDROS, JOAQUIN op.cit. p.57
471. VIDARTE, JUAN-SIMEON "Todos fuimos culpables" p.316
472. VIDARTE, JUAN-SIMEON op.cit. p.314
473. VIDARTE, JUAN-SIMEON op.cit. p.315
474. ALMENDROS, JOAQUIN op.cit. p.56
475. BAYO, ALBERTO     op.cit. p.129
476. BAYO, ALBERTO     op.cit. p.210
477. ABAD DE SANTILLAN, DIEGO op.cit. p.169-170
478. LORENZO, CESAR M. "Los anarquistas españoles y el poder"                           p.152
479. ABAD DE SANTILLAN, DIEGO op.cit. p.171
480. GARCÍA OLIVER, JUAN op.cit. p.257-258
481. BRADEMAS, JOHN    "Anarcosindicalismo y revolución en España                          (1930-1937)" p.183-184
482. BRADEMAS, JOHN    op.cit. p.184
483. GARCÍA OLIVER, JUAN op.cit. p.211 (nota 1)
484. ALMENDROS, JOAQUIN op.cit. p.92
485. CARR, E.H.        "La Comintern y la guerra civil española"                          p.48-49
486. CARR, E.H.        op.cit. p.52
487. CLAUDIN, FERNANDO op.cit. p.180
488. ABAD DE SANTILLAN, DIEGO op.cit. p.272
489. ALMENDROS, JOAQUIN op.cit. p.190-191
490. ABAD DE SANTILLAN, DIEGO op.cit. p.274
491. SOLIDARIDAD OBRERA 1353, 15.08.36
492. LA BATALLA 8,     11.08.36
493. SOLIDARIDAD OBRERA 1344 05.08.36
494. SOLIDARIDAD OBRERA 1353 15.08.36
495. GARCÍA OLIVER, JUAN op.cit. p.217
496. BENAVIDES, MANUEL D. op.cit. p.224-225
497. CAMINAL, MIQUEL   op.cit. p.23
498. GARCÍA OLIVER, JUAN op.cit. p.218
499. LA BATALLA 6,     08.08.36
500. LA BATALLA 7,     09.08.36
501. LA HUMANITAT      06.08.36
502. BENAVIDES, MANUEL D. "Guerra y revolución en Cataluña" P.224 503. CAMINAL, MIQUEL   op.cit. p.24
504. CAMINAL, MIQUEL   op.cit. p.24
505. TREBALL 47,       13.09.36
506. PAZ, ABEL          "Durruti. El proletariado en armas" p.422
507. GUARNER, VICENÇ   "L'aixecament militar i la guerra civil                          a Cataluña" p.185
508. GARCÍA OLIVER, JUAN op.cit. 205
509. CAMINAL, MIQUEL op.cit. p.31 (entrevista 16.02.81).
510. BRICALL, JOSEP MARÍA "Política económica de la Generalitat                          (1936-1939)" p.293
511. BENAVIDES, MANUEL D. op.cit. p.255
512. GARCÍA OLIVER, JUAN op.cit. p.233-237
513. PAZ, ABEL          op.cit. p.437
514. PAZ, ABEL          op.cit. p.438-439
515. GUERRA DI CLASSE 3, 24.10.36
516. MIRAVITLLES, JAUME "Episodis de la guerra civil espanyola"                          p.121-122
517. MIRAVITLLES, JAUME op.cit. p.124
518. ARAQUISTAIN, LUIS op.cit. (La verdad sobre la intervención                          y la no intervención, 1936) p.163
519. BOLLOTTEN, BURNETT "La revolución española" p.247-248
520. MORROW, FÉLIX     op.cit. p.119
521. ABAD DE SANTILLAN, DIEGO "por que perdimos..." p.95
522. ABAD DE SANTILLAN, DIEGO "por que perdimos..." p.96
523. BERNECKER, WALTHER op.cit. p.304
524. CAMINAL, MIQUEL   op.cit. p.12
525. JULIA, SANTOS     "La izquierda del PSOE (1935-1936)" p.184
526. PAZ, ABEL          op.cit. p.430
527. GARCÍA OLIVER, JUAN op.cit. p.186
528. PEIRATS, JOSÉ     "La CNT en la revolución española" Tomo                          III p.171-172
529. PEIRATS, JOSÉ     "Los anarquistas en la crisis política                           española" p.116-117 (texto publicado en                          <<Solidaridad Obrera>> 28.07.36)
530. FRASER, RONALD    op.cit. Tomo I 297-298
531. FRASER, RONALD    op.cit. Tomo II p.388
532. ABAD DE SANTILLAN, DIEGO "por que perdimos..." p.201-202
533. TROTSKY, LEÓN     "La lucha contra el fascismo" (¿Qué es el                          nacionalsocialismo? 10.06.33) p.317
534. ARAQUISTAIN, LUIS op.cit. p.158
535. MORROW, FÉLIX     op.cit. p.256
536. SEMPRUN-MAURA, CARLOS "Revolución y..." p.121
540. SEMPRUN-MAURA, CARLOS op.cit. 121
538. SOUCHY, A.-FOLGARE, P. "Colectivizaciones" p.23
539. TREBALL 6,        28.07.36
540. LORENZO, CESAR M. op.cit. p.94
541. MORROW, FÉLIX     op.cit. p.99
542. CAMINAL, MIQUEL   op.cit. p.28-29
543. CAMINAL, MIQUEL   op.cit. p.29
544. ABAD DE SANTILLAN, DIEGO "por que..." p.136
545. BERNECKER, WALTHER op.cit. p.322
546. BROUÉ,P.-TEMINE,É. op.cit. 191-192 (ver nota)
547. PÉREZ BARO, ALBERT "30 meses..." p.55
548. MUNIS, G.          "Jalones..." p.417-418
549. TREBALL 41,       06.09.36
550. MUNIS, G.          op.cit. p.421
551. TREBALL 52,       19.09.36
552. BERNECKER, WALTHER op.cit. p.319
553. BERNECKER, WALTHER op.cit. p.339
554. BERNECKER, WALTHER op.cit. p.114
555. SOLIDARIDAD OBRERA 1373, 08.09.36
556. SEMPRUN-MAURA, CARLOS op.cit. p.163
557. ALBA, VICTOR      "La revolución..." p.192 (texto de Oltra                          Picó)
558. ALBA, VICTOR      "la revolución..." p.195-196 (Oltra Picó)
559. CAMINAL, MIQUEL   op.cit. p.30-31
560. BERNECKER, WALTHER op.cit. p.322
561. BENAVIDES, MANUEL D. op.cit. p.226
562. KAMINSKI H. E.    "Los de Barcelona" p.135
563. SEMPRUN-MAURA, CARLOS op.cit. p.54
564. CAMINAL, MIQUEL   op.cit. p.18
565. TREBALL            15.09.36
566. FRASER, RONALD    op.cit. Tomo I p.248
567. BOLLOTEN, BURNETT "La revolución española" p.528-529
568. BENAVIDES, MANUEL D. op.cit. p.226-227
569. CAMINAL, MIQUEL   op.cit. p.13
570. TREBALL            22.09.36
571. KAMINSKI, H. E.   op.cit. p.129
572. LORENZO, CESAR M. op.cit. p.84
573. LA HUMANITAT      05.08.36
574. SOLIDARIDAD OBRERA 27.07.36
575. SOLIDARIDAD OBRERA 02.09.36
576. MUNIS, G.          op.cit. p.305
577. SABATER, JORDI    "Anarquisme i catalanisme" p.70
578. GARCÍA OLIVER, JUAN op.cit. p.217
579. GARCÍA OLIVER, JUAN op.cit. p.188
590. KAMINSKI, H. E.   op.cit. p.11
581. CRUELLS, MANUEL   "La revolta de 1936 a Barcelona" p.253
582. MUNIS, G.          op.cit. p.307
583. LA BATALLA        14.03.37
584. KAMINSKI, H. E.   op.cit. p.140
585. LA BATALLA 45,    23.09.36
586. ALBA, VICTOR      "La revolución día a día" p.99-100
587. ALBA, VICTOR      "La revolución..." p.112
588. ALBA, VICTOR      "La revolución..." p.100
589. ALBA, VICTOR      "La revolución..." p.100-101
590. TROTSKY, LEÓN     (Broué) Tomo II p.514
591. MUNIS, G.          op.cit. p.321
592. PEIRATS, JOSÉ     "La CNT en ..." p.205
593. PAZ, ABEL          "Durruti..." p.467
594. ABAD DE SANTILLAN, DIEGO "por que perdimos..." p.180
595. PEIRATS, JOSÉ     "Los anarquistas..." p.188-189
596. BRADEMAS, JOHN    op.cit. p.223
597. BORKENAU, FRANZ   op.cit. p.144
598. RAMA, CARLOS      "La crisis..." p.261
599. TROTSKY, LEÓN     (Broué) op.cit. Tomo II p.30
600. FRASER, RONALD    op.cit. Tomo I p.252
601. GARCÍA OLIVER, JUAN op.cit. p.277-278
602. PEIRATS, JOSÉ     "Los anarquistas..." p.194
603. GARCÍA OLIVER, JUAN op.cit. p.279
604. FRASER, RONALD    op.cit. Tomo I p.251
605. GARCÍA OLIVER, JUAN op.cit. p.212-220
606. CRUELLS, MANUEL   "La revolta del 36 a Barcelona" p.286
607. ABAD DE SANTILLAN, DIEGO "por que perdimos..." p.180-181
608. LORENZO, CESAR M. op.cit. p.97
609. GARCÍA OLIVER, JUAN op.cit. p.187
610. LORENZO, CESAR M. op.cit. p.97
611. SOLIDARIDAD OBRERA 26.09.36
612. NIN, ANDREU       "Los problemas de la revolución española"                          p.29
613. CAMINAL, MIQUEL   op.cit. p.37
614. BONAMUSA, FRANCESC, "Andreu Nin y el movimiento comunista                          en España (1930-1937)" p.291
615. TROTSKY, LEÓN     (Broué) Tomo II, Anexos, cartas de J.                            Rebull p.507-516
616. LA BATALLA 40,    17.09.36
617. LA BATALLA 41,    19.09.36
618. ALBA, VICTOR      "La revolución día a día" p.100
619. LA BATALLA 41,    19.09.36
620. TROTSKY, LEÓN     (Broué) op.cit. Tomo II p.509, Anexo J.                          Rebull
621. BONAMUSA, FRANCESC op.cit. p.291-292
622. NIN, ANDREU       "La revolución española" p.225-226
623. NIN, ANDREU       "Los problemas de la ..." p.30
624. MIRAVITLLES, JAUME op.cit. p.179-180
625. GARCÍA OLIVER, JUAN op.cit. p.278
626. GARCÍA OLIVER, JUAN op.cit. p.278-279
627. CAMINAL, MIQUEL   op.cit. p.56-57
628. GARCÍA OLIVER, JUAN op.cit. p.283
629. GARCÍA OLIVER, JUAN op.cit. p.284
630. SABATER, JORDI    op.cit. p.55-56
631. DECRET DE LA GENERALITAT 03.10.36 (Anexos)
632. TREBALL            29.09.36
633. SOLIDARIDAD OBRERA 1391, 29.09.36
634. LA BATALLA 49,    27.09.36
635. LA BATALLA 51,    30.09.36
636. LA BATALLA 51,    30.09.36
637. BONAMUSA, FRANCESC op.cit. p.295
638. LA HUMANITAT      27.09.36
639. NIN, ANDREU       "La revolución española" p.226
640. MUNIS, G.          op.cit. p.321
641. RAMA, CARLOS      "La crisis..." p.269
642. CAMINAL, MIQUEL   op.cit. p.36
643. BERNECKER, WALTHER op.cit. p.399
644. TREBALL 62,       01.10.36
645. TREBALL 63,       02.10.36
646. BRADEMAS, JOHN    op.cit. p.215
647. JACKSON GABRIEL   "La República española y la guerra civil"                          p.205
648. AZAÑA, MANUEL     "Causas de la guerra de España" p.102
649. LORENZO, CESAR M. op.cit. p.83
650. GARCÍA OLIVER, JUAN op.cit. p.186
651. LORENZO, CESAR M. op.cit. p.83
652. LORENZO, CESAR M. op.cit. p.191
653. SEMPRUN-MAURA, CARLOS op.cit. p.44
654. TROTSKY, LEÓN     (Broué) op.cit. Tomo II p.181
655. CRUELLS, MANUEL   "La revolta del 1936 a Barcelona" p.243
656. FRASER. RONALD    op.cit. Tomo I p.245
657. CRUELLS, MANUEL   "La revolta..." p.284
658. SEMPRUN-MAURA, CARLOS op.cit. p.53-54
659. JONG, RUDOLF DE comunicación (ver bibliografía)
660. SEMPRUN-MAURA, CARLOS op.cit. p.56-57
661. LORENZO, CESAR M. op.cit. p.86
662. BERNECKER, WALTHER op.cit. p.399-404
663. BERNECKER, WALTHER op.cit. p.402
664. PEIRATS, JOSÉ     "La CNT en la revolución..." p.261-269
665. SEMPRUN-MAURA, CARLOS op.cit. p.48
666. CRUELLS, MANUEL   "La revolta de 1936..." p.249
667. ABAD DE SANTILLAN, DIEGO "El anarquismo y la revolución en                          España" p.351
668. ABAD DE SANTILLAN, DIEGO "El anarquismo..." p.350
669. PAZ, ABEL          op.cit. p.385
670. NIN, ANDREU       "Los problemas de la revolución..." p.29
671. SEMPRUN-MAURA, CARLOS op.cit. p.72
672. SEMPRUN-MAURA, CARLOS op.cit. p.65
673. FRASER, RONALD    op.cit. Tomo I p.192-193
674. FRASER, RONALD    op.cit. Tomo I p.193
675. GARCÍA OLIVER, JUAN op.cit. p.209
676. MUNIS, G.          op.cit. p.302
677. MORROW, FÉLIX     op.cit. p.92
678. ABAD DE SANTILLAN, DIEGO "por que perdimos..." p.96
679. GARCÍA OLIVER, JUAN op.cit. p.188
680. PAZ, ABEL          op.cit. p.383
681. FRASER, RONALD    op.cit. Tomo I p.250
 

5ª PARTE
 
LA DECADENCIA DEL DOBLE PODER.
 
682. BOLLOTTEN, BURNETT "La revolución española" p.287-290
683. TROTSKY, LEÓN     (Broué) op.cit. Texto de P.Broué
684. GARCÍA OLIVER, JUAN op.cit. p.684
685. LORENZO, CESAR M. op.cit. p.109
686. LORENZO, CESAR M. op.cit. p.110
687. PEIRATS, JOSÉ     "La CNT en la..." p.221
688. SOLIDARIDAD OBRERA, 04.11.36
689. TROTSKY, LEÓN     (Broué) Tomo II p.86
690. LORENZO, CESAR M. op.cit. p.191 (cita a García Pradas)
691. BRADEMAS, JOHN    op.cit. p.219
692. SOLIDARIDAD OBRERA 04.11.36
693. BROUÉ,P.-TEMINE,É. op.cit. p.242
694. BOLLOTTEN, BURNETT "El gran engaño" p.173 (discurso de                             Federica Montseny reproducido por                                "Solidaridad Obrera" 05.01.37
695. PAZ, ABEL          "por que perdimos..." p.420
696. PEIRATS, JOSÉ     "Los anarquistas..." p.191
697. BRADEMAS, JOHN    op.cit. 218
698. LA BATALLA 46     24.09.36
699. SOLIDARIDAD OBRERA 1392, 30.09.36
700. PEIRATS, JOSÉ     "Los anarquistas..." p.193
701. PEIRATS, JOSÉ     "Los anarquistas..." p.193
702. SOLIDARIDAD OBRERA 23.10.36 (Horacio Prieto)
703. BRADEMAS, JOHN    op.cit. p.218
704. ARAQUISTAIN, LUIS (carta a Alvarez del Vayo, 06.04.37)
705. PAZ, ABEL          op.cit. p.470
706. PEIRATS, JOSÉ     "Los anarquistas..." p.190-191
707. TROTSKY, LEÓN     (Broué) "La revolución española" Tomo II                          Comentarios de Broué p.31
708. PEIRATS, JOSÉ     "Los anarquistas..." p.201-202
709. PEIRATS, JOSÉ     "Los anarquistas..." p.207-208
710. BOLLOTEN, BURNETT "El gran engaño" p.170
711. LORENZO, CESAR M. p.108
712. SOLIDARIDAD OBRERA 25.10.36
713. MUNIS, G.          op.cit. p.311
714. TROTSKY, LEÓN     (Broué) "La revolución española" Tomo II                          p.36
715. BONAMUSA, FRANCESC op.cit. p.308
716. PAYNE, STANLEY G. op.cit. p.42
717. TROTSKY, LEÓN     (Broué) "La revolución..." Tomo II p.37-38
718. ALBA, VICTOR,     "La revolución día a día" p.112
719. BROUÉ,P.-TEMINE,É op.cit. p.246-247
720. CLAUDIN, FERNANDO op.cit. p.184
721. BOLLOTTEN, BURNETT "La revolución española" p.294                                  (reproducción de "Claridad" 19.02.37)
722. MORROW, FÉLIX     op.cit. p.66
723. BOLLOTTEN, BURNETT "La revolución..." p.295
724. SOLIDARIDAD OBRERA 29.12.36
725. BERNECKER, WALTHER op.cit. p.417
726. BERNERI, CAMILO   "Guerra di Classe" 14.04.37
727. SOLIDARIDAD OBRERA 07.03.37
 
728. ACTAS DE LA JUNTA DE SEGURIDAD INTERIOR DEL GOBIERNO DE LA                          GENERALITAT días 29 y 30/01/36, 03/02/37
729. CARR, RAYMOND     "Estudios sobre la República..." p.176
730. SOLIDARIDAD OBRERA 04.03.37
731. CAMINAL, MIQUEL   p.99-100
732. BENAVIDES, MANUEL D. op.cit. p.217
733. LA BATALLA        27.01.37
734. LA BATALLA        07.01.37
735. MUNIS, G.          op.cit. p.340-341
736. CARR, RAYMOND     "Estudios..." p.177
737. CARR, RAYMOND     "Estudios..." p.178
738. CRUELLS, MANUEL   "De les milícies..." p.142
739. BROUÉ,P.-TEMINE,É. op.cit. p.252
740. BOLLOTTEN, BURNETT "La revolución..." p.300
741. BOLLOTTEN, BURNETT "La revolución..." p.300
742. PAYNE, STANLEY    op.cit. p.80
743. PAYNE, STANLEY    op.cit. p.80
744. MARTÍNEZ BANDE, MANUEL op.cit. p.194
745. MARTÍNEZ BANDE, M. op.cit. p.200
746. VERNON RICHARDS   op.cit. p.96
747. CRUELLS, MANUEL   "De les milícies..." p.85
748. VERNON, RICHARDS  op.cit. p.194-195 (cita a Peirats)
749. GUERRA DI CLASSE  05.11.36
750. BRADEMAS, JOHN    op.cit. p.235
751. CARR, RAYMOND     "La tragedia..." p.128
752. TROTSKY, LEÓN     (Broué) Tomo II p.386 (carta de Moulin)
753. BORKENAU, FRANZ   op.cit. p.149
754. CRUELLS, MANUEL   "De les milícies..." p.58 (cita a Tisner)
755. CRUELLS, MANUEL   "De les milícies..." p.86
756. ORWELL, GEORGE    "Homenatge..." p.52 (Cruells)
757. TIERRA Y LIBERTAD 06.03.37
758. ORWELL, GEORGE    "Homenatge..." p.51
759. MUNIS, GEORGE     op.cit. p.452
760. CRUELLS, MANUEL   "De les milícies..." p.140
761. BOLLOTTEN, BURNETT "La revolución española" p.549
762. TIERRA Y LIBERTAD 10.04.37
763. BOLLOTTEN, BURNETT "El gran engaño" p.234
764. BOLLOTTEN, BURNETT "La revolución..." p.435
                       (cita a "CNT" 20.09.37
765. CLARIDAD           20.08.36
766. CLAUDIN, FERNANDO op.cit. p.184
767. CLAUDIN, FERNANDO op.cit. p.184
768. ALPERT, MICHAEL   op.cit. p.71-72
769. ALPERT, MICHAEL   op.cit. p.74
770. CARR, RAYMOND     "La tragedia..." p.169
771. BRADEMAS, JOHN    op.cit. p.233
772. ALPERT, MICHAEL   op.cit. p.182
773. BRADEMAS, JOHN    op.cit. p.237 (cita a P.Bernard)
774. BOLLOTTEN, BURNETT "La revolución..." p.461
775. ALPERT, MICHAEL   op.cit. p.79
776. ALPERT, MICHAEL   op.cit. p.219
777. CRUELLS, MANUEL   "De les milícies..." p.131
778. RICHARDS, VERNON  op.cit. p.112-113
779. ORWELL, GEORGE    "Homenatge..." p.91
780. CRUELLS, MANUEL   "De les milícies..." p.60
781. BROUÉ, PIERRE     "La revolución española" p.126
782. BOLLOTTEN, BURNETT "La revolución..." p.430
                       (cita a Frente Libertario, 27/10/36)
783. BOLLOTTEN, BURNETT "La revolución..." p.55 (cita a "Ruta",                          órgano de prensa de las JJ.LL. 17.04.37)
784. BROUÉ,P.-TEMINE,É. op.cit. p.256
785. ORWELL, GEORGE    "Homenatge..." p.149
786. BROUÉ,P.-TEMINE,É. op.cit. p.260
787. BERNECKER, WALTHER op.cit. p.327
788. BRADEMAS, JOHN    op.cit. p.198
789. SEMPRUN-MAURA, CARLOS op.cit. p.131
790. BERNECKER, WALTHER op.cit. p.334
     SEMPRUN-MAURA, CARLOS op.cit. p.123
791. CAMINAL, MIQUEL   op.cit. p.45-46
792. CAMINAL, MIQUEL   op.cit. p.46-47
793. MUNIS, G.          op.cit. p.324
794. BERNECKER, WALTHER op.cit. p.315-316
795. FRASER, RONALD Tomo I p.320
796. SOUCHY, A.-FOLGARE, P. op.cit. p.46
797. SABATER, JORDI    op.cit. p.54
798. SEMPRUN-MAURA, CARLOS op.cit. p.127
799. BERNECKER, WALTHER op.cit. p.328
800. BROUÉ,P.-TEMINE,É. op.cit. p.260-261
801. PÉREZ BARO, ALBERT op.cit. p.120
802. BERNECKER, WALTHER op.cit. p.324
803. BERNECKER, WALTHER op.cit. p.326
804. FRASER, RONALD    Tomo I op.cit. p.318
805. CASANOVAS, M.     "La guerra de España" p.119
806. RICHARDS, VERNON  op.cit. p.132-133
807. BRADEMAS, JOHN    op.cit. p.198-199
808. LORENZO, CESAR M. op.cit. p.103
809. SEMPRUN-MAURA, CARLOS op.cit. p.122
810. ALBA, VICTOR      "La revolución día a día" p.205
811. ALBA, VICTOR      "La revolución..." p.206
812. ALBA, VICTOR      "La revolución..." p.217
813. ALBA, VICTOR      "La revolución..." p.152
                       La Batalla 14.03.37
814. PÉREZ BARO, ALBERT op.cit. p.132
815. DOCUMENTO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE AGUA Y                                  ELECTRICIDAD DE LA UGT (Noviembre 1936)
816. SEMPRUN-MAURA, CARLOS op.cit. p.134
     BRADEMAS, JOHN    op.cit. p.199
817. FRASER, RONALD    Tomo I op.cit. p.297
818. FRASER, RONALD    Tomo I op.cit. p.292 (cita a Baró)
819. FRASER, RONALD    Tomo I op.cit. p.318
820. PÉREZ BARO, ALBERT op.cit. p.87
821. BERNECKER, WALTHER op.cit. p.335
     FRASER, RONALD    op.cit. Tomo I p.314 (cita a Pérez Baró)
822. BERNECKER, WALTHER op.cit. p.335
823. BERNECKER, WALTHER op.cit. p.338
824. GUARNER, VICENÇ   op.cit. p.188
825. MORROW, FÉLIX     op.cit. p.130
826. MORROW, FÉLIX     op.cit. p.130
827. BERNECKER, WALTHER op.cit. p.287
828. MIRAVITLLES, JAUME op.cit. p.371
829. BERNECKER, WALTHER op.cit. p.297 (cita a Peiró)
830. BERNECKER, WALTHER op.cit. p.288
831. BERNECKER, WALTHER op.cit. p.112
832. BERNECKER, WALTHER op.cit. p.144
833. BERNECKER, WALTHER op.cit. p.122
834. BERNECKER, WALTHER op.cit. p.122
835. LORENZO, CESAR M. op.cit. p.200
836. BROUÉ,P.-TEMINE,É. op.cit. p.259
837. LORENZO, CESAR M. op.cit. p.208
838. BOLLOTTEN, BURNETT "La revolución..." p.293
                       (cita "política 23.02.37
839. BERNECKER, WALTHER op.cit. p.296
840. RICHARDS, VERNON  op.cit. p.118
841. BERNECKER, WALTHER op.cit. p.293
842. BERNECKER, WLATHER op.cit. p.119
843. CASTERAS, RAMÓN   "Las JSUC ante la guerra y la revolución                          (1936-1939)"
844. MORROW, FÉLIX     op.cit. p.118
845. MUNIS, G.          op.cit. p.421
846. PEIRATS, JOSÉ     "Los anarquistas..." p.155
847. BOLLOTTEN, BURNETT "La revolución..." p.328-329
848. BOLLOTTEN, BURNETT "La revolución..." p.333
849. LEVAL, GASTON     "Las colectividades 1936-1939" p.315
850. PEIRATS, JOSÉ     "La CNT..." p.275
851. FRASER, RONALD    Tomo II p.128
852. LEVAL, GASTON     op.cit. p.315
853. MUNIS, G.          op.cit. p.418
854. MUNIS, G.          op.cit. p.432
855. VARIOS             "Las colectividades campesinas"
                       (texto de Noam Chomski) p.330-331
856. NIN, ANDREU       "La revolución española" p.226
857. VERNON, RICHARDS  op.cit. p.81-82
858. LORENZO, CESAR M. op.cit. p.105-106
859. PAZ, ABEL          "Durruti. El proletariado..." p.467
860. LA BATALLA        29.12.36
     BERNERI, CAMILO   op.cit. p.249
861. LA BATALLA        16.12.36
862. NIN, ANDREU       "Por la unificación marxista" p.555
863. CLAUDIN, FERNANDO op.cit. p.168
864. LA BATALLA        15.12.36
865. BONAMUSA, FRANCESC op.cit. p.335
866. NIN, ANDREU       "La revolución..." p.227
867. TROTSKY, LEÓN     (Broué) op.cit. Tomo II p.38
868. TROTSKY, LEÓN     (Broué) op.cit. Tomo II p.85
869. TREBALL            13.12.36
870. BORKENAU, FRANZ   op.cit. p.146
871. CARR, RAYMOND     "La tragedia..." p.175
     LORENZO, CESAR M. op.cit. p.212
872. SABATER, JORDI    op.cit. p.73
873. LORENZO, CESAR M. op,cit, p.212
874. CAMINAL, MIQUEL   op.cit. p.67
875. CAMINAL, MIQUEL   op.cit. p.85
876. SOLIDARIDAD OBRERA 17.12.36
877. CAMINAL, MIQUEL   op.cit. p.71
878. BRICALL, JOSEP MARÍA op.cit. p.143
879. BRADEMAS, JOHN    op.cit. p.228
880. BORKENAU, FRANZ   op.cit. p.146
881. BORKENAU, FRANZ   op.cit. p.147
882. TREBALL            22.12.36
883. SEMPRUN-MAURA, CARLOS op.cit.  p.241
884. TREBALL            05.01.37
885. MUNIS, G.          OP.CIT. P.339
886. CAMINAL, MIQUEL   op.cit. p.83
887. LA BATALLA        12.01.37
888. CARR, RAYMOND     "Estudios..." (Bollotten) p.176
889. BRICALL, JOSEP MARÍA op.cit. p.116
890. SEMPRUN-MAURA, CARLOS op.cit. p.240
891. CRUELLS, MANUEL   "De les milícies..." p.136
892. BROUÉ, PIERRE     "La revolución..." p.122
     PAYNE, STANLEY    op.cit. p.73
893. SEMPRUN-MAURA, CARLOS op.cit. p.253-254
894. SOLIDARIDAD OBRERA 07.03.37
895. RAMA, CARLOS      "La crisis..." p.267
896. BERNERI, CAMILO   op.cit. p.250
897. CRUELLS, MANUEL   "De les milícies..." p.148
898. CAMINAL, MIQUEL   op.cit. p.106-107
899. CAMINAL, MIQUEL   op.cit. p.109
900. CAMINAL, MIQUEL   op.cit. p.115
901. BERNECKER, WALTHER op.cit. p.433-434
902. CASANOVAS M.      op.cit. p.87
     MUNIS, G.         op.cit. p.352
903. BERNECKER, WALTHER op.cit. p.435
904. ALMENDROS, JOAQUIN op.cit. p.66-67
905. ALBA, VICTOR      "La revolución..." p.116
906. PAYNE, STANLEY    op.cit. p.78
907. LA BATALLA        04.03.37
908. ALBA, VICTOR      "La revolución día a día..." p.152
909. TROTSKY, LEÓN     op.cit. Tomo II p.107-108
910. CLAUDIN, FERNANDO op.cit. p.184
911. SOLIDARIDAD OBRERA 04.11.36
912. CARR, RAYMOND     "La tragedia..." p.137
913. PEIRATS, JOSÉ     "La revolución..." p.221
914. FRASER, RONALD    op.cit. Tomo I p.252
915. LA BATALLA        03.09.36
916. LA BATALLA        05.09.36
917. NIN, ANDREU       "La revolución..." p.226
918. NIN, ANDREU       "La revolución..." p.231
919. TROTSKY, LEÓN     (Broué) op.cit. Tomo II p.85-86
920. NIN, ANDREU       "La revolución..." p.226
921. VIDARTE, JUAN-SIMEON op.cit. p.530
922. BROUÉ,P.-TEMINE,É op.cit. p.281
923. FRASER, RONALD    op.cit. Tomo I p.360
924. JACKSON, GABRIEL  "La revolución española y..." p.287
925. FRASER, RONALD,   op.cit. Tomo I p.364
926. BROUÉ,P.-TEMINE,É op.cit. p.289
927. BROUÉ,P.-TEMINE,É op.cit. p.289
928. MUNIS, G. op.cit. p.334
929. BROUÉ,P.-TEMINE,É. op.cit. p.298
930. BROUÉ,P.-TEMINE,É. op.cit. p.298-299
931. BROUÉ,P.-TEMINE,É. op.cit. p.244-245
932. CLAUDIN, FERNANDO op.cit. p.184
933. LORENZO, CESAR M. op.cit. p.121
934. NIN, ANDREU       "La revolución..." p.229
935. BOLLOTTEN, BURNETT "La revolución..." p.335
936. LORENZO, CESAR M. op.cit. p.121
937. BERNECKER, WALTHER op.cit. p.421
938. BERNECKER, WLATHER op.cit. p.421
939. LORENZO, CESAR M. op.cit. p.122
940. BROUÉ,P.-TEMINE,É. op.cit. p.316
941. AZAÑA. MANUEL     "Causas de la guerra de España" p.143
942. CLAUDIN, FERNANDO op.cit. p.184
943. CLAUDIN, FERNANDO op.cit. p.180
944. CLAUDIN, FERNANDO op.cit. p.183
945. ESTRUCH, JOAN     op.cit. 105-106
946. BOLLOTTEN, BURNETT "La revolución..." p.317-318
947. BOLLOTTEN, BURNETT "La revolución..." p.321
948. CLAUDIN, FERNANDO op.cit. p.180
949. SAÑA, HELENO      "La Internacional Comunista" Tomo II p.169
950. VERNON, RICHARDS  op.cit. p.83-84
951. CLAUDIN, FERNANDO op.cit. p.184
952. JULIA, SANTOS     op.cit. p.287
953. BROUÉ,P.-TEMINE,É. op.cit. p.308
954. BROUÉ,P.-TEMINE,É. op.cit. p.309
955. RAMA, CARLOS      "La crisis..." p.253
956. ESTRUCH, JOAN     op.cit. p.108
957. JACKSON, GABRIEL  "La República española..." p.317
958. CLAUDIN, FERNANDO op.cit. p.187
959. VIDARTE, JUAN-SIMEON op.cit. p.652
960. VIDARTE, JUAN-SIMEON op.cit. p.653
961. BOLLOTTEN, BURNETT "La revolución..." p.324
962. BROUÉ,P.-TEMINE,É. op.cit. p.315
963. ARAQUISTAIN, LUIS op.cit. p.212
964. VIDARTE, JUAN-SIMEON op.cit. 650
965. BROUÉ,P.-TEMINE,É. op.cit. p.322
966. ARAQUISTAIN, LUIS op.cit. p.215
967. SAÑA, HELENO      op.cit. Tomo II p.194
968. JACKSON, GABRIEL  La revolución española..." p.320
969. SAÑA, HELENO      op.cit. p.172
     VIDARTE, JUAN-SIMEON op.cit. p.656
970. MINTZ, FRANK-PECIÑA, MIGUEL "Los amigos de Durruti..." p.11
971. GUERRA DI CLASSE 12 14.04.37
972. PEIRATS, JOSÉ     "La CNT..." Tomo II p.138
973. TREBALL            01.05.37
974. CAMINAL, MIQUEL   op.cit. p.119
975. LA BATALLA        28.04.37
976. SEMPRUN-MAURA, CARLOS op.cit. p.258
977. PAYNE, STANLEY    op.cit. p.83
978. LA BATALLA        29.04.37
979. SOLIDARIDAD OBRERA 02.05.37
980. SEMPRUN-MAURA, CARLOS op.cit. p.261
981. SEMPRUN-MAURA, CARLOS op.cit. p.261
982. CAMINAL MIQUEL op.cit. p.120
983. ORWELL, GEORGE,   "Homenaje..." p.158
984. PEIRATS, JOSÉ     "La CNT..." Tomo II p.144
985. ORWELL, GEORGE    op.cit. p.163-164
986. BROUÉ,P.-TEMINE,É op.cit. p.336
987. SOLANO, WILESBALDO "Andreu Nin" p.37-38
988. VERNON, RICHARDS  op.cit. 158-159
989. CAMINAL, MIQUEL   op.cit. p.121-122
990. PEIRATS, JOSÉ     op.cit. Tomo II p.146
991. GARCÍA OLIVER, JUAN op.cit. p.426-427
992. PEIRATS, JOSÉ    "La CNT..." Tomo II p.146
993. ORWELL, GEORGE   op.cit. p.173
994. SEMPRUN-MAURA, CARLOS op.cit. p.270
995. VERNON, RICHARDS op.cit. p.159 (cita a Souchy)
996. SEMPRUN-MAURA, CARLOS op.cit. p.271
997. GARCÍA OLIVER, JUAN op.cit. p.429
998. PEIRATS, JOSÉ    op.cit. Tomo II p.147
999. MINTZ, FRANK-PECIÑA, MIGUEL op.cit. p.47-49
1000. MINTZ, FRANK-PECIÑA, MIGUEL op.cit. p. 41-42
1001. ORWELL, GEORGE  op.cit. p.167
1002. NIN, ANDREU     "Los problemas..." p.212-214
1003. ORWELL, GEORGE  "Homenaje..." p.172-173
1004. PEIRATS, JOSÉ   op.cit. Tomo II p.152-153
1005. NIN, ANDREU     "Los problemas..." p.213-214
1006. ORWELL, GEORGE  "Homenaje" p.180
1007. PEIRATS, JOSÉ   "Los anarquistas..." Tomo II p.154
1008. VERNON RICHARDS op.cit. p.164
1009. BROUÉ,P.-TEMINE,É. op.cit. p.343
1010. BENAVIDES, MANUEL D. op.cit. p.363
1011. SEMPRUN-MAURA, CARLOS op.cit. p.285
1012. GUARNER, VICENÇ op.cit. 226
1013. ORWELL, GEORGE  op.cit. p.192
1014. ALMENDROS, JOAQUIN op.cit. 67-68
1015. NIN, ANDREU     "Los problemas..." p.213
1016. MINTZ, FRANK-PECILA, MIGUEL op.cit. p.28
1017. ALMENDROS, JOAQUIN op.cit p.70
1018. ALMENDROS, JOAQUIN op.cit. p.63-64
1019. ORWELL, GEORGE  "Homenaje..." p.188
1020. VERNON RICHARDS op.cit. p.157
1021. VERNON RICHARDS op.cit. p.161
1022. ORWELL, GEORGE  "Homenaje..." p.191
1023. PEIRATS, JOSÉ   "La CNT..." Tomo II p.156-157
1024. BOLLOTTEN, BURNETT "La revolución..." p.626-627
1025. BOLLOTTEN, BURNETT "La revolución..." p.626
1026. BRICALL, JOSEP MARIA op.cit. p.273-274
1027. BROUÉ,P.-TEMINE,É. op.cit. p.344
1028. CAMINAL, MIQUEL op.cit. p.128
1029. BROUÉ,P.-TEMINE,É. op.cit. p.345
                      (cita "Adelante" 11.05.37)
1030. PEIRATS, JOSÉ   "La CNT..." Tomo II p.182
1031. BROUÉ,P.-TEMINE,É. op.cit. p.348
1032. BROUÉ,P.-TEMINE,É. op.cit. p.357
1033. GARCÍA, OLIVER, JUAN op.cit. p.443
 

6ª PARTE
 
CONCLUSIONES FINALES
 
1034. VARIOS, "Octubre 34", Juliá, p.105
1035. VARIOS, "Octubre 34", Paul Preston p.141-142
1036. VARIOS, "Octubre 34", P.Preston p.156
1037. BROUÉ,P-TEMINE,É. op.cit. p.80
1038. ESTRUCH, op.cit. p.93
1039. ESTRUCH, op.cit. p.92
1040. JULIA, SANTOS. op.cit. p.34
1041. ESTRUCH, op.cit. p.93
1042. RICHARDS, VERNON. op.cit. p.32
1043. RICHARDS, VERNON. op.cit. p.27-28
1044. RAMA, CARLOS "La crisis...." p.189
1045. BROUÉ,P-TEMINE,É. op.cit. p.194
1046. NIN, ANDREU. "La Revolución...." p.273
1047. BROUÉ,P-TEMINE,É. op.cit. p.194
1048. CASANOVA, M. op.cit. p.115
 
 
 
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REVISTAS:
 
HISTORIA 16
 
N.10
"La guerra civil"
Milicias y ejércitos
colaboran, Gabriel Cardona, Juan C. Losada, R. Salas Larrazábal, Alcofar Nassaes. Juan A. Blanco, Nuria Valls, Montserrat Carreras.
 
N.100
"Julio 1936: España en guerra"
Así comenzó la tragedia
Escriben Manuel Tuñón de Lara, Daniel Sueiro, Luis Romero, Gabriel Cardona, Julio Aróstegui y Angel Viñas.
 
HISTORIA Y VIDA
 
N.99
"Largo Caballero y la UGT"

 
DOCUMENTOS
 
N.10
ESCOFET, ANTONIO
"El 19 de Juliol"
Texto de Justo Martínez amutio
 
DEBATS
 
N.15 (Marzo 1986)
"Estado y poder en tiempos de guerra"
PIQUERAS ARENAS, JOSÉ ANTONIO
 
 
PRENSA:
 
LA BATALLA
Organo del C.C. del POUM.
 
BOLETIN DE INFORMACION CNT-FAI
 
LA HUMANITAT
Prensa cercana a ERC y al gobierno de la Generalitat de Catalunya.
 
RUTA
Organo de prensa de las Juventudes Libertarias.
 
SOLIDARIDAD OBRERA
Organo portavoz de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT).
 
TIERRA Y LIBERTAD
Prensa de la Federación Anarquista Ibérica (FAI).
 
TREBALL
Organo de prensa del C.C. del Partido Socialista Unificado de Catalunya (PSUC).
 
GUERRA DI CLASSE
Prensa editada por los voluntarios libertarios italianos, bajo la dirección de Camilo Berneri.
 
 
 
 
DOCUMENTOS:
 
Decreto de la Generalitat de Catalunya, redactado el 11 de Agosto de 1936, por el que se crea el Consell d'Economía de Catalunya.
Decreto de la Generalitat de Catalunya, redactado el 31 de Julio y publicado el 16 de Agosto de 1936, por el que se acepta la dimisión de Joan Casanovas i Maristany, como Presidente del Consejo. El decreto consta inscrito en el Boletín Oficial 215.
 
Decreto de la Generalitat de Catalunya, redactado el 31 de Julio y publicado el 16 de Agosto de 1936, por el que se nombra de nuevo Presidente del Consejo, a Joan Casanovas i Maristany. El decreto consta inscrito en el Boletín Oficial 215.
 
Decreto de la Generalitat de Catalunya, redactado el 31 de Julio y publicado el 16 de Agosto de 1936,  por el que se acepta la dimisión del gobierno. El decreto consta inscrito en el Boletín Oficial 215.
 
Decreto de la Generalitat de Catalunya, redactado el 31 de Julio y publicado el 16 de Agosto de 1936, por el que se constituye el nuevo gabinete de gobierno. El decreto consta inscrito el Boletín Oficial 215.
 
Decreto de la Generalitat de Catalunya, redactado el 3 y publicado el 16 de Agosto de 1936,  por el que se reestructuran los departamentos del gobierno. El Decreto consta inscrito en el Boletín oficial 217.
 
Decreto de la Generalitat de Catalunya por la que el gobierno asume las facultades y los reglamentos vigentes en materia de prisiones.
 
Decreto de la Generalitat de Catalunya, redactado el 3 y publicado el 16 de Agosto de 1936, por el que el gobierno asumía todas las funciones legislativas que antes había tenido el Parlament de Catalunya. El Decreto consta inscrito en el Boletín Oficial 217.
 
Decreto de la Generalitat de Catalunya redactado el 6 y publicado el 16 de Agosto de 1936, por el que se acepta la dimisión del Presidente del Consell, Joan Casanovas i Maristany. El decreto consta inscrito el Boletín Oficial 222.
 
Decreto de la Generalitat de Catalunya redactado el 6 y publicado el 16 de Agosto de 1936, por el que se nombra a Joan Casanovas i Maristany, presidente del Consell. El decreto consta inscrito en el Boletín Oficial 222.
 
Decreto de la Generalitat de Catalunya, redactado el 6 y publicado el 16 de Agosto de 1936 por el que se acepta la dimisión del gabinete. El decreto consta inscrito en el Boletín Oficial 222.
 
Decreto de la Generalitat de Catalunya, redactado el 6 y publicado el 16 de agosto, por el que se reestructuran los departamentos del gobierno. El decreto consta inscrito en el Boletín Oficial 222.
 
Decreto de la Generalitat de Catalunya, redactado el 6 de Agosto y publicado el 16 de Agosto, por el que se constituye un nuevo gabinete. El Decreto consta inscrito en el Boletín Oficial 222.
 
Decreto de la Generalitat de Catalunya publicado el 24 de Agosto de 1936 por el que se establece la intervención en algunas industrias.
 
Decreto de la Generalitat de Catalunya aprobado el 28 de Agosto por el que se realizaban diversas reformas en la economía, entre ellas la obligación del campesinado de realizar sus operaciones comerciales a través de los Sindicatos Agrícolas de cada localidad.
 
Decreto de la Generalitat de Catalunya, redactado el 26 de Agosto y   aprobado el 1 de septiembre de 1936 por el que se crea la Escuela Popular de Guerra.
 
Decreto de la Generalitat de Catalunya aprobado el 26 de septiembre de 1936 por el que se constituye el primer gabinete de concentración del gobierno autónomo.
 
Decreto de la Generalitat de Catalunya aprobado el 1 de Octubre por el que se declara disuelto el Comité Central de Milicias Antifascistas de Catalunya.
 
Decreto de la Generalitat de Catalunya aprobado  el 9 de Octubre de 1936, por el que se creaban los nuevos Ayuntamientos.
 
Decreto de la Generalitat de Catalunya aprobado el 9 de Octubre de 1936, por el que se declaraban disueltos los comités locales.
 
Decreto de la Generalitat de Catalunya, redactado el 26 de Septiembre y aprobado el 10 de Octubre, por el que se acepta la dimisión del gabinete de gobierno. El decreto consta inscrito en el Boletín Oficial 273.
 
Decreto de la Generalitat de Catalunya, redactado el 26 de Septiembre y aprobado el 10 de Octubre, por el que se acepta la dimisión el presidente del Consell, Joan Casanovas i Maristany. El Decreto consta inscrito en el Boletín Oficial 273.
 
Decreto de la Generalitat de Catalunya, redactado el 26 de septiembre y aprobado el 10 de Octubre, por el que vuelven a reestructurarse los distintos departamentos del gabinete. El Decreto consta inscrito en el Boletín Oficial 274.
 
Decreto de la Generalitat de Catalunya, redactado el 26 de Septiembre y aprobado el 10 de Octubre, por el que se formaba un nuevo gabinete de gobierno. El decreto consta inscrito en el Boletín Oficial 273.
 
Decreto de la Generalitat de Catalunya aprobado el 13 de Octubre de 1936 por el que se organizan los Tribunales Populares.
 
Decreto de la Generalitat de Catalunya aprobado el 17 de Octubre de 1936, sobre la disolución del Comité Central de Abastecimientos.
 
Decreto de la Generalitat de Catalunya aprobado el 24 de Octubre de 1936, por el que se  establecer una ordenación de la economía revolucionaria, a partir de la reglamentación de las empresas en colectivizadas y privadas. Se regularizan también las funciones de los consejos de empresa y de los comités de control. Se definen las tareas de los Consejos Generales de Industria y de las agrupaciones.
 
Decreto de la Generalitat de Catalunya, redactado el 17 de Diciembre y publicado el 4 de Enero de 1937, por el que se acepta la dimisión del anterior gabinete de gobierno. El Decreto consta inscrito en el Boletín Oficial 353.
 
Decreto de la Generalitat de Catalunya, redactado el 17 de Diciembre y publicado el 4 de Enero de 1937, por el que se forma un nuevo gabinete de gobierno. El decreto consta inscrito en el Boletín Oficial 353.
 
Proyecto de decreto del Consell d'Economía, redactado el 6 de Febrero de 1937, sobre la estructuración de los Consejos Generales de Industria.
 
Bases Generales o estatutos tipos, para establecer los Agrupamientos o concentraciones de empresas de un mismo ramo, de conformidad con los Decretos del 24 de Octubre de 1936 y la Orden de agrupamiento y concentraciones del 28 de Noviembre de 1936.
 
Proyecto de decreto creando el cuerpo de interventores oficiales de la Generalitat de Catalunya en las empresas colectivizadas.
 
Acuerdo del Consejo de la Generalitat y representantes de las fuerzas antifascistas, redactado el 10 de Febrero de 1937, sobre el Decreto de Movilización de las quintas de 1934 y 1935 y por el que se declaran encuadradas las milicias dentro del Ejército Popular.
 
Carta redactada el 11 de Septiembre de 1937, por Benito Pavón
desde Valencia, al presidente de gobierno Juan Negrín, que refleja los resultados de la comisión que él preside, en la que se estudian los decretos, órdenes y disposiciones emanadas por el gobierno de la Generalitat, en el período de máxima intensidad revolucionaria,  relacionados con normas penales, civiles y penitenciarias sobre derechos individuales, cultos y responsabilidades.
 
 
Acta n. 29 de la Junta de Seguridad Interior del gobierno de la Generalitat de Catalunya, del 29 de Enero de 1937, en la que se manifiesta los miembros de la UGT han recibido la orden de abandonar las Patrullas de Control. También se comentan los sucesos de la Fatarella.
 
Acta n. 30 de la Junta de Seguridad Interior del gobierno de la Generalitat de Catalunya, del 3 de Febrero de 1937. Se discute la decisión de la UGT de abandonar las Patrullas de Control.
 
Acta n 31 de la Junta de Seguridad Interior del gobierno de la Generalitat de Catalunya, del 6 de Febrero de 1937. Consta el viaje realizado a la localidad de Ascó.
 
Acta de la Junta de Seguridad Interior de Catalunya, sobre la reunión del 6 de Febrero de 1937. Se estudian los sucesos de la Fatarella.
 
Informe referente a los acontecimientos del pueblo de la Fatarella (Tarragona), presentado por Clemente de PSUC y por Oller de ERC. El texto está redactado el 25 de Enero de 1937.
 
Informe presentado por el delegado de la Junta de Seguridad Interior de Catalunya, Tomás Fabregas, refiriéndose a los hechos ocurrido en la Fatarella. El texto está redactado el 27 de Enero de 1937
 
Acta de las distintas reuniones celebradas el 11 y el 13 de Abril de 1937, entre el gobierno de la Generalitat y miembros de las distintas organizaciones antifascistas para solucionar la crisis de gabinete.
 
Acta constitutiva del Consell d'Economía del 11 de Agosto de 1936.
 
Acta del Consell d'Economía del 14 de Agosto de 1936
 
Acta del Consell d'economía del 17 de Agosto de 1936
 
Acta del Consell d'Economía del 25 de Agosto de 1936.
 
Acta del Consell d'Economía del 26 de Agosto de 1936.
 
Decreto del Consell d'Economía de Catalunya, sobre el decreto de colectivizaciones, redactado el 2 de Abril de 1937.
 
Consideraciones Generales sobre el proceso seguido desde la constituciones del primer Consejo hasta el momento actual.
 
Texto del decreto que regula la adjudicación y explotación de tierras del campo de catalunya. Complementando las normas de procedimiento para su aplicación. Publicado en Barcelona, el mes de Febrero de 1938
 
 
 
Texto sobre "Colectivización y Control Obrero". Disposiciones legales que regulan estas materias. Publicado por la Consellería de Economía, el 25 de Mayo de 1937.
 
Carta mecanografiada del Comisario Político de la 3 división del Ejército Popular de Catalunya a Juan M.Molina en el que se dan informes sobre el pasado de un teniente coronel asistente a la asamblea de afiliados del PSUC. En dicha carta se habla del control del Consejo de Obreros y Soldados en dichas unidades.
 
Acta de constitución de las Milicias Antifascistas de Santa Creus d'Aiguamurcia, vinculado al Comité Central de Milicias Antifascistas de Catalunya (firman, UdR, ERC, POUM, ACR)
 
Carta de la Agrupación de ERC de Palau d'Anglesola a Anton María Sbert fechada el 3 de Febrero de 1937, en la que se comunica la creciente tensión que existe en la localidad entre el campesinado propietario y la colectivización de la localidad.
 
Nota del Comité Local de Barcelona del POUM por el que se declara confiscado el Hotel Falcón (Pl. del Teatre 5), fechada el 23 de
Julio de 1936.