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El Comité Central de Milicias Antifascistas de Catalunya

y la situación de doble poder

en los primeros meses de la guerra civil española.

Enric Mompó.

Tesis doctoral leida  el 8 de julio de 1994 en el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Barcelona.

1. INTRODUCCIÓN.

             La dualidad de poderes en las situaciones revolucionarias corresponde a períodos que han sido ampliamente estudiados por los clásicos del marxismo y por otros de distintos orígenes ideológicos. Ya en la revolución francesa encontramos configurados los dos poderes enfrentados, el de la monarquía absoluta, representante de la aristocracia y del Antiguo Régimen, y el de la Asamblea Constituyente, representante del poder de la burguesía revolucionaria, aliada al campesinado y al resto de las clases populares francesas. Entre los revolucionarios de la Comuna de París y el Versalles de Thiers. La dualidad de poderes volveremos a encontrarla de nuevo en todas las revoluciones del siglo XIX y también en el XX.

            Las grandes revoluciones de nuestro siglo han aportado un impresionante caudal de datos y experiencias. Sin embargo, la revolución española presenta una paradoja singular. Es uno de los acontecimientos históricos sobre el que más se ha escrito y sin embargo, son escasos los trabajos que han estudiado a fondo la compleja dinámica de la dualidad de poderes.

1.1 OBJETO DE LA TESIS.

            Hablar del período revolucionario caracterizado por la dualidad de poderes es algo complejo. Es importante analizar los factores que caracterizaron la situación, la espontaneidad del movimiento revolucionario, la formación de los organismos revolucionarios (los embriones del nuevo estado), la correlación de fuerzas entre los poderes enfrentados,

            Primero sería necesario encontrar una definición general que nos sirviera para delimitar, dentro del período revolucionario, la fase de la dualidad de poderes. Si nos atenemos a las palabras de Linón, un período revolucionario estaría caracterizado por una situación en la que las clases dominantes no pueden seguir gobernando como antes, mientras que las clases populares, por su parte, no quieren seguir viviendo como lo habían hecho hasta el momento. La fase de dualidad, en la que existiría una enfrentamiento larvado entre las autoridades tradicionales y el nuevo poder, sería la consecuencia de un todavía insuficiente grado de conciencia y de organización de los sectores revolucionarios (1).

            Concretando, es necesario desmenuzar y analizar las diferentes características, propias de la revolución española para que podamos comprender su dinámica, su ascenso, madurez y declive, a través de la evolución de la dualidad de poderes existente.

            Este trabajo ha sido dividido en tres grandes partes que responderían a tres períodos distintos de la revolución española. La primera parte corresponde al período prerrevolucionario (Abril-1931/Julio-1936). La República llegó, como no se han cansado de comentar historiadores, políticos y testimonios de la época, sin encontrar resistencia y sin derramar una gota de sangre. Por distintas razones, casi todas las clases sociales aclamaron la llegada de la República. Unos esperaban que el capital político y las esperanzas que acompañaban a la instauración de la República serviría para abortar la radicalización de las clases trabajadoras y evitaría que las aspiraciones populares pudieran derivar hacia peligrosas situaciones revolucionarias. Otros, esperaban que la República solucionar definitivamente sus aspiraciones históricas, el hambre de la tierra, los derechos nacionales... Por otra parte, los republicanos pretendían nadar entre dos aguas, para conseguir sus objetivos de modernización del capitalismo español.

            Sin embargo, el republicanismo era, a todas luces, inviable, en una época en la que el capitalismo en crisis amenazaba con romperse en sus eslabones más débiles. Cualquier intento de los gobiernos republicanos de izquierda para solucionar los problemas históricos que arrastraba el estado español, y que le impedían convertirse en una economía moderna, chocaban con los intereses de las clases privilegiadas, incluidos los de la burguesía industrial y financiera.

            Cinco años después, el proyecto republicano estaba completamente agotado. Las pretendidas reformas se habían perdido en estériles debates parlamentarios. Las tímidas iniciativas adoptadas por el gobierno izquierdista (1931-1933) habían sido neutralizadas durante el bienio negro. En 1936, la República se habían convertido en un cascarón vacío que no representaba a casi nadie. Mientras las clases dominantes se volcaban cada vez a la solución militar para evitar el creciente peligro revolucionario, las clases populares experimentaban una radicalización cada vez mayor, frustradas por cinco años de inútiles esperas. Mientras tanto, las clases medias tendían a reagruparse en torno a los dos grandes polos sociales que se enfrentaban. El único capital político con el que seguían contando los políticos republicanos era el firme apoyo que estaban dispuestos a prestarles los dirigentes de las organizaciones obreras del Frente Popular.

            Durante el período republicano, el movimiento obrero experimentó un fuerte proceso de radicalización, consecuencia de su decepción ante la experiencia republicana de los primeros años y por la amenaza fascista internacional que se presentaba con el ascenso de Hitler al poder en Alemania en 1933. La radicalización del movimiento obrero y del campesinado pobre quedó reflejada en las grandes movilizaciones protagonizadas por las dos centrales sindicales (CNT y UGT), en la insurrección de 1934, en el proceso de reagrupamiento de las Alianzas Obreras y en los debates sobre la construcción el partido revolucionario que debía dirigir la revolución que se avecinaba.

            Estas experiencias incidieron profundamente en la conciencia del movimiento revolucionario y por lo tanto también en la forma y el contenido que adoptó la revolución. Todas estas cuestiones son de vital importancia para que podamos comprender la génesis de los comités y del resto de organismos que se encarnaron en la revolución española.

            La segunda parte de nuestro trabajo estaría dividida en dos y correspondería a los primeros meses de la guerra civil. Exactamente, al período comprendido entre las jornadas de Julio y la integración del anarcosindicalismo en el aparato de Estado republicano. Esta parte equivaldría al ascenso y esplendor de la revolución y es también en este período donde situamos la dualidad de poderes. Sin embargo, nos gustaría destacar a priori una de las grandes originalidades de la revolución española. La dualidad, no se situaba entre las cenizas del gobierno republicano y la multitud de comités-gobierno (calificativo dado por Munis y que es el mejor que hemos encontrado, para explicar la verdadera naturaleza de estos organismos), sino entre estos últimos y los comités dirigentes de las organizaciones obreras del Frente Popular. El mismo Munis prefiere situar la verdadera dualidad de poderes tres meses después de haber estallado la revolución (2), para destacar el aplastante predominio del poder revolucionario frente a las ruinas del estado republicano.

            Junto a los comités revolucionarios locales, creados por la iniciativa espontánea de los militantes obreros (los mismos que apoyaban a las autoridades republicanas) apareció toda una gran variedad de organismos que, bajo nombres distintos e incluso con tareas diferentes que encarnaron el poder revolucionario que acababa de nacer (Juntas territoriales, milicias, patrullas de control o de retaguardia, comités de empresa...). En este trabajo intentaremos analizar los procesos de formación de estos organismos, su composición interna, las formas de funcionamiento, la correlación de fuerzas que existían en su seno y también las relaciones con las autoridades republicanas y entre ellos mismos. Nos gustaría resaltar también el elevado grado de espontaneismo de la obra revolucionaria, como un factor que nos ayuda a comprender la naturaleza misma de la revolución española.

"No hay duda que la espontaneidad del movimiento es un indicio de su profundo arraigo en las masas, de la solidez de sus raíces, de su ineludibilidad" (3).

            Intentaremos profundizar en el debate sobre la verdadera naturaleza de los diferentes tipos de organismos y sobre su supuesta (o no) esencia soviética o consejista.

            También hemos considerado importante intercalar una serie de capítulos destinados a analizar las diferentes actitudes políticas de las organizaciones obreras (con respecto a la revolución española, a los comités, a las milicias, las colectivizaciones agrarias e industriales...). La postura de los diferentes grupos nos ayudará a entender las alianzas, en ocasiones aparentemente paradójicas, que se llevaron a cabo durante el proceso revolucionario.

            Más arriba hemos planteado que esta segunda parte del trabajo estaría dividida a su vez, en dos partes. Efectivamente, nuestro estudio no abarca la revolución española en general, sino su impacto en Catalunya, territorio dentro de la llamada "zona republicana", donde el movimiento revolucionario adquirió mayor fuerza y profundidad. Por ese motivo, la parte principal se centraría en los organismos revolucionarios catalanes y especialmente en el Comité Central de Milicias Antifascistas de Catalunya. La otra parte nos servirá para encuadrar la revolución en Catalunya, dentro del contexto de la española. Limitar el estudio al territorio catalán impediría la comprensión del proceso. Hay que tener en cuenta que gran parte de los factores que influyeron en el proceso revolucionario en Catalunya, procedían del marco estatal en el que se estaba desarrollando el conflicto. He considerado imprescindible incluir algunos capítulos para analizar la reconstrucción del aparato estatal republicano y la sustitución del desprestigiado gobierno de Giral por un nuevo gabinete   presidido por Largo Caballero. De esta manera, el proceso restaurador se vestía con su ropaje más izquierdista.

            Con respecto al Comité Central de Milicias, hemos hecho un capítulo aparte que se iniciaría con su formación, consecuencia del choque del anarcosindicalismo con el reto del poder y que terminaría con su disolución tres meses después. Con el estudio del Comité Central hemos pretendido dilucidar su verdadera naturaleza del organismo en el que se desarrolló una parte importante del conflicto de poderes. Mientras la calle se encontraba en manos de los revolucionarios, en el seno del Comité Central se luchaba para que la balanza del poder se decantara finalmente a favor de una de las dos fracciones.

            Tal como se ha indicado a menudo, el período de dualidad de poderes es siempre altamente inestable y no puede ser mantenido indefinidamente. La evolución del conflicto entre las distintas clases sociales tiene que resolverse inevitablemente a favor de una de otra. El triunfo en estas situaciones, no corresponde al grupo inicialmente más poderoso, sino al más clarividente, al que es capaz de definir y luchar mejor por sus objetivos. Dicho con otras palabras, el poder se decanta siempre hacia el grupo que está dispuesto a tomarlo en sus manos.

"Otra vez se vio confirmada una vieja regla de las revoluciones; la batalla debe ser llevada hasta el final, o caso contrario, mejor es no comenzarla" (4).

            Con el análisis de la historia y de la obra del Comité Central de Milicias he intentado hacer más comprensible el proceso dialéctico en el que se encontraba inmerso este organismo, que se convirtió en el poder indiscutible e indiscutido de Catalunya, desplazando al impotente gobierno de la Generalitat de Companys. También en este caso me ha parecido interesante y necesario introducir un capítulo destinado a analizar las diferentes opciones políticas que pugnaban en su seno.

"El poder, al igual que la naturaleza, aborrece el vacío. Tanto más en el crisol de una guerra civil, que es la política de la lucha de clases elevada al extremo de conflicto armado. La mayor parte de los medios de producción se hallaban en manos de la clase obrera catalana, pero el poder político se encontraba atomizado en una miríada de comités: compartido, aunque desigualmente, en Barcelona entre el Comité de Milícies Antifeixistes y la Generalitat; dividido dentro del mismo comité; dividido también entre éste y otros comités de Catalunya; dividido entre Catalunya y Madrid. Semejante poder dual (si no múltiple) que era normal en una revolución no acabada, no podía permanecer estático" (6).

            Finalmente este estudio consta de una tercera parte que estudia las consecuencias de la integración del anarquismo y del poumismo en las instituciones republicanas. Analizaremos el proceso de decadencia de la revolución. Una vez rota la situación de doble poder en favor de la restauración de la República, los comités revolucionarios, las patrullas de retaguardia, las milicias y las colectivizaciones empezaron a ser disueltas inexorablemente. Sin la existencia de una organización que estuviera dispuesta a responder al resto de la toma del poder, la revolución estaba condenada sin remedio. Desde este punto de vista, podríamos hablar de que la revolución española fue una revolución huérfana.

            A lo largo del trabajo podremos observar la creciente escisión entre el instinto y la conciencia de los trabajadores revolucionarios y los cuadros dirigentes de sus organizaciones. Los primeros veían como, poco a poco, sus más preciadas conquistas se les escapaban de las manos. Los segundos, asustados frente a la responsabilidad de la toma del poder, sin el más mínimo programa adecuado para enfrentarse a la complejidad de la situación, se enmarañaban cada vez más en una política de compromisos que debilitaba la revolución.

            Desde un punto de vista convencional, el punto de partida de la decadencia revolucionaria se iniciaría con la disolución del Comité Central de Milicias de Catalunya (a finales de septiembre) y terminaría en las jornadas de mayo del año siguiente. La integración del anarcosindicalismo y del poumismo en el gobierno de concentración de la Generalitat sería la señal. Pocas semanas después, el 4 de noviembre, la CNT aceptaba integrarse sin condiciones en el segundo gabinete de Largo Caballero.

            Sin embargo, no puede tampoco hablarse de que el declive revolucionario fuera un camino de rosas para la contrarrevolución republicana. Durante los siete meses siguientes, la inmensa energía de la revolución se haría sentir. Una cosa era decretar la disolución de los comités locales, de las patrullas y de las milicias y otra llevarlo a la práctica. Una cantidad importante de los organismos que habían surgido al calor de la revolución de julio, sobrevivieron tozudamente hasta después de las jornadas de mayo barcelonesas, sin que las autoridades republicanas tuvieran la suficiente fuerza para disolverlas.

            A pesar de las grandes resistencias, la revolución tenía bloqueado el camino.  Su orfandad política le impedía superar el estadio de la dispersión para fundirse en un solo cuerpo que unificase todas las energías que había desatado la revolución. En la historia, y más todavía en la historia de las revoluciones, nada permanece, nada se mantiene estático, lo que no avanza retrocede. Y esto es lo que ocurrió con las utopías anarcosindicalistas de posponer su desenlace para después de la contienda.

"Habiéndose detenido los comités gobierno en el ejercicio local del poder, no aceptando a encadenarse en un sistema de gobierno único y general, la revolución quedó incompleta, dejó de cerrar su círculo de adquisiciones, y sus enemigos encontraron un respiro y condiciones para confabularse contra ella... si los comités revolucionarios no se constituían en base de un nuevo estado y un nuevo gobierno, forzosamente darían ocasión a la reconstitución del estado y el gobierno capitalista" (5).

            Las jornadas de mayo barcelonesas, sean cuales fueran sus causas y su interpretación, fueron la última oportunidad de la revolución. La derrota que supuso el desenlace de este enfrentamiento supondría el golpe definitivo. A partir de este punto quedaba demostrado ante los partidarios y los adversarios de la revolución que ésta estaba herida de muerte. Si en aquellos momentos, alguien continuó creyendo lo contrario, pronto la realidad iba a desengañarlo. La CNT quedaría desarbolada definitivamente; el POUM sería ilegalizado, juzgado y perseguido; su primer dirigente, el revolucionario Andreu Nin, torturado y asesinado por orden  de Stalin. Con las jornadas de mayo se desataría una verdadera orgía de sangre contra los revolucionarios que no terminaría hasta el final de la guerra. El mismo Largo Caballero, acabaría siendo una víctima del proceso contrarrevolucionario que él mismo había desencadenado desde el gobierno; a pesar de su oportunismo, el máximo dirigente de la Izquierda Socialista, era un obstáculo para los planes de liquidación total del movimiento revolucionario (Largo Caballero se opondría a la persecución del POUM).

            Para concluir el pequeño resumen de los objetivos de este trabajo, me gustaría resaltar, una vez más, la idea de la orfandad política de la revolución española. Mientras los trabajadores socialistas, libertarios, comunistas, poumistas, o sin afiliación, realizaban  por su propia cuenta y riesgo lo que ellos entendían por revolución (formación de comités, marginación de las viejas autoridades, colectivización y socialización de la economía, creación de milicias...), los cuadros dirigentes, por diferentes motivos, se negaban a llevar la revolución hasta sus últimas consecuencias y preferían posponer su desenlace hasta el final de la guerra (o hasta un futuro indeterminado). Este hecho es de crucial importancia para entender las características de la revolución española. También nos ayudará a comprender las virtudes y las limitaciones que supuso el fenómeno del espontaneísmo de los trabajadores en una situación revolucionaria como aquella.



1.2 METODOLOGÍA.

            Fuentes utilizadas.

            El material utilizado para el estudio del Comité Central de Milicias y la situación de doble poder en los primeros meses de la guerra y de la revolución en Catalunya ha sido obligatoriamente muy variado. Queremos resaltar una laguna que consideramos importante, la falta de un trabajo de historia oral sobre el tema de estudio. Los principales testimonios de la vida interna del Comité Central de Milicias han fallecido todos o casi todos. Por lo tanto el estudio ha tenido que centrarse en otros trabajos, ya realizados  con anterioridad por otros autores. Vale la pena dividir los trabajos que corresponden a testimonios directos de la guerra y de la revolución, y los estudios hechos posteriormente por los historiadores. En la mayoría de los casos estos trabajos solo aportan una visión fugaz del desarrollo de la situación revolucionaria y de la dualidad (o pluralidad) de poderes.

            Hemos utilizado la prensa de la época como una de las fuentes de información. Hemos limitado el estudio a la prensa catalana y a un número representativo de periódicos (uno o dos publicaciones de cada una de las fuerzas políticas protagonistas de los acontecimientos).

            También hemos seleccionado algunos documentos de la época, folletos, publicaciones de empresas colectivizadas, octavillas, informes e incluso algunas actas fragmentarias de algunas comisiones de trabajo del Comité Central de Milicias o del primer gobierno de concentración de la Generalitat de Catalunya.

            Finalmente me gustaría resaltar el largo e infructuoso trabajo de investigación realizado, en busca del documento que tenía que constituir la piedra angular de este trabajo: El libro de actas del Comité Central de Milicias Antifascistas de Catalunya. Estoy convencido que el hallazgo futuro de este valioso documento ayudará a comprender muchas facetas que todavía se encuentran a oscuras de la historia de este organismo que sustituyó durante algunos meses el poder del gobierno de la Generalitat.

            La búsqueda de este documento nos llevó a buscar en diferentes archivos. Indagamos en el Archivo Histórico Nacional de la Guerra Civil que se encuentra en la ciudad de Salamanca. También investigamos en otros centros como el Arxiu Nacional de Catalunya o el Archivo Histórico de la ciudad de Barcelona (Casa de l'Ardiaca). En cambio resultaron infructuosas todas las gestiones que  se hicieron para entrar en el Arxiu Tarradellas situado en el Monasterio de Santa María de Poblet (Tarragona). Sin lugar a dudas, el estudio del material que allí se encuentra habría sido especialmente valioso para este trabajo. Los archivos particulares del dirigente nacionalista catalán, Josep Tarradellas, miembro destacado del Comité Central de Milicias, se encuentran en este centro.

            También investigamos en el archivo particular de Diego Abad de Santillán, situado en la Biblioteca Arus, con la esperanza que encontraríamos algún material referente al período revolucionario. Desgraciadamente no fue así. La casi totalidad de los documentos que estudiamos pertenecían al período del exilio y respondían en su mayor parte a la correspondencia mantenida por su amigo José Herrera con diferentes grupos y militantes anarcosindicalistas. Sería  muy importante poder averiguar donde está el resto de los archivos de uno de los dirigentes libertarios en el Comité Central de Milicias. Hicimos una fugaz incursión en el Centre d'Estudis Històrics Internacionals (CEHI), donde su director, Jordi Planas, muy amablemente nos informó de que en dicho centro no existía ningún material procedente directamente del Comité Central de Milicias, pero nos facilitó una copia de las memorias manuscritas de Felipe Díaz Sandino.

            También enviamos cartas a destacados investigadores del tema de la guerra civil española, como Rudolf de Jong, responsable del International Institut   voor Sociale Geschiedenis, asociación que mantiene uno de los mejores archivos sobre el anarcosindicalismo español. Rudolf de Jong también nos comentó que a pesar de la gran cantidad de material que posee el Instituto, no se encuentra en él, ningún ejemplar del libro de Actas del Comité Central de Milicias. La misma suerte tuvimos con Pierre Broué, quién nos informó que a lo largo de su dilatada investigación sobre la guerra y la revolución españolas no había encontrado ni rastro del libro.

            Algunos investigadores, como Abel Paz han llegado a poner en duda (en una conversación que sostuvimos con él) que este documento hubiera existido alguna vez. Pese a los pobres resultados que obtuvimos en la investigación nos parece infundada la afirmación de Abel Paz. Resulta evidente que un organismo que se convirtió en la cúspide de la pirámide del poder en Catalunya, desplazando a la Generalitat, y que publicaba sus acuerdos en la prensa diaria, tenía que tener un registro donde quedaran reflejados los debates, las diferencias y los acuerdos conseguidos. Sin embargo, al desenlace del conflicto, la huida de los derrotados y el duro exilio (en una Europa que estaba en vísperas de la Segunda Guerra Mundial) son factores que explican que gran parte del material histórico desapareciera y no haya sido encontrado hasta el momento actual.

            Finalmente, me gustaría comentar que las últimas pistas que conseguí sobre el paradero de dicho documento, apuntan hacia los archivos del Kremlin. Efectivamente, parece ser que, apenas terminada la guerra, una importante cantidad de material de la CNT fue vista en un vagón de tren en Checoslovaquia, que parecía dirigirse hacia la U.R.S.S.. En cualquier caso, la verosimilitud o no de estos datos, tendrá que ser averiguada por los futuros investigadores.


1.2.1 Bibliografía utilizada.

            En este apartado no pretendemos hacer una síntesis de la extensísima obra bibliográfica que se ha llegado a publicar sobre la guerra y la revolución española. Nos limitaremos a hacer un escueto comentario orientativo de algunos de los libros a los que hemos tenido acceso y que hemos podido consultar. Con esto no pretendemos agraviar a la multitud de estudios y de publicaciones que no hemos llegado a seleccionar. Sin lugar a dudas hay cientos de trabajos excelentes que no hemos utilizado. Estamos convencidos de que se nos han escapado muchas obras que hubieran enriquecido decisivamente el contenido de nuestro trabajo. El criterio de selección ha sido en ocasiones empírico. Había  que llenar las frecuentes lagunas e interrogantes que surgían a medida que el estudio iba tomando cuerpo. Con frecuencia, hemos utilizado un material, y no otro, simplemente porque era accesible y otro en cambio presentaba dificultades importantes para poderlo abordar. Por esta razón, se nos han escapado gran cantidad de documentos que nos habrían facilitado valiosas informaciones. No hemos despreciado ninguna obra, por escasa que nos pudiera parecer a priori, la información contenida en él. En ocasiones nos hemos encontrado con sorpresas. Trabajos que prometían ser de escaso interés, nos han  aportado datos o reflexiones importantes. Sin embargo, la mayor parte del material utilizado lo ha sido, después de una previa y cuidada selección entre la multitud de trabajos que podíamos consultar.

            Con este breve capítulo que iniciamos no pretendemos analizar, una por una, todas las obras consultadas Tampoco hacer un extenso comentario sobre ellas. Un trabajo de esta clase se convertiría en otra tesis doctoral y no forma parte de nuestros objetivos. El criterio que hemos preferido seguir, finalmente, ha sido el de escoger los trabajos en los que hemos encontrado mayor cantidad de material específico para el tema que nos ocupa (del de la dualidad de poderes).

            Los comentarios que realizaremos, no se referirán al grado de acuerdo o desacuerdo que podamos tener con el autor de cada obra, sino que los relacionaremos con el grado de información que  nos ha facilitado en nuestro trabajo.

            Me gustaría empezar hablando de la visión global de la guerra civil española, refiriéndome a uno de los estudios más  conocidos sobre el tema: El trabajo de Gabriel Jackson "La República española y la guerra civil". Este libro constituye un excelente estudio general sobre los años de la República y de la guerra. Sin embargo, como el resto de los estudios de carácter "liberal" que se han hecho sobre este período histórico, tiende a minusvalorar el fenómeno revolucionario, en aras de lo institucional o de lo militar. La temática de la dualidad de poderes en el territorio "republicano" apenas está esbozada y no existe una seria profundización en la revolución. Muy similares son los comentarios que podríamos hacer sobre el trabajo de Stanley G.Payne "La revolución y la guerra civil española", de Hugh Thomas "La guerra civil española", o de Raymond Carr "La tragedia española". La tónica dominante en todos esos trabajos es la de persistir en la idea de que el conflicto era entre la democracia republicana y la sublevación militar fascista.

            Contrastando con la escuela liberal y desde una perspectiva claramente marxista, Pierre Broué y Émile Témine han escrito "La revolución y la guerra de España" que constituye un verdadero clásico. El trabajo analiza en profundidad las causas que llevaron al estallido de la guerra y la revolución, así como los cambios sociales, políticos y económicos que se produjeron a raíz de las jornadas de julio. Broué y Témine describen las características que fue adoptando la revolución (comités revolucionarios, Juntas territoriales, milicias, colectividades). Sin embargo adolece de las limitaciones que conlleva cualquier obra  de  carácter  general:  la  extensión  del  trabajo  impide  extenderse en otras cuestiones (que en este caso son las que nos interesan). Posteriormente Pierre Broué escribió otra síntesis global de similares características "La revolución española" (1931-1939).

            Como obras globalizadoras que intentan analizar las causas, el ascenso, esplendor y declive de la revolución vale la pena citar otra obra, la de Grandizo Munis "Jalones de derrota,  promesas de victoria",  mexicano de nacimiento y dirigente de uno de los pequeños grupos trotskistas que existieron al margen del POUM. La obra de Munis es excelente, aunque por desgracia  resulta poco y mal conocida. Una de sus características más interesantes es el hecho de que el autor haya sido también protagonista de los acontecimientos. El trabajo constituye un exhaustivo análisis de las causas y de las circunstancias   en las que se desarrolló la revolución española, desde la instauración de la República hasta la victoria final franquista.

            Consideramos también imprescindible la lectura de los análisis que León Trotsky, primero desde Suecia y después desde México, realizó sobre la revolución española. A pesar de las grandes limitaciones informativas con las que se encontró, el valor inigualable de los análisis de Trotsky reside en la profunda experiencia que éste tenía de la revolución rusa de 1917. Los trabajos que han reunido el material mencionado son, "La revolución española", recopilada y comentada por Pierre Broué en dos tomos y la selección más reducida "Escritos sobre España".
Para estudiar en profundidad el período prerrevolucionario hemos creído importante destacar algunos trabajos que están centrados en aspectos políticos o ideológicos, o bien en acontecimientos históricos determinados. Merece destacarse la brillante obra de Santos Juliá "La izquierda del PSOE" (1935-1936). La obra aclara muchos aspectos poco conocidos de la evolución de la corriente caballerista del Partido Socialista. A menudo, durante la guerra y la revolución, encontraremos aspectos  aparentemente contradictorios en la política de la Izquierda Socialista. Santos Juliá lo ha calificado muy acertadamente  como "reformismo radical". El estudio de la naturaleza de esta corriente política nos ayudará a explicar la enorme ductilidad política que mantuvo durante toda su existencia, frente a la presión de grupos más pequeños, pero ideológicamente más coherentes y audaces.

            Hay dos hechos  que hemos considerado imprescindibles en el período, para explicar las características que posteriormente adoptó la guerra y la revolución: las Alianzas Obreras  y la insurrección de Octubre de 1934. Ambas cuestiones están fuertemente vinculadas. Para entender las circunstancias en las que se formaron y desarrollaron las Alianzas Obreras es importante tener en cuenta la obra de Joaquín Maurín "Revolución y contrarrevolución en España". Maurín fue el principal dirigente del BOC, uno de los grupos que impulsaron las Alianzas Obreras y que protagonizaron la insurrección de 1934. También vale la pena citar las obras de Manuel Grossi Mier "La insurrección de Asturias" y de N. Molins i Fábrega "UHP. La insurrección proletaria de Asturias". Grossi, militante destacado del BOC, fue protagonista directo de la insurrección de Asturias y tras la derrota, detenido y condenado a muerte, de la que se salvó con la amnistía de 1936; Molins, periodista revolucionario catalán que formaba parte del periódico nacionalista "La Humanitat", se trasladó a la región asturiana para poder denunciar la verdad de los acontecimientos y de la despiadada represión posterior.

            Existe también una recopilación "Octubre 1934" que recoge numerosos trabajos sobre el tema, procedentes de las más variadas tendencias ideológicas. Finalmente vale la pena destacar también el trabajo de Adrián Shubert "Hacia la revolución", que analiza en profundidad las causas de la radicalización obrera en Asturias, región donde los enfrentamientos alcanzaron el grado insurreccional. Sin ningún tipo de dudas podemos hablar de la experiencia asturiana, como el reflejo de lo que iba a ser, poco después, la revolución española.

            Durante la guerra y en pleno proceso revolucionario, teniendo en cuenta el escaso peso político del republicanismo en la confrontación, nos hemos limitado a recoger la recopilación de once artículos escritos por Manuel Azaña "Causas de la guerra de España".  Estos artículos pueden ayudarnos a comprender algunos aspectos poco comprendidos de la guerra civil (como el del decreto de disolución de las fuerzas sublevadas...) y la tragedia de unos dirigentes políticos que habían sido desplazados por otras fuerzas.

            Con respecto a las diferentes fracciones en las que se encontraba dividido el Partido Socialista hemos utilizado el trabajo autobiográfico de Juan Simeón Vidarte (socialista moderado) "Todos fuimos culpables" y la recopilación de artículos de Luis Araquistain (Izquierda Socialista) "Sobre la guerra civil y en la emigración". Ambos trabajos suministran información lateral al trabajo que aquí nos ocupa, pero no por ello menos importante a la hora de completar el cuadro político de la revolución española.

            La inexistencia del Partido Socialista en Catalunya no impidió que esta organización no  tuviera un peso   decisivo en la evolución de los acontecimientos revolucionarios en toda la zona republicana (y por lo tanto, también en Catalunya).


            La bibliografía vinculada a los partidos comunistas oficiales (PCE y PSUC) es especialmente abundante. Sin embargo, la mayor parte de ella tiene escaso interés para nuestro trabajo, salvo en lo que respecta a conocer sus tesis políticas (y también de la Komintern y del estalinismo internacional. Con  esta orientación hemos seleccionado algunos trabajos que consideramos representativos, como el de Manuel B. Benavides "Guerra y revolución en Cataluña", o el de Joaquín Almendros "Situaciones españolas 1936/1939. El PSUC en la guerra civil". El valor histórico del libro de Benavides es muy reducido, salvo para conocer la mitología estalinista en la revolución española. Deja mucho que desear en lo que respecta a su objetividad. El trabajo de Joaquín Almendros merece destacarse por dos cuestiones: el autor fue Secretario Militar del PSUC durante el período revolucionario de la guerra civil (facilita importante información sobre la política militar del partido: milicias, expedición a Mallorca...) y el hecho de que procediera de la disuelta Federación catalana del PSOE (presenta diferencias en lo que respecta a la visión oficial del partido). Ya dentro de la investigación moderna vale la pena resaltar la obra de Miquel Caminal, "Joan Comorera", minucioso trabajo biográfico de la vida del máximo dirigente del PSUC. Caminal ha hecho un excelente trabajo de investigación, a partir de la prensa partidaria y de la documentación interna del PSUC.

            Existen también otros trabajos que han centrado sus investigaciones en la política comunista dentro de la revolución española, y que han ayudado a  explicar la aparente paradoja de como un partido obrero, que se autoconsideraba heredero de la tradición bolchevique en el estado español, acabó convirtiéndose en el gran abanderado de la restauración republicana. Burnett Bolloten ha publicado dos trabajos que se han convertido en dos clásicos del tema: "El gran engaño" y lo que sería su revisión y ampliación posterior,  "La revolución española". El estudio de Bolloten aborda la actuación del PCE y del PSUC contra la revolución de los comités. A medida que la revolución iría retrocediendo, el anarcosindicalismo y el socialismo de izquierdas irían declinando, para dar paso al formidable aparato comunista oficial, que parecía ser el gran vencedor de la contrarrevolución republicana. Bolloten facilita gran cantidad de datos y de documentación sobre las tácticas de infiltración y de proselitismo de los partidos comunistas en el resto de las organizaciones obreras y en el recién construido aparato de estado republicano.

            Joan Estruch ha realizado una buena síntesis crítica de la historia del PCE: "Historia del PCE". Sin embargo, su obra adolece de los defectos forzosos que tienen la mayor parte de los trabajos que abarcan extensos períodos de tiempo. La buena síntesis de Estruch, le impide entrar con mayor profundidad en los períodos históricos estudiados.

            Sin embargo es el trabajo de Claudín "La crisis del Movimiento Comunista" el que nos ha merecido mayor interés. Claudín ha hecho un soberbio trabajo de crítica de la degeneración estalinista de la III Internacional. De la misma manera que Estruch, la extensión de su obra le impide entrar con mayor profundidad en el tema que aquí nos interesa. Sin embargo, no hay que olvidar que Claudín fue un privilegiado protagonista de la actividad política de la sección española de la Komintern (primero fue dirigente de las UJC, y después de las JSU). Por sus vivencias personales, la obra de Claudín refleja una singular profundidad en sus análisis, intentando mantener una objetividad que les resulta difícil a aquellos que son juez y parte en un acontecimiento histórico.

            Finalmente me gustaría mencionar dos trabajos que han aportado importantes datos para comprender el papel del PCE y del PSUC en la guerra y en la revolución española. E.H. Carr con "La Komintern y la guerra civil española" y la reciente obra de Pierre Broué (todavía no ha sido traducida) "Staline et la Révolution (le cas espagnol 1936-1939)". Ambos  trabajos aportan un caudal impresionante de datos sobre las necesidades  de la política estalinista internacional y la forma en la que éstas se tradujeron en la revolución española, a través de la correa de transmisión que eran las secciones nacionales de la Komintern.

            También el anarcosindicalismo ha aportado un gran caudal de trabajos sobre la revolución española. Algunos tienen un importante valor histórico, otros por el contrario, aportan muy poco, y no pasan de la actitudes propagandísticas de la obra literaria. Es destacable que, prácticamente todos ellos están centrados en el papel que jugó la  CNT en el período revolucionario. Esta característica de los estudios libertarios es comprensible, si nos atenemos al papel de primer orden que jugó el anarcosindicalismo en la revolución española. Unos trabajos se han orientado a hacer un balance, a veces favorable, a veces crítico (varía el radicalismo de las críticas) de la línea que aplicaron la CNT y la FAI. Otros han trabajado las extraordinarias realizaciones que llevó a cabo el movimiento revolucionario.

            En lo que respecta a los estudios sobre la trayectoria del anarcosindicalismo hemos escogido algunos títulos (debido a la gran cantidad de obras existentes) que hemos considerado suficientemente representativos de las diferentes ópticas   que se han desarrollado en el seno del movimiento libertario. Cesar M. Lorenzo en "Los anarquistas españoles y el poder" ha realizado una síntesis de la historia del anarcosindicalismo español desde sus orígenes hasta 1969, en plena decadencia del franquismo. En su obra queda resaltado el período revolucionario de la guerra civil, en la que el anarcosindicalismo fue puesto a prueba por los acontecimientos. José Peirats ha realizado dos obras excelentemente documentadas: "La CNT en la revolución española" y "Los anarquistas en la crisis política española". El primero se trata de una extensa y bien documentada obra de tres tomos, en los que el autor realiza un balance de los aciertos y errores del anarcosindicalismo durante la revolución española. El segundo trabajo se trataría de una obra menor, con los mismos objetivos que la primera. La gran obra de Peirats queda enriquecida por la experiencia del autor en el seno de los órganos dirigentes del anarquismo español. Otro trabajo digno de ser mencionado es el realizado por Vernon Richards "Enseñanzas de la revolución española". El autor enfoca su estudio desde una óptica claramente crítica de la línea colaboracionista que había adoptado la dirección cenetista. Tal como se indica en la introducción, el trabajo de Vernon Richards está considerado en algunos aspectos, como un complemento de la obra de Peirats, pero en otros va mucho más allá en la crítica. El trabajo de Richards se sitúa en posiciones muy cercanas a las defendidas en su momento por el italiano Camilo Berneri (del que hablaremos más abajo). Otro de los trabajos críticos de la línea oficial cenetista es el que fue llevado a cabo por Carlos Semprún-Maura, "Revolución y contrarrevolución en Cataluña (1936-1937)".

            Dentro de la multitud de trabajos que se han realizado dentro del movimiento anarcosindicalista hemos considerado imprescindible hablar de la autobiografía realizada por Juan García Oliver, "El eco de los pasos". Sin duda alguna, el autor fue uno de los líderes libertarios más capaces de la CNT. Su trabajo aporta una gran cantidad de datos y de opiniones que han resultado de primera importancia para nuestro estudio, especialmente en lo que respecta a la historia del Comité Central de Milicias. Sin embargo, la obra  de García Oliver adolece de una grave limitación. La misma que tienen todos los trabajos autobiográficos de personajes que han jugado un importante papel en los acontecimientos, interpreta la (su) historia desde una óptica claramente autoexculpatoria. Junto al trabajo de García Oliver hay que situar el realizado por Abel Paz, "Durruti, el proletariado en armas". Aunque la obra del historiador libertario está centrada en la vida del revolucionario español, el trabajo queda perfectamente enmarcado en el cuadro histórico de la revolución. También la obra de Diego Abad de Santillán, "Por qué perdimos la guerra" aporta una gran cantidad de datos sobre la tragedia del anarcosindicalismo español. De la misma forma que la de Juan García Oliver, la obra de Abad de Santillán tiene el especial valor de recoger las memorias  de personajes que estuvieron en el centro de los acontecimientos. También es importante destacar la recopilación de trabajos de Abad de Santillán, "El anarquismo y la revolución en España". Esta obra recoge una buena cantidad de artículos de prensa escritos por el líder libertario durante los años del proceso revolucionario, es decir desde la instauración de la República hasta su liquidación. No podía faltar tampoco la selección de trabajos de Camilo Berneri, "Guerra de clases en españa (1936-1937)" extraídos del periódico que él mismo dirigía <<Guerra di classe>>. No hay que olvidar que el periódico italiano editado en Barcelona   se convirtió, durante los meses de su existencia, en uno de los órganos más coherentes de la oposición anticolaboracionista de la CNT.

            Mención aparte merece la obra del historiador demócrata norteamericano John Brademas, "Anarcosindicalismo y revolución en España". La obra aborda la evolución de la CNT desde la caída de la dictadura del general Primo de Rivera y de la monarquía, hasta el desenlace de las jornadas barcelonesas de mayo de 1937.
En el estudio del poumismo hemos seleccionado algunas obras que hemos considerado imprescindibles para comprender su papel en la revolución española y su evolución política. En el período prerrevolucionario (aunque sea un trabajo colateral para  nuestro estudio), Pelai Pagés realizó una magnífica investigación sobre la historia de la Izquierda Comunista Española, uno de los grupos que formó el POUM, "El movimiento trotskista en España (1930-1935)". Francesc Bonamusa, ha realizado también un trabajo similar pero centrándose en la vida política de Andreu Nin, el principal dirigente de la ICE y colíder del POUM junto a su amigo personal Joaquín Maurín, "Andreu Nin y el movimiento comunista en España (1930-1937)". En lo que respecta a las recopilaciones de trabajos y artículos, existen varias obras de similares características. Relacionados con Nin están, "Los problemas de la revolución española", "La revolución española", "Por la unificación marxista" y con Juan Andrade, "La revolución española, día a día". Victor Alba, historiador y antiguo militante del POUM ha realizado varios trabajos, entre ellos "La revolución española en la práctica", que reúne un conjunto de documentos políticos, representativos de la línea del partido.
No menos importantes han sido los testimonios "independientes", realizados por extranjeros que estuvieron inmersos en la guerra y en la revolución española. En primer lugar hay que hablar de George Orwell (seudónimo del escritor británico, Eric  Blair), "Homenaje a Cataluña", en la que el autor relata sus experiencias como combatiente internacionalista en las milicias del POUM del frente de Aragón. La obra de Orwell tiene un especial interés, si tenemos en cuenta que la defensa que hace de las milicias, no es como teórico, sino después de haber vivido la experiencia como combatiente. Existe otro libro menor "mi guerra civil española", que reúne la correspondencia de Orwell, relacionada con sus vivencias en España.

            Una nota especial merece el magnífico trabajo de historia oral, realizado por Ronald Fraser, "Recuérdalo tú y recuérdalo a otros". El extenso estudio, reunido en dos tomos, aporta gran cantidad de testimonios (más de 300   entrevistas) sobre lo que fue el movimiento revolucionario. Gerald Brenan en, "El laberinto español. Antecedentes sociales y políticos de la guerra civil", realiza una profunda reflexión sobre las causas de la contienda, y también de las fuerzas sociales que la protagonizaron. El trabajo de Brenan termina en las puertas de la guerra civil, pero resulta imprescindible para comprender su evolución y desenlace. Un excelente trabajo periodístico de la época es el realizado por Kaminski, "los de Barcelona", y que se aborda principalmente en el proceso revolucionario en Catalunya. El aire "periodístico" de la obra y el hecho de que ésta estuviera acabada antes de finalizar la guerra civil, no le impidió a Kaminski darle una especial profundidad. También tiene un valor excepcional la obra de Franz Borkenau, "El reñidero español", un excelente estudio que, como el trabajo de Brenan, fue publicado antes de que finalizara la contienda. El mismo Brenan ha calificado esta obra como uno de los mejores libros que jamás han llegado a publicarse sobre la guerra y la revolución españolas.

            El número de trabajos realizados sobre las colectivizaciones  es ingente. Por ese motivo y debido a que gran parte de ese material tiene un contenido propagandístico, pero en ocasiones escaso valor histórico hemos preferido seleccionar algunos de ellos. Desde la óptica libertaria vale la pena citar el trabajo realizado por A.Souchy y P.Folgare, "Colectivizaciones", que estudia el profundo fenómeno colectivista tanto en el campo, como en las ciudades (industrias, servicios). La obra está enriquecida con numerosos ejemplos sobre el funcionamiento de las empresas colectivizadas. Existe una pequeña y valiosa recopilación de artículos, que se ha dirigido hacia el fenómeno colectivizador en el campo, "Las colectividades campesinas". Esta reunión de trabajos y de documentos se extiende a toda la zona republicana, y permite comparar las experiencia en zonas tan alejadas y distintas como puede ser Catalunya, Aragón, Cuenca o Ciudad Real. Desde una óptica no libertaria, encontramos el trabajo de Albert Pérez Baró "30 meses de colectivismo en Cataluña". Esta obra se centra en el régimen colectivista urbano, pero se centra excesivamente en la parte jurídica, por lo que le resta interés para nuestro trabajo. Finalmente merece que destaquemos una de las obras que constituye una de las últimas investigaciones que se han realizado sobre las colectivizaciones, "Colectividades y revolución social" de Walther Bernecker. La obra se centra  principalmente en el anarcosindicalismo, organización que representó la columna vertebral del movimiento colectivizador en toda la zona republicana.

            Otro tema que hemos abordado es el de las milicias revolucionarias, su formación, características, funcionamiento, su evolución y declive hasta dejar paso al Ejército Popular de la República. Dejando aparte los comentarios hechos más arriba sobre la obra de Orwell, creemos importante destacar la obra de Manuel Cruells, "De les milícies a l'Exèrcit Popular a Catalunya"  y la realizada por Michael Alpert "El ejército republicano en la guerra civil". El primero es un excelente estudio sobre el proceso de restauración republicana que en el orden militar quedó reflejado en el declive de las milicias y en la formación de un nuevo ejército de viejo estilo. El segundo traza la evolución histórica de la revolución, desde el punto de vista militar, desde las organizaciones paramilitares durante la república, la formación de las milicias y el Ejército Popular. Alpert hace una buena y detallada descripción de los mecanismos del ejército republicano (oficiales, comisarios).

            También queremos mencionar un par de trabajos que se han realizado sobre sucesos de mayo  de 1937 en Barcelona. Ambos trabajos arrojan luz en la polémica sobre la interpretación de estos acontecimientos que marcaron el final del proceso revolucionario español. Nos referimos a la pequeña recopilación de artículos de prensa, documentos y octavillas realizado por Frank Mintz y Miguel Peciña "Los amigos de Durruti, los trotskistas y los sucesos de mayo" y también al más reciente trabajo "Los sucesos de mayo de 1937. Una revolución en la República". Este último  trabajo reúne las colaboraciones  de varios historiadores, Eduardo de Guzmán, Gutierrez Alvarez, Pierre Broué, Franz Mintz, Pelai Pagés, Wilebaldo Dolano..., y que constituye una de las últimas interpretaciones sobre los hechos mencionados.

1.2.2 Periódicos y revistas utilizadas.

            El criterio de selección de la prensa que hemos utilizado ha sido el de escoger una publicación representativa de cada una de las fuerzas políticas que participaron en el proceso revolucionario en Catalunya. Por lo tanto, hemos tenido que excluir (salvo en cuestiones puntuales) la prensa estatal (Claridad, Mundo Obrero, El Socialista...).

            Relacionado con el republicanismo izquierdista, catalanista, hemos escogido el periódico "La Humanitat". Este diario, fundado por el mismo Lluís Companys, era considerado el portavoz de la Esquerra Republicana de Catalunya y también del gobierno de la Generalitat.

            Apenas terminados los combates callejeros de julio, en Barcelona se creaba el Partido Socialista Unificado de Catalunya. Con la aparición del PSUC también se iniciaba la publicación de su órgano de prensa, "Treball".

            La prensa anarcosindicalista ha estado representada en nuestro trabajo por la tradicional "Solidaridad Obrera". Sin embargo, nos ha parecido necesario representar a la oposición anticolaboracionista de la CNT en el periódico editado por el revolucionario italiano Camilo Berneri, "Guerra di classe". Este periódico fue publicado entre los meses de octubre de 1936 y mayo de 1937. Berneri sería asesinado a principios de este mes, durante la revuelta barcelonesa. Después de su muerte, el periódico dejaría de publicarse. La brillantez y la coherencia de los artículos de Berneri ha sido un motivo más que suficiente para ser elegido en nuestro trabajo.

            Con respecto al Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), hemos considerado suficiente el estudio de "La Batalla", el órgano de prensa principal del partido. De la misma manera que la prensa del PSUC, "La Batalla" inició su publicación al calor de la revolución que acababa de estallar.

            También hemos considerado necesario incluir los trabajos relacionados con el tema, y que han sido publicados en revistas más recientes. La colección "Cuadernos de Ruedo Ibérico" (66 números editados en 39 revistas, entre junio de 1965 y diciembre de 1979). La publicación, órgano del grupo editor del mismo nombre, fue durante el último periódico de la dictadura, una de las principales tribunas de la oposición antifranquista. En sus números hay una extensa colección de trabajos de numerosos políticos, historiadores y escritores (Juan Martínez Alier, Ignacio Fernández Castro, Fernando Claudín, Juan Andrade...). Los cuadernos de Ruedo Ibérico reunieron importantes discusiones, no sólo sobre la situación política nacional e internacional del momento, sino también sobre el balance de diversos aspectos de la guerra civil. También hemos utilizado algunos números monográficos o no, de "Historia 16", "Historia y Vida", Documents...


1.2.3 Documentación.

            La documentación utilizada es amplia y variada. Sin embargo no siempre hemos podido trabajar con el material adecuado. Para ello, hemos hecho una labor de rastreo en los distintos archivos mencionados más arriba.

            El temario de la documentación utilizada es heterogéneo.  Hemos analizado algunas actas del Consejo de Economía de Catalunya, o de los organismos de Seguridad  de la Generalitat (desgraciadamente tan solo hemos encontrado algunas, y nos ha resultado imposible hacer un seguimiento completo de los debates que se realizaron en el seno de estos organismos. También hemos encontrado octavillas, documentos o publicaciones pertenecientes a los sindicatos o a las colectivizaciones barcelonesas. Este material es especialmente importante para acercarnos a la situación real existente durante el proceso revolucionario.
También hemos  trabajado con abundante material procedente del gobierno de la Generalitat. Especial mención merece el decreto de disolución de los comités revolucionarios y en el que se declaraba la formación de los nuevos ayuntamientos; el decreto de sindicación obligatoria; el proyecto de decreto de estructuración de los Consejos Generales... Podríamos citar muchos más, pero hemos preferido dejarlo para el índice bibiliográfico, al final.





2. LA SITUACIÓN PRERREVOLUCIONARIA (Abril 1931-Julio 1936):


2.1.LA REPÚBLICA Y LAS CORTES CONSTITUYENTES (1931-1933). EL AGOTAMIENTO DE LAS ILUSIONES DEMOCRÁTICAS.

            La caída de la dictadura de Primo de Rivera y, posteriormente, de la Monarquía de Alfonso XIII, abrieron el período de lo que ha venido a llamarse, la revolución española. Durante cerca de seis años, el proletariado y el resto de clases populares esperaron que la República solucionara sus principales reivindicaciones democráticas y sociales. Durante todo este período también experimentaron el alcance y las limitaciones de la República.

            El proyecto republicano pretendió completar la revolución burguesa   por la vía democrática, contando como principal capital político con el apoyo que le prestaban las organizaciones obreras tradicionales, especialmente de los socialistas.

            Sin embargo  los dirigentes republicanos, serían incapaces de solucionar cualquiera de los grandes problemas que arrastraba históricamente el Estado Español (la cuestión nacional catalana y vasca, el problema de la tierra, el peso tradicional del ejército en la política del país, el enorme poder económico y político que había acumulado la Iglesia...).

            La monarquía había caído sin derramamiento de sangre. Los hombres que tomaron el poder en el 14 de Abril lo habían hecho, no para llevar a cabo la revolución, sino para evitarla. Sin embargo, la República llegaba demasiado tarde. El tradicional atraso de la economía española solo podía superarse con la superexplotación del proletariado y de los campesinos, es decir, con el rechazo a satisfacer cualquiera de las demandas  elementales por las que clamaban los sectores populares. En estas circunstancias, el proyecto republicano sería considerado  por las clases privilegiadas, como utópico y peligroso, y por lo tanto, solo sería aceptado una vez agotadas la dictadura y la monarquía.

            A pesar de todo la burguesía no se dejó convencer. Era consciente de que el movimiento revolucionario desatado con la caída de la monarquía,  era una bomba de tiempo que iba dirigida, en esencia, contra sus propiedades y privilegios. Las clases privilegiadas  aceptarían la República como un mal menor, frente a una monarquía descompuesta y desprestigiada, que era incapaz de contener el movimiento revolucionario que se estaba gestando.
Sin embargo, también eran conscientes de que no  sería posible acabar con él, por la vía democrática y parlamentaria. La República era un aprendiz de brujo que carecía de capacidad para frenar y controlar las fuerzas desencadenadas.

            El proyecto republicano, solo podía completar la revolución burguesa y solucionar los principales problemas del país, enfrentándose a los grandes propietarios agrarios, que estaban emparentados con la burguesía industrial y financiera. Cualquier limitada concesión que pudiera hacerse a las demandas populares terminaba  convirtiéndose en un ataque contra los intereses del conjunto de las clases propietarias. De esta forma, el proyecto se mostraba inviable. Las clases sociales en las que pretendía apoyarse,  el proletariado y el campesinado, y la burguesía industrial tenían intereses completamente opuestos.

            Indudablemente, la República llegó con una extraordinaria ola de popularidad, causada por un profundo deseo de cambios de la casi totalidad de las clases sociales del país. Mientras el proletariado y el campesinado pobre depositaban sus esperanzas  en el nuevo régimen para conseguir sus reivindicaciones, las heterogéneas clases medias aspiraban a que la República emprendiera un proceso de modernización capitalista que abriría las puertas a un nuevo período de crecimiento y prosperidad económica. Sólo un reducido sector de los grandes terratenientes y de la burguesía, verían con malestar la victoria republicana. 
            Durante el período comprendido entre la caída de la monarquía y los inicios de la guerra civil, las ilusiones democráticas del proletariado se irían difuminando hasta  desaparecer. Cinco años después de la instauración de la República, muy poco de lo esperado se había conseguido.

            En 1931, dos millones de trabajadores agrícolas carecían de tierras, un millón y medio de pequeños propietarios estaban obligados a trabajar para los terratenientes para poder vivir.  Apenas cincuenta mil propietarios lo eran de la mitad de las tierras cultivables del país. El latifundio y el minifundio se combinaban explosivamente en la mayor parte del territorio. En un país tan eminentemente agrario como era el Estado español, la Reforma Agraria se había convertido en una necesidad ineludible para la estabilidad del nuevo régimen. Sin embargo, cinco años después seguía paralizada en los estériles debates parlamentarios.

            La cuestión nacional vasca continuaba sin encontrar solución, mientras   que el Estatuto de Autonomía de Catalunya   había nacido en 1932 con grandes dificultades, después de ser drásticamente recortado por las Cortes españolas.             El poder económico y político de la Iglesia apenas había sufrido limitaciones. Seguía siendo la propietaria de grandes latifundios, y continuaba siendo la principal accionista de numerosas empresas y bancos del país. Las escasas  y tímidas acciones que se habían iniciado para recortar el poder de la Iglesia (educación, órdenes religiosas...) habían sido anuladas durante el "bienio negro".

            El Ejército, anticuado y con graves problemas en su funcionamiento y eficacia (macrocefalia). Con una larga tradición intervencionista en la política del país, que se había incrementado tras la pérdida de las últimas colonias americanas, especializado en la represión interior, mantenía sus principales cuadros intactos. A pesar de sus permanentes conspiraciones contra la República  y de sus fracasados intentos por derribarla, los gobiernos se habían negado a cualquier proyecto de democratización de éste, ni siquiera habían intentado   depurar  a los elementos más destacadamente golpistas, que continuaron en sus puestos de mando.

            Por el contrario, cuando las clases populares, exasperadas por la lentitud de los cambios actuaron por su cuenta, para satisfacer sus necesidades, fueron reprimidas por los mismos gobiernos republicanos que habían apoyado a instancias de sus organizaciones. La República había demostrado su eficacia, en la aprobación de leyes represivas que iban encaminadas a controlar  a los movimientos populares (Ley de Defensa de la República,...).
El capital político del republicanismo se iría diluyendo con el agotamiento de las ilusiones democráticas de las clases populares. También en este sentido, perdería su atractivo como dique de contención contra la mareada revolucionaria, para las clases propietarias que cada vez más buscarían la salvaguarda de sus intereses en el ejército.



2.2 EL MOVIMIENTO OBRERO. LAS DIFERENTES CONCEPCIONES DE LA REVOLUCIÓN ESPAÑOLA.

            Desde sus orígenes, el movimiento obrero español se encontraba dividido en dos grandes corrientes: el socialismo y el anarcosindicalismo. Fue ya en la década de los años veinte,  cuando apareció, bajo la influencia de la revolución rusa de 1917, una tercera fuerza política, el comunismo. La caída de la  dictadura los encontró escindidos en varios grupos enfrentados entre si. La temprana estalinización del PCE y su política de expulsiones frente a cualquier tipo de disidencia, había provocado el estallido de la joven organización. El movimiento comunista, aunque todavía marginal, iba a jugar un papel destacado en el futuro de la revolución española.

2.2.1 El socialismo:

            El Partido Socialista (PSOE) era, a la caída de la monarquía, la única organización de masas, que había conseguido extenderse por todo el estado, salvo en Catalunya donde estaban reducidos a una pequeña minoría. Los socialistas controlaban un poderoso sindicato, la Unión General de Trabajadores (UGT). Sin embargo, la socialdemocracia española estaba dividida en tres importantes fracciones: la derecha dirigida por Besteiro, el centro de Prieto y el ala izquierda de Largo Caballero, que era a su vez, secretario de la UGT.

            El PSOE era desde sus orígenes, una de las organizaciones  más reformistas de la II Internacional, quizás solo superado por el laborismo británico. La socialdemocracia española contaba con un amplio historial de colaboración con los diferentes gobiernos burgueses, incluida la dictadura. Largo Caballero había sido Consejero de Estado del gobierno del general Primo de Rivera y había utilizado su privilegiada posición para fortalecer a la UGT, frente al anarcosindicalismo, su adversario tradicional en el movimiento obrero. Solo se desmarcaría en la última etapa, presionado por sus propias bases y cuando era evidente el agotamiento político de la dictadura.

            El PSOE participó en el pacto de San Sebastián, donde se había subordinado al proyecto republicano, comprometiendo su propia línea  política al servicio de éste. Los socialistas interpretaban el tránsito de la monarquía a la República como una "revolución burguesa" en la que la dirección política tenía  que recaer sobre los partidos que se reclamaban de ésta. De esta forma renunciaban, una vez más, a jugar un papel independiente para ceder el protagonismo a los partidos republicanos.
Durante el período 1931-1933, el PSOE colaboraría con los gobiernos republicanos, y el mismo Largo Caballero llegaría a ser ministro de trabajo con Azaña.

            Sin lugar a dudas, el socialismo español era el engranaje fundamental para el proyecto republicano. Las partidos republicanos carecían de un programa social propiamente dicho y   carecieron siempre, de una base social sólida y estable.
Los dirigentes socialistas creían que una democracia burguesa y progresista, era un paso inevitable en el camino hacia el socialismo, y que tenía la tarea histórica de acabar con los restos del feudalismo español. El socialismo cometía, de esta manera, la misma equivocación que cometerían otras organizaciones, al considerar a la Segunda República como un obstáculo para la reacción, y no para el movimiento revolucionario. Numerosos dirigentes socialistas consideraban que el socialismo llegaría pacíficamente, con el agotamiento de la  fórmula republicana para solucionar los problemas del país (3). La política socialista paralizaba al movimiento revolucionario, en espera de su oportunidad para llegar al gobierno.

2.2.2 El anarcosindicalismo:
            Al contrario que la socialdemocracia, el movimiento anarquista o anarcosindicalista contaba con una larga tradición de luchas que tenía su origen en los años 70 del siglo XIX, cuando la mayor parte de la sección española de la AIT se había declarado favorable a las tesis de Bakunin frente a las de Marx.

            Después de diversas vicisitudes, y de diversos períodos de ilegalidad, en 1911  se había fundado la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). A pesar de la fuerte represión de los gobiernos, en 1917 había dirigido una gran ola de huelgas en Catalunya. A raíz del impacto que produjo en el movimiento  obrero internacional la revolución de octubre en Rusia, la CNT se  integró efímeramente en la Internacional Sindical Roja (ligada a la recién nacida Tercera Internacional). Tras un corto período de estancia, la CNT rechazaría su adhesión, después de los acontecimientos de Kronstadt en marzo de 1921.

            El anarcosindicalismo se convirtió rápidamente en la organización hegemómica del proletariado catalán, y tuvo una gran implantación en otras zonas del Estado, como en Valencia, Andalucía, Asturias, Madrid y Zaragoza.

            El contenido ideológico del anarcosindicalismo,  claramente  apolítico, era   contrario a cualquier forma de colaboración con el Estado. Sus métodos de lucha estaban basados en la acción directa y en la lucha de clases. En su seno existían dos corrientes principales, el sindicalismo revolucionario y el anarquismo, que se disputaban su control. Los anarquistas  radicales se agrupaban en la Federación Anarquista Ibérica (FAI). La misión de ésta, era mantener la pureza anarquista de la CNT a salvo de tentaciones reformistas, o de infiltraciones marxistas.

            La fracción sindicalista (Pestaña, Juan Peiró, Juan López...) defendía la necesidad de utilizar los métodos sindicalistas, como forma para elevar la conciencia de los trabajadores y consideraban indispensable para la revolución, la existencia de una organización de masas, la CNT. Los sindicalistas se oponían a los métodos insurreccionales y espontaneístas de los faístas, que provocaron, durante los cinco años de experiencia republicana, numerosos reveses al movimiento revolucionario. Sin embargo, la FAI acabó por controlar la dirección de la CNT y el sector sindicalista o "trentista"   sería excluido. Los expulsados formaron la Federación Sindicalista Revolucionaria en el exterior, o los "Sindicatos de Oposición", en el seno de la Confederación, con fuerte influencia en Asturias y en Levante, así  como en algunas ciudades industriales de Catalunya. Uno de los dirigentes de esta corriente, Angel Pestaña, acabaría formando el Partido Sindicalista, renunciando definitivamente a sus orígenes anarcosindicalistas.

            La teoría política de la CNT, y de las corrientes que la integraban era de una gran ingenuidad. El historiador y agudo  observador de la situación española que precedería a la guerra y a la revolución, Gerald Brenan resaltó el carácter profundamente "idealista y religioso-moral" del anarcosindicalismo (1).

            En oposición a las tesis marxistas que consideran al proletariado como único sujeto revolucionario consecuente, el anarcosindicalismo concedía este papel al "pueblo oprimido", es decir, al conjunto de clases oprimidas, sin diferenciar la naturaleza o las peculiaridades de éstas.

            El anarcosindicalismo mantenía una visión voluntarista de la historia. Desde su óptica, la revolución era realizable en cualquier momento y dependería solo de la disposición que tuviera  la minoría anarquista, capaz con su acción de contagiar a las masas de su revolucionarismo. Partiendo de esta idea, el anarcosindicalismo excluía de sus teorías, cualquier análisis serio sobre las condiciones económicas y sociales existentes, y las sustituía por:

"... la fe en la viabilidad de este estado final (el comunismo libertario), sin que se abordase la problemática de su realización" (2).

            Para los militantes libertarios, la estrategia no era importante, la revolución llegaría espontáneamente, cuando la  inmensa mayoría de los trabajadores estuviesen concienciados. El anarcosindicalismo carecía, por lo tanto, de una teoría sobre el poder, y sobre la toma de éste. El comunismo libertario llegaría,  sin etapas intermedias, con el desmoronamiento de la vieja sociedad explotadora. Enemigos   jurados de cualquier tipo de poder, no hacían ningún tipo de distinción entre la naturaleza de los distintos tipos de estado (ya fuera la monarquía, república o un estado obrero).

            Los treintistas, criticaban a los faístas, su voluntarismo y su espontaneísmo extremo, es decir,  el rechazo a cualquier tipo de organización de la revolución. La crítica trentista era fruto de los numerosos fracasados levantamientos que se habían hecho a instancias de la FAI. Mientras que los faístas reprochaban, en cambio, a los primeros su "reformismo" sindicalista y su falta de confianza en el instinto revolucionario de las masas.

            El treintismo consideraba necesario una mayor preparación de la revolución para poder asegurar su éxito Era indispensable contar con una verdadera organización de masas a nivel de todo el estado, la CNT. Las diferencias entre ambas corrientes irían desapareciendo con la nueva oleada de movilizaciones que  se había iniciado a partir de la insurrección de Octubre de 1934. La dirección faísta de la CNT realizaría, a posteriori, una crítica sobre su abstencionismo en dichos acontecimientos. Ambas corrientes acercarían sus posturas con respecto a la necesidad de considerar a la Confederación, como la organización de masas indispensable para la revolución que se avecinaba.

            La división entre las dos corrientes libertarias sólo quedaría cicatrizada en el Congreso de Zaragoza realizado el  mes de mayo de 1936, en vísperas de la guerra civil.

2.2.3 El comunismo:

            Además de la socialdemocracia y del anarcosindicalismo, existía una tercera corriente en el seno del movimiento obrero español: el comunismo. Surgido al calor de la revolución rusa de octubre, la organización comunista se había formado a partir de dos escisiones del PSOE y con el ingreso de algunos grupos que procedían del anarcosindicalismo.

            A la caída de la dictadura, el comunismo español estaba   dividido en tres fracciones importantes, además de numerosos pequeños grupos que acabaron siendo absorbidos.

2.2.3.1 El estalinismo:

            El proceso de degeneración burocrática de la URSS, bajo el estalinismo deformó rápidamente las jóvenes organizaciones comunistas que se habían adherido a la III Internacional. El Partido Comunista, supeditado a las directrices dictadas por la emergente burocracia soviética, inició un proceso de expulsiones y de escisiones que debilitaría y fragmentaría considerablemente al pequeño movimiento comunista. El PCE estaba implantado en Asturias, donde contaba con una minoría importante y tenía una cierta implantación en las  ciudades andaluzas de Málaga, Cádiz y Sevilla.

            El partido oficial, completamente estalinizado y supeditado a la política ordenada por la Komintern, atravesaba una etapa   dominada por el ultraizquierdismo, la línea de "clase contra clase" característica del "Tercer Período" de la Internacional Comunista. La socialdemocracia era considerada como la hermana gemela del fascismo (socialfascismo). La caracterización del resto de las corrientes políticas no corría mejor suerte, republicanos, anarquistas, o comunistas  disidentes  eran consideradas como organizaciones de corte fascista. El PCE defendía la táctica del "Frente único por la base" y rechazaba cualquier acuerdo político con las direcciones de las organizaciones obreras mayoritarias. De hecho, era la negativa a cualquier tipo de acuerdo que no implicara la subordinación del resto de organizaciones a la línea política del PCE, y dada la insignificancia de sus efectivos y el peso aplastante del PSOE y de la CNT esto era imposible.

            El PCE mantenía una política de seguidismo incondicional  hacia la dirección de la Komintern. Aplicando las análisis de Manuilski, el Partido Comunista oficial había despreciado el movimiento que iba a provocar, posteriormente, la caída de la dictadura y de la Monarquía (3). Poco después del establecimiento de la República, cuando las ilusiones democráticas de las clases populares eran mayores que nunca, el PCE llamaría a la formación de  una República Socialista Soviética, basada en soviets de obreros   y campesinos.

            La política aplicada por el comunismo oficial español hasta finales de 1934, lo aisló, forzosamente, de los trabajadores, que confiaban en sus organizaciones tradicionales. El PCE no pasaba de ser, durante todo este período, una minúscula organización sin arraigo entre la clase obrera y el campesinado pobre.

2.2.3.2 El Bloquismo:

            La Federación Comunista Catalano-balear se escindió del PCE en 1930. La FCCB había criticado la miopía con la que la organización oficial se había enfrentado a la caída de la dictadura. Las críticas se extendían a la línea escisionista que el PCE aplicaba en el terreno sindical (Comité de Reconstrucción de la CNT) que lo aislaba de las masas encuadradas en torno a la CNT y la UGT. Un tercer punto de   ruptura fue la cuestión nacional catalana, ante la que, según la FCCB, la organización oficial mantenía una postura vacilante. Joaquìn Maurín, su máximo dirigente, había  acusado a la Internacional de aplicar sus esquemas sobre la revolución rusa en el resto de países, sin tener en cuenta las diferencias existentes,  lo que la había llevado a la derrota en China y en   los países donde se había presentado una situación revolucionaria.

            En noviembre de 1930, la Fusión de la Federación con el Partido Comunista de Catalá dió lugar al Bloque Obrero y Campesino (BOC), al que posteriormente se unieron algunos pequeños grupos en el resto del estado. El BOC agrupaba a la inmensa mayoría de los militantes comunistas de Catalunya y de Baleares, sin embargo su peso en el resto del Estado era insignificante.

            Defendía una concepción de la revolución española completamente autóctona, equidistante de las dos principales fracciones internacionales, estalinistas y trotskistas, en las que se había dividido la  IC. Buscaba "una <tercera opción>, nacional, independiente de dogmas y de ortodoxias" (4). Mantenía una concepción sindicalista de la revolución que era una clara herencia del anarcosindicalismo. El BOC defendía la necesidad de construir Juntas revolucionarias, que sería la forma que presentaría el frente único de las diferentes organizaciones obreras. Los soviets eran considerados como algo extraño a la tradición española.

            El BOC, profundamente influido por el nacionalismo catalán, se consideraba una organización separatista, partidaria de un Estado Federal Ibérico. Su visión sobre la cuestión nacional catalana, en el seno de la revolución "democrático-socialista" española, hizo que el BOC considerase como progresivo el papel  de los dirigentes políticos de la pequeña burguesía nacionalista republicana, en la primera etapa de la revolución española.

2.2.3.3 El trotskismo:

            La Oposición Comunista Española (OCE)  dirigida por Andreu Nin, nació en Septiembre de 1930, en torno a la Oposición Internacional dirigida por León Trotsky. Hasta 1932, este grupo se consideró como una fracción opositora del PCE.  A partir de su III Conferencia pasaría a ser una organización independiente, la Izquierda Comunista Española (ICE).

            La ICE consideró a la Monarquía y a la República, como diferentes formas capitalistas. Las reminiscencias feudales existían debido al escaso desarrollo del capitalismo español, pero estaban, sin ninguna duda, al servicio de éste. La llegada de la República, fue analizada como un paso importante en el curso de la revolución española. La Monarquía caía por su incapacidad de frenar al movimiento revolucionario naciente. Era necesario que las masas experimentaran las limitaciones de una República burguesa. Solo el proletariado, arrastrando tras de si al resto de las clases populares, podía completar la "revolución democrática" en su lucha por la "revolución socialista".

            La lucha no era entre la República burguesa y la Monarquía feudal, como decían los republicanos; ni siquiera como etapa, como defendían el PSOE. La lucha que se había entablado era entre el capitalismo y el socialismo. La ICE defendía la necesidad de la lucha por las consignas democráticas, que ayudarían a las trabajadores a desembarazarse de sus ilusiones republicanas.
La ICE, como el BOC, defendía la necesidad del Frente Único Obrero. El FUO se diferenciaba del "Frente por abajo" del PCE, en que éste debía realizarse tanto entre las direcciones de las organizaciones obreras, como en sus bases. Para la realización de la revolución socialista era necesario la construcción de Juntas revolucionarias, que no serían una copia exacta de los soviets rusos, pero que, en cualquier caso, se inspirarían en el mismo espíritu que los originó.

2.3 EL FRACASO DE LA REACCIÓN. EL BIENIO NEGRO Y LA RADICALIZACION DEL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO

            El gobierno republicano de izquierdas, de 1931-1933, pronto demostró su incapacidad para resolver los problemas democráticos tradicionales, cada vez más acuciantes.  Para frenar al poderoso movimiento que amenazaba con desbordarlo por la izquierda, tuvo que utilizar la represión contra éste, que constituía la base social del PSOE, y del anarcosindicalismo. Los dirigentes socialistas, preocupados, por la creciente impopularidad de su alianza con los republicanos, rompieron finalmente con éstos. 

            El poderoso movimiento anarcosindicalista, apolítico y contrario a presentar sus propias candidaturas, organizó una campaña por la abstención, como respuesta a la represión. El boicot de la CNT contribuiría considerablemente a la derrota electoral de la izquierda que había estado en el gobierno.
El Comité Nacional que había amenazado con desencadenar la revolución si la derecha se alzaba con el triunfo electoral, tuvo que organizar el levantamiento para "salvar el honor confederal" (5). El 8 de Diciembre estallaba la insurrección, que se extendería por todo Aragón y la Rioja y alcanzaría algunas ciudades de Catalunya. La situación del movimiento popular, después de la derrota electoral, junto a la falta de preparación del putch anarquista lo condenaron al fracaso. Siempre según Cesar M. Lorenzo, historiador libertario:

"los anarquistas seguían sin aprender nada en técnica revolucionaria" (6). 

            El abstencionismo anarquista había hundido el proyecto republicano izquierdista, pero al carecer de una alternativa coherente,  había ayudado sin quererlo, al  ascenso de otro, claramente reaccionario. El anarcosindicalismo, debilitado por el fracaso y aislado del resto de las organizaciones obreras por la línea  aislacionista que aplicaba la dirección faísta, no jugaría ningún papel decisivo en el período siguiente.

            Las clases populares, quedaron profundamente decepcionadas con la experiencia del gobierno de la coalición republicano -socialista. La pequeña burguesía que había apoyado la alianza  en las elecciones de 1931, que habían dado paso a la República, acabó dejándose seducir por la derecha. Esto fue la causa de la derrota electoral de noviembre de 1933, y que dió lugar a un período de gobiernos derechistas, conocido como el "Bienio Negro".


            La victoria de la derechista CEDA sin embargo quedó empañada al no conseguir mayoría absoluta. La correlación resultante de las elecciones acabó  entregando el gobierno al centro-derecha de Lerroux. Los tímidos cambios del anterior gobierno serían anulados rápidamente. Las escasas limitaciones que se pusieron al poder de la Iglesia fueron suprimidas. La moderada Reforma Agraria quedaría completamente paralizada. Mientras que los militares golpistas, protagonistas de la Sanjurjada, fueron puestos en libertad y restituidos a sus puestos en el Ejército, salvo en el caso de su principal protagonista, Sanjurjo, que seguiría en el exilio.

            La política del gobierno de Lerroux y de los diferentes gobiernos de centro-derecha no haría sino acrecentar las tensiones en el campo y en las ciudades. Pese a la victoria electoral, la derecha tenía que enfrentarse a un movimiento revolucionario, más poderoso y más radicalizado, que el que había provocado la caída de la Monarquía.

            A nivel internacional, Hitler llegaba en 1933  al poder en Alemania, donde pronto se organizó una represión implacable y sangrienta contra el movimiento obrero. Este hecho impactaría profundamente en la conciencia de las masas europeas, y se reflejaría en un intenso  deseo de unidad entre los trabajadores frente al ascenso del fascismo, y también en una pérdida de confianza en las instituciones de la democracia burguesa.

            Todos estos factores, internos y externos, provocarían un proceso de radicalización entre la clase obrera y el campesinado en el estado español. Los dirigentes socialistas, profundamente decepcionados  por   la    experiencia   del   anterior   gobierno, atemorizados por el ascenso de la reacción y presionados por sus propias bases, cambiaron su viejo discurso reformista para hablar de: "la necesidad de la toma del poder por parte de los trabajadores, y de la dictadura del proletariado",... El ala caballerista, al reflejar este proceso de radicalización de las masas populares, conseguiría capitalizar sus simpatías. Sin embargo, los socialistas de izquierda, a pesar de su verbalismo radicalizado, seguían careciendo de un programa revolucionario coherente. Santos Julià califica la contradicción entre el discurso revolucionario y la práctica del largo caballerismo, como "reformismo radical" (7).

            En el mes de Junio de 1934, estallaba una poderosa huelga general campesina en Extremadura y Andalucía, auspiciada por un Comité Unitario formado por la Federación de Trabajadores de la Tierra (UGT) y por la CNT. En las ciudades el clima de tensión social iba en aumento. Sin embargo, la posibilidad de hacer converger a ambos movimientos sería desaprovechada por los dirigentes socialistas por considerar que la situación todavía no  había  madurado (8). Aislado el movimiento campesino, fracasó por la fuerte represión que se desencadenaría contra él, quedando paralizado durante el período siguiente.

            Desarticulado el campesinado, el proletariado industrial quedaría aislado. En el mismo período, entre los trabajadores  urbanos había empezado a gestarse un proceso de unidad, encarnado en las Alianzas Obreras, que empezaba a inquietar seriamente a las clases propietarias. La unidad del movimiento era una clara amenaza que debía evitarse a toda costa.

            Contrastando con la tensión creciente, la derecha nunca llegaría a tomarse en serio los radicalizados discursos de los dirigentes socialistas. Munis cita de memoria las palabras   que Gil Robles dirigió a Prieto, en un debate parlamentario:

"Vosotros los socialistas seréis siempre incapaces de desencadenar la revolución, porque la teméis; sabemos que de vuestra parte todo se quedará en palabras" (9).

            La reacción necesitaba tomar el poder, para dar un golpe definitivo al movimiento revolucionario. Su plan se sostenía en el temor que tenían los dirigentes socialistas a desencadenar   una revolución que no deseaban. A pesar de sus discursos  radicalizados y de sus amenazas inflamadas, expuestas en las Cortes, los dirigentes del PSOE, puestos a elegir entre alentar una revolución de consecuencias imprevisibles y capitular ante la ofensiva de la derecha, tendrían que escoger la segunda opción. Los líderes de la derecha no se engañaban.


2.4 LAS ALIANZAS OBRERAS. LOS PRIMEROS ÓRGANOS DE FRENTE ÚNICO.

            La radicalización del movimiento obrero, operada a partir de 1933, iba acompañada de un profundo deseo de unidad frente a la amenaza de la reacción. Este sentimiento colectivo se reflejaría en la aparición de las Alianzas Obreras, como formas de Frente Único Obrero (FU).

            El 9 de Diciembre de 1933 se fundó en Barcelona la primera Alianza Obrera. A este primer ensayo de FU se adhirieron la UGT, los sindicatos de oposición dentro de la CNT (treintistas), la sección catalana del PSOE, el BOC, la Federación Sindicalista Libertaria (treintistas expulsados de la CNT), la ICE, la USC, la Unió de Rabassaires (UR) y los sindicatos de Oposición (controlados por el BOC).

            La Alianza Obrera, en palabras de Joaquín Maurín, uno de sus principales instigadores era  simple:

"Todas las secciones de los partidos y sindicatos obreros que existen en una localidad forman un haz, un bloque. Constituyen un Comité con representantes de cada organización adherida. Comité que centraliza la dirección de todos los movimientos que se llevan a cabo" (10).

            El nuevo organismo se identificaba como un Frente de clase, donde las organizaciones que no pertenecieran a los trabajadores, sólo podrían adherirse moralmente, pero nunca como miembros efectivos. El programa  de la Alianza catalana era muy general y básicamente defensista frente al avance de la reacción. Sin embargo, encarnaba para importantes sectores obreros, la intención de no marchar a remolque de los republicanos, y de establecer un frente con el campesinado pobre, que se realizaba con la adhesión de la Unió de Rabassaires.

            Sin embargo, el Frente Único nacía con una grave limitación: la hostilidad del anarcosindicalismo, hegemómico entre el proletariado catalán. Pocos meses después de su creación, la USC abandonaría la Alianza, para entrar a formar parte del nuevo gobierno de la Generalitat. La UdR, sindicato campesino controlado por la Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) adoptó también una actitud similar.

            En febrero de 1934, el periódico anarcosindicalista asturiano "La Tierra", publicaba un artículo de Valerio Orobón, dirigente de la regional de la CNT, llamando a una alianza revolucionaria de las diferentes organizaciones obreras (11). Los puntos de la propuesta eran: la defensa de un programa revolucionario que excluyera la colaboración con el régimen; la socialización de la economía y la elección de los trabajadores de sus representantes, revocables en cualquier momento, en los órganos ejecutivos de la Alianza.

            El 28 de Marzo de 1934, se constituyó una nueva Alianza en Asturias. Firmaron el pacto, la UGT, la Federación asturiana del PSOE y la CNT. Poco después el BOC y la ICE también se adhirieron al nuevo organismo.

            El pacto CNT-UGT que dió lugar a la Alianza expresaba su programa en términos similares a los defendidos por Valerio Orobón. Defendía además, la necesidad de trabajar por la creación de una Alianza Obrera a nivel estatal. Pretendía crear órganos locales que deberían servir de base al nuevo Frente. Sin embargo los miembros de los órganos de la Alianza, no iban a ser elegidos democráticamente por los trabajadores, ni tampoco se planteaba la revocabilidad de éstos por las bases, sino que tanto a escala regional, como a escala local, las AO estarían formadas por delegaciones de cada una de las organizaciones obreras firmantes del pacto. También se reconocía la libertad de crítica entre las organizaciones  integrantes de la Alianza (12).

            La CNT asturiana estaba controlada por los treintistas, que eran manifiestos partidarios del Frente Único. La actitud  del anarcosindicalismo, el componente más obrerista y combativo de los socialistas de la región y la larga tradición de colaboración de las centrales sindicales, hizo posible  que la nueva Alianza agrupara a todas las organizaciones obreras, a excepción del PCE.  El peso del movimiento obrero y la lejanía de los aparatos dirigentes de las organizaciones harían que, a diferencia de Catalunya, su programa expresara con mucha más claridad, sus objetivos revolucionarios.

            Poco después, en el mes de Mayo, se formaba una nueva Alianza en Madrid. Firmaron el pacto, el PSOE, las Juventudes Socialistas, la UGT, la ICE y los treintistas. Posteriormente se incorporaría también la Federación Sindical Tabaquera, sindicato independiente de las grandes centrales. Sin embargo, en Madrid, la Alianza Obrera iba a tener un pesado lastre durante toda su existencia, la hegemonía aplastante de los socialistas en el  movimiento obrero de la capital.

            Hubo otros intentos, con mayor o menor éxito, para extender la formación de nuevas Alianzas Obreras por todo el estado (Valencia, Santander, Extremadura, Andalucía...). La hostilidad de la CNT y de la FAI, y la falta de entusiasmo del PSOE para extenderlas, hizo que salvo en Valencia, los nuevos organismos nunca pasaran de ser un mero proyecto.

2.4.1 PARTIDARIOS Y DETRACTORES DE LAS ALIANZAS OBRERAS EN EL SENO DEL MOVIMIENTO OBRERO.

            El deseo de unidad de los trabajadores frente a la amenaza  de la reacción no fue el producto de la política de ninguna de las organizaciones políticas y sindicales. El movimiento obrero buscó la unidad a partir de sus experiencias con los gobiernos de la coalición republicano-socialista. Otro factor que intensificó el deseo de unidad de clase, fue el avance de los fascismos europeos y el impacto del ascenso de Hitler al poder en Alemania.

            Fueron los factores internos y externos, los que provocaron un sentimiento de desconfianza hacia las fuerzas republicanas. El deseo de unidad de la clase iría acompañado de otro no menos intenso, el de la independencia política frente al republicanismo y la burguesía. La experiencia durante el período 1931-1933 había sido nefasta. Los gobiernos republicanos de izquierdas, sostenidos por los socialistas, no habían apenas avanzado en el cumplimiento de sus promesas electorales. Sí en cambio habían elaborado  una serie de leyes represivas que serían aplicadas contra los trabajadores, cuando estos protestaron por la lentitud de las reformas. La experiencia alemana, -la quiebra del sistema   parlamentario burgués y el ascenso del nacionalsocialismo- tampoco ayudaba a confiar en las instituciones parlamentarias republicanas.

            Cuando afirmamos que el deseo de unidad y de independencia política no era el fruto de un trabajo político de ninguna organización nos basamos en la propia concepción que tenían de la revolución española, las organizaciones obreras mayoritarias.

            En  el Partido Socialista, una organización con una larga tradición reformista, la radicalización de sus cuadros dirigentes fue el fruto de la presión de sus propias bases partidarias. El anarcosindicalismo mantenía durante toda esta época una posición sectaria. La dirección faísta confiaba en que podía hacer estallar la revolución, con sus propias fuerzas, sin la necesidad de colaborar con sus rivales en el movimiento obrero, los partidos marxistas.


            El resto de organizaciones, el sector treintista del anarcosindicalismo, el BOC, la ICE y el PCE eran organizaciones demasiado débiles para provocar este profundo sentimiento revolucionario entre las amplias masas, que no les seguían. El BOC y la ICE habían defendido desde sus orígenes la necesidad de construir organismos revolucionarios de Frente Único (Juntas Revolucionarias, Soviets,...), sin embargo solo habían podido defenderlas en el terreno de la propaganda, y entre los limitados sectores obreros adonde llegaba su influencia. Es a partir de la derrota electoral de noviembre de 1933, cuando  considerarían   que había llegado el momento de convertir la propaganda en agitación. Sin embargo, sus exiguas fuerzas se habrían estrellado, si su giro político no hubiese reflejado el avance  de la idea de la unidad en la conciencia de los trabajadores

2.4.1.1 EL socialismo y las Alianzas Obreras.

            Gerald Brenan atribuye a la UGT de Largo Caballero, la iniciativa en la creación de las Alianzas Obreras (13). La afirmación de Brenan es más que dudosa. No es ninguna casualidad que la primera de  las Alianzas surgiera en Barcelona, donde el peso del PSOE y de la UGT era claramente minoritario. Parece mucho más creíble la afirmación de Munis (14), de que este organismo surgió a partir de la iniciativa de la ICE y del BOC. Éste último grupo, gozaba   de un cierta implantación en Catalunya. Sin duda alguna, la integración del PSOE y de la UGT en el proyecto de las Alianzas Obreras, convertiría a éstas en el  eje político del movimiento revolucionario durante este período. Ésta  parece ser la causa de la confusión de Brenan.
Los dirigentes socialistas empezaron a hablar de Frente Único a partir de la derrota en las elecciones de 1933. El PSOE  tenía que recuperar el prestigio que habían perdido con la colaboración con los republicanos. Fue a partir de este momento, cuando la Izquierda Socialista radicalizaría sus discursos, para empezar a hablar de revolución socialista y de la dictadura del proletariado. También sería este el momento en el que empezaría a defender el proyecto de las Alianzas Obreras.

            Sin embargo, hay una evidente contradicción entre los discursos de los dirigentes y su escasa iniciativa en la formación de los nuevos organismos revolucionarios. El escaso número de Alianzas Obreras que se crearon, prueba que el verdadero proyecto socialista no pasaba por ellas, o en cualquier caso, solo era un instrumento ocasional.

            Largo Caballero defendía la unidad obrera en el seno del PSOE y de la UGT. Los soviets no eran necesarios en España. La dictadura del proletariado se realizaría con el gobierno del Partido Socialista, que paradójicamente, se encontraba bajo el control del ala prietista.

"Cada cual debe gobernar <<conforme los intereses y la ideología de su clase, y cuando al Partido Socialista le llegue la hora del poder, y le llegará, porque eso está escrito en las leyes imanentes de la Historia, también gobernará solo>>" (15).

            El ala prietista, sin embargo, aspiraba abiertamente a la instauración de un régimen de democracia burguesa avanzada, con el soporte de la pequeña burguesía radicalizada, e incluso de la burguesía industrial. Los prietistas consideraban que el socialismo tan solo podría llegar mediante un largo proceso de maduración política en el seno de una República burguesa y parlamentaria.

            Los dirigentes de la Izquierda Socialista esperaban que el fortalecimiento de sus organizaciones y su alianza con el anarcosindicalismo -que acabaría por entrar en razón- junto a la crisis económica, el agotamiento republicano y un posible golpe militar frustrado, acabaría por darles automáticamente el poder, apenas con una simple huelga general (16). En espera de que su concepción fatalista de la revolución española se cumpliese, los cuadros dirigentes del PSOE utilizaban su control sobre las masas revolucionarias, para negociar con la burguesía y reconstruir su pacto con los políticos republicanos.

            Solo así podemos explicar su negativa, no solo a extender las Alianzas por todo el país, sino también su oposición a democratizarlas y a convertirlas en verdaderos órganos de Frente Único. La entrada pues, de los socialistas en las Alianzas, no era porque las considerasen organismos revolucionarios, sino como una concesión a su propias bases, que deseaban la unidad, sin ninguna condición. Las Alianzas Obreras, bajo la hegemonía  de los socialistas, también se convertían en una advertencia a la burguesía para que contase con ellos, y no se dejase arrastrar por la tentación fascista.

            Los dirigentes socialistas sentían verdadero temor a perder la influencia que tenían sobre sus bases sociales. Cómodamente situados, como los auténticos defensores de la unidad ante la clase obrera, frente al sectarismo anarcosindicalista, no estaban dispuestos a que las pequeñas, pero activas organizaciones, como el BOC, la ICE o los sindicatos treintistas, les disputasen la hegemonía. Eran conscientes de que estos grupos solo podrían rivalizar con ellos, a través de la democratización y extensión de las Alianzas Obreras.

            El carácter que el caballerismo daba a las Alianzas Obreras era el de órganos de carácter insurreccional. Por lo tanto, no debían protagonizar las luchas cotidianas de los trabajadores. Esta tarea quedaba en manos de los sindicatos. Apartadas de  las luchas, se evitaba la consecuencia lógica, su democratización: La elección democrática de representantes obreros, revocables, a partir de los centros de producción. De esta forma se impedía  la conversión de estos órganos de Frente Único, en verdaderos organismos del poder revolucionario, a semejanza de lo que  habían sido los soviets rusos de 1905 y 1917.

            El funcionamiento burocrático de las Alianzas aseguró el control del Partido Socialista sobre éstas. Las condenaba a convertirse en simples comités de enlace. Sin embargo, la participación del anarcosindicalismo asturiano y la lejanía de la organización socialista de esta región, del aparato burocrático de Madrid, permitiría que la Alianza Obrera asturiana acabara por convertirse en la encarnación del poder revolucionario en esta región.

2.4.1.2 El BOC y la ICE.
            La idea de las Alianzas Obreras forma parte del programa de estas dos organizaciones, desde sus orígenes. Ya en 1931, ambas defendían a nivel propagandístico, la necesidad de construir Juntas Revolucionarias en toda la geografía española. También las dos organizaciones defendieron la extensión de las Alianzas a nivel estatal. Sólo de esta forma, el Frente Único adquiriría una dimensión política revolucionaria,  la del poder obrero frente al estado burgués.

"La Alianza Obrera no es el soviet, puesto que sus características son distintas, pero desempeña las funciones del soviet, al que sustituye ventajosamente dadas las particularidades de la organización obrera española. Lo que el soviet fue para la Revolución rusa, la Alianza Obrera lo es para la Revolución española" (17).

            A diferencia de los soviets rusos, las Alianzas Obreras no necesitarían "democratizarse" para agrupar a todo el proletariado en su seno, ya que éste, ya estaría representado, con la incorporación posterior de los sindicatos mayoritarios, la UGT y la CNT. Para el bloquismo, los soviets eran un cuerpo extraño en la revolución española. Los soviets de 1905 en Rusia, habrían nacido para llenar el vacío organizativo del movimiento obrero ruso, que carecía de organizaciones tradicionales (partidos, sindicatos...) a diferencia de lo que ocurría en España (18).

            La ICE también era partidaria de las Alianzas, como órganos de Frente Único de todas las organizaciones obreras. Sin embargo, era necesario que evolucionaran para convertirse en verdaderos organismos de poder. La ICE consideraba que las bases de las Alianzas tenía que ser los centros de trabajo, donde serían escogidos los representantes democráticos de los trabajadores, sin distinción de tendencias.

            La analogía con los soviets rusos resulta evidente (los soviets rusos nacieron de los comités de fábrica y de huelga, existentes en 1905 y 1917). Las Alianzas eran un paso hacia la creación de verdaderos Consejos Revolucionarios. Sin embargo tenían una seria limitación que debía ser superada: su estructura burocrática. Habían nacido de un pacto entre las diferentes organizaciones obreras, al margen de los centros de trabajo.
La CNT  y el PSOE eran las organizaciones hegemónicas en el movimiento obrero. La ICE y el BOC solo podían disputarles la influencia de las masas revolucionarias en el seno de las Alianzas. Sin embargo, las limitaciones eran evidentes. El anarcosindicalismo se negaba a ingresar en los nuevos organismos, y la socialdemocracia obstaculizaba su democratización.

            Dos corrientes obreras quedarían al margen de este intento de Frente Único. La corriente mayoritaria del anarcosindicalismo y el Partido Comunista.

2.4.1.3 El anarcosindicalismo.

            El movimiento libertario se encontraba dividido frente a las Alianzas Obreras. La corriente mayoritaria veía con hostilidad la existencia de estos organismos. No veía en ellos un proyecto de plasmación de la unidad de los trabajadores, sino un intento de todas las organizaciones rivales, que pretendían disputarle sus propias bases sociales.

            En el Pleno nacional que se celebró en Madrid, en Junio de 1934, la cúpula confederal condenaría la iniciativa asturiana. La dirección libertaria, controlada por la FAI, hablaba genéricamente sobre la necesidad de la unidad de todos los trabajadores, sin embargo solo la concebía en el seno de la CNT, lo que en la práctica, significaba su rechazarla.

            En febrero de 1934, la CNT emplazó a la UGT a aceptar la supresión total del capitalismo y del estado, como condiciones necesarias para conformar un pacto entre ambas centrales sindicales. El cambio de actitud, indicaba que la dirección libertaria sufría la presión creciente de sus bases para avanzar hacia la unidad. Sin embargo, este cambio sólo era aparente, la cúpula anarquista se aferraba a su antigua posición. La CNT  acentuaba la idea del pacto con la UGT, siempre y cuando ésta aceptase su propio programa y renunciase al propio. El ultimatismo faísta esterilizaba cualquier intento de Frente Único.

            Los mayoritarios veían la integración en la Alianza Obrera de Asturias, el reconocimiento de:
"... la constitución de un poder ejecutivo encargado de organizar la Revolución, de ejercer la autoridad y de mantener el orden al día siguiente de ser realizada" (19).

            Los libertarios asturianos reconocían una de las tesis fundamentales del   marxismo, la necesidad de que un poder obrero dirigiese la revolución y organizase la construcción de la nueva sociedad. En la práctica, abandonaban uno de los postulados fundamentales del anarquismo, la negación del poder, y aceptaban la Dictadura del Proletariado. Unos meses más tarde, la Alianza Obrera asturiana se convertiría en un verdadero organismo del poder revolucionario, es decir, en una verdadera dictadura del proletariado, durante la insurrección de Octubre.

            Los treintistas, mayoritarios en la región de Asturias, habían comprendido la necesidad del Frente Único, tras las frustrantes experiencias de los putchs promovidos por la FAI, en los años 1932 y 1933. Defendían la necesidad de la unidad entre los trabajadores si se quería asegurar el éxito de la revolución.

2.4.1.4 El Partido Comunista.

            La otra corriente hostil era el Partido Comunista. El IV Congreso del PCE en marzo de 1932, había reafirmado a la organización en su táctica sectaria y ultraizquierdista del período anterior. La expulsión en Octubre del mismo año del antiguo grupo dirigente de Bullejos, a instancias de la Internacional, lejos de corregir los errores, los había agravado.

            Desde la aparición de las Alianzas, el PCE rechazó la posibilidad de ingresar en ellas. La idea del "Frente Único por la base" era una copia calcada de la línea defendida por  la Komintern durante lo que ha venido a llamarse "Tercer Período". Esta táctica ya había tenido nefastos resultados en Alemania, donde la división y los enfrentamientos entre comunistas y socialistas había ayudado al triunfo del nazismo.
            En la práctica, el "Frente Único por la base" del PCE era similar al defendido por la corriente mayoritaria del anarcosindicalismo, solo era posible aceptando incondicionalmente la política del Partido Comunista. Sin embargo, la línea política del estalinismo español era completamente inconsistente. Mientras el anarquismo agrupaba a un importante sector del proletariado español, el PCE era una organización numéricamente insignificante y aislada del  grueso del movimiento obrero.

            El PC de Catalunya, sección catalana del PCE, acusaba, en    Mayo de 1934, a la Alianza Obrera de Catalunya de ser un "instrumento de la Generalitat", que había sido creada por los   "perros falderos" de la burguesía, para "engañar a los obreros que quieren el Frente Único sinceramente" (20). El argumento se apoyaba en que la CNT, se encontraba al margen de la nueva organización. Si el anarquismo, la socialdemocracia, los comunistas disidentes, todos eran variantes del fascismo, el PCE solo podía considerar los nuevos organismos como "Santas Alianzas de la contrarrevolución".

            El PCE promovía su propia versión sobre la unidad: el "Frente Único por la base", que oponía a las Alianzas Obreras. Sin embargo, la persistencia de la línea ultraizquierdista, que lo había aislado hasta entonces del resto de los partidos y sindicatos del movimiento obrero, hizo que solo sus propias organizaciones filiales ingresaran en sus organismo frentistas.
A finales del mes de Septiembre de 1934, el Comité Central del Partido Comunista decidía dar un giro radical en sus planteamientos y pedir el ingreso de sus organizaciones en las Alianzas Obreras, para ayudar a su creación y desarrollo, allí donde éstas todavía no existían.


            El cambio político del PCE se daba en un momento   confrontación y de radicalización social. Sin embargo, las causas del viraje no estaban en el interior del país, sino en la  situación internacional.

            El ascenso de Hitler al poder en 1933,  no había conseguido cambiar la política de la URSS y de la IC. Los dirigentes estalinistas consideraban la traición de la socialdemocracia alemana, "socialfascista", como la causa principal de la derrota de la revolución alemana.

            En el mes de Mayo de 1934, la Komintern dió un viraje político de 180º. Los partidos socialistas dejaban de ser considerados como "socialfascistas" y "hermanos gemelos del fascismo", para ser calificados como "organizaciones hermanas", con las que había que buscar la unión orgánica. La táctica del Frente Único por la base era abandonada definitivamente, para pasar a defender la colaboración con los socialistas  y con los partidos burgueses democráticos frente a la amenaza fascista. La política internacional del estalinismo buscaba un acercamiento hacia Francia. Un pacto franco-soviético que serviría  para contrarrestar el peligro de una agresión de la Alemania nazi.

            El Partido Comunista dejaba de considerar a las Alianzas Obreras, como "organismos policiales". La entrada estuvo acompañada de algunas críticas formales (llamarlas Alianzas Obreras y Campesinas) y de la petición de expulsión de los trotskistas (ICE) que formaban parte de ellas, argumentando que éstos no eran un partido político independiente, sino que se consideraban una fracción del PCE (La ICE era una organización política desde 1932, y miembro de pleno derecho de las Alianzas Obreras desde su fundación). Ambas cuestiones fueron desestimadas por las organizaciones integrantes de las AO. Las críticas formales no aportaban nada y solo pretendían embellecer el repentino cambio de actitud, hecho sin ningún tipo de balance o crítica del período anterior.

2.5 LA REACCIÓN Y LA REVOLUCIÓN SE PREPARAN PARA EL ENFRENTAMIENTO.

            A pesar de la derrota de la huelga campesina en la primavera de 1934, las huelgas se multiplicaron en las ciudades. El 13 de Marzo, la Alianza Obrera catalana declaraba la huelga general, en solidaridad con la lucha de los trabajadores de Madrid. La huelga   sería un éxito. Sin embargo, lo más destacable era que ésta se  había llevado a cabo al margen de la CNT, y en contra de  los criterios de su dirección. También estallarían huelgas generales y parciales por todo el país (Zaragoza, Valencia...). En ellas, los nuevos organismos revolucionarios jugarían un papel fundamental que hacía prever la importancia que adquirirían en los meses siguientes.

            La derecha también aprovechaba el momento. Se convocaron concentraciones en una serie de lugares estratégicos, como en El Escorial y Covadonga. Estas movilizaciones pretendían organizar una base social para la reacción derechista. Sin embargo las concentraciones serían contestadas con sendas huelgas generales en Madrid y Asturias que las desbarataron. El fracaso era una seria advertencia para la derecha, de que su ascenso al poder iba a encontrar grandes resistencias en el movimiento obrero. Éste, lejos de estar derrotado tras las elecciones del mes de noviembre de 1933, se encontraba, pocos meses después, más fuerte y radicalizado que en el período anterior de colaboración republicano-socialista.

            La reacción tenía que apoderarse del poder para aplastar  al revitalizado movimiento revolucionario, antes de que fuera demasiado tarde. El gobierno radical de Semper entró en crisis. Pocos días después se formaba un nuevo gabinete, con la presencia de cinco ministros derechistas, tres de Acción Popular y dos Agrarios. Los planes de la derecha estaban en marcha. Si la provocación quedaba sin respuesta, si el temor de los dirigentes socialistas conseguía sofocar cualquier reacción, el camino hacia el poder quedaría completamente abierto para la reacción. Si por el contrario, el movimiento obrero respondía, aislado del campesinado por la derrota de primavera, sería  aplastado por los cuerpos de seguridad del Estado.

            Todo el aparato de la reacción estaba en marcha para evitar que el movimiento revolucionario pudiese triunfar, frente a la provocación que se avecinaba. Se produjeron detenciones de militantes, cierre de locales, confiscaciones de armas, maniobras militares... El choque entre la reacción y la revolución estaba a punto de producirse.

2.6 LA GRAN PRUEBA DE LAS ALIANZAS OBRERAS. LA INSURRECCIÓN   DE OCTUBRE.

            El miércoles 3 de Octubre era nombrado el nuevo gobierno de Lerroux. Sin embargo, para ganar tiempo, la decisión se haría saber al día siguiente. El Jueves 4, al saberse la noticia, se iniciaron las movilizaciones revolucionarias.

2.6.1 La insurrección de Catalunya. La Alianza Obrera subordinada al gobierno de la Generalitat.

            El éxito o el fracaso en Catalunya iba a ser decisivo para la acción del movimiento revolucionario en el resto del Estado. Catalunya contaba con el sector más concentrado, y con una mayor tradición combativa, del proletariado español.

            El martes día 2, la Alianza Obrera había hecho un llamamiento a todos los trabajadores de Catalunya, para que estuvieran alerta ante los acontecimientos que iban a desencadenarse. El choque entre la revolución y la contrarrevolución era ya sólo cuestión de horas. El mismo martes, una manifestación convocada en Barcelona era disuelta por los guardias de asalto de Dencás. La actitud hostil al movimiento revolucionario de la Generalitat quedaba al descubierto.

            El jueves 4, la Alianza proponía a la CNT un Frente Único contra la provocación del nuevo gobierno. La dirección faísta rehusaría. Posteriormente se celebró una asamblea a la que asistieron las delegaciones de las Alianzas locales de toda Catalunya, para analizar la marcha de los acontecimientos. Aquella misma noche, una representación se entrevistaría con el  gobierno de la Generalitat para exponer el punto de vista de la Alianza. Se había convocado una huelga general para el día siguiente. Los dirigentes de la Alianza manifestaron que la acción no iba dirigida contra la Generalitat, sino contra el nuevo gobierno de Lerroux, que pretendía no solo aplastar al movimiento revolucionario, sino también acabar con las libertades nacionales de Catalunya. La Alianza Obrera consideraba que, desde este punto de vista, ambos organismos eran aliados.

            El viernes 5, estallaba la huelga general. Solo siete meses antes, se había convocado otra con éxito en toda Catalunya,  sin embargo ésta no había arraigado en la ciudad de Barcelona por la oposición anarquista. En esta ocasión el cumplimiento de la huelga fue completo, y la oposición de la dirección de la CNT  sería desbordada por las masas revolucionarias catalanas. El pánico invadió a los dirigentes de la Generalitat ante tal expresión de fuerza. Por la tarde del mismo día desfiló por las Ramblas una gigantesca manifestación, convocada por la Alianza Obrera, exigiendo la proclamación de la República Catalana y armas para defenderla (21). El movimiento revolucionario crecía por momentos.

            En las comarcas catalanas, la Alianza Obrera asumió la dirección del movimiento que se estaba desatando. En muchas poblaciones los aliancistas locales proclamaron la dictadura del proletariado, o el comunismo libertario.

            A partir de este momento, la tensión entre el gobierno de la Generalitat, temerosa de ser desbordada, y la Alianza Obrera, que se iba convirtiendo en un poder real, iría en aumento. Dencás conminó a los revolucionarios para que disolvieran las milicias, y para que fueran interrumpidas las requisas de armas y  de vehículos Las órdenes serían desobedecidas. La Alianza Obrera ocupó el Palacio del Fomento del Trabajo e instaló en él su puesto de mando. Los choques armados entre los guardias de asalto y los escamots dirigidos por Dencás, y las milicias revolucionarias empezaron a producirse espontáneamente en las calles de Barcelona.

            Por la tarde diez mil milicianos obreros desfilaron por el centro de la ciudad, pese a la prohibición de la Generalitat. La Alianza  se enfrentaba a un dilema, la revolución necesitaba de las armas que estaban en manos de la policía y de los "escamots", intentar conseguirlas significaba enfrentarse con sus aliados circunstanciales. La Alianza consideró que el enfrentamiento con la Generalitat solo podía provocar el hundimiento de la insurrección, por lo que prefirió evitar las provocaciones y esperar el momento adecuado.

            El presidente Companys se enfrentaba a un triple dilema, rendirse, reprimir la insurrección o ponerse al frente de ella para frenarla después. Las dos primeras significaban su liquidación política, por lo que se escogería finalmente la tercera opción. El gobierno catalán pretendía frenar el movimiento revolucionario gracias a la posición seguidista que  había adoptado la Alianza Obrera, y simultáneamente esperaba poder utilizar la tensa situación existente, para negociar con Madrid, el freno de la insurrección a cambio de nuevas competencias (22).

            La presión insostenible del movimiento que empezaba a desbordar a la Generalitat e incluso a la misma Alianza Obrera, empujó a Companys a buscar una salida que "salvara el honor" del gobierno catalán, y que impidiera a los revolucionarios tomar el relevo político que ansiaban.
            El sábado 6, Companys proclamaba el "Estado catalán dentro de la República Federal Española". La proclamación sería sólo un símbolo. Los diez mil hombres con los que contaba el gobierno   de la Generalitat, entre los guardias de asalto y los escamots de Dencás no ofrecerían ninguna resistencia seria, a los escasos quinientos soldados que el general Batet sacó a la calle para hacerse con el control de la ciudad (23). El dato de la escasez numérica de las tropas que intervinieron en el conflicto refleja también las dudas de los mandos militares en la fidelidad de los soldados frente a la insurrección popular. Tampoco las milicias revolucionarias,  desarmadas y a la espectativa, pudieron ser un serio obstáculo para el ejército.

            La insurrección, victoriosa en algunas poblaciones de Catalunya se hundiría rápidamente ante las noticias del fracaso de Barcelona. Los revolucionarios apenas pudieron reaccionar, era demasiado tarde, el movimiento ya estaba herido de muerte. La sublevación había sido entregada sin apenas ofrecer resistencia. La huelga perduraría hasta el martes, día en el que se iniciaría la vuelta al trabajo.

            La Alianza Obrera catalana responsabilizó al abstencionismo  cenetista como uno de los causas principales de la derrota. La actitud sectaria de la CNT fue, sin duda alguna, un factor importante en el aplastamiento de la revolución, pero no puede considerarse que fuera decisiva. La hegemonía del anarquismo en el movimiento obrero catalán presentaba grandes grietas, por lo menos en aquellos momentos. En el mes de Marzo había estallado una huelga exitosa en la mayor parte de Catalunya, sin que se diera la participación  anarquista. En Octubre la movilización fue total, la dirección de la CNT y de la FAI habían quedado al margen de los acontecimientos, y sin embargo numerosos militantes anarquistas participaron en la insurrección, obedeciendo las consignas que había marcado la Alianza. Existe un dato irrefrutable para comprender que, durante la breve insurrección de Octubre, la minoritaria Alianza Obrera catalana, había desplazado a los anarcosindicalistas de la dirección del movimiento. Durante la huelga general, toda la prensa, incluida la misma "Solidaridad Obrera" y los periódicos próximos a las posiciones políticas de la Generalitat, dejaron de publicarse. Sólo el Boletín de la Alianza pudo salir a la calle (24).

            La línea seguidista frente a la Generalitat, mantenida por la Alianza Obrera, fue un factor mucho más importante que el de la  actitud de la dirección de la CNT. Pese a las presiones  procedentes de las bases, los dirigentes de la Alianza no se atrevieron a romper con las autoridades autonómicas, en los momentos decisivos. La postura de la Alianza está explicada por Maurín, dirigente del BOC: el éxito solo era posible sosteniendo al gobierno catalán en los momentos en los que vacilaba. La Alianza esperaba el agotamiento político del gobierno de la Generalitat, para tomar el relevo en la dirección del movimiento. Sin embargo, la dirección política estaba ya en manos de la Alianza. La actitud de espera sería fatal para el movimiento  revolucionario, porque permitió a los dirigentes catalanistas maniobrar y evitar que el desbordamiento pasara por encima de ellos y les aplastara. La actitud de Companys y del gobierno  de refleja que la Generalitat temía más a la revolución que al nuevo gobierno derechista que se había instaurado en Madrid. Mientras reprimía y provocaba a los revolucionarios en la medida de sus posibilidades, buscaba la negociación con la derecha en el gobierno, esperando sacar sus ventajas de la situación (25).

            Como historiadores, no nos sirve especular, sobre si una actitud más decidida de la Alianza Obrera, hubiese asegurado o no el éxito. Sin embargo, parece cierto que su actitud condenó al movimiento a permanecer a la expectativa en los momentos decisivos, hasta que ya fue demasiado tarde para reaccionar.  Dos años más tarde, en julio de 1936, las masas revolucionarias pasarían por encima de la Generalitat y asaltarían los cuarteles para apoderarse de las armas. Éste hecho marcaría entonces, el triunfo revolucionario en Catalunya.

            Munis reprocha en su obra a la Alianza Obrera catalana, su seguidismo ante la Generalitat, que mantenía cerrados los locales de la CNT y perseguía a sus militantes. Las buenas relaciones  de la Alianza con el gobierno catalanista fueron, sin duda  alguna, un serio obstáculo para el acercamiento de los anarcosindicalistas al movimiento revolucionario (26).

            La actitud de éstos, durante los acontecimientos, no fue siempre la misma, sino que varió según el momento. Munis vuelve a señalar lo que él considera como dos graves errores políticos de la Alianza ante los anarquistas. La convocatoria de la Huelga general del día 4 había sido aceptada por la Regional Catalana de la CNT. La actitud de la dirección reflejaba la presión de las masas revolucionarias. Los libertarios exigían la reapertura de sus sindicatos y la creación de comités de barricada para dirigir la insurrección.  La primera condición de los cenetistas no fue recogida por la Alianza Obrera en su programa, hasta que no fue exigida por la dirección de la CNT. La segunda condición, la de los comités de barricada fue desatendida, tras las expectativas  de una posible alianza con el gobierno de la Generalitat (27).

            La misma postura de la Alianza permitiría a los dirigentes anarquistas justificar su abstencionismo frente a la insurrección.

"En efecto, ya desde el día 4 de octubre, los escamots... y las fuerzas de la policía no encontraron nada mejor que encarcelar a los libertarios más conocidos y disparar sobre los obreros de la CNT para obligarles a cesar el trabajo. Estuvieron secundados en esta tarea por la pequeña Alianza obrera, receptáculo de todos los adversarios de la Confederación..., imaginándose que había sonado la hora de aniquilar a su poderosa rival" (28).

2.6.2  La huelga general de Madrid. Las limitaciones de la Alianza Obrera, bajo la hegemonía socialista.

            El peso político aplastante del PSOE en la Alianza Obrera madrileña, impidió que ésta pudiera convertirse en un verdadero organismo revolucionario.
            La crisis que desembocó en los hechos del mes de Octubre fue larga. Sin embargo, los preparativos de la insurrección, amenaza  constante de los dirigentes caballeristas contra las tentaciones  totalitarias de la derecha, fueron escasos o inexistentes. La Alianza Obrera, destinada a ser el órgano de la insurrección, según el Partido Socialista, fue mantenida durante todo el período en el ostracismo político (29). Los socialistas no querían la revolución, sino obligar al presidente de gobierno y a la burguesía a recapacitar en su tentación de llevar a la CEDA al poder.

            El día 2 de Octubre, los delegados socialistas hicieron saber a la Alianza Obrera, la decisión de llamar a la insurrección, en el momento en el que Acción Popular y los Agrarios entraran a formar parte del nuevo gobierno. De esta forma, la Alianza se encontraba ante la política de hechos consumados del PSOE.

            El día 4, al hacerse público la composición del nuevo gobierno, los socialistas comunicaron a la Alianza, la orden de huelga general pacífica. Sin embargo, la convocatoria  sería interpretada por los trabajadores como un ardid político de sus direcciones. Las masas se lanzaron a la calle en espera del armamento prometido. Antes de acabar el día la huelga general era completa en todo Madrid.

            La actitud del gobierno fue de pánico y de dudas ante la multitud. Lerroux solo contaba con la guardia civil y los guardias de Asalto, como cuerpos de choque seguros frente al movimiento revolucionario. Se dudaba de la actitud de los soldados en un enfrentamiento contra la población. Se dieron numerosos casos de adhesión de grupos de soldados a la Alianza Obrera. Munis cita que la guarnición de la glorieta de Cuatro Caminos aseguró que estaba dispuesta a pasarse al lado de los revolucionarios, si era atacada . También cita la adhesión de numerosos guardias civiles de la guarnición del Ministerio de la gobernación (30). Es de suponer que estos ejemplos no eran una excepción y de que éste era un ánimo bastante generalizado en una tropa, mayoritariamente campesina.

            Los días pasaban y  las armas prometidas por la dirección socialista, no llegaban. La actitud tímida de los cuerpos policiales fue cobrando seguridad a medida que pasaba el tiempo y la insurrección no se producía. Simultáneamente la desesperación y el desánimo empezaron a cundir entre la población.

            El Partido Socialista se oponía a la insurrección. Solo individuos aislados o pequeños grupos mal armados se enfrentaron con la policía y la guardia civil.   El único intento estallaría en el cuartel de la Moncloa, donde algunos grupos impacientes intentaron asaltar el puesto militar. Poco después, varios miles de trabajadores rodeaban a la guarnición. Sin embargo,   estaban escasamente armados y pudieron ser rechazados por la oficialidad,  sin demasiadas dificultades (31).

            A medida que el tiempo transcurría los cuerpos policiales incrementaron las detenciones y el asalto a los locales obreros, cada vez más seguros de que la insurrección no iba a producirse. Las masas en la calle, iniciaron su retirada. La huelga general se mantendría unánime hasta el 13, día en el  que los  dirigentes socialistas dieron la orden de volver al trabajo.

            La Alianza Obrera, impedida su democratización por la oposición socialista a convertirla en la dirección del movimiento (era considerada un órgano insurreccional que no debía intervenir en las luchas cotidianas de los trabajadores), no jugó ningún papel en los acontecimientos revolucionarios (32). Planteada la sublevación, siguió marginada por los socialistas que veían con desconfianza, la posibilidad de compartir la dirección del movimiento con otras organizaciones minoritarias.

            Las milicias organizadas por el PSOE y el descubrimiento de armas en varios alijo por la policía en los meses anteriores, prueba que existía armamento y voluntad de las bases suficiente para la insurrección. Sin embargo, la falta de un plan insurreccional, la marginación de la Alianza Obrera y la convocatoria de la huelga general pacífica, demuestra que era la dirección socialista, la que no tenía voluntad para realizarla.

2.6.3 La insurrección de Asturias. La Alianza Obrera: De Frente Único a órgano del poder revolucionario.

            En Asturias, la insurrección se inició desde los primeros momentos, apenas conocido el nombramiento del nuevo gobierno.
La Alianza Obrera asturiana era el único organismo de Frente Único que agrupaba a todas las organizaciones obreras de la región, sin excepción. La regional asturiana de la CNT, en manos de los treintistas, formó la Alianza a partir de un pacto establecido con la UGT, al que se adhirieron los partidos políticos. El PCE, con una fuerte presencia en algunas áreas, se había integrado en la Alianza en vísperas de la insurrección. La conformación de la unidad de todas las organizaciones le daba al movimiento algo más, que la suma aritmética de los miembros que componían la Alianza, les daba la seguridad de que la unidad hacía que el triunfo fuera posible.

            El anarcosindicalismo, aunque con menor peso que la UGT en la región, era un contrapeso importante a los socialistas. Esta circunstancia no existía en Madrid, donde el Partido Socialista era hegemónico, frente a las pequeñas organizaciones que componían la Alianza.

            El desarrollo de los acontecimientos revolucionarios fue diferente a como éstos se desarrollaron en Madrid y en Catalunya. Sin embargo, la actitud del PSOE, organización mayoritaria, fue la misma,  como correspondería a una organización centralizada. La oposición a convertir a las Alianzas en verdaderos organismos democráticos, para reducirlas a meros comités de enlace, sería similar. Sería la insurrección de los mineros asturianos lo que colocó a la Alianza en el centro político de la situación y acabó convirtiéndola en el verdadero centro de poder.
            Como en Madrid, los dirigentes socialistas, hicieron el llamamiento a la huelga general pacífica, marginando a la Alianza (33). La orden se convirtió rápidamente, en una llamada a insurrección, que se iniciaría en la noche del 4 al 5 en toda  la cuenca minera. En Oviedo, el movimiento, controlado por los dirigentes socialistas del Comité revolucionario, adquirió un carácter huelguístico. Solo la llegada de los mineros, al día siguiente por la tarde,  permitió que la huelga se convirtiera en  una insurrección victoriosa. En Gijón, la desconfianza entre socialistas y libertarios, permitió que las fuerzas gubernamentales tomaran la iniciativa y controlaran la situación.
            Incomprensiblemente, el día 5 no se dio la orden de huelga general, que en el mismo momento, en otras localidades de la región, daba lugar a los primeros enfrentamientos. Cuando intentaron reaccionar, la fuerza pública, controlaba por completo la situación en la ciudad.

            Los mineros, con escasas armas y con la tradicional dinamita, se enfrentaron y aplastaron a los destacamentos de la guardia civil y de los guardias de asalto, que se encontraban en sus poblaciones. Dado el cariz que estaban tomando los acontecimientos, los militares se encerraron en  sus cuarteles, atemorizados por el posible contagio revolucionario de los soldados, si éstos salían para enfrentarse a la población. Las principales localidades de la región, Langreo, Mieres, Sama, La Felguera, Pola de Lena Olloniego,... pronto estuvieron en manos de los revolucionarios.

            La caída de la fábrica de cañones de Trubia (aunque los proyectiles no disponían de espoleta), la de fusiles de La Vega y la de dinamita de Manjoya, junto a las armas arrancadas a la guardia civil, permitieron improvisar un verdadero ejército revolucionario. El armamento conseguido, mantuvo Asturias en poder de los revolucionarios durante  medio mes,  después de que el movimiento hubiera fracasado en el resto de España. Se hicieron verdaderos alardes de creatividad para defender la revolución. En tan corto espacio de tiempo, se construyeron trenes y camiones blindados  (en las planchas figuraban, entre otras, las siglas  de UHP, Unión de Hermanos proletarios); se llegó incluso a fabricar combustible a base de carbón, para solucionar la falta de gasolina con la que se encontraban los revolucionarios (34).

            Una vez vencido el movimiento en el resto del estado, la revolución asturiana estaba condenada a la derrota. Tres columnas militares entraron por tierra, mientras que tropas legionarias del Tercio y  de Cazadores de Africa desembarcaban el día 10,  en Gijón que se mantenía en manos del gobierno. Mal armados y con escasas municiones, los mineros resistieron todavía, pueblo por pueblo, durante varios días a una fuerza de más de 40.000 hombres, bien armados y apoyados por la aviación.

            Durante todo este tiempo, los mineros estuvieron convencidos de que la insurrección había triunfado en toda España, y desoyeron la propaganda gubernamental, considerándola como un intento de desmoralización (35). El día 11, el Comité provincial,  consciente del fracaso en el resto del país, decretó el final de la insurrección y sus miembros abandonaron sus puestos. El pánico se contagió a numerosos Comités Locales. La deserción fue seguida de la formación de nuevos comités que se encargaron de dirigir la resistencia. Los antiguos dirigentes, detenidos por los mismos trabajadores, fueron en muchos casos devueltos a sus antiguos puestos.
            El día 18, tras una entrevista con el general López Ochoa, el Comité Provincial ordenó terminar con la insurrección, tras un acuerdo por el que las tropas marroquíes y los legionarios irían en la retaguardia de las tropas gubernamentales. La represión, el saqueo y las violaciones, los fusilamientos y la tortura fueron la respuesta del gobierno y de los militares contra la población asturiana que había apoyado masivamente la insurrección.

            Además de los aspectos insurreccionales, hay otros elementos muy importantes en estos hechos, que serían un valioso precedente  para la experiencia revolucionaria de la guerra civil, dos años más tarde:

1) La conciencia de los obreros revolucionarios. Los trabajadores que no estaban en el frente, estaban en los centros de producción, para satisfacer las necesidades de los combatientes. Las minas y las fábricas fueron respetadas. Existía una clara conciencia de que todo iba a ser necesario después del triunfo de la revolución.

2) El funcionamiento de los comités por toda la Asturias revolucionaria. Las Alianzas Obreras locales se convirtieron en la estructura del poder revolucionario, ocupando las antiguas alcaldías y sustituyendo al antiguo aparato del Estado. Los comités revolucionarios, formados por miembros de todas las tendencias obreras, organizaron la vida cotidiana de las poblaciones, formaron patrullas obreras para impedir los saqueos e incautar las armas que no estaban bajo su control, crearon tribunales revolucionarios para juzgar a los elementos más destacados de la reacción, se preocuparon del abastecimiento de las poblaciones, estructuraron una sanidad popular y organizaron milicias para combatir en el frente. La diversidad de formas que adoptaron los comités locales, se debió al predominio de una u otra tendencia en las diferentes poblaciones.

            Los libertarios abandonaron en la práctica sus tesis antiestatalistas para construir la dictadura del proletariado:

"Los militantes libertarios se transformaron de este modo en gobernantes, en policías, en oficiales o en jueces. Los medios de producción fueron colectivizados casi en todas partes, abolida la propiedad privada y suprimida la moneda" (36).

            Los comités revolucionarios se convirtieron en el embrión del Estado Obrero. Las Alianzas locales mostraron una clara tendencia a su "sovietización". Especialmente ante la huída de los primeros comités, en la noche del 11 al 12 de Octubre.

3) La relación entre los obreros revolucionarios y el campesinado. Tras algunos intentos de requisa, se acordó buscar un acuerdo con los campesinos, mientras la revolución no resolviera el problema de la tierra y la entregara en usufructo a los que la trabajaban. Los campesinos entregaron sus productos a los comités, a cambio de otros que ellos necesitaban. Los revolucionarios habían comprendido que las requisas forzosas solo habrían servido para entregar al campesinado a la reacción.

4) La victoria de los revolucionarios sobre un ejército disciplinado y bien armado. El entusiasmo y el convencimiento de los mineros por su causa superaron con creces sus propias limitaciones (falta  de disciplina, desorganización) frente las ventajas del ejército tradicional. Los trabajadores solo fueron vencidos, tras medio mes de lucha, por el aislamiento en el que  se encontraba la insurrección asturiana.

            Las represalias contra el movimiento revolucionario en toda España fueron inmediatas. en Asturias hubo 3.000 muertos en combate y 3.000 en los asesinatos posteriores (37). Los Consejos de Guerra se encargaron de la represión legal, dictaminando numerosas penas de muerte contra los revolucionarios y contra dirigentes socialistas y catalanistas. Hubo además 30.000  detenidos y numerosos despedidos en los centros de trabajo. Las Casas del Pueblo y los locales sindicales fueron clausurados, la prensa obrera fue prohibida, la autonomía catalana suprimida y los militares más reaccionarios colocados en puestos clave.

            Sin embargo, los hechos de Octubre habían herido de muerte el proyecto de la reacción. La derecha había acertado en sus previsiones sobre cual iba a ser la actitud de los líderes socialistas, pero no habían contado con el grado de radicalización de las masas, que había desbordado en muchos lugares a sus dirigentes. El  Partido Socialista había llamado a una huelga general pacífica, y sin embargo, en Asturias la movilización se había convertido en una auténtica insurrección armada, mientras que en otros lugares habían podido contener a las masas con grandes dificultades. El movimiento, lejos de haber sido aplastado, volvió a entrar rápidamente en ebullición.

            En Marzo de 1935 estallaría de nuevo la crisis del gobierno. La CEDA abandonó el gobierno por su negativa a aceptar la conmutación de las penas de muerte contra los dirigentes asturianos. Lerroux temía que la aplicación de las sentencias, convirtiera a los revolucionarios en mártires y que lejos de frenar al movimiento revolucionario, lo acentuaran. Gil Robles pretendía utilizar la represión para desmantelar a las organizaciones obreras y para consolidar un gobierno fuerte.

            En Mayo, la CEDA volvía al gobierno, con Gil Robles  como  ministro de la Guerra.  Pero el nuevo gobierno dividiría todavía más a la derecha, los monárquicos de Calvo  Sotelo acusaron a Gil Robles de traidor por haber aceptado la República. En el mes  de Octubre de 1935, a la división de la derecha se unirían una serie de escándalos financieros que debilitaron al gobierno y aceleraron su crisis. La CEDA se negó a aceptar los nuevos presupuestos estatales, provocando la dimisión del gabinete. Gil Robles reclamaría la presidencia, tras diversas deliberaciones, el presidente Alcalá Zamora rechazó la petición  y decidió la convocatoria  de elecciones para el 16 de Febrero del año siguiente.

2.7 LA RECOMPOSICIÓN DE LAS FUERZAS REVOLUCIONARIAS.

            La revolución de Octubre había mostrado las ventajas del Frente Único Obrero, pero también había mostrado sus limitaciones. No era suficiente la unidad de los trabajadores para vencer, hacía falta una dirección revolucionaria que organizase al movimiento y lo dirigiese hacia la victoria.

            Las Alianzas que habían funcionado  como un acuerdo político entre las direcciones de las distintas organizaciones obreras, pero  que no lograron democratizarse, habían demostrado en la práctica, que no eran ni un verdadero Frente Único, ni el embrión del poder revolucionario.

            El anarcosindicalismo seguía siendo hostil hacia cualquier tipo de frente único. La actitud de la Alianza Obrera catalana en Octubre tampoco  había ayudado a su aproximación. Sin embargo, el impacto de lo sucedido, especialmente en Asturias, había abierto una brecha en la actitud aislacionista de la CNT y de la FAI y muchos militantes  se mostraban partidarios de revisar su actitud tradicional para iniciar una aproximación a las restantes organizaciones obreras,  en especial a la UGT. Sin embargo, los socialistas abandonaron cada vez más, cualquier referencia a las Alianzas, para pasar a hablar de la unidad en  "el partido único de la clase obrera". El PCE también abandonó  el proyecto, al que se había adherido en el último momento, porque en ellas se encontraba el PSOE, y empezó a constituir Comités de Enlace Antifascistas. Solo los bloquistas y los trotskistas siguieron defendiendo la necesidad del Frente Único y de las Alianzas Obreras. A partir de 1935, las Alianzas entraron en un proceso de decadencia hasta llegar a su total desaparición.

2.7.1 El debate sobre el Partido Revolucionario.

            El debate iba a enfrentar las diferentes concepciones que tenían los partidos obreros. El futuro Partido Revolucionario  sería el fruto de la fusión de las diferentes organizaciones, o el resultado de la clarificación y diferenciación política de éstas.
            La radicalización de las bases socialistas se reflejaba en los discursos de sus dirigentes izquierdistas al proclamar la necesidad de convertir al PSOE en un verdadero Partido Revolucionario. La unidad política del proletariado era esencial para la victoria de la revolución. El caballerismo consideraba  que, dado que la inmensa mayoría de las fuerzas que se reclamaban del marxismo se agrupaban en el seno del Partido Socialista, la unificación solo podría realizarse con la integración de los pequeños grupos  (PCE, BOC e ICE) en él. Conseguida la unidad política y la unificación sindical con el anarquismo, el triunfo  de la revolución vendría por si solo (38).

            En las bases socialistas iba en aumento el rechazo hacia la política tradicionalmente reformista del Partido, que los había llevado a  colaborar en el pasado, con la dictadura del general Primo de Rivera, y con los republicanos posteriormente. Durante  1934 y 1935, numerosos dirigentes de las Juventudes o del PSOE, como Federico Melchor o  Santiago Carrillo   llamaron a las organizaciones comunistas antiestalinistas, trotskistas y  bloquistas, a integrarse en el partido para "bolchevizarlo" (39).

            Algunos incluso se declararían partidarios de la creación de una nueva Internacional, que debería construirse sobre las cenizas de la Segunda y de la Tercera. 

            Mientras tanto, a nivel internacional y con el informe de Dimitrof en el VII Congreso de la IC, los partidos comunistas darían un giro político completo a sus anteriores posiciones. Los Partidos Socialistas dejaban de ser traidores para convertirse en organizaciones hermanas, con las que era necesario iniciar un proceso de unificación.

            El cambio de política se debía a las nuevas  necesidades de la política exterior del Kremlin. Era necesario acercarse a Gran Bretaña y a Francia, para construir un frente que neutralizara los avances del fascismo en Europa y el peligro de agresión militar. Para ello había que ofrecer garantías de que la URSS y las secciones de la Komintern, no sólo no estaban dispuestas a iniciar ninguna revolución, sino que por el contrario estaban dispuestos a frenarla.

            La división interna del PSOE permitió que el acercamiento no se hiciera con el partido en su totalidad, sino con la fracción izquierdista dirigida por Largo Caballero. Sin embargo sus condiciones pretendían que "el Partido Unificado" no fuera otro  que el mismo PCE, bajo el férreo control de la Komintern (40).

            La unificación del PSOE y del PCE era, en estas condiciones, imposible. Sin embargo, esta bandera sería utilizada por las dos organizaciones. Los caballeristas en su lucha contra el ala derecha del partido, a la que acusaban de enemiga de la unidad revolucionaria del proletariado. El PCE para disputarle al PSOE su propio espacio político (41).

            Las organizaciones comunistas antiestalinistas, el BOC y la ICE, rechazaron la  invitación de entrar en el PSOE  para transformarlo en una verdadera organización revolucionaria. Ambos grupos desconfiaban de sus posibilidades y temían que la entrada,  provocara su disolución política en el seno del Partido Socialista. La creación de un verdadero Partido Revolucionario sólo sería posible a partir de la escisión de los miembros sinceramente revolucionarios de la Izquierda Socialista y de un proceso de fusión de las diferentes organizaciones (42).
            La experiencia de las Alianzas Obreras, en las que ambos grupos habían mantenido una estrecha colaboración había acercado sus posiciones políticas. El acercamiento del BOC y de la ICE se daba en un momento de progresivo alejamiento de esta última de las posiciones de Trotsky y del Secretariado Internacional, que defendían la opción "entrista" en el PSOE para trabajar desde dentro por la escisión, que permitiría dotar a la Izquierda  Comunista de una base de masas.

            A finales de enero de 1935, el BOC presentó una encuesta a las demás organizaciones que se declaraban marxistas en Catalunya para que éstas se definieran sobre la unidad política, sindical y de acción. Los resultados de la encuesta y el debate iniciado con ella, serían el inicio del proceso de fusión entre la ICE y el BOC, que sería considerado por éstas, como el primer paso dado en la creación del gran Partido Revolucionario estatal. La nueva organización tendría que convertirse en un polo de atracción para las bases izquierdistas del PSOE. La fusión de ambos grupos fue en realidad una absorción, donde la ICE, minoritaria, acabó por aceptar la mayor parte de las posiciones políticas del BOC (43). El 29 de Septiembre de 1935, se constituía el Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM).

            El proceso unificador también alcanzó al anarcosindicalismo. El acercamiento de los treintistas, se dio en un proceso que culminaría en mayo de 1936, en el Congreso de Zaragoza, donde los sindicatos de la oposición volvieron a incorporarse a la CNT.

            En Octubre de 1935, el PCE propuso además de la fusión con los caballeristas, el desarrollo de las Alianzas Obreras, la creación de un Bloque Popular Antifascista y la entrada de la pequeña CGTU  en la UGT. La segunda propuesta, el desarrollo de las Alianzas, no se planteaba desde una perspectiva revolucionaria, sino como un paso hacia la formación del Bloque antifascista, que contenía ya la esencia del futuro Frente Popular: la colaboración con los republicanos, y la supeditación de las organizaciones obreras a un programa moderado que hiciera posible la Alianza con la burguesía "democrática y antifascista".
Aunque la fusión entre el PSOE-PCE pronto iba a quedar  frenada.

            El abandono del BOC y de la ICE del trabajo en el seno del socialismo, facilitaría al Partido Comunista, fusionar en Mayo de 1936, a sus juventudes,  las UJC (5.000 afiliados) con las JSE (80.000), después de ganarse a su cúpula dirigente. Las nuevas Juventudes Unificadas (JSU), se adhirieron a la III Internacional, permitiendo al PCE contar con una base de masas en vísperas de la guerra civil.

            La fusión de la pequeña central sindical CGTU comunista, con la UGT socialista no tuvo los mismos resultados. Los caballeristas siguieron controlando la UGT.

            El resto de las organizaciones catalanas que se reclamaban del marxismo (PCC, PCP, USC, PSOE), después de la aparición del POUM,  mantuvieron sus comités de enlace, pero la heterogeneidad de sus posiciones políticas impidió cualquier intento unificador.             Solo el inicio de la guerra y la aparición de un movimiento revolucionario triunfante, dirigido por el anarcosindicalismo,  que les amenazaba con la marginación, provocó el proceso de unificación. El 21 de Julio de 1936 aparecía el partido Socialista Unificado de Catalunya (PSUC) que se adhirió, como las JSU, a la Internacional Comunista.

2.7.2 Las organizaciones obreras y el Frente Popular.

            La represión posterior a los hechos de  Octubre llegó también a los dirigentes republicanos, a pesar de que se habían mostrado hostiles o expectantes. La represión les permitiría recuperar parte del prestigio perdido ante las clases medias. Azaña fue juzgado, encarcelado y acusado de promover una revolución a la que se había opuesto con todas sus fuerzas. Sin embargo, los republicanos siguieron sin tener una verdadera base social.
            El punto cumbre de la recuperación republicana se dió en la concentración de Comillas. Sin embargo, en este acto esta ya latente, la futura ruptura que pronto iba a producirse entre las masas radicalizadas y los dirigentes republicanos:

"Ciertamente, la contradicción entre lo que Azaña decía y lo que la inmensa mayoría de sus auditores quería se hizo palpable cuando al terminar <<miles y miles de puños cerrados se levantaron>> sin que Azaña devolviera el saludo" (44).

            En el seno del Partido Socialista, la derecha y la izquierda hicieron una interpretación distinta de la frustrada revolución de Octubre. Prieto, que había estado exiliado en París, conseguiría en la reunión del 20 de Diciembre de 1935, que la Ejecutiva del partido aceptara la renovación de la coalición de 1931. Prieto, defensor a  ultranza de la República y enemigo de cualquier tentación revolucionaria, acusó en esta reunión, a la Izquierda Socialista de locura criminal. Para los socialistas moderados, solo una renovación de la Alianza podría evitar que la República fuera destruida.

            Largo Caballero, rechazaba cualquier intento de volver a la situación de dicho período. La experiencia había traído  el triunfo de la reacción. Sin embargo, a partir del acto republicano de Comillas, donde se habían concentrado 400.000 personas,  el caballerismo experimentaría una evolución, y acabaría aceptando una nueva coalición. El apoyo al Frente Popular quedaría condicionado: la Alianza sería puramente electoral y temporal. Los socialistas, frustrando los deseos de Prieto, no formarían parte del  futuro gobierno y se limitarían a apoyarlo para que cumpliera su programa mínimo, como un paso  necesario hacia la toma del poder por los trabajadores (45).
Durante 1935, la teoría caballerista de la inminencia de la revolución experimentaría una evolución. Del "inmediatismo revolucionario" se pasaría a aceptar la existencia de un período intermedio, la etapa de la "revolución democrática". Durante el período intermedio, los socialistas deberían prepararse para tomar el poder, pero también tendrían que apoyar a la burguesía avanzada contra la resistencia de los restos feudales (46). Pese a la fraseología radicalizada, el caballerismo carecía de propuestas concretas, por lo que estaba condenado a adoptar una actitud pasiva, prestando su apoyo o adaptándose en cada momento, a la política   más sólida, de las otras corrientes.

            El punto más importante de la nueva política de los partidos comunistas era el llamamiento a la construcción de amplios Frentes Populares, que incluyeran a todas las clases y  sectores antifascistas. Para ello, era necesario abandonar cualquier objetivo socialista que pudiese "asustar a las clases medias" o a la pretendida "burguesía democrática". El PCE defendía la necesidad del Frente Único Obrero,  bajo la forma de Alianzas Obreras, pero supeditado al programa moderado, de colaboración de clases del Frente Popular.

"El posterior cambio de interpretación de las alianzas obreras, históricamente injustificado, en el sentido del pacto de Frente Popular con las clases medias o con la pequeña burguesía..."
(47).

            Ya unos meses antes del VII Congreso de la IC, el programa del PCE había experimentado una importante moderación que lo acercaba a los planteamientos de los republicanos (48). Durante todo el período siguiente, el PCE se declaró como el defensor más fiel de la República, en su fase de revolución "democrático -burguesa". En Abril de 1935 siguiendo el ejemplo del PCF llamó a la formación de un Bloque Popular Antifascista. La unidad antifascista tomaba el carácter defensivo, frente a la represión del gobierno derechista que aunque afectaba a las organizaciones obreras, también se cernía sobre los grupos republicanos de "izquierda" (49).

            El llamamiento del PCE, conseguiría cristalizar gracias a la convocatoria de elecciones en Febrero de 1936. El PCE, situándose en la extrema derecha del Frente Popular, se comprometía a "respetar escrupulosamente el compromiso contraído" (50).

            El apoyo de todas las tendencias del PSOE, y en mucha menor  medida del PCE, a la nueva alianza con los republicanos, generaría, de forma momentánea entre los trabajadores grandes ilusiones. Aunque el programa electoral del Frente Popular era sumamente moderado y no respondía a ninguna de sus aspiraciones, se podía detener el avance de la reacción derechista recuperando el gobierno para los republicanos de izquierda. La victoria de la alianza significaría también conseguir una de las reivindicaciones más sentidas: la amnistía política a todos los represaliados de Octubre.

            En el seno del anarcosindicalismo, se había abierto camino una poderosa corriente de opinión que pretendía revisar  su tradicional aislacionismo. A pesar de su desconfianza hacia los partidos, los militantes de la CNT y de la FAI sabían que la actitud de su organización, frente a los hechos de Octubre había sido un factor que había influido considerablemente en la derrota. Era preciso detener los avances de la reacción que se ocultaba detrás del gobierno. La represión no iba dirigida solo contra los partidos obreros, la CNT   también era víctima de la represión (sus locales clausurados, su prensa prohibida, muchos de los 30.000 presos políticos eran militantes libertarios).

            La actitud de la CNT frente a la formación del Frente Popular fue completamente pasiva. No haría campaña a favor de la  bloque electoral, pero tampoco la haría en contra, lo que equivalía a dar su visto bueno para que sus afiliados votaran por él. El anarcosindicalismo abandonaba ,una vez más, su tradicional táctica, pero presa de sus propios prejuicios:

"Una vez más olvidó sus principios sin adoptar, a pesar de ello, una nueva línea ideológica consecuente; permanecía desorientada en el tortuoso laberinto del apoliticismo politicómano y de la politiquería antipolítica" (51).

            Los libertarios estaban presos de sus propias contradicciones. Por un lado se veían obligados a renunciar a su antielectoralismo, por el otro desconfiaban de un Frente Popular, que no era más que una continuación de la vieja coalición de 1931-1933, que había protagonizado hechos tan sangrientos como el de Casas Viejas. Sin embargo sus bases ideológicas les impedían participar en las elecciones, por lo que la CNT se veía condenada a colaborar, pasivamente, con el Frente Popular.

            El POUM defendía la necesidad de revitalizar las Alianzas Obreras que habían encarnado la independencia de clase en el período anterior, frente a la constitución de  un bloque de colaboración de clases, como era el Frente Popular. El POUM criticó el llamamiento del PCE a subordinar el movimiento revolucionario a la Alianza con los republicanos, en nombre del antifascismo:

"El Frente Popular tal como lo propaga la IC es el contacto orgánico permanente del movimiento obrero y la burguesía liberal... Por medio del Frente Popular se pierden totalmente las diferencias de clase y se asesta, por lo tanto, un golpe a la lucha de clases, que es la piedra angular del marxismo" (52).

            Sin embargo, la inmensa presión causada por las ilusiones de las masas en el Frente Popular, que estaba apoyado por todas las ,grandes organizaciones obreras. provocó un brusco viraje en su línea política. El 4 de Noviembre, el POUM propuso al PSOE y al PCE la formación de una Alianza Obrera Nacional.

            Posteriormente haría una nueva propuesta, la coalición obrera discutiría con los republicanos la posibilidad de un pacto electoral, en la que el punto principal del programa sería la amnistía política. Ambas propuestas serían rechazadas. El 15 de Enero, el POUM firmó la constitución del Frente Popular, alegando que era un pacto puramente electoral y circunstancial para detener a la derecha  y conseguir la libertad de los presos políticos y que habían sido obligados por las leyes electorales que favorecían a los bloques electorales. Con la entrada en la coalición, los poumistas pretendían evitar su marginación política frente al masivo respaldo que recibía el Frente Popular. Los cambios en su política por temor a  la marginación política, sería una táctica que volvería a repetirse, con resultados nefastos para el POUM, durante la guerra civil.

            De distintas maneras, todas las organizaciones obreras quedaban supeditadas a la reedición de la Alianza de 1931.

2.7.2.1 Frente Único Obrero versus Frente Popular. Naturaleza y programa.

            El programa de las Alianzas Obreras, con mayor o menor claridad, reivindicaba la independencia orgánica y política del movimiento revolucionario frente a los republicanos. El Frente  Popular defendía exactamente lo contrario, las organizaciones obreras supeditaban su línea política a la defensa de un programa moderado y liberal, que estaba representado por los republicanos.

            El programa frentepopulista se desarrollaba en ocho puntos. En el preámbulo las organizaciones obreras se comprometían a apoyar el programa que desarrollaría el nuevo gabinete. Se defendía el restablecimiento del imperio de la Constitución y la defensa del principio de autoridad del gobierno. Los republicanos dejaban muy claras cuales eran sus intenciones frente a las tentaciones revolucionarias de las masas:

"La República que conciben los republicanos, no es una república dirigida por motivos sociales o económicos de clases... llevar las condiciones morales y materiales de los trabajadores hasta el límite máximo que permita el interés general de la producción" (53).

            Tras los eufemismos y el mito  del Estado, como árbitro que se sitúa por encima de las clases sociales, los dirigentes republicanos también dejaban muy claro los límites de su reformismo: la defensa de la propiedad privada. En una economía atrasada como era la española y en un contexto de crisis mundial, solo podía significar el futuro enfrentamiento con las aspiraciones más elementales de las masas.
            Las Alianzas Obreras habían simbolizado la independencia  de los trabajadores frente a la burguesía republicana liberal.  Sin embargo, la falta de democratización y su funcionamiento burocrático  había mostrado sus graves limitaciones. El  proyecto aliancista había quedado arrinconado. Para unos eran algo anacrónico y superado, otros las relegaban a un futuro indeterminado, por cuestiones tácticas. Sin embargo y tal como señala Manuel Grossi, por una extraña ironía de la historia, la victoria del Frente Popular, iba a ser posible gracias a la Revolución de Octubre, que encarnaba la antítesis de la colaboración de clases y por lo tanto, las Alianzas Obreras (54).

            En los diferentes puntos se indicaba el rechazo de las propuestas de la Izquierda Socialista sobre la nacionalización de la tierra y su entrega gratuita a los campesinos, el control obrero de los medios de producción, la nacionalización de la banca o el subsidio de paro. La indicación propuesta por los socialistas para dejar claro que sus propuestas habían sido rechazadas, evidenciaban sin embargo, su capitulación. Se veían obligados a aceptar un programa político que estaba muy lejos de ser, ni siquiera, el de la "revolución democrática" que pretendían defender para esta etapa.

            La identificación de fascismo y restos feudales, que hacía gran parte de la izquierda (olvidando que el fascismo italiano y el alemán eran fenómenos completamente burgueses) justificaba la aceptación de los partidos obreros de convertirse en el furgón de cola de los republicanos, y de su proyecto de modernización del capitalismo español.

            El Frente Popular era un calco de la coalición republicano -socialista de 1931, con la diferencia de que éste contaba, en esta ocasión, con la adhesión del PCE y del POUM. Sin embargo, había una diferencia mucho más importante. En 1931 las ilusiones democráticas de los obreros y del campesinado pobre en la República eran inmensas; en 1936, las expectativas de las masas no se centraban en el Frente Popular, sino en sus dirigentes que aseguraban la inminencia de la revolución socialista. Una vez detenida la reacción y agotado el proyecto republicano.

            Un programa tan moderado no podía despertar los temores de la derecha, pero sí la evidente debilidad del Frente Popular, pese al apoyo prestado por las organizaciones obreras, para resistir los presiones del movimiento revolucionario. En realidad, la teoría interclasista que lo justificaba era completamente falsa:

"Los núcleos principales de la burguesía, incluyendo la mayor parte de la burguesía media y capas importantes de la pequeña burguesía urbana y rural,... formaban un bloque, de hecho, con la aristocracia terrateniente, las castas militares y eclesiásticas, los grupos fascistas" (55).

            El grueso de la burguesía y de las clases dominantes, temerosas de la revolución, se hallaban claramente decantadas hacia la solución "fascista",  y pese a su heterogeneidad y sus divisiones internas, se agrupaban en su inmensa mayoría, en torno a la CEDA . También el proletariado y el campesinado pobre se hallaban claramente decantados hacia posiciones revolucionarias:

"Decepcionado hasta el tuétano de la república parlamentaria instaurada el 14 de abril y de sus políticos liberales, ya no confiaba más que en sus propias fuerzas, en sus organizaciones clasistas; ya no creía en programas <<mínimos>>, en las medias tintas. Puede decirse, sin exagerar, que su <<programa mínimo>> era la revolución social" (56).

            La situación no podía engañar a nadie. Los dos campos, la reacción y la revolución se encontraban claramente, frente a frente. Sólo los separaba una delgada capa formada por los dirigentes de las organizaciones que apoyaban el Frente Popular.

2.8 DE LAS ELECCIONES DE FEBRERO AL 18 DE JULIO.

            Las elecciones del 16 de Febrero de 1936 dieron la victoria al Frente Popular con 4.838.449 votos, frente a 3.996.931 de la coalición de derechas y 449.320 del centro. Los resultados se tradujeron en las Cortes en 277 parlamentarios frentepopulistas, 132 derechistas y 32 del Centro (57). La aportación del voto anarcosindicalista al Frente Popular se calcula en un millón y medio. Los resultados por supuesto, no son fiables, en un sistema electoral donde el caciquismo y el pucherazo eran una práctica habitual. Sólo su análisis global, nos rebela algunas datos  importantes que hay que tener en cuenta, para comprender los acontecimientos que se aproximaban. Por eso nos parecería absurdo cualquier estudio que pueda hacerse sobre los resultados, basándose en un análisis fetichista de los resultados.

            Lo primero destacable de los resultados electorales fue el reflejo de la polarización social entre revolución y contrarrevolución. El Centro, sobre el que Alcalá Zamora, pretendía asentar la  gobernabilidad de la República se desmoronó por completo. Sus principales dirigentes (Lerroux y Cambó) ni  siquiera fueron elegidos, mientras que otros dirigentes derechistas, como Calvo Sotelo tuvieron problemas para conseguir  su elección. Las clases medias se habían dividido entre los dos polos de atracción, el proletariado y la burguesía.

            El sometimiento de los partidos obreros al proyecto republicano aparecía claramente reflejado en el reparto de los escaños en el seno del Frente Popular. Los republicanos contaban con 159 parlamentarios (84 para la Izquierda Republicana de Azaña, 37 de la Uniòn Republicana y 38 de la Esquerra Republicana de Catalunya), mientras que el PSOE, la única organización que contaba con una verdadera base social solo había obtenido 90 escaños. El PCE consiguió 16 quedando sobrerrepresentado por los pactos internos del Frente Popular, mientras que el POUM y el Partido Sindicalista solo consiguieron uno respectivamente (58).

            La situación que se desencadenó con el triunfo del Frente Popular ocasionó la dimisión del centrista Portela Valladares y la formación de un nuevo gobierno de la coalición vencedora.

2.8.1 La evolución post-electoral.

            La prueba de la ficción que era el Frente Popular se puso en evidencia inmediatamente después de su victoria electoral. Las masas trabajadoras no esperaron a la formación del nuevo gobierno para satisfacer su reivindicación más sentida, la amnistía política. A partir del 17 de Febrero, grandes manifestaciones como las ocurridas en Valencia y en Oviedo, abrieron las cárceles y liberaron a los presos políticos. Poco después estallaban huelgas por todo el país exigiendo la reincorporación de los obreros despedidos por represalias políticas y por el aumento de los salarios.

            La victoria del Frente Popular desembocaba inmediatamente en una situación revolucionaria. A finales del mes de febrero, movimientos campesinos de ocupación de tierras aparecían y se extendían por  todo el país. Cerca de 70.000 yunteros extremeños ocupaban las grandes propiedades de los terratenientes de la región. Movimientos similares se desarrollaban en Andalucía y   en parte de Castilla. A menudo, el gobierno frentepopulista tenía que contemplar con impotencia las acciones del campesinado y legalizar por medio del Instituto de la Reforma Agraria las ocupaciones de tierras. Pero también, en numerosas ocasiones la acción del campesinado desembocó en enfrentamientos con la guardia civil, con sangrientos resultados (Yeste).

            En  los meses posteriores a la victoria electoral hasta el 18 de Julio, la situación revolucionaria se desarrollaría con gran rapidez:

"170 iglesias incendiadas, 269 muertos, 1287 heridos, 2l5 atentados, 113 huelgas generales, 228 parciales y 145 explosiones de bombas" (59).

            La radicalización del movimiento crecía a medida que los meses pasaban y las aspiraciones de las clases populares no eran satisfechas.

"En junio-julio se registró un promedio de diez a veinte huelgas diarias. Hubo días con 400.000 a 450.000 huelguistas. Y el 95% de las huelgas que tuvieron lugar entre febrero y julio de 1936 fueron ganadas por los obreros. Grandes manifestaciones obreras desfilaban por las calles exigiendo pan, trabajo, tierra, aplastamiento del fascismo y victoria total de la revolución".
...
"La ocupación de las calles, de las empresas y de las tierras, la incesante acción huelguística, impulsaban al proletariado urbano y agrícola hacia formas más elevadas de la lucha política" (60).

            Efectivamente, el movimiento revolucionario, más fuerte y radicalizado que nunca, apuntaba claramente hacia el desenlace final, hacia la confrontación. En el 1 de Mayo de 1936, las bases socialistas se manifestaron bajo las consignas de "Queremos un gobierno de los trabajadores" y "¡viva el Ejército Rojo!". El Frente Popular, una pálida sombra de gobierno, contemplaba impotente y paralizado, como el desarrollo de la situación no pasaba por el Parlamento, ni por el gobierno, sino en la calle y en el campo. Con sus triunfos, las clases populares crecían en la confianza en sus propias formas de luchas, frente a la paralización de los métodos parlamentarios que se mostraban, como en 1931, tímidos e impotentes.

            En Catalunya el movimiento huelguístico y las acciones violentas fueron menores. La problemática campesina era  diferente a la del resto del estado, ya que no existían grandes  propiedades y las ocupaciones de tierra fueron prácticamente inexistentes. Mientras la situación en el campo catalán se mantenía más o menos, estabilizada. En las ciudades, el crecimiento del anarcosindicalismo era la característica dominante de la situación.
            Se puede hablar, sin lugar a dudas, de que entre febrero y Julio, existía en España un triple poder.

            -La reacción derechista, aterrorizada por la evolución de los acontecimientos, abandonaba definitivamente los métodos parlamentarios para terminar con el movimiento revolucionario y se entregaba, a los militares monárquicos que conspiraban desde la instauración de la República. Los militares, apoyados por las clases dominantes del país y por la Iglesia, eran conscientes que había llegado su momento.

            -El movimiento revolucionario aplicaba la acción directa.  Con sus movilizaciones, los trabajadores demostraban sus nulas ilusiones en  la política que pudiera llevar a cabo el gobierno republicano, y presionaban a sus propias organizaciones para que tomasen en sus manos la situación. El gobierno no tuvo un momento de respiro, en el que se habrían ido apagando lentamente las ilusiones democráticas de los trabajadores. Éstos habían pasando inmediatamente a la acción. Sin embargo, el peligro para el movimiento revolucionario, estaba en el Frente Popular, en el apoyo político que éste, insistentemente, recibía de la mayor parte de las organizaciones obreras. Era este apoyo, el que actuaba como un verdadero freno en el proceso de radicalización de la situación.

            -Entre ambos antagonistas, se situaba el cada vez más acorralado gobierno republicano. Azaña pretendía inútilmente demostrar que la República seguía teniendo la capacidad para frenar a los revolucionarios, y por lo tanto que el proyecto republicano todavía era viable. Superficialmente, su capital político conseguido durante la campaña electoral, permanecía intacto. La mayor parte de los partidos y sindicatos obreros estaban dispuestos a subordinar sus políticas al compromiso   que habían adquirido con el Frente Popular. Sin embargo, el gobierno republicano, empequeñecido por la sombra de los dos colosos sociales, era incapaz de llevar a cabo su propia línea. No era más que una ficción.,El gobierno tenía que hacer respetar la legalidad republicana, si quería sobrevivir, pero para ello tenía que contar incondicionalmente con los cuerpos de seguridad del Estado, el ejército, los guardias de asalto y la guardia civil.

            Desde el primer momento la política hacia estas instituciones fue cerrar los ojos, frente a las evidencias de los avances de la conspiración. El gobierno se negaba a cualquier tipo de depuración en el ejército, ni siquiera de los elementos más declaradamente fascistas.             La actitud del gobierno de Azaña no puede ser tachada ingenua, sino de interesada. Frente a la potencial amenaza revolucionaria y la incapacidad de las organizaciones obreras   del Frente Popular para frenar a sus propias bases, los políticos republicanos tuvieron que apoyarse más y más, en el estamento militar. Este fue la razón política de la elección para el Ministerio del Ejército del general Carlos Masquelet Lacaci,  antiguo ministro y hombre de confianza de Lerroux en el bienio negro, ante la sorpresa y el malestar de los mismos socialistas moderados (61).

            Los principales líderes militares de la conspiración  habían sido trasladados en sus destinos, pero fueron mantenidos en puestos estratégicos, a cambio de una promesa formal de fidelidad a la República.

"Muchos oficiales republicanos instaban a los políticos medidas de control contra las conspiraciones. Pero el Gobierno no se atrevía a tomar medidas enérgicas, confiado en una política de apaciguamiento, con ingenuas declaraciones públicas" (62).

            El general Franco fue enviado a Canarias, cerca de la principal base de la conspiración, Marruecos; Mola era trasladado a Navarra, uno de los focos peninsulares de la contrarrevolución y Goded a Mallorca. Ante los rumores públicos sobre los preparativos del golpe, el gobierno salió en defensa de los "fieles servidores del poder constituido y garantía de obediencia a la voluntad popular" (63). La pretendida ceguera republicana se mantendría incluso en los primeros momentos del golpe, negándose a creer que éste se hubiera puesto en marcha.

            Esta aparentemente incomprensible actitud, sólo puede explicarse por el intento desesperado del gobierno para mantener el orden frente a la creciente polarización social. La depuración de los golpistas hubiera afectado profundamente al ejército, donde  éstos contaban con grandes simpatías, y hubiera acelerado el proceso conspirativo. Los republicanos temían el golpe militar, pero temían infinitamente más a la radicalización del movimiento obrero y del campesinado, que habría liquidado definitivamente su proyecto modernizador del capitalismo español.
            La táctica de los republicanos era atraerse a los mandos militares hacia su causa, mientras se reprimía las movilizaciones en el campo y en la ciudad. Como contrapartida, para contentar a la izquierda del Frente Popular, era declarada ilegal la   ultraderechista Falange Española. Sorteando a ambos contendientes, el gobierno pretendía salvar la ficción del régimen republicano.

"El gobierno era una ridícula cúspide <<antifascista>> coronando la pirámide de un Estado perfectamente agarrado, en todos sus organismos esenciales, por las facciones contrarrevolucionarias" (64).

            Las cárceles vaciadas al día siguiente de la victoria electoral, se llenaron de nuevo de militantes obreros y campesinos. Una buena parte de los nuevos presos, pertenecientes a las organizaciones que apoyaban al gobierno, fueron acusados de ocupar ilegalmente las grandes propiedades agrícolas, o por participar en huelgas ilegales. La CNT fue perseguida por su apoyo a las movilizaciones y  amenazada con la ilegalización. Un mes antes del inicio de la guerra, los locales del sindicato   estaban cerrados. Sólo la presión popular y la solidaridad de la UGT obligaron al gobierno a retroceder en el cumplimiento de sus amenazas.


2.8.2 Las organizaciones obreras. Programa, análisis y perspectivas.

            La fisonomía política del movimiento obrero durante el período post-electoral hasta las vísperas del intento de golpe se refleja en la estadística sobre la afiliación sindical: la UGT agrupaba a 1.447.000 de miembros mientras que la CNT tenía 1.557.000. La suma de ambas organizaciones sindicales era algo superior a los tres millones de afiliados, cerca de un 40% de los trabajadores del país. La militancia política de los partidos obreros estaba incorporada en su mayoría a una u otra central sindical o, como la FOUS (POUM) estaba en proceso de hacerlo.

2.8.2.1 El Partido Socialista.

            La derecha de Besteiro y el centro de Prieto que controlaban el aparato del Partido, se volcaron incondicionalmente a apoyar al nuevo gobierno republicano. Ambos dirigentes políticos llamaron a la moderación y a la paciencia de los trabajadores, considerando que era la única forma para defender a la República, frente a la reacción fascista.

            La mayor parte de las bases ugetistas y socialistas se agrupaban en torno a Largo Caballero. Desde 1934, la Izquierda Socialista había pasado del rechazo más absoluto a cualquier pacto con los republicanos, al descubrimiento de la existencia  de una etapa "democrático burguesa" intermedia, previa a la revolución socialista. El viraje radical de la Izquierda Socialista reflejaba la adaptación política del caballerismo a la presión proveniente de los republicanos, del PCE y de la derecha de su propio partido. La nueva teoría justificaba la alianza circunstancial con la burguesía "democrática". Los caballeristas no aceptaban abiertamente el proyecto azañista, pero tampoco proponían otra alternativa. Se limitaban a ir a remolque de los acontecimientos y de las iniciativas de los grupos restantes.

            El caballerismo persistía en la idea de que, con la debilidad de la pequeña burguesía, la reacción levantaría la cabeza  e intentaría el golpe de Estado. El agotamiento  de los republicanos entregaría, como fruta madura, el poder a los socialistas. Se identificaba la revolución con un simple cambio de gobierno.  Era una visión mecanicista de los acontecimientos, que cedía la iniciativa a la reacción. La derecha sería aplastada por una huelga general y por la respuesta unitaria de los trabajadores. Desde este punto de vista, era innecesario cualquier programa o plan para enfrentarse a los acontecimientos.
            La visión de Caballero, no era compartida por Prieto, que consideraba que el agotamiento republicano arrastraría al resto de organizaciones del Frente Popular (65).

            A partir de la defensa de la etapa "democrática", se inició una evolución hacia la defensa, cada vez más clara, del proyecto del Frente Popular:

"A su lado estamos para ayudarles con toda la resolución precisa en el desenvolvimiento del programa que juntos hemos suscrito, aunque no nos satisface" (66).

            La idea de que la coalición era puramente electoral, o su propia circunstancialidad  fue desapareciendo para convertirse en un pacto estable y permanente. En estas circunstancias, el poder ya no estaba al alcance de los trabajadores, y la disolución del Frente Popular solo podía favorecer a la derecha.

            El gobierno republicano tenía que desarrollar su programa. Los socialistas se limitarían a ayudar y a presionar para que los  republicanos cumpliesen. La negativa del caballerismo a que el Partido socialista formase parte del gobierno sólo puede entenderse como una maniobra destinada a evitar que Prieto consiguiese sus propósitos de formar parte de él. La exigencia de  que se formase un gobierno socialista monocolor, después del agotamiento de los republicanos, si éstos no eran capaces de cumplir su programa, era irreal. El caballerismo carecía de un plan para conseguir sus objetivos.  Por el contrario, a medida que la situación se deterioraba, sus intervenciones se encaminaban a calmar los ánimos de sus propias bases sociales y a conseguir apoyos para el gobierno. Se observa un abandono del lenguaje revolucionario y de las antiguas referencias a la dictadura del proletariado. En una entrevista con el ministro de Trabajo, Largo Caballero aseguró que las huelgas y las manifestaciones:

"no tienen en ningún momento carácter de agresión contra la República, contra el régimen ni contra el poder constituido" (67).

            Ante los sangrientos sucesos de Yeste y frente a los sectores de sus propias  bases que reclamaban la disolución de la guardia civil, afirmaban que:

"como colaboradores del <<Frente Popular>>, no les es lícito <<pedir al gobierno medidas que no entran en sus propósitos y que ciertamente rebasan el programa del Frente Popular>>, con lo que se referían a su intención de no pedir la disolución de la Guardia Civil..." (68).

            Los rumores de conspiración fueron considerados exagerados, e incluso como una maniobra prietista para justificar su entrada en el gobierno. El caballerismo subestimaba los planes conspirativos de la reacción, a la que esperaba derrotar con la simple respuesta espontánea de las masas, y que se convertiría  en el mecanismo por el que la Izquierda Socialista esperaba acceder al gobierno.

2.8.2.2 El Partido Comunista.
            El PCE se convirtió en la organización obrera más entusiasta e incondicional del Frente Popular. No se trataba de preparar la revolución socialista, sino de defender y consolidar a la República. Como los caballeristas, los comunistas oficiales  defendían la existencia de una etapa intermedia, anterior a la revolución socialista. La revolución democrático-burguesa, dirigida por una supuesta "burguesía democrática", liquidaría los restos del feudalismo. También, como los socialistas, se identificaba al fascismo, no con la burguesía aterrorizada por la revolución, sino con los residuos feudales. La posición del PCE era, por lo tanto, defender el nuevo gobierno y presionarlo para que cumpliese su programa moderado. Pero al contrario de Caballero, que excluía la participación del PSOE en el gobierno, los comunistas se acercaban a los prietistas, al defender la formación de un gobierno de coalición y no republicano, exclusivamente.
            Durante años, cuando no habían condiciones, el PCE había clamado por la revolución proletaria. Ahora, que la República entraba en crisis, y el movimiento revolucionario empujaba, el  PCE se convertía, con su interpretación "democrático-burguesa", en uno de los soportes más fieles del régimen republicano. Los llamamientos para limitar el movimiento huelguístico, durante este período, fueron constantes:

"No es un secreto para nadie que después del 16 de Febrero, los patronos fascistas utilizan como forma de lucha el empujar primero a los obreros a declarar conflictos y luego prolongar su solución, mientras sea necesario y posible, para desesperar a las masas, lo cual provocará actos esporádicos sin finalidad ni efectividad... pero que enfrentarán a los obreros con el gobierno, porque ésta es una de las condiciones... para un golpe de estado" (69).

            Frente a la amenaza fascista, el Partido Comunista llamó a la unidad   de la clase obrera (PCE-PSOE, CNT-UGT), pero por la defensa y  consolidación de la República, no para superarla.
Ante el rápido deterioro republicano, José Diaz se vió obligado a reconocer que:

"El gobierno, al que estamos apoyando lealmente en la medida en que cumple el pacto del Bloque Popular, comienza a perder la confianza de los trabajadores. Y yo digo al Gobierno Republicano de izquierda que este es el camino erróneo del 14 de Abril de 1931. Y que si sigue por este camino, nosotros obraremos, no rompiendo el Bloque Popular, sino fortaleciéndolo y empujando hacia la solución de un Gobierno de tipo popular revolucionario que imponga las cosas que este Gobierno no ha comprendido o no ha querido comprender" (70).

            La declaración del dirigente comunista no podía ser más patética. La política internacional del estalinismo obligaba al  PCE a insistir en el programa del Frente Popular, cuando éste era cotidianamente desbordado por los trabajadores, que se empeñaban, tozudamente, en no respetar la naturaleza "democrático burguesa" de la revolución.

2.8.2.3 El anarcosindicalismo.

            La CNT había apoyado al Frente Popular, dando libertad de voto a sus afiliados, para conseguir la amnistía y evitar el triunfo de la derecha, que solo podía significar el avance del fascismo.

            El peligro de una sublevación militar había sido analizado antes de la victoria electoral del Frente Popular. El 14 de Febrero, el Comité Nacional había lanzado un manifiesto que denunciaba los planes de la conspiración:

"Marruecos parece ser el foco y epicentro de la conjura. La acción insurreccional está supeditada al resultado de las elecciones. El plan teórico y preventivo lo pondrán en práctica si el triunfo lo consiguen las izquierdas. Nosotros, que no defendemos la República pero que combatiremos sin tregua al fascismo, pondremos a contribución todas las fuerzas de que disponemos para derrotar a los verdugos históricos del proletariado español... La democracia sucumbirá entre dos fuegos, por inactual, por desplazada del terreno de la lucha. O fascismo o revolución social..." (71).

            Sin embargo, la amenaza fascista fue subestimada por todas las organizaciones obreras,incluida la CNT.

            Entre los meses de febrero y Julio, la CNT apoyó todo el proceso de huelgas y de movilizaciones que se desarrollaban por todo el país, y que amenazaba con desbordar al gobierno del Frente Popular, lo que la llevó a enfrentamientos con la UGT. La actitud del anarcosindicalismo frente a la moderación republicana fue de rechazo,  acusándolos de no haber adoptado durante los primeros meses de gobierno, las mínimas medidas democráticas para  corregir la secuelas de la represión del bienio negro:

"Pronto hará tres meses que la coalición de izquierdas, consiguió el triunfo electoral. Las masas populares dispuestas a que fueran libertados los presos y restablecidas las garantías constitucionales, votaron a los hombres de izquierda. Han sido liberados muchos presos, no todos, pero siguen en vigencia el estado de excepción y de alarma. La prensa vive la vergüenza de la sumisión a la previa censura. No hay, pues, libertad de expresión. De aquellos fogosos discursos y de aquellas risueñas promesas, no queda absolutamente nada" (72).

            El 1 de Mayo de 1936, se realizó en Zaragoza, el IV Congreso de la organización, que se caracterizaría por el triunfo completo de la FAI sobre las demás corrientes. Pese a la maduración revolucionaria, la CNT no hizo ningún análisis sobre la situación política. Siguiendo la vieja tradición faísta, la sobreestimación de la espontaneidad revolucionaria de las masas sustituyó a cualquier plan para enfrentarse a los acontecimientos que estaban a punto de suceder. La oposición treintista que asistió al Congreso para reingresar a la CNT y los "anarcobolcheviques", fueron los vencidos. Los treintistas abandonaron sus antiguas críticas, y aceptaron las resoluciones del Congreso, a cambio de algunas concesiones. Los anarcobolcheviques intentaron que el sindicato fuera consecuente con el peligro fascista, reclamaron la formación de milicias confederales, pero fueron derrotados por los anarquistas "puros".

            El texto aprobado en el Congreso, poco o nada tenía que ver con la situación. En un momento en el que el choque decisivo se acercaba, donde la amenaza de la reacción se desarrollaba con rapidez, y donde el volcán revolucionario estaba al borde de la erupción, las resoluciones aprobadas hablaban de la futura sociedad anarquista y se tomaban posiciones sobre la reforma agraria. El único punto que respondía a las necesidades del momento, sería una propuesta de Alianza Revolucionaria con la UGT, que se condicionaba al abandono de la colaboración de ésta con el gobierno.

            El IV Congreso de la CNT fue una oportunidad perdida para el movimiento libertario. Dos meses después el anarcosindicalismo tendría que enfrentarse a una situación revolucionaria, provocada por el levantamiento militar, en las peores condiciones posibles.

"... que en el Congreso de Zaragoza hicieron tabla rasa de   todas las experiencias acumuladas desde 1919, no se entregaron a ningún análisis de la coyuntura política, y se vieron obligados, el 19 de Julio, a improvisar en la incoherencia más completa" (73).

            Sólo la creatividad y el entusiasmo de sus militantes evitaría el hundimiento de la organización. Esta subestimación por la teoría y por   el estudio de la situación iba a tener nefastas consecuencias pocos meses después, ya en plena guerra civil.

2.8.2.4 El Poumismo.

            El POUM había apoyado al Frente Popular por cuestiones tácticas: la amnistía de los presos de Octubre y el temor a verse aislado por el aparente renacimiento de las ilusiones democráticas que produjo la campaña electoral. Su línea     política, entre los meses de Febrero y Julio sería de vacilación frente a la coalición obrero-republicana. Inmediatamente después de conocerse los resultados, declaró su independencia con respecto al Frente Popular y criticó el apoyo del PCE y del PSOE al gobierno surgido de las elecciones. Esta postura no  impediría que el único diputado del POUM, Joaquín Maurín, votara a favor del gobierno de Azaña, precipitadamente constituido después del triunfo electoral (74). Ante la convocatoria de nuevas elecciones municipales volvió a apoyar a la coalición, para volver a atacarla, después de ser postergadas por Azaña (75).

            La táctica de los dirigentes socialistas y comunistas, de intentar limitar las movilizaciones y de moderar las reivindicaciones de los trabajadores, en aras de la consolidación del gobierno fue tachada de crimen y de traición, porque consolidaba el dominio de la burguesía, bajo la forma republicana (76). Sin embargo, Maurín, llamó al gobierno republicano a emprender una política de nacionalizaciones y a adoptar medidas progresivas, a la manera de las que había aplicado Blum en Francia, para detener los avances del fascismo (77). La política poumista combinaba la crítica y la denuncia, con la colaboración con el Frente Popular, según el momento y la situación, lo que lo convertía, sin quererlo, en su ala izquierda.

            La política poumista se  basaba en dos puntos fundamentales:

            -La revitalización de las Alianzas Obreras, condenadas al ostracismo y a la disolución por el abandono del PSOE del proyecto. Andreu Nin, secretario del partido, debatiendo con las JSE partidarias también de las Alianzas, defendió la necesidad de que los nuevos organismos revolucionarios abandonasen su carácter burocrático y que se democratizasen, dando el protagonismo, la participación y su  control a las masas.

            -El segundo punto sobre el que descansaba la política poumista era la necesidad del Partido revolucionario. El POUM sentía su propia debilidad frente a las poderosas corrientes socialista y anarquista que organizaban a la inmensa mayoría del movimiento obrero español. Su política vacilaba entre la crítica principista y la adaptación a estas corrientes, era un reflejo de esta visión. El POUM esperaba que las circunstancias arrastrarían a la izquierda del Partido Socialista y al sector más consecuente de la CNT hacia posiciones consecuentemente revolucionarias. Entonces sería posible la deseada unidad revolucionaria. Mientras tanto, el poumismo se veía obligado a nadar entre dos aguas, esperando su oportunidad.

            En vísperas de la guerra civil, todas las organizaciones obreras, de una forma u otra, estaban ancladas en el Pacto del Frente Popular.

            El PCE se declaraba su más entusiasta defensor. El socialismo español se encontraba dividido en dos fracciones, sin embargo los dirigentes de ambas, no estaban dispuestos a ir más allá del pacto con los republicanos. El anarcosindicalismo y el poumismo se declaraban críticos del Frente Popular. Sin embargo y aunque apoyaban decididamente al movimiento revolucionario, carecían de alternativas. El anarcosindicalismo, preso de sus prejuicios tradicionales, sobrevaloraba el espontaneísmo de las masas y consideraba que la voluntad revolucionaria era una condición suficiente para la victoria. El Poumismo analizaba correctamente la naturaleza del Frente Popular, pero no se atrevía a romper frontalmente con él, por temor a quedarse aislado políticamente.

            Con el 18 de Julio de 1936 se iniciaría una nueva situación revolucionaria que desnudaría la ficción  frentepopulista. Todos los historiadores sin excepción, reconocen el carácter espontáneo del movimiento que barrió la legalidad republicana y que hizo fracasar la sublevación en la mayor parte del país. Sin embargo,  la espontaneidad tenía sus límites. Los trabajadores carecían de una organización dispuesta a llevarlos al poder. La dualidad de poderes que pretendemos estudiar en este trabajo, fue de hecho, fruto de la falta de esta dirección revolucionaria. También es en este vacío político, donde encontraremos también las causas del fracaso de la revolución española.

2.8.3 La reacción en marcha. Los preparativos del golpe.

            La victoria electoral del Frente Popular sorprendió a la derecha que esperaba su triunfo. El resultado electoral llenó de pánico a las clases dominantes.

            El 17 de Febrero, Franco, Calvo Sotelo y Gil Robles, reclamaron al jefe de gobierno Portela Valladares, la declaración del estado de guerra para hacer frente al movimiento revolucionario que amenazaba con desbordar, desde los primeros momentos, al victorioso Frente Popular. La declaración hubiera significado en realidad, un golpe de Estado de imprevisibles consecuencias y hubiera desencadenado el enfrentamiento, en un momento en el que la derecha se encontraba dividida.

            Primero era necesario desarticular al poderoso movimiento revolucionario en nombre del Frente Popular. Después había que subsanar los antagonismos que debilitaban a la derecha y que afectaba a la misma unidad del ejército, que se había  convertido en la columna vertebral de la reacción.

            Durante el período comprendido entre los meses  de febrero y julio, el terrorismo falangista y los sabotajes económicos iban  a preparar el ambiente psicológico para el golpe de estado. La derecha, completamente entregada a los planes conspirativos de la Unión Militar Española (UME), abandonó en la práctica cualquier iniciativa parlamentaria. Las Cortes serían utilizadas como tribuna para atraerse a los sectores de la pequeña burguesía, temerosa de  un movimiento revolucionario que se agitaba pero que, falto de dirección, no se decidía a tomar el poder.

            Alcalá Zamora fue destituído de la  presidencia de gobierno   y un mes más tarde, sustituido por Azaña. En las votaciones la derecha se abstuvo o dió libertad de voto a sus parlamentarios. Poco podía preocuparle quién iba a ocupar la presidencia de la República, cuando había dejado de creer en ella.

            La burguesía era consciente de que la República ya no era una salvaguarda segura para sus intereses. La reacción necesitaba tiempo para preparar el golpe de Estado que tenía que devolver la situación a su cauce tradicional. La defensa que hacían las organizaciones obreras del Frente Popular del régimen servía, objetivamente, a sus   intereses. El pacto les obligaba a frenar las luchas de los trabajadores y las dejaba sin dirección. La derecha, mientras tanto, recobraba la confianza en sus propias fuerzas, después del fracaso electoral de febrero, al ver que el adversario era incapaz de enfrentarse seriamente a ella.

            La incapacidad del movimiento obrero, durante dicho período, para tomar el poder, pese a las grandes luchas y movilizaciones desencadenadas, hizo que parte de la pequeña burguesía, que había votado por el  Frente Popular o por los partidos del Centro, acabase simpatizando con las promesas de orden que lanzaba la reacción.

            Una vez las diferentes organizaciones derechistas estuvieron unificadas bajo la dirección del ejército, la cuenta atrás para llevar a cabo el plan, se puso en marcha. Los asesinatos del teniente de Asalto, Castillo, simpatizante de la izquierda, y  también del líder de la extrema derecha Calvo Sotelo, serían el pretexto para adelantar el golpe. El 17 de Julio las guarniciones de Marruecos proclamaban el "pronunciamiento" que iba  a desencadenar la guerra civil.




3. LAS JORNADAS DE JULIO. LOS INICIOS DEL DOBLE PODER.

            El 17 de Julio, las tropas acantonadas en Marruecos se pronunciaron contra el curso de los acontecimientos de los últimos meses y exigieron una corrección drástica de la República.

            El contenido de la proclama no iba dirigido contra el orden republicano ni contra el Frente Popular, sino contra el movimiento revolucionario que tendía a desbordarlos. En  los planes de los militares insurrectos no estaba previsto el inicio de una guerra civil, ni que el intento de golpe de estado derivase en una auténtica revolución que terminaría con las instituciones republicanas. La  conspiración copiaba los esquemas del  clásicos pronunciamientos decimonónicos. El pronunciamiento   provocaría la dimisión del gobierno y la implantación de un directorio militar, que llevaría a cabo la represión contra las organizaciones obreras y que restauraría el orden republicano.
Al día siguiente, y frente a la pasividad gubernamental, que ocultaba a la población las noticias del levantamiento y que lo declaraba limitado a "algunas zonas del Protectorado", la sublevación se extendió por toda la península. La actitud del gobierno, apoyado por las organizaciones obreras   del Frente Popular, (bajo la consigna de "El gobierno manda y el Frente Popular obedece") fue la de llamar a la población a la serenidad. El gobierno, en un intento para evitar la participación de la población y de los trabajadores en los enfrentamientos, proclamó que las fuerzas leales al gobierno se bastarían para sofocar la sublevación.

            Largo Caballero pidió públicamente, en nombre de la UGT, que se armara   a los obreros para poder defender la República. La petición fue rechazada por el gobierno, temeroso de que este hecho pudiera significar la liquidación del orden republicano y el desencadenamiento de la revolución.

            Ante los avances de los golpistas, la CNT y la UGT proclamaron la huelga general, en la noche del 18 de Julio. En la madrugada del mismo día, el presidente Casares Quiroga presentó  su dimisión, después de que hubieran  fracasado las negociaciones con los sublevados.

            Poco después, Azaña, propuso al presidente de las Cortes, Martínez Barrio, que formase el nuevo gabinete, que debería estar compuesto exclusivamente por republicanos y situado políticamente, a la derecha del Frente Popular. Con esta derechización, Azaña pretendía facilitar el acuerdo con los sublevados y evitar a toda costa, la intervención de las masas y el hundimiento del orden republicano. Varias carteras del nuevo gabinete fueron prometidas a los sublevados (78). Sin embargo, los intentos de Martínez Barrio estaban condenados al fracaso. La noticia de las conversaciones llegó a la población, en el momento en que ésta, empezaba a reaccionar contra el levantamiento. Largo Caballero amenazó con la insurrección, si se llegaba a un acuerdo   con los golpistas, mientras que cientos de miles de manifestantes recorrían las calles de Madrid exigiendo armas y acusando al gobierno de traidor. La composición  del nuevo gobierno y la petición de  negociaciones, fueron interpretadas como un signo de debilidad y rechazaron la propuesta. El gabinete de Martínez Barrio, ante el callejón sin salida, dimitió.

            Finalmente, sólo José Giral aceptó formar un nuevo gabinete.
            Seguidamente y ante una situación cada vez más desesperada, decretó la disolución de las unidades sublevadas y la distribución de armas entre las milicias obreras. Los decretos "legalizaban" la realidad que ya se estaba desarrollando en todo el país, pero  también era el reconocimiento de la  muerte de la República.

3.1 LAS JORNADAS DE JULIO EN BARCELONA Y CATALUNYA.

            La conspiración era un secreto a voces, que solo el gobierno se había negado a aceptar. En Catalunya, la CNT había alertado a la opinión pública, junto al resto de organizaciones obreras del peligro de sublevación militar. El 14 de Julio, en una reunión de sus Comités de Defensa de Barriada de Barcelona, los anarcosindicalistas concretaron sus planes para poder enfrentarse al levantamiento militar. El día 16, en una nueva reunión, se informó de la escasa o nula predisposición del gobierno catalán a armar a la población. En la misma reunión se decidió colaborar con el resto de las organizaciones obreras, frente a la amenaza inminente de la sublevación.

            La Generalitat desconfiaba de los revolucionarios. El remedio de entregar armas a las organizaciones obreras, podía ser peor que la enfermedad golpista (79). Ante el dilema de armar a los trabajadores y desencadenar la revolución social, o no hacerlo, facilitando las posibilidades de éxito de los militares que liquidarían la autonomía catalana, el presidente Companys prefirió confiar, exclusivamente, en sus escasas fuerzas para dominar la situación y desechó las peticiones de los dirigentes de la CNT pidiendo armas, lo que equivalía al suicidio. La correlación de fuerzas era adversa. Mientras la guarnición militar contaba con unos 6.000 hombres con abundante armamento, sin contar los efectivos civiles derechistas que se sumarían a la sublevación, la Generalitat solo  contaba con 1.960 guardias de Seguridad y de Asalto, y con la dudosa lealtad de 3.000 guardias civiles que estaban dirigidos por el general Aranguren, Una  buena parte  de estos últimos mantenía una actitud sospechosa y podían pasarse  al lado de los insurrectos en cualquier momento. A pesar de todo, el gobierno autónomo catalán procedió a asegurarse de que no sería desbordado por los revolucionarios cuando la conspiración estallara. En vísperas del golpe, procedió a registrar los locales de la CNT en busca de armas y a confiscar todas aquellas que fueron descubiertas en poder de sus militantes. En los combates del 19 y 20 de Julio, los revolucionarios solo pudieron contar con las escasas armas que   habían mantenido ocultas desde 1934, hasta que consiguieron asaltar los cuarteles.

            La mañana del 19 fue la elegida para que las tropas, dirigidas por Goded, desde Mallorca, iniciaran sus maniobras para apoderarse de Barcelona. Inmediatamente las sirenas de las fábricas y de algunos barcos alertaron a la población, y llamaron   a la lucha contra los sublevados.

            Después de intensos combates, en la tarde del día 20, la insurrección militar había sido finalmente vencida en Barcelona. El general Goded había sido detenido cuando, confiado en la victoria, había llegado a la capital catalana, a bordo de un  hidroavión, para encabezar a la guarnición sublevada.

            Algunos historiadores atribuyen la victoria sobre los militares insurrectos, al papel jugado por la guardia civil y  los efectivos controlados por la Generalitat, que se mantuvieron fieles a la República (80). Sin desmerecer la importancia de estas fuerzas en los combates, que sería fundamental en los primeros momentos de la lucha, fue la participación de los obreros revolucionarios, la que decidió el resultado final.

            Vicenç Guarner, jefe de los servicios de la Comisaría General de Orden Público de la Generalitat, tenía muy claro la enorme inferioridad de las tropas leales, en efectivos y en armamento:

"En nuestra enorme inferioridad, el <<hierro de nuestros escuadrones armados>> no era más que modestas limaduras... era incierta todavía, la actitud de la guardia civil, y nuestros viejos guardias de las compañías locales de seguridad estaban desentrenados militarmente... la perspectiva no podía ser más desoladora" (81).

            Las declaraciones de Vicenç Guarner  son una honesta confesión de lo que él consideraba una derrota previsible. Sin embargo esa era la línea que había sido aceptada por el gobierno catalán. La actitud mantenida por los dirigentes de la Generalitat ante la amenaza de la sublevación, (como en Octubre de 1934) muestra que ponían un signo igual entre éstos y los revolucionarios.

"En la jefatura de policía, Frederic Escofet, comisario de orden público, oyó el aullido de las sirenas con sentimientos opuestos. Él y Lluís Companys, presidente de la Generalitat, habían acordado no armar al pueblo. A sus ojos, la CNT representaba para el régimen republicano un peligro tan grande como el de la revuelta militar" (82).

            Fue la intervención de los militantes de las organizaciones obreras, principalmente los libertarios, que combatieron junto a la guardia civil y la aviación, la que decidió el resultado del conflicto.

            Historiadores tan poco sospechosos de simpatizar con los revolucionarios como Martínez Bande reconocen que su aporte fue decisivo para la derrota de los insurrectos (83). En todo el estado, la mayor parte de la guardia civil y numerosos miembros de los cuerpos policiales republicanos, se pasaron al lado de los insurrectos. Esto no ocurrió en Barcelona. Cabe preguntarse porqué. El capitán Escofet,  había observado que "una pasividad incomprensible" afectaba a algunos grupos de Asalto, frente a los rebeldes (84). Sin duda alguna, la presión de los revolucionarios y de la población en general, fue un factor decisivo para que numerosos efectivos de los cuerpos policiales no se pasasen al bando contrario, al estallar los combates.
            El decreto de Giral, disolviendo las unidades sublevadas, actuó como un poderoso disolvente en todo el ejército. Los cuarteles fueron abandonados por la escasa guarnición que en ellos había quedado (85). El día 20, la CNT y la FAI asaltaron los cuarteles de las fuerzas sublevadas que estaban combatiendo en las calles de Barcelona. Los revolucionarios pudieron así, incautarse del numeroso armamento que allí se encontraba  y que  pudieron añadir a su escaso arsenal. El hecho de que los revolucionarios pudieran contar con armas en abundancia facilitó el triunfo de los revolucionarios y el rápido desmoronamiento republicano.
            A pesar de los preparativos de la CNT, de la FAI y del resto de grupos obreros, la organización contra la intentona de golpe, fue escasa y los elevados grados de espontaneidad y de improvisación fueron el elemento dominante de la lucha.

"¿Dónde se encontraba, pues, ese Estado Mayor de la <<chusma>>? En realidad, no había Estado Mayor, sino una iniciativa descentralizada animada por los Sindicatos obreros, por los Comités revolucionarios de Barriadas, y por la fuerza entusiasta de una multitud de mujeres, hombres y chiquillos que acechan al enemigo, que toma la decisión de levantar barricadas aquí y más allá, poniendo en cada adoquín que se pasa en cadena de mano en mano, un propósito de aplastar a los sublevados" (86).

            La colaboración entre las tropas leales y los militantes obreros resquebrajó, definitivamente, la disciplina de los primeros. Contagiados del ambiente y de la simpatía de la población que había salido a la calle, a medida que los últimos focos de resistencia se iban acabando, empezaron a romper sus uniformes y a sumarse a los revolucionarios. Felipe Diaz Sandino, un honesto militar republicano, describía la situación revolucionaria que se había abierto con el intento de golpe de Estado.

"... con el ejército en contra, el pueblo armado en la calle y sin poder contar con la guardia civil y asalto, contagiados después por la ola de indisciplina social o bien sumergiéndose en ella para congraciarse con los organismos obreros, contra los que habrán luchado en otras ocasiones, participando en el desorden general, tales eran las circunstancias en que se encontraba España y Catalunya por lo tanto... no podía contar el gobierno con quien oponerse a aquel estado de cosas..." (87).

            La victoria se consiguió con grandes pérdidas para los revolucionarios, Ascaso (CNT), Germinal (POUM), Graells (JSU), cerca de medio millar de anarquistas y otros muchos militantes de los otros grupos obreros, murieron o resultaron heridos en los enfrentamientos.

            La victoria en Barcelona decidió el resultado de los combates que se estaban desarrollando en el resto de Catalunya y provocó el hundimiento de los sublevados. Con las armas requisadas  en los cuarteles, numerosos grupos armados se desplazaron a otras poblaciones para acabar con los últimos focos de resistencia de los insurrectos.

            La Generalitat se encontró desprovista de su autoridad y de  los medios para ejercerla. En pocas horas su poder, como el del gobierno de Madrid, se había derrumbado.

"El 19 de Julio,(dice Companys), yo tocaba el timbre de mi despacho llamando a mi secretario. El timbre comenzaba por no sonar, porque no había corriente eléctrica. Si me dirigía a la puerta de mi oficina, el secretario no estaba; no había podido llegar al Palacio de Gobierno; pero, si se encontraba allí, no podía comunicar con el secretario del director general, porque éste no había llegado a la Generalitat. Y si el secretario del director, venciendo mil dificultades, se encontraba en su sitio, su superior jerárquico no había acudido a la cita." (88).

            La Generalitat, sólo era una sombra arrinconada del viejo poder. El prestigio ganado en los combates, por la CNT, verdadera vencedora, colocaba  a la organización anarcosindicalista en el centro de la situación política en Catalunya.

3.2 LAS JORNADAS DE JULIO EN EL ESTADO

            La tentativa de golpe de los insurrectos buscaba un desarrollo rápido. Nadie preveía que el pronunciamiento militar  pudiera desencadenar la revolución que pretendían evitar, ni que iba a desembocar en una sangrienta guerra civil que duraría tres largos años.

            Según Pietro Nenni, el 95% de los oficiales del ejército, la Guardia Civil en su casi totalidad y el 50% de los guardias de Asalto se unieron a los insurrectos. Entre un 75% y un 90% de los altos funcionarios de los ministerios, de las administraciones locales y de las empresas industriales hicieron lo mismo (89).   Julio Alvarez del Vayo estima que de los 15.000 oficiales del ejército, solamente 5.000 se mantuvieron leales al gobierno de la República (90).   Las cifras, evidentemente, no son exactas y se prestan a exageraciones o a equívocos, pero reflejan el grado de ficción del régimen republicano. Mientras el gobierno de Azaña aseguraba tener el control de la situación, el aparato de Estado apoyaba decididamente la sublevación. Aunque en muchos lugares, parte de los cuerpos policiales y de la oficialidad del ejército, se mantuvieron fieles al gobierno, estos eran claramente minoritarios.

            En la mayor parte del territorio donde los insurrectos habían vencido, los organizaciones obreras quedaron paralizadas, esperando, confiadas, la iniciativa del gobierno. Los gobernadores provinciales se negaron a entregar armas a los obreros, y muchos de ellos se  declararon posteriormente, partidarios de la sublevación.

            En algunos lugares, la ingenuidad de las organizaciones obreras fue   determinante para el éxito de los rebeldes. En Zaragoza, bastión histórico de la CNT, el jefe de la guarnición,  Miguel Cabanellas, se  declaró fiel a la República y decretó el estado de sitio "contra los fascistas". El gobernador civil se negó a entregar armas a los obreros y pidió calma a la población. A instancias de él, los dirigentes de la CNT, desmovilizaron a sus bases, convencidos de la lealtad republicana de los mandos militares. Pocos días antes, en la Asamblea del 15 de Julio, el sector partidario de esperar y de mantener la confianza en las autoridades había vencido a los que defendían la necesidad de armarse y de prepararse para el enfrentamiento.

            Cuando Cabanellas ocupó la ciudad y desveló sus verdaderas intenciones ya era demasiado tarde. Las centrales sindicales convocaron la huelga general e iniciaron una desesperada lucha desde los barrios obreros. Sin embargo, los facciosos tardaron una semana para poder aplastar los últimos focos de resistencia.

            En la ciudad de Oviedo, el jefe de la guarnición proclamó su lealtad a la República, mientras que, de forma oculta, concentraba tropas y armamento en los cuarteles esperando el momento. Se constituyó un Comité Provincial, donde republicanos y socialistas de derecha apoyaron las muestras de lealtad de los mandos militares, mientras la CNT, los socialistas de izquierda y el PCE desconfiaban y exigían como prueba de buena fe, que se armara a las milicias obreras. Finalmente, la actitud de los primeros prevaleció. Los golpistas aprovecharon la partida de parte de las columnas mineras   en ayuda de Madrid, para ocupar la ciudad. Sin embargo, la reacción de los trabajadores, que rápidamente cercaron la ciudad, impidió que su caída se convirtiera en la caída de toda la región.

            En Madrid, el mismo l8 de Julio, la CNT había reabierto por la fuerza sus locales, cerrados por la policía. Al día siguiente  fue liberado el secretario del Comité Nacional de esta organización. Solo un ultimátum permitió la liberación de los numerosos presos libertarios que seguían en las cárceles.

            Desobedeciendo las órdenes de Martínez Barrio, se  repartieron 5.000 fusiles entre los trabajadores de la capital. Con las armas en la mano, éstos iniciaron sus labores de policía y de vigilancia de la guarnición militar. La distribución del armamento, decretada por el gobierno Giral, favoreció claramente a las organizaciones obreras del Frente Popular, socialistas y comunistas, en detrimento de la CNT y del POUM que solo pudieron contar con las armas que mantenían en su poder, desde 1934.


            La guarnición militar de la capital madrileña se encontraba dividida frente a la sublevación. En algunos cuarteles estallaron combates entre sublevados y leales al gobierno. El general Fanjul,  jefe de los insurrectos en Madrid, temeroso del contagio revolucionario de sus tropas, si éstas entraban en contacto con la población, adoptó una actitud defensiva y se hizo fuerte en el cuartel de la Montaña. La iniciativa quedaba en manos de las tropas leales y de las milicias obreras que rodearon la guarnición rebelde.

            En medio de los combates, la noticia del fracaso de la insurrección en   Barcelona  desmoralizó a los golpistas. El ametrallamiento de la multitud, después de izar la bandera blanca en señal de rendición provocó la ira popular. Las masas revolucionarias irrumpieron sin orden, y con graves pérdidas se apoderaron del cuartel. Numerosos sitiados fueron ejecutados  en el mismo cuartel, mientras que Fanjul y algunos de sus oficiales tuvieron que ser detenidos y protegidos por los guardias de asalto, para evitar que fueran linchados por la multitud.

            En Valencia, durante los primeros días de la sublevación, coexistieron dos poderes, la Junta delegada del gobierno y el Comité Ejecutivo Popular, donde estaban integradas las organizaciones obreras. El 23 de Julio, el gobierno decretó la desaparición del Comité Ejecutivo. Los republicanos y el PCE aceptaron en nombre de la disciplina y la obediencia al gobierno. El PSOE, la UGT, la CNT y el POUM se opusieron a la disolución.

            Después de varios días de indecisión, el 31 de Julio, la guarnición militar se sublevó. Fue el Comité Ejecutivo Popular quien convocó la huelga general y organizó los combates contra los insurrectos. La junta gubernamental fue disuelta, mientras que la autoridad del Comité era reconocida por la población que reconocía en él, el organismo que había sofocado la sublevación.
En Euskadi, las vacilaciones de los rebeldes fueron decisivas para su fracaso. En San Sebastián, los nacionalistas consiguieron la rendición de los sublevados, después del intento de sublevación de un sector de la guarnición y de la guardia civil. En Bilbao el alzamiento fue frustrado al ser interceptadas las órdenes enviadas por Mola, desde Pamplona. El peso del nacionalismo vasco fue decisivo frente a las organizaciones obreras en las jornadas de julio, y sería igualmente decisivo en los meses posteriores.

            En Málaga, Santander y otras localidades, las vacilaciones de los sublevados en los primeros momentos  fueron decisivas en   su fracaso. Los partidos y sindicatos obreros pudieron reaccionar y cercar a los rebeldes hasta su rendición.

            Otro de los grandes fracasos de la sublevación fue la Flota. Los comités de marineros mantenían una red organizativa coordinada por un Consejo Central. Las tripulaciones hicieron fracasar la insurrección, los oficiales rebeldes fueron desarmados, detenidos y en algunos casos fusilados. La mayor parte de la flota no se sumó al golpe, quedando en manos de los comités revolucionarios de marineros .
            En la noche del 20 de julio, el mapa político era claramente desfavorable a los insurrectos. La mayor parte de la flota y de la aviación no había apoyado el golpe. Los rebeldes habían fracasado en Madrid y Barcelona, y en las dos terceras partes más pobladas y más ricas, mientras que en Valencia se mantenían indecisos, perdiendo un tiempo precioso que sería aprovechado por las organizaciones obreras y por las tropas leales al gobierno. En las principales ciudades donde habían vencido, encontraron una feroz resistencia que se prolongó durante varios días.

            Sin embargo el principal fracaso de los insurrectos no era  militar, sino político. La revolución que habían pretendido evitar, se había desencadenado como respuesta al golpe. El gobierno estaba seriamente desprestigiado. Antes de julio había protegido a los principales dirigentes de la conspiración y se había negado a apartarlos de los puestos de responsabilidad. Durante las jornadas, había manifestado una clara falta de iniciativa política, paralizado entre el temor al golpe y el temor a los revolucionarios. Esta parálisis había sido aprovechada por los rebeldes para consolidar sus posiciones en una parte del país, desde donde  iniciar la guerra.

            El poder republicano, se había derrumbado como una baraja de naipes frente al sangriento choque entre los dos campos en los que se había dividido la sociedad. Desprovisto de su poder coaccionador, los cuerpos policiales y el ejército, seriamente desprestigiado por su actitud  antes y durante la sublevación, el gobierno del Frente Popular era una mera ficción. Su único poder residía en el apoyo que todavía le prestaban, directa o indirectamente, los partidos y sindicatos obreros.

            El verdadero poder de la burguesía se había desplazado al ejército. Las clases propietarias, la Iglesia y las organizaciones derechistas le habían entregado su apoyo político y económico.

            En el seno del campo republicano, junto al poder formal, se situaba el nuevo poder revolucionario: el poder de los comités y de las milicias obreras, formados para combatir a los sublevados. Un poder que reflejaba la desconfianza de la población trabajadora hacia el gobierno, y también que reunía el conjunto de sus ilusiones y  esperanzas de emancipación. Con esta situación, se abría  una etapa de dualidad de poderes.

"...(el poder) de Azaña y Companys, era ya demasiado débil para desafiar la existencia del otro, a su vez, el otro poder, el del proletariado armado, todavía no era bastante fuerte, bastante consciente de su importancia como para prescindir de la existencia del otro" (91).

            Sin embargo, los comités revolucionarios, apoyados por los trabajadores, no estaban dispuestos a ceder el poder que habían ganado con las armas, contra los militares, y menos a un gobierno al que consideraban responsable por su pasividad, de la insurrección.

            La participación de las masas en las jornadas de julio fue completamente espontánea. La iniciativa de las direcciones de los partidos y sindicatos obreros fue muy limitada. La movilización surgió, principalmente, de los militantes de base de las organizaciones.

            Los dirigentes del PCE, de las diferentes fracciones del PSOE y de la UGT, centraban su actividad política en la subordinación al gobierno republicano. Esperaban que fuera éste el que tomara la iniciativa, y menospreciaban (como en el caso de la Izquierda Socialista) el peligro militar. En resumen, carecían de planes serios con los que enfrentarse a la sublevación.

            La CNT y la FAI, habían preparado en los últimos meses sus fuerzas para el enfrentamiento. Pero su sobrevaloración tradicional del espontaneísmo, que tantos fracasos sangrientos les  había deparado en los años anteriores, limitó el alcance de   sus iniciativas. A pesar de las reuniones locales realizadas en las semanas anteriores al 17 de Julio, el anarcosindicalismo carecía de un plan estatal. No existía ningún tipo de coordinación entre las diferentes agrupaciones territoriales. Lo que algunos historiadores han considerado ingenuidad de los dirigentes anarcosindicalistas, no era más que una falta de criterios claros sobre la situación. En este sentido,   resulta significativo, el rechazo mostrado por la mayor parte de los cuadros libertarios a la propuesta de García Oliver,  para formar un ejército de milicias, durante el Congreso de Zaragoza. Los prejuicios fueron más fuertes y se impusieron a la clarividencia del dirigente "anarcobolchevique" (92).

            La falta de claridad del anarcosindicalismo no fue solamente en las jornadas de Julio. La sobrevaloración del espontaneísmo, el desprecio por la estrategia y por el  análisis de la realidad, sustituidos por el voluntarismo de sus militantes, resultaría fatal para los libertarios en los meses siguientes, que acabarían dejándose arrebatar la iniciativa  por sus adversarios.

            La espontaneidad  y el voluntarismo revolucionario de las  bases suplió   la falta de organización de los partidos y de los sindicatos ante la sublevación. El ejército contaba con la disciplina, con sus pertrechos y su armamento, con un plan de combate cuidadosamente preparado, tenía además, a su favor, el elemento sorpresa y la  parálisis del gobierno.  Cabe preguntarse
¿cómo fue posible que unas masas mal organizadas y pésimamente armadas, pudieran vencer?. La participación de las escasas fuerzas que se mantuvieron leales a la República tuvieron su importancia. Nadie lo pone en duda. Pero  resulta inverosímil pensar que ellas, por si mismas, pudieran decantar la situación. Ésta no puede ser la explicación. Sólo el entusiasmo revolucionario de las masas, que habían participado en los combates, que habían paralizado el país con una huelga general, que habían colaborado en la construcción de barricadas y ayudado a los combatientes, podía suplir con creces las desventajas iniciales.

3.3 LA DUALIDAD DE PODERES EN CATALUNYA.

            En realidad, en los días posteriores a las jornadas de Julio, en Catalunya, no existió una auténtica dualidad de poderes. La autoridad política del gobierno de la Generalitat se había derrumbado sin apenas resistencia, frente a una multitud revolucionaria que,  armada, se había adueñado de las calles. La dualidad de poderes en Catalunya, aparecería posteriormente, después de que el proceso revolucionario quedase truncado por el rechazo de la CNT a tomar el poder.

            La mayoría de los cuadros dirigentes de la CNT y de la FAI se negaron a   aprovechar su triunfo para implantar el comunismo libertario, considerándolo en aquellas circunstancias, como una acción dictatorial, contraria a sus principios antiautoritarios. La Generalitat era impotente para extender su autoridad fuera de sus propias Consellerías, frente a la proliferación de los comités revolucionarios, que aparecerían, desperdigados, por toda Catalunya.

            Fruto del rechazo anarquista a tomar el poder, sería la creación del Comité Central de Milicias Antifascistas. Fue este organismo, verdadero poder territorial en Catalunya, el que simbolizó la dualidad de poderes  y su evolución. Las luchas internas que en él se desarrollaron marcarían el destino de los comités y por consiguiente, también el de la misma revolución en Catalunya.

            Sin embargo, las vacilaciones de los cuadros dirigentes de la CNT y de la FAI, y su renuncia al poder no siempre coincidiría con la actitud de sus propias bases. Frecuentemente las acciones de la militancia fueron por delante, y desbordaron, a sus dirigentes.

"(El gobierno de la Generalitat) en un intento de encauzar el ímpetu revolucionario de las masas, autorizó al consejero de Trabajo a que, por medio de la radio, diese cuenta de las disposiciones dictadas sobre rebaja de jornada, aumento de salarios y aprobación de bases de trabajo pendientes. Antes de publicarlas, estas disposiciones fueron puestas en conocimiento de delegados de las llamadas corporaciones económicas, llamados a la Generalitat tales como el Fomento del Trabajo Nacional, Cámaras de la industria y de la Propiedad, etc., a quienes el consejero de Trabajo les expuso lo que acababa de decirle el director de las minas de Suria. Todos los presentes estuvieron de acuerdo en todo y el representante de la Cámara de la Propiedad ofreció además la rebaja de alquileres".

"No obstante, durante el curso de la reunión se produjo un hecho, reiterado dos o tres veces, que dió al traste con la toma de responsabilidad que se había iniciado por parte de los representantes patronales reunidos con el Consejero de Trabajo, algunos de ellos fueron avisados de que no volvieran a sus casas, puesto que habían ido a buscarles grupos de paisanos armados. Ello representó la autodisolución de las corporaciones económicas" (93).
            Los representantes de la burguesía industrial catalana pronto comprendieron que las concesiones que estaban haciendo, para frenar el alud revolucionario eran completamente inútiles. Los trabajadores, dueños de la situación no olvidaban que la patronal había apoyado tradicionalmente la represión contra el movimiento obrer, y que numerosos patronos simpatizaban o habían apoyado directamente la sublevación militar. La detención del director de las minas de potasa de la población de Suria, por el comité revolucionario local, fue la señal para la desbandada.

3.4 EL ANARCOSINDICALISMO FRENTE AL PODER. EL NACIMIENTO DEL COMITÉ CENTRAL DE MILICIAS ANTIFASCISTAS DE CATALUNYA.

            Terminados los últimos combates, la CNT se había convertido en el árbitro indiscutible de la situación.El gobierno  de la Generalitat se encontraba completamente desacreditada frente a los trabajadores. El ejército, con la mayoría de sus oficiales y suboficiales, partidarios del golpe, había sido aplastado en los combate. Las unidades que se habían mantenido fieles a la República, habían sufrido el efecto boomerang y con el decreto Giral, prácticamente se habían disuelto. Los soldados, desertaban o se unían, contagiados por el entusiasmo popular, a los grupos de revolucionarios armados. La situación en las filas de la guardia civil y del resto de cuerpos policiales era similar. El gobierno autónomo catalán, completamente marginado por la oleada revolucionaria, carecía de los instrumentos necesarios para imponer su autoridad.

            Sin embargo, el presidente Companys, no estaba solo. Las organizaciones que formaban el Frente Popular (Front d'Esquerres en Catalunya), desbordadas por la situación, intentaban  reagrupase en torno a la Generalitat, buscando su supervivencia política ante un movimiento revolucionario que todo lo devoraba. Las fuerzas que apoyaban a Companys, significaban muy poco en aquellos momentos, para poder servir de contrapeso al anarcosindicalismo victorioso.

            Los partidos obreros catalanes del Frente Popular, el Partido Comunista de Catalunya (PCC), la Federación Catalana del PSOE, la Unió Socialista de Catalunya (USC) y el Partit Català Proletari (PCP), acordaron acelerar el proceso de unificación,  que estaba en marcha desde hacía varios meses. Así, sin ningún tipo de Congreso de las bases que lo sancionara y de forma completamente improvisada, nacía el 24 de Julio, el Partido Socialista Unificado de Catalunya (PSUC). El nuevo partido, de la misma forma que, poco antes lo habían hecho las Juventudes Socialistas unificadas (JSU), se adhirió a la III Internacional, estalinizada.

            Sin embargo, y pese al reagrupamiento producido, el Partido Socialista Unificado, poco podía contar en la nueva situación, frente a un movimiento revolucionario triunfante, que había desbordado al gobierno y que había empezado a construir, sus propios organismos de poder.

            El día 20 de Julio, Companys solicitó una entrevista con una delegación de representantes de la CNT y de la FAI.  Su intención era conseguir el apoyo del anarcosindicalismo, sin el que resultaba utópico iniciar la recuperación del poder perdido.

            La asamblea de la CNT-FAI, fue convocada el mismo día por la tarde, en los locales incautados a la patronal catalana, el Fomento Nacional del Trabajo (y que se habían convertido en la residencia de la Regional Catalana). El plenario fue organizado para discutir los resultados de la entrevista con Companys y la situación que se había abierto con la derrota de los militares. En él, pronto  se reflejaron las divisiones que existían latentes en el seno del anarcosindicalismo. Juan García Oliver, defendía la necesidad de proclamar el Comunismo Libertario y de "ir a por el todo", Diego Abad de Santillán se manifestaba partidario de la colaboración con el resto de fuerzas políticas que habían intervenido en la lucha. Entre ambas posturas, existía una intermedia, la de Manuel Escorza, que planteaba utilizar a la Generalitat para legalizar las conquistas revolucionarias, apoyándose en el aplastante predominio del anarcosindicalismo entre los trabajadores, para desprenderse de ella, cuando las circunstancias lo aconsejaran. La postura de Escorza, opuesta a la de Diego Abad de Santillán porque negaba  cualquier pacto con la Generalitat, consiguió el apoyo de la organización comarcal del Baix Llobregat. Finalmente, se decidió enviar una delegación para entrevistarse con Companys, y conocer cuales eran sus propuestas.

            En la entrevista, el presidente catalán adoptó una actitud astuta y prudente. Reconoció lo que era más que evidente, su derrota política y la victoria de los revolucionarios, para, seguidamente, poner su cargo a disposición de los triunfadores. La postura de ofrecer la dimisión de un cargo que había perdido toda autoridad política era más que un gesto patético, estaba cargada de intencionalidad política. Si los libertarios tomaban la actitud de ir a todo por el todo, la Generalitat y las organizaciones catalanas del Frente Popular no tendrían futuro. Si por el contrario, la CNT decidía colaborar, se ganaría el tiempo  necesario para preparar las condiciones que permitiesen a la Generalitat, recuperar el poder perdido.

"(Companys) realizaba una gran maniobra para salvar las instituciones del poder y con ellas la propia política..., (que) en aquel momento estaba vencida. Luis Companys salvaba las instituciones y salvaba , con ellas, su concepción ideológica. Fue iniciar un proceso de tiempo y de paciencia con todos los altos y bajos normales en un proceso como aquél, de recuperación del poder" (94).

            Los delegados de la CNT y de la FAI se negaron a comprometerse hasta que el Plenario Sindical decidiera. Companys los hizo pasar a otra sala, donde esperaban los representantes  del Frente Popular y el POUM. El presidente de la Generalitat propuso la formación de un Comité de Milicias Ciudadanas, para "encauzar la vida de Catalunya", y para organizar la lucha contra los insurrectos, en aquellos lugares donde éstos todavía no habían sido aplastados. La propuesta iba destinada a subordinar a los anarcosindicalistas al carro de su política. Sin embargo, la profunda transformación revolucionaria que se estaba desarrollando, iba a frustrar por el momento, sus planes.
A pesar de que los libertarios victoriosos retrocediesen frente al poder, iban a imponer su propia concepción de lo que debía ser el Comité Central de Milicias. El nuevo organismo iba a dirigir el poder durante los siguientes meses, asumiendo la dirección política, económica y militar de Catalunya, mientras que la Generalitat pasaría a ser un organismo simbólico, desprovisto de toda autoridad tangible.

            Poco antes de la entrevista con la delegación anarcosindicalista, el presidente Companys había realizado otra reunión similar con los representantes de las organizaciones del Front d'Esquerres (ERC, AC, UGT, Unió de Rabassaires , el Comité de enlace del nuevo PSUC) y con el POUM, (que mantenía una posición ambigua). En la reunión se acordó crear un gobierno de concentración, en el que se integrarían todas las organizaciones presentes. También se decidió la formación de milicias populares que serían las encargadas de sustituir al viejo ejército,  y que estarían dirigidas por el nuevo gobierno. Solo Andreu Nin estaría en desacuerdo con  estos planes. El secretario del POUM argumentó que sin el acuerdo de los anarquistas, verdaderos dueños de la situación, cualquier plan era irrealizable, y que por lo tanto,  habría que esperar su respuesta definitiva (95).

            El historiador, Stanley G.Payne, afirma que   los dirigentes de ERC y de la Generalitat evitaron el enfrentamiento con los anarquistas, pese a contar con "numerosas unidades locales de policía, así como regimientos de tropas también leales, con los que hubiesen podido contar" (96). Los datos en los que se apoya Payne, para basar sus conclusiones, son rigurosamente inexactos. En Catalunya, apenas  quedaban efectivos policiales, de la guardia civil o del ejército, leales a la República, sin sufrir los efectos de la contaminación revolucionaria, y que no hubieran acabado disolviéndose entre los combatientes obreros.  El gobierno de la Generalitat y el Front d'Esquerres, en aquellos momentos, difícilmente habrían encontrado efectivos disponibles para enfrentarse a los triunfadores de las jornadas de Julio. Companys rechazó la posibilidad, sugerida por Joan Comorera, de utilizar las nuevas milicias ciudadanas (que por otra parte, estarían integradas principalmente por militantes libertarios y poumistas) contra la CNT, consciente de que el combate sería demasiado desigual, para poder pensar en la posibilidad de éxito (97).

            El día 21, el Comité regional de la CNT acordó aceptar provisionalmente, la propuesta de Companys. Sin embargo, se reservaban el acuerdo sobre la participación de cada sector en el nuevo organismo, y aplazaban la respuesta definitiva al Plenario que debía realizarse.

            Contando con el apoyo de las organizaciones del Frente Popular y con la aceptación provisional de su propuesta de los dirigentes de la CNT y de la FAI, Companys consideró que podía dar un nuevo paso en la recuperación del poder. El mismo día, el Boletín Oficial de la Generalitat publicaba un decreto por el se creaban "las milicias ciudadanas, para la defensa de la República". Su jefe sería el comandante Enrique Pérez Farrás, que estaría subordinado al Conseller de Defensa, Lluis Prunés i Sato. El Comité de las Milicias Ciudadanas, propuesto por Companys a  la CNT, se revelaba como un simple organismo de enlace de las diferentes organizaciones antifascistas, que estaría subordinado a la  autoridad política de la Generalitat.

            En el Pleno de las Federaciones locales y comarcales, después de que la delegación que se había entrevisado con Companys, explicara el contenido de la entrevista, las posturas aparecidas en la primera asamblea volvieron a reaparecer de nuevo. La posición colaboracionista, defendida por Abad de Santillán, Federica Montseny y por otros militantes prevaleció sobre la de García Oliver y de la delegación del Baix Llobregat, que defendían la instauración inmediata del comunismo libertario y la liquidación del Comité Central de Milicias. La postura radical consideraba la aceptación de las propuestas de Companys como una claudicación, en un momento en el que las fuerzas revolucionarias habían alcanzado la victoria. Los colaboracionistas argumentaron que la implantación del comunismo libertario, en aquellos momentos, sería caer en la tentación dictatorial, que entraba en franca contradicción con los principios del anarquismo. Federica Montseny consideró que esta situación sería finalmente salvada por las mismas masas revolucionarias, desde la calle. La misma participación en el Comité Central era ya, en si, una concesión, y éste debería ser abandonada, tan rápidamente como las circunstancias lo hicieran posible (98).

            Diego Abad de Santillán  argumentó que la instauración del comunismo libertario solo serviría para desencadenar la intervención de las potencias imperialistas europeas. En esta situación, la participación en el Comité Central de Milicias solo podía tener efectos positivos para la CNT, sin perjuicio de gobernar desde la calle, pero sin caer en tentaciones dictatoriales (99).

            El áspero debate entre colaboracionistas e intransigentes terminó con la victoria de los primeros. Solo la agrupación del Baix Llobregat votaría a favor de la propuesta presentada por García Oliver de continuar el proceso revolucionario hasta las últimas consecuencias. El resto de las delegaciones asistentes, votaron por la colaboración en el seno del nuevo organismo de poder.

            Rudolf de Jong, en su excelente trabajo sobre el anarquismo y el doble poder en la guerra civil española, defiende la existencia de terceras vías que no fueron contempladas por los cuadros dirigentes de la CNT y de la FAI y que no presuponían ni la "colaboración democrática", ni la "dictadura anarquista". La de la participación y potenciación del desarrollo de la revolución "autogestionaria" que se estaba dando fuera del Comité Central y de la Generalitat, al margen  de los comités centrales de los partidos y de los sindicatos, en los comités revolucionarios, en las colectivizaciones que se desarrollaban por toda Catalunya y por todo el estado español. Esta opción implicaba también, acabar definitivamente, con el poder del moribundo gobierno catalán. Otra alternativa que de Jong valora, era la aceptación de la colaboración en el seno del Comité Central de Milicias, pero considerándolo como un organismo provisional, que debía ser reemplazado, en el momento en el que las circunstancias lo hubieran permitido, por otro nuevo, de tipo confederal, creado a partir del proceso revolucionario (100).

            Ambas posiciones son muy similares, y defienden la necesidad  de convertir los comités revolucionarios locales y las Juntas de poder territorial, en verdaderos soviets. La primera defiende la potenciación de los organismos revolucionarios que aparecían por todas partes. Sin embargo, el desarrollo de los organismos  revolucionarios sólo era posible por medio de la democratización y la ampliación sus bases sociales con la participación popular en su seno. El poder revolucionario de los comités locales sólo podía potenciarse mediante la coordinación y la estructuración territorial de éstos.

            La segunda opción que contempla de Jong, implicaba reemplazar el Comité Central, como organismo burocrático de enlace entre los diferentes partidos y sindicatos, por otro  organismo de naturaleza democrática. La democratización sólo era posible convirtiendo al Comité de Milicias en el organismo coordinador y representativo de la multitud de comités revolucionarios de ámbito  local que existían.

            Efectivamente, las alternativas contempladas por de Jong, nunca fueron consideradas seriamente por los libertarios.  Hacerlo hubiera implicado la potenciación de los comités, su democratización, el aumento el poder de decisión de sus bases sociales y por consiguiente, la liquidación definitiva del gobierno de la Generalitat. Ambas opciones empujaban, directamente, hacia la consolidación del poder revolucionario y  hacia la construcción de un pseudoestado, obrero. Esto hubiera significado la renuncia a uno de los dogmas más preciosos del anarquismo, el completo rechazo, a cualquier forma de poder estatal.

            Sin embargo, no parece que el problema que más preocupaba al sector colaboracionista, fuera el de los principios. Como muy bien observa de Jong, al combatir la propuesta de los intransigentes, los colaboracionistas olvidaban que, en el terreno de los principios, la dictadura anarquista estaba tan en contradicción con sus ideas como la colaboración en el seno del Comité Central de Milicias (101). El lenguaje y los argumentos, confusos y contradictorios, expresaban el profundo desconcierto que reinaba entre las filas anarcosindicalistas. Tanto la CNT, como la FAI, se encontraban desarmadas políticamente, para enfrentarse a los hechos que se estaban desarrollando. Toda la larga tradición de apoliticismo y de rechazo total a cualquier forma de poder, se volvía ahora contra ellos. Sin pretenderlo, y en circunstancias que ellos no esperaban (como acostumbra a pasar en la historia), tenían el poder en sus manos, un poder que no deseaban y con el que tampoco sabían que hacer.

            El anarcosindicalismo carecía de política ante el poder, y era la realidad, la que les obligaba a improvisarla. Es significativa la confesión que hizo, Helmut Rüdiger, representante en Barcelona de la AIT, frente a las críticas que  hacían los anarquistas extranjeros a la CNT española:

"Los que dicen que la CNT tenía que establecer su dictadura en 1936 no saben lo que exigen,... Entonces, la CNT debía tener un programa de gobierno, de ejercicio de poder, un plan de economía autoritariamente dirigida y experiencia en el aprovechamiento del aparato estatal... Todo eso no lo tenía la CNT, pero los que creen que la CNT debía realizar su dictadura tampoco poseen este programa ni para su propio país, ni para España. No nos engañemos: de haber poseído un semejante programa antes del 19 de Julio, la CNT no hubiera sido la CNT, sino un partido bolchevique. De haber aplicado semejantes prácticas en la revolución hubiera dado el golpe  mortal definitivo al anarquismo" (102).

            Careciendo de programa, los dirigentes de la CNT-FAI se negaron a tomar el poder y permitieron que la Generalitat sobreviviera, seguros de que su fuerza, impediría que el gobierno catalán recuperara su antigua autoridad perdida.

            Numerosos historiadores como Rudolf de Jong o Vernon Richards, ponen en duda la representatividad del Plenario que decidió la postura libertaria frente al poder (103). Aunque las bases libertarias no fueron consultadas, es difícil negar que los cuadros de la CNT-FAI, reunidos en aquel  Plenario representaban la sensibilidad de la mayor parte de la militancia, por lo menos en aquellos momentos de desconcierto. Las circunstancias del momento, difícilmente podían permitir la celebración de una Asamblea más democrática. Sin embargo esta falta de representatividad acabaría convirtiéndose en permanente. En aquellos momentos, tanto las bases como los cuadros dirigentes vivían todavía la euforia de las jornadas de Julio. Creían que la colaboración con Companys y con las organizaciones del Front  d'Esquerres, sólo sería un alto en el camino de la revolución y que no sería necesario romper su alianza con los partidarios de  la República. No se daban cuenta de que esta política acabaría ahogando a la misma revolución que pretendían defender.

3.5 LOS ÓRGANOS DEL PODER REVOLUCIONARIO. COMITES, PATRULLAS Y MILICIAS.

            Como consecuencia de las jornadas de julio, una verdadera explosión revolucionaria sacudió los cimientos en el territorio donde los militares habían sido derrotados. Una multitud de comités,  dispersos por toda la geografía, aparecieron en los pueblos y ciudades, y en los centros de trabajo.

            La mayor parte de la burguesía había apoyado o simpatizado  con el levantamiento militar. Entre los meses de Febrero y Julio, la fuga de grandes capitales y los cierres patronales, había sido la tónica cosntante. Sólo en los quince días anteriores a la sublevación militar, más de noventa millones de pesetas,  habían sido trasladados al extranjero. Poco antes de la sublevación, gran número de propietarios decidieron ausentarse de sus propiedades y trasladarse al extranjero, esperando que un desenlace victorioso para el ejército, disiparía el peligro revolucionario que el gobierno del Frente Popular había sido incapaz de detener. Con la derrota de los militares en la mayor parte de la península, gran numero de propietarios que todavía no habían huido, decidieron hacerlo, por temor a las posibles represalias.

            Los decretos del gobierno de Giral y de la Generalitat de Catalunya, cesando a los alcaldes y concejales de signo derechista, llegaron tarde. La mayor parte de los Ayuntamientos en todo el estado, habían dejado de existír. Habían sido sustituidos por los comités revolucionarios, que se habían revelado como los nuevos poderes locales.

            La deserción de la burguesía y de los funcionarios del aparato estatal provocó un verdadero vacío de poder, que  sería rapidamente ocupado por las organizaciones obreras. Los trabajadores ocuparon los Ayuntamientos, las fábricas, las minas y los talleres. Formaron sus propios comités que sustituyeron a las viejas autoridades republicanas, y se encargaron de reorganizar la producción y la vida cotidiana. 

            Los comités eran un reflejo de la profunda desconfianza que sentían los trabajadores hacia las autoridades republicanas, que habían permitido con su política, la sublevación militar.

"El pueblo... experimentaba un sentimiento de profunda desconfianza, que abarcaba todo y cegaba cualquier intento de organización. Lo triste es que tenía razón para tal desconfianza, porque todos los organismos de estado lo habían traicionado y los gobiernos, con sus errores, permitieron la realización del movimiento subversivo. Su desconfianza se presentaba bajo dos aspectos: uno, el que le producía la duda sobre la lealtad de los funcionarios del estado: y otro, el consiguiente a desconfiar, no de la lealtad, sino del acierto en las disposiciones que se dieron cuando estas se asemejaban a las del anterior régimen. Su rencor se extendía a todo lo pasado, instituciones y procedimientos; buscaba como Diógenes el ideal: aseguraban las libertades del pueblo y que éstas no fueran jamás abolidas, para lo que se trataba de inventar organismos nuevos que fueran perfectamente controlados y no pudieran incurrir en los defectos de los anteriores, ni producir nuevas traiciones".

"De ahí, la creación de comités, que no era otra cosa que el control que el pueblo establecía en todas las funciones estatales. No pretendía suplantar al gobierno; quería sencillamente vigilar sus actos..." (104).

            Felipe Diaz Sandino describió perfectamente, el sentido y la naturaleza de estos organismos revolucionarios, además de la conciencia que animaba a la mayor parte de sus bases sociales.

            Los comités pretendían defender las libertades populares y lo que es más importante, y Diaz Sandino no menciona, satisfacer las reivindicaciones históricas de la población trabajadora, que la República, durante cinco largos años se había negado a realizar.

            Aunque la génesis de los comités fué extremadamente heterogénea y compleja, el ejemplo de Lérida, ciudad controlada por  el POUM, es bastante representativo del proceso:

"La grande y la pequeña burguesía fueron separadas del ejercicio del poder; los partidos republicanos, genuinos representantes de la pequeña burguesía, fueron barridos de la plaza pública... Durante los primeros días, la constitución de la nueva ciudad revolucionaria quedó fijada. Una serie de comités obreros atendían las necesidades perentorias y controlaban todas las actividades (abastecimientos, transportes, ejército, seguridad revolucionaria, etc.). El POUM convocó una reunión de organizaciones sindicales. De esta histórica reunión salió pujante y fuerte un nuevo orden (sin ninguna relación con el gobierno de Madrid y el de la Generalidad de Catalunya)... La clase obrera ejerció su poder a través de tres organismos, independientes en su funcionamiento, pero estrechamente ligados en sus directivas. Partiendo del principio de que todo el poder emanaba de la clase obrera, ésta, por medio de las juntas de todos los sindicatos de la CNT, UGT, y de la FOUS (Sindicato dependiente del POUM), junto con la delegación de un solo partido, el POUM, se constituye en poder legislativo. Su misión era estudiar y fijar las normas sobre todos los problemas. La asamblea de las juntas de los sindicatos delega el poder ejecutivo en las personas de los comisarios de la Generalidad y Ordén Público y en el Comité Popular Antifascista. Este comité queda constituído por representantes de las mismas organizaciones sindicales y políticas de la asamblea. Dos representantes por organización. Su misión es cumplir las disposiciones acordadas por la Asamblea. Las dos comisarías tienen las funciones propias de su cargo. La de la Generalidad (dirigida por Joaquín Vila, militante de las UGT) se ocupa de cuestiones económicas, la del Orden Público (dirigida por José Robles, miembro del POUM) de la seguridad revolucionaria. La asamblea de los sindicatos establece el orden judicial... Crea el Tribunal Popular Revolucionario". (105).

            El poder político de las clases medias había sido expropiado por la revolución. Sin embargo, la voluntad de la población trabajadora y de las masas revolucionarias sólo llegaría a expresarse en la gestión del nuevo poder, de forma indirecta, a través de sus organizaciones tradicionales, los sindicatos y los partidos obreros, o lo que es lo mismo, a través del aparato de éstos.

            Los comités no sólo ejercieron las funciones de los gobiernos municipales abandonados, sino que fueron mucho más lejos en su tarea de llenar el vacío de poder. Los nuevos organismos revolucionarios actuaron como verdaderos gobiernos locales en las poblaciones donde habían aparecido. Se preocuparon del abastecimiento de víveres de la población. Crearon sus tribunales populares que se encargaron de administrar justicia.

            Formaron su propia policía, las patrullas de control o las milicias de retaguardia, que aseguraron el nuevo orden revolucionario. Formaron milicias de voluntarios, que se dirigieron a combatir a los sublevados, en aquellos lugares, donde éstos, habían triunfado. Los comités se encargaron de muchas otras funciones (sanidad, educación...). Confiscaron los edificios religiosos y las  propiedades de la burguesía, que había huido. Las propiedades confiscadas fueron utilizadas como cooperativas agrícolas, escuelas, guarderías, almacenes de víveres y de armamento, locales de las organizaciones políticas y sindicales, y para otras muchas funciones y servicios que eran necesarios para la comunidad (106).

            En algunas de las grandes ciudades, como Barcelona, aparecieron comités de barricada, descendientes directos de los  viejos grupos de defensa de  la CNT y de la FAI.   El conjunto  de estos comités se articularon en una verdadera federación. Se encargaron de administrar sus respectivas áreas de influencia, convirtiéndose en el único poder existente, en los primeros momentos de la revolución. En palabras de un periodista francés testimonio de los acontecimientos.

"... se ha hecho aquí con el poder. El gobierno civil es una figura simbólica, es un pálido girondino ante unos jacobinos, en comparación con los cuales, los nuestros, fueron simples aficionados" (107).

            De forma precipitada, se crearon tribunales populares que tuvieron que suplir las funciones del viejo aparato judicial. Los antiguos magistrados fueron relevados de sus puestos, mientras que los elementos más reaccionarios fueron detenidos y en algunos casos, fusilados. Los archivos judiciales y los registros de la propiedad fueron quemados y saqueados por la multitud. De esta forma, la multitud expresaba su odio hacia el viejo orden social.
            Los nuevos tribunales, formados con representantes de todas las organizaciones antifascistas, se encargaron de administrar, de manera improvisada, la nueva justicia.

            La nueva polícía revolucionaria, Las  patrullas obreras  de retaguardia se  encargaron de vigilar por la seguridad interna del nuevo orden social. Llevaron a cabo la represión contra los simpatizantes de la sublevación, y evitaron, en muchos casos los saqueos, los excesos y las venganzas personales, protagonizados por el lumpenproletariado y por algunos de los elementos revolucionarios más exaltados.

            Los nuevos organismos  aparecieron también en el interior de los restos de los viejos cuerpos policiales, los guardias de asalto, y la guardia civil (reconvertida rapidamente, en guardia republicana). Estos comités, creados a iniciativa de los  mismos guardias de base, se encargaron de la vigilancia y de la depuración de los elementos sospechosos de simpatizar con la sublevación.

            La práctica desaparición de cualquier sector del ejército,  fiel al gobierno y el fermento revolucionario que se estaba desarrollando por todo el país, fueron las causas de la rápida aparición de un improvisado ejército de voluntarios, dispuestos a terminar con los últimos reductos de los sublevados. Las estimaciones más ajustadas hablan de más de 100.000 milicianos en todo el Estado. La mitad de ellos pertenecían a los sindicatos de la CNT, 30.000 a la UGT, 10.000 al Partido Comunista, 5.000 al POUM (en su mayor parte, en Catalunya). A las milicias obreras se unió un contingente de 12.000 guardias de asalto, algunos centenares de guardias civiles, algunos miles de soldados y apenas 200 oficiales del antiguo ejército (108).

            El improvisado ejército de voluntarios en el que se constituyeron las milicias, se caracterizó por su igualitarismo, reflejo de los ideales de la revolución que estaban llevando a cabo. Se abandonaron los nombres de las antiguas unidades, los uniformes, el saludo castrense, el  código militar y todos aquellos rasgos que pudieran recordar al viejo ejército de castas que había protagonizado la sublevación. Los oficiales y suboficiales que carecían de privilegios y de distinciones que los diferenciara de la tropa, eran elegidos frecuentemente por ésta en asambleas de milicianos. Sin embargo, eran normalmente los altos mandos y los delegados de las organizaciones políticas y sindicales, los que hacían la elección de los mandos. Su autoridad sólo era utilizada en los combates.

            Indiscutiblemente, en ocasiones el afán igualitarista fué llevado, a extremos anecdóticos, y a menudo se dieron grandes dosis de ingenuidad. (109).Frecuentemente también se cometieron graves errores que limitaron la capacidad de los combatientes. Las   órdenes de los mandos eran a  menudo, discutidas en plenarios y en ocasiones, desobedecidas por los milicianos, si éstos no se mostraban en acuerdo.

            Los errores de las milicias serían utilizados por los partidarios de la reconstrucción del viejo ejército republicano, para denigrarlas. Sin embargo, hasta sus adversarios más decididos, tuvieron que reconocer que el avance de los sublevados solo pudo detenerse, durante los primeros meses, gracias a la acción de las milicias populares.

            La estructura del improvisado ejército revolucionario era, por lo general, profundamente democrática. En el Frente de Aragón, las asambleas de milicianos escogían a sus representantes, uno por cada veinte combatientes. Los delegados,  a su vez, formaban un Comité General de la agrupación, que era el  intermediario entre las asambleas y el Comité Ejecutivo.
            Este organismo rector era el encargado de llevar a cabo los acuerdos tomados por los milicianos. Las asambleas eran convocadas periodicamente para discutir y resolver los problemas a los que se enfrentaban. Los cargos eran responsables de su gestión ante la tropa que los había elegido y podían ser revocados en cualquier momento, si así lo decidían las bases.

            Los "Consejos de obreros y de soldados" aparecieron por iniciativa de la CNT y de la UGT, primero en Catalunya, para extenderse  rapidamente al resto del territorio "republicano". Estaban formados por delegados de las milicias y por representantes de los partidos y de los sindicatos que las integraban. Dirigieron el trabajo de vigilancia y depuración de los militares profesionales que se habían integrado en las milicias como asesores técnicos. Los revolucionarios veían en ellos, con razón o sin ella, a los representantes del viejo y odiado ejército, sospechosos de simpatizar con el enemigo. Los consejos de delegados se encargaron también de representar a los milicianos frente a los mandos.

            Es importante destacar la importancia obra de las milicias, al extender la revolución y sus conquistas, a las tierras recuperadas a los sublevados. Sólo de esta forma, podemos comprender, como las improvisadas milicias, "carentes de organización y experiencia militar, de armas y de mandos" pudieron enfrentarse con éxito a un ejército, que era claramente superior a ellas, en todos los aspectos convencionales.

"En efecto, carentes de organización y experiencia militares, de armas y de mandos, los obreros solo podían compensar este desequilibrio mediante el entusiasmo, y el entusiasmo no podía generarse por la idea de defender una República que había perseguido a buena parte del movimiento obrero y que había permitido que estallara la guerra civil. Ese entusiasmo, que debía ocupar el lugar del ejército, de las armas, de la experiencia militar, solo podía surgir de la convicción de que se defendía  la propiedad del pueblo, es decir, la revolución" (110).

            Apenas  acabados los combates, los sindicatos descombocaron la huelga general que había paralizado todo el estado. Era necesario recuperar  cuanto antes, la normalidad en los centros de trabajo, para poder suministrar lo necesario en los frentes de batalla. Los trabajadores encontraron cerradas las empresas y las industrias donde trabajaban. La mayor parte de los propietarios y de los técnicos habían huído.

"Aunque el día 20, lunes, todavía seguía la consigna de huelga general, los obreros se dirigieron a sus empresas. No sabían si a trabajar o a curiosear. Había en el aire de los barrios, la sensación de que las cosas eran distintas.

El martes 21. En la mayoría de las empresas grandes no estaba el dueño, ni los gerentes, a veces ni siquiera los ingenieros. Ahí, la inquietud se concretó. Si las empresas no funcionaban. ¿qué pasaría?" (111).

            La improvisación y la creatividad fueron la tónica general en los centros de trabajo.

"... cada industria, cada empresa, se puso a  funcionar  por simple  iniciativa  del propio proletariado, con todos los inconvenientes que se producen en las simples improvisaciones... ellos mismos, desconectados en los primeros momentos de sus propios sindicatos y de sus propios dirigentes ideológicos, se constituyen en asamblea, la cual escoge a quienes consideran más capacitados para poner en funcionamiento la empresa. Si esta requiere una dirección técnica muy especializada se va a buscar, si no se ha presentado, al elemento técnico que les merece más confianza y lo ponen como directivo máximo" (112).

            En numerosas ocasiones, los mismos patronos que no habían huido, fueron incorporados a los centros de trabajo como simples técnicos o trabajadores.

            La iniciativa de los comités partió, principalmente de los militantes de las organizaciones obreras, que serían seguidos por el resto de los trabajadores. En muchos casos fueron los antiguos comités de empresa, los que dirigieron la puesta en marcha de la producción. A pesar de las jornadas de julio, la producción apenas se interrumpió durante dos o tres días. Cuando se reinició el trabajo, todo volvió a funcionar como antes. A medida que la vida cotidiana se ponía en marcha, se registraba una actividad frenética de los sindicatos para coordinar a los comités, que pedían desorientados, asesoramiento e instrucciones.

            El anarcosindicalismo, por su peso en el movimiento obrero catalán, y su fuerte presencia en otras regiones del estado, jugó un papel fundamental. Los militantes de la CNT y de la FAI, empujados por la realidad, se vieron empujados a renunciar a sus principios de rechazo a cualquier forma de poder y acabaron  por convertirse en la fuerza principal que impulsó la creación de los comités. El poder estatal, rechazado en la cúpula por sus dirigentes, fué ejercido sin paliativos a nivel local por los militantes de base que no despreciaban las medidas autoritarias para consolidar su revolución.

"El Estado proletario brotaba poderosamente por todas partes, de las propias filas anarquistas" (113).

            Es  importante  destacar  la   absoluta espontaneidad del fenómeno revolucionario. Fruto de ésta, fué la gran variedad de nombres que adoptaron los comités, en las diferentes localidades. Los nuevos organismos  fueron la obra espontánea de las bases de los partidos, de los sindicatos, y también de gran número de trabajadores no afiliados, que decidieron sin esperar las órdenes de sus dirigentes, llenar el vacío político y enfrentarse a los graves problemas que se presentaban.

"En esas primeras semanas posteriores al 20 de Julio  ni siquiera los partidos y organizaciones controlaban a sus afiliados" (114).

            El carácter espontáneo de los comités y de su obra, pone en evidencia la profunda naturaleza anticapitalista de la revolución española frente a todos aquellos que prefieren reducirla a una simple guerra civil, o bien a una hipotética revolución democrática burguesa que solo fué rebasada por algunos sectores extremistas.

            Las organizaciones obreras carecían por completo, en los primeros momentos, de un programa político que les permitiera enfrentarse con la situación desencadenada.

"Los socialistas no lo aprovechan porque de hecho habían perdido su impulso revolucionario y se diluían en divisiones más o menos provocadas, por una demagogia a la cual les impulsaban otras formaciones proletarias; los comunistas tampoco no lo aprovechan porque su fuerza numérica aún era muy inferior y porque ya habían iniciado su evolución, marcada por Moscú, hacia un conservadurismo local, y los anarquistas porque, numericamente superiores solo en Catalunya y Aragón, no tenían una concepción clara de la forma de como tenían que hermanar su deseo revolucionario y su realización práctica" (115).

            Sin embargo no hay que caer en el error de considerar a los comités y su obra colectivizadora, como el reflejo de una plena conciencia revolucionaria de los trabajadores. La acción espontánea también fué una consecuencia del vacío de poder político (derrumbe de la República y de sus instituciones) y económico (huída de la burguesía). La reacción fué en  gran parte instintiva para la mayoría de los trabajadores. Sólo una  minoría organizada veía con claridad la meta final del proceso revolucionario que acababa de iniciarse.

            A menudo, los historiadores conservadores o simpatizantes del orden republicano, han atribuído a los comités revolucionarios, numerosos excesos, venganzas personales,... Sin lugar a dudas, algunos en ocasiones, fueron responsables de parte de los excesos perpetrados durante los primeros meses de la guerra civil. En toda revolución se liberan odios acumulados durante siglos de miseria y de explotación, y por lo tanto, va acompañada de excesos inevitables. Juzgar la obra de los comités por estos hechos, significaría disimular la represión fría y planificada que llevaron a cabo sus adversarios, tanto en el bando republicano, como en el franquista Significaría también minusvalorar, pese a los errores cometidos, los importantes éxitos conseguidos en la improvisada puesta en marcha de la economía en el bando "republicano".

            Los excesos se produjeron en los momentos de desorden y de vacío de poder. La espontaneidad del fenómeno y el hecho de que no existiera ningún órgano del poder revolucionario que centralizara y coordinara las actividades de los comités, fué una de las causas de los posibles excesos de violencia que se pudieran dar.

            Los comités, aparecidos al calor de la derrota del ejército  y del derrumbe del poder del poder republicano, se formaron por lo general, con los militantes de las organizaciones obreras que contaban con mayor popularidad entre la población. Victor Alba da un importante testimonio sobre los procedimientos que se siguieron en la elección de los delegados de los comités.

 "fué una selección hecha por la base, sin formalidades, aunque a veces se designaron en asambleas, por una especie de concenso. Solo en localidades grandes se recurrió a asambleas con elecciones, más o menos democráticas, para seleccionar a los miembros de los comités. No faltaron los lugares donde fueron los comités de cada organización quienes hicieron las designaciones" (116).

            Al contrario de lo que parece afirmar Victor Alba, la democracia interna de los comités era inversamente proporcional a la importancia de las poblaciones. En las grandes ciudades, el peso de la burocracia de las organizaciones obreras se hizo sentir, en detrimento de la democracia.  Eran los dirigentes, los que por medio de negociaciones y pactos con las demás fuerzas políticas y sindicales, escogían a sus representantes.

"Rara vez los comités ratificaron su composición mediante un voto más amplio, en los días que siguieron a su designación... de hecho, la <<base>> no ejerció un dominio verdadero más que sobre los comités de pueblo o de empresa. En el escalón superior, la voluntad de las organizaciones fué preponderante" (117).

            La democracia en los comités se relegaba a las poblaciones de menor tamaño y a los centros de trabajo. A menudo, los delegados de los comités fueron elegidos en asambleas abiertas, por  los miembros de la comunidad o del centro de trabajo. La proximidad entre los delegados y sus bases, hacía que éstos últimos ejercieran un control directo sobre la gestión que realizaban sus representantes. A menudo, los asuntos más importantes eran discutidos en asamblea por la comunidad y no  sólo por los delegados del comité. En la composición de los comités se cuidaba con frecuencia, que las minorías estuvieran representadas.

"La mayoría de los comités eran elegidos democráticamente por los trabajadores, milicianos, marinos y campesinos, sin distinción de tendencias, realizándose así la democracia proletaria..." (118).

            Los comités, a pesar de ser elegidos generalmente en asambleas, no representaban  la opinión real de los trabajadores, sino que reflejaban la correlación de fuerzas que existía entre los sectores más avanzados que estaban organizados en los partidos y en los sindicatos (119). Muchas de estas características hacen que  éstos deban ser comparados, no con los soviets rusos de 1917, sino con las Juntas revolucionarias españolas del siglo XIX (120).



COMPOSICION DE LOS COMITÉS EN DIFERENTES POBLACIONES DE CATALUNYA (Datos de Cesar M.Lorenzo) (121).

VICH: 2(CNT),1(FAI),1(ERC),1(UGT),1(POUM),1(UdR).
VALLS:5(CNT),2(ERC),2(USC)1(UGT),1(POUM).
BADALONA:2(CNT),2(FAI),1(ferroviarios CNT),1(PS),1(PC),
         1(UGT),1(UdR),1(AC),1(Estat Catalá),2(ERC),1(POUM).
GARRIGUELLA:1(CNT),1(POUM),2(ERC).
CABANES: 3(CNT),1(POUM),1(ERC),2(Ayuntamiento).
VILLAJUICA:1(CNT),1(ERC),1(UdR),1(Ayuntamiento).
AGULLANA:2(CNT),2(UGT),2(POUM),1(ERC).
PONTS DE MOLINS:4(CNT),4(ERC), más el alcalde, liberal.
ROSAS: 4(CNT),3(ERC).

            Los comités-gobierno eran los herederos de las Alianzas Obreras que habían protagonizado los hechos de Octubre de 1934, y como éstas, arrastraba las mismas limitaciones. Los nuevos organismos, de la misma forma que las viejas Alianzas, eran fruto del acuerdo entre los diferentes partidos y sindicatos, y por lo tanto tenían el mismo funcionamiento "burocrático" que aquellas.
Sin embargo, la debilidad política de los comités era mayor. Las Alianzas Obreras locales habían tenido su representación jerárquica en las Alianzas regionales o nacionales, existía un verdadero vínculo directo entre ellos. Los comités revolucionarios en cambio, se encontraban dispersos, sin ningún tipo de relación con las Juntas que representaban el poder territorial. Las directrices políticas  de éstas últimas, sin ningún tipo de relación jerárquica, chocaban con frecuencia con la oposición de los comités locales y sólo se transmitían a través de los militantes de las organizaciones que estaban presentes en ambos organismos.

            Los comités no mantenían estrictamente la condición clasista que habían defendido las Alianzas Obreras. Frecuentemente, los partidos republicanos  o militantes destacados de éstos, tenían su representación en los comités, en las localidades donde estaban implantados. La condición interclasista era una consecuencia lógica del pacto que se había realizado en la cúpula, por las direcciones de las organizaciones obreras con el gobierno y con las organizaciones republicanas.

            A pesar de la dispersión de los comités, la existencia en muchos casos de coordinadoras comarcales o cantonales, confirman la existencia de una tendencia de los trabajadores a constituirse espontaneamente en un poder revolucionario de tipo soviético o asambleario. Fué la incomprensión de las organizaciones que se reclamaban de la revolución, especialmente la CNT y en mucha menor medida el POUM, sobre la naturaleza y el papel de los comités en la revolución, la que impidió que estas coordinadoras establecieran su representaciòn y su control sobre los organismos de poder territorial.

            La falta de una organización que estuviera dispuesta a llevar a cabo la estructuración de los dispersos comités, en un verdadero estado obrero, llevó a muchos de éstos, a convertirse en verdaderos cantones casi independientes. Cada comité de pueblo o de suburbio se convirtió en el responsable de sus propias acciones y fué muy difícil establecer algún tipo de unidad orgánica o de coordinación. Sin embargo, la causa de las dificultades para someter a los comités a una autoridad superior, residía en la escisión creciente que existía entre éstos y las Juntas territoriales, cada vez más subordinadas a la autoridad en vías  de recuperación del gobierno de la República.

            El fenómeno de los comités revolucionarios que surgió en todo el territorio "republicano", no tuvo un carácter homogéneo. Su implantación, el radicalismo de su obra, sus relaciones con las autoridades gubernamentales  y con las Juntas territoriales, dependió en gran manera de la correlación de fuerzas existente en cada una de las zonas del estado. La falta de un organismo centralizado que se convirtiera en la cúspide del poder de los comites, fué también una de las causas de su gran heterogeneidad, tanto en la forma, como en su funcionamiento.

            El caso de Euskadi es perfectamente ilustrativo. La fuerza del nacionalismo burgués fué un obstáculo insalvable para que los comités-gobierno se multiplicaran y se consolidaran como un verdadero poder alternativo. En ocasiones, bajo el nombre de los comités, siguieron subsistiendo los viejos Ayuntamientos. La hegemonía aplastante del Partido Nacionalista Vasco impidió la realización de las expropiaciones. Las propiedades de la burguesía vasca fueron respetadas. (Este tipo de comités, escasamente desarrollados como órganos embrionarios del nuevo poder revolucionario, hizo su aparición también en otros territorios del estado, como en Extremadura).

            En Asturias, la industria, el comercio y los servicios quedaron socializados. La producción estuvo bajo control de los  consejos obreros y de los sindicatos, mientras que su dirección  quedaba en manos  de las Juntas territoriales de Gijón y de Sama de Langreo. Los comités de empresa se limitaron a controlar la producción en los centros de trabajo, bajo la influencia socialista, tradicionalmente mayoritaria en la región (122). (El ejemplo de Asturias, con sus propias variantes, se desarrolló en algunas zonas de Andalucía y en toda Catalunya).

            Otro ejemplo característico fué el caso de Madrid, donde la dispersión fué la tónica dominante. Cada partido, cada sindicato, tenían sus propios comités, su propia policía, sus  milicias, sus tribunales y sus prisiones. Cada organización funcionaba en la práctica como un microestado, en convivencia con lo que quedaba del estado central.

            Es difícil analizar la conciencia de las masas en plena situación revolucionaria, sin caer en los tópicos tradicionales. A menudo, unos ensalzan el grado de conciencia, hasta convertir a los trabajadores, en revolucionarios completamente conscientes de las circunstancias y perspectivas de la obra que habían iniciado. Otros los convierten en una masa dócil, dirigida y manipulada por una pequeña minorìa de conspiradores. La conciencia de las masas, en medio de un proceso revolucionario, es algo infinitamente más complejo, que cualquiera de los esquemas simplificadores. Los grados de conciencia varían hasta el infinito. Desde los sectores más atrasados de los trabajadores, que inician su incorporación al proceso de transformación social, hasta los que constituyen su vanguardia organizada en los partidos y sindicatos:

"Sin embargo, en el curso de una revolución, la conciencia de clase, es el proceso más dinámico que puede darse, el que determina directamente el curso de la revolución" (123).

            Las clases populares, el proletariado urbano, el campesinado pobre (jornaleros, pequeños propietarios) y la pequeña burguesía urbana mantenían una serie de reivindicaciones históricas que hasta el momento, no habían sido satisfechas. La  monarquía de Alfonso XIII, y la dictadura del general Primo de Rivera habían sido un obstáculo. La República había sido recibida por la inmensa mayoría de la población, salvo por una pequeña minoría de grandes propietarios, con inmensas esperanzas. Sin embargo, cinco años después, la República, poco o nada había hecho para satisfacerlas.
            Las ocupaciones de tierras, las huelgas generales o parciales, por motivos económicos, políticos o solidarios, realizadas entre los meses de Febrero y Julio de 1936, reflejan el creciente descontento y la  desconfianza  que existía hacia los métodos legales o parlamentarios. La masividad de estas movilizaciones nos permiten afirmar que la conciencia del proletariado y del campesinado, reflejaba confusamente estos deseos de liberación social. La República los había defraudado. Las escasas reformas que se iniciaron durante el período de la coalición republicano socialista, habían sido anuladas durante el bienio negro, en el que había gobernado la reacción derechista.

            La sangrienta  represión de Octubre de 1934 había sacudido los cimientos de la conciencia de los trabajadores. 

            Paradójicamente, esta última había dado la victoria electoral,  en el mes de febrero de 1936, a un moderado Frente Popular que prometía la amnistía   para los represaliados por el gobierno derechista, pero que defendía un programa conservador que no respondía a  las reivindicaciones históricas de la población. Cuando las masas llegaron a impacientarse por las duras condiciones de penuria en las que sobrevivían, pasaron a utilizar la acción directa. Las autoridades republicanas izquierdistas del Frente Popular, reprimieron sin contemplaciones las movilizaciones, en nombre del sagrado principio de la propiedad.

            Las jornadas revolucionarias de Julio, desencadenaron en Catalunya y en toda España, las profundas aspiraciones de liberación de las clases populares. Después de haber participado en los combates callejeros, o de haber apoyado a los que lo hacían, no estaban  dispuestos a confiar en un gobierno totalmente desprestigiado,  que carecía de sus cuerpos policiales y de su ejército, a los cuales poder recurrir para imponer su autoridad.
            Durante el período revolucionario, los comités y su obra actuaron como un verdadero catalizador en la conciencia de los trabajadores.

"El hombre común tuvo pues, la impresión de que no  sólo era el amo de las empresas abandonadas, sino también de las instituciones municipales o privadas abandonadas o paralizadas" (124).

            Podríamos añadir que también empezaba a serlo de su propio destino. En el campo y en la ciudad, muchos trabajadores presentían, en la derrota de los militares y en la huida de los odiados patronos, su oportunidad histórica para liberarse de tantos siglos de explotación. Aquella que tanto habían prometido los dirigentes de sus organizaciones. Los jornaleros en el campo vieron la posibilidad de acceder, de forma individual o colectiva, a la propiedad de la tierra. Sin embargo es importante destacar que gran parte del campesinado pobre, escogió la via de la explotación colectiva de las propiedades, superando el tradicional individualismo campesino. Sin lugar a dudas, el tradicional arraigo del anarquismo en muchas zonas rurales, fué un factor decisivo en la aparición y desarrollo de esta conciencia socialista agraria. Fué el instinto revolucionario, el que  convirtió a los trabajadores en los artífices de los comités revolucionarios y de su obra: las colectivizaciones.

            Aunque los comités se convirtieran en verdaderos embriones del estado obrero, esta idea no estaba claramente definida en la conciencia de sus bases sociales. Con ellos, los trabajadores pretendían cubrir el vacío de poder dejado por el derrumbe de las autoridades republicanas, solucionar sus problemas históricos y también sus necesidades más inmediatas.

" (Lo que quería la clase obrera) era tener el salario asegurado, en ausencia de quien tradicionalmente lo pagaba. Buscó esta seguridad, no en medidas gubernamentales, sino en sus propias medidas. Los obreros, de momento, no pensaron en ejercer este poder que les daba el tener armas y el haber ganado las jornadas más que en una cuestión, la de asegurarse el salario del sábado siguiente" (125).

            Desconfiaban de las autoridades republicanas que habían permitido con su política, que estallara la sublevación militar.
Cumplían sus más profundos deseos de satisfacer sus reivindicaciones históricas. Pero, salvo su vanguardia organizada, la mayoría de los trabajadores no eran completamente conscientes de la incompatibilidad que existía entre los comités, su obra y el estado republicano en ruinas que pugnaba por resurgir, y con el que habían pactado y  colaboraban sus direcciones políticas y sindicales.

            La pequeña burguesía urbana, junto a importantes sectores del campesinado (pequeños y medianos propietarios), vieron con agrado la caída del gran capital que los había condenado inexorablemente a la ruina. Los pequeños propietarios agrícolas  veían en la situación revolucionaria, la oportunidad para desembarazarse del pesado yugo de los grandes terratenientes. Sin embargo, la pequeña  burguesía también veía con recelo y temor a los trabajadores y sus posibles excesos expropiadores. Las clases medias adoptaron en muchos casos, una actitud neutral o de tímido apoyo a la revolución que se acababa de iniciar. No estaban dispuestas a arriesgar su vida oponiéndose a la revolución.

            El verbalismo izquierdista de los socialistas, sus divisiones internas y su desconcierto frente a los hechos, los incapacitaba para convertirse en una verdadera alternativa para las clases medias. Fué el PCE-PSUC con su política audaz y decidida, en defensa de los intereses de estos sectores sociales, quién recogió en los meses posteriores, su apoyo. La táctica que iban a seguir los revolucionarios iba a ser preciosa para decidir hacia qué lado iban a decantarse las clases medias, y por lo tanto, en gran parte, cual iba a ser el destino de la misma revolución.

            El funcionamiento de los comités revolucionarios, verdaderos embriones de estado  obrero y la reorganización   autogestionaria de la producción en los centros de trabajo, hizo que los obreros y el campesinado pobre creyeran que había llegado la hora de la nueva sociedad. Sólo esta nueva conciencia liberadora y revolucionaria puede explicar el entusiasmo, el arrojo y la improvisación con la que se enfrentaron, no sólo a los militares sublevados, sino también a los retos que presentaba la nueva organización de la producción y de la vida cotidiana en general.Los comités revolucionarios estuvieron formados, principalmente, por militantes socialistas, anarquistas y comunistas.

            La hostilidad o la incomprensión con la que sus direcciones políticas se opusieron a su obra y el hecho de que no existiese ninguna organización que apoyase con claridad, la vocación estatalista de los comités, hizo que éstos acabaran subordinándose, no sin oponer resistencia, a las autoridades republicanas. Aunque los trabajadores se aferraran a sus comités y desconfiaran de los llamamientos al desarme de la retaguardia, no podían oponerse indefinidamente, sin tener que enfrentarse a los dirigentes de sus propias organizaciones.

            Socialistas y comunistas oficiales en nombre del Frente Popular, pronto se mostraron partidarios de disolver los comités y de reconstruir las instituciones republicanas. El hecho de que los trabajadores se empeñaran tercamente en no abandonar lo conquistado, cuestionaba su proyecto de construcción de una "democracia avanzada", que había sido superada por gran parte de la población.

            Los nuevos organismos revolucionarios, formados en muchos casos por militantes de estas organizaciones, actuaban frecuentemente por su propia cuenta, al margen de las directrices  de sus direcciones políticas. A menudo, sus líneas de acción entraban en abierta oposición.

"... donde militantes socialistas y estalinistas hacían prácticamente la revolución, mientras  sus   dirigentes predicaban la democracia  burguesa y preparaban la reorganización del Estado" (126).

            Las aspiraciones de los trabajadores y del resto de las clases populares, estaban simbolizadas por el poder de los comités y se hicieron realidad en la obra de éstos. Sin embargo no fueron recogidas, por diferentes razones, por las organizaciones que los representaban.

            Unos se empeñaban en volver a la situación anterior a Julio, que había demostrado hasta la saciedad, sus límitaciones insalvables. Al liquidar las conquistas revolucionarias, consideradas como "excesos" de los trabajadores, manipulados por "extremistas", introducían la desmoralización entre las masas revolucionarias y, simultáneamente, debilitaban el suelo político en el que se apoyaban,   facilitando el avance de la reacción militar.

            Otros no comprendían que la dinámica revolucionaria de  los comités estaba muy lejos de sus esquemas tradicionales, y esto los incapacitaba para llevarla hasta sus últimas consecuencias. Sacrificaron la revolución, poco a poco, en nombre de una ficticia unidad antifascista, que la iba socavando, a medida que iban siendo desmanteladas las conquistas revolucionarias y reconstruido el viejo aparato estatal.

"Sabíamos que no era posible triunfar en la revolución si no se triunfaba antes en la guerra, y por la guerra lo sacrificábamos todo. Sacrificábamos la revolución misma, sin advertir que ese sacrificio implicaba también el sacrificio de los objetivos de la guerra" (127).

            La imposibilidad de los comités-gobierno para convertirse en verdaderos soviets, es decir, en las células del nuevo Estado Obrero, no puede ser atribuida a la rápida restauración del poder republicano. Esto sería una cuestión secundaria. La República, al fin y al cabo, pudo reconstruirse gracias al apoyo  prestado por las organizaciones obreras, y por consiguiente, también por su negativa a convertir a los comités en los cimientos de la nueva sociedad revolucionaria. El poder de los comités se oponía directamente al de las instituciones republicanas. Ambas se excluían mutuamente. El apoyo al gobierno, por lo tanto, tenía que combinarse con la hostilidad, más o menos abierta, hacia los comités. Ningun partido o sindicato se mostró dispuesto a estructurarlos y coordinarlos. Elementos que eran indispensables, para que la dualidad de poderes evolucionara en un sentido revolucionario.

            La inexistencia de una organización que comprendiera el verdadero papel de los comités, sería la causa de que éstos no  llegaran a convertirse en verdaderos soviets, similares a los que habían aparecido en las revoluciones rusas de 1917 y 1905, o en la fracasada revolución alemana de 1918.

"Para que los comités hubiesen podido llegar a convertirse   en verdaderos soviets, hubiese sido necesario que en uno o en otro momento, hubiesen dejado de estar integrados por dirigentes de las organizaciones, designados o elegidos, para convertirse en organismos elegidos y revocables en los cuales operase democráticamente la ley de la mayoría, y no la regla de los acuerdos de las altas esferas del partido" (128).

            En resumen, los comités-gobierno no llegaron a convertirse en soviets, no porque existiera alguna particularidad de la revolución española, o por la tradición y arraigo de los sindicatos en el movimiento obrero de este país. Al fin y al cabo, los rätes alemanes, de naturaleza similar a los soviets rusos, o a los comités revolucionarios españoles, partían de un movimiento obrero que contaba con poderosas organizaciones sindicales y partidarias y con una tradición mucho más vasta que la española. Los organismos de naturaleza soviética no existieron en la revolución española, porque no hubo ninguna fuerza dispuesta a promoverlos.

            La incapacidad de los comités-gobierno, fué también la causa de su decadencia y disolución posterior:

"Así también, poco a poco, los comités dejaron de ser verdaderos organismos revolucionarios, por no haberse transformado en expresión directa de las masas sublevadas. Se convirtieron en <<comités de alianza>>, en los cuales la acción de los obreros y de los campesinos, a medida que nos alejamos de las jornadas revolucionarias y del ejercicio del poder en la calle, por los trabajadores en armas, se dejó sentir cada vez menos, y en los cuales, por el contrario, la influencia de los aparatos de los partidos y de los sindicatos se volvió preponderante" (129).


3.6 EL PERÍODO DE DOBLE PODER EN EL RESTO DEL ESTADO

            Numerosos historiadores y políticos han catalogado a la revolución española, como la más profunda acaecida en el siglo XX, después de la del Octubre ruso. Su gran originalidad residió, sin duda  alguna, en que su carácter insistentemente socialista, se dio de forma independiente de las fuerzas políticas que intervinieron en ella.

            La dualidad de poderes, durante los primeros meses de la guerra civil,   estuvo centrada en la oposición existente entre el poder de los comités-gobierno locales y el de las direcciones de las organizaciones obreras que formaban parte del Frente Popular. La revolución española tenía sus propias singularidades.
            El gobierno de Giral y la Generalitat de Companys sólo se representaban así mismos. La burguesía urbana y agraria los había abandonado refugiándose en el bando franquista. Las clases medias, o bien se mantenían aparentemente neutrales o se agrupaban en torno al PCE-PSUC, que demostraba ser mucho más audaz en la defensa de sus intereses, que los agonizantes partidos republicanos.

            Por lo tanto, sería incorrecto afirmar que la dualidad de poderes estaba situada entre las instituciones gubernamentales republicanas y los comités revolucionarios. El falso argumento se apoya en el hecho circunstancial de que en el gobierno, estaban representadas exclusivamente las organizaciones republicanas, y que eran apoyadas desde el exterior por las organizaciones obreras del Frente Popular. La afirmación tiende a sobrevalorar a un gobierno republicano que había perdido toda su autoridad política ante la población, y que mantenía un raquítico poder, que le era concedido por la gracia de las organizaciones obreras (130).

            Como en Catalunya, también a nivel estatal se produjeron cambios revolucionarios profundos. Sin embargo, el período de dualidad de poderes sería mucho más corto e inestable. Las principales diferencias entre ambas dinámicas revolucionarias hay que buscarlas en dos factores: El proyecto político de las organizaciones obreras mayoritarias en ambas zonas era distinto y el hecho de que Catalunya contara con el proletariado más concentrado, mejor organizado y con la mayor tradición de lucha de todo el estado.

            El anarcosindicalismo, fuerza hegemónica en Catalunya, carecía de un programa político adecuado para enfrentarse con éxito a la compleja situación que se estaba desarrollando. Los cuadros dirigentes de la CNT y de la FAI, mantenían una larga tradición antipolítica y antiestatalista que les impedía comprender la verdadera naturaleza de los comités-gobierno. Pero  el anarcosindicalismo necesitaban apoyarse en éstos para   mantener su hegemonía frente a los partidarios mantener la revolución en los límites de la revolución democrática. En Catalunya, los partidos y sindicatos obreros que integraban el Frente Popular, eran claramente minoritarios. Fuera de la CNT, solo el POUM contaba en aquellos momentos con una implantación significativa en Catalunya, y éste también se apoyaba en la autoridad de los comités.

            Las direcciones de las diferentes fracciones  del PSOE y de la UGT, organizaciones mayoritarias fuera de Catalunya, tenían en común, a pesar de sus diferencias políticas, su adhesión al Frente Popular. Caballeristas y prietistas eran partidarios de terminar cuanto antes con el poder de los comités, para reconstruir el estado republicano.

            La profundidad de la revolución en el resto del territorio "republicano", era similar a la que se estaba desarrollando en Catalunya, pero los obstáculos eran mucho mayores. La principal diferencia entre  los dos procesos revolucionarios, estaba en su dinámica. Los comités en el resto del estado, se estrellaron con la hostilidad, más o menos abierta, de los dirigentes de la mayoría de los partidos y sindicatos,  y declinaron rápidamente.

            Con la decadencia de los comités-gobierno, decayeron también gran parte de las conquistas conseguidas en el primer período de la guerra y de la revolución.

            Durante los meses que existió el período dual, el poder revolucionario estuvo indiscutiblemente, ligado al auge y a la decadencia de los comités.

"...el destino de la revolución española de 1936-1939 estuvo estrechamente vinculado a la formación, despliegue y decadencia de los comités en los meses de guerra" (131).

3.7 LAS JUNTAS TERRITORIALES.

            Por encima de los comités-gobierno que aparecieron en los pueblos,   en las barriadas de las ciudades y en los centros de trabajo, se formaron una serie de organismos territoriales en todas las zonas de la península donde los militares habían sido derrotados. El Comité Central de Milicias Antifascistas de Catalunya, del que hablaremos en otros capítulos, fue el exponente más completo de esta clase de organismos de poder.

            Una de las principales características que presenta el fenómeno de las Juntas territoriales, es la inexistencia de un poder unitario y centralizador en todo el territorio republicano. Durante los meses siguientes a las jornadas de julio, el gobierno republicano en proceso de reconstrucción, tuvo que disputar, palmo a palmo, el poder político a las Juntas territoriales, hasta conseguir someterlas y disolverlas posteriormente para sustituirlas por sus propias instituciones restauradas.

            Las causas del renacimiento de esta expresión del viejo cantonalismo, hay que buscarlas en la histórica falta de desarrollo y articulación de las estructuras estatales españolas. 
            El derrumbe del estado central republicano daría paso, no a una nueva forma de estado, sino a diversos gobiernos regionales o territoriales, semi-independientes y sin apenas relación entre si.  No hay que olvidar que esta conciencia cantonalista ya había impregnado profundamente a las mismas organizaciones del movimiento obrero español, que tradicionalmente, se habían reivindicado, en mayor o menor grado como federalistas. La "deficitaria" conciencia nacional española fue descrita magistralmente por Gerald Brenan:

"España es el país de la <<patria chica>>...un hombre se caracteriza por su vinculación a su ciudad natal o, dentro de ella, a su familia o grupo social, y sólo en segundo lugar a su patria y al Estado" (132).

            A nivel jerárquico, el vacío de poder provocado por el derrumbe de las instituciones republicanas fue rápidamente ocupado por las Juntas territoriales, que tuvieron que encargarse,  con la urgencia que la situación requería, de los graves  problemas que se presentaban, en medio de una guerra civil. Se crearon comisiones que se encargaron de dirigir y gestionar los servicios y las funciones específicas que anteriormente habían estado en manos del Estado (Abastecimientos, economía, enseñanza, seguridad, Justicia,...). Sin embargo y  de la misma forma  que los comités revolucionarios locales, nunca adquirieron alcance nacional. Se limitaron a ejercer su autoridad en los territorios en los que habían aparecido, sin que existiera ninguna tentativa de coordinación y de enlace. El hecho de que la mayor parte de las organizaciones obreras fueran partidarias del mantenimiento del gobierno republicano y de los acuerdos del Frente Popular explica la inexistencia de tentativas de coordinación entre ellas. Las Juntas territoriales nunca se convirtieron en un verdadero Estado, ni se vincularon directamente a los comités locales, por la razón de que tampoco pretendían suplantar a la República.

            Algunos historiadores parecen considerar que  los poderes regionales se formaron a partir de los comités locales.

"A partir de los comités locales  se organizaron en los días que siguieron al aplastamiento de la rebelión armada, los poderes regionales" (133).

            El origen de las Juntas territoriales no estuvo en la   multitud de comités-gobiernos de carácter local que existían, sino en los pactos y negociaciones que se dieron entre las direcciones de las diferentes organizaciones obreras y republicanas.

            Los miembros de las Juntas territoriales, representaban a los organismos dirigentes de los distintos partidos y sindicatos, y sólo eran responsables ante ellos. La falta de democratización  interna de éstas no es sólo atribuible a las circunstancias de la guerra, sino también a la concepción burocrática que de ellas tenían los dirigentes de las organizaciones que las conformaban. Desde este punto de vista, las Alianzas Obreras territoriales que se habían desarrollado durante 1934 habían sido un precedente de las Juntas territoriales, es decir, como organismos de enlace de las diferentes organizaciones.

            Para los partidos y sindicatos obreros del Frente Popular, los comités locales y las Juntas territoriales eran un mal menor que había que aceptar, pacientemente, mientras se reconstruía el estado. Al fin y al cabo, ocupaban el espacio  político que habían dejado las desaparecidas instituciones republicanas e impedían que la zona republicana se hundiera en el caos y en  el vacío total de poder. Defender la democratización de los organismos revolucionarios, su articulación de abajo a arriba, hubiera significado consolidar una revolución en la que no creían  o de la que eran decididos adversarios.

            En el espectro ideológico izquierdista, se situaban la CNT, la FAI y el POUM. Las organizaciones anarcosindicalistas consideraban que la democratización de las Juntas territoriales era innecesaria. Para ellos, eran tan solo organismos de frente único con el resto de grupos antifascistas. Para los libertarios los comités locales   y las Juntas territoriales eran organismos extraños a su concepción de revolución anarcosindicalista. En el  Congreso de Zaragoza, pocos meses antes, la CNT se había definido por una sociedad libertaria, que estaría basada en los sindicatos y en las comunas libres.
El denominador común de todas las organizaciones obreras con respecto a los nuevos organismos que habían aparecido al calor de la revolución era o bien la hostilidad y la desconfianza o bien la simple incomprensión de la naturaleza de las Juntas y de los comités en la revolución española. Sin ningún  partido o sindicato que estuviera dispuesto a trabajar desde ellos, para la construcción de un auténtico poder obrero, estructurado y centralizado, que acabara con la débil existencia de  la República, el camino de la revolución de los comités quedaba fatalmente bloqueado.

            El débil control que ejercieron las Juntas sobre los comités revolucionarios, se realizó a través de los partidos y de los sindicatos obreros que estaban representados en ambos organismos. Los comités lo eran todo a nivel local, las Juntas cumplían la misma función en el territorio donde habían aparecido. Ambos organismos tenían el mismo origen, el vacío del poder político  que había dejado la República. La explicación del porqué las Juntas territoriales nunca mostraron vocación para convertirse en el embrión estatal que debería ocupar el espacio dejado por las instituciones republicanas hay que buscarla en la voluntad política de las organizaciones obreras que formaban parte de ellas. Ninguna de ellas, ni siquiera las más radicalizadas, estaban dispuestas, en aquellas condiciones y por distintos motivos, a llevar la revolución hasta sus últimas consecuencias.

            La CNT, presionada por las  circunstancias, llegó a proponer la creación de una Junta Nacional de Defensa, con representación exclusivamente sindical, UGT y CNT, en la que las organizaciones republicanas serían excluidas y donde los partidos obreros solo  estarían representados, por medio de los sindicatos. La propuesta anarquista parecía dirigirse hacia la formación, con otro nombre  y arrastrando sus viejos prejuicios antipartidistas, de un verdadero  gobierno obrero. Sin embargo, tampoco en esta ocasión  la dirección cenetista, estaba dispuesta  a llevar el combate hasta el final. La propuesta fue rechazada por Largo Caballero, consciente de que cuestionaba en esencia los acuerdos del Frente Popular y de que ésta no reflejaba la fortaleza política de la CNT, sino su debilidad. Efectivamente, pocas semanas después, los anarcosindicalistas entrarían, sin condiciones, a formar parte de su segundo gobierno.

3.7.1. Asturias:

            Coexistiendo con los comités revolucionarios locales, se  formaron dos poderes regionales: el Comité de Guerra de Gijón (con mayoría anarcosindicalista), presidido por Segundo Blanco y el Comité Popular de Sama de Langreo (de mayoría socialista y con  presencia de comunistas y republicanos), que estuvo dirigido primero por el socialista González Peña y posteriormente por Amador Fernández. En Septiembre, ambos poderes territoriales  llegarían a unificarse en un Comité de Guerra, que se instaló en Gijón, y sería dirigido por el socialista Belarmino Tomás.

            Los dos organismos territoriales, herederos de la vieja Alianza Obrera regional, cooperaron activamente hasta el momento de su fusión. Ambos crearon sus propias estructuras, dirigidas a solucionar los graves problemas de abastecimiento de la población y a cubrir las necesidades de la guerra. El Comité de Sama de Langreo conseguiría movilizar hasta 20.000 milicianos para hacer frente al ejército franquista. Las milicias revolucionarias en Asturias, al contrario de lo que ocurriría en  el del resto del país, no se dividieron según sus ideologías políticas, sino que en su seno coexistieron sin dificultades, los militantes de los diferentes partidos y sindicatos. La lejanía y la escasa influencia de los centros estatales de dirección de las organizaciones obreras hizo que las bases militantes tendieran espontáneamente a la unidad en defensa de la revolución (135).

            En la retaguardia, las milicias y patrullas de control, dirigidas por delegados de los partidos y de los sindicatos, se encargaron de mantener el orden interno. En Gijón, se constituyó el Tribunal Popular de Asturias, formado por representantes de todas las organizaciones antifascistas, que se encargó de administrar la justicia revolucionaria en la zona.

            Durante este período hasta la ocupación de Asturias por las tropas franquistas, la industria fue socializada. Las minas y las empresas metalúrgicas estuvieron dirigidas por los comités y por los sindicatos. También la actividad pesquera tuvo profundas transformaciones revolucionarias y fue colectivizada. La experiencia con la comuna asturiana de 1934, fue  determinante para que fuera llevada a cabo una política de alianza entre el movimiento obrero y el campesinado pobre de la región.
El agro  asturiano, donde la pequeña y mediana propiedad eran mayoritarias, no estuvo afectado por la acción colectivizadora.

            La  prudencia de los revolucionarios en el campo, permitió que existiera una relación estable entre los obreros y el campesinado La moderación con la que los comités dirigieron sus relaciones con el campesinado, no impidió que los productos fueran fiscalizados en beneficio del abastecimiento de la población.

3.7.2. Santander, Burgos y Palencia:

            En la zona se constituyó el Comité del Frente Popular Ampliado, en la que se integraron, además de las distintas  organizaciones del frente Popular, la CNT y la FAI.

            La obra colectivizadora en  la región fue escasa, debido a la predominancia socialista en el movimiento obrero. Las expropiaciones sólo afectarían a las propiedades pertenecientes a los patronos que había huido o la de los que eran simpatizantes  declarados de los sublevación militar. La industria pesquera fue socializada y controlada por un comité sindical formado por seis miembros de la CNT y seis de la UGT.

            Como en Asturias, las buenas relaciones entre los sindicatos permitirían la formación de milicias mixtas, formadas por militantes de todas las organizaciones que integraban la Junta.

3.7.3 Andalucía:

            En Córdoba, Jaén y Granada, las dos centrales sindicales  UGT y CNT, estaban ampliamente arraigadas y mantenían fuerzas similares. En Sevilla, la situación era compleja, los socialistas eran mayoritarios en la capital, el PCE también estaba  fuertemente implantado, mientras que la CNT controlaba el campo.

            En la ciudad de Málaga, los comunistas mantenían una fuerte influencia entre los trabajadores organizados.

            El estallido de la sublevación y el rápido control de los insurrectos sobre la parte Occidental de la región, impidió que la situación revolucionaria se desarrollara  en estas zonas tan complejas en su correlación de fuerzas. La división existente provocó, tras las jornadas de Julio, una profunda disgregación del poder político. No existió un solo poder centralizado, sino varios, que organizaran la resistencia y dirigieran el movimiento espontáneo de la población, (Comité de Salud Pública de Málaga, Frente Popular   Antifascista de Granada, Consejo Provincial de Sevilla, Comité de Defensa de Ronda,...),

"Cada ciudad se hizo independiente; no fueron posibles ninguna centralización ni acción coordinada alguna. A diferencia de las otras grandes regiones de España, no se constituyó aquí ningún organismo que subyugara o que al menos intentara subyugar a los innumerables poderes locales" (136).

            En Málaga, una vez aplastados en los primeros días los insurrectos, se formó un Comité de Defensa, a partir de los sindicatos UGT-CNT. Posteriormente, el acuerdo se amplió a los partidos políticos "antifascistas" y se constituiría el Comité de Salud Pública de Málaga. La nueva Junta se encargaría de asegurar  el orden interno, la organización de la defensa y el abastecimiento  de la ciudad.

            A diferencia de lo que ocurría en el resto de las Juntas territoriales, la división del trabajo en el seno del Comité de Salud Pública estuvo poco definida. No existieron subcomités especializados en tareas específicas. Sólo posteriormente, y frente a la necesidad de contener el avance franquista, parecen haberse definido las tareas internas (Sin embargo nunca hubo ningún intento de constituir un Consejo Económico). Otra particularidad del Comité de Salud pública  fue  la de que el Ayuntamiento de la ciudad no fue disuelto, sino solamente depurado de los elementos derechistas y reaccionarios. El 30 de Julio se convirtió en una comisión ejecutiva compuesta por doce miembros, representantes de todas las organizaciones antifascistas.

            La autoridad del Comité de Salud Pública se limitó a la ciudad de Málaga. Fuera de ella, el poder estaba en manos de los comités locales que existían en los pueblos de la provincia (Comité Central Permanente de Motril...).

            El Frente Popular Antifascista de Granada no se formó hasta el mes de noviembre. La presidencia del organismo recayó en el gobernador civil. Todas las organizaciones antifascistas, incluidas las más radicales, se integraron en la Junta y   aceptaron su política de disolución de los comités locales y  la sustitución por Consejos Municipales. Esto significó la consolidación del poder político del gobierno de la  República en todo su área de influencia.

            A pesar del rápida liquidación de la revolución en toda Andalucía, ésta no se hizo sin grandes resistencias. En el proceso de disolución de los comités, los anarcosindicalistas adoptaron diferentes actitudes, según la zona. En algunos lugares como en Granada, la CNT se integró en el poder provincial y en los nuevos Consejos Municipales, que no eran otra cosa que apéndices del gobierno, a diferencia de lo que ocurrió en Málaga donde nunca aceptaron su incorporación.

            La inexistencia de una pequeña burguesía numerosa en la región, hizo que los enfrentamientos en la adquirieran formas distintas a las que se desarrollaron en otras zonas. Las organizaciones republicanas apenas tenían algún peso en la sociedad andaluza. El PCE no pudo capitalizar el temor de las clases medias para frenar a los revolucionarios. Las diferencias entre las bases comunistas y las del anarcosindicalismo en cuanto a las colectivizaciones, se limitaron a las formas y no al contenido y naturaleza de éstas (137).

            La falta de un organismo territorial único y centralizado, que canalizara los esfuerzos de los trabajadores y de sus comités  para frenar el avance de las tropas franquistas, explica la facilidad con la que éstas se adueñaron de gran parte de la región, frente a una oposición dispersa, desorganizada y mal armada.


3.7.4. Aragón:

            La reconquista parcial de la región por las milicias de catalanas, principalmente anarcosindicalistas, fue acompañada de  profundos cambios revolucionarios, bajo la forma de las colectivizaciones agrarias. 

            El 6 de Octubre y por  iniciativa del Comité Regional de la CNT, se  reunió en la población de Bujaraloz, donde estaba situado el Cuartel General de la columna de Durruti, un Congreso de representantes de los comités de las colectivizaciones y de las milicias del frente. Los  delegados eligieron un Consejo de Defensa de que estuvo presidido por Joaquín Ascaso. La nueva Junta revolucionaria se instaló en Fraga:

"...El gobierno se resiste a abandonar su puesto para ceder el paso a las iniciativas de la CNT, ante esto, el pleno decidió minar la influencia del poder central y para ello nada mejor que ir a la constitución de los consejos regionales de defensa. Catalunya ya los ha constituido; Levante también lo ha decidido, y por lo que a Aragón respecta: aquí estamos reunidos para llegar a una inteligencia e ir a la constitución del Consejo Regional de Defensa de Aragón" (138).

            El Consejo de Aragón  estuvo compuesto, desde un principio,  exclusivamente por miembros de la CNT. Los socialistas rechazaron  su participación y contemplaron con hostilidad la formación de una Junta, que con su existencia cuestionaba, los intentos del gobierno para reconstruir su autoridad en la región. Las organizaciones republicanas, ante la actitud del PSOE, decidieron abstenerse de participar. Socialistas y comunistas oficiales atacaron la formación del nuevo organismo acusándolo de ser una dictadura anarquista camuflada y de cantonalismo (139).

            También la Generalitat de Catalunya vio con malos ojos la formación de un poder territorial en Aragón que le disputaba su influencia sobre la región. El gobierno de Madrid  no estaba  en condiciones para evitar su formación. Sólo lo reconocería mucho más tarde, como maniobra para someterlo a su autoridad. El reconocimiento político del Consejo sería el paso previo para su absorción y disolución, que daría paso a las instituciones del estado republicano reconstruido.

            Sin embargo, una de las principales oposiciones a la  formación del Consejo de Aragón provino de la misma dirección   estatal anarcosindicalista.

"... los propios dirigentes de la CNT proclamaron su descontento. Según ellos, la creación de este Consejo no sólo entorpecía sus gestiones para integrarse en el gobierno sino que además, era ilegítimo ya que no había sido decidido con la aprobación del Comité nacional, ni ratificado por ningún pleno o congreso regular" (140).

            La dirección de la CNT, presa de sus compromisos con el     gobierno y el Frente Popular, sacrificaba todo lo que pudiera significar profundización en la organización del poder revolucionario, en aras de una "unidad antifascista" que pretendía restaurar el viejo orden republicano.

3.7.5. Valencia:

            El 20 de Julio, en pleno fragor de los combates, se constituyó un Comité que agrupó a todas las organizaciones pertenecientes al Frente Popular. Mientras tanto, el día 19, la CNT había formado su propio Comité de Huelga que procedió a convocar la huelga general en toda la región, apenas  conocida la sublevación militar.

            El Comité de Huelga  precedió al que se formaría el mismo día 20 entre las dos centrales sindicales, UGT y CNT, dirigido por el cenetista Francisco Gómez y por el socialista Guillén. Poco después, se formó un nueva Junta que unificaría a los dos organismos existentes, el Comité Ejecutivo Popular de Levante.
Aprovechando el largo paréntesis entre el estallido de la sublevación estatal y la de Valencia, el gobierno  Giral intentó aprovechar la situación y recuperar su autoridad en la región.

            Una Junta delegada, dirigida por Martínez Barrio fue enviada desde Madrid, para sustituir al gobernador civil.

            El choque entre la Junta gubernamental y el Comité Ejecutivo Popular no se hizo esperar. La Junta delegada, apoyada por el PCE, presionó para que finalizara la huelga general y se iniciaran negociaciones con los mandos de la guarnición militar que estaba acuartelada, y que era supuestamente leal al gobierno.
            La Junta de Martínez Barrio pidió la disolución del Comité Ejecutivo Popular, y la subordinación de todo el movimiento a  su autoridad. Las direcciones sindicales de la CNT y de la UGT empezaron a ceder ante las demandas y ordenaron la vuelta al trabajo, a excepción de los trabajadores del Transporte. Sin embargo la desconvocatoria no se produjo porque los trabajadores se negaron a desmovilizarse frente a la actitud sospechosa del ejército. Fue la guarnición de Valencia la que resolvería la situación de impás existente.

            El día 31 de Julio, los militares superaron sus vacilaciones e intentaron el levantamiento. Sin embargo, el tiempo perdido por los insurrectos fue decisivo, y sería aprovechado por sus adversarios. Los trabajadores, organizados y armados por el Comité Ejecutivo Popular, con armas procedentes de Barcelona y de la zona centro, que fueron enviadas por la CNT y por  la FAI, sofocaron rápidamente la sublevación. Los acontecimientos colocaron a la Junta delegada por el gobierno en una situación más que difícil. Sus directrices, que implicaban el desarme de la población, habrían facilitado enormemente los objetivos de los sublevados. La delegación de Martínez Barrio completamente desprestigiada, tuvo que regresar a Madrid, dejando el poder en manos del Comité Ejecutivo Popular. La presidencia de la Junta territorial quedaría, sin embargo, en manos del Coronel Arín, que fue promovido por el gobierno de Madrid a gobernador civil. De esta forma, el presidente del poder paralelo, se convertía  también en el represente del gobierno republicano.

            Sin embargo, el Comité Ejecutivo Popular, sólo controló la capital levantina y sus alrededores. La autoridad de la Junta   territorial tuvo que convivir con el poder de los numerosos comités revolucionarios locales y con las colectividades. Su autoridad en muchos lugares sólo fue simbólica. La coordinación entre el  poder regional y los comités locales era inexistente en la práctica.

            El Comité Ejecutivo Popular de Levante, como otras Juntas  territoriales, tuvo que enfrentarse a numerosas dificultades, nacidas por el repentino desplome del gobierno republicano y por el inicio de la guerra civil y de la revolución. A propuesta de la CNT, se formó un Consejo de Economía, similar al existente en Catalunya y que había sido creado a instancias del Comité Central de Milicias Antifascistas. El nuevo organismo económico, formado por representantes de las dos centrales sindicales, se encargó de organizar y coordinar la producción y las colectivizaciones de la región.

            El traslado del gobierno de Largo Caballero  a Valencia, durante  la primera semana de noviembre, huyendo de la amenaza inminente de las tropas franquistas sobre Madrid, significó la rápida decadencia y desaparición del Comité Ejecutivo Popular, que acabó disolviéndose en el mes de diciembre.

3.7.6. Euskadi:

            En el primer período posterior a las jornadas de Julio, el orden fue mantenido por el Comité del Frente Popular, que  estaba presidido por el gobernador civil, José Echevarría Novoa.

            A finales de Julio se constituyó el Comisariado de Defensa de Vizcaya, encargado de enfrentarse a la reacción militar. El hecho de que la principal organización en el Pais Vasco fuera el Partido Nacionalista sería un  poderoso condicionante para que el proceso revolucionario en Euskadi no llegara a desarrollarse, más allá de los primeros balbuceos.

"Las Juntas de Defensa que se constituyeron en todas las provincias vascas eran organismos de lucha contra la insurrección militar y, al mismo tiempo, bastiones contra la revolución" (141).

            La rápida organización de las milicias vascas, controladas por el PNV y dirigidas por el comandante Saseta, permitieron a los nacionalistas recuperar las armas y el terreno perdido ante las organizaciones obreras, en los primeros días del estallido de la guerra.

            El hundimiento del gobierno central, dio lugar, no a un poder obrero, más o menos desarrollado, sino a un nuevo estado específicamente nacionalista burgués, que combatió y limitó con éxito al movimiento revolucionario. El fenómeno de los comités, que habían surgido con extraordinaria fuerza, por toda la geografía del estado, apenas llegó a existir en el Pais Vasco.

3.7.7. Badajoz:

            Extremadura quedó dividida en dos zonas. Cáceres había caído   en manos de los sublevados, mientras que Badajoz continuaba bajo control republicano. Los socialistas estaban fuertemente implantados en el campo extremeño, donde eran claramente mayoritarios. La UGT había organizado y dirigido el poderoso movimiento yuntero. A pesar de ello, la CNT y los diferentes grupos comunistas, el PCE y el POUM, tenían importantes núcleos  militantes en la región.

            Pese a la hegemonía socialista, el proceso revolucionario abierto con las jornadas de Julio fue capitalizado por el anarcosindicalismo y por las organizaciones comunistas, mucho más audaces y decididas que los primeros.

            En numerosos poblaciones (Mérida,...), donde el anarcosindicalismo era mayoritario, los antiguos ayuntamientos fueron sustituidos por comités revolucionarios locales que constituyeron sus propias  milicias y se encargaron de la defensa y del orden público. En otras poblaciones de mayoría socialista, (Badajoz, Almendralejos, Zafra, Villafranca de los Barros...), los ayuntamientos  continuaron existiendo, depurados de los sectores derechistas, pero sin que llegaran a integrarse las organizaciones que hasta el momento no habían formado parte de ellos.

            En todas las poblaciones se formaron patrullas de vigilancia    a partir de los militantes de todas las organizaciones obreras, que se encargaron de mantener el orden interno en sus respectivas localidades. Las milicias que se opusieron al avance del ejército sublevado, se formaron a partir de la iniciativa de los partidos y de los sindicatos, y no llegaron a mezclarse entre ellas. Sin duda alguna, la división existente entre las diferentes milicias, mal organizadas y peor armadas, hizo que no llegaran a ser, en ningún momento, un serio rival para las tropas sublevadas que avanzaban, procedentes del sur.

            El Consejo Provincial de Badajoz no llegaría a formarse hasta el mes de noviembre y fue presidido por el socialista Casado. El tardío poder territorial se creaba, empujado por la fuerza de las circunstancias, por  la necesidad de coordinar la defensa y contener el rápido avance de las tropas franquistas.

            Algunos historiadores consideran que la constitución de la nueva Junta territorial sirvió para superar la oposición que existía entre los comités revolucionarios y los antiguos ayuntamientos (142). La afirmación parece un tanto ingenua. La formación del poder regional se dio, simultáneamente a la reorganización de los poderes locales. La supuesta superación de la oposición entre los comités y los ayuntamientos se dio, en cualquier caso, con la disolución de los primeros y la integración de las organizaciones más radicales en los organismos republicanos. La diferencia entre ambos organismos era algo mucho más importante que un simple cambio de nombre.

            La ocupación de Extremadura por las tropas franquistas, en su marcha hacia Madrid, truncó el desarrollo de esta situación.

3.7.8. Murcia:

            El cantonalismo resurgió con fuerza en esta región. Esto hace que numerosos historiadores lleguen a equipararlo con el existente en 1873 (143). El Comité Provincial del Frente Popular Antifascista, se formó en torno a dos núcleos urbanos importantes: Murcia, dirigida por los socialistas y Cartagena, que contaba con una fuerte presencia libertaria.

            La CNT contaba con importantes núcleos militantes en Cartagena y en los   pueblos mineros (La Unión, Llano del Beal, Alumbres, Portman,...). Mientras que los socialistas y los republicanos federalistas (cantonalistas) tenían también un importante arraigo en la región, especialmente en la ciudad de Murcia.

            La industria, la minería y los servicios fueron socializados y puestos bajo control de los comités y sindicatos. En el campo, los numerosos latifundios de la región fueron sustituidos por colectivizaciones de la UGT y de la CNT. Las propiedades   de los pequeños y medianos propietarios agrícolas, numerosos en la región, fueron respetadas.

3.7.9. Castilla:

            Después de las jornadas de julio, la mayor parte de Castilla-León cayó en manos de los insurgentes, mientras que  la región de Castilla-La Mancha y Madrid continuaban en manos "republicanas". La batalla por el control de la capital fue determinante en la derrota de los sublevados en toda la zona centro, y por lo tanto decisivo en la mayor parte del estado. En los días posteriores a los primeros combates, las milicias  revolucionarias liberaron numerosas poblaciones (Toledo, Alcalá de Henares, Sigüenza, Guadalajara...), y detuvieron el avance de los rebeldes en los pasos montañosos de Guadarrama y Somosierra.

            En el período anterior al inicio de la guerra y la revolución, los socialistas habían sido la organización obrera mayoritaria en toda la región castellana y en Madrid. Los anarcosindicalistas estaban fuertemente implantados en algunas poblaciones. Mientras que los diferentes grupos comunistas, el PCE y el POUM, muy débiles organizativamente, apenas contaban políticamente.

            Después de las jornadas de Julio, la hegemonía socialista se vio quebrada por los acontecimientos. La direcciones del Partido Socialista y de la Unión General de Trabajadores, se vieron bloqueados por sus divisiones internas y por la falta de un programa político apropiado para enfrentarse a la nueva situación revolucionaria. La parálisis socialista pronto sería capitalizada por los grupos minoritarios, por el anarcosindicalismo y el Partido Comunista.

            La CNT y la FAI, gracias al poderoso movimiento colectivizador que sustituyó a los grandes latifundios, impulsado por sus propias bases, capitalizó parte del prestigio perdido por los socialistas. La CNT tendió a arrastrar con las colectivizaciones, a los sectores más izquierdistas de la UGT. Gran parte de la región de La Mancha y la ciudad de Cuenca, cayeron bajo control anarcosindicalista. El movimiento colectivista arraigó profundamente en la meseta castellana. En muchos  lugares, los campesinos prefirieron explotar las grandes propiedades agrícolas de forma conjunta y solidaria, a repartirse individualmente la tierra. El fenómeno colectivizador, aunque protagonizado principalmente por las bases anarcosindicalistas,  pronto se extendería a numerosos sectores socialistas, comunistas, e incluso católicos. La llegada de las milicias revolucionarias madrileñas permitió que el 80% de los campesinos toledanos se mostraran partidarios de la colectivización del campo (144).

            El fuerte crecimiento comunista obligó a los libertarios a replantearse sus viejas fórmulas espontaneístas y antimilitaristas. Las milicias libertarias de la zona centro, fueron las primeras, de la CNT, que aceptaron reorganizarse en torno a criterios de disciplina y autoridad en el combate.

            El Partido Comunista se convertiría en el principal beneficiario de la decadencia socialista. Gracias a su decidida y eficaz defensa de los intereses de las clases medias, el PCE se convirtió en un polo de atracción para la pequeña burguesía urbana y campesina. Los militares profesionales que se mantuvieron fieles a la legalidad republicana, entraron a menudo en sus filas, atraídos por el prestigio organizativo que habían ganado sus milicias, mucho mejor organizadas y disciplinadas que las de los demás partidos y sindicatos.  El PCE también reclutó a numerosos cuadros dirigentes del PSOE y de la UGT hacia sus filas, decepcionados por la desorientación y la confusión que había hecho presa en su partido.

3.7.10. Madrid:

            El peso principal en la  defensa de la capital recayó en  los anarcosindicalistas y en los grupos izquierdistas que, aunque minoritarios, eran mucho más decididos y audaces que los socialistas. Fueron éstos los que capitalizaron el prestigio de los primeros momentos. Sin embargo, la CNT y la FAI, víctimas de sus prejuicios antiautoritarios, fueron incapaces de  capitalizar la situación existente para organizar un nuevo poder a partir del movimiento revolucionario que se había iniciado con los combates.             Finalmente, la iniciativa recaería en manos de los comunistas del PCE, que comprendieron mejor que nadie la oportunidad que se les brindaba, con la defensa de la ciudad.
La falta de un poder real unificado en Madrid, provocó una caótica dispersión del poder que había surgido de la revolución. Cada partido o sindicato tenía sus propias milicias, su propia policía  e incluso sus propias cárceles. El poder quedaba, de esta manera, completamente fragmentado entre los distintos partidos y sindicatos. Este caos no podía mantenerse indefinidamente sin poner en peligro la defensa de la capital y la misma revolución en si.

            En Madrid, el prestigio conseguido por sus milicias, dio la supremacía política y militar al PCE. Con la huida del gobierno de Largo Caballero, la organización de la defensa quedaría en manos de una Junta, donde los comunistas tendrían un papel destacado, que se fue acrecentando a medida que el movimiento revolucionario retrocedía y el poder del viejo estado se desarrollaba y se consolidaba.

            Madrid, a pesar de ser la capital de la República, carecía de industrias importantes. La pequeña burguesía, agrupada en torno a lo que constituía el corazón del aparato de Estado era numerosa. Estos factores, junto a la delicada situación que presentaba la defensa de la ciudad, en peligro inminente de ser ocupada por los franquistas, durante la mayor parte de la guerra, explican el escaso eco que tuvo en la capital, el movimiento expropiador.

            El gobierno Giral, completamente impotente frente a la oleada revolucionaria, mantuvo una autoridad ficticia durante todo su mandato. La existencia del gobierno republicano y la  fuerte oposición del PSOE y del PCE impidieron la formación de un poder, similar a las Juntas territoriales que habían aparecido  por toda la geografía "republicana".

            La fuga del gobierno a Valencia, hizo que la Junta de Defensa se convirtiera, posteriormente, en el nuevo poder local, manteniendo una relativa independencia durante todo el tiempo de su existencia. El nuevo organismo perduraría, bajo predominio del PCE y tras algunas reorganizaciones hasta el 21 de Abril de 1937, fecha en la que fue disuelta, para dar paso a un Consejo Municipal, subordinado al gobierno de Valencia.

            Indiscutiblemente, la mayor parte de las Juntas territoriales fueron útiles a la revolución en sus primeros momentos, ya que fueron, en mayor  o menor medida, las responsables de su organización y coordinación a una escala superior a la local. Sin embargo, su falta de coordinación con los comités; el hecho de que se mantuvieran como organismos de naturaleza burocrática y no llegaran a democratizarse; la subordinación creciente de las direcciones de los partidos políticos y de los sindicatos más izquierdistas al estado republicano, convertiría a las Juntas en auténticos obstáculos para que los comités-gobierno locales pudieran llegar a convertirse en las bases del nuevo poder revolucionario.

3.8 LA REVOLUCIÓN DE LOS COMITES Y SU OBRA. LAS COLECTIVIZACIONES.

"Si el concepto clave de la revolución política y administrativa fue el poder de los comités, su equivalente económico fue la colectivización" (145).

            Las colectivizaciones fueron la obra económica de la revolución de los comités. Como ellos, su origen fue completamente espontáneo, y no, fruto de ninguna estrategia revolucionaria deliberada de ninguna organización. Las colectividades nacieron de la necesidad de los trabajadores del campo y de la ciudad, de llenar el vacío económico causado por el derrumbe de la República y por la huída de la mayor parte de los propietarios, por temor a la represión de los revolucionarios.

            Las colectivizaciones aparecieron al margen de los partidos y sindicatos, en un momento en el que nadie comprendía todavía el alcance de las medidas que se estaban llevando a cabo de forma espontánea.

            Después de las jornadas de Julio, las organizaciones obreras, verdaderas dueñas de la situación, se  encontraron ante el urgente reto de reorganizar la producción, abastecer a la población y a las milicias, y asegurar el pago de los salarios a los trabajadores, para evitar el cierre de las empresas

"En aquel momento no teníamos la menor intención de ocupar, expropiar o colectivizar ninguna fábrica. Pensábamos que el levantamiento sería aplastado   rápidamente y que todo quedaría más o menos igual que antes. ¿De qué iba a servir entusiasmarse con las colectivizaciones si todo iba a terminar otra vez en manos del anterior sistema capitalista?..." (146).

            La CNT, completamente desconcertada por la amplitud de los acontecimientos que se estaban desarrollando, se mostró incapaz, durante las primeras semanas, de dar ninguna directriz a sus afiliados, que se estaban apoderando de las tierras y de las empresas. Las resoluciones del Congreso de Zaragoza, acordadas apenas tres meses antes, quedaban ahora completamente alejadas de la realidad y demostraban su inutilidad para poder orientar a la organización en la nueva situación revolucionaria.

"Ni la CNT regional de Catalunya, ni su federación local, ni la FAI impartieron en sus primeras declaraciones, los objetivos de la nueva estructura económica que había empezado a construirse... fue una obra de completa espontaneidad" (147).

            Sin embargo sería la madurez revolucionaria de la situación y la dinámica de los hechos (la desaparición de la ficción republicana y la derrota de los militares sublevados en la mayor parte del estado), las que iban a convertir la espontánea ocupación de los centros de trabajo de los primeros momentos, en un  poderoso movimiento colectivizador que iba a transformar radicalmente la sociedad.
            Las colectivizaciones consistieron en la organización de las expropiaciones de los medios de producción que llevó a cabo el proletariado industrial en las ciudades, y el campesinado pobre en el campo.

            Es importante resaltar los intentos posteriores que hubo, por parte de las autoridades republicanas y por las  direcciones de las organizaciones obreras, para "legalizar" la nueva economía revolucionaria. Sin embargo, esta obsesión por "legalizar" lo que ya los trabajadores habían legalizado en la práctica, con sus propios medios, no ocultaba la realidad. Las nuevas leyes se limitaron a registrar una realidad cotidiana que había aparecido al margen del gobierno que pretendía legislarla. La obsesión legalista de los partidos y sindicatos obreros refleja que ninguna de ellas estaba dispuesta, por el momento, a romper por completo con el tambaleante poder republicano y a llevar el nuevo orden revolucionarios hasta sus últimas consecuencias. El empeño de las organizaciones obreras, para que las viejas autoridades republicanas "legalizaran" las conquistas revolucionarias pone al descubierto también otros elementos, no menos importantes. El debate tantas veces planteado, sobre cual debía ser el objetivo prioritario, la guerra o la revolución, era en realidad, una falsa polémica. Todos las fracciones organizadas del movimiento obrero, desde la derecha socialista y el Partido Comunista, hasta el anarcosindicalismo y el poumismo, se mostraron partidarias en la práctica -partiendo desde distintas ópticas políticas- de anteponer la victoria militar a las conquistas revolucionarias, partiendo del supuesto de que ambas ideas, guerra y revolución, eran antagónicas.

"Guerra y revolución; revolución y guerra. Con qué frecuencia se utilizaron estas tres palabras, ya fuese recitándolas de un modo o del otro. El triunfo de la revolución para asegurar la victoria en la guerra, la victoria en la guerra para asegurar el triunfo de la revolución. Las palabras pueden representar una trampa terrible. Los términos de cada eslogan se veían tan separados como unidos por la sencilla palabra <<y>>. Cuán pocas veces se eliminó la conjunción para formar una frase adjetival: guerra revolucionaria, que diera respuesta a las preguntas gemelas: ¿qué tipo de revolución? ¿qué clase de guerra? Las dos eran más <<inseparables>>; había que fusionarlas en un nuevo conjunto" (148).

            Sin querer entrar en detalles sobre las diferentes posiciones (de ellas hablaremos en otros capítulos) nos limitaremos a relacionar aquellas que demuestren la orfandad políticas en la que se encontraron los comités y su obra, las colectivizaciones.

            Las organizaciones del Frente Popular, con sus diferencias y matices, pretendían en su conjunto hacer retroceder la revolución espontánea a la situación anterior a las jornadas de Julio. Sin embargo esto ya no era posible, ya que, a medida que avanzaban en sus objetivos y el movimiento revolucionario retrocedía, también decrecía el entusiasmo de los trabajadores.

            El mismo entusiasmo que había permitido vencer a los sublevados en los primeros momentos y que había conseguido improvisar un ejército miliciano y reconstruir la economía en escasas semanas. La liquidación de las conquistas revolucionarias de julio y la reinstauración del poder republicano condujeron a los obreros y al campesinado pobre a la desmoralización y a la desmotivación. Sin duda alguna esta evolución favoreció el avance del ejército sublevado. Una vez desencadenada la revolución ya no era posible hacerla volver atrás, sino era por medio de la represión y del aplastamiento del movimiento revolucionario. Una vez perdido el entusiasmo, la capacidad ofensiva del ejército franquista iba a ser muy superior a la que podría oponerle el futuro Ejército Popular republicano.

            Los sectores más izquierdistas, principalmente los anarcosindicalistas, se mostraron partidarios de mantener la situación existente, la dualidad de poderes, hasta el final de la guerra. Una vez derrotados los militares sublevados sería posible proseguir la revolución victoriosa, en las mejores condiciones posibles. Esta concepción estática de la dualidad de poderes, reflejaba su incomprensión de la dinámica de las revoluciones que se habían dado hasta el momento, desde la francesa de 1789, hasta la soviética de 1917. Este error, el de considerar que las situaciones revolucionarias podían prolongarse indefinidamente,  les iba a traer funestas consecuencias en el período posterior.
            Los obreros de las ciudades y el campesinado pobre, no esperaron a la iniciativa de sus partidos y sindicatos para llevar a cabo las expropiaciones. Las colectividades no se formaron con los decretos que las legalizaban, sino que ya llevaban largo tiempo existiendo y desarrollándose, al margen de  las autoridades republicanas y de la voluntad de los órganos dirigentes de las organizaciones obreras.

"Los anarcosindicalistas catalanes habían <<aplazado>> la revolución libertaria y, pese a ello, en Barcelona la revolución echaba diariamente raíces en las colectividades de la CNT y en las industrias dirigidas por los sindicatos" (149).

            Al llevar a cabo las colectivizaciones, los obreros y los campesinos pobres demostraban que no estaban dispuestos a volver a la situación anterior al inicio de la guerra y de la revolución. Sin embargo, esto no implica que la mayoría de los trabajadores llegaran a ser plenamente conscientes de la incompatibilidad que existía entre su obra revolucionaria y el resurgimiento de las instituciones republicanas que estaban siendo auspiciadas por sus propias organizaciones.

"Las colectividades no fracasaron, los obreros, gracias a ellas demostraron dos cosas fundamentales: que deseaban ser los amos y que podían serlo con tanta o más eficiencia que los amos tradicionales. El colectivismo resultó ser más eficaz, administrativamente, que el capitalismo, y además probó que con la economía en manos de los obreros existían más posibilidades de que sirviera a toda la sociedad en vez de solo a un sector de ella" (150).

            Las múltiples formas que adquirieron las colectivizaciones  refleja también su origen espontáneo. Los trabajadores, de forma empírica y sin ningún tipo de plan preconcebido, tuvieron que enfrentarse a los retos que les presentaba la nueva situación (huida de los antiguos propietarios, escasez de técnicos, una parte de los obreros estaban en el frente con las milicias...).

            En esta espontaneidad, de la que hablaremos más adelante, se evidencia una extraordinaria iniciativa y creatividad en los trabajadores, que sólo es posible explicar, por la nueva conciencia adquirida: la energía desplegada en su obra, no sólo estaba destinada a aplastar la sublevación militar, sino también a crear las bases de una nueva sociedad, que los iba a liberar de los viejos yugos sociales.

"Era increíble, era la prueba práctica de lo que uno conoce en teoría: el poder y la fuerza de las masas cuando se echan a la calle. De pronto todas sus dudas se esfuman, dudas sobre cómo hay que organizar a la clase obrera y a las masas, sobre cómo pueden hacer la revolución en tanto que no se hayan organizado. De repente sientes su poder creador. No puedes imaginarte cuan rápidamente son capaces de organizarse las masas. Inventan formas de hacerlo que van mucho más allá de lo que jamás hayas soñado o leído en los libros. Lo que ahora hacía falta era aprovechar esta iniciativa, canalizarla, darle forma..." (159).

            Junto a las indiscutibles virtudes y méritos de las colectivizaciones, se cometieron errores e ingenuidades, de los que hablaremos más adelante, y que colocan en el centro del debate, algo que los anarcosindicalistas  siempre rechazaron y a lo que se habían opuesto, por distintos motivos, las organizaciones obreras pertenecientes al Frente Popular: La toma  del poder, para ponerlo al servicio de la profundización y consolidación de las conquistas revolucionarias que había llevado a cabo la población trabajadora.

            No era suficiente con apoderarse del poder económico, también era necesario apoderarse del político. Sin esta condición, la nueva economía revolucionaria que había surgido dispersa y desarticulada, afectada por graves contradicciones, derivadas de las duras  condiciones en las que había nacido, estaba destinada a desaparecer.

            De los grandes errores que cometieron las colectividades, como indica Munis:

"El primero de ellos, fuente de los demás, consistía en no ser más que eso, colectividades" (152).

            Es decir, el desprecio del poder político, como condición necesaria para convertirlas en los cimientos de una economía socializada. Del mismo modo que los comités revolucionarios locales, que eran el aspecto político de la revolución española, nunca llegaron a articularse entre si, para conformar un poder revolucionario, las colectivizaciones, que representaban el aspecto económico, nunca llegaron a formar un verdadero tejido social.
            No tiene sentido considerar al sistema colectivista, como  socialista o libertario. Su naturaleza era contradictoria.

            Mantenía características del viejo sistema capitalista (la idea de muchos trabajadores, de que las empresas donde trabajaban eran de su propiedad; la competencia entre las diferentes empresas colectivizadas para vender los productos ...), con elementos de naturaleza revolucionaria (los medios de producción en manos de los trabajadores, intentos de planificar la economía en base a las necesidades de la población ...). En cualquier caso, el orden de las colectivizaciones era altamente inestable y precario. Forzosamente habría acabado derivando hacia uno de los dos polos existentes. Desde el punto de vista económico, expresaban las contradicciones políticas de la situación de dualidad de poderes.

            Es necesario, que no olvidemos otra cuestión, para poder comprender la obra colectivizadora y su alcance: las condiciones sociales y económicas en las que se llevó a cabo. La guerra no sólo había dividido el estado, separando las regiones agrícolas y mineras, de las manufactureras y cercenando los mercados internos. También había provocado la caída drástica de las exportaciones y de las importaciones. Por lo tanto, es incorrecto   valorar a las colectivizaciones, como si su existencia se hubiera desarrollado en un período económico normal. Es absurdo o  malintencionado, achacar todos los problemas con los que tuvieron que enfrentarse a su propia naturaleza, a sus errores o ingenuidades, eludiendo las graves circunstancias con las que tuvieron que enfrentarse.

            Es más difícil todavía, pronosticar que hubiera podido pasar con éstas, si la reacción no hubiese triunfado. En cualquier caso, la especulación no forma parte de la historia. Lo que sí que podemos afirmar, es que su éxito y viabilidad estaban condicionados por la consolidación del poder revolucionario, basado en la planificación de la economía. La victoria de Franco, o de la República, condenaban a las colectividades a su total extinción.

"No hubo tiempo de que maduraran, de que en ellas surgieran los problemas más propios de la colectivización y las soluciones a los mismos que habrían permitido juzgar el éxito o el fracaso de la colectivización como sistema de propiedad".

"...la experiencia colectivizadora no duró treinta meses, como muchos autores pretenden, aunque las colectividades persistieran por este lapso de tiempo en algunos lugares, pero no en todos. En Mayo del 37, con el cambio de gobierno, la experiencia colectivizadora se paralizó. El gobierno Negrín se esforzó con éxito en reducir las colectivizaciones que no pudo destruir, a simples cooperativas o nacionalizaciones" (153).

            En las semanas posteriores a julio, el gobierno republicano y los dirigentes del Frente Popular no se opusieron frontalmente a las colectivizaciones. Tampoco habrían podido hacerlo.

            Pretendieron que el movimiento expropiador se limitara a las propiedades de los simpatizantes declarados del movimiento insurgente. Sin embargo, la revolución no les escuchaba y sus propias bases se habían lanzado a llevar a cabo todo aquello que había constituido su tradicional aspiración de emancipación social.

            Por otro lado, las organizaciones partidarias del Frente Popular, no podían atacar directamente al movimiento expropiador, sin poner en peligro sus propios planes de restauración republicana. Durante los primeros meses, después de iniciada la guerra, no contaron con la fuerza suficiente para imponer sus planes Ni siquiera a sus propias bases. Intentar derribar en aquellos momentos al movimiento revolucionario que se les había ido de las manos, hubiera significado su suicidio político. En el mejor de los casos, en el que hubieran conseguido recuperar el control sobre las masas revolucionarias, no habrían tenido con qué llenar el vacío provocado por la desbandada de los propietarios. Era mejor esperar y proceder con cautela, limitando y haciendo retroceder progresivamente a la revolución.

            Los partidarios de volver al viejo orden republicano procedieron, paso a paso, aprovechando la incapacidad del movimiento revolucionario para consolidar su poder. En nombre de una mayor eficacia, al servicio de la victoria militar, pretendieron coordinar, mejorar y aumentar la producción.  El gobierno republicano en vías de reconstrucción, saboteó y presionó hasta conseguir que comités y colectivizaciones se sometieran a su control político. Posteriormente y a medida que el movimiento revolucionario retrocedía, pretendió la nacionalización de la industria, dejando a los comités de fábrica y a los trabajadores las funciones de cogestión y colaboración con las medidas gubernamentales.

            La derrota republicana nos ha impedido ver cual hubiera sido el final del proceso de restauración republicana. Sin embargo, las  aspiraciones del gobierno Negrín, decretando la devolución de las propiedades expropiadas a sus antiguos dueños, en aras a las negociaciones de paz con Franco, dejan muy claro cual era el destino final proyectado para los restos de la revolución de Julio.

            Un elemento característico de las colectivizaciones fue el peso fundamental que tuvieron los elementos sindicales en ellas, especialmente la CNT. Esta influencia era directamente proporcional a la fuerza y a la tradición de las centrales sindicales en el movimiento obrero español. El historiador anarcosindicalista Abel Paz recoge una conversación entre dos de los principales líderes libertarios, Durruti y Marianet, que refleja el arraigo sindical:

"De golpe y porrazo... la CNT se ha revelado indispensable para resolver todos los problemas de la vida local y regional. Los centros de producción están todos controlados por los obreros, y los sindicatos tienen que estudiar los problemas que presenta la gestión colectiva de la producción y, como consecuencia, ha sido necesaria crear esta estructura que ha ido naciendo por si misma, imponiéndose en razón de las necesidades. En realidad, todo este aparato que ves, no obedece a un centro. Cada organismo lo controla su propio sindicato. Los compañeros que los atienden siguen siendo obreros en sus respectivas fábricas, y sus asambleas controlan sus actividades. Por el momento, el control sobre el militante no se ha perdido" (154).

            Las bases anarcosindicalistas fueron las principales protagonistas del fenómeno colectivizador, pero no fueron los únicos, socialistas, comunistas, republicanos y también católicos, participaron en la obra revolucionaria. Por lo tanto,   no puede hablarse de que las colectivizaciones fueran el fruto de la acción de grupos determinados, sino que encarnaría las aspiraciones históricas de las clases sociales más desfavorecidas. Aquellas que la República, durante más de cinco  años, no había sido capaz de satisfacer.

            La múltiples formas que adquirió el fenómeno socializador estuvieron condicionadas por la correlación de fuerzas existente en cada sector o en cada centro de trabajo. Las colectivizaciones se dieron en mayor proporción allí donde los anarcosindicalistas eran mayoritarios con respecto a comunistas y socialistas. En los casos donde esta correlación de fuerzas se invertía, las empresas controladas por los obreros fueron nacionalizadas por medio de la incautación, o bien intervenidas por los comités. Sin embargo, en ningún caso se puede cuestionar el origen espontáneo de la obra   económica que llevaron a cabo los comités.

3.9 LA OBRA DE LAS COLECTIVIZACIONES EN LA CIUDAD

            En Barcelona, la huelga general contra la sublevación militar se mantuvo hasta el día 28. A partir de esta fecha y una vez sofocados en toda Catalunya los últimos reductos de la sublevación, los comités de empresa, siguiendo las consignas de regional catalana de la CNT, decidieron la vuelta al trabajo. Sin embargo y desde el día 21, apenas terminados los combates callejeros, los obreros habían empezado a ocupar espontáneamente los centros de trabajo. La mayor parte de los empresarios habían abandonado sus propiedades por temor a las represalias. Algo parecido había pasado con gran parte de los  directivos y de los cuadros técnicos que se encargaban de dirigir y organizar la producción. La formidable obra colectivizadora, nacía de la necesidad de llenar el vacío económico provocado por la fuga de los antiguos propietarios. Los dirigentes obreros se encontraron con una revolución en marcha, completamente espontánea, e imposible de detener. Después de las jornadas de julio, las organizaciones obreras están completamente desbordadas y con graves dificultades para dar cualquier tipo de orientación   a las demandas de sus afiliados en las empresas.

            El primer folleto de la FAI no llegaría a  publicarse hasta el 26 de Julio. En él se hablaba de aplastar al fascismo, pero no había ni una sola línea sobre el fenómeno revolucionario que se está desarrollando por todas partes. El día 28 del mismo mes, la Federación local de la CNT de Barcelona lanzaba la consigna de volver al trabajo, para enfrentarse a las necesidades del conflicto, cuyo final se preveía inminente. Sin embargo, continuaba sin haber una sola consigna, ni una directriz que pudiera servir para reorganizar la producción.

            Uno de los primeros folletos que aparecieron para ayudar a poner orden en el marasmo revolucionario  surgiría a principios de agosto, publicado por el Sindicato Mercantil de Barcelona, que había sido expulsado de la CNT por estar dirigido por el POUM. En las instrucciones que se daban se recomendaba que el número de  los miembros de los comités fuera reducido, para evitar la falta de eficacia y el exceso deliberativo; se indicaba que las asambleas y reuniones deberían realizarse fuera de la jornada de trabajo, para no dificultar el trabajo; y pedía que en el seno de los comités estuvieran representadas todas las tendencias existentes en la empresa, de forma proporcional; se recomendaba la disciplina y el pleno aprovechamiento de los escasos cuadros técnicos que se habían incorporado a las empresas, después de julio. Existía una gran preocupación para que los trabajadores  fueran conscientes de su responsabilidad en la revolución que acababa de iniciarse (155).

            Los trabajadores, sin esperar órdenes ni consignas, habían ido mucho más lejos que los objetivos marcados por la huelga general. Los sindicatos y los partidos obreros empezaron a reaccionar, algunas semanas después,  presionadas por sus bases y por los retos que la nueva situación planteaba.

"A cada día que pasaba, la ciudad caía más, bajo control de la clase obrera. El transporte público funcionaba, las fábricas trabajaban, las tiendas estaban abiertas, los abastecimientos de víveres llegaban sin novedad, el teléfono funcionaba también, el suministro de agua y gas igualmente, todo ello organizado y llevado, en mayor o menor medida, por los propios trabajadores. ¿A que se debía que así fuera? Los principales comités de la CNT no habían dado ninguna orden en tal sentido" (156).

            Es importante destacar que, a pesar del carácter espontáneo de las colectivizaciones, de que empezaron a desarrollarse sin  ser parte  de los planes de ninguna organización y de que no existiera una plena conciencia de las repercusiones revolucionarias que iban a tener, los obreros no acudieron a las autoridades republicanas para solucionar sus problemas, sino que prescindieron de ellas por completo. Sin duda alguna, la iniciativa de las bases anarcosindicalistas y ugetistas evitó el desmoronamiento completo de la economía, que hubiera convertido el intento  de golpe de estado, en un simple paseo triunfal de los militares. La iniciativa de los trabajadores, salvó a la revolución que acababa de nacer con su protagonismo, tanto en las barricadas, como en los centros de trabajo.

            El hecho de que en la mayor parte de la zona republicana, las empresas no llegaran a socializarse, sino que pasaran a manos de los trabajadores de sus propias plantillas, o de los sindicatos, fue una consecuencia de la inexistencia de un organismo representativo, que unificara la acción revolucionaria (al estilo de lo que habían sido los soviets rusos). Esta característica no sólo no desmiente el carácter socialista de la revolución española, sino que lo confirma todavía más. Las clases populares manifestaban, de forma espontánea y desorganizada, la necesidad que tenían de tomar en sus manos, las riendas de su propio destino.

"De todas las alternativas posibles, escogieron la que reflejaba mejor sus deseos y que les parecía que respondía a sus intereses: convertirse en los amos. En la calle, millares de obreros tenían armas. En el lugar del trabajo, tendrían las fábricas. Sin las armas, eso no hubiese sido posible. Con las armas solas, nada habría cambiado. Los trabajadores, sin necesidad de que nadie les diera instrucciones, comprendieron que las dos cosas estaban relacionadas" (157).

            Los trabajadores en las empresas que habían sido abandonadas por sus antiguos dueños, tuvieron que dotarse de una nueva dirección que pudiera organizar la producción y el trabajo. La elección de los comités dirigentes partió de la iniciativa de los obreros, sin esperar las directrices de sus organizaciones sindicales. Según reconoce el mismo Peirats:

"Hasta los primeros días de agosto, la CNT no se encargó de modo oficial y organizado de canalizar las colectivizaciones" (158).

Ronald Fraser es bastante más explícito y descriptivo en sus conclusiones, después de recoger numerosos testimonios:

"La iniciativa revolucionaria no había surgido de los comités directivos de la CNT -eso era imposible toda vez que la revolucción había sido oficialmente <aplazada>-, sino de los sindicatos cenetistas individuales, impulsados por sus militantes más avanzados. Incluso así tal vez no hubiese ido más lejos que el simple control de las funciones directivas por parte de los trabajadores. La defección a gran escala de propietarios, directores y gerentes, temerosos por su suerte, condujo al siguiente paso en muchas fábricas" (159).

            En los casos más frecuentes, los comités dirigentes fueron elegidos en asambleas abiertas, por toda la plantilla de la empresa, obreros, administrativos y técnicos; en otros, los viejos comités de empresa, ya existentes en el período prerrevolucionario, pasaron a convertirse en la nueva dirección de la empresa.

            Los delegados de los nuevos comités, estaban sujetos al control de los trabajadores que los habían escogido, tenían que responder periódicamente ante ellos y podían ser sustituidos en cualquier momento por la asamblea, si ésta consideraba que su gestión no era satisfactoria.

            Frecuentemente, las enormes dificultades con las que los comités tuvieron que enfrentarse, les obligaron a dotarse de una estructura, a subdividirse y a especializarse en ciertas tareas.
            La tradición y el arraigo de las centrales sindicales hizo que, por lo general, la inmensa mayoría de los delegados de los comités estuvieran afiliados a ellas. Esta circunstancia ha hecho  que algunos historiadores hayan considerado, tal vez de forma simplista, a los comités de empresa y de control, como simples delegaciones o apéndices de los sindicatos (160). Sin embargo, frecuentemente, los sindicatos y los comités tuvieron graves desacuerdos en la orientación de la nueva economía revolucionaria.

            Los obreros tuvieron que enfrentarse en las empresas, a multitud de problemas técnicos y administrativos, derivados de la gestión y dirección de éstas, también chocaron con el sabotaje de algunos de los técnicos. Todo ello conformaba un cuadro de dificultades para las que no estaban preparados, por lo que tuvieron que recurrir a los sindicatos, en busca de asesoramiento. Desgraciadamente, los cuadros sindicales no abundaban ni estaban mucho mejor preparados y en numerosas ocasiones, sus consignas causaron todavía una mayor confusión entre los comités y los trabajadores de las empresas.

            Aunque las formas que  adoptó el estallido colectivizador, por su propia acción espontánea, fueron numerosísimas, aprovecharemos la clasificación introducida por Bernecker (161):

1.Empresas colectivizadas.

            Todo el poder pertenecía exclusivamente a los trabajadores de la empresa. Las tareas de dirección y de administración quedaban en manos del comité de delegados y de un director. Los nuevos dirigentes tenían que responder de su gestión ante los trabajadores en asamblea y ante el Consejo General de Industria. (Entre otros muchísimos casos, en Barcelona encontramos los ejemplos de las compañías navieras, Trasatlántica, Ibarra, Ramos... de los transportes urbanos y de las compañías ferroviarias...).

2.Empresas controladas.

            Eran empresas que continuaban en manos de  sus antiguos dueños y que no llegaron a ser colectivizadas. Sin embargo, los trabajadores, mediante sus comités de control tuvieron una gran influencia en su gestión y dirección. Además de la existencia del antiguo propietario y del comité de control, existía también un delegado del gobierno que mantenía el vínculo de la empresa, con la política planificadora del Consejo General de Industria (Telefónica...).

3.Empresas nacionalizadas.

            Eran empresas que estaban bajo el control directo del gobierno. Con la recuperación progresiva del poder de las instituciones republicanas, el número de   estas empresas aumentó.
Las autoridades republicanas de Madrid y de la Generalitat de Catalunya, poco pudieron hacer para frenar el proceso expropiador. Sin embargo, algunas empresas fueron intervenidas por "necesidades de la producción y de la guerra". En la medida en que pudieron y con el visto bueno de las direcciones de las organizaciones obreras, numerosas empresas se mantuvieron bajo el control estatal. Sólo en Catalunya, en el mes de Octubre de 1936. se contabilizaron 435 empresas que estaban en esta situación. La Generalitat creó la Comisión de Industrias de guerra que contaban en el otoño de 1937. con 500 fábricas y con más de 50.000 trabajadores.

4.Empresas municipales.

            Este era el caso de las empresas de servicios urbanos (transportes...). Los ayuntamientos tomaron estas medidas para paliar sus déficits económicos y sus evidentes dificultades para recaudar los impuestos, en plena situación revolucionaria.

5.Agrupaciones.

            Se produjeron numerosos casos de concentración de las pequeñas empresas, en sectores determinados de la economía. Las Agrupaciones fueron una de las fórmulas que se adoptaron para articular las colectivizaciones urbanas y para racionalizar los costos de la producción, superando la dispersión antieconómica  de las colectivizaciones. Las agrupaciones, controladas por los sindicatos, supusieron un aumento del poder y de la influencia de la CNT y posteriormente encontrarían cada vez mayores obstáculos  por parte de las autoridades republicanas.

            Una multitud de empresas fueron colectivizadas por los trabajadores (se calcula que en el mes de septiembre de 1936, más de 80.000 empresas habían sido incautadas). Algunas de ellas,  como sería el caso de las entidades financieras, los bancos y las cajas de  ahorro, serían nacionalizadas por las  autoridades republicanas, para evitar el peligro de que acabaran siendo expropiadas por la oleada revolucionaria. Las nacionalizaciones contaron,  por lo general, con el visto bueno de las centrales sindicales, UGT y CNT, o en cualquier caso con su pasividad.

            Cuando por diferentes razones, los obreros no pudieron incautarse de los centros de trabajo, éstos quedaron bajo control de sus comités, que se encargaron de dirigir la producción. En la mayoría de los casos, los antiguos comités de empresa del período prerrevolucionario, se convirtieron en los nuevos organismos de control obrero.

            En el caso de las empresas con capital extranjero, el movimiento expropiador chocó con la oposición y la resistencia de los países extranjeros. Durante las jornadas de julio, en el puerto de Barcelona, algunos buques de guerra británicos habían   hecho acto de presencia, en un gesto intimidatorio, para que los revolucionarios se abstuvieran de expropiar las empresas en las  que habían capitales extranjeros invertidos. La CNT y el gobierno catalán, llegaron a un acuerdo por el que una lista de 87 firmas quedarían a salvo de cualquier intento de incautación (Riegos y Fuerza del Ebro, Sales Potásicas de Suria,...). En algunos casos, donde la composición del capital de las empresas era mixto, los obreros procedieron a su expropiación, desoyendo la orientación  dada por las centrales sindicales, que pedían que fuera respetado el acuerdo.

            Los comités de control ejercieron una fuerte vigilancia sobre la gestión y dirección de las empresas que no habían sido  colectivizadas. El control se extendía hasta las cuentas bancarias de éstas. Los propietarios y los directivos sólo podían acceder al dinero, con el visto bueno del comité. De esta forma, se evitaron nuevas fugas de capitales y posibles sabotajes   contra  la  producción, por parte de los antiguos dueños de las empresas, que no simpatizaban con la revolución.

            Las fórmulas de nacionalización y de control obrero, fueron utilizadas por las autoridades republicanas para evitar que el proceso de incautaciones se extendiese a algunas industrias y empresas de alto valor estratégico. Posteriormente, las nacionalizaciones fueron utilizadas para recuperar el poder perdido y hacer retroceder el control de los revolucionarios  sobre la economía.

            Hay numerosos ejemplos representativos de la dinámica del proceso: La Compañía Telefónica, propiedad de un trust norteamericano, la International Telephone and Telegraph Corporation, obedeciendo las órdenes de las direcciones sindicales, no fue incautada. Sin embargo, los obreros se reunieron en una asamblea abierta y nombraron a su propio comité de control, en el que estarían representadas las dos centrales sindicales. El control de los trabajadores se extendió a todos  los centros de trabajo de la compañía, mediante subcomités de delegados. La antigua dirección de la empresa quedó limitada en sus funciones, a llevar el sistema contable de la compañía.

            A nivel estatal, la mayor parte de la industria de armamento había caído en manos franquistas. En Catalunya existían cerca de 800 establecimientos metalúrgicos, pero ninguno de ellos estaba preparado para la producción bélica. La maquinaria existente en los cuarteles de Sant Andreu (Barcelona) para recargar cartuchos    había sido destruida en el asalto, durante las jornadas de Julio. Incluso  habían llegado a desaparecer los cianotipos para la fabricación de obuses.

            En Barcelona, como en otras ciudades industriales, todas las  grandes industrias metalúrgicas fueron colectivizadas (Hispano Suiza, Vulcano, La Maquinista Terrestre y Marítima...). Los obreros, dirigidos por sus comités reiniciaron la producción  destinada a cubrir las necesidades de las milicias combatientes.

            En el mes de Agosto se creó  la Comisión de la Industria de Guerra, que estaría presidida por Josep Tarradellas (ERC), miembro de la Generalitat. El control del gobierno autónomo era sólo simbólico. Era la central  sindical anarcosindicalista y los comités de trabajadores, los que verdaderamente controlaban la producción de la industria de armamento. Pese a las grandes dificultades que conllevaba la guerra, pese a la política de boicot del gobierno central a la industria bélica catalana, sólo un año después, la producción había  superado las estimaciones más optimistas que había  establecido la comisión (162).

            La aparición de una verdadera industria bélica catalana fue un fenómeno que reflejaría la inmensa energía creativa que había desencadenado la revolución. Las circunstancias de su aparición, su espectacular desarrollo en un espacio   tan corto de tiempo, son muestras de ello. La industria metalúrgica reconvertida sufrió  un extraordinario proceso  de concentración de la producción. Más de setenta pequeñas y antieconómicas fundiciones barcelonesas fueron cerradas y concentradas en tan solo veinticuatro centros.

            Sin embargo, mucho antes de la aparición de la Comisión de industrias de Guerra de Catalunya, los trabajadores ya habían iniciado su propia "reconversión industrial" de los sectores químico y metalúrgico. Gracias a la iniciativa de un grupo de militantes de la CNT y de un militar, experto de la fábrica de armamentos de Oviedo, se improvisó la primera industria bélica.

            Era el primer paso para la formación de una verdadera industria de guerra.

            El hecho de que las empresas metalúrgicas fueran capaces de reconvertirse en tan solo algunas semanas, en tan difíciles condiciones y sufriendo una importante carestía de cuadros técnicos refleja el enorme entusiasmo que el desenlace de las jornadas de julio había provocado entre los trabajadores. Apenas unos días después de la victoria sobre los sublevados, en las calles de Barcelona, ya habían hecho acto de presencia los primeros camiones blindados y las primeras granadas de mano, material que fue rápidamente enviado al frente aragonés.

"Hemos asistido al nacimiento y al desarrollo de las industrias de guerra de Catalunya y podemos decir que raramente se podrá presentar un ejemplo semejante de improvisación, porque raramente se volverá a encontrar un acuerdo tan perfecto y una pasión tan unánime entre las autoridades políticas, las autoridades técnicas y los obreros de todos los oficios de un país. Técnicos militares extranjeros que vieron de cerca esa obra nos aseguraban que lo realizado por nosotros en muy pocos meses era superior a cuanto se había logrado con muchos más medios, por países mejor equipados, como Francia, en los dos primeros años de la guerra de 1914-1918" (163).

            Por primera vez, los obreros se sentían dueños de sus destinos, y era esa, su conciencia liberadora, el motor que podía hacer posible tales iniciativas y tal capacidad de creación.

"En Catalunya, donde yo me encontraba, he visto crearse una industria de  guerra  como  por  arte  de  brujería... (el pueblo) estaba dispuesto para realizar ese milagro, que pueblos en plena paz y con medios económicos adecuados no logran realizar en mucho tiempo, y más aún, sin ingenieros en las fábricas, con solo dos o tres en la comisión de industrias de guerra, y aquellas fábricas y talleres tan rápida y perfectamente transformados funcionaban admirablemente, aumentando cada día la producción en términos insospechados, creándose las más difíciles actividades industriales, gracias a la iniciativa particular de los obreros catalanes..." (164).

            La Comisión de Industrias Bélicas tuvo en un par de meses,  bajo su control, 24 importantes fábricas catalanas de ingeniería y de productos químicos, que se dedicaron a la producción de obuses, explosivos y vehículos blindados... En el mes de Octubre de 1937, más de 50.000 obreros, repartidos en 500 fábricas, intervenían en la producción de armamento, mientras que otros 30.000 lo hacían en industrias auxiliares (165).

            En el mes de Septiembre de 1936, el gobierno de la Generalitat pidió el traslado a Catalunya de la maquinaria para la producción de municiones que existía en Toledo, y que se veía amenazada por el avance del ejército franquista. La respuesta del  gobierno de Madrid fue categórica y reveladora de cual era la actitud de las autoridades republicanas estatales:

"Catalunya nunca hará cartuchos" (166).

            Con el retroceso revolucionario vendría también la decadencia de la economía colectivizada y también la de la industria bélica, contrapuestas a la creciente intervención de las autoridades republicanas.

            En una carta enviada por Lluís Companys a Prieto, éste confesaba que la producción bélica había retrocedido considerablemente. El presidente de la Generalitat establecía el principio de la decadencia en el mes de Junio, pero la decadencia parece haber empezado antes, en el mes de marzo. Companys reconocía que la situación había   cambiado por completo, desde la nacionalización de la industria de armamento. La moral  de los trabajadores que durante los primeros meses de la guerra y  de la revolución habían trabajado más de 56 horas, sin cobrar por las horas extraordinarias y sin que se diesen casos de sabotaje o de indisciplina, ahora se resentía por la creciente burocratización que había acompañado a la toma de control de la industria, por parte del gobierno (167).

            En cualquier caso, podemos ver un paralelismo en el retroceso de la producción y la disminución del entusiasmo de los trabajadores. La recuperación del poder republicano iba parejo a la progresiva liquidación del orden revolucionario. Este proceso  iba acompañado de la apatía y de la desmoralización de los obreros. La explicación del retroceso de la producción no es posible atribuirlo solo a las dificultades que entrañaba el conflicto bélico. Del mismo modo, que el factor de la moral revolucionaria explica el milagro económico, también lo hace con la decadencia de la economía colectivizada.

            El sistema de control obrero sobre las industrias bélicas terminó con el decreto de militarización del sector, promulgado por el gobierno el 11 de agosto de 1938. Aunque hasta aquel momento había sido la Generalitat la que legalmente había controlado la industria armamentística, en realidad, habían sido los comités obreros, los que habían ejercido la verdadera dirección de la producción.

            La militarizacion fue la medida que adoptaron las autoridades republicanas para acallar en creciente descontento de los trabajadores del sector (168). La afirmación que hemos hecho no es gratuita. El mismo Joan Comorera, máximo dirigente del PSUC y enemigo declarado del movimiento expropiador, partidario entusiasta de la reconstrucción del poder republicano, declaraba en un Plenario de su partido, celebrado en Lérida, en el año 1938, que:

"La situación de las industrias de guerra hay que confesar que no ha mejorado suficientemente y  que en algunos casos, incluso ha empeorado" (169).

            También el dirigente ugetista catalán, Rodríguez Vega, confesaba que en algunas industrias, la productividad había descendido a la mitad (170). Con el restablecimiento del orden republicano y el incremento del control burocrático de las empresas, los trabajadores veían esfumarse sus sueños de liberación y aumentaba la desmoralización y la apatía.

            Vale la pena citar algunos ejemplos sobre la nueva organización de la industria metalúrgica catalana, dedicada a la fabricación de armamento. Los TALLERES HISPANO SUIZA contaban con unos 1400 obreros. Fue de esta empresa, de donde surgieron los primeros camiones blindados que acompañarían a la columna de milicianos dirigida por Durruti, que se dirigía hacia Aragón, para recuperar Zaragoza. Los sindicatos procedieron a la incautación de la industria y remodelaron su organización, adaptándola para la producción de guerra automóviles blindados, motores de avión, granadas de mano, ambulancias, soportes de ametralladoras...).

            La industria se situó bajo el control del Comité Central de Milicias Antifascistas, que nombró un delegado, un obrero metalúrgico, militante de la CNT, para hacer de intermediario entre ambos.

            El comité se formó por delegados de ambos sindicatos, de todos los sectores de la empresa, incluidos los técnicos, empleados administrativos e ingenieros, que de esta forma se integraban en la obra revolucionaria.
            LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARÍTIMA. Como el resto de las empresas del sector bélico no fue incautada por los trabajadores. Sin embargo, las diferencias entre las empresas expropiadas y  las que solo estaban sujetas al control, eran mínimas. Fue el comité de empresa, el que realmente dirigió la marcha  de la producción. Ésta nunca llegó a superar el 50% de su potencial, debido a las insalvables dificultades de carácter técnico que existían. A pesar de la iniciativa y del entusiasmo de los obreros, la escasez de técnicos y el hecho de que los que no habían huido, no simpatizaran con la causa revolucionaria impidió el aumento de la producción (171).
            Junto a la industria metalúrgica y armamentística, muchos  otros ramos de la industria y de los servicios se vieron afectados profundamente por las colectivizaciones, el textil, la alimentación, madera, electroquímica... El textil catalán, en el que trabajaban más de 230.000 obreros (170.000 de ellos,  afiliados a la CNT), sufrió grandes transformaciones revolucionarias en la organización del trabajo y de la producción. La colectivización en este sector fue prácticamente total, salvo algunas empresas que contaban con capital extranjero. De los 20.000 patronos existentes, apenas una décima parte de ellos se acercó a sus antiguas empresas, donde entraron a trabajar como técnicos o como simples trabajadores a sueldo. El resto de ellos huyó o fue eliminado.

            LA ESPAÑA INDUSTRIAL contaba con fábricas en Barcelona, en Sabadell y en Sants, y empleaba a cerca de 2.000 obreros que trabajaban en sus instalaciones. De ellos el 80% estaba afiliado a la CNT y el 20% restante a la UGT (172).

            Después del mes de Julio, la empresa pasó a depender de un comité que fue elegido en una asamblea a  mano alzada por más de 1.800 trabajadores de la plantilla, para sustituir a los directivos que habían huido. A pesar de que la empresa quedó bajo control de los  obreros, no fue colectivizada hasta la publicación del decreto de colectivizaciones (173).

            El comité de empresa estuvo compuesto por un total de doce  miembros (dos técnicos, dos administrativos y ocho de los trabajadores manuales), dos de los delegados eran mujeres que representaban al sector de hilado  y  de tejido. Los delegados siguieron trabajando en sus puestos, reuniéndose semanalmente los sábados, después de la jornada de trabajo, para resolver los problemas derivados de la reorganización de la producción. Para estas tareas el comité fue dividido en diferentes comisiones de trabajo (finanzas, comercialización, técnica y personal). El personal técnico y el administrativo, representado en el comité por sus propios representantes se comprometió a acatar las decisiones mayoritarias.

            El comité convocaba asambleas periódicamente, cada dos o tres   meses. La finalidad de las reuniones abiertas a todos los trabajadores, era explicar y rendir cuentas de la marcha de la empresa. Pese a ello, los duros condicionamientos de la guerra les obligaron a reducir el trabajo a tres días semanales, debido a la escasez de materias primas que empezaba a ahogar a la economía colectivizada. El sindicato textil de la CNT se encargó de la venta de la producción y de la importación de materias primas.

            En la nueva organización del trabajo, los trabajadores escogieron a sus propios capataces, que siguieron cobrando lo mismo que el resto de trabajadores manuales. Los nuevos encargados hicieron de enlace entre sus secciones y el consejo de empresa en las cuestiones de carácter técnico. Las diferencias salariales se redujeron sin llegar a eliminarse. Las trabajadoras siguieron cobrando entre un 15 y un 20% menos que los hombres, mientras que los trabajadores manuales mantuvieron salarios menores que los de los administrativos y técnicos. Los condicionamientos económicos que imponía la guerra impidieron los aumentos salariales. Sin embargo fueron los técnicos y los administrativos, los que propusieron una reducción de sus salarios en un 20%. El dinero ahorrado fue utilizado en la creación de un fondo de pensiones destinado a los trabajadores más ancianos (no olvidemos que no existía la seguridad social, y que el abandono del trabajo significaba la inmediata miseria).

            LA SEDA DE BARCELONA, no pudo llegar a ser colectivizada por ser de capital holandés. La empresa, puesta bajo control obrero, estuvo dirigida por un comité compuesto por diez miembros. Aunque los delegados habían sido escogidos en una asamblea, el reparto de puestos se decidió de forma paritaria, 5 de la CNT y 5 de la UGT, a pesar de la clara hegemonía del anarcosindicalismo en la empresa. La conciencia unitaria de los trabajadores superaba, de  esta  forma, los posibles enfrentamientos entre ambas centrales sindicales.

            Las colectivizaciones urbanas no se limitaron a la industria. También se extendieron al sector de servicios. Los depósitos de CAMPSA, las centrales eléctricas, las compañías del gas, los trasportes urbanos (tranvías, metros y autobuses)  y también los terrestres y marítimos. Las compañías ferroviarias quedaron bajo control sindical de la UGT y de la CNT. Algo similar ocurrió con la mayoría de las empresas de comunicaciones.
            Tampoco el sector de espectáculos (cines, teatros) escapó a la colectivización. Todo iba quedando en manos de los obreros sin que nadie pudiera hacer nada para evitarlo.

            Los trabajadores de Tranvías de Barcelona se incautaron de la compañía. El comité gestor, compuesto por siete delegados, se encargó de las tareas de organización de los servicios en toda la ciudad. Poco después, las compañías de autobuses y del metro adoptaron las mismas iniciativas.

            Las empresas de transportes de Barcelona formaron un comité central unificado con representantes de todas ellas (de 1 a 4 delegados por empresa, según su importancia), para coordinar racionalmente el transporte de viajeros en toda la ciudad. Cada empresa se administraba de forma autónoma, sin embargo, todas estaban supeditadas al comité central coordinador, que se encargaba de compensar con los beneficios de las compañías más rentables, las pérdidas del resto. Se mejoraron las condiciones de trabajo y de higiene de las plantillas, y se llegó a plantear, para después de la guerra, la implantación de la semana de cuarenta horas, en el camino hacia la de treinta y seis. En materia salarial, aunque las diferencias persistieron, tendieron a igualarse.

            La composición de los comités de las diferentes compañías de transporte de viajeros de Barcelona no era uniforme. Mientras en el del Metro Transversal y en el de la Compañía de Autobuses  su composición era completamente anarcosindicalista, en el del Gran Metro habían representantes de ambas centrales sindicales. La Compañía de los Ferrocarriles Catalanes fue dirigida por un comité conjunto CNT-UGT, contando con la presencia de un delegado del Gobierno de la Generalitat que tuvo un papel completamente testimonial, durante los primeros meses de conflicto.

            El gran comercio barcelonés sufrió también importantes cambios. Los grandes almacenes como "El Siglo", fueron incautados por el Sindicato Único Mercantil de la CNT. En la asamblea de trabajadores de la empresa se escogió un Consejo Técnico (3 miembros) y un Consejo Administrativo (12 empleados, 2 ex-empleados y un representante del Sindicato).

            La mayor parte de los establecimientos comerciales (los  grandes en su totalidad) fueron colectivizados. Algo similar ocurrió con el comercio mayorista de víveres (huevos, pescado, verduras, fruta, leche,...), mientras se establecían comercios   de venta minorista. Los intermediarios fueron excluidos del circuito comercial, permitiéndoseles trabajar como asalariados en el mismo ramo. Se dictaron normas encaminadas a  mejorar la higiene de los alimentos, se establecieron comités de control en el matadero municipal y se cerraron aquellos establecimientos que fueron considerados insalubres. El campesinado fue obligado a comerciar sus excedentes con los comités locales de abastecimiento creados  por la CNT.

            Los comités de empresa se convirtieron en la nueva dirección de los centros de trabajo colectivizados. Las dificultades con las que se encontraron en su tarea de dirigir la producción, hizo que éstos, frecuentemente, delegaran sus funciones de representación sindical, en los denominados comités de fábrica. Estos organismos se convirtieron en los intermediarios de los  trabajadores frente a los comités, que se habían convertido en los nuevos organismos directivos de las empresas. Sus tareas reivindicativas permitieron integrar a numerosos trabajadores en las tareas de gestión de la producción y evitaron el alejamiento entre éstos y los nuevos organismos de dirección (174).

            Es destacable el sentimiento de unidad de clase que se expresó, a menudo, en la composición de los comités de las empresas colectivizadas y en las sujetas al control obrero. Ambas centrales sindicales, CNT y UGT, estuvieron representadas en los comités de las empresas, unas veces de forma proporcional a su afiliación, otras de forma paritaria. En los comités también estuvieron integrados los representantes de los técnicos y de los administrativos. La idea dominante era la de integrar a las minorías y preservar de esta forma, el espíritu unitario que alentaba al movimiento.

            Algunos historiadores, estudiosos del tema, consideran que la asistencia y la participación en las asambleas no fue demasiado numerosa. Algunos la sitúan en un porcentaje en torno  a una  tercera parte de las plantillas (175). La participación en las reuniones periódicas no era, necesariamente, falta de identificación de los trabajadores con la obra colectivizadora de la que eran protagonistas. No podemos olvidar que, la mayor parte del debate en este tipo de asambleas se centraba en aspectos rutinarios, técnicos y administrativos, que difícilmente atraían el interés del conjunto de los trabajadores, salvo a los sectores más conscientes y militantes de las empresas.

            Para comprender el impacto que tuvieron las colectivizaciones en la conciencia de los trabajadores, es revelador el testimonio de uno de los  anarcosindicalistas que participó en ellas:
"A raíz de la colectivización observó una gran diferencia en los obreros. Antes de la guerra ninguno de ellos <<sabía hablar>>. Si había que hacer alguna reivindicación, él, Capdevila, o alguno de sus compañeros del sindicato tenía que entrevistarse con la dirección. Mientras funcionó el comité obrero de control, el grueso de la fuerza laboral siguió sin decir palabra. Pero en cuanto se colectivizó la fábrica y se celebraron asambleas generales, todo el mundo empezó a hablar".

"<<Era asombroso. Todo el mundo se convirtió en un loro, todo el mundo quería decir lo que pensaba y sentía. Evidentemente ahora eran conscientes de estar a cargo de las cosas y de que tenían derecho a hablar por si mismos...>>" (176).

            Las empresas expropiadas sólo fueron completamente autónomas durante un breve período de tiempo, durante las semanas siguientes a las jornadas de julio. La situación creada, las necesidades y los obstáculos, pese al origen espontáneo y disperso de las colectivizaciones y de su obra, las empujaba en una sola dirección. La obra revolucionaria, solamente podía sobrevivir  mediante la coordinación y planificación de la economía.

            La inexistencia de un auténtico estado obrero, que representara, centralizara y ordenara la actividad de los comités y de las colectivizaciones, hizo que durante los primeros meses, después de iniciado el conflicto, la economía se caracterizara por la combinación de rasgos de autogestión obrera y de corporativismo, con los intentos de coordinación y de estructuración de la misma. El hecho de que la dualidad de poderes derivase hacia la restauración de las viejas instituciones estatales, sería la causa de que en la mayor parte  del territorio, las colectivizaciones quedasen rápidamente en la órbita del nuevo gobierno republicano. Esta vez dirigido por Largo Caballero y por las organizaciones obreras del Frente Popular.

            Sólo en Catalunya, las colectivizaciones y los comités,  consiguieron mantener una cierta independencia de las autoridades, incluido el Comité Central de Milicias. Durante cerca de cuatro meses, se resistieron a someterse al Consejo de Economía y al Gobierno de la Generalitat, a pesar de la participación y de la subordinación de los organismos  dirigentes de las organizaciones obreras a estos organismos.

            En el mes de octubre de 1936, se reunió en Barcelona un Congreso sindical, en el que asistieron delegaciones y representantes de más de 600.000 obreros de las industrias colectivizadas. La finalidad del acto era el estudio de la socialización de la industria.

            Pocos días después, el 24 del mismo mes, el nuevo orden económico era institucionalizado en Catalunya, con la publicación del decreto de colectivizaciones. La orden gubernamental reconocía como un hecho consumado lo que era una realidad desde hacía algunos meses en la calle. Sin embargo, a cambio se iniciaba un proceso de intervención de las colectivizaciones, por parte de la Generalitat. La penetración del gobierno catalán, testimonial y simbólica  al principio, acabaría por significar la contención y la limitación de las colectivizaciones, en el período del retroceso revolucionario. El nuevo decreto también reflejaba la consolidación del poder del gobierno de  la Generalitat, y la tendencia de las organizaciones obreras más radicales a subordinarse a su autoridad política.

            Hubo numerosos intentos de planificación de la economía colectivizada. En el mes de diciembre del mismo año, se celebró un Congreso de Sindicatos Únicos de la CNT en la ciudad de Valencia. El congreso pretendía estudiar y proponer soluciones a     las dificultades que provocaba   la dispersión y la competencia entre las diferentes industrias colectivizadas.
El resumen de la declaración final refleja las conclusiones y las propuestas  que fueron dirigidas a los sindicatos:

"Al proceder a la  socialización  de  una  industria deberán agruparse todos los esfuerzos de los distintos sectores que componen la rama de la industria en un plano general y orgánico con lo cual se evitarán las competiciones y dificultades de orden sindical que dificultarían la buena organización de la industria socializada. Se enlazarán los organismos de producción y distribución de tal manera que se evite la especulación de elementos ajenos a los intereses de la industria socializada"
(177).

            Como muy bien indica José Peirats, el documento de Valencia reflejaba una conciencia clara entre los participantes del Congreso, de cuales eran los problemas que amenazaban a la industria socializada.

"Los trabajadores se daban cuenta de que la colectivización parcial degeneraría con el tiempo en una especie de cooperativismo burgués. Encastillado en su respectiva colectividad, las empresas habrían suplantado los clásicos compartimientos estancos y caerían fatalmente en la burocracia, primer paso de una nueva desigualdad social. Las colectividades terminarían haciéndose la guerra unas a otras, comercialmente hablando, con tanto ahínco y mediocridad como las antiguas empresas burguesas" (178).

            Los sindicatos procuraron reorganizar las distintas ramas de la producción. Por su peso y arraigo en el movimiento obrero y a falta de organizaciones de otro tipo (soviets) que pudieran asumir estas tareas, las centrales sindicales y especialmente la CNT, tuvieron que asumir la función de coordinación de las empresas colectivizadas o las que estaban sujetas al control  obrero. Su importancia en la estructuración de la economía revolucionaria fue inmensa. Sin ningún tipo de dudas podemos considerar que hubiera sido imposible superar el caos revolucionario de los primeros momentos, si los sindicatos no hubieran intervenido. Sin embargo, es constatable también, la falta de definición y de delimitación en las relaciones entre éstos y los  comités. Esta confusión, fue una frecuente fuente de tensiones y de conflictos entre ambos organismos y facilitó, posteriormente, la intervención del gobierno republicano.

            La idea de estructurar la economía revolucionaria mediante las agrupaciones industriales, fue vista con buenos ojos por los anarcosindicalistas, que consideraron que esta solución se aproximaba a sus planteamientos de socialización bajo control sindical de la economía.

"Los de la CNT opinábamos que todo debía partir del obrero...   A tal efecto queríamos crear federaciones industriales (textiles, ingeniería, grandes almacenes, etc.) que estarían representados en un consejo económico global encargado de dirigir la economía. De esta manera, todo, incluyendo la planificación económica, permanecería en manos de los obreros. (Las federaciones industriales habían sido aprobadas por la CNT en 1931, pero su creación fue combatida por elementos anarquistas del sindicato, por lo que sólo existían unas cuantas al estallar la guerra)" (179).

            En ocasiones, los intentos de creación de las agrupaciones industriales fracasaron al chocar con la visión corporativista de los comités, que consideraban a las empresas colectivizadas, como algo de su exclusiva propiedad y se mostraban reticentes a formar parte de las federaciones.

            Pasados los primeros momentos, generalmente, fueron las Juntas territoriales las que acabaron por asumir las funciones de dirección de la economía en sus respectivas zonas.  La aparición en Catalunya del Consejo de Economía, organismo de planificación  que estaba supeditado al gobierno de la Generalitat, en la que participaban todas las organizaciones obreras, hizo que estas funciones recayeran en él. Sin embargo, las centrales sindicales y en concreto la  CNT, mantuvieron su poder e influencia en las empresas socializadas o intervenidas por los trabajadores. Gran parte de la articulación de la economía revolucionaria siguió recayendo en ella.

            El Consejo de Economía de Catalunya apareció ante muchos trabajadores como un órgano extraño, que había sido impuesto desde las alturas y que estaba subordinado al desprestigiado gobierno de la Generalitat. Los sindicatos en cambio, eran las organizaciones tradicionales del movimiento obrero y gozaban de su entera confianza, por lo tanto, no es de extrañar que estas organizaciones continuaran siendo las que coordinaran y estructuraran los sectores colectivizados.

            La coordinación superó en muchos casos el ámbito local extendiéndose a regiones enteras, llegando a abarcar desde la extracción de materias primas, hasta la manufacturación y distribución de los productos. Ramas enteras de los servicios y de la industria fueron completamente reorganizadas. Cientos de pequeñas industrias, dispersas y antieconómicas, fueron cerradas y concentradas en grandes centros, mejor equipados para la producción. Los trabajadores de la mayoría de los 745 hornos-panadería que existían en Barcelona aceptaron la socialización y la reestructuración de todo el sector. Algo similar ocurrió con el sector de  la  madera,  donde cientos de pequeños talleres fueron reorganizados y concentrados en fábricas más grandes.

            En otras poblaciones catalanas se vivieron procesos idénticos (la industria del vidrio,  confección, la sastrería, la piel y también el calzado de Sitges, el embutido de Vich...). El fenómeno, muy importante en Catalunya, se extendería a otras ciudades y pueblos de la zona republicana (el metal y el textil de Alcoi, la madera de Cuenca, la ebanistería de Madrid...).

            Los proyectos de racionalización y de coordinación de la economía colectivizada fueron impulsados especialmente por las organizaciones más radicales del movimiento obrero, la CNT-FAI y  también por el POUM. Sin embargo, a menudo, estos proyectos chocaron  con la resistencia  del resto de organizaciones, que no veían con buenos ojos la consolidación del sistema de las colectivizaciones.

            Después de las jornadas barcelonesas de mayo de 1937, en Catalunya y a pesar de la supuesta legalidad que amparaba la planificación de la economía, con la publicación del decreto sobre las colectivizaciones, los intentos de racionalización  de la producción encontraron la oposición  creciente de la UGT catalana, que invocaba a la Generalitat y al secretario del PSUC, Comorera, para impedirlos.

            El origen  no planificado de las colectivizaciones revela el  verdadero carácter de la revolución española. Sin embargo  el espontaneísmo también fue el origen de numerosos errores y  limitaciones del movimiento colectivizador. Sobre la ingenuidad y el simplismo con el que los revolucionarios acometieron su obra revolucionaria en la economía, Fraser recoge las declaraciones de un joven militante de CNT,  Pons Prades, que había trabajado en la industria colectivizada:

"... era fácil alcanzar aquel mundo nuevo, aquel paraíso terrenal del que tan a menudo le hablara su  padre. Bastaría con cambiar las banderas, entonar nuevas canciones revolucionarias, abolir el dinero, la jerarquía, el egoísmo, el orgullo; las columnas sobre las que se apoyaba el imperio del dinero. <<No era yo solo, joven inexperto, quien así pensaba. Eran también los hombres, los militantes de la CNT que tanto habían luchado en la vida>>..." (180).


            En muchos casos,  los trabajadores se limitaron a aumentarse los salarios, reducir sus horas laborales y producir contando tan  solo con las reservas existentes en sus almacenes y sin preocuparse de lo que pasaría cuando éstas se agotaran. Muchos trabajadores tenían una visión excesivamente esquemática de lo que significaban las colectivizaciones y también de su funcionamiento. Sin embargo pronto surgieron problemas inesperados que se encargaron de borrar esta falsa idea.

            Las colectividades no llegaron a unificarse jamás, en un sistema económico coherentemente estructurado, con una sola administración centralizada, elegida democráticamente por las bases. Esto hubiera significado sentar las bases del estado obrero, alternativa en la que no estaban interesadas en aquel momento, ninguna de las organizaciones obreras.

            El anarcosindicalismo cometió la equivocación de olvidar las experiencias de las revoluciones anteriores. Los libertarios  españoles repitieron trágicamente los errores que había cometido   la Comuna de París, apenas sesenta años antes, abandonando en manos de sus adversarios políticos, en la zona republicana, los resortes  del capital financiero, que luego serían utilizados en su contra.

            La Generalitat de Catalunya nombró rápidamente delegados en cada banco y en cada caja de ahorros, con el acuerdo de la UGT y de la CNT, para impedir la fuga de capitales y controlar las operaciones comerciales de las empresas. Con esta maniobra, el gobierno catalán evitaba cualquier tentación de incautación de las entidades financieras catalanas. En los meses siguientes, el  control sobre los bancos y las entidades financieras se mostró como un instrumento eficaz para paralizar y hacer retroceder al movimiento colectivista, como paso previo y obligado para su posterior liquidación.

            Dos años después de iniciada la guerra, al menos la mitad de las empresas colectivizadas catalanas se encontraban hipotecadas con la Generalitat, por los préstamos que ésta había concedido para el pago de los salarios. Gracias a esta situación, el gobierno autónomo conseguiría fácilmente intervenir  la industria colectivizada, mediante el nombramiento  de inspectores. A medida que las viejas autoridades recuperaban su poder, los interventores de la Generalitat también irían adquiriendo,  poco a poco, más poder en el seno de las colectividades, en detrimento de la antigua autonomía económica que éstas habían gozado. Con esta situación, atada de pies y manos, la economía revolucionaria iniciaba su declive.

"Según sus defensores, las colectividades fracasaron, no por su celo egocéntrico, ni por su incompetencia o mala organización, sino sencillamente porque, una vez agotados sus recursos iniciales, no consiguieron crédito de sus enemigos, que manipulaban el sistema bancario y controlaban las divisas y el comercio exterior. Juan Fábregas, delegado de la CNT en el Consejo Económico de Catalunya, recibió de Madrid negativas rotundas. <<Bastaba que la nueva industria militar de Catalunya estuviera controlada por los trabajadores de la CNT para que el gobierno de Madrid negara su ayuda. Solo concedían ayuda económica a cambio de ceder el control al gobierno>>. Negrín dijo al periodista Louis Fischer que las fábricas colectivizadas de Catalunya habían gastado todas sus reservas en pagar salarios y que por eso acudían a él, Ministro de Hacienda, a solicitar dinero. <<Aprovecharemos su petición -añadió- para hacernos con el control de las fábricas>>. En otras palabras, los enemigos políticos de la CNT trataban de colocar a las empresas colectivas en una situación tan difícil que se vieran obligadas a rendirse" (181).

            El testimonio de Fábregas, y la conversación entre Negrín y el periodista procomunista Fischer, revelan el alcance y la eficacia del instrumento financiero, como instrumento contra la revolución colectivista que estaba en marcha.

            El arma financiera no solo fue utilizada contra las colectivizaciones. También sería un instrumento de presión del gobierno central contra los deseos autodeterminativos de la Generalitat de Catalunya, demasiado escorada hacia la izquierda, por la fuerte presión a la que estaba sometida por el movimiento revolucionario. El gobierno de Largo Caballero se negó a traspasar parte de las reservas de oro  del Banco de España a Catalunya, que debían ser utilizadas en la compra de armamento y de materias primas, por temor a que ésta, adquiriese demasiada independencia frente al gobierno central (182).

            Resulta asombroso observar como algunos historiadores anarcosindicalistas justifican la trágica equivocación:

"En un ramo no se realizó la colectivización: en la Banca. Por razones fáciles de comprender. La colectivización no se hace por decreto desde arriba, sino por la intervención de los obreros y empleados de cada empresa".

"¿Porqué no se colectivizaron los bancos? los dependientes bancarios estaban poco organizados, existían dos sindicatos bancarios, uno CNT y otro UGT; este último, mayoritario, era contrario a la colectivización y propugnaba la estatalización".

"La socialización  debe realizarse, según su doctrina, por decretos gubernamentales. El gobierno no decretó la colectivización de los bancos. Así, los dependientes bancarios, en mayoría, no sabían lo que debían hacer. La colectivización no se llevó a cabo" (183).

            Sin embargo, otros historiadores de la misma ideología, reconocen el error histórico del anarcosindicalismo español (184). El sector financiero, controlado por la UGT catalana se   mantendría al margen del movimiento expropiador, siendo entregado intacto, con el visto bueno de los dirigentes de CNT, a sus adversarios, para ser utilizado posteriormente como un instrumento de chantaje y de presión contra las colectivizaciones.

            Es necesario tener en cuenta otro factor: el tradicional raquitismo del sector bancario en Catalunya, que lo hacía depender fuertemente del capital financiero estatal. Sin embargo este dato   no invalida la conclusión: el desprecio que la tradición libertaria siente hacia el dinero, se convertía en una terrible arma contra la misma revolución. La ingenuidad anarcosindicalista residía en considerar que la iniciativa colectivizadora solo podía partir de los mismos trabajadores del sector, y no del conjunto de la clase obrera, que necesitaba utilizar los capitales expropiados para consolidar y extender el nuevo orden revolucionario.  

            Las empresas necesitaban financiarse, necesitaba divisas para importar materias primas que eran indispensables para poder seguir produciendo, era necesario pagar los salarios a los trabajadores que las integraban. Muchas empresas solo pudieron mantener su ritmo de trabajo, mientras no se agotaron los stocks que habían sido expropiados durante los primeros días de la revolución. El agotamiento de las reservas provocaría un descenso dramático de la producción en algunos sectores de la industria. El textil catalán tuvo que reducir la semana laboral a tres días, ante la escasez de materias primas.

            Cuando la situación empezó a volverse insostenible, un grupo de militantes libertarios llegó  a proponer al Comité Nacional de la CNT la planificación del robo de una parte del oro guardado en el Banco de España de Madrid. El plan sería rechazado por la dirección, por las consecuencias políticas que hubiera tenido la acción, en las relaciones con el gobierno central.

            La  actitud que las autoridades republicanas y del Frente Popular mantuvieron frente a las colectivizaciones fue, en un primer período, de aceptación forzosa. Sin embargo y a medida que su autoridad iba siendo restablecida, tanto la Generalitat, como el gobierno de Valencia, intentaron detener la honda expansiva del movimiento expropiador. Aplicaron una política de boicot y de sabotaje a la industria colectivizada. El gobierno de Largo Caballero llegaría a importar del extranjero numerosas partidas de ropa para abastecer al nuevo Ejército Popular de la República, para evitar tener que hacer la compra a las empresas del textil catalán. Los gobiernos central y  en menor medida, también el autónomo, tenían en su poder la llave de acceso a las divisas y a los tratados de comercio. En esta situación de boicot y sabotaje por parte de las autoridades republicanas, las empresas que dependían del mercado exterior se encontraron con graves dificultades para acceder a nuevos envíos de materias primas.

            Difícilmente, los comités de empresa, podían proceder  de forma diferente a como lo hicieron, sin la existencia de un sistema económico socialista coherente. La falta de criterios claros de planificación global, acentuó todavía más, los rasgos más  individualistas de los trabajadores y llevó a los comités, en muchas ocasiones, a mantener una visión localista y corporativa de las empresas. La falta de una orientación precisa  y concreta de las organizaciones obreras, hizo que surgiera con mucha fuerza, en muchas de las colectivizaciones, la idea de que éstas, eran propiedad exclusiva de los obreros que trabajaban en ellas, y no de toda la sociedad, que les habría cedido a ellos, su control y gestión.

            Las consecuencias no se hicieron esperar: se dio una división creciente entre las empresas ricas y las pobres, con las consiguientes diferenciaciones salariales; apareció la competencia entre las diferentes empresas colectivizadas para conquistar el mercado, afán de lucro como motor de la producción,... Estos hechos fueron denominados por algunos sectores críticos como "capitalismo sindical" (185), o como lo llegó a denominar Peirats "cooperativismo burgués" (186).

"El colectivismo que vivimos en España no es el colectivismo anarquista, es la creación de un nuevo capitalismo más inorgánico que el viejo sistema capitalista que acabamos de destrozar... Está hoy plenamente comprobado que no existe dentro de nosotros ningún ajuste, ningún apego, ningún respecto a la moral libertaria que nosotros decidimos defender o sustentar; y no existe porque nadie entiende de economía en general, de complejos económicos, de la dependencia de unas industrias con otras..." (declaración de Horacio Prieto, exsecretario de la CN de la CNT, hechas el 06.01.1938). (187).

            Más clarificadoras  son las críticas aparecidas en el órgano del POUM, "La Batalla":

"(el artículo se titula <<ante todo hay que saber adonde se va y lo que se quiere>)... Asistimos en Barcelona, principalmente, casi sin que se preste atención a ello, a un proceso de <<sindicalización>> de todos los aspectos de la vida económica, que nada tiene que ver ni con la socialización, ni con la colectivización. Los sindicatos recaban la hegemonía absoluta de cada industria, establecen sus normas, su dirección, teniendo en cuenta los intereses estrictamente profesionales, no generales, de la clase trabajadora, e incluso ni el interés de la lucha actual... queremos referirnos a un caso, como ejemplo, el comité revolucionario ferroviario ha adoptado el acuerdo de no conceder billetes gratuitos, partiendo de la necesidad de no mermar los ingresos de la industria... pero evitar estos abusos es una cosa, y otra deducir las consecuencias de que deben negarse casi en absoluto de los billetes gratuitos... ¿porqué se producen todas estas contradicciones y hasta cierto punto este desbarajuste?, sencillamente porque hasta ahora no ha habido un pensamiento rector del curso de la revolución..." (188).

            Era evidente que la persistencia de estas actitudes sólo podían llevar al hundimiento de la revolución y a la restauración  progresiva de la vieja sociedad capitalista que había sido aplastada en las jornadas de julio.

            La gravedad de la situación obligó a la CNT a presionar sobre las empresas colectivizadas para que éstas corrigieran  las graves contradicciones que sufrían. En el mes de febrero de 1937, cuatro meses después de  aprobarse el decreto sobre las colectivizaciones, una conferencia sindical conjunta CNT-UGT del textil, acordaba que la colectivización de las empresas, tal como se había llevado a cabo en muchos casos, había sido un grave error, y que era necesario proceder a la socialización total de la industria colectivizada. Una comisión del sindicato anarcosindicalista informaba en Barcelona en el mes julio del mismo año:

"El precipitado afán de colectivizarlo todo, especialmente las empresas que tenían reservas monetarias, ha revelado en las masas un espíritu utilitarista y pequeño burgués... al considerar toda colectividad como propiedad privada, no como mero usufructo, han sido ignorados los intereses de otras colectividades. Las empresas colectividades se han preocupado solo de su propia rentabilidad, produciendo un desequilibrio en las propias finanzas de otras empresas" (189).

            Sin pretender minusvalorar el éxito de los comités y de las colectivizaciones en su gestión, hemos de aceptar, coincidiendo  con Walther Bernecker, que las metas revolucionarias y de emancipación social que se plantearon, sólo pudieron conseguirse de forma limitada e imperfecta.

"Sin embargo, su meta social, la abolición de la alienación de los trabajadores, mediante transformaciones radicales de la estructura de poder de la economía industrial, sólo la alcanzaron temporalmente y aún en este caso, parcialmente. Su error de partida consistió en dejar fuera de su atención los intereses económicos generales y en tolerar durante demasiado tiempo la existencia de un ciego egoísmo de empresa" (190).

            El avance y profundización de la conciencia revolucionaria de los trabajadores chocó con la inexistencia de un programa de planificación global de la economía que les ofreciera un proyecto socializador de la revolución que ellos habían iniciado, en vez de perderse en actitudes corporativistas.

            La intentos de planificación y estructuración de la economía, impulsados por la CNT, hizo posible que estos prejuicios fueran superados por la comprensión de muchos trabajadores, de la existencia de una interdependencia de toda la economía colectivizada.

            En Catalunya, los crecientes desequilibrios fueron corregidos en parte, con la creación de una Caja Central de igualación o de compensación, que redistribuiría los beneficios cedidos por las colectividades ricas, entre las que presentaban pérdidas. También existieron Cajas de Compensación sectoriales, como la de Transportes de Barcelona, donde la Compañía de Autobuses dedicó una parte de los beneficios obtenidos a compensar las pérdidas de la de tranvías.

            Con frecuencia, los comités de empresa, empeñados en las tareas de dirección y de organización de la producción en las empresas colectivizadas o intervenidas, perdían sus antiguas funciones sindicales. En ocasiones, como hemos comentado más arriba, llegaron a crearse nuevos organismos sindicales que se encargaron de representar a los trabajadores en las cuestiones de índole laboral. Sin embargo y a menudo, estas funciones quedaron completamente abandonadas.

"Debería haberse hecho, para que los trabajadores siguieran teniendo su representación sindical directa a la que acudir en caso de alguna queja laboral. Fue un fallo muy común en el área de Barcelona, un fallo consciente en no comprender cuál era la nueva situación creada por el hecho de que un sindicato pasara de la fase de lucha de clases a la autogestión, una confusión entre los dos papeles..." (191).

            De la idea recogida por Ronald Fraser se desprende un cierto grado de burocratización de los comités de empresa, y también el alejamiento de algunos sectores de trabajadores del funcionamiento de la economía colectivizada o intervenida.

"El principal fracaso, según la opinión de Pons Prades y de otros miembros, opinión que confirmaba la objeción planteada originariamente por los anarquistas, fue que el sindicato se transformó en una especie de gran empresa, con una estructura progresivamente fingida. <<Visto desde fuera, empezó a parecerse a un trust americano o alemán>>. Desde dentro, si bien los obreros tenían posibilidad de expresar sus críticas o necesidades, resultaba difícil efectuar los cambios que querían".
"<<Tenían la impresión de que no participaban directamente en la toma de decisiones. Si el <estado mayor> decidía que se cambiase la producción en dos talleres, no se informaba a los obreros del porqué. La falta de información... engendró descontento, especialmente si se tiene en cuenta que en la CNT era tradicional discutirlo y examinarlo todo. Las reuniones quincenales de delegados pasaron a ser mensuales y creo que terminaron siendo trimestrales...>>."
"A pesar de todas estas objeciones, en la primera asamblea   general anual casi todos los cargos fueron prorrogados por unanimidad... <<A medida que fue pasando el tiempo, habría sido difícil corregir la estructura cada vez más rígida del sindicato.>>" (192).

            Hay distintos factores que nos pueden ayudar a comprender el origen de estas actitudes burocráticas. Las circunstancias en las que se desarrollaban los comités, como la guerra, la falta de orientación política,... impidieron que éstos pudieran profundizar su democratización interna. La escasez de cuadros obreros, preparados para asumir las responsabilidades que implicaba la administración y la organización de la economía colectivizada era más que dramática. Las funciones de dirección  de las empresas colectivizaciones acabaron por concentrarse en una pequeña minoría de militantes revolucionarios.

            También el excesivo afán de expropiarlo todo, sin ningún tipo de criterio diferenciador entre las grandes y las pequeñas empresas, provocó graves problemas al movimiento revolucionario. La incautación de gran número de minúsculas empresas y establecimientos, provocó el descontento y el temor de la pequeña burguesía y de las clases medias. En Madrid, por ejemplo, llegaron a colectivizarse los equipos de zapateros, los ebanistas, las barberías e incluso... los salones de belleza. Los antiguos propietarios se convirtieron en simples trabajadores de sus antiguas empresas.

            Durante las jornadas de julio, el grueso de la pequeña burguesía urbana y del campo había permanecido neutral, o incluso había llegado a simpatizar con los revolucionarios. Sin embargo los errores cometidos provocaron el alejamiento de las clases medias de la izquierda y también de los desprestigiados e impotentes republicanos, para volcarse hacia el PCE-PSUC, que fueron las organizaciones que, gracias a su eficacia, consiguieron capitalizar el desplazamiento político. Los excesos colectivizadores y la violencia indiscriminada que se dio en muchos casos, empujaron a la pequeña burguesía a buscar la protección entre las organizaciones que pretendían restaurar el viejo orden republicano y que se enfrentaban al anarcosindicalismo.

"Al sentar las bases del socialismo, un error gravísimo se ha cometido en nuestro país, la colectivización de la pequeña industria y del pequeño comercio, a pesar de estar prohibido por el decreto de colectivizaciones, estaba en el ánimo de muchos trabajadores, por falta de una cultura social suficiente, el deseo de intervenir y de disponer en los negocios de la industria o el comercio donde trabajaba. Un falso concepto igualitario, muy extendido en nuestros medios obreros, ha hecho también que se dañaran los intereses de la pequeña burguesía".

"Más que dañar su intereses, más que desposeerlos de su industria o comercio, lo que debía haberse hecho era impedirles su libre uso y apartarlos de la dirección del estado. Hubiera sido la mejor política respecto a la pequeña industria, ahora desposeídos de sus propiedades y con el poder político, tratan y tratarán constantemente de hacer marchar atrás en el camino de la revolución y buscarán la fórmula que les permite volver a la vieja situación. Y este error que ha cometido el proletariado colectivizando pequeños comercios e industrias, como la pequeña propiedad de la tierra, es totalmente contrario a las leyes del socialismo".

"El socialismo no debe entrar en la conciencia de las masas o de los individuos a la fuerza" (193).

            El documento que cita Victor Alba pertenece al POUM, y sitúa  la posición crítica de esta organización ante uno de los errores más graves, cometidos por el movimiento colectivizador. La inexistencia de una organización capaz de encauzar el torrente revolucionario desatado, condujo a una serie de errores o excesos que debilitarían a la misma revolución. Los adversarios de las colectivizaciones aprovecharon estos errores para denigrarlas, condición que era necesaria para su posterior liquidación.

            Los historiadores contrarios al movimiento colectivizador, reconocen las graves dificultades, derivadas del conflicto bélico, que tuvo que atravesar la economía socializada. Han reflejado  los errores y las ingenuidades que se desarrollaron en las colectividades. Sin embargo algunos de ellos han presentado una serie de argumentos en su contra, que no resisten un análisis serio.

            Stanley Payne considera que las colectivizaciones y el control obrero, tuvieron efectos negativos en la economía republicana, y esta nunca pudo recuperar los niveles de producción existentes a principios de 1936.

"La escasez propia de la guerra, la pérdida de mercados, la falta de materias primas, junto con el efecto disgregador de las colectivizaciones y el control obrero, hizo imposible a la industria catalana alcanzar los niveles de producción previos" (194).

            El historiador Stanley G. Payne coloca "el efecto disgregador de las colectivizaciones y el control obrero" al mismo nivel que los factores relacionados con la guerra. Sin embargo, se resiste a analizar las causas del "efecto disgregador" del colectivismo, es decir, la falta de un poder político que estuviera dispuesto a llevar hasta el final la construcción de una economía socialista, sólida y coherente.
La disminución de la producción, ha sido perfectamente explicado por otro economista e historiador, poco sospechoso de simpatizar con el movimiento revolucionario:

"(Primera fase. Julio-Agosto de 1936) Refleja el impacto de la desorganización debida a la guerra civil: el mes de agosto marca el punto más bajo de la actividad industrial...
(Segunda fase. Septiembre de 1936 a Octubre de 1937) Es una etapa de adaptación a la situación. El impacto económico de la guerra por la pérdida de mercados y del abastecimiento de materias primas reduce la producción entre el 75 y el 60% respecto a Enero de 1936. Hay puntos significativos de baja: noviembre de 1936,  a causa del agotamiento de los stocks de las empresas, y Febrero de 1937, en que se manifiesta la crisis iniciada a principios de año, a causa de la reconversión, ya iniciada, de la economía catalana en una economía de guerra; todo esto repercute en el conjunto industrial del país, que se resiente por la rigidez de la oferta. De esta manera se acelera  el incremento de precios a partir del mes de marzo, en que el encarecimiento acentuado de la subsistencia puede explicar en parte, los hechos de mayo de 1937. Por otra parte, la disminución de la producción industrial en mayo de 1937 es una consecuencia de los hechos producidos en Catalunya, y muy especialmente en la ciudad de Barcelona, aquel mismo mes" (195).

            El autor de estas significativas líneas reconoce la existencia del factor "desmoralización", como una de las causas de la caída de la producción industrial de Catalunya (y por lo tanto, del resto de la zona republicana), pero no atribuye a la naturaleza del sistema de las colectivizaciones y al control obrero, ninguna cualidad "disgregadora" intrínseca, como causa de la decadencia. Por el contrario, si la desmoralización de los trabajadores fue una de las causas del retroceso de la economía, se deduce que el entusiasmo revolucionario de la clase obrera por las conquistas sociales conseguidas (las colectivizaciones y el control obrero) habían sido uno de los soportes principales que evitaron, pese a las condiciones negativas existentes, que la economía se desplomara.

            Fue Jaume Miravitlles en una conversación con Josep Tarradellas, ambos miembros de ERC y adversarios de la revolución de los comités, quién, sin salir de su asombro, confesó: "Este sistema funciona" (196). Efectivamente, el sistema, con todas sus taras, con todos sus errores y defectos, con todas sus ingenuidades, funcionaba.

            También hay que tener en cuenta, la multitud de conquistas sociales que se realizaron por primera vez en España y posiblemente en el mundo entero. Algunos de los proyectos, como el del salario único, o el de las seis semanas de vacaciones,  fueron planteados pero nunca pudieron ser llevados a la práctica.  

     El momento en el que la revolución se estaba jugando su destino en el frente, contra el ejército franquista, o en la retaguardia, contra las organizaciones del Frente Popular, no era el más adecuado para ponerlas en marcha. Incluso algunas de ellas no pudieron ponerse en la  práctica, de manera generalizada, sencillamente porque en aquel momento eran utópicas, como era la de la abolición del dinero.

            Sin embargo otras muchas se aplicaron y funcionaron perfectamente, y hoy, algunas de ellas, todavía no han sido alcanzadas. Se abolió el trabajo a destajo, se redujo la semana laboral a 40 horas (aunque en un principio tal medida estaba planteada para el período posterior a la victoria de la revolución). La carestía de materias primas convirtieron la semana laboral en mucho menos, se creó el primer sistema de seguridad social en España, jubilación con la paga completa, asistencia médica y medicinas gratuitas, subsidio de enfermedad y de maternidad (el marido tenía derecho a dos días libres pagados, cuando su esposa estaba de parto), clínicas con servicios especializados, se creó un fondo de desempleo y de recolocación de los parados,... (197).

            Todo este sistema de conquistas sociales estuvo financiado con las reservas de las empresas colectivizadas que presentaban beneficios.

            Las colectividades fueron la expresión máxima de la conciencia socialista espontánea de los trabajadores. Ronald Fraser sitúa el verdadero debate, no en la defensa del éxito o del fracaso de las colectivizaciones, sino en si tal como se dieron éstas, fueron o no:

"... la respuesta revolucionaria adecuada a las necesidades del momento..." (198).

            El sistema colectivista fue una reacción necesaria en los primeros momentos. En esto coinciden todos, adversarios y partidarios.

            La diferencia entre unos y otros estribaría en si éstas eran o no, un mal necesario que llenaba el vacío dejado por la huida de los antiguos propietarios hasta que pudiese restablecerse el orden republicano, o eran la expresión legítima del nuevo orden revolucionario.

            La dualidad de poderes que apareció simultáneamente a las colectivizaciones, evolucionó posteriormente, no hacia una salida revolucionaria, hacia la construcción de un estado obrero, capaz de canalizar  las energías y esfuerzos hacia una verdadera economía socializada, sino hacia la reconstrucción de la vieja República, aunque fuera en su versión largocaballerista o negrinista.

3.10 LA OBRA DE LAS COLECTIVIDADES EN EL CAMPO

            La huida en las ciudades de la burguesía industrial y financiera, tuvo su paralelismo en el campo, con la marcha de las familias de terratenientes  latifundistas. El abandono de las grandes propiedades rurales puso en manos del campesinado pobre, la solución a su gran reivindicación histórica: la propiedad de la tierra.

            Uno de los rasgos más característicos de la revolución española fue el hecho de que importantes sectores del campesinado pobre,  (jornaleros y pequeños propietarios) se decidieran por la explotación colectiva y socialista de la tierra. El reparto de las propiedades incautadas, en pequeñas parcelas familiares, sin capacidad para mejorar las tradicionales técnicas de cultivo y sin posibilidades de conseguir la maquinaria adecuada, apenas habría mejorado sus ya precarias condiciones de existencia. El fenómeno espontáneo de la colectivización de la tierra, fue un rasgo original de la revolución española, que no tiene paralelismo con ninguna otra de las revoluciones contemporáneas.

            La gravedad del momento fue uno de los factores que, sin duda alguna, estimuló la colectivización de las tierras incautadas. La situación de vacío de poder, tanto en el plano económico como en el político, que se había abierto con las jornadas de julio exigía poner en marcha, con la máxima urgencia, la recogida de la cosecha.  El tiempo que transcurría era precioso, era necesario enviar víveres al frente para sostener a las milicias que se estaban enfrentando a los sublevados, y no podía perderse el tiempo improvisando un complicado plan de reparto de las tierras. Tampoco existía un poder político capaz de llevarlo a cabo.

            Sin duda alguna y como veremos más adelante,  estas condiciones, también fueron la causa de excesos y errores. Sin embargo, la aparición de las colectivizaciones solamente es explicable por la existencia de una arraigada conciencia colectivista del campesinado sin tierra, consecuencia de la larga tradición anarquista que se remontaba a la segunda mitad del siglo XIX.


            La acción de las milicias revolucionarias fue otro de los motores que desencadenaron la oleada colectivizadora en el campo, y que se extendió por gran parte de la zona republicana. La revolución que había estallado en las ciudades, a partir de la lucha contra la sublevación militar, se extendió al campo, acompañando el avance de las milicias.

"La colectivización, llevada a cabo bajo el amparo general, si no necesariamente la gestión directa, de las columnas de milicianos de la CNT, representó el intento que una minoría revolucionaria hizo para controlar no sólo la producción, sino también el consumo, por razones igualitarias y por las necesidades de la guerra" (199).

            En extensas zonas agrícolas recuperadas a los facciosos, como en Aragón o en Toledo, se originó un proceso revolucionario que modificaría profundamente las estructuras rurales y semifeudales, que habían perdurado, apenas sin modificarse, durante siglos. La recuperación del territorio estuvo acompañada  de la fuga precipitada de las familias propietarias y del abandono de sus pertenencias. Sin embargo, en numerosas ocasiones hizo falta el efecto catalizador de la presencia de las milicias, para que el campesinado tomara la iniciativa.

"Formamos comités y milicias antifascistas por todos los pueblos. En el primer momento, el campesino demuestra cierta reserva y temor en romper con la organización feudal establecida en estas tierras de Aragón. Donde el campesinado sobrio, tozudo y leal ha vivido en la miseria durante siglos. Solo cuando se da cuenta de que los propietarios han huido y que las milicias son algo serio y capaz de derrotar al fascismo e imponer un orden nuevo de cosas, viene a exponernos sus quejas, sus necesidades y sus problemas..." (200).

            La actitud inicial de reserva y de recelo del campesinado aragonés, fruto de siglos de opresión, se transformó en anhelo de liberación y en hambre de tierras, apenas comprendió que la presencia de las milicias obreras catalanas, no eran un fenómeno fugaz, sino que significaba la sólida implantación de un nuevo orden de cosas.

            En Catalunya, las colectivizaciones que se desarrollaron,  adoptaron dos formas claramente diferenciadas. La presencia de   una clase campesina mayoritaria de pequeños propietarios,  que mantenía fuertes sentimientos individualistas con respecto a la propiedad fue un factor que marcó profundamente la configuración de las colectivizaciones. En el caso menos frecuente, las comunas agrarias estaban integradas por todas las tierras del término municipal y abarcaban a todos los campesinos de la localidad (Hospitalet, El Prat del Llobregat,...). En la mayoría de los casos, las colectivizaciones sólo abarcaron una parte de las tierras de la población (las que procedían de los grandes propietarios huidos y que habían sido expropiadas), junto a las que aportaban los pequeños propietarios que quisieron integrarse en ellas y que aportaban  todas sus pertenencias (Badalona). En este segundo caso, las colectivizaciones tuvieron que coexistir con las pequeñas propiedades familiares de los campesinos individualistas. Hubo comunas que estuvieron formadas exclusivamente por anarcosindicalistas, mientras que otras lo estaban por miembros de los dos sindicatos, UGT y CNT. También se dieron algunas situaciones en las que las controversias existentes entre ambas centrales llevaron a la formación de dos colectividades por separado, en la misma localidad.

            En algunos casos, las iniciativas colectivizadoras de la CNT quedaron frustradas por el fuerte sentimiento individualista del campesinado. La asamblea de la comunidad se decidió frecuentemente por el reparto de las grandes propiedades incautadas, entre los miembros más pobres de la localidad, y rechazó la posibilidad de socializar la tierra.

            En realidad, la acción colectivizadora fue muy desigual, debido a la gran heterogeneidad del campo español. El fenómeno de las colectivizaciones agrarias se dió principalmente en las extensas regiones latifundistas, donde predominaban los jornaleros, los campesinos sin tierras. En menor medida también se dió en los territorios donde predominaba el minifundio y la pequeña y mediana propiedad. En zonas como en Catalunya, existía un numeroso y próspero campesino, propietario o arrendatario de pequeñas explotaciones familiares. En estos casos, las colectivizaciones fueron escasas. En otros territorios, como Levante, las comunas  agrícolas tuvieron que coexistir con importantes sectores campesinos, pequeños propietarios de fértiles explotaciones familiares.

            El impacto de las colectivizaciones fue muy desigual en todo el territorio republicano.  La profundidad con la que en cada lugar se dió el fenómeno dependió en gran parte del tejido social existente. La razón  de la mayor o menor radicalización del proceso colectivizador se debe a la existencia o no, de  importantes sectores de pequeños propietarios campesinos o  de aparceros que aspiraban a la propiedad individual de la tierra, y no a su socialización.

            Mientras en Aragón se constituyeron unas 450 colectivizaciones aproximadamente, que llegaron a agrupar a cerca de 500.000 miembros, y que significaban más de las tres cuartas partes del terreno cultivable de la región, recuperadas a los sublevados. En Catalunya, donde el sentido de  la propiedad individual de la tierra estaba muy arraigado, las colectivizaciones apenas llegaron a la cuarentena, y el número de sus miembros seguramente no pasó de unos pocos miles. En la región de Levante, que agrupaba cinco provincias, incluidas Murcia y Albacete, se crearon cerca de 900 colectivizaciones, y llegaron a englobar el 43% de las localidades.  Sin embargo, significativamente, la tierra cultivable socializada sólo llegó a una quinta parte del total de la región. En Castilla, las comunas fueron unas 300 comunas, que organizaron a cerca de 100.000 campesinos colectivistas. En Extremadura, los datos indican que fueron unas treinta, sin que podamos especificar el número de miembros con que contaban (la rapidez con la que el ejército   sublevado conquistó la región impidió posiblemente, la proliferación de otras). En Andalucía, aunque sabemos de la existencia de comunas agrarias, el número de ellas, parece estar por determinar. Los distintos cálculos que se han hecho sobre el número de colectividades y de colectivistas parecen estar entre las 1265 y las 1865, con una población entre los 600.000 y los 800.000 miembros (201).

            Las colectividades agrarias aragonesas constituyeron un caso peculiar. Aragón era una región donde predominaban las pequeñas y medianas propiedades. Las grandes propiedades (con 100 o más hectáreas) apenas abarcaban una quinta parte del total de las tierras. Las medianas propiedades (10 a 100 ha.) ocupaban cerca de la cuarta parte, mientras que las pequeñas explotaciones, comprendían poco más de la mitad de la superficie cultivable. 

            Sin embargo, la pobreza y el atraso de la región (antes de la guerra, Aragón producía tan solo el 7.6% de la cosecha cerealera del país), junto a la proximidad de la línea del frente y la presencia de las milicias revolucionarias desencadenaron el más completo proceso colectivizador de toda el área republicana.

            Como en las ciudades, el fenómeno de las colectivizaciones agrarias, tuvo grandes dosis de espontaneidad y de improvisación. Aunque en muchos territorios fuera un factor externo, el desencadenante del proceso, las milicias revolucionarias, la génesis de las colectividades en el campo, no obedeció  a ninguna idea preconcebida, ni a ningún programa político de partido o sindicato. Las múltiples formas que adoptó el proceso revolucionario en cada localidad, fue fruto de su origen, que tuvo que basarse en la intuición y en el instinto de los campesinos.

            Ni socialistas, ni anarcosindicalistas habían previsto, en sus planes futuros, la existencia de las colectivizaciones. Los socialistas habían concebido la reforma agraria, como el reparto de los grandes latifundios entre los campesinos sin tierra. Los  anarcosindicalistas en cambio, habían concebido una sociedad comunista libertaria futura, basada en las comunas libres y en los sindicatos. La colectivización espontánea en cambio, adoptaba formas de tipo consejista, que nunca llegaron a ser completamente asimiladas por los cuadros de la CNT y de la FAI (202).

            Indiscutiblemente, el fenómeno de las colectivizaciones agrícolas, penetró profundamente en la conciencia de amplias capas, las más pobres y desposeídas del campesinado. Si las colectivizaciones hubieran sido un descabellado experimento, impuesto con la fuerza de las  armas, como aseguraban las acusaciones de sus adversarios del Frente Popular, no hubieran resistido las agresiones de tipo político o militar de las que fueron objeto y se habrían disuelto, sin pena ni gloria, después de los primeros embates. Si las colectivizaciones no hubieran respondido a las aspiraciones más profundas de, por lo menos, una gran parte del campesinado aragonés, las milicias anarcosindicalistas no habrían podido imponer una obra tan gigantesca, sin acabar enfrentándose a la población.

            En el verano de 1937, el movimiento revolucionario ya estaba  derrotado o en franco retroceso. Los comités revolucionarios, representativos del período de dualidad de poderes habían desaparecido para dar paso a los nuevos ayuntamientos y a un gobierno del Frente Popular completamente recuperado. Fue el momento que aprovechó el PCE para  redoblar sus ataques contra las colectivizaciones, con la intención de proceder a su inmediata disolución. El ministerio de agricultura, presidido por el comunista Uribe, tuvo que retroceder y corregir su táctica, para evitar que la disolución forzada de las colectivizaciones tuviera nefastas consecuencias, la pérdida de la cosecha.

            En el mes de agosto del mismo año, las tropas de Lister, pretendieron liquidar las colectivizaciones aragonesas, por la fuerza de las bayonetas. Poco antes se habían producido sangrientos enfrentamientos entre comunistas y anarquistas en Castilla por motivos similares. La destrucción del colectivismo agrario provocaría un gran caos en el campo. Esta confesión la hace el secretario general del instituto de la Reforma Agraria, militante del PCE, y por lo tanto, nada sospechoso de simpatizar con las transformaciones socialistas del campo (203). Muchas de las colectivizaciones perdurarían hasta la práctica llegada del ejército franquista.

            Tanto Burnett Bolloten como Noam Chomsky, consideran que el hundimiento del frente de Aragón, que se produjo pocos meses más tarde, estuvo influido por la desmoralización del campesinado colectivista. Bernecker, aunque considera problemática una afirmación tan tajante y se permite recordarnos otro factor, el militar, ya que en ese momento la correlación de fuerzas era claramente favorable al ejército franquista, reconoce que el factor "desmoralización" influyó en la derrota republicana.

"Para los campesinos pobres no estaba siempre claro que luchando por la república luchaban por su propio interés" (204).

            ¿Porqué tenía que estar claro?, ¿acaso la política negrinista no lo era? ¿acaso el gobierno de la República no había dejado bien claro que sus pretensiones eran devolver las tierras a sus antiguos propietarios (salvo aquellas que hubieran pertenecido a los facciosos), en aras de la paz y la reconciliación?.

            El campesinado sentía una profunda desconfianza por una República que desde su nacimiento, había reprimido fuertemente sus intentos de paliar el hambre y la miseria, mediante la ocupación de los grandes latifundios. Durante más de cinco  años,  la prometida reforma agraria nunca había acabado de llegar. La revolución que había estallado con el inicio de la guerra, había puesto en marcha el proyecto de las colectivizaciones que grandes sectores del campesinado identificaban con su definitiva liberación. Después, vino el retroceso, la restauración de las viejas instituciones republicanas y con ellas, los intentos de liquidar las conquistas revolucionarias en el campo. No es pues de extrañar que apareciera la desmoralización y la apatía entre gran parte del campesinado que había apoyado las colectivizaciones.
            La mayor parte de las comunas agrarias se formaron al calor de los acontecimientos revolucionarios, durante los meses de julio y de agosto de 1936, tras la huida de los grandes terratenientes, el derrumbe de las autoridades republicanas y la desaparición de la odiada guardia civil. Se convocaron asambleas en las poblaciones, donde los trabajadores agrícolas procedieron a debatir sobre cual tenía que ser el camino a seguir con las propiedades abandonadas e incautadas, eligieron a sus propias autoridades, integradas  en los comités revolucionarios, que suplieron a los viejos ayuntamientos, y que se encargaron de suplir el vacío de poder que se había abierto, y a reorganizar la actividad económica de la localidad.

            La tierra en las colectividades, fue trabajada colectivamente por toda la comunidad. El trabajo era obligatorio para todos los miembros comprendidos entre los dieciocho y los sesenta años, que estuvieran en condiciones para hacerlo, sin ningún tipo de excepción. Los trabajadores colectivistas se dividían en brigadas o grupos de trabajo, integradas por unos diez miembros, y que eran dirigidos por un delegado, responsable de la actividad ante el comité administrador de la comuna. A cada grupo se le adjudicaba un sector de la colectivización o bien, una función determinada.

            Los comités que administraban las colectividades agrícolas, aunque con sus particularidades y variantes, estaban compuestos normalmente, por un presidente, por un secretario y un vicesecretario, por un contable y por un tesorero, además de todos los posibles delegados que estaban encargados de tareas específicas (estadística, abastecimientos, cosecha,...). Sin embargo, los miembros de los comités siguieron desarrollando las mismas tareas que llevaba a cabo el resto de la comunidad, sin tener por ello, ningún tipo de privilegio.

            El papel dirigente de los comités revolucionarios en el seno de las colectivizaciones era casi omnipresente. Sus funciones abarcaban todos los aspectos que la comunidad consideraba necesarios para su administración. Los comités encarnaban a nivel local, el embrión del nuevo estado revolucionario, mientras que la colectivización le daba a éste, su expresión económica.

"El comité es padre, juez, cura, verdugo y comerciante. Todo al mismo tiempo, dirige <<la colectiva>> y fija los salarios. Estos son iguales para todos... El Comité no se ocupa de los salarios de aquellos que no forman parte de <<la colectiva>>, todos los antiguos obreros agrícolas hacen parte de ella, pues ya no queda ningún gran propietario, pero siguen existiendo pequeños agricultores que, en alguna ocasión trabajan para un vecino más rico, el Comité compra los productos de todos y, a cambio, les entrega provisiones y también dinero. La venta directa al comerciante y al consumidor está prohibida" (205).

            El caso que nos cita H.E. Kaminski, podemos considerarlo  como bastante representativo de las funciones que los comités revolucionarios adoptaron en el seno de las colectivizaciones.

            Las infinitas formas que adoptó esta relación dependieron de los criterios y de las necesidades de cada comunidad. También dependieron de la correlación de fuerzas políticas que existiera en su seno, del tamaño de la población, o incluso del tipo de actividades que existieran en ella.

            Los cargos de los comités, en la mayoría de los casos, eran elegidos democráticamente por una asamblea abierta en la que participaban todos los miembros de la colectivización. Los  representantes eran revocables por decisión de la comunidad y tenían la obligación de rendir cuentas periódicamente de su gestión ante la comunidad. El plenario de la asamblea era el órgano soberano, y era en él, donde se debatían y se decidían todas las cuestiones económicas o políticas de envergadura, que incidían en la marcha de la colectivización. También se aprobaba en ellas, el destino que debían darse a los beneficios conseguidos con la cosecha, y que normalmente se dedicaban a fondos sociales (escuelas, medicinas, pensiones para los jubilados y para los enfermos...), siempre y cuando este destino no estuviese ya regulado en los estatutos de la colectivización.

"Era la forma de democracia directa y la convicción de los colectivistas que se expresaba en ella de haber tomado sus destinos en sus propias manos y de poder decidir libremente acerca de ellos..." (206).

            El contenido de la democracia directa en las colectividades era claro. Cada miembro de la comuna tenía un solo voto. Las asambleas periódicas eran decisorias y estaban abiertas a toda la población, incluyendo con frecuencia a los campesinos individualistas, que podían dar a conocer su opinión sobre los asuntos que les concernían, pero que carecían de derecho al voto.

            El papel de los sindicatos en la vida de las colectivizaciones no fue insignificante. Las organizaciones sindicales jugaron un papel muy importante en la coordinación   y en la planificación económica, en el control y en el asesoramiento de las comunidades. Los excedentes de las cosechas  eran entregadas obligatoriamente al sindicato local, que asumía el papel de intermediario entre los campesinos y los comités de abastecimiento de las ciudades con los que intercambiaban sus productos.

            En algunas zonas, como en la región levantina, la CNT  estableció una organización que se encargó de la compra, del empaquetado, de la distribución y comercialización de las cosechas de naranjas. Parte de esta producción se dedicó a la exportación, siendo una importante fuente de divisas. La red  sindical intermediaria estuvo compuesta por unos 270 comités, que se distribuían por todos los pueblos y las ciudades de la región.

            La nueva economía revolucionaria se enfrentaba a un importante reto, era necesario articularse o desaparecer, víctima de sus propias contradicciones internas. La revolución de las colectividades necesitaba la consolidación de sus órganos de expresión política, los comités-gobierno, en una nueva organización estatal, que desplazara los restos del viejo poder republicano. Era necesario que la nueva economía se planificara en base a las necesidades que presentaba la guerra revolucionaria. Sin embargo, y reflejando la incapacidad política del movimiento, la estructuración y planificación del sistema colectivista fue incompleta.

            En toda la geografía republicana se dieron diversos ensayos de estructuración de la economía agrícola colectivizada. Los intentos de coordinación se dieron en detrimento de la independencia inicial de la que habían gozado las colectivizaciones. Algunas de sus funciones tuvieron que ser delegadas en organismos superiores a nivel territorial. Estas organizaciones intercolectivistas fueron, normalmente, de tipo sindical, o estuvieron controlados directamente por los sindicatos.

            Las comunas agrícolas se agruparon en federaciones cantonales. Las tierras que pertenecían a estas agrupaciones, formaban un solo territorio sin deslindes entre los diferentes municipios. A su vez, las federaciones, se agrupaban en un organismo regional que se encargaba de la planificación de la producción y de los suministros a las colectividades.

"Se esbozó, al menos, una planificación agrícola basada en las  estadísticas   de  producción y de consumo que entregaban las
colectividades a sus respectivos comités cantonales, los cuales, a su vez, las comunicaban al comité regional, que cumplía la tarea de controlar al comité regional, que cumplía la tarea de controlar la cantidad y la calidad de la producción de cada región..." (207).

            El caso aragonés es, quizás, el más avanzado y completo de las formas que adoptaron los intentos de crear una estructura articulada de las colectivizaciones agrarias, que superase el primitivo  desorden de las primeras semanas.

            La formación del Consejo de Aragón, a finales del mes de septiembre de 1936, en la población de Bujaraloz, reforzó enormemente las perspectivas de desarrollo del sistema colectivista en la región.

            Las colectivizaciones se habían desarrollado al principio, de forma prácticamente autónoma, bajo la protección y también la arbitrariedad  de las milicias (término que utilizó la asamblea de los comités que dio lugar al Consejo de Defensa aragonés, para criticar los excesos de las columnas armadas provenientes de Catalunya y de Valencia) y con el teórico y lejano control, primero del Comité Central de Milicias Antifascistas, y posteriormente de la gobierno de la Generalitat de Catalunya.

            Parece pues correcto, el análisis que realiza Walther Bernecker, al considerar que, durante los primeros meses de existencia del Consejo de Defensa aragonés, su apoyo a las colectivizaciones tan solo pudo ser de índole moral (208). La existencia de un poder territorial, donde los anarcosindicalistas, partidarios de las colectivizaciones, eran hegemónicos, amplió las espectativas y la confianza del sector colectivista del campesinado, en el nuevo sistema de explotación de la tierra.

            En el período anterior a la constitución del Consejo de Aragón, hubo importantes avances en los ensayos de coordinación de las colectivizaciones, a niveles comarcales. El 26 de agosto de 1936, "Solidaridad Obrera" publicaba las resoluciones a las que habían llegado 21 comunidades agrícolas, reunidas en una asamblea celebrada en Albalate de Cinca: Recoger lo antes posible la cosecha, colectivizar lo expropiado y exigirle a los pequeños propietarios, su participación en los sacrificios que exigía el mantenimiento del frente aragonés. La colectivización de las comunidades firmantes, respetando las explotaciones familiares de los pequeños y medianos propietarios, y permitiéndoles un cierto margen de libertad  para  sus  trabajos,  siempre  y cuando no tuvieran que emplear mano de obra asalariada. Como contrapartida, se les obligaba, a cambio de una pequeña compensación en dinero, a entregar a los sindicatos locales, los excedentes de sus cosecha para proceder a su comercialización.

            Se aceptaba también, articular la producción de las colectividades que habían suscrito el acuerdo. La asamblea acordaba también, enviar una comisión a Lérida, para negociar el precio del trigo (209).

            Se ensayaron también sistemas compensatorios para paliar las desigualdades sociales. El reparto de los sacrificios sería inversamente proporcional a la riqueza del campesinado, acordando reducir al mínimo los de los sectores más pobres.

            Hasta el mes de Febrero de 1937, las colectividades gozaron de una autonomía casi completa. Sin embargo, la misma situación empujó, cada vez más, a dar un nuevo paso. Era urgente aumentar la eficacia en la producción, superar y corregir los graves errores que se estaban desarrollando en el seno de las comunas agrícolas. Era necesario corregir los excesos que se estaban cometiendo con el campesinado individualista en algunas colectivizaciones. Era indispensable para la supervivencia de la revolución y para el triunfo en la guerra, convertir a las colectividades dispersas y corporativizadas, en un nuevo sistema económico coherente.

            Durante los días 14 y 15 del mes de Febrero de 1937, se celebró en la ciudad de Caspe, el congreso fundacional de la Federación Regional Aragonesa de Colectivizaciones. Asistieron al encuentro, 456 delegados representando a 275 comunas y a 141.430 campesinos colectivistas.

            El congreso aprobó organizar la economía agrícola socializada en federaciones comarcales, que dependerían a su vez, de  un  comité  regional de Aragón,  que  estaría  supeditado  al Consejo de Defensa. También se resolvió crear un Fondo de cambios exteriores (monopolio del comercio exterior), la municipalización de la tierra, un conjunto de medidas necesarias para le estructuración de una verdadera economía revolucionaria planificada (estadísticas, organización y planificación de la producción...), establecimiento de unas relaciones de tolerancia con los pequeños y medianos propietarios, que eran reacios a colectivizar sus propiedades, la sustitución del dinero por una cartilla de productor y de consumidor... (210).

            Al margen de la ingenuidad o del realismo de algunas de las medidas que se aprobaron en el congreso, lo importante es resaltar la creación de una organización económica, de tipo piramidal, a nivel regional (El Consejo regional de las colectividades) paralela a otro organismo de índole político (El Consejo de Defensa de Aragón). Una vez más, los militantes anarcosindicalistas, empujados por la realidad de la revolución que defendían, se veían obligados a superar sus viejos dogmas para poder salvarla.

"Los resultados no estuvieron siempre a la altura de las esperanzas, quizás por falta de preparación o de capacidad, y sobre todo por falta de paz estable y de tiempo suficiente. Pero no deja de ser cierto que los anarcosindicalistas aragoneses se vieron obligados (sin conseguirlo nunca verdaderamente) a implantar, en total contradicción con su ideal de libre asociación de productores libres, un sistema económico que se parecía más al comunismo de guerra que al comunismo libertario". (211).

            Como en toda revolución, los revolucionarios españoles no pudieron elegir las circunstancias en las que hubieran querido que ésta se desarrollase. Y era en esta situación, en las que sus viejas tradiciones libertarias, eran barridas por la fuerza de la circunstancias. Las resoluciones del Congreso de Zaragoza, basadas en los municipios y en las comunas de libres productores nunca pudieron aplicarse.

            El Consejo de Defensa de Aragón tuvo, durante el primer período de su existencia, un importante grado de independencia ante los gobiernos de Madrid-Valencia y de Catalunya. Llegó a establecer, por medio de la Federación Regional de las colectividades, relaciones comerciales por su propia cuenta con diversos países europeos (Francia, Checoslovaquia, Yugoslavia...) intercambios especialmente valiosos para las colectividades, que sufrían una importante penuria de medios materiales para poder   mantener la producción. También se encargó de organizar los suministros y  los intercambios entre las diferentes comunas de la región.

            El Comité nacional de la CNT desaprobó, desde el principio al Consejo de Defensa aragonés que se había constituido al margen de su voluntad. El nuevo organismos fue considerado como una violación de las viejas tradiciones antiestatalistas. La creación de un organismo regional de poder, monopolizado por los libertarios se convertía en un serio obstáculo para las negociaciones sobre integración en el gobierno de Largo Caballero (212).

            En el mes de Diciembre de 1936, los comités-gobierno de la región fueron sustituidos por los nuevos consejos municipales. El Consejo de Aragón, cada vez más aislado, acabaría sometiéndose a la autoridad del gobierno. Su presidente, Joaquín Ascaso, por expreso deseo de Largo Caballero, se vio convertido en el nuevo gobernador de la región. El nuevo cargo simbolizaba el principio del fin de la revolución libertaria en Aragón.

"Tras haber querido ser más revolucionarios que nadie, los anarquistas aragoneses reconocían la autoridad del gobierno central, inclinaban la cabeza bajo el yugo del Estado y se amoldaban a su marco" (213).

            La Junta territorial, cada vez más subordinada al poder central, acabaría siendo disuelta  después de las jornadas barcelonesas de mayo de 1937, cuando, una vez aplastado el movimiento revolucionario, las circunstancias lo hicieron posible.

            El fin de los comités-gobierno locales y su sustitución por los nuevos ayuntamientos, desembocó en una nueva situación, cada  vez más comprometida para el movimiento revolucionario.

            No era una simple modificación de nombres. Los nuevos consejos municipales dependían por completo de la autoridad  del gobierno, y pasaban a formar parte del aparato de estado republicano.  Los cambios en la composición de los nuevos ayuntamientos reflejaban la cambiante correlación de fuerzas, en una situación donde una CNT a la defensiva, acababa de integrarse en el nuevo gobierno. Los conflictos y las tensiones entre los comités administrativos de las colectivizaciones y los ayuntamientos  aumentaron, a pesar de que los militantes anarcosindicalistas seguían  siendo mayoritarios en ambos organismos.

            Además de los problemas derivados de la guerra (pérdida de una parte del mercado interno, boicot internacional, escasez de materias primas y de maquinaria...), las colectivizaciones agrarias se estrellaron contra la negativa de los partidos y de los sindicatos obreros a consolidar el nuevo orden revolucionario. Para superar las limitaciones de las colectividades era necesario construir, a partir de ellas, un nuevo edificio económico sólido y coherente. Sin embargo, esto significaba cuestionar la política de alianzas "antifascista" existente. Con esta limitación política, las organizaciones defensoras de las colectivizaciones, como era el caso de la CNT y de la FAI, no pudieron utilizar a su favor, los mecanismos comerciales y financieros que se encontraban en manos del Estado republicano.

"Mas el crédito y el comercio exterior siguieron en manos del sector privado, por voluntad de gobierno republicano burgués. Y aunque el Estado controlaba los bancos, se guardaba de ponerlos al servicio de la autogestión. Por carecer de dinero en efectivo, muchas colectividades se mantenían con los fondos embargados al producirse la Revolución de julio de 1936... La única solución hubiera sido transferir todo el capital a manos del proletariado organizado. Pero la CNT, prisionera del Frente Popular, no se atrevió a ir tan lejos" (214).

            La renuncia al poder político y el apoyo que las organizaciones obreras izquierdistas prestaron al disminuido gobierno republicano, provocó una gran desorientación e inseguridad jurídica entre los campesinos colectivistas. La evidente hostilidad de las autoridades republicanas y de las organizaciones obreras partidarias del Frente Popular, hacia las expropiaciones, fue la causa de que se diera un permanente sentimiento de incertidumbre en las colectivizaciones agrarias.

            Sus miembros no tenían ninguna seguridad de que, con la victoria, o incluso antes de ella, las tierras no iban a ser devueltas a sus antiguos propietarios.

"El tiempo que pasaba no tardó en subrayar esta evidencia: el campesino se había apoderado de las tierras, pero, después del primer momento de entusiasmo, no estaba seguro ni de poseerlas efectivamente, ni de haber salido ganando... La revolución tan vigorosa, al comienzo, en los campos, parecía perder pie por falta de una verdadera dirección" (215).

            Estos  factores condicionaron gravemente el entusiasmo y la iniciativa del campesinado colectivista. La gran tragedia del campesinado español no estuvo en el grado de madurez de su conciencia, sino en que le faltó, lo que para los campesinos rusos en la revolución de Octubre supuso el decreto de la tierra.
            La República burguesa española, aunque fuera mostrando su rostro más izquierdista, no podía llevar a cabo las medidas que promulgó el gobierno de los soviets de Lenin y Trotsky, y que le permitió  liberar la energía revolucionaria del campesinado ruso.

            La no consolidación del poder revolucionario, provocada por   la incapacidad de las organizaciones obreras izquierdistas, para resolver favorablemente la dualidad de poderes existente, fue una grave limitación que impidió a las colectivizaciones escapar a las presiones para su "legalización".

            Las leyes y decretos promulgados por los gobiernos de la  Generalitat y de Valencia "legalizaban" la nueva economía revolucionaria, pero también introducían elementos de control y de reglamentación, que sometían  a las colectivizaciones a su órbita política. La necesaria pérdida de autonomía de las colectivizaciones, en aras de una mayor articulación de la nueva economía, se daba, no en beneficio de un nuevo estado revolucionario, basado en el poder de los comités, sino en el de un gobierno que  era manifiestamente hostil a cualquier medida socialista que fuera más allá de la República burguesa.
            El gobierno central y la Generalitat de Catalunya, llevaron a cabo una política de centralización y de control creciente de las colectivizaciones, a la que no pudo oponerse eficazmente el anarcosindicalismo, cada vez más preso de sus compromisos políticos.
            Aunque la revolución de los comités se extendió rápidamente por el campo y por las ciudades, hubo una patente desunión entre el proletariado urbano y el campesinado colectivista. Ambas partes del movimiento revolucionario se desarrollaron por separado, sin que existieran sólidos nexos de unión política entre sus proyectos sociales, salvando los de las relaciones mercantiles. Las colectivizaciones agrarias tuvieron que sufrir la falta de apoyo de la industria que, en plena situación bélica, era incapaz de prestarle. Frecuentemente, los campesinos se encontraron sin los medios materiales adecuados que debían  recibir de las industrias (maquinaria,  transportes...) para mejorar la producción y la distribución de los excedentes de las cosechas, mientras que en las ciudades, se daban situaciones de escasez y de penuria, cuando no de hambre.

            La falta de un programa de planificación socialista de las colectivizaciones y de la sociedad en general provocó la puesta en marcha de numerosos proyectos, totalmente ingenuos, que no correspondían a la realidad del momento y que eran fruto del desconocimiento y de la falta de preparación de los trabajadores. Sin embargo, estos proyectos también reflejaban las aspiraciones emancipadoras del campesinado revolucionario.

            En numerosas colectivizaciones, se llegó a suprimir la circulación interna del dinero, siendo sustituido por otros métodos de distribución, cartillas de productor y de consumidor, vales, moneda local,... Las medidas tomadas, eran fruto de la confusión que a menudo cometía la militancia anarcosindicalista, al equiparar dinero y capital, como si ambos conceptos fueran exactamente lo mismo. A pesar de tales medidas, inevitablemente, el dinero seguía siendo el vehículo de intercambio comercial, fuera de las colectivizaciones. Como en las ciudades, también existió, al principio de la creación de las comunas agrarias, un fuerte sentimiento de autarquía, consecuencia del mito sobre la autosuficiencia de las comunidades de productores libres,  que había sido ensalzado en el Congreso cenetista de Zaragoza, poco antes de estallar la guerra. Todas estas ideas simplistas fueron rápidamente barridas por la realidad y por las necesidades con las que tenía que enfrentarse el movimiento revolucionario.

"La gente tiraba el pan porque era gratis... Era trágico para los que habíamos aspirado a una sociedad libertaria, pero teníamos que reconocerlo. No podíamos permitir el despilfarro. Teníamos que fijar un salario para el trabajo de la gente y un precio para los productos. De hecho tuvimos que introducir el racionamiento..." (216).

"Terra Lliure", órgano del campesinado catalán, organizado en la Unió de Rabassaires, y firme partidario de la explotación  familiar de la tierra, frente a la experiencia colectivista, analizó los errores que estaban cometiendo las explotaciones agrarias socialistas:

"Tal como han creado las colectivizaciones agrícolas, el fracaso era evidente desde un principio. Aquí los payeses colectivizados se otorgaban jornales de 8 hasta 12 pesetas diarias, sin tener en cuenta las posibilidades económicas del cultivo de la explotación; allá arrancaban algarrobos para plantar patatas, sin tener en cuenta que debía prepararse previamente la tierra para este cambio de cultivo de cultivo; en otro lugar encargaban de la dirección de las colectivizaciones a obreros que nunca habían sido payeses; más allá querían resolver el paro industrial encuadrando a los obreros en las colectivizaciones agrícolas; más acá echaban a los payeses de sus tierras para colectivizarlas, sin que estos payeses fuesen propietarios de ellas ni menos proletarios que los que les expulsaban..." (217).

            La escasez de personal administrativo o técnico, suficientemente preparado, en muchas colectivizaciones  fue especialmente dramático. Con frecuencia, la población de las comunidades era completamente analfabeta y desconocía cualquier sistema de contabilidad  de la producción y de los suministros. En ocasiones, tuvieron que ser elementos derechistas de la localidad, o poco sospechosos de simpatizar con el nuevo orden, los que tuvieron que encargarse de las tareas administrativas de la comunidad. En otros casos, serían los mismos colectivistas, analfabetos, los que pondrían en marcha su capacidad creativa para solucionar los problemas de la colectividad.

            El sistema  financiero, en manos de las semiderruidas instituciones del gobierno republicano, también se convirtió en un poderoso y eficaz instrumento para detener y boicotear la revolución en el campo. Las colectividades tuvieron que soportar la falta de divisas y de créditos para la adquisición de abono o de maquinaria, necesarias para la producción.

            La inexistencia de una auténtica planificación socialista de la economía tendría consecuencias negativas para las colectivizaciones campesinas. El peligro de restauración capitalista surgió con el desarrollo de la conciencia corporativista en el seno de muchas comunas agrarias. La creencia de que los beneficios de las cosechas pertenecían exclusivamente a los trabajadores de la colectivización y no al conjunto de la sociedad, permitió el surgimiento de  desigualdades entre las distintas colectivizaciones. Frecuentemente, la existencia de comunidades agrarias  que contaban con fuertes excedentes en la producción, maquinaria agrícola y abundante mano de obra, contrastaban con la languidecente existencia de otras, mucho menos afortunadas, que contaban con menos recursos.

            Los planes de coordinación promovieron la aparición de cajas de compensación que ayudaron a paliar estas diferencias. Los organismos compensatorios establecieron el principio de solidaridad entre las diferentes colectividades. A pesar de ello   y aunque atenuadas en muchos casos, las desigualdades siguieron existiendo. Las cajas de solidaridad fueron un pobre sustitutivo de una verdadera administración centralizada de la economía, dependiente y controlada   democráticamente por las mismas colectividades.

            Merecen estudiarse como un capítulo aparte, las relaciones del movimiento colectivista con los pequeños y medianos propietarios del campo. Esta cuestión sería  causa de frecuentes roces y tensiones entre ambos sectores del campesinado y ha sido fuente de muchas leyendas y exageraciones, por parte de adversarios y partidarios.

            En algunos territorios de la zona republicana donde se desarrollaron las colectivizaciones agrarias, existía un numeroso  campesinado propietario o arrendatario de pequeñas explotaciones familiares a las que en su inmensa mayoría no estaban dispuestos a renunciar.

            El fenómeno de las colectivizaciones fue rápidamente asumido por el campesinado sin tierra, que vivía de vender su fuerza de trabajo a los grandes propietarios terratenientes. Una buena parte de éstos estaban tradicionalmente organizados en torno a las centrales sindicales. La revolución en el campo significaba la liberación y la mejora de las condiciones de vida de los sectores más pobres y desposeídos del campesinado. Sin embargo, también los pequeños y medianos propietarios habían experimentado un profundo malestar frente a la moderada política agraria de los distintos gobiernos republicanos de izquierdas. Ahora en plena revolución, veían también con desconfianza las drásticas medidas restrictivas que les había impuesto el movimiento revolucionario, forzado por las circunstancias de la guerra.

            La heterogeneidad de las actitudes de los revolucionarios en el proceso de formación de las colectivizaciones, explicaría  el fracaso de algunas de ellas, en las que se procedió a la colectivización total de la tierra, forzando a los pequeños propietarios a integrarse en ellas.

"Al intentar crear su sociedad libre, los anarquistas se vieron obligados a emplear la fuerza. He visto acudir a mí campesinos casi llorando de rabia que me decían que no estaban contra las colectividades, <<pero me lo han quitado todo, me han obligado a ingresar y eso es dictadura>>" (218).

            Los excesos cometidos en las expropiaciones forzosas que se llevaron a cabo en algunas localidades generaron un clima  de temor y descontento, que acabó siendo capitalizado por los adversarios de las colectivizaciones, tanto en el campo republicano, como en el franquista.

            Los defensores del colectivismo agrario, no estaban de acuerdo con que las tierras incautadas, pudieran ser repartidas individualmente entre la población pobre. Existía el temor de que, una vez convertido en propietario de la tierra, se convirtiera en un adversario temible de la revolución.

"Este temor a que una nueva clase de ricos propietarios rurales pudiera levantarse sobre las ruinas del pasado... fue sin duda alguna responsable, en parte, del empeño de los más celosos colectivizadores, en asegurarse la adhesión del pequeño campesino, de grado, o por fuerza, al sistema colectivo.." (219).
            La presencia en los pueblos recién liberados de las milicias revolucionarias fue, en muchos casos, el factor desencadenante en la formación de las colectivizaciones. El control que éstas impusieron sobre la producción y la comercialización de las cosechas,  significó la limitación de la inflación, de la especulación privada y del mercado negro, y dio salida a los excedentes (que de otro modo, hubieran podido ser retenidos por los campesinos, para obtener mejores precios, a costa de la penuria  en las ciudades y en el frente, y de aumentar el desgaste y la desmoralización de la población).

            Las medidas "autoritarias" que llevaron a cabo las milicias  revolucionarias tienen algunos puntos en común con la política de "comunismo de guerra" que desarrollaron los bolcheviques, en plena guerra civil, para salvar la revolución de Octubre. Sin embargo es importante resaltar que, mientras las medidas de los   bolcheviques era consecuencia de una  planificación y de un programa político que ellos juzgaban necesario, las de los anarcosindicalistas españoles fueron intuitivas, improvisadas  y realizadas sobre la marcha. La falta de criterios claros, con respecto a las formas que debía adoptar la revolución en  el campo, sería una de las causas de los excesos que se cometieron   en algunas localidades contra los pequeños propietarios. Se ponía en evidencia  la inexistencia de una estrategia elaborada con anterioridad, por la CNT, sobre cuales debían ser las  relaciones de los revolucionarios con la pequeña burguesía agraria.

"...Para algunos libertarios, la colectivización obligatoria quedaba justificada por un razonamiento que estaba más próximo al comunismo de guerra que al comunismo libertario: la necesidad de alimentar a las columnas del frente. Macario Royo, líder cenetista aragonés, creía que las colectividades eran la organización más apropiada para controlar la producción y el consumo y para tener la seguridad de que el frente dispusiera de un excedente".

"<<Todo estaba desorganizado. Las columnas dependían de los pueblos, no tenían otra fuente de suministros. Si no hubiese habido colectividades, si cada campesino se hubiera guardado lo que producía para disponer de ello a su antojo, el asunto de los suministros se habría puesto mucho más difícil...>>" (220).

            Las columnas armadas  de la CNT y de la FAI, fueron un elemento de "imposición" y de temor para los partidarios del reparto individualizado de la tierra, pero también jugaron un papel de "protección" para los que deseaban la socialización y la explotación colectiva del campo. Considerar cualquiera de los dos aspectos por separado, como han hecho a menudo algunos de sus partidarios más entusiastas, o por el contrario, como han criticado sus detractores, conduce a deformar los hechos y a simplificar las actitudes de las distintas clases y estratos sociales del campo.

"Como consecuencia, el destino del campesino propietario y arrendatario de tierras, en las comunidades ocupadas por los milicianos de la CNT-FAI, quedó decidido desde el principio; porque aunque generalmente se convocara una reunión de la población para decidir sobre el establecimiento del sistema colectivo, se votaba por aclamación y la presencia de milicianos armados nunca dejó de imponer respecto y temor en los oponentes" (221).

            La presión sobre el campesino individualista fue mayor en las zonas donde existía un predominio anarcosindicalista, que en las que estaba ampliamente implantada la Federación de Trabajadores de la Tierra, vinculada a la UGT. Lo que no quiere decir, que la presión sobre los  pequeños y medianos propietarios no existiera en las zonas de mayoría ugetista. Las limitaciones  impuestas a los pequeños agricultores eran medidas que compartían ambos sindicatos, y constituían una forma de presión para que éstos se integraran en las colectivizaciones.

            La diferencia de sensibilidades entre ambos sindicatos, con  respecto a los pequeños propietarios no es sólo explicable por el tradicionalmente mayor radicalismo libertario. Antes del estallido de la guerra civil, las organizaciones campesinas socialistas contaban ya en sus filas, con numerosos pequeños y medianos propietarios que se habían organizado para poder defenderse de la presión de los terratenientes. Los sindicatos agrarios ligados a la CNT en cambio, estaban compuestos casi exclusivamente por jornaleros.

            La política de las centrales sindicales frente a los pequeños propietarios, fue por lo general, de respeto y de prudencia. Las pequeñas y medianas propiedades eran particularmente numerosas en algunas zonas del territorio republicano (Levante, Catalunya). La defensa a ultranza de  la colectivización forzosa hubiera significado el alejamiento definitivo de la revolución de estos sectores del campesinado. y los habría precipitado en brazos de sus adversarios políticos. El mismo Consejo de Defensa aragonés, representante de los intereses de las colectividades de la región, se declaró desde  los primeros momentos de su constitución, firme partidario del respeto   de las pequeñas y medianas propiedades del campesinado.

"El Consejo hará respetar la voluntad del campesino para trabajar la tierra individual o colectivamente, a fin de evitar el descontento que pudo crearse acaso por las rápidas transformaciones de los primeros momentos, pero aunque el Consejo de Aragón será defensor de la pequeña propiedad, habrá de mantener incólumes los acuerdos de las dos sindicales UGT-CNT, para evitar que se pueda volver al sistema despreciable anterior al 19 de julio". (Joaquin Ascaso, presidente del Consejo, CNT, alocución por radio, 19.07.37) (222).

            Sin embargo y a pesar de las directrices que dieron los sindicatos contra las actitudes más exaltadas, los pequeños propietarios sufrieron en ocasiones, las presiones y la   violencia. El órgano de prensa de la CNT, "Solidaridad Obrera" condenó con fuerza tales excesos, y abogó para que fueran evitados a toda costa:

"Se han cometido determinados atropellos que los creemos contraproducentes. Sabemos que ciertos elementos irresponsables han atemorizado a los pequeños campesinos y hasta ahora se nota cierta apatía en la labor cotidiana" (223).

            La moderación con la que los sindicatos enfocaron el problema de las relaciones con los pequeños propietarios del campo, no significa que los campesinos que no aceptaban integrarse en las colectivizaciones, no estuvieran sujetos  a fuertes limitaciones, dictadas en muchos casos por cuestiones ideológicas y en otras por  las necesidades   de la  guerra.  Las propiedades no colectivizadas, no podían ser mayores que las que pudiera explotar, con sus propias manos, la unidad familiar. Tampoco les estaba permitido la posibilidad de arrendar sus parcelas, o parte de ellas, ni la de contratar a jornaleros para que les ayudasen en sus tareas. Los excedentes de las cosechas, sólo podían ser comercializados por medio de los sindicatos  locales, con los precios que éstos estipulasen. En estas condiciones, los pequeños propietarios tuvieron que desenvolverse con grandes dificultades.

            El criterio de las centrales sindicales era el de convencer a los campesinos individualistas de las patentes ventajas que conllevaría para sus condiciones de vida futuras, su integración en las colectividades.

"Tenemos la convicción de que lo que lograríamos quizá obligando, se obtendrá por el ejemplo que dará de si misma la colectivización de la tierra, al cambiar la estructura del cultivo, por mediación de la mecánica, de la química y de la técnica, que con un menor esfuerzo, producirá mayor capacidad de producción y consecuentemente proporcionará también una nueva vida al trabajador" (extracto de la resolución de la asamblea plenaria de los Trabajadores la Tierra de Catalunya) (224).

            Los campesinos individualistas se encontraron con frecuencia, excluidos de la mayor parte de las ventajas y de  los servicios que prestaban las colectivizaciones a sus miembros. Sin embargo, la marginación de éstos no era, ni mucho menos, total.

            Los pequeños propietarios podían participar en las asambleas  decisorias de la comunidad  y hacer oir su voz (aunque  sin tener derecho de voto). También podían colaborar en los trabajos de infraestructura y beneficiarse de las ventajas obtenidas.

            El historiador anarcosindicalista alemán, Agustín Souchy,  destacado estudioso de las colectividades, ha afirmado que las renuncias  voluntarias a las propiedades, por motivos ideológicos fueron escasas. Por lo general, serían las ventajas económicas, las mejoras en las condiciones de vida a las que podían acceder, las que impulsaron a algunos de los pequeños propietarios a renunciar a sus explotaciones familiares.

"Aislado y abandonado a su suerte, el pequeño propietario estaba perdido, no tenía medios de transporte, ni máquinas. En cambio, las colectividades disponían de facilidades económicas inaccesibles a los pequeños propietarios. No todos los pequeños campesinos lo comprendieron enseguida. En muchos casos llevaron paulatinamente a las colectividades, y solo después de las experiencias hechas" (225).

            Indudablemente, las colectivizaciones fueron un fenómeno popular que entroncó con las aspiraciones de  amplias  capas  del  campesinado pobre y sin tierra. Su raigambre quedó demostrada    con la tenaz resistencia que opuso el campesinado colectivista contra la columna de Lister que, en agosto de 1937, penetró en la región aragonesa para terminar con la obra revolucionaria. Las colectivizaciones perdurarían en muchos casos, hasta la práctica llegada del ejército franquista, cuando el movimiento revolucionario ya hacía mucho tiempo que había sido aplastado.

            No tiene pues, ninguna verosimilitud, la acusación hecha por sus adversarios, de que las colectivizaciones fueron un experimento completamente artificial, impuesto al campesinado por la fuerza de las armas. Difícilmente podemos aceptar esta explicación. Si las colectividades no hubieran respondido a las aspiraciones de por lo menos una buena parte del campesinado aragonés, las milicias de la CNT-FAI no habrían podido imponer una obra tan gigantesca, que abarcaba a más de tres cuartas partes de la tierra aragonesa recuperada a los sublevados, y que  contaba con una población cercana al medio millón de seres humanos.

            La popularidad de las colectivizaciones no evitó que pudieran darse excesos contra los campesinos que no estaban dispuestos a integrarse en ellas. Sin embargo, estos casos tampoco parecen tan frecuentes como quieren demostrar sus detractores. Algunos trabajos hechos sobre la cuestión afirman que en toda la región aragonesa, de las 450 colectivizaciones agrarias que llegaron a desarrollarse, tan solo en una veintena de ellas parecen haberse cometido este tipo de abusos (226). Por esta razón no podemos estar en absoluto de acuerdo con la afirmación que hace un historiador tan prestigioso como Burnett Bolloten.

"En el campo, los fanáticos impusieron su voluntad a los pequeños agricultores y en nombre del comunismo libertario, establecieron dictaduras caciquiles en muchos pueblos. El comunismo libertario, afirmaban, elevaría el nivel de vida de los campesinos, destruiría <<el odio, la envidia y el egoísmo>> y establecería el <<sentido de la solidaridad y el respeto mutuo>>".

"Aterrorizadas ante estos acontecimientos, las clases medias rurales y urbanas quedaron sin dirección, pues los líderes de los partidos republicanos estaban sumidos en la apatía o habían huido" (243).

            Sin ninguna duda, los excesos y las agresiones contra los pequeños propietarios, fueron una consecuencia inevitable de la confusión que cometían muchos militantes libertarios, al considerar a los pequeños y medianos agricultores, como potenciales adversarios de la revolución. Lejos de intentar convencerlos de las ventajas de la explotación  socializada de la tierra, los sectores más exaltados, procedieron por la fuerza a la colectivización total en algunas localidades, para hacer irreversible el proceso revolucionario.

            Sin embargo, el análisis que hace Burnett Bolloten es a todas luces exagerado. Condenar un fenómeno social de la envergadura y profundidad de las colectivizaciones, por los excesos que  cometieron algunos de sus partidarios, en unos momentos  en los que la violencia era generalizada, implica perder de vista su significado como "fenómeno social". Términos descalificadores como "fanáticos", "dictaduras caciquiles", han sido utilizados de  forma demagógica en los debates políticos, pero no ayudan en absoluto a comprender los acontecimientos históricos. Las acusaciones de Bolloten harían completamente inexplicable la tenacidad con la que éstas sobrevivieron a los intentos de erradicarlas. Tampoco explicarían que las autoridades republicanas (el ministro de Agricultura era el comunista Uribe) hubieran tenido que dar marcha atrás en sus propósitos, ante el peligro de que la cosecha pudiera derrumbarse por la apatía y la desmoralización de los campesinos.

            Los diferentes gobiernos republicanos se cuidaron mucho de dar a las colectividades, cualquier garantía permanente de legalidad. La política gubernamental resaltaba la provisionalidad del momento y su deseo de acabar, en cuanto las circunstancias lo hicieran posible, con la existencia del movimiento colectivista.

            El gobierno veía con malos ojos, que las expropiaciones se hubieran extendido a todas las grandes propiedades sin excepción, en toda la geografía republicana. El 7 de Octubre  de 1936, el Ministerio de Agricultura publicaba un decreto que pretendía regular la aparición y la existencia de las colectividades. Una parte de la nueva ley no hacía otra  cosa que sancionar lo que los campesinos ya habían realizado por su propia cuenta y riesgo,  tres meses antes. Sin embargo el verdadero contenido del decreto era otro, chocaba con las colectivizaciones y pretendía limitarlas drásticamente. Se reconocía como tierras expropiables, tan solo las que hubieran pertenecido a los sublevados, pero no extendía la "legalidad" de las expropiaciones al resto de los grandes latifundios.
            La naturaleza y la intencionalidad política del decreto no se le escapaba a nadie. Cenetistas y socialistas de izquierda, las principales corrientes que participaron en el movimiento colectivista, criticaron duramente el contenido de las medidas dictaminadas por el gobierno.

"El decreto conservador del 7 de octubre  se proponía desmoralizar a los colectivistas y estimular al mismo tiempo el proverbial egoísmo de los campesinos por unos míseros terrones de tierra. A otros se les incitaba a recobrar las parcelas de su antigua propiedad que habían aportado voluntariamente a la colectividad. La CNT acusaba públicamente a los funcionarios del Ministerio de Agricultura de frecuentar las Colectividades con propósitos de intriga y derrotismo" (228).
            A principios del mes de Junio de 1937, el gobierno creyó conveniente dar un nuevo paso en su política de someter al movimiento colectivista. Un nuevo decreto prometía ayudar a las comunas agrícolas para que pudieran llevar a cabo sus tareas de recogida de la cosecha. La nueva orden gubernamental reconocía una cierta entidad legal a las colectivizaciones, pero a cambio imponía una serie de condiciones drásticas que amenazaban con la disolución, a todas aquellas que no cumplieran los requisitos legales, devolviendo las tierras a sus antiguos propietarios. El cambio de actitud del gobierno no se debía a que éste hubiese acabado por aceptar las conquistas revolucionarias que representaban las colectivizaciones, sino a la seria amenaza que se cernía sobre la recogida de la cosecha, consecuencia de la incertidumbre y de la desmoralización que había hecho presa en el campesinado. El armisticio que ofrecía Uribe se reducía significativamente, "al corriente año agrícola".

            La tregua se rompió poco después, cuando las tropas de la II División, comandadas por Enrique Lister, entraron en Aragón cumpliendo las órdenes  de Prieto, ministro de la Guerra, para proceder al desmantelamiento de las colectivizaciones libertarias. Poco antes, se habían realizado operaciones similares en la región de Levante y en Castilla. La finalidad no era terminar definitivamente con las colectivizaciones, sino acabar, de una vez por todas, con el predominio anarcosindicalista, para someterlas al control del gobierno. Las tropas de Lister, una vez dueñas de la situación, invitaron a los campesinos a abandonar las colectivizaciones, para optar por el reparto individual de la tierra. Es difícil, como reconoce  Ronald Fraser, calcular el número de campesinos que se mantuvieron fieles al sistema colectivista y cuantos prefirieron volver a la explotación individual de la tierra (229).

            Pocos meses después de la entrada de las tropas de Lister en Aragón, la región caía en manos del ejército franquista. Por lo tanto, no existen datos fiables sobre el impacto que tuvieron estas medidas. Ernesto Margeli, libertario aragonés, calcula que fue el 60% de los colectivistas, los que, pese a las presiones, se negaron a abandonarlas (230).

            En Catalunya, la pequeña y mediana propiedad rural eran hegemónicas, mientras que los latifundios y el campesinado sin tierra eran poco frecuentes. Los pequeños propietarios estaban tradicionalmente organizados en torno a la poderosa Unió de Rabassaires (organización campesina, controlada tradicionalmente por ERC y que pasó, durante la guerra a serlo por el PSUC). La importancia de la pequeña burguesía agraria fue, sin duda alguna, uno de los factores que hicieron que el anarcosindicalismo adoptara una actitud conciliadora, evitando cualquier punto de fricción que pudiera ser capitalizado por sus adversarios. Anarquistas y rabassaires mantuvieron una línea coexistencia e incluso de cooperación, entre los dos sistemas económicos agrícolas, el privado y el colectivista.

            El 5 de Septiembre de 1936, se celebró un Congreso Regional de campesinos colectivistas, que organizó una comisión encargada de estudiar las relaciones con los rabassaires. El Congreso acordó respetar las pequeñas propiedades, siempre y cuando esto no implicara la contratación de mano de obra asalariada. El pequeño y mediano propietario, en un régimen de explotación familiar, debería integrase en las colectivizaciones por su propia voluntad, después de comprobar las ventajas que le ofrecían la economía socializada. Con esta política moderada, se pretendía evitar que los rabassaires pudieran convertirse en enemigos declarados del movimiento revolucionario (231).

            Sin embargo, la actitud adoptada por  los miembros  de l'Unió de Rabassaires, después de las jornadas de julio no  había sido conservadora, ni tampoco hostil a la revolución. El 22 de Julio, la dirección del sindicato agrario aconsejaba a sus afiliados que se apoderasen de la cosecha, que no pagasen los arriendos y que se incautasen, por medio de sus organizaciones locales, de las grandes propiedades y que éstas fueran repartidas individualmente entre el campesinado pobre (232).

            L'Unió de Rabassaires colaboró estrechamente con el Comité Central de Milicias Antifascistas de Catalunya. Al disolverse éste, en un gobierno de concentración de la Generalitat, el sindicato campesino pasó a ocupar la consellería de Agricultura (Josep Calvet). Durante el proceso, los rabassaires fueron absorbiendo a otras pequeñas organizaciones como la Federación de Cooperativas (Unió de Sindicatos Agrícoles), formándose la Federación de Sindicats Agrícoles de Catalunya. El decreto de la Generalitat por el que se hacía obligatoria la sindicalización del campesinado se convirtió a l'Unió en la representante casi absoluta de los pequeños propietarios del campo. Las relaciones entre la Consellería de Agricultura (controlada por la U.de R.) y las escasas colectivizaciones catalanas no siempre fueron buenas. El Conseller Josep Calvet desoyó con frecuencia las demandas de ayuda económica de los libertarios. La financiación de las colectivizaciones campesinas catalanas tuvo que recaer fundamentalmente el la industria colectivizada.

            La consolidación de la nueva situación en el campo, se dio con la promulgación de una serie de decretos publicados por la Generalitat, durante los meses de Enero y Febrero de 1937.
Las nuevas leyes anularon todos los contratos que habían sido redactados antes del 19 de Julio, y establecían que serían los nuevos propietarios, los que pagarían los impuestos. Otro decreto, publicado en el mes de  Febrero, reconocía a los nuevos propietarios, la propiedad de las nuevas tierras, incluidas las que acababan de ser expropiadas, y que por lo tanto estaban sujetas a la amenaza de la colectivización. El gobierno de la Generalitat establecía que en los casos en que estos decretos fueran incumplidos, las colectivizaciones podrían ser desmanteladas. La única limitación que se imponía a los pequeños propietarios era la de la prohibición de contratación de mano de obra asalariada. Las tierras que no pudieran ser cultivadas por la unidad familiar pasarían a ser repartidas entre los agricultores más pobres. Por otro lado, se decretó que los miembros de las colectivizaciones que quisieran abandonarlas, podrían hacerlo con entera libertad en cualquier momento, teniendo derecho a llevarse consigo la parte del equipo con la que había contribuido a la explotación.

            Como contrapartida a los errores y limitaciones que hemos apuntado, el movimiento colectivizador también se apuntó importantes éxitos en el campo social y en el de la producción.
El éxito o el fracaso del colectivismo agrario es difícil de determinar, por el corto período en el que las comunas  existieron y se desarrollaron. Sin duda alguna, el sistema colectivista tendió a una progresiva superación de los errores iniciales. En muchos lugares también se procedió a articular y coordinar a las colectividades. La liquidación de la revolución impediría la posibilidad de que éstas pudieran llegar a  desarrollarse, para convertirse en la piedra angular de una nueva economía de tipo socialista.

            Las comunas agrícolas cosecharon importantes avances en el plano social, desconocidos en los países capitalistas avanzados y en todo el mundo. Los ancianos pudieron contar con pensiones y subsidios suficientes para poder tener una vida digna, existió una asistencia sanitaria gratuita... En el plano cultural,  se llevaron a cabo verdaderos planes de alfabetización. En la región levantina, todas las colectivizaciones contaron con sus propias escuelas locales. La política salarial fue mucho más igualitaria que en las ciudades. En éstas, la tendencia era frenada por la existencia de un importante número de técnicos y de administrativos, tradicionalmente mucho mejor pagados que los obreros manuales. En el campo, la división del trabajo estaba mucho menos diferenciada y no presentaba grandes obstáculos. Por lo general, se instauró el llamado "salario familiar", que se acercaba al principio socialista, de "a cada cual según sus necesidades". Los trabajadores colectivistas cobraban un salario fijo por su trabajo, al que se añadía un suplemento por cada hijo que no estuviera en la edad de trabajar, o por cada familiar incapacitado que tenía que mantener.

            En el plano económico, y a pesar de los fracasos, el nuevo sistema permitió el mantenimiento e incluso el aumento de la producción, después de la caída del viejo sistema agrario, y en unas condiciones tan difíciles como eran las que se derivaban de la guerra. La incipiente planificación de la producción que se llevó a cabo, significó un importante aumento en el rendimiento de la tierra. La explotación colectiva de la tierra en grandes explotaciones socialistas, permitió importantes mejoras en la infraestructura, (nuevos canales de regadío, reforestación de los bosques,...), en el sistema de producción (planificación del trabajo, introducción de nuevas técnicas, maquinaria, diversificación de los cultivos según la demanda y las necesidades...), se crearon escuelas técnicas rurales y granjas, se procedió a una selecciòn y mejora de la ganadería...

"...conviene tener en cuenta que la única cosecha de trigo recogida en Aragón bajo la colectivización -la del año 1937- mostró un aumento del 20 por ciento sobre la del año anterior, que había sido buena, mientras que en Catalunya, donde la colectivización agraria estaba menos extendida, descendió en el mismo porcentaje" (233).

            Es difícil imaginarse, con estos datos, a la inmensa mayoría de las colectivizaciones, como "dictaduras caciquiles" impuestas por "fanáticos", o como "experimentos desatinados", como las calificaban sus adversarios. Es importante reflexionar sobre las posibles causas del crecimiento de la producción cerealera aragonesa, estando como estaba a escasos kilómetros del frente, con todos sus errores, en contraste con el dramático descenso  de Catalunya, un área alejada del conflicto, y con una agricultura caracterizada por la pequeña y por la mediana propiedad.

            El incremento de la cosecha cerealística en Aragón no bastó para contrarrestar la caída de la producción en el principado, ni para cubrir la demanda en toda Catalunya. El gobierno de la Generalitat tuvo que paliar la escasez de pan con importaciones procedentes del extranjero (234).

            Josep María Bricall, en su obra, defiende las causas objetivas, como la guerra y el clima, además de los cambios de cultivo, como los factores que provocaron el descenso de la producción (235). Sin negar la validez y la importancia de las reflexiones de Bricall, existen otros factores que nos ayudan a explicar este contraste. Mientras los cambios revolucionarios provocaron el entusiasmo de gran parte del campesinado aragonés, que consideraban a las colectivizaciones como su gran oportunidad histórica para liberarse del pesado yugo de los terratenientes, el campesinado catalán, predominantemente pequeño propietario, contempló con temor creciente al movimiento colectivista y con profundo descontento las drásticas limitaciones que les habían impuesto los revolucionarios.

"En el segundo año de la producción colectivista, las cosechas aumentaron de un veinte a un treinta por ciento, según las comarcas. ¿Cómo es posible -se nos dice- que habiendo llamado a filas a un porcentaje apreciable de jóvenes, la producción aumentara? Sin embargo, es fácil comprender este fenómeno si tenemos en cuenta el entusiasmo que algunos hombres de edad avanzada sentían hacia la colectividad, lo que les incitaba a ir al trabajo cuando en otras situaciones no lo hubieran hecho. Muchas mujeres que habitualmente se ocupan únicamente de su casa, acudían a los trabajos durante algunas horas con una voluntad ejemplar, y muchos chicos que en épocas anteriores se hubieran dedicado a jugar, se unían a los colectivistas en un afán de suplir a sus hermanos que estaban en el frente, y aunque había mas trabajo, porque no se dejaba un pedazo de tierra sin cultivar, al estar mejor organizado, todo se hacía con menor esfuerzo" (236).

            Además del apoyo social que pudieran tener, las ventajas que presentaban las colectivizaciones permitieron una serie de logros económicos y sociales, que las viejas explotaciones minifundistas y familiares, tan antieconómicos que en muchas ocasiones rozaban los niveles de subsistencia, o las grandes propiedades latifundistas y semifeudales, no estaban en condiciones de poder conseguirlo.

            Es innegable que las colectividades agrarias respondieron a las necesidades de un momento determinado y de una situación concreta, es decir, a una revolución en marcha, donde todo tenía que improvisarse, y donde no existía el más mínimo programa de planificación del nuevo orden económico que estaba surgiendo de los escombros de la República.

            Las colectivizaciones agrarias (como las urbanas) cubrieron el vacío económico dejado por la fuga de los antiguos propietarios. Con sus errores, con todas las críticas y acusaciones realizadas por sus enemigos, las colectividades en el campo, pusieron en marcha, con una preparación completamente insuficiente, un sistema económico que funcionó y que evitó el  rápido colapso de la revolución.

            El triunfo de las colectividades sólo podía ser posible, acompañado de la  victoria política y militar de la revolución de los comités. Su gran tragedia consistió en que ninguna organización comprendió que para que éstas desarrollaran todos sus potenciales, era necesario que todos los resortes del poder político estuvieran a su servicio. Las colectividades carecieron del apoyo de un poder revolucionario que las defendiera frente a sus enemigos, que corrigiera sus errores y sus contradicciones  y que las articulara hasta convertirlas en el tejido  social y económico de la nueva sociedad.

            Hablar, desde el punto de vista histórico, de la viabilidad  o inviabilidad de las colectivizaciones, resulta simplemente absurdo. Las colectivizaciones no tuvieron tiempo para demostrar sus posibilidades de supervivencia. Sin embargo, en el breve espacio de tiempo de su existencia, demostraron las   patentes ventajas de un sistema económico, que gozaba del entusiasmo y del apoyo de la mayor parte de la población trabajadora.

3.11 LOS PARTIDOS Y SINDICATOS OBREROS ANTE LA REVOLUCIÓN ESPAÑOLA.

            El período de la dualidad de poderes en la revolución española, adoptó una forma completamente original, si lo comparamos con el resto de las revoluciones realizadas durante el siglo XX. Mientras el poder revolucionario de los comités se encontraba atomizado y disperso, por toda la geografía del país.

       La esencia del poder burgués republicano, no estuvo encarnada en el impotente gobierno  de Giral, sino en los comités ejecutivos de las organizaciones obreras del Frente Popular.

            Cuando nos referimos, matizando, a las direcciones y no a los partidos y sindicatos en general, lo hacemos con plena conciencia. Con esta precisión queremos resaltar que, durante el período del "desorden revolucionario" de las primeras semanas,  miles de militantes de base de estas organizaciones, faltos de la orientación de sus dirigentes, completamente desconcertados y desbordados por los acontecimientos, encarnaron la revolución. Llevaron a cabo las confiscaciones de las propiedades de la burguesía; formaron sus propios comités, que dirigieron y organizaron la marcha de sus  localidades; formaron sus milicias y patrullas, para combatir y reprimir la sublevación... Llevaron a cabo, un proceso revolucionario, satisfaciendo, de una vez por todas, sus reivindicaciones históricas, que cinco largos años de República no habían conseguido. En resumen, realizaron los inicios de una revolución, a la que sus propios partidos y sindicatos, se oponían, bajo diferentes formas y matices diferentes.

            Aunque este trabajo esté centrado en las características de la revolución española en Catalunya, consideramos que es fundamental analizar a fondo, la actitud mantenida por el PSOE y  la UGT estatal. La actitud de las organizaciones socialistas, aunque inexistentes en Catalunya, al quedar absorbidas por el PSUC, organización que se colocó rápidamente bajo la órbita de la Komintern, nos pueden ayudar a comprender muchos de los acontecimientos políticos que se dieron en Catalunya, durante  la guerra civil.

            El comunismo estalinista, encarnado por el PSUC, experimentó una evolución espectacular, durante el primer período revolucionario. Nacido al calor de las jornadas de julio, a partir de la unificación de cuatro pequeñas organizaciones políticas catalanas, se convirtió en pocos meses en  el primer partido catalán, opuesto a la hegemonía libertaria. Con su rápido  crecimiento, el PSUC acabó sustituyendo, como  representante de las clases medias, a la tradicional Esquerra Republicana de Catalunya, que había quedado  desarbolada durante y después de los acontecimientos de Julio.

            El anarcosindicalismo, indiscutiblemente, fue la fuerza hegemónica del movimiento obrero catalán, y su actitud ante los acontecimientos fue determinante en la evolución de la revolución. Fueron las bases anarcosindicalistas, las que conformaron, mayoritariamente, la multitud de comités y de colectivizaciones.

            Finalmente el POUM, la principal fuerza política que se reclamaba del marxismo en Catalunya, durante los primeros meses de la revolución. Organización comunista independiente, que atrajo los odios del estalinismo internacional, por sus denuncias y su firme condena de los procesos de Moscú, que se estaban llevando a cabo contra la vieja guardia bolchevique. Su militancia, aunque sensiblemente inferior en número a la de los anarcosindicalistas, también fue decisiva en la formación de los comités revolucionarios y en el de numerosas colectivizaciones.

            El POUM estaba fuertemente implantado en Lérida y en otras localidades catalanas. No podemos estar de acuerdo con aquellos que han considerado desproporcionada la importancia que se le ha dado a esta organización, en comparación con las grandes formaciones tradicionales del movimiento obrero.

            Las situaciones revolucionarias se caracterizan por su vertiginosa dinámica. En un corto espacio de tiempo, la población experimenta grandes cambios en su conciencia, que no se había dado en los largos períodos que lo precedieron. Los nuevos estado de conciencia se reflejan en la decadencia de las viejas organizaciones, y en el rápido ascenso de otras que representan las nuevas aspiraciones. En estas especiales condiciones, la importancia política de una organización, no se mide por el número de sus efectivos militantes, sino también por sus posiciones, su grado de influencia entre las clases sociales que pretenden representar y también por el lugar político que ocupa en los acontecimientos.

            Los diferentes partidos y sindicatos obreros, se agruparon en torno a determinados programas políticos frente a la revolución española, que intentaremos definir y explicar en la pequeña síntesis, que hemos realizado en las próximas páginas.

            Con sus respectivas diferencias, socialistas de derecha, republicanos y comunistas (de obediencia estaliniana), se agruparon en torno a un objetivo común, hacer retroceder la revolución y el derrocado viejo aparato de estado republicano.

            Socialistas de izquierda, anarcosindicalistas y poumistas, conformaron otro bloque, que pretendía mantener en las mejores condiciones posibles, el cuadro aparecido tras las jornadas de Julio, postergando el avance definitivo de la revolución para después de la victoria militar sobre los sublevados.

            Entre las diferentes fracciones, tendencias y bloques existentes, hubo numerosos intentos de establecer alianzas. Sin embargo, éstas se caracterizaron por su inestabilidad. La guerra y la revolución, convertían cualquier acuerdo en algo frágil y quebradizo. Anarcosindicalistas, socialistas de izquierda y poumistas experimentaban la fuerte presión de sus propias bases radicalizadas. Socialistas de derechas, republicanos y comunistas, llegaron a alianzas, pero también eran conscientes que sus acuerdos eran sólo circunstanciales, y que en el seno de  su propio bloque político, existía una sórdida lucha por el poder. Tanto  los republicanos, como los socialistas de derechas, desconfiaban de sus temibles aliados, que solo obedecían las consignas que procedían de Moscú. Pero incluso entre los mismos republicanos y los partidarios de Prieto, hubo frecuentes roces por sus diferentes concepciones políticas.

"La lealtad era hacia las organizaciones, no hacia la República. No había más que coaliciones temporales entre las dos o tres corrientes, los llamamientos frecuentes a la unidad antifascista no eran más que grandes camuflajes para esconder las tentativas y las prácticas de dominación" (237).

            La fragilidad de las alianzas políticas que se establecieron entre las cúpulas dirigentes, demuestra que, tras las jornadas de julio, lo que quedaba de la República era, más que nunca, una ficción encarnada en el impotente y desprestigiado gobierno de Giral. La reconstrucción del aparato de Estado republicano tenía que realizarse encima del mar embravecido de la revolución, sobre el que pretendían cabalgar los distintos partidos y sindicatos.

3.11.1 LOS SOCIALISTAS.

            El estudio de las posiciones políticas del socialismo español es harto dificultoso, debido a la gran división existente entre las diferentes fracciones en las que estaban fragmentadas sus organizaciones. Es difícil encontrar una postura unitaria   ante el hecho revolucionario, entre las distintas tendencias, que ya estaban fuertemente enfrentadas, y al borde de la escisión, en el período precedente a la guerra. El estallido de la contienda y el inicio de la revolución, encontraron al Partido Socialista, completamente  fraccionado en corrientes irreconciliables que se disputaban el control del aparato.

            Dividido y sin un programa  político propio, el Partido Socialista demostró ser un gran gigante con pies de barro. Difícilmente podía jugar un papel independiente en los acontecimientos que se estaban desarrollando por todo el país. De hecho, la amplitud de las actitudes que se presentaban en el arco político del Partido Socialista, se encuadraron en los distintos sectores en el que también estaba dividido, a su vez, el campo republicano.

            Prieto y Negrín, defendían la necesidad inmediata de acabar con la revolución y restaurar, lo antes posible, el gobierno del Frente Popular. Largo Caballero mantuvo una posición vacilante, presionado desde la derecha y la izquierda. El máximo dirigente de la Izquierda Socialista pretendía lo imposible, conciliar la revolución de los comités y la contrarrevolución del Frente Popular. La decantación de la situación hacia cualquiera de los dos extremos, significaba el final de su postura de árbitro privilegiado y, probablemente, también el fin de su influencia política.

            Es importante resaltar, en el seno del PSOE y de la UGT, de algo que ya hemos planteado más arriba. La diferenciación existente entre las bases socialistas y sus dirigentes, con respecto al futuro de las milicias, de los comités y de las colectivizaciones. Las diferencias son detectables al  observar el contraste entre la práctica llevada a cabo por las bases, y las directrices defendidas por sus dirigentes. Sin embargo, no debemos considerar esta afirmación, como algo evidente. No hay  que ver en esta oposición, el reflejo de una clara conciencia revolucionaria, sino el choque entre las aspiraciones y el instinto revolucionario de los trabajadores con las moderadas   y vacilantes directrices defendidas por la dirección.

            La oposición socialista, al contrario de lo que aconteció entre los anarcosindicalistas, no  adoptó forma de corrientes políticas, en  el seno del partido. El lenguaje radicalizado utilizado por los dirigentes son también la evidencia de la fuerte presión a la que estos se encontraban sometidos.


            Los militantes socialistas participaron en la creación de los comités y de las colectividades, expropiaron a los terratenientes y a la burguesía industrial, formaron sus propias milicias y sus patrullas de retaguardia. En su acción espontánea, encontraríamos muy pocas diferencias con los militantes anarcosindicalistas. Sin embargo, los trabajadores socialistas, a diferencia de los libertarios, consideraban al PSOE y a la UGT como sus organizaciones tradicionales, y su política, encaminada a la restauración del orden republicano, como una táctica dirigida al fin último, la revolución socialista, objetivo que, aunque desmentido en la práctica, era proclamado por sus dirigentes.

            El discurso "revolucionario" de los líderes caballeristas, no podía esconder una alarmante falta de programa político, la inexistencia de proyectos y de medidas concretas, capaces de orientar y de ser llevadas a cabo por la militancia.

            A la política de apoyo al Frente Popular, defendida con matices, por las distintas fracciones socialistas, y que comportaba una actitud de hostilidad, más o menos camuflada, ante el proceso revolucionario, se unía la tradicional incomprensión de las cuestiones nacionales catalán y vasca. El hecho de que Catalunya se hubiera convertido en el corazón de una vasta revolución que no se avenía a sus canones tradicionales, y de que  estuviera dirigida por su tradicional rival, la CNT, caracterizó la política de los diferentes gobiernos de mayoría socialista.

            Las tomas de posición de los cuadros dirigentes se hacían, en muchas ocasiones, bajo la presión de las propias bases, mucho más radicalizadas y dispuestas a todo, que sus direcciones. La evolución política de la Izquierda Socialista, sus evidentes y continuas contradicciones entre teoría y práctica, se explican por el choque de intereses existentes entre la presión de la población trabajadora y los compromisos adquiridos por las cúpulas dirigentes en el seno del Frente Popular.

            Comparemos pues, las posiciones defendidas desde las páginas de "Claridad", el órgano de prensa de esta corriente, y la política de contención de la revolución, defendida por el gobierno de Largo Caballero, poco después:

"Alguna gente dice: <<derrotemos primero al fascismo, terminemos la guerra victoriosamente, y luego tendremos tiempo para hablar de la revolución y de hacerla si es necesario>>. Aquellos que afirman esto, no han contemplado con madurez el formidable proceso dialéctico que nos arrastra. La guerra y la revolución son una y la misma cosa. No se excluyen, no se estorban, sino que se apoyan y se complementan. La guerra necesita a la revolución para triunfar, de la misma manera que la revolución ha requerido la guerra... Es la revolución en la retaguardia la que hará más segura y más inspirada la victoria en los campos de batalla..." (238).

            Las opiniones reflejadas en las páginas de "Claridad" reflejaban la presión a la que estaban sometidos, por parte de sus propias bases izquierdistas y constituían una clara crítica a los seguidores de Prieto, el ala derecha del partido, aliados de los comunistas y de los republicanos, partidarios de hacer retroceder la revolución hasta un futuro indeterminado. Sin embargo, las opiniones vertidas por "Claridad", poco o nada tenían que ver con la práctica política del gobierno que estaba presidido por Largo Caballero, y que acabó potenciando los viejos cuerpos de seguridad republicanos, desmanteló las patrullas obreras de la retaguardia e inició la formación de un ejército al viejo estilo, en detrimento de las milicias revolucionarias.

            Las veleidades radicales de la Izquierda Socialista se habían transformado durante el período anterior a la guerra. A medida que el movimiento revolucionario experimentaba una profunda radicalización, los caballeristas habían ido moderando su lenguaje y sus objetivos políticos. Lejos quedaban ya, los términos de "dictadura del proletariado" y de "revolución socialista". "Claridad" había acabado calificando a la revolución española, como burguesa-democrática, antifeudal y antioligárquica y se había declarado ferviente partidaria del Frente Popular, que tanto había criticado con anterioridad (239). Los caballeristas, después de llamar, durante todo un período, a la revolución socialista, habían abandonado esta caracterización, para sumarse a la que mantenían los prietistas y comunistas, al considerar que la guerra que se iniciaba, era entre la democracia burguesa y el fascismo, precisamente, en aquellos momentos, en los que la revolución socialista, que tanto habían predicado, se ponía en marcha.

            La Izquierda Socialista también expresaba con su política vacilante y llena de contradicciones, la presión de las diferentes fuerzas políticas que intervenían en la revolución española, tanto nacionales como internacionales. La guerra, dentro del esquema caballerista, solo podía ganarse con la ayuda de la URSS, de Francia y de Gran Bretaña. A principios de 1937, el gobierno de Largo Caballero, llegó a ofrecer la cesión del Marruecos colonial español y las islas Canarias, a cambio de que Francia y Gran Bretaña, con fuertes intereses en el norte de Africa, abandonasen su "neutralismo" y accediesen a apoyar a la República en la contienda. (240) Sin embargo, este apoyo no era posible mientras el movimiento revolucionario no se retirase a sus cuarteles de invierno para dejar paso libre a la reconstrucción del orden republicano. Sin embargo, el caballerismo no pretendía la derrota total del movimiento revolucionario, fuente de poder de la Izquierda Socialista, y que había arraigado profundamente en las bases sindicales de la UGT.

            La política vacilante de esta corriente quedaría patente a mediados del mes de agosto de 1936, cuando, en pleno fragor revolucionario, Largo Caballero pareció contemplar la posibilidad de formar una alianza sindical con la CNT, a la que intentaba atraer hacia sus posiciones. Sin duda alguna, el caballerismo consideró que la alianza con los anarcosindicalistas los convertiría en la única alternativa posible de gobierno, ante el moribundo gabinete de Giral, agotado políticamente, antes de nacer.
            La presión política del embajador soviético en España, Marcel Rosemberg y la de los socialistas de derecha, hizo que finalmente la alianza CNT-UGT no pasara de ser un proyecto (241). La actitud de Largo Caballero fue la de mantener la misma línea defendida en el período anterior a la guerra. Después de la caída fulminante de los gabinetes de Casares Quiroga y de Martínez Barrio, Largo Caballero rechazó la propuesta de Azaña para formar gobierno. La Izquierda Socialista consideró que todavía no estaba preparada para acceder al poder y prefirieron dejar pasar dos meses y medio, apoyando a gobierno ficticio de Giral, hasta aceptar la propuesta (242).

            La línea política de los caballeristas continuaba caracterizándose por su pasividad. Esperar el total agotamiento político de los gobiernos republicanos, rechazar cualquier compromiso con la pequeña burguesía, hasta que el poder cayera en sus manos, como un fruto maduro. La Izquierda Socialista seguía identificando, la toma del poder por parte de la clase trabajadora, con la llegada al gobierno de un gabinete socialista  monocolor.

"Pretende una dominación socialista completa tan pronto como sea posible y abstenerse de participar en el gobierno hasta que ya no sea posible" (243).

            Sin embargo, el fruto maduro no caería en sus manos, en las circunstancias en las que la Izquierda Socialista había soñado. Cuando Largo Caballero formó su primer gabinete, tuvo que hacerlo, no con un gobierno exclusivamente socialista, sino con uno de concentración, junto a republicanos, prietistas y comunistas. La presión internacional y la de las diferentes organizaciones del Frente Popular, condicionaron y limitaron drásticamente sus pretensiones, y posteriormente también harían lo mismo con su política.

"<<Virtualmente el gobierno republicano está muerto, no tiene autoridad, ni competencia, ni decisión para hacer una guerra a fondo y acabarla con una victoria absoluta y revolucionaria>>. Descartado Prieto como alternativa, <<no queda más que usted>>. Araquistain recomendaba pues, un gobierno presidido por Largo y de composición mixta entre los diferentes sectores del Frente Popular, pero, desde luego, en detrimento de los republicanos" (244).

            El gabinete de Largo Caballero no fue, por lo tanto, monocolor, como habían pronosticado desde mucho antes los dirigentes de la Izquierda Socialista. Su proyecto para formar un gobierno exclusivamente socialista, quedaba relegado para después de la guerra,  período en el que ellos estaban convencidos, de que iban a convertirse en los árbitros de la nueva situación, y en la que los republicanos, concretamente Azaña, ya no serían ningún obstáculo (245).

"nuestra victoria no será la implantación fulminante del bolchevismo o el anarquismo, como siguen temiendo en estos países, sino un régimen que nadie sabe aún que será" (246).

            En la contradictoria política que había caracterizado a los   dirigentes de la Izquierda Socialista, desde los orígenes de esta corriente,  encontramos ya, las causas de su decadencia y posteriormente su derrota final.

"El fracaso final de la Izquierda Socialista estaba ya aquí, en la imposibilidad de encontrar un terreno intermedio entre la defensa del Frente Popular y la revolución. Lo primero exigía un acuerdo con Prieto, Azaña y los comunistas. Lo segundo exigía el mismo acuerdo con los anarquistas, y la Izquierda Socialista se empeñó en esperar unos misteriosos acontecimientos que habían de presentar la posibilidad milagrosa de hacer la revolución contra la reacción, contra el Frente Popular, y sin contar activamente con los anarquistas. En esa espera perdieron el control de su propio partido, perdieron la revolución" (247).

            A diferencia de la Izquierda Socialista, Prieto y sus seguidores consideraban que el único futuro posible era la consolidación de la República y posteriormente la derrota militar  de los sublevados o en su imposibilidad, negociar con éstos la supervivencia de ésta a cambio de concesiones. Sin embargo, cualquiera de las dos vías, la de la victoria militar (con la ayuda de las potencias democráticas) o la de la negociación, sólo podía conseguirse apagando el fuego revolucionario que había acabado con la República.

            La Alianza con los republicanos, es decir, el Frente Popular, fue el eje principal de su política. Era necesario dar seguridades a Francia y a Gran Bretaña de que su hipotético apoyo a la República, no iba a convertirse jamás, en el apoyo a la revolución. Era necesario evitar también, que el pánico de la burguesía no acabase por arrojarla en brazos de los sublevados.

            Sin embargo, los socialistas de derecha adoraban a un fantasma, la burguesía hacía  tiempo que había desaparecido del campo republicano y se había refugiado, antes del inicio de la guerra, en manos de la conspiración que se estaba gestando en los cuarteles. El acuerdo con los republicanos, defendido por Prieto, no era más que la alianza con la sombra de las clases propietarias. Los políticos republicanos apenas se representaban a ellos mismos. La burguesía no estaba dispuesta a hablar de negociaciones y de reconciliación, mientras no se aplastase, de  una vez por todas, al movimiento revolucionario. Y en este sentido, los propietarios preferían la opción militar, al cascarón vacío y peligroso del Frente Popular.

            A medida que la actitud "neutral" de Francia y de Gran Bretaña se consolidaba, Prieto fue adoptando una actitud pesimista, que le valió la acusación de derrotista. Finalmente, acabó buscando, discretamente, el camino de las negociaciones con los facciosos, lo que le significó un nuevo fracaso. Franco no estaba dispuesto a negociar. Era perfectamente consciente de que una vez liquidada la revolución, él era el único triunfador, y tenía todas las cartas en sus manos. No necesitaba negociar, ni hacer concesiones a sus adversarios, aunque fueran los socialistas moderados y los republicanos.
            Como el resto de los grupos del Frente Popular, las diferentes fracciones del Partido Socialista, coincidían en aceptar que los comités revolucionarios que habían surgido durante las primeras semanas de la revolución, habían jugado un papel de primer orden, en el primer período del conflicto. Pero eran partidarias de que, con la restauración de las instituciones gubernamentales, debían desaparecer a toda costa.  La supervivencia de éstos, cuestionaba seriamente la autoridad del gobierno y restaba "respetabilidad" a la República.

"Aquellos comités populares reemplazaron al Estado desaparecido y, hay que hacerles esta justicia, salvaron la República, junto con las milicias" (248).

            Para los socialistas de todas las tendencias, los comités-gobierno eran el símbolo viviente de la revolución que había derribado el orden republicano. El hecho de que siguieran existiendo y de que mantuvieran todavía su poder local intacto, hacía peligrar seriamente el proyecto de reconstrucción republicano. La supervivencia de un poder revolucionario, ajeno e independiente del Frente Popular, cuestionaba su alianza con los líderes republicanos, supuestos representantes de la mítica "burguesía democrática".

            Las potencias democráticas europeas nunca estarían dispuestas a ayudar a una España, donde el poder de los comités revolucionarios coexistía con el de la República, e incluso lo desafiaba. Y donde, concretamente en Catalunya, el Comité Central de Milicias que se había apoderado de la autoridad del gobierno autónomo, seguía siendo el poder indiscutido e indiscutible.

            Para Largo Caballero y sus partidarios, los comités eran un peligroso rival que disputaba su autoridad política y su influencia entre las masas trabajadoras. En el esquema ideológico de la Izquierda Socialista, los órganos del poder revolucionario en España, eran sus organizaciones tradicionales, el Partido Socialista y las dos centrales sindicales existentes, la CNT y la UGT. Hacía mucho tiempo que la idea de las Alianzas Obreras, como plataforma de frente Único, había ido desapareciendo de sus alforjas ideológicas. Los comités, los soviets, o cualquier organismo de esta naturaleza asamblearia, habían aparecido en otros países con situaciones revolucionarias, por la debilidad de las organizaciones obreras tradicionales.

            El poder en la revolución española, debía residir en un gobierno del PSOE, y el frente único de los trabajadores, tenía que  forjarse, a través de la alianza entre la CNT y la UGT (con el predominio de ésta última). Cualquier otro organismo extraño se convertía en un obstáculo a su autoridad y tenía que desaparecer.

            Luis Araquistain, el principal teórico de esta corriente, había defendido esta concepción de la revolución en las páginas del  periódico "Claridad", pocos meses antes de iniciarse la guerra, polemizando con los comunistas oficiales:

"Los soviets, Consejos, Juntas, Alianzas o como se quiera llamarlos son un anacronismo político y social... ¿Para que se quieren las Alianzas Obreras y campesinas, que además de ser un anacronismo son también un cuerpo extraño en sí, y en lo confuso del concepto al venir literalmente vertido del ruso, o sea de una realidad muy desemejante a la española" (249).

            Tanto la UGT como el PSOE, apoyaron la existencia de los comités de fábrica y de las colectivizaciones industriales. La UGT promovió la formación en todas las empresas, de comités dirigentes, compuestos por delegados escogidos, de forma proporcional al número de afiliados de cada sindicato.

            Las diferencias con la central sindical anarcosindicalista eran claras. Mientras la CNT defendía la expropiación total de la industria, bajo la dirección de los sindicatos, la UGT defendía la nacionalización de aquellas propiedades que habían sido abandonadas por sus antiguos propietarios y de las que tuviesen un valor estratégico en la guerra. Para el resto de empresas, se defendía el control obrero (por medio de comités sindicales), pero respetando los derechos de propiedad de sus antiguos dueños. Sin duda alguna, los comités y las colectivizaciones industriales eran necesarias, pero siempre y cuando se mantuvieran sometidos al control y a la planificación del gobierno de la República.

            En el terreno de las colectivizaciones agrarias la UGT adoptó una posición intermedia entre la defendida por el anarcosindicalismo y la mantenida por los comunistas. El hecho de que, las colectivizaciones se hubieran extendido mucho más allá de los objetivos que habían marcado los dirigentes socialistas, fueran de la tendencia que fueran, era en el mejor de los casos, un mal necesario (la burguesía había abandonado sus propiedades) que sería solucionado después de la victoria militar sobre los sublevados. A pesar de los "excesos" expropiadores de sus propias bases, los dirigentes socialistas se mostraron partidarios de limitar las incautaciones  a las propiedades pertenecientes a los insurrectos o a sus simpatizantes. Frecuentemente, la UGT no dejó de mostrar sus reservas hacia el movimiento colectivizador.

            Los socialistas criticaron el antiestatismo libertario y defendieron la nacionalización de la tierra y su entrega en usufructo a los campesinos. La CNT defendía el control sindical de las colectividades, en contraposición con el control estatal que pedían los socialistas.

            Las diferencias entre los caballeristas y los comunistas  oficiales también eran patentes. Coincidían con ellos, en la exigencia de que las colectivizaciones fueran totalmente voluntarias. Sin embargo, el sindicato ugetista se negó a sacrificar el movimiento colectivista que estaba formado en gran parte, por las bases de la Federación de Trabajadores de la Tierra (FTT), para fomentar el reparto individualizado de la tierra, que proponía el PCE-PSUC.

            Las colectivizaciones agrarias que impulsaron los afiliados   de la UGT, se diferenciaron en muy poco de las de la CNT. La sensibilidad frente a los pequeños propietarios parece que fue mayor, y no parecen haberse dado casos de colectivizaciones forzosas. Las colectividades socialistas, a diferencia de las libertarias, no abarcaron el resto de ocupaciones de las localidades, (barberos, zapateros, y otras profesiones artesanales...).

            Los colectivistas de la UGT, como los de la CNT, aportaban voluntariamente sus equipos de labranza, su ganado, sus semillas, aunque no sus ahorros ni sus bienes de consumo. Como en el caso de las colectivizaciones libertarias, también se dieron numerosas ingenuidades: la  abolición   del  dinero  como  instrumento para las transacciones en el seno de la comunidad y su sustitución por otros sistemas de intercambio y de distribución (cartillas de consumidor, moneda acuñada en la misma comunidad y solo válida en ella...).

            Prieto, el principal representante de los socialistas de derecha, defendía la necesidad de centralizar la nueva economía para terminar con el caos que había provocado la revolución. La  política de Prieto se orientaba a someter a las colectivizaciones a la política del gobierno de la República. Los socialistas de derecha se habían manifestado hostiles a los nuevos organismos, sin embargo también eran conscientes de que éstos, en los primeros momentos, habían llenado el vacío creado por la huida de los antiguos propietarios. Un ataque frontal a las colectividades podía significar el final de los intentos de reconstruir la maltrecha República, al tener que enfrentarse a un todavía poderoso movimiento revolucionario. Por otro lado, el Frente Popular carecía de  otros instrumentos que pudieran competir con las colectividades. El hundimiento de éstas, hubiera significado el naufragio económico de la República, y habría precipitado la victoria de los rebeldes. Era necesario trabajar para conseguir el retroceso paulatino de las colectivizaciones y la liquidación definitiva, en cuanto las circunstancias lo hicieran posible, del movimiento revolucionario. La única política posible por el momento, era la de mantener las colectivizaciones, acorralarlas, utilizar el chantaje y la presión económica, hasta someterlas al control gubernamental, venciendo la resistencia y la hostilidad de los trabajadores revolucionarios.

            La restauración del orden republicano significaría, en el momento adecuado y una vez vencido el movimiento revolucionario, devolver las propiedades a sus antiguos dueños, en aras de la reconciliación y de la consolidación de la República burguesa que ellos defendían.

            Sin embargo, la República no solo tenía que defenderse del movimiento revolucionario, sino que para sobrevivir tenía que obtener la victoria sobre los sublevados, o por lo menos, la negociación con ellos, desde una posición de fuerza que les permitiera dictar las condiciones. El viejo ejército se había sublevado en su mayoría contra la República, y el sector minoritario que le había sido leal, se había desmoronado como un castillo de naipes. Las milicias revolucionarias eran un peligroso aliado de la República, en tanto en cuanto, la mayoría de ellas, se proclamaban defensoras de un nuevo orden revolucionario y eran completamente independientes del gobierno.

            Las milicias mostraron en numerosas ocasiones, su hostilidad a los primeros intentos del gobierno de Giral, para dotarse de un brazo armado.

            La Izquierda Socialista defendió la formación del nuevo ejército, que debería sustituir a las milicias de voluntarios de los primeros momentos. Sin embargo, en numerosas ocasiones, surgieron voces, que expresaron su temor de a que la construcción de un nuevo ejército regular, apolítico, formado por levas forzadas y dotado con un cuerpo de oficiales separado de la tropa, un ejército similar al sublevado, pudiera  ser utilizado, posteriormente, contra los revolucionarios, e incluso contra mismos socialistas.

"El nuevo ejército ha de tener por base los que ahora luchan y no solo los que aún no han luchado en esta guerra. Ha de ser el ejército correspondiente a la revolución, a la guerra social que se está operando en la sociedad española... a la cual (a la revolución) debe ajustarse el futuro Estado. Pensar en otra clase de ejército que sustituya a los actuales combatientes y en cierto modo controle su acción revolucionaria, es pensar contrarrevolucionariamente" (250).

            Sin embargo, la política de los socialistas de izquierda estaba teñida de un fuerte oportunismo. Durante el período del gobierno de Giral, sus dirigentes se habían opuesto a cualquier proyecto de formación del nuevo ejército, que pudiera quedar bajo control de los republicanos, y que pudiese competir con las milicias revolucionarias. La postura de la Izquierda Socialista se transformó en el momento en el que Largo Caballero pasó a constituir su propio gobierno. Si la toma del poder se reducía a la sustitución del gobierno republicano por otro socialista, desde el que se debía apoyar y desarrollar la revolución, el nuevo ejército, controlado ahora por los socialistas, no se contraponía, de ningún modo, a su viejo esquema político.

            Las milicias pasaban a ser una organización, anacrónica e ineficaz, que debía ser superada por el nuevo Ejército Popular.

            La nueva obsesión de la Izquierda Socialista, mayoritaria en el nuevo gabinete, sería la de evitar, el progresivo control que los comunistas irían tomando sobre el nuevo cuerpo armado, sin que ellos pudieran hacer nada para evitarlo.

3.11.2 EL PARTIDO COMUNISTA.

            El PCE a nivel estatal y el PSUC en Catalunya fueron los adversarios más eficaces que tuvo, en el seno  del Frente Popular, la revolución de los comités. El rápido crecimiento de  la militancia no puede atribuirse tan sólo al prestigio conseguido con la llegada de las armas enviadas por la URSS.
            No es ningún secreto para nadie, que la limitada y calculada ayuda enviada por Stalin (pagada con el oro de las reservas del Banco de España), favoreció la influencia del Partido Comunista, y por consiguiente, también su desarrollo. Pero de ningún modo, es  la única causa y tampoco la más importante.

            Hay otros cuestiones que intervinieron de forma mucho más decisiva. La eficacia de la política del PCE y del PSUC para contener y hacer retroceder la oleada revolucionaria, y su firme defensa de la alianza con la pequeña burguesía urbana y con los pequeños y medianos propietarios del campo, convirtieron a los comunistas en el auténtico partido de las clases medias. En el mes de febrero de 1937, los pequeños y medianos propietarios  campesinos sumaban ya, en 30,7 por 100 de su militancia (251).

            La  pequeña burguesía, temerosa de la violencia desatada contra ella, irrumpió en las filas del partido, después de abandonar a las viejas organizaciones republicanas, que se habían mostrado impotentes para defenderla y que habían quedado prácticamente desarticuladas con el inicio de la revolución.

            El extraordinario crecimiento del PSUC, un partido obrero que se reclamaba del socialismo y de la revolución, entre  la pequeña burguesía urbana y rural, clases sociales que política y socialmente no le eran afines, fue simultáneamente, la base de su fuerza,  y también de su debilidad. La política moderada del PSUC no engañaba a nadie, ni a la burguesía, ni a las clases medias. A pesar de su tono moderado y de su firme defensa de la política del Frente Popular, estas clases sociales eran perfectamente  conscientes de que el PSUC no era su verdadero partido, sino una tabla de salvación a la que aferrarse para no sucumbir ante la revolución desencadenada.

            El grueso del movimiento obrero continuó siendo fiel a sus propias organizaciones tradicionales: los socialistas de izquierda y los anarcosindicalistas. La influencia del PCE y del PSUC no podía crecer de forma significativa entre el proletariado y menos todavía entre los sectores más concienciados y organizados de éste. La política comunista, la que le había permitido crecer entre la pequeña burguesía, atacaba directamente a las conquistas sociales que los obreros y los sectores más pobres del campesinado habían conseguido. Un observador y comentarista tan penetrante como E. H. Kaminski, explicaba a principios de 1937:

"Hay que reconocer que si oposición en Cataluña es extremadamente difícil. El nuevo partido unificado no sigue representado hoy, sino a una pequeña parte del proletariado catalán" (252).

            Existen otros elementos secundarios que también nos pueden ayudar a comprender el formidable desarrollo del partido comunista en tan corto espacio de tiempo. Uno de ellos, fue el prestigio militar que ganó el PCE, por su capacidad y eficacia organizativa en la estructuración de sus milicias, y que constituyeron, posteriormente, la base del nuevo Ejército Popular.

            Numerosos oficiales y militares profesionales, que eran vistos con recelo por parte de los revolucionarios, y que se habían quedado en el campo republicano, ya sea de forma oportunista, ya sea por su sincera lealtad al gobierno republicano, acabaron integrándose en las filas comunistas.

            Sin duda alguna, el hecho de que el PCE y el PSUC formaran parte de la III Internacional, también contribuyó a engrandecer su prestigio, como supuestos herederos de los bolcheviques y de la revolución de Octubre.

            El hecho de que el PSUC pasara de ser una pequeña e insignificante organización recién formada, apenas terminados los combates de julio, a convertirse en el gran partido de las clases medias catalanas, desbancando a la tradicional Esquerra Republicana, en tan solo dos meses, fue en gran parte, consecuencia de la moderación de su política y a su concepción  sobre la naturaleza de la revolución española.

            El día 21 de Julio, se formaba en Catalunya, el PSUC. En su precipitada formación, en su programa elaborado deprisa y corriendo, no encontraremos ni una sola palabra, sobre la revolución que se estaba desarrollando desde hacía escasos días,   a una velocidad de vértigo, por toda Catalunya y por todo el territorio republicano. En el número 1 de "Treball", el órgano de prensa del nuevo partido comunista catalán, figuraba la petición de incautación de las fortunas de los que habían colaborado en la sublevación militar, reclamaban la semana de cuarenta horas y la conversión de las milicias populares en una gran fuerza armada popular (cuando, en estos momentos, el PSUC hablaba de  milicias,  se refería al modelo de "milicias ciudadanas" que había propuesto Companys, y que posteriormente fue rechazado por los  poumistas y los anarcosindicalistas al servicio de la República.

            La piedra angular sobre la que descansaba el edificio de  la política del PSUC era la defensa de la unidad con los "sectores antifascistas de la burguesía". Para el PSUC esta alianza, encarnada en el Bloc Catalá d'Esquerres y también en su programa político (el Frente Popular en Catalunya), era fundamental para conseguir la victoria sobre la reacción en armas. El triunfo en  las jornadas de julio, (supuesto presagio del futuro  de la contienda), habría sido posible gracias a la "Unidad Antifascista".

"...Comorera era rotundamente contrario a dividir el bloque republicano. Hacer la revolución significaba coherentemente apartar a la pequeña burguesía del gobierno de la Generalitat y situarla en la difícil posición de estar entre la amenaza fascista de la insurrección militar y el poder revolucionario que se constituía en Catalunya. No era el momento de llevar a término la revolución socialista, sino de hacer que la clase obrera se situase al frente de la revolución democrática y de esta forma quedaría en las mejores condiciones posibles para hacer la revolución socialista una vez ganada la guerra" (253).

            La tesis que defendía Joan Comorera (y con posterioridad, también por Caminal) estaba afectada, sin embargo, por una grave contradicción. Difícilmente la clase obrera iba a dirigir una revolución "democrática" sin pretender resolver simultáneamente   sus propias reivindicaciones pendientes. Era evidente que los trabajadores no se estaban moviendo por esquemas prefabricados en ningún laboratorio político, sino que habían iniciado  su propia revolución, alentados por la posibilidad de poder satisfacer, de forma inmediata, sus reivindicaciones históricas.

            El gran problema con el que se encontraban, Comorera y el PSUC, era que los obreros y el resto de las clases populares, se mostraban tozudos a la hora de posponer sus aspiraciones tradicionales y continuaban empeñados en ir mucho más allá de los  límites defendidos por su partido. Los trabajadores nunca iban a aceptar la renuncia a sus pretensiones, en un momento en el que veían, más próximo que nunca su definitiva solución, a cambio de promesas de alcanzarlas en un futuro indeterminado. Sin embargo la caracterización que hacía el PCE y el PSUC de la revolución española no era, en absoluto, original. Los comunistas oficiales se limitaban a seguir el sendero político que había trazado para ellos la Komintern:

"Después de que Manuilski plantease el habitual dilema sobre el carácter democrático-burgués o proletario de la revolución española, Dimitrov cortó con audacia el nudo gordiano, rechazando los <<viejos canones de la socialdemocracia que existían hace veinte o treinta años>>. El estado por el que estaba luchando el pueblo español no sería una República democrática al viejo estilo, sino <<un estado especial, con auténtica democracia popular>>. No sería <<un estado soviético, sino un estado antifascista, con participación del sector auténticamente izquierdista de la burguesía>>. Resucitando la fórmula de Lenin de 1905, le denominó <<una forma especial de dictadura democrática de la clase obrera y del campesinado>>" (254).

            Sin embargo, la definición con la que Dimitrov "cortó el nudo gordiano" dejaba más preguntas que respuestas y difícilmente podía contentar a nadie. La burguesía británica y francesa, con la que los dirigentes del Kremlin pretendían formar una sólida alianza contra Hitler y Musolini, no podía caer en tamaña ingenuidad. Tanto Dimitrov, como Manuilski, o el mismo Stalin, eran perfectamente conscientes de ello. Los nuevos conceptos vertidos, "estado especial", "estado antifascista", sólo venían a adornar y camuflar la verdadera promesa, el verdadero guiño político que ofrecían con su declaración: España no sería "un estado soviético". Ellos iban a poner  todos los medios a su alcance para evitar que pudiese triunfar una revolución socialista en cualquier otro país. La dirección de la Komintern sabía que ese era el precio político que debía pagar para evitar  la formación de un frente de las potencias del capitalismo democrático con Alemania e Italia, que aislaría todavía más a la URSS. La defensa de la "patria socialista", se convertía en un juego diplomático, en el que no se dudaba en utilizar a las secciones nacionales, los partidos comunistas de cada país, como peones de su juego inconfesable.
            La "audaz" definición de Dimitrov olvidaba algo esencial en cualquier caracterización marxista del estado, la naturaleza de éste, la relación entre las diferentes clases sociales que iban a coexistir en el "estado de nuevo tipo". Los términos utilizados por Dimitrov y por los dirigentes de la III Internacional, eran calculadamente ambiguos, pero su indefinición, no iba dirigida a los capitalistas británicos y franceses, a los que se pretendía tranquilizar sobre cuales eran sus verdaderas intenciones, sino a los militantes de los partidos comunistas, y a los trabajadores en general. La ambigüedad pretendía evitar el choque abierto con las reivindicaciones de éstos, que al fin y al cabo, eran las  piezas del juego que iban a ser sacrificadas en aras de sus intereses.

"<<La revolución que se está produciendo -repetía Dolores Ibarruri- es una revolución democrático-burguesa>>. Había señales de que este revisionismo radical... no era de fácil aceptación  para los jóvenes del partido. Hubo que dorar la píldora: la democracia que los comunistas estaban defendiendo era <<una democracia con un profundo contenido social>>".

"De esta forma los jacobinos acallaron los murmullos de los enragés. Efectivamente, como es el caso de los jacobinos de la revolución francesa, el hecho de que tuvieran impecables credenciales revolucionarias permitió a los comunistas oponerse a la revolución social inmediata y actuar temporalmente como conservadores en el orden social" (255).

            El sector "auténticamente izquierdista de la burguesía" no existía, porque las clases propietarias españolas habían apoyado en bloque, al ejército sublevado. Los dirigentes de  las organizaciones republicanas, totalmente desmanteladas en los comienzos de la revolución, sólo se representaban a ellos mismos. Los militares sublevados ofrecían la única opción que aseguraba por completo, que la revolución iba a ser exterminada sin contemplaciones. El mito de la "burguesía izquierdista" que utilizaba Dimitrov, sólo servía para justificarse ante las bases comunistas, por la moderación de la política del PCE y del PSUC.

            En la concepción política del Partido Comunista, España no estaba todavía madura para realizar la revolución socialista. Primero era necesario que el país atravesase otras etapas de revolución y de desarrollo, antes de llegar a plantearse la opción del socialismo. La Komintern recuperaba la vieja teoría mecanicista de la "revolución por etapas". Los restos del feudalismo que habían   sobrevivido durante siglos, gracias a la debilidad y al atraso del capitalismo español, y que se habían integrado perfectamente   en éste, serían utilizados por el PCE-PSUC, para justificar la defensa que hacían de la etapa democrático burguesa de la revolución.

            Dentro de su armazón ideológico, el PCE-PSUC consideró al reaccionarismo encarnado en la sublevación militar, (expresión de la desesperación de las clases propietarias frente al avance del peligro revolucionario, como había pasado en Alemania  e Italia), como la expresión de los últimos coletazos de la vieja y caduca aristocracia feudal (que por otro lado, hacía tiempo que había dejado de existir como tal, y se había integrado al sistema económico capitalista español).

            Dentro de la revolución democrático burguesa, era necesario  entregarle la dirección política del movimiento revolucionario a la burguesía "democrática y antifascista". Sin embargo, si este mítico sector de las clases dominantes, tenía que dirigir al movimiento popular, era necesario evitar que los "excesos" de los trabajadores pudieran asustarlo. Era necesario sacrificar cualquier conquista revolucionaria que pudiera cuestionar la alianza "antifascista".

            La gravedad de las contradicciones de la caracterización democrático-burguesa que el PCE-PSUC hacían de la revolución española, les llevara a enfrentarse con las más elementales reivindicaciones democráticas que debían llevarse a cabo, bajo la dirección política de la burguesía. La expropiación de la tierra y su reparto entre los campesinos sin tierra (la Reforma Agraria que cinco años de República no habían podido llevar a cabo), sin ser una medida socialista, se estrellaba con los intereses que la misma burguesía tenía depositados en las grandes propiedades agrarias.

            El PCE-PSUC contraponía a la CNT, al POUM, e incluso a  sectores de la Izquierda Socialista, que pretendían ir más lejos, la consigna de República "socialmente avanzada" y "de nuevo tipo". El proyecto comunista defendía el protagonismo político del régimen republicano para llevar a cabo las medidas que debían ir destinadas a cumplir las reivindicaciones históricas de la población trabajadora. La adopción de estas medidas daría solidez y estabilidad social al edificio republicano. Sin embargo, la política que debería adoptar la República, tendría un límite muy claro, no pondría en peligro la propiedad privada, ni cuestionaría los intereses de las clases propietarias. Esa parte debería quedar relegada al momento en el que el PCE considerase que la etapa democrática estaba definitivamente agotada. Mientras tanto, cualquier "exceso", cualquier "radicalismo revolucionario" en el proyecto comunista, era ultraizquierdismo y hacerle el juego a los sublevados.

            Los planteamientos políticos del PCE-PSUC desconocían varios hechos sociales y políticos:

1) El feudalismo como sistema social hacía ya un siglo que había dejado de existir como tal. Sus restos sobrevivían al servicio del atrasado capitalismo español.

2) Las clases propietarias estaban completamente interrelacionadas entre si, mediante vínculos de tipo económico, político o familiar. Los terratenientes agrarios, la vieja aristocracia, los industriales catalanes y los financieros vascos..., Las clases dominantes se habían unido en un solo bloque, relegando sus diferencias de intereses, ante el peligro de ser barridas del mapa por la amenaza revolucionaria. Este había sido uno de los factores que habían contribuido decisivamente al fracaso del proyecto republicano. Cualquier reforma contra los restos semifeudales, afectaba inmediatamente a todas las clases propietarias, incluida la burguesía "democrática" que, desde la óptica comunista estaba destinada a dirigir la nueva etapa.

            Franz Borkenau ha ironizado la actitud de los militantes comunistas por su empeño en negar, lo que la realidad cotidiana, en toda la geografía republicana, demostraba una y otra vez, que la revolución española era una revolución socialista y no democrático-burguesa, como ellos defendían:

"Realmente, la gente a veces resulta sorprendente, miembros del PSUC (Partido Socialista Unificado de Catalunya, controlado por los comunistas) expresan la opinión de que en España no hay en absoluto una revolución, y esos hombres con quienes sostuve una discusión bastante prolongada no son, cabría suponer, viejos socialistas catalanes, sino comunistas extranjeros. España, dicen, se encuentra frente a una situación única: el gobierno lucha contra su propio ejército. Y eso es todo. Aludí el hecho de que los obreros estaban armados, de que la administración había caído en manos de los comités revolucionarios. Si esto no era una revolución , ¿cómo cabía llamarla? me dijeron que estaba en un error; nada de aquello tenía ninguna significación política, se trataba simplemente de medidas provisionales, sin trascendencia política alguna" (256).

            La política del PCE y del PSUC, organizaciones adheridas a una Komintern, completamente dominada por el estalinismo, obedecía a las directrices políticas que habían sido marcadas por éste. Esta observación es sumamente importante para comprender su evolución y desarrollo. El estalinismo, al contrario de lo que han afirmado la mayor parte de los historiadores, no constituía en si, ninguna ideología, y mucho menos estaba emparentada con el  viejo bolchevismo revolucionario. Las ideologías políticas representan los intereses de las clases sociales en las que se encarnan, y en el seno de las cuales, se desarrollan. El estalinismo no representaba a ninguna clase social, sino que era tan solo, la total e incondicional sumisión de los partidos comunistas de la III Internacional, a los intereses del grupo dirigente del Kremlin.

            El principal pilar teórico del estalinismo, "el socialismo en un solo país", no era más que la expresión política de estos intereses nacionales. El estalinismo sacrificaba a los movimientos obreros de otros países, cuyos intereses pretendían representar las jóvenes secciones comunistas a un solo objetivo, la defensa de la URSS, identificada con la aceptación incondicional  y acrítica de sus directrices. Era necesario sacrificarlo todo, incluso hasta convertirse en un freno a la revolución en el propio país, para defender a la "patria de  los trabajadores", desde donde llegaría, en un futuro indeterminado, el socialismo y la revolución a todo el mundo. Es bajo esta orientación, como la revolución española apareció como   una "revolución inoportuna", tal como lo cita Fernando Claudín (257).

"La acción espontánea de las masas trabajadores, sus atentados contra las propiedades de empresarios y terratenientes, sus intentos de implantar una economía colectivizada,... todo eso eran, desde la óptica del PCE y la IC (únicos depositarios e intérpretes del <<marxismo leninismo>> y de la ciencia de las etapas de las revoluciones), actos irresponsables, deformaciones y entusiasmos que pretendían saltarse las leyes de la historia" (258).

            Sólo esta caracterización explica, como el PCE-PSUC pudo seguir existiendo, como partido obrero, sin estallar en mil pedazos, víctima de sus propias contradicciones. En 1931, con la instauración de la República, en un período en el que se encontraban en ascenso las ilusiones democráticas de los trabajadores, el PCE, se había situado en la ultraizquierda del arco político y había proclamado la llegada de la hora de la revolución. Durante este período había llamado a la formación de soviets obreros y campesinos. Las organizaciones tradicionales del movimiento obrero habían sido calificadas como las almas gemelas del fascismo (socialfascismo, anarcofascismo...).

            Durante todo este período, el PCE no había pasado de ser un pequeño grupo, que no había jugado ningún papel político importante en la situación política española. En 1934, calificó a las Alianzas Obreras que se estaban desarrollando en diferentes zonas del país, como organismos contrarrevolucionarios, adversarios del auténtico Frente Único, lo que no le impidió adherirse posteriormente a ellas, sin el menor asomo de crítica, en vísperas de la revolución de Octubre. Los traidores "socialfascistas" se convirtieron rápidamente en los "hermanos socialistas", y el máximo dirigente de la Izquierda Socialista fue proclamado el gran "Lenin español". Sus antiguos adversarios, estaban ahora destinados a formar con ellos, el partido dirigente de la futura revolución española. Los soviets de 1931 habían desaparecido y las Alianzas Obreras, a los ojos del PCE, debían convertirse en el motor del Frente Popular, es decir, del organismo que debía reconciliar los intereses, eternamente contrapuestos, de la burguesía española y los de las clases populares.

            Este rápido y esquemático balance de la historia del PCE y de sus continuos virajes políticos, tiene su paralelismo y su origen en los cambios que habían establecido en su política de alianzas internacionales, Stalin y la camarilla dirigente de  la URSS. La comparación nos llevaría a otra conclusión, a la que han llegado numerosos historiadores, que la dirección comunista española era tan solo una caja de resonancia, una correa de transmisión de los intereses y de la política estaliniana en España.

"Pero los comunistas no eran conservadores. Ni eran tampoco revolucionarios. Eran lo que en aquel momento le convenía a la URSS que fuesen" (259).

            El principal objetivo de la burocracia estalinista era la supervivencia de la URSS y el mantenimiento de su dominio sobre ella, frente a las amenazas capitalistas. Era necesario encontrar el punto de equilibrio, aprovechando los antagonismos existentes entre las diferencias potencias, para conseguir el acuerdo y la coexistencia con éstas.

            A mediados de 1936, la política del Kremlin se dirigía a conseguir una firme alianza con Gran Bretaña, una vez conseguida con Francia. Stalin pretendía formar una basta alianza con las potencias capitalistas democráticas que pudiera servir de muro de contención a las apetencias expansionistas del eje creado entre la Alemania nazi y la Italia fascista. El Kremlin era consciente de que, cualquier revolución en España o en cualquier otro país, podía dar al traste con sus  planes  diplomáticos.Fernando Claudín cita el análisis de un historiador soviético Maidanik, que puso en cuestión las tesis oficiales.

"<<Según nuestro punto de vista -escribe en su libro <<El proletariado español en la guerra nacional revolucionaria>>- los acontecimientos del 19 de julio fueron el comienzo de una etapa cualitativamente nueva de la revolución española... Todo esto no encaja en los marcos de una revolución democrático-burguesa>>. Efectivamente, no <<encajaba>>. Pero había que hacerlo <<encajar>> para que la ayuda de la URSS a la república española pudiera <<encajar>> a su vez con la política exterior soviética. Y el sólido equipo de la IC instalado en España para supervisar la acción del PCE, junto con el no menos sólido equipo de consejeros militares y políticos soviéticos, se aplicaron con todo celo a realizar esa dificultosa operación" (260).

            Para evitarlo era necesario demostrar a sus futuros aliados, de que su Alianza no solo sería un poderoso obstáculo contra los planes de Hitler, sino que también sería un valioso instrumento para contener el peligro de la revolución social en otros países.

            Por otro lado, el estallido de la guerra civil española, además de poner en peligro sus planes políticos, creaba a la diplomacia estalinista una nueva fuente de complicaciones. El prestigio internacional de la URSS, como "la patria del socialismo" obligaba al Kremlin a intervenir en la contienda y en el proceso revolucionario español.

            La combinación de los intereses internacionales de la burocracia estalinista de la URSS y sus obligaciones de solidaridad con el movimiento obrero de otros países, sería la matriz ideológica de donde surgiría la caracterización que hicieron el PCE y el PSUC de la revolución española, y por consiguiente, también de su política.

"El interés de la URSS y por lo tanto de los comunistas españoles (aunque solamente sus dirigentes lo comprendían claramente así), podría resumirse en tres consignas:"

a) "Impedir cualquier medida revolucionaria que alarmara a los aliados de la URSS".
b) "Ayudar a la República con armas (pagadas por adelantado y en oro) para seguir luchando, pero no las bastantes para vencer".
c) "Utilizar esta ayuda para dar al PCE el predominio político en la zona republicana, con el fin de que lo empleara en destruir los cambios revolucionarios" (261).

            Los dirigentes del Partido Comunista repitieron machaconamente en sus mítines y en la prensa controlada por sus organizaciones, basándose en el atraso histórico del capitalismo español, sobre la inevitabilidad de la etapa democrática burguesa y sobre la inviabilidad de que pudiera llevarse a cabo una revolución socialista.
            En el mes de Enero de 1937, Federico Melchor, dirigente de las JSU, realizaba un discurso  que recogía perfectamente, la metafísica estaliniana aplicada a la revolución española.

"No estamos haciendo hoy una revolución social, estamos desarrollando una revolución democrática, y en una revolución democrática, la economía, producción... no pueden lanzarse a formas socialistas. Si estamos desarrollando una revolución democrática y decidimos que luchamos por una revolución democrática, ¿cómo en las formas económicas vamos a pretender adoptar soluciones de tipo socialista totalitario? (...) Estas deformaciones, estas corrientes económicas, estos ensayos que en nuestro país se realizan, no se hacen por casualidad; en el fondo hay toda una educación. Se trata de la deformación ideológica de un amplio sector del movimiento obrero, que pretende realizar el desenvolvimiento económico del país sin atemperarse a las etapas que ese desenvolvimiento económico requiere" (262).

            Meses más tarde, en mayo, en una situación en la que la contrarrevolución republicana avanzaba con toda claridad, aliada  a los comunistas, José Diaz, en una de sus intervenciones ante el Comité Central del PCE, insistía en las tesis oficiales de su partido y era mucho más explícito:

"Luchamos por la república democrática, por una república democrática y parlamentaria de nuevo tipo y de un profundo contenido social. La lucha que se desarrolla en España, no tiene por objetivo el establecimiento de una República democrática como puede serlo la de Francia o la de cualquier otro país capitalista. No, la República democrática por la que luchamos es otra. Nosotros luchamos para destruir las bases materiales sobre las que se asientan la reacción y el fascismo, pues sin la destrucción de estas bases, no puede existir una verdadera democracia política..." (263).

            Con esta política de reconstrucción de la vieja República "democrática y parlamentaria", el Partido Comunista se convertiría en el adversario más temible de la revolución de los comités. En la medida en que las Juntas territoriales, que en mayor o menor grado, también representaban a la revolución y disputaban su autoridad al gobierno central, el PCE abogó por la disolución de éstas y por la restauración de las viejas instituciones republicanas que habían existido antes del estallido del conflicto.

            El nudo corredizo que la política comunista colocaba a la "revolución inoportuna" no hacía otra cosa que debilitar simultáneamente las defensas de la República frente al ejército rebelde. Los comunistas hablaban del enfrentamiento entre  el fascismo y la democracia, pero olvidaban que Hitler y Musolini no representaban al feudalismo alemán o italiano, sino a la descompuesta y atemorizada burguesía de sus propios países. Sin  necesidad de establecer una identificación completa entre el movimiento nazi o fascista y el reaccionarismo franquista, el ejército sublevado no  hacía otra cosa que defender los intereses de la aterrorizada burguesía, frente al peligro revolucionario.

            El capitalismo español, no tenía ningún interés en volver a tentar su suerte con una nueva y débil República, cuyas consecuencias ya conocía de sobras, sino que pretendía terminar, de una vez por todas, con el peligro revolucionario. Al contener a la revolución de los comités, el PCE y el PSUC no debilitaban el peligro feudal-fascista, que solo existía en su imaginación, sino que fortalecía a la reacción burguesa que apoyaba, incondicional y entusiásticamente a Franco. Franz Borkenau, una vez más, nos describe a la perfección, la táctica y los objetivos políticos, del PCE y del PSUC:

"Los comunistas no se opusieron solamente a la marea de las socializaciones, sino que se opusieron a casi toda forma de socialización. No se opusieron solamente a la colectivización de los campitos campesinos, sino que se opusieron con éxito a toda política determinada de distribución de las tierras de los grandes latifundistas... No solamente trataron de organizar una policía activa, sino que mostraron preferencia deliberada por las fuerzas de policía del antiguo régimen hasta tal punto aborrecidas por las masas. No sólo quebrantaron el poder de los comités, sino que manifestaron su hostilidad a toda forma de movimientos de masas, espontáneo, incontrolable. En una palabra, no obraban con el objetivo de transformar el entusiasmo caótico en entusiasmo disciplinado, sino con el fin de sustituir la acción de las masas, por una acción militar y administrativa, disciplinada, para desembarazarse de aquella" (264).

            Los dirigentes comunistas ponían gran énfasis en que la clase obrera y el campesinado pobre no debían "excederse" en sus aspiraciones socializantes. Eso impediría la posibilidad de que las potencias democráticas, Francia y Gran Bretaña, acabasen apoyando a la República, frente a la intervención italoalemana, y empujaría a la burguesía democrática española al campo franquista. Sin embargo, tanto las potencias capitalistas democráticas, como las clases propietarias españolas, no parecían sentir ninguna confianza hacia los llamamientos a la moderación que hacían los dirigentes comunistas, convertidos en sus fieles aliados, ni hacia las masas revolucionarias que seguían haciendo oídos sordos a tales invitaciones.

            Los trabajadores, ellos sí, habían formado sus propios organismos de poder local, demostrando su desconfianza hacia la revolución democrática, después de seis años de experiencia republicana, en los que no habían conseguido apenas nada.

            Los comités revolucionarios, surgidos de esta revolución sin dirigentes, habían jugado un papel fundamental durante los primeros momentos, ante el derrumbe de las instituciones gubernamentales, evitando el triunfo de los sublevados. Sin embargo, los comunistas oficiales comprendieron rápidamente que los comités expresaban un claro desafío contra la autoridad de la República y su proyecto de "revolución democrático-burguesa", y por lo tanto debían desaparecer lo antes posible de la escena política.

            Sin embargo, el choque entre el PSUC y los comités no fue inmediato, sino que se hizo de forma paulatina. Las presiones de Comorera sobre Companys, para que después de las jornadas de  julio la Generalitat se enfrentara a los anarcosindicalistas, cayó en saco roto. El presidente del gobierno autónomo optaría por una vía más lenta, pero más segura. Lluís Companys era consciente de que no contaba con ningún cuerpo armado seguro, ante la rápida descomposición que experimentaban las fuerzas republicanas que todavía le eran  fieles, en contacto con los revolucionarios (265). Durante las primeras semanas, los comunistas del PSUC defendieron la existencia de los comités, aunque subordinados políticamente a la autoridad del gobierno de la Generalitat, lo que era lo mismo que privarles de su contenido revolucionario. Los comités revolucionarios locales, bajo la óptica comunista, debían convertirse en un apéndice gubernamental, a través del cual se reconstruiría su autoridad y se llevaría a cabo una política de contención de la marea revolucionaria. En el proyecto del PSUC, los comités tenían una función contrarrevolucionaria, la de llenar el vacío de poder creado después de las jornadas de julio, hasta la reconstrucción del poder republicano.

"Hace falta, por lo tanto, crear por todas partes, estos comités de Frente Único, ya sea democráticamente elegidos en asambleas de fábrica o locales y de barriada, o creando comités de representación proporcional, con el máximo de sinceridad y apartando de todos nosotros, toda clase de reservas mentales".

"Y el ligamen necesario entre estos comités constituidos en Barcelona en federación, igual que en toda Catalunya, con el gobierno de la Generalitat, llevaría a Catalunya a una etapa del nuevo orden garantizado en la concordia entre las fuerzas verdaderamente populares, haciendo de Catalunya una tierra libre, de convivencia basada en el trabajo" (266).

            La posición del PSUC fue evolucionando con el tiempo, hasta adoptar una postura de decidida hostilidad. Los comités, se  fueron revelando como organismos completamente opuestos a la moderada política del Frente Popular y del gobierno de la Generalitat. Lejos de someterse a su autoridad,  ésta desaparecía ante el poder omnipresente de los comités en las localidades donde éstos habían sido creados. Sin llegar a convertirse en un auténtico Estado obrero, los comités se comportaban en la práctica como tales. A partir de esta experiencia, el PSUC buscó su supresión definitiva.

"El comité ha sido una especie de poder confuso, tenebroso, impalpable, sin funciones determinantes, ni autoridad expresa, pero que ejerce con dictadura implacable, un poder indisputado, como un verdadero gobierno" (267).

            En contraste con la UGT estatal, que estaba en manos de los   socialistas de izquierda, y que veían con simpatía el movimiento de las colectivizaciones, la central sindical ugetista en Catalunya, controlada por el PSUC, las rechazó de lleno. La UGT catalana propuso, frente a las colectivizaciones y expropiaciones que se estaban llevando a cabo en la industria, en el comercio y en los servicios, la nacionalización de las empresas abandonadas por sus antiguos propietarios, el control obrero sobre la gran industria, y el respeto a las pequeñas y medianas empresas.

            El PSUC, como el resto de las organizaciones obreras, también sufrió el efecto de la inadecuación de su programa a las nuevas circunstancias y mantuvo, a menudo, posiciones  improvisadas y contradictorias. La organización comunista  catalana, al igual que el PCE, no contaba con un programa adecuado para enfrentarse a la nueva situación revolucionaria. Con frecuencia, sus llamamientos a la nacionalización de la gran industria y de las propiedades de los partidarios de la sublevación, no pasaron de ser generalizaciones, que habían  sido copiadas de las defendidas por otras organizaciones socialistas y comunistas en otros países (268). Durante las primeras semanas, sus propios militantes, muchos de ellos procedentes del anarcosindicalismo, llevaron a cabo iniciativas que en la práctica nada se diferenciaban de las impulsadas por los libertarios.

            El PCE y el PSUC utilizaron en sus campañas, los graves defectos de las colectivizaciones para denigrarlas y desprestigiarlas ante la población, un paso previo y necesario, para exigir posteriormente su nacionalización. El enfrentamiento en los primeros meses era imposible, debido a la gran fuerza desarrollada por el movimiento colectivizador. Era necesario preparar antes, el camino.

"...se dice con ligereza, que estamos colectivizando las industrias, cuando lo que se hace es un cambio de propietarios.
Lo que se hace ahora en las industrias es orientarlas hacia un sistema cooperativo de trabajo, con el agravante de que con el sistema colectivizador, cuando hay beneficios, van a cuenta de los trabajadores propietarios de la empresa únicamente y cuando hay pérdidas corren a la Generalitat para que pague los salarios..." (269).

            Los comunistas hacían una crítica correcta de los errores que estaba cometiendo, en muchos centros de trabajo, el movimiento colectivista, fruto de la improvisación y de la falta de un programa económico revolucionario. Sin embargo, la alternativa defendida por el PSUC, no era la superación de estos  errores, desde una perspectiva de consolidación de la revolución, sino la supeditación de las colectivizaciones al control del gobierno de la Generalitat. La campaña fue adoptando progresivamente tonos cada vez más virulento. El PSUC aprovechaba la "lentitud" con la que se estaba construía la nueva economía colectivista catalana, consecuencia de los errores de la CNT, de  la improvisación y  de la falta de criterios claros para reclamar el control de la economía bajo un gobierno fuerte, de la Generalitat.

            Los comunistas, por lo tanto, no se oponían a las colectivizaciones, al fin y al cabo habían sido necesarias en los primeros momentos de la guerra. El PSUC y el resto de las  organizaciones del Frente Popular no podían oponerse a ellas, por la sencilla razón de que comprendían que era necesario un nuevo   instrumento que debía hacer funcionar las empresas y convertirse en el motor de la nueva economía, después de  la desbandada de los antiguos propietarios. El problema, por lo tanto, no lo constituían los comités, ni las colectivizaciones, sino la independencia que mantenían estos organismos, con respecto a la autoridad del gobierno y de las organizaciones del Frente Popular que lo apoyaban:

"Este papel de palancas de la economía, en estos momentos difíciles de la guerra, han de ejercerlos los comités de fábrica, creados a base de la UGT y de la CNT, representando la proporcionalidad del número de sus afiliados..." (270).

            Los dirigentes del PSUC comprendieron que su oposición y la del Frente Popular, no habría significado, en aquellos momentos, ningún obstáculo real ante el poderoso movimiento revolucionario que se extendía por todas partes. La táctica a seguir tenía que ser paulatina. Primero era necesario aislar a los comités y a las colectivizaciones de su entorno social. Controlarlos, poco a poco, mediante el chantaje económico, convirtiéndolos cada vez más en un apéndice gestor del Estado, hasta que las circunstancias (el final de la guerra, el triunfo de la República...) permitieran devolver las   propiedades a sus antiguos dueños, como previo pago a la reconciliación y a la puesta en marcha, de nuevo, del proyecto republicano burgués.

            El conflicto principal consistía, por lo tanto, en quién debía   controlar a las colectivizaciones: el gobierno republicano del Frente Popular, a quién el PSUC apoyaba decididamente, o los comités y los sectores izquierdistas que pretendían ir mucho más lejos, una vez estuviera aplastada la sublevación militar.

            La propuesta era la nacionalización de las colectividades, el control obrero y la dirección del gobierno republicano sobre éstas. El PCE-PSUC  pretendían que las expropiaciones estuvieran limitadas a las propiedades de los que habían apoyado la sublevación. Se oponían a que éstas se extendieran al resto, en nombre de los acuerdos del Frente Popular, y que consideraban indispensable para poder alcanzar la victoria sobre los sublevados.

"Hay que vigilar, pero ahora más que nunca, no se puede ser voluble, ni dejarse enternecer por las palabras de los burgueses, tan diferentes de los que pronunciaban anteriormente al histórico día 19, hace falta proceder sin miramientos de ninguna clase, conviene nombrar comisiones de control, no solamente en los talleres y fábricas que tengan más de 50 obreros, como ahora se pretende, y como ya había dispuesto siendo ministro de trabajo, el compañero Largo Caballero, sino también dentro de aquellos en los cuales, por sus características no es posible en estos momentos calcular el número de obreros que tienen para poder formar comisiones de control..." (271).

            Los comités de control cumplían, en el proyecto del PSUC, dos funciones. Por un lado se convertían en el mecanismo de seguridad que evitaría la posibilidad de que los patronos pudieran sentirse tentados de sabotear la producción, o que transfirieran sus capitales al extranjero. Por el otro, se pretendía calmar la ola de incautaciones, por medio de una vieja consigna del movimiento, que ya había sido superada por la realidad y por la conciencia de los mismos trabajadores.
            En la cuestión agraria, el Partido Comunista apoyó decididamente la nacionalización de las propiedades de los sublevados,  su parcelación en pequeñas propiedades individuales y su entrega a los campesinos en forma de usufructo permanente. Desde los inicios de la guerra y frente al fenómeno colectivizador, los comunistas oficiales defendieron la fundación de cooperativas campesinas.

            La actitud del PCE fue decididamente anticolectivista, en su política   de defensa de las clases medias, frente a las continuadas incautaciones llevadas a cabo por los militantes de la CNT, y en menos medida de la UGT. Esto les permitió implantarse en algunas áreas donde predominaba la pequeña y mediana propiedad. En Levante, el PCE formó la Federación Campesina, que llegaría a agrupar a unos 50.000 afiliados (272) y que fue criticado tanto por la CNT, como por la UGT, por esconder entre sus filas a conocidos elementos derechistas que se habían destacado en el período precedente.

"El Partido Comunista -se quejaba un socialista- se dedica a recoger en los pueblos los peores residuos del antiguo Partido Autonomista, que además de ser reaccionarios eran inmorales, y organiza con ellos una nueva sindical campesina, a base de prometer a los pequeños propietarios la propiedad de sus tierras" (273).

            El PSUC y el PCE hicieron una firme defensa de los pequeños y medianos propietarios campesinos. Defendieron la posibilidad de que éstos pudieran comerciar libremente sus excedentes agrícolas, sin las limitaciones impuestas y sin la obligación de entregarlos a  los organismos sindicales locales, para su posterior distribución. Se reivindicó también que el campesinado pudiera poseer propiedades mayores que las que pudiera explotar la unidad familiar, o lo que es lo mismo, que  pudieran contratar mano de obra asalariada, para trabajar en aquellas tierras que no   pudieran hacerlo por si mismos.

            El 23 de Enero de 1937, se reunió el congreso de la organización campesina de trabajadores de la tierra, afiliada a la UGT catalana. El acto se realizó bajo el lema "¡Menos experimentos colectivistas y más productos!" (274). El sindicato  se opuso decididamente a las colectividades. No por una cuestión de principios, sino de oportunidad. La teoría etapista de la revolución, adoptada por el comunismo estalinista para justificar ideológicamente, su defensa de la República, no permitía experimentos revolucionarios de este tipo.

            Los comunistas no dejaron de criticar las colectivizaciones forzosas que protagonizaron algunos sectores anarcosindicalistas. En su política agraria, el PSUC aceptó la existencia de colectividades voluntarias,  bajo la forma de cooperativas de producción. Sin embargo, en la práctica el PCE y el PSUC pusieron toda clase de dificultades a la existencias de éstas, promoviendo en contrapartida, la explotación individualizada de la tierra, mucho más acorde, en sus planteamientos, con la etapa democrático-burguesa que atravesaba la revolución española. La actitud militante anticolectivista del PCE provocó la acusación de Horacio Prieto, secretario del Comité Nacional de la CNT de:

"ir a las zonas donde la CNT y la UGT habían establecido granjas colectivas por acuerdo mutuo y de <<atizar la pasión egoísta de cada ser humano, por prometerles ventajas personales a los trabajadores y por excitarles al reparto de una tierra que ya están trabajando en colectividad>>" (275).

            Como las colectivizaciones eran un hecho inevitable, debido  a la poderosa fuerza del movimiento revolucionario, el PSUC se mostró partidario de incrementar la centralización de éstas y la intervención técnica, pero cuidándose, por lo menos durante los primeros meses, de no exigir la disminución de su autonomía. El PSUC estaba adoptando la táctica de apoderarse progresivamente del poder político, ante la actitud vacilante de ERC frente a los anarcosindicalistas. Los resortes del poder político de la Generalitat serían utilizados eficazmente para presionar a las colectivizaciones, e ir desposeyéndolas paulatinamente de sus características fundamentales de control y gestión obrera.

            De la misma forma que el PCE a nivel estatal, el PSUC, aprovechando los errores que había cometido el anarcosindicalismo con respecto a sus relaciones con la pequeña burguesía catalana, se convirtió en el más firme defensor de los intereses de ésta, desplazando a ERC, que había quedado completamente desarticulada  después de las jornadas de Julio. Resulta revelador el trasvase de numerosos militantes del partido catalanista  hacia el PSUC. La entrada de importantes sectores de las atemorizadas clases medias en la UGT y en el nuevo Partido Comunista catalán se vió acelerada por los decretos, que por iniciativa de la CNT, planteaba la sindicalización obligatoria.

            En el mes de Noviembre de 1936, el número de afiliados a la UGT en Catalunya, si creemos en las estadísticas y en las cifras  interesadas, entregadas por las organizaciones, eran de unos 350.000 afiliados y superaba levemente a los del sindicato anarcosindicalista. Tan solo cuatro meses antes, en vísperas de  la guerra, la afiliación ugetista era de apenas unos 20.000 afiliados y solo representaba una décima parte de los que integraban la CNT.  El PSUC, nacido precipitadamente, poco después de las jornadas de julio, con una militancia insignificante, contaba ya, en esos  momentos con 50.000 miembros (276).

            Franz Borkenau analiza las causas del fortalecimiento comunista y, en consecuencia, del debilitamiento de la CNT, en el seno de la pequeña burguesía urbana y campesina. El equilibrio conseguido  después de las jornadas de Julio fue roto por los excesos y el terror indiscriminado con el que algunos sectores anarcosindicalistas, golpearon a las clases medias, durante los primeros meses. El resultado fue la creciente hostilidad de la pequeña burguesía hacia la revolución, factor que sería  posteriormente capitalizado por las organizaciones políticas que demostraron ser más eficaces en la defensa de sus intereses. ERC había desaparecido prácticamente de la vida política de muchas poblaciones, y su militancia carecía de la infraestructura y de un proyecto político coherente, con el que enfrentarse a los cenetistas. Elementos que sí tenía el PSUC.

            Otro de los factores que cita Franz Borkenau, además del terror,   fue la negativa del anarcosindicalismo a darle al campesinado, una legislación que le asegurara el disfrute de la propiedad recién adquirida (277).

            Resulta significativa la composición social de aluvión de las clases medias que pedían el ingreso en la UGT y el PSUC. La nueva militancia, muchos de ellos tenderos, comerciantes, oficinistas, empleados o funcionarios, buscaban un carnet que les diera seguridad en el nuevo orden de cosas. La CNT había menospreciado la importancia política de la pequeña burguesía, y los excesos en la represión, cometidos por los sectores más exaltados del movimiento revolucionario, la habían atemorizado. En Catalunya, el PSUC consiguió organizar a cerca de 18.000 comerciantes, artesanos y pequeños industriales en la Federación Catalana de Gremios y Entidades de Pequeños Comerciantes (GEPCI), adherida a la UGT después de los decretos que obligaron a todas las organizaciones a integrarse en uno de los dos grandes sindicatos. En el GEPCI se integrarían también, en busca de protección, pequeños empresarios conocidos por  las posiciones antiobreristas que habían defendido, antes de la revolución.

3.11.3 EL ANARCOSINDICALISMO.

            Las primeras proclamas de la CNT no se refirieron para nada, a las incautaciones que estaban llevando a cabo los trabajadores. La huelga que había convocado la CNT, pretendía detener la sublevación militar. La movilización no iba dirigida contra las autoridades de la República. Los cuadros dirigentes estaban completamente convencidos de que la hora de la revolución todavía no había llegado y de que, tras las sangrientas jornadas de Julio, tras la derrota del intento de golpe de estado, todo terminaría con la restauración del orden republicano.

            La CNT se encontró, pocos días después de la sublevación, con una revolución política y social que se  estaba desarrollando vertiginosamente en todo el estado. Una revolución con la que los dirigentes cenetistas no habían contado y que les había sorprendido totalmente, tanto por su espontaneidad, como por el alcance y profundidad de los objetivos alcanzados.

            Federica Montseny, la misma que se había opuesto, en nombre de los principios libertarios, a que la CNT tomara el poder en Catalunya, para poder extender la revolución al resto del estado, declaró en un mitin en el Teatro Olimpia, a principios del mes de agosto y ante una multitud de 80.000 personas:

"...Se nos obliga a ir más adelante de lo que nosotros proponíamos, por el abandono de gran número de industrias necesarias para la reconstrucción económica de la revolución" (278).

            Era la misma revolución, la que estaban protagonizando las bases de la CNT, la que tiraba por la borda todo el viejo ropaje ideológico libertario. Los dirigentes de la CNT mostraban una imagen patética, en contraste con el bullicio y la energía que demostraban los trabajadores. La revolución "les obligaba" a ir mucho más lejos de donde se "proponían" llegar. Les "obligaba" a abandonar su tradicional oposición al poder establecido, y los colocaba ante el reto de su conquista. El choque entre los dirigentes cenetistas, desconcertados, llamando a la moderación   a sus propias bases, que estaban dispuestas a   llevar  a  la  revolución, con todas sus consecuencias, hasta el final se iría agrandando cada vez  más. El desconcierto de los dirigentes cenetistas fue adivinado por el, en la práctica, derrocado presidente   de la Generalitat, Lluís Companys, y con posterioridad, también astutamente utilizado para la recuperación de su poder:

"Mi tarea es la de encauzar estas responsabilidades por el camino justo, y espero que las masas anarquistas no se opondrán al buen sentido de sus jefes"  (279).

            Los buenos deseos de Companys ocultaban su desesperada necesidad de ganar tiempo, para reagrupar a sus dispersadas fuerzas y al Front d'Esquerres de Catalunya. La negativa de los  líderes anarcosindicalistas a tomar el poder en sus manos, era un respiro que Companys y los partidarios del orden republicano, estaban dispuestos a aprovechar.

            Los cuadros dirigentes de la CNT, desconcertados por aquella inesperada realidad, al tener el poder al alcance de sus manos, tuvieron que improvisar una decisión política, que ellos presentían, pronto iba a tener importantes repercusiones.

"Ante ella se abrían tres posibilidades como resultado de las jornadas de julio: tratar de realizar las ideas anarquistas sobre la abolición inmediata y definitiva de todo Estado, redondear formalmente la destrucción sufrida de hecho por el Estado capitalista, estructurando los elementos del Estado proletario espontáneamente surgidos, o finalmente impedir los progresos de éste último y revigorizar el Estado capitalista prestándole colaboración. La dirección anarquista emprendió este tercer camino. El primero que era el suyo, mil veces alabado en cantos líricos, y el segundo, el del marxismo revolucionario, ni siquiera los intentó" (280).

            La abolición del Estado les parecía a los dirigentes libertarios, en aquellos momentos, ante la amenaza de la sublevación militar, frente al peligro de intervención extranjera y con la oposición de las organizaciones del Frente Popular, completamente utópica. Por otro lado, rechazaban la alternativa de la toma del poder, idea que les repelía porque entraba en conflicto directo con sus viejas tradiciones antiestatalistas y por temor a que el aislamiento nacional e internacional, precipitara la derrota.

            La dirección de la CNT, confiada en su fuerza, adoptó finalmente una actitud posibilista, sin reparar en las consecuencias que iba a tener para el movimiento libertario, en el futuro inmediato.

            Algunos dirigentes que participaron en la histórica decisión de la CNT, de renunciar al poder que los trabajadores, vencedores de las jornadas de Julio, les entregaban, pretendieron justificarla, derivando la responsabilidad a factores externos:

"El movimiento libertario se decidió por el único camino que la indiferencia, la inhibición del proletariado internacional le deparaba. Su revolución quiere decir adaptación a las propias posibilidades" (281).

            En cualquier caso, la argumentación a posteriori, que da  Juan García Oliver, pretendiendo acusar a la "indiferencia" internacional, de los errores del anarcosindicalismo español se vuelve en su contra. La renuncia al poder de la CNT, se decidió en los primeros momentos del conflicto, donde de la actitud del "proletariado internacional" poco o nada se podía saber. El mismo  García Oliver, autor de estos argumentos, defendió, en aquella situación, la adopción de una actitud completamente contraria a la que tomó el plenario decisorio, y que él ha pretendido justificar.

            Mucho más significativa y honesta nos parece en cambio, la confesión de José Peirats, al aceptar que:

"En el caso que nos ocupa, pensamos que hubo demasiada prisa en resolver la cuestión del poder, apuro que impidió ver <<la profundidad de la revolución>>..." (282).

            José Peirats no hizo otra cosa que reconocer, que la decisión errónea que había adoptado el anarcosindicalismo español,  había sido dictada por la profunda desorientación en la que se encontraban sumidos los cuadros dirigentes y que fueron responsables de la histórica decisión. Los acontecimientos se estaban desarrollando a gran velocidad, desconcertando y superando las expectativas que tenían los organismos decisorios de la CNT. El anarcosindicalismo que siempre había rechazado el poder, se encontraba en aquellos momentos, incapacitado para apoderarse de él. Al fin y cabo, no era suficiente con tomarlo, también era  necesario saber qué había que hacer después con él. Federica Montseny, una de los  principales protagonistas y defensora de la postura mayoritaria en la asamblea decisoria describió a la perfección el clima de perplejidad y desconcierto que reinaba en aquellos momentos decisivos, en el seno de la CNT y de la FAI:

"...No pasó por la imaginación de nadie, ni aún de García Oliver, el más bolchevique de todos, la idea de la toma del poder revolucionario. Fue después -agrega Federica-, cuando se vio la amplitud del movimiento y de las iniciativas populares cuando empezó a discutirse si se podía o si se debía, o no, ir a por el todo" (283).

            La actitud de la CNT frente a la situación de dualidad de poderes fue la de la espera. Esperar a que final victorioso de la guerra, fuera el comienzo de la segunda etapa de su revolución libertaria.  Mientras tanto, lo importante era consolidar y organizar las conquistas revolucionarias en los centros de trabajo, en las fábricas y talleres colectivizados, en las comunas agrarias... La idea de los cuadros  dirigentes anarcosindicalistas era la de avanzar lo más lejos posible para que, cuando la amenaza de los sublevados se hubiera esfumado, las condiciones revolucionarias fueran completamente irreversibles. Víctima de sus prejuicios antiestatalistas, el anarcosindicalismo se atrincheraba en el terreno económico, despreciando y dejando en manos de sus adversarios, el campo político y gubernamental.

            Sin embargo, la renuncia al poder, obligaba a la CNT a coexistir y a aceptar la existencia del maltrecho gobierno de la Generalitat y del gobierno de Madrid. El "ingenuo" argumento de los dirigentes libertarios era utilizar a las autoridades gubernamentales, desprovistas de sus armas, la policía y el ejército, a modo de tapadera legal de la revolución, frente a las potencias europeas.

            La justificación de los responsables de esta decisión era tanto más "ingenua", por diferentes motivos. Francia y Gran Bretaña conocían perfectamente la naturaleza de los acontecimientos que se estaban desarrollando en toda la zona republicana y  porque con esta argumentación no podían ocultar que su adaptación al poder tambaleante de la República, se debía a otras razones, su temor a apoderarse de un poder, con el que no sabían que hacer.

"Rabassaire cita textualmente lo siguiente: un amigo anarquista que ha leído nuestro manuscrito, ha querido precisar su pensamiento y aquí reproduzco sus palabras: el movimiento revolucionario solo, no es capaz de llevar hacia adelante la guerra. Él se sirve del Estado, que es capaz de llevar adelante la guerra. Él se sirve del Estado, que es un órgano ejecutivo, y a esto lo llamamos fiscalización".

            Los comités deciden, el Estado legaliza y ejecuta, en una palabra, es un instrumento técnico. Queremos seguir en la legalidad, y conservar el Estado, sobre todo frente al extranjero y las clases no revolucionarias" (284).

            La actitud libertaria reflejaba una ignorancia descomunal del poder y de las dinámicas revolucionarias. Los cuadros cenetistas  sobrevaloraban gravemente su fuerza, convencidos de que su influencia, acentuada después de las jornadas de julio, les permitiría congelar la revolución en las mejores condiciones posibles, hasta después de la guerra. Los dirigentes libertarios no   quisieron tener en cuenta las conclusiones, recogidas por Marx, sobre la experiencia de la Comuna de París, sobre la trampa mortal que había significado para el proletariado revolucionario parisino, creer que la revolución podía limitarse a sustituir a los dirigentes del antiguo régimen. La revolución, solo podía triunfar, destruyendo totalmente el viejo aparato de Estado y   sustituyéndolo por sus propios organismos de poder, que ella había creado.

"La Comuna ha demostrado, sobre todo, que la <<la clase obrera no puede simplemente tomar posesión de la máquina estatal existente y ponerla en marcha para sus propios fines>>..." (285).

            La incapacidad del anarcosindicalismo para desarrollar su propio proyecto de revolución libertaria, como su renuncia a construir un pseudoestado que encarnara el poder revolucionario de los dispersos comités, les llevó, meses después, a adaptarse al viejo aparato estatal republicano. La ingenuidad de los libertarios al creer que ellos, apoyándose en el movimiento  revolucionario, podrían utilizar al estado, en beneficio de la revolución iban a tener consecuencias trágicas. En la actitud de "colaboración democrática" que había adoptado la CNT en aquellos momentos decisivos, se encerraba la perspectiva posterior que desarrollaría el anarcosindicalismo, y que lo llevaría a su integración en el mismo aparato de estado, que en aquellos momentos se negaba a destruir.

"En esta entrevista histórica fueron establecidas las bases de la colaboración democrática. Pero la CNT no podía aceptar todavía su incorporación pura y simple al gobierno autónomo. Pesaban aún sobre ella las tradiciones antiestatales y además se sentía fuerte para imponer una fórmula intermedia a sus colaboradores" (286).

            Ignacio Iglesias, dirigente del POUM asturiano, definió  perfectamente la actitud de la CNT catalana como "complejo de superioridad":

"Habiendo demostrado su fuerza en las calles, creía que podía hacer lo que le diera la gana, incluyendo seguirles la corriente a sus oponentes políticos. No se daba cuenta de que los papeles estaban trastrocados: en última instancia, sin poder político no gozaría de poder ni en las fábricas, ni en las calles" (287).

            Los adversarios de la CNT y de los comités no perdieron el tiempo. Aprovecharon los errores y las concesiones que los anarcosindicalistas se veían obligados a hacer para mantener la "unidad antifascista" y la coexistencia con el aparato de estado  republicano, para ir recuperando terreno paulatinamente, a medida que éstos, presos de su compromisos, retrocedían desconcertados. Cuando los dirigentes de la CNT se dieron cuenta de que la situación evolucionaba en contra de sus previsiones y de sus planes, advirtieron, amenazaron, se retiraron de los gobiernos en los que estaban participando, pero serían incapaces de reconducir una situación revolucionaria que decaía y se les escapaba de las manos.

"Debido a nuestra concepción originaria. Desde el momento en que Companys ofreció el poder a la CNT y ésta lo rechazó, la posición de la CNT se hizo trágica. Companys era un político más listo que cualquiera de nosotros. A sabiendas de que no podíamos hacer nuestra revolución total, aceptamos un compromiso y a partir de entonces, cada uno de los partidos políticos se sintió capaz de maniobrar y conspirar contra nosotros". (288).

            La impotencia de la CNT, después de su renuncia a apoderarse del poder, implicaba también la imposibilidad de seguir desarrollando la revolución. La decadencia de ésta, pocos meses después, provocaría la aparición, en el seno de la central anarcosindicalista, de una profunda crisis que se manifestaría en la creciente separación entre los sectores colaboracionistas y los que se oponían a cualquier pacto que sacrificase las conquistas sociales conseguidas con la revolución.

            Existieron importantes sectores que iniciaron la revisión de sus concepciones tradicionales sobre el poder, la política y el Estado. Existía la conciencia, en muchos militantes libertarios, de que la revolución se les estaba escapando de las manos en favor de los comunistas oficiales y de las organizaciones más derechistas del Frente Popular. Esta revisión de los principios libertarios adoptó diversas formas. Mientras uno tendían hacia la idea de que era necesario tomar el poder y recuperar la iniciativa perdida, otros consideraron que el único camino que podía seguir la CNT en aquellos momentos, era la resistencia y la colaboración con las instituciones republicanas, mientras persistiera la amenaza del ejército franquista.

            Sin embargo, la oposición en el seno del anarcosindicalismo no sería homogénea. Un sector se orientó hacia el retorno a los principios tradicionales que su organización había defendido antes de la guerra, acusando al colaboracionismo de la dirección, de ser la fuente de todos los males que amenazaban a la revolución de Julio. Otro sector reflejó la influencia de algunos sectores marxistas, partidarios de la revolución, y que  habían mantenido posiciones políticas mucho más definidas que su organización. "Los amigos de Durruti" fueron acusados por la dirección cenetista de estar infiltrados por el POUM y por los trotskistas.

            La Federación libertaria del Baix Llobregat, exigió el final del colaboracionismo y que la dirección de la CNT se reorientara con respecto a la toma del poder, con la creación de un organismo revolucionario, no gubernamental, que se apoyara en los comités locales que existían por doquier. También se mostraron partidarios de aumentar la disciplina y la organización militar de las milicias revolucionarias, pero manteniendo siempre sus características revolucionarias, frente a las voces, cada vez más frecuentes, que exigían la reconstrucción del viejo ejército, bajo el nombre eufemístico de "Ejército Popular".

            Las acusaciones que en ocasiones recibió la oposición izquierdista del anarcosindicalismo de infiltración marxista, es a todas luces injusta e injustificada. Sin embargo reflejaba el creciente descontento de importantes sectores de la militancia, que empezaba a cuestionarse el rumbo que había adoptado la dirección. Muchas de las viejas tradiciones libertarias habían quedado completamente quebradas, bajo el impacto de los acontecimientos revolucionarios y de la guerra. La práctica estaba demostrando a muchos militantes cenetistas que algunas de sus viejas concepciones ya no servían para nada. Que las milicias necesitaban una mayor organización y disciplina, si querían vencer a los facciosos. Que era necesario socializar, centralizar y planificar la actividad económica de las colectivizaciones sino querían que éstas acabasen hundiéndose, presas de sus particularismos y  contradicciones, regenerando al viejo sistema capitalista. Y lo que era más importante, que sus adversarios en el bando republicano, estaban aprovechando los resortes del poder, que ellos habían despreciado, para consolidarse y hacer retroceder a la revolución.

            La crítica fue, frecuentemente, canalizada a través de la prensa menor del sindicato y por la aparición de nuevos grupos de afinidad, como "Los amigos de Durruti" y su periódico "El amigo del Pueblo", "Ideas", el órgano de prensa de la federación del Baix Llobregat, o "Acracia", perteneciente a la CNT de Lérida.

            Sin embargo, no es posible hablar de verdaderas corrientes organizadas en seno de la CNT, como era el caso de las fracciones en las que se encontraba escindido el Partido Socialista.

            Para comprender el creciente divorcio entre los cuadros dirigentes de la CNT, partidarios de la "unidad antifascista" con el gobierno y el Frente Popular, y los sectores críticos, mucho más radicalizados e intransigentes, hay que tener en cuenta las dificultades que implicaba, la guerra civil, en el funcionamiento  sindical. Las decisiones "políticas" que adoptó la CNT fueron tomadas, no por las bases, mediante asambleas decisorias, sino por los organismos dirigentes del sindicato, por sus comités nacionales y regionales. El progresivo retroceso al que se vieron empujados por sus adversarios, en plena situación de dualidad de poderes, originó entre los sectores críticos un creciente  malestar por el curso que iban tomando los acontecimientos, bendecido por la política colaboracionista que seguían manteniendo los órganos dirigentes.

El desconcierto de la CNT frente al giro revolucionario que había tomado la respuesta a la sublevación militar, estuvo acompañado de una profunda incomprensión hacia los organismos  populares que habían surgido de él. Los organismos surgidos al calor de la revolución de Julio, no formaban parte del esquema libertario que había sido debatido en el Congreso de Zaragoza. Walther Bernecker los considera como una manifestación de tipo consejista, surgida del espontaneísmo y del caos existente durante los primeros días de la revolución (289). Otros historiadores, como Pierre Broué y Émile Temine, los han catalogado como formas presoviéticas, o soviéticas, que reflejaban la  profunda desconfianza hacia las viejas formas del poder  republicano burgués y los deseos de liberación de los trabajadores (290). Podríamos encontrar numerosas definiciones, más o menos parecidas, sobre la naturaleza revolucionaria de estos organismos.

            Los dirigentes de la CNT, aferrados a sus viejas ideas antiestatalistas, desarmados ideológicamente para comprender la complejidad de la revolución, atados de pies y manos por sus compromisos con sus circunstanciales aliados, fueron incapaces de comprender  el significado de estos organismos, auténticos embriones de un nuevo estado obrero, que había surgido al margen de la voluntad de los partidos y sindicatos.             Los cuadros libertarios aceptaron la importancia que habían  tenido estos organismos en los primeros momentos, enfrentándose y deteniendo la sublevación. Los comités-gobierno locales, fueron considerados como organismos "provisionales", que tenían que dejar paso a los verdaderos "órganos que han partido del pueblo", los sindicatos.

            El anarcosindicalismo defendió la existencia de los comités frente a los que clamaban por su rápida disolución. Los dirigentes cenetistas comprendían que su existencia y desarrollo estaban inexorablemente ligados a la misma revolución. Sin embargo, el rechazo de su esencia más revolucionaria: el embrión del nuevo estado obrero, que debía consolidarse a través de la liquidación de los restos del poder republicano, permitiría que, meses después, en pleno proceso de integración de la CNT en el aparato de estado republicano, aceptaran su disolución y sustitución por los nuevos ayuntamientos. Si se les negaba el carácter de cauce natural de expresión de la voluntad revolucionaria de la población trabajadora, porque esta función correspondía a los sindicatos, su liquidación y sustitución, mientras los libertarios siguieran siendo mayoritarios (en Catalunya, Aragón y en parte de Levante), era poco más que un simple cambio de nombre.

"Los comités... -declaraba CNT, el principal periódico libertario de Madrid- son órganos creados por el pueblo, para oponerse a la insurrección fascista... Sin estos comités, que reemplazaron a las administraciones municipales y provinciales, así como a otros muchos órganos de la democracia burguesa, hubiera sido imposible resistir al fascismo. Son comités revolucionarios creados por el pueblo para hacer la revolución... Con esto no queremos significar que España ha de dividirse en cientos de comités desparramados. Deseamos que la reconstrucción de la sociedad española... se base en los órganos que han partido del pueblo, y nos gustaría que trabajaran de acuerdo unos con otros. Nuestra primera intención al defenderlos es impedir el resurgimiento de esos órganos y normas burgueses que naufragaron tan lastimosamente el 19 de julio" (291).

            Si los comités revolucionarios eran meros organismos provisionales que tenían que desaparecer, tarde o temprano, era innecesario democratizarlos, convertirlos en la verdadera expresión de los trabajadores, mediante la elección democrática de sus miembros. Tampoco era necesario agruparlos y organizarlos, creando estructuras piramidales de poder, de abajo a arriba. Dicho de otro modo, el anarcosindicalismo, al negar la necesidad de organizaciones de tipo soviético en la revolución española, aunque acabaran defendiendo a los comités de sus adversarios más impacientes, los condenaba al no desarrollo, y por lo tanto a su decadencia y extinción. La defensa de los comités-gobierno, negando simultáneamente, los aspectos más revolucionarios de éstos, tal como hacía la CNT, era un posición política que, con sus matices, fue compartida por los sectores más radicales de la Izquierda Socialista y también por el POUM.

"De una Revolución que, a diferencia de la rusa, no tuvo necesidad de crear enteramente sus órganos de poder: la elección de soviets resultaba superflua, debido a la omnipresencia de la organización anarcosindicalista, de la cual surgían los diversos comités de base. En Catalunya, la CNT y su minoría consciente, la FAI, eran más poderosas que las autoridades, transformadas en simples espectros" (292).

            Los dirigentes anarcosindicalistas olvidaban que los sindicatos, en el mejor de los casos, solo agrupaban a la parte más combativa y avanzada del movimiento obrero y del campesinado sin tierra. Los sindicatos anarcosindicalistas y socialistas, no constituían el cauce de expresión política de un vasto sector de los trabajadores que, con la revolución de julio, acababan de iniciar su entrada en la arena política. La negativa a desarrollar y democratizar  los comités, dejaba a un importante sector de la población, sin canales para poder expresar sus intereses.

            El funcionamiento de la democracia directa, en el seno de las estructuras sindicales, dejaban mucho que desear. La burocratización de unos organismos, hechos para los tiempos de paz, impedía que los comités dirigentes representaran en cada momento, el estado de ánimo de la población trabajadora y sus  continuos cambios de conciencia. Las directrices de las direcciones, frecuentemente chocaron con la oposición y el descontento de las bases, reticentes a la política de compromisos, que ellos veían que iba en detrimento de las conquistas que habían conseguido. Este enfrentamiento larvado entre la dirección y las bases se expresaría, en numerosas ocasiones, en la negativa de los comités de empresa a subordinarse a los órganos superiores de los sindicatos, o a la política marcada por las Juntas territoriales, como fue el caso del Comité Central de Milicias en Catalunya.

"La sustitución del estado, por un sistema de comités surgidos unos de otros y vinculados federalmente era, desde luego, consecuente con la concepción post-revolucionaria propia de la CNT y de la FAI. Sin embargo, la relativa autonomización de los comités y su resistencia a dejarse influir directamente por los órganos superiores de los sindicatos reafirmó a los organismos anarquistas y anarcosindicalistas en su rechazo de la aplicación de los principios organizativos de la democracia directa a todos los órganos de poder surgidos de la revolución. El hecho de que no se llegase en España tampoco para un breve plazo al desarrollo de un sistema de consejos más allá de los intentos de organización en los niveles inferiores de la fábrica y de la localidad (a lo sumo de la comarca), ha de atribuirse a la existencia y a la fuerte influencia de poderosas organizaciones obreras que se resistieron a un debilitamiento de su influencia y que procedieron a ocupar en los niveles superiores, violando los principios organizativos de la democracia directa y renunciando a la legitimación por los electores de base, las posiciones en los nuevos órganos de poder por delegación y no por elección" (293).

            La CNT rechazaba la idea de convertir a los comités locales en auténticos soviets, argumentando que este tipo de organismos eran completamente extraños a la idiosincrasia de la revolución española. El anarcosindicalismo, junto a otras corrientes   de la izquierda pretendía que el papel cumplido por los soviets en las revoluciones rusas de 1905 y de 1917, y los rätes alemanes en 1919, lo cumplían los sindicatos, en España. Los cuadros dirigentes cenetistas eran conscientes de que la revolución sólo podría triunfar con la unidad de la clase obrera y del campesinado pobre, en todo el estado, y que ésto solo era posible contando con la colaboración de la UGT. El eje de la política cenetista, durante toda la guerra, estuvo centrado en la búsqueda de la unidad entra las dos centrales sindicales. La Alianza  entre ambas debería formar un Consejo (o gobierno) que aseguraría y defendería las conquistas sociales conseguidas y que debía preparar el terreno para la segunda fase revolucionaria, que se iniciaría después de la guerra. Sin embargo, la unidad sindical CNT-UGT nunca pasó del plano teórico y de acuerdos que no fueron llevados a la práctica. La causa eran las fuertes discrepancias que existían entre los proyectos políticos que alentaban las direcciones, de cada una de las centrales sindicales.

            Las jornadas de Julio, la sublevación del ejército y el derrumbe de las instituciones republicanas significaron el inicio de una larga y sangrienta guerra civil. Después de los primeros momentos y una vez aplastados los insurrectos en la mayor parte de la península, era necesario extender el movimiento revolucionario hacia los reductos donde los sublevados habían triunfado. La indiscutible victoria revolucionaria y la práctica desaparición de todos los cuerpos armados leales a la República, llevaron a la necesidad de improvisar, urgentemente, una fuerza armada revolucionaria que asegurase la victoria que acababan de conseguir.

            Un nuevo ejército de voluntarios, mal organizados y peor armados, se improvisó en pocos días. La experiencia militar de los militantes anarcosindicalistas y del resto de organizaciones obreras era prácticamente nula. Los libertarios, organizados en comités de defensa de barriada, que había estructurado la CNT y la FAI, durante los años anteriores, se habían limitado a los combates callejeros con la policía y con los pistoleros de la patronal. Durante las jornadas de julio, el valor y el entusiasmo revolucionario de los militantes suplió con creces sus deficiencias de armamento y organización, frente a los sublevados. Pero ahora no se trataba de enfrentarse a los facciosos en las calles de Madrid o de Barcelona, sino de protagonizar una  verdadera guerra civil, que los más optimistas preveían rápida, pero que se adivinaba sangrienta.

            Las milicias anarcosindicalistas arrastraron tras de si, sus viejos prejuicios antiautoritarios y espontaneístas. La disciplina y la organización militar fueron consideradas como instrumentos del Estado y de los partidos, para poder perpetuar la opresión. Sin embargo, los primeros choques armados y sus sangrientos resultados, llevaron a muchos de sus militantes, a revistar sus tradicionales ideales libertarios. La disciplina y la organización militar eran necesarias para evitar el innecesario derramamiento de sangre de los milicianos. Eran necesarias para aumentar la eficacia de las columnas armadas, frente a un adversario, que estaba mucho mejor armado y organizado.

            Buenaventura Durruti, reorganizó a sus milicias e implantó una fuerte disciplina militar, manteniendo simultáneamente la democracia interna y sus características revolucionarias (asambleas de milicianos, elección de los mandos por la base, inexistencia de privilegios y de distinciones entre los mandos y la tropa...). Otro dirigente, Cipriano Mera, que se había burlado en el Congreso de Zaragoza, de las propuestas de García Oliver,  Montserrat y de Francisco Ascaso para formar milicias confederales que pudieran enfrentarse con éxito, a la conspiración militar, preguntándoles de que color preferían el fajín de general, acabó siendo uno de los más firmes partidarios de la disciplina, en el seno de las milicias (posteriormente sería nombrado comandante del IV Cuerpo de ejército del "Ejército Popular") (294).

            El anarcosindicalismo que había renunciado al poder y a la instauración del comunismo libertario, después de las jornadas de julio, víctima de sus propias contradicciones ideológicas, apoyó al movimiento colectivizador, en la creencia de que atrincherándose en la revolución económica, se imposibilitaría la vuelta atrás.

            Las colectivizaciones, tal como habían surgido durante las primeras semanas de la revolución, no formaban parte del arsenal ideológico libertario, que reclamaba la socialización y el control sindical de la economía. La revolución protagonizada durante las primeras semanas por las bases sindicales, al margen de sus desorientados dirigentes, se desarrollaba por unos cauces que nadie había previsto. Los trabajadores se habían apoderado de las fábricas, sin consultarlo con nadie, siguiendo su propio instinto revolucionario. Las características contradictorias del colectivismo fueron consecuencia de la desorganización y del espontaneismo en el que se desarrollaba la revolución española. A pesar de la acción espontánea  de los trabajadores, éstos siguieron considerando a la CNT como su organización. La que les conduciría, mediante la acción revolucionaria al comunismo libertario. Las colectivizaciones acabarían siendo asimiladas como una correa de transmisión de los sindicatos en la economía revolucionaria.

"La colectivización era el intento de crear una federación de municipios libres y de colectividades obreras, cuya organización central debía limitarse a coordinar la producción organizada por los sindicatos" (295).

            El anarcosindicalismo tenía que enfrentarse al desbarajuste económico, sin un programa político y económico adecuado para la nueva situación. Las conclusiones del Congreso de Zaragoza se mostraban ahora completamente utópicas e ineficaces. Los cuadros dirigentes de la CNT, obligados por las circunstancias, tuvieron que improvisar una serie de medidas para poder organizar la nueva economía. Esta debilidad teórica de la CNT sería aprovechada por los otros grupos, el PSUC y el POUM, que aunque minoritarios, mantenían posiciones mucho más sólidas.

            El hundimiento de los viejos esquemas económicos que había  mantenido tradicionalmente la CNT, fue la causa de la ausencia de un programa unificado. Mientras en   Madrid o en Asturias, los anarcosindicalistas defendían la postura tradicional sobre la "socialización" de la economía bajo la dirección y coordinación de los sindicatos, y el control obrero de las empresas que no hubieran podido expropiarse. En Catalunya la CNT se mostraba partidaria de la colectivización total de la economía y de la entrega de los beneficios obtenidos por las empresas, a un fondo común que debía ser dirigido por el Consejo de Economía. 

            El anarcosindicalismo madrileño, minoritario, podía permitirse seguir defendiendo la línea tradicional, pero en Catalunya la CNT  mostraba una patente falta de firmeza frente a la presión y la complejidad de los problemas que planteaba la nueva situación.

            La CNT tuvo que enfrentarse a serios obstáculos en sus pretensiones de racionalizar el caos en el que se encontraban las colectivizaciones. Sus planes chocaron con frecuencia, con la resistencia de los comités que no estaban dispuestos a sacrificar sus privilegios, ni a compartir los beneficios de sus empresas  colectivizadas, con las menos rentables. También  encontró una fuerte oposición por parte de la UGT y del PSUC, partidarios de que la industria expropiada fuera nacionalizada y colocada bajo control de un gobierno hostil a cualquier medida que pudiera atentar contra la propiedad privada, que no fuera  la de los sublevados.

            En el mes de Septiembre de 1936, un plenario regional de la CNT debatió el futuro de la economía revolucionaria. En el debate se enfrentaron los partidarios de la socialización y los la cooperativización de las empresas. El compromiso final entre ambas corrientes  forjó el nuevo concepto de "colectivización".

"Lo que significaba el nuevo sistema era que cada una de las empresas colectivizadas conservaría su carácter individual, pero con el objetivo último de federar a todas las empresas dentro de la misma industria..." (296).

            También en la cuestión campesina, la CNT tuvo que corregir sus planteamientos tradicionales, especialmente en lo que se refiere a las relaciones con los pequeños propietarios.

"La política agraria de la CNT consistía en colectivizar tanto las fincas expropiadas a los grandes terratenientes como las tierras de los pequeños propietarios" (297).

            Tradicionalmente la CNT había minusvalorado el problema. Al fin y al cabo, el comunismo libertario tenía que ser la consecuencia de la abolición del Estado y de la unión libre de todos los productores. La realidad se manifestaba ahora de una forma muy distinta. La mayoría de los pequeños y medianos propietarios del campo se resistían a entregar sus propiedades a la colectivización. Si la realidad no se amoldaba a las ideas, fue la CNT la que tuvo que amoldarse a la realidad.

"No se preocupe la pequeña burguesía. Acérquese al proletariado, pueden estar convencidos y percatados que cuando se llegue a abolir la propiedad privada y la facultad de comercio, se implantarán nuevas formas, que de ninguna forma serán lesivas para los ciudadanos que se sientan afectados por las medidas sociales" (298).

            Sin embargo los anarcosindicalistas habían perdido un tiempo precioso durante el primer mes de la guerra y de la revolución. La falta de una línea política, madurada con antelación, sobre cuales tenían que ser las relaciones con la pequeña burguesía habían sido la causa de numerosos errores y excesos. Las clases medias habían visto con simpatía la derrota de la sublevación y habían esperado que la revolución los liberase del dominio asfixiante del gran capital, pero no aceptaban la expropiación forzosa  de sus propiedades. La pequeña burguesía se había ido deslizando silenciosamente hacia las organizaciones más moderadas del Frente Popular.

            En el Congreso regional de campesinos colectivistas, celebrado en Barcelona, el mes de septiembre de 1936, se acordó respetar a los agricultores individualistas y buscar su integración mediante la demostración de las ventajas que tenía la explotación colectiva de la tierra sobre la individual. La resolución adoptada no evitaría sin embargo, que algunos sectores siguieran llevando a cabo la expropiación forzosa de las pequeñas propiedades, provocando su hostilidad contra la CNT y el movimiento de las colectivizaciones (La Fatarella, Enero de 1937, ver apéndice).

            Pese a la actitud de moderación que había adoptado la mayor parte de la CNT en sus relaciones con la pequeña burguesía, las posiciones no siempre fueron claras. Las declaraciones de algunos dirigentes no ayudaban precisamente a tranquilizar a los pequeños propietarios, sobre el futuro que les aguardaba si la revolución triunfaba. En la clausura del Congreso realizado en Valencia, en el mes de noviembre, Tomás Cano Ruiz declaró:

"Desaparecida la actual guerra y ganada la batalla al fascismo... suprimiremos la pequeña propiedad, sea cual fuera y como fuera, e intensificaremos y totalizaremos la socialización y la colectivización" (299).

            Una CNT completamente desorientada, tuvo que amoldarse empíricamente a la nueva realidad existente e improvisar a partir de ella. La socialización de la economía y el control sindical de ésta, sólo era posible con la toma del poder, y con sus resortes al servicio de la revolución. El anarcosindicalismo español, en nombre de sus principios antiestatalistas, no estaba dispuesto a llevarla cabo. La socialización de la economía quedó en proyecto, pospuesta a un futuro indeterminado, una vez finalizada victoriosamente la guerra civil. El anarcosindicalismo se había encerrado en una trampa, de la que era incapaz de escapar. La debilidad del proyecto cenetista, manifestada por su gran  ductibilidad, fue patente a lo largo del desarrollo revolucionario. Poco o nada tienen que ver, los planteamientos defendidos durante los primeros meses del conflicto y los que acabó asumiendo al final, cuando se encontraba ya, políticamente quebrada. El mismo Horacio Prieto, acabó justificando la evolución que había sufrido la CNT, en el Comité Nacional, realizado en Barcelona, el 6 de Enero de 1938:

"Nosotros que ya estamos metidos en el engranaje de la economía política de Catalunya, no podemos negarnos el día de mañana a intervenir también de esa forma dentro del Estado, porque hay relaciones de tipo económico en el Estado que difícilmente los sindicatos podrían llevarlas a cabo directamente... Pero este Estado al que nosotros combatimos antes por ser un Estado del capitalismo, hoy no es el Estado del capitalismo; hoy es el Estado que representa a los trabajadores en mayoría muy considerable sobre la pequeña y media burguesía; y siempre en este Estado y por las formas democráticas de constitución que se le den, tendrá siempre la hegemonía el proletariado..." (300).

            Las declaraciones de Horacio Prieto, en un momento en el que el movimiento revolucionario estaba en pleno proceso de liquidación resultaban patéticas. "El Estado que representa a los trabajadores", al que se refería, era el gobierno de Negrín, el  mismo que había marginado a la CNT del gobierno, que  había disuelto por la fuerza de las armas  el Consejo de Aragón, el mismo que había disuelto los comités locales y sometido a las colectividades, el mismo que mantenía a una buena cantidad de militantes libertarios en las cárceles... Las declaraciones del dirigente cenetista no hacían otra cosa que justificar  la progresiva adaptación en la que se encontraban sumidos los cuadros dirigentes del sindicato.

            Pocos días después, el 15 del mismo mes, la CNT realizaba un Pleno económico en Valencia en el que hacía una revisión espectacular de su programa: formación un cuerpo de inspectores con capacidad de sancionar a los obreros y a los comités de empresa, aceptaba la desigualdad salarial, la creación de un Banco Sindical Ibérico y de una agencia de sindical de seguros, el desarrollo de cooperativas de consumidores, la centralización administrativa  y la planificación de las colectivizaciones industriales y agrarias, controladas por la CNT por un Consejo Económico Confederal (en ausencia de un órgano similar, de base estatal y sindical).

            El contenido de estos puntos programáticos, ponía  al descubierto la profunda revisión del programa tradicional, apolítico y antiestatalista que había defendido el movimiento libertario. Lejos quedaban sus propuestas de centralización sindical de la producción, opuesta a las nacionalizaciones. La CNT, obligada por las circunstancias de la guerra, sin un   claro criterio  con el que enfrentarse a los retos que traía consigo la revolución y sus conquistas (necesidad de una centralización  económica y política, basada en el poder de los comités y de las colectivizaciones, liquidación de los restos del viejo estado...) acabó por abandonar su viejo programa para abrazar muchos de los puntos que habían defendido sus adversarios, los comunistas. 

            Incapaces de diferenciar las diferentes naturalezas de un estado burgués, de otro proletario, ellos, que siempre habían colocado un signo igual entre ambos, ahora se convertían sin quererlo, en la quinta rueda del carro de la contrarrevolución republicana.

3.11.4 EL POUMISMO

            El Partido Obrero de Unificación Marxista, como el resto de las organizaciones obreras había quedado completamente desbancado por la rapidez y profundidad con las que se había desarrollado la revolución de  julio, en toda la geografía republicana.

            La inminente sublevación militar había sido denunciada por la mayor parte de las organizaciones de izquierda. De hecho, las maniobras de la conspiración habían sido un secreto a voces. Sólo las autoridades republicanas se habían negado a escuchar, más temerosas del movimiento revolucionario, que de cualquier golpe de estado que pudiera planear el ejército. Sin embargo, hay una sorprendente falta de visión sobre el grado de madurez al que había llegado la situación. Ningún partido ni sindicato fue capaz de valorarla en su justa medida, y por consiguiente, nadie fue capaz de intuir las profundas consecuencias que iba a desencadenar, la respuesta al intento de golpe de estado.

            El partido de Nin y de Maurín todavía defendía, en vísperas de la sublevación, la  formación de un gobierno de Frente Popular en el que deberían integrarse el PSOE y el PCE. Este gobierno, serviría, para liquidar definitivamente los restos de las ilusiones democráticas que todavía paralizaban las iniciativas de los trabajadores (301).

            Con las jornadas de Julio, el poumismo descubrió, desconcertado, que la República y el Frente Popular se habían convertido, en pocas horas, en una sombra de lo que habían sido poco antes, superados por la iniciativa de los revolucionarios. El POUM había subestimado la madurez de la conciencia de las clases trabajadoras, frente al espejismo del apoyo que éstas habían prestado al Frente Popular. Por consiguiente el poumismo había sido incapaz de prever la precariedad del orden republicano en unos momentos en  los que el choque entre las clases propietarias y explotadas, ya era inevitable.

            Si las ilusiones democráticas habían existido, se  habían disipado en el corto período, comprendido entre los meses de  febrero y julio. La conciencia de los trabajadores estaba muy por delante, no solo del programa liberal y moderado del Frente Popular, sino también del defendido por el mismo POUM.

            El partido reconoció a posteriori, que la situación revolucionaria ya había madurado en Julio. Durante los meses comprendidos entre las elecciones de febrero y el inicio de la guerra, la situación había evolucionado vertiginosamente. Las masas revolucionarias que habían prestado su apoyo al Frente Popular, orientadas por sus organizaciones tradicionales, comprendieron rápidamente, que el nuevo gobierno republicano de izquierdas, no estaba dispuesto a ser más audaz, ni a ir más allá  de lo que había ido la coalición republicano socialista de los años 1931-1933. Durante este período de tiempo, las escasas ilusiones democráticas que mantenía el movimiento revolucionario, se agotaron por completo. Parafraseando a Lenin, podríamos decir que, "los de abajo" no estaban dispuestos a continuar por más tiempo, viviendo de promesas y de debates parlamentarios estériles, y "los de arriba" no podían seguir viviendo y gobernando, como lo habían hecho hasta entonces. (302).

"Los acontecimientos del 19 de julio pillaron al POUM desprevenido. Durante la etapa anterior a las elecciones del Frente Popular se había hecho mucha propaganda, pero no se había planteado seriamente el problema de la apropiación de fábricas y talleres por parte de los obreros... ¿imprevisión?, ¿incapacidad? en cualquier caso, falta de organismos dirigentes políticos y sindicales con clara visión del momento y con fórmulas preparadas para irlas desenvolviendo según las necesidades de cada momento".

"Ha faltado agilidad revolucionaria que se ha traducido en la presencia continua de imponderables de toda clase, que han privado de una solución rápida y justa a los problemas. Uno de estos imponderables ha sido la dualidad de poderes entre el gobierno de Catalunya y el gobierno de Valencia" (303).

            El folleto mencionado, continúa con la enunciación de otros "imponderables". Sin embargo no menciona el factor más importante. La "falta de agilidad revolucionaria" estuvo causada por la falta de comprensión del momento y del carácter de la revolución española. La declaración política olvidaba, tras los "imponderables" causados por las tensiones entre el gobierno autónomo de Catalunya y el de Valencia, la existencia de otra dualidad de poderes mucho más importante. La que se planteaba entre las autoridades republicanas y la multitud de comités revolucionarios locales. El olvido no era casual. En los momentos en los que se redactaba el folleto, el POUM ya había firmado el decreto de disolución de los comités, y había entrado a formar parte del nuevo gobierno de la Generalitat. El 20 de Julio, cuando todavía no habían terminado los combates, el diario del partido en Barcelona "Avant", hacía público  su programa, que debía  realizarse aprovechando el empuje dado por los trabajadores, con la derrota de los sublevados. La casi totalidad de las consignas  defendidas por el POUM estaban siendo superadas por la realidad. Entre las propuestas políticas, no se hacía ninguna mención de las  numerosas incautaciones que se estaban llevando a cabo, ni de los comités que se estaban formando en la mayoría de pueblos, y en las barriadas de las grandes ciudades. Ni siquiera había una frase sobre la necesidad de la instauración de un estado obrero que superara el orden republicano que acababa de derrumbarse y que había sido incapaz de frenar a la conspiración. La publicación del programa reflejaba la desorientación de la dirección del POUM, que como el resto de las organizaciones obreras, había previsto, la amenaza de la sublevación, pero había errado el momento en que ésta iba a producirse y había sido incapaz de intuir la dinámica revolucionaria que ésta iba a provocar.

            Con la aparición de los comités, que se organizaron por sus propios medios y al margen de las viejas autoridades, nacía un nuevo orden económico y social. El POUM comprendió con rapidez el alcance de la nueva situación y el carácter potencial de los nuevos organismos.

"Durante un cierto período, los órganos del poder burgués no son más que una sombra. El poder real lo ejercen los comités revolucionarios, que forman una tupida red en todas las regiones no ocupadas por los facciosos" (304).

            El 6 de Septiembre de 1936, el POUM celebró un mitin en el Gran Price de Barcelona. En el acto intervinieron Julián Gorkin, del Comité Ejecutivo y Andreu Nin, secretario político del partido:

"La clase trabajadora de Catalunya y la clase trabajadora de España, no lucha por la República democrática. La revolución democrática en España hasta ahora no se había hecho. Cinco años de República y ninguno de los problemas fundamentales de la revolución española se habían resuelto. No se había resuelto el problema de la Iglesia, no se había resuelto el problema de la tierra, no se había resuelto el problema del ejército, ni el problema de la depuración de la magistraturas, ni el problema de Catalunya. Y bien, compañeros, todos estos objetivos concretos de la revolución democrática han sido realizados, no por la burguesía liberal, que no lo había podido realizar en cinco años, sino por la clase trabajadora, que los ha resuelto en pocos días con las armas en la mano...".

"...La clase trabajadora ha resuelto todos los problemas fundamentales de la revolución democrática. Hoy la consigna <<defensa de la revolución democrática>> no le dice ni le puede decir nada. El 19 de julio, camaradas, se hundieron el feudalismo, el clericalismo y el militarismo español, pero no solamente se hundieron el feudalismo, el clericalismo y el militarismo, sino que se hundió para siempre la economía capitalista" (305).

            Andreu Nin defendía lo que era un hecho palpable, que las clases trabajadoras habían tomado en sus manos, las riendas de sus propios destinos, satisfaciendo con sus propios métodos, sus reivindicaciones históricas. La etapa de la revolución democrática, que defendían las organizaciones del Frente Popular, se había agotado en el margen de unos pocos días.     Ante la negativa de los anarcosindicalistas a tomar el poder, el POUM defendió desde el primer momento al Comité Central de Milicias Antifascistas, que se convertía, a sus ojos, en el sucesor de la vieja Alianza Obrera catalana de 1934, y que  contaba con la valiosa excepción, de que en este caso, los anarcosindicalistas no solo no eran contrarios, sino que eran sus principales impulsores. Y era en el seno de este organismo, donde debía resolverse la cuestión del doble poder.

            Si en Catalunya, el Comité Central de Milicias tenía que ser la cúspide del nuevo poder revolucionario,  a nivel estatal, el POUM propuso la creación de un organismo similar, que encarnaría la alianza de las diferentes organizaciones obreras y que debería sustituir definitivamente al viejo estado republicano. Siguiendo la tradición juntista de la revolución española, el Comité Central estatal se convertiría en la cúspide del nuevo Estado Obrero. Si la voluntad de la población trabajadora se expresaba a través de sus organizaciones tradicionales, los sindicatos, las Juntas cumplirían el doble papel de organismos de Frente Único y de gobiernos revolucionarios territoriales. Las estructuras soviéticas no tenía razón de ser en la revolución española.

            En esta concepción, heredada del viejo maurinismo bloquista,   estaban todos los virajes políticos que iba a realizar el POUM hasta el momento de su ilegalización: la aceptación de la disolución del Comité Central de Milicias, su integración en un gobierno de concentración de la Generalitat, la firma del decreto que declaraba disueltos los comités revolucionarios locales, para sustituirlos por nuevos Ayuntamientos. Si la naturaleza revolucionaria del Comité Central de Milicias había estado asegurado por el bloque CNT-FAI-POUM, entonces no existía ninguna razón para no integrarse en el nuevo gobierno, cuando los anarcosindicalistas ya habían dado su conformidad.

            La dualidad de poderes que se desarrollaría en el período posterior a las jornadas de julio fue la consecuencia de la negativa de la CNT y de la Izquierda Socialista a tomar el poder. El POUM, imbuído por su fatalismo histórico, que lo condenaba a jugar un papel de segundo orden en la revolución española, frente a cenetistas y caballeristas, se encontró incapacitado para convertirse en alternativa a las corrientes obreras tradicionales.

            Según el testimonio de Juan Andrade, miembro destacado del Comité Ejecutivo del POUM, a su llegada a Barcelona, proveniente  de Madrid, se encontró con que ni la CNT ni su propio partido, planteaban la cuestión del poder. Cuando Andrade redactó uno de los editoriales de "La Batalla" pidiendo la convocatoria de una Asamblea Constituyente de obreros, campesinos, guardias y milicianos, se encontró con una fuerte oposición entre los dirigentes de su propio partido. El POUM, completamente desorientado, defendía en aquellos momentos un programa puramente reivindicativo, que poco o nada tenía que ver con el fenómeno revolucionario que se estaba desarrollando (306).

            La crítica es especialmente significativa, porque procede de uno de los dirigentes más destacados de este partido. El manifiesto redactado por Juan Andrade, finalmente fue aprobado y publicado, pero no hubo, por parte del POUM, ningún esfuerzo encaminado a hacerlo realidad. El poumismo, se mostraba incapaz de llevar sus propias iniciativas hacia adelante, si éstas no eran asumidas antes, por la CNT.

            El POUM era tan solo, un pequeño partido, con escasa implantación en todo el Estado, salvo en Catalunya, donde su presencia, aunque significativa, quedaba oscurecida por la aplastante superioridad de la CNT. Las estimaciones de algunos historiadores sitúan sus efectivos militantes en unos pocos miles de militantes (El número de sus efectivos solo se conoce de forma aproximada y en ocasiones la cantidad es abultada por los historiadores más próximos a su línea política. Broué y Temine dan la cifra de 3.000 miembros. Félix Morrow considera que la afiliación real era de unos 8.000.   Mientras que Victor Alba, antiguo militante del POUM, menciona 10.000 en junio-julio, 35.000 en diciembre y 70.000 en el mes de marzo de 1937. En cualquier caso, la disparidad de cifras sirven para comprender que el POUM, en vísperas de la guerra, era tan solo una  organización minoritaria) (307). Con el estallido de la situación revolucionaria, la militancia se multiplicó. En el campo de batalla consiguió organizar a cerca de 10.000 combatientes en Aragón y en la zona centro. La FOUS, central sindical minoritaria que estaba dirigida por el sindicalismo poumista, parece que agrupó a unos 60.000 de afiliados, poco antes de fusionarse con la UGT catalana (308). Pese a que las cifras no eran nada despreciables, la importancia numérica de  sus efectivos era reducida frente a la de las corrientes tradicionales del movimiento obrero español. Esta desproporción creó en la conciencia de la militancia del POUM, una especie de complejo de inferioridad política.

            El anarcosindicalismo era la organización obrera, hegemónica por excelencia en Catalunya, como lo eran también los socialistas de izquierda en las zonas del estado donde eran mayoritarios. Eran estas organizaciones las que debían dirigir el movimiento revolucionario hacia la victoria. El POUM, víctima de su complejo de inferioridad, se encerraba en un callejón  sin salida del que no sabría como salir. El futuro de la revolución, terminaba por depender, exclusivamente, de los dirigentes de las organizaciones obreras mayoritarias, quedando para ellos, el papel de consejeros.

            El POUM se había considerado, desde sus inicios, como una  pequeña fracción del futuro partido revolucionario, que estaría conformado por los sectores más radicalizados y sanos del socialismo, junto a los comunistas oficiales y los sectores menos sectarios del anarcosindicalismo. La evolución de las diferentes corrientes había destruido por completo, la idea inicial. Sin embargo el POUM seguiría manteniendo que el papel dirigente de la revolución española correspondía a las grandes organizaciones. La política del POUM solo era posible, si los dirigentes de la CNT-FAI y de la Izquierda Socialista se avenían a hacerla suya.

            La política del POUM durante toda su existencia, expresaría un temor manifiesto al aislamiento y a la marginalidad, si se alejaba de la periferia de las grandes organizaciones . El eje de toda su trayectoria se centró en la pretensión de convencer a los dirigentes anarcosindicalistas para que dirigieran la revolución hasta sus últimas consecuencias, y también de las nefastas repercusiones que iba a tener el colaboracionismo político con los partidarios de la restauración republicana.

"...Sin embargo, ¿se hizo lo suficiente para criticar abiertamente estas posturas revolucionarias superficiales ante los militantes de la CNT?".
"<<Creo que a veces así era, porque teníamos miedo de romper con la CNT -explicaba Solano-. Deberíamos haber seguiido una política más dura...>>" (309).

            El POUM estaba convencido que el movimiento revolucionario debía tomar el poder. Las conquistas sociales conseguidas sólo podían consolidarse a través de la instauración de un estado obrero que superara a la caduca república. La dinámica de las revoluciones y en particular la de Octubre de 1917, no le era desconocida a Nin, que había permanecido durante largo tiempo en la Rusia revolucionaria de Lenin y Trotsky. El POUM no creía que la situación revolucionaria pudiera prolongarse por un largo período, hasta el final de la guerra. El período de la dualidad de poderes, que se había abierto con el inicio de la guerra era inestable y pronto se decantaría hacia uno de los dos extremos de la balanza, hacia la revolución, o hacia la contrarrevolución republicana.

            El eje de la problemática con la que se enfrentaba el POUM, era el hecho de que adjudicara al anarcosindicalismo y al  caballerismo, el papel de timoneles de la revolución española. De esta manera, todo se convertía en una carrera contrarreloj para arrastrar y convencer a los dirigentes cenetistas de que debían tomar el poder político en sus manos para salvar la revolución. En multitud de proclamas, folletos y periódicos del partido, se publicaron llamamientos a favor de la formación de un "gobierno obrero y campesino" y de una "Asamblea Constituyente de delegados obreros, campesinos y milicianos". Sin embargo, la fórmula política utilizada solo podía ser propagandística. Si los dirigentes de la CNT mantenían su línea colaboracionista y se negaban a hacer el giro necesario, el camino del POUM quedaba fatídicamente encerrado en un callejón sin salida.

"No creo que la historia del POUM, a partir de ese momento hubiese sido distinta de lo que fue (se refiere a la posibilidad  de que Maurín hubiese podido dirigir el partido, en lugar de Nin), porque estuvo determinada, no por sus posiciones, sino por el hecho mismo de su existencia".

"De una cosa se dan cuenta el ejecutivo y los militantes: que si la CNT no toma el poder, no habrá verdadera revolución. Pero la CNT no quiere el poder. Creen que con el poder económico bastará y presenta su renuncia como un gesto de generosidad, cuando en realidad, es sometimiento a prejuicios ideológicos" (310).

            El viejo complejo de inferioridad de la Izquierda Comunista y del Bloque Obrero y Campesino, se mantenía en el nuevo partido. Las mismas posiciones políticas que el POUM había adoptado en el período anterior a la guerra, volvían de nuevo a surgir, esta vez con más fuerza, debido a que también las contradicciones de la situación se volvían más explosivas. Esta es la confesión que Ignacio Iglesias le hizo a Victor Alba y esto es lo que reconoce él mismo, cuando habla de que el Comité Ejecutivo del POUM adoptó la actitud de frenar a los sectores más izquierdistas del partido, especialmente a los comités locales de Barcelona, de Lérida y de las Juventudes Comunistas Ibéricas. La dirección del POUM temía alejarse demasiado de la sombra protectora de la CNT (311).

            Manuel Cruells expresa admirablemente la actitud "seguidista" que  mantuvo el POUM en el curso de la revolución española:

"La actitud de Nin era, dado que su partido no contaba con fuerzas suficientes para tomar el poder por su cuenta, sólo podía entrar en el carruaje triunfante de la revolución, convirtiéndose en aliado de los anarquistas o manteniéndose en el tambaleante Frente de Izquierdas... si se colocaba al lado de la revolución, convirtiéndose en aliado de los anarquistas podría empujar e influenciar en aquella situación revolucionaria, en la cual, al menos, su partido minoritario podría llevar a cabo un papel importante" (312).

            El POUM intentó, a lo largo del proceso revolucionario, sin conseguirlo, atraer a la dirección cenetista hacia sus posiciones. Sin embargo, su papel dependiente acabó por convertirse en una encerrona mortal. El retroceso al que se vió   obligada a realizar, la dirección anarcosindicalista, acabó arrastrando al mismo POUM, incapaz de distanciarse políticamente de ésta. Cuando la CNT, presionada por sus adversarios del Frente Popular, retrocedió todavía más y acabó integrándose la Generalitat de Catalunya, y también en el gobierno central, el POUM acabó entrando a regañadientes, detrás de ella, dispuesto a pagar el altísimo precio de apoyar la disolución de los comités y la completa subordinación del movimiento revolucionario al nuevo gobierno catalán de coalición. Todo con tal de no verse aislado.

            El viejo proyecto de las Alianzas Obreras había sido defendido en repetidas veces por el POUM, en el período prerrevolucionario. Pero su revitalización había fracasado       por el rechazo del resto de las organizaciones obreras. Sin embargo, las Alianzas   Obreras no eran, en modo alguno, una idea artificial, sino que respondían perfectamente, como ya lo habían hecho en 1934, a las necesidades de la nueva situación. Con el estallido de la guerra y la revolución, surgieron los comités  con una fuerza espectacular, que prueba como estos organismos de frente único, que eran también la encarnación del poder revolucionario, respondían perfectamente a las aspiraciones de los militantes de los partidos y sindicatos obreros. Alianzas Obreras y comités-gobierno, tenían numerosos  rasgos comunes. Sin embargo, los comités expresaban un grado en la conciencia de los trabajadores, mucho más avanzado que la de los períodos precedentes.

            De la misma manera que en 1934 con las Alianzas Obreras, los comités revolucionarios locales intentaron salvaguardar su carácter clasista. Frecuentemente los elementos pequeño burgueses de la Esquerra o de Estat Catalá fueron excluidos de los comités, o en cualquier caso, jugaron un papel marginal. El POUM defendió esta  concepción de la "democracia obrera", en aquellos comités donde su presencia era importante. Sin embargo, para el POUM, los comités, como las antiguas Alianzas Obreras, no necesitaban ser democratizados, ni estructurados, para conformar una alternativa  revolucionaria al poder del gobierno de la Generalitat. Los trabajadores expresaban su voluntad por medio de sus sindicatos y de sus organizaciones tradicionales. No existía ninguna necesidad de convertir a los comités revolucionarios locales en verdaderos soviets, al estilo ruso. El mismo Nin, conocedor de la experiencia de la revolución de Octubre, atribuiría la existencia de soviets en este país, a la falta de tradición democrática en la Rusia prerrevolucionaria. En una conferencia en el Principal Palace de Barcelona, celebrada el 25 de Abril de 1937 afirmaba:

"En Rusia no había tradición democrática, ni tradición de organización y de lucha en el proletariado. Nosotros contamos  con ella. Tenemos sindicatos, partidos, publicaciones, un sistema de democracia obrera. Se comprende la importancia que tuvieron los soviets. El proletariado no tenía sus organismos propios. Los soviets fueron una creación espontánea que, en 1905 y en 1917, adquirieron un carácter completamente político. Nuestro proletariado tenía ya sus sindicatos, sus partidos, sus organizaciones propias. Por eso los soviets no han surgido entre nosotros" (313).

            La afirmación de Andreu Nin contiene algunos errores sorprendentes. Tanto los comités revolucionarios españoles, como los soviets rusos habían surgido de forma espontánea, a través de las luchas del movimiento obrero y de la crisis del poder burgués, en países capitalistas atrasados. Tanto la revolución rusa (1905, 1917), como la española (1936), y lo mismo podríamos decir de la alemana (1918-1919) crearon sus respectivos organismos de poder  (soviets, comités-gobierno, Räte). Sin embargo, la principal diferencia entre éstos, residía en las fuerzas políticas que los impulsaban, o que por el contrario, se oponían a ellos y les cortaban el paso. Los soviets rusos de 1905, sólo pudieron estructurarse y convertirse en auténticos embriones del poder revolucionario, en el momento en el que los mencheviques y los socialistas revolucionarios primero, y los bolcheviques posteriormente, se propusieron impulsarlos. En la revolución alemana, las diferentes fracciones  en las que se encontraba escindida la socialdemocracia, habían participado en los Räte. En la revolución española ocurría justamente todo lo contrario:

"Ningún partido ni sindicato se convirtió en el campeón del poder de los comités-gobierno, ni de su transformación en soviets" (314).

            Es erróneo, por lo tanto, considerar que las estructuras soviéticas eran ajenas a la revolución española, por el simple hecho de que los comités no acabaran por transformarse, por generación espontánea, en auténticos soviets. El hecho de que los comités-gobierno se hubieran convertido en la indiscutible e indiscutida autoridad en las localidades donde habían sido creados prueba  la naturaleza presoviética de éstos. También es un error, considerar que una de las causas de la falta de estructuras soviéticas en la revolución española se debió a la tradición democrática del movimiento y a que éste contara desde hacía varias décadas con poderosas organizaciones y medios de comunicación. La tradición democrática del movimiento obrero alemán era una de la más vastas de toda Europa. Sin embargo los rätes o consejos, adquirieron características soviéticas mucho más desarrolladas que los comités españoles (estructura piramidal de abajo a arriba, elección democrática de delegados por la población...).

            Esta concepción de los comités revolucionarios explica el hecho de que, unos meses más tarde, el POUM aceptara sin grandes reticencias, su disolución y sustitución por los nuevos Ayuntamientos, con una composición más o menos similar. Desde su óptica política, el paso de los comités locales a los gobiernos municipales, se limitaba casi exclusivamente a un simple cambio de nombre, y por lo tanto no parecía ser un precio excesivo por su entrada en el nuevo gobierno de la Generalitat.

            Cualquier intento de transformar a los comités en auténticos organismos de poder, sólo hubiera podido hacerse a través del enfrentamiento político con el resto de organizaciones obreras, incluidos los dirigentes de la CNT. Algo que no entraba dentro de su proyecto.

            El POUM criticó algunos aspectos de la experiencia colectivizadora, que consideró negativos para la supervivencia de la obra revolucionaria. La falta de planificación y  coordinación de la nueva economía  había provocado el surgimiento de lo que Andrade vino a denominar, como "capitalismo sindical" (315). Muchas de las empresas que habían  sido expropiadas fueron consideradas como mera propiedad privada de los trabajadores de éstas, y no como propiedad social. La existencia de estas desviaciones, sino eran corregidas a tiempo, ponían los cimientos para la restauración del viejo sistema capitalista que habían intentado abolir.

            Las colectivizaciones tenían además, otros dos grandes talones de Aquiles: El poder revolucionario se había extendido en el campo económico, pero había evitado el político. La limitación reflejaba la actitud que mantenían las organizaciones obreras  mayoritarias frente a la cuestión del poder. La CNT lo hacía en nombre de sus tradicionales principios antiestatales y las organizaciones que formaban parte del Frente Popular, en el de la "unidad antifascista" que estaba encarnada en el gobierno. La otra gran limitación de la nueva economía colectivista que percibía y criticaba el POUM era el tradicional desprecio que el anarcosindicalismo sentía hacia el dinero y la Banca. Esta infravaloración permitiría a las semiderruídas autoridades gubernamentales, hacerse con el control de los mecanismos financieros, sin encontrar ninguna resistencia.

            El POUM reclamó la socialización de la economía colectivizada. La alternativa del "control obrero de los medios de producción", (exigida con posterioridad por el PSUC, como instrumento político contra el movimiento colectivista), pretendía evitar la expropiación de las empresas que no eran propiedad de los sublevados) había sido ampliamente superada  por los trabajadores, al apoderarse de las fábricas y de los centros de trabajo,   para formar las colectivizaciones. Sin embargo, la misma situación exigía que éstas fuesen superadas por un nuevo sistema económico socializado, más sólido y coherente.

            En el campo, el programa agrario del POUM mantenía una postura intermedia entre la de la CNT (colectivización y control sindical) y la del PCE (nacionalización y reparto de las tierras entre los campesinos, libre comercio de sus excedentes). El poumismo se manifestó partidario de la socialización del campo y del respeto a los pequeños propietarios. La propiedad de la tierra quedaría en manos de la sociedad, que estaría representada por el nuevo Estado socialista y por los  organismos económicos que surgirían de él, mientras que a los campesinos se les entregaría la  tierra, en calidad de usufructo, sin posibilidades  para poder venderla o traspasarla a otros. De esta forma se evitaría que pudiera iniciarse de nuevo el ciclo de la acumulación de propiedades. Los campesinos elegirían libremente la forma de explotación de la tierra, que más les convendría, con la única limitación de que en el caso de que su elección fuera la individual, solo podrían acceder a la tierra que pudiesen trabajar con sus propias manos, o en unidades familiares.

"Socializar la tierra significa ceder a cada campesino la cantidad de tierra que familiarmente pueda cultivar y darle la garantía de que mientras la cultive, los frutos que obtenga le pertenecerán. Lo que no podrá hacer el campesino es vender o arrendar su parcela, porque volveríamos a caer en el mismo defecto de antes: la acumulación de la propiedad" (316).

            El POUM se opuso a que la creación de las colectividades  pudiera hacerse forzando a los pequeños propietarios a integrarse en ellas, de forma forzada, por presión o coacción de las milicias o de los militantes revolucionarios. Esta postura ha sido juzgada incorrectamente y de forma  un tanto simplista por algunos historiadores libertarios, que han considerado que el POUM y sus milicias se oponían a las colectivizaciones, o de que no hicieron nada por extenderlas.

"... Pero Durruti era consciente de que si esa fuerza no  tomaba en ella la misma coherencia, sería vulnerable a los ataques de las unidades milicianas de tipo marxista, ya que incluso las del POUM se mostraban enemigas de las colectividades" (317).

            La prueba está en que militancia poumista también participó en numerosas colectivizaciones, especialmente en Lérida, donde estaba ampliamente implantada (Raimat, Riudoms...).

            La relación con  las clases medias, fue contemplada con preocupación, por las consecuencias negativas que podía tener para la revolución, el hecho de que el anarcosindicalismo  mantuviera una actitud confusa y a veces contradictoria. La revolución tenía que privar a la pequeña burguesía del poder político, pero en aras al mantenimiento de su alianza con los trabajadores, sus propiedades tenían que ser respetadas. La expropiación indiscriminada de las clases medias, las precipitaría en manos de los adversarios de la revolución y no haría otra cosa que ponerla en peligro.

            El POUM criticó a las organizaciones obreras tradicionales  y en particular a la CNT por haber menospreciado el peso y la importancia de la pequeña burguesía urbana y agraria. Sin duda alguna, fue esta actitud de  temor y menosprecio hacia las clases medias, la causa de los excesos colectivizadores que fueron llevados a cabo, durante el período revolucionario.

"Por desgracia en nuestro país, este problema que nos ocupa -la conquista de las clases medias- no ha sido planteado ni puesto a la orden del día por las organizaciones obreras. Precisamente por una concepción falsa respecto a la importancia de esta clase. Puede decirse que una política respecto a la pequeña burguesía, orientada hasta ella, no ha sido realizada -todo lo más- apuntada débilmente, y más que como táctica, para atraerla en tanto que clase, que es lo que interesa, para conquistar individualmente a algunos elementos pequeño burgueses... No ha habido una política estudiada y justamente orientada hacia las clases medias. No la ha habido porque se ha quitado importancia a este problema..." (318).

            La postura del POUM pretendía huir de las posiciones extremas. La del anarcosindicalismo que rechazaba a la pequeña burguesía en nombre de una intransigencia supuestamente revolucionaria, y que tendía a identificar a los pequeños  propietarios con los verdaderos adversarios del movimiento revolucionario, los grandes capitalistas y los propietarios latifundistas del campo. Y la postura sustentada por los partidos socialista y comunista, que entregaba la dirección política de la revolución a las organizaciones republicanas de la pequeña burguesía, y por medio de ellas, a los intereses de los grandes capitalistas.

            El poumismo defendió  una política de respeto de las clases medias. La supervivencia de la revolución  dependía en gran parte de demostrar que los intereses de la pequeña burguesía no se encontraban en peligro por el avance de la revolución obrera, sino todo lo contrario, que solo ésta, podía preservarla de la ruina a la que la condenaba   de forma creciente, el capitalismo.

"Hacer comprender a la pequeña burguesía que la solución a sus problemas y la satisfacción a sus necesidades, el orden y la <<paz social>> a lo cual aspira, solo puede lograrse mediante un cambio de la actual estructura económica... que la clase obrera no aspira a emanciparse a su costa, sino emanciparla a ella misma, librarla del sometimiento en que actualmente se encuentra respecto al gran capital" (319).

            Era fundamental atraerse a la pequeña burguesía hacia el movimiento revolucionario, si éste pretendía triunfar. La aplicación de esta línea política privaría a sus adversarios de las bases sociales en las que pretendían apoyarse, transformado   la revolución en una situación  irreversible.

            Los excesos colectivizadores contra los pequeños propietarios eran comprensibles en los primeros momentos de la revolución. Pero no era posible convertir esta práctica en parte del plan general, sin correr el peligro de socavar la  misma revolución.

"...El paso al socialismo no puede hacerse de esa manera súbita y brusca, anulando las etapas intermedias que es preciso atravesar y realizar. Por eso la clase obrera en el Poder no puede precipitarse a una socialización total y absoluta, sino por el contrario, socializar las ramas más fundamentales y que resulten socializables desde un primer momento" (320).

            Sin ninguna duda, la actitud del POUM hacia las clases medias fue mucho más inteligente que la de la CNT. Por este motivo, y durante los primeros meses de la revolución, algunos sectores de la pequeña burguesía iniciaron su aproximación hacia el poumismo, esperando que éste los defendiera de los excesos de los sectores más exaltados del anarcosindicliasmo. Sin embargo, su actitud seguidista frente a la CNT, en contraste con la intransigencia del PSUC, partidario de una política moderada, permitió que fuera este último el que acabara capitalizando el descrédito de ERC.

            El POUM se manifestó partidario de una mayor centralización y disciplina de las milicias. Era necesario convertirlas en un verdadero Ejército Rojo, que mejorase la eficacia militar de los combatientes frente al enemigo, con el menor coste de hombres y de tiempo posible.

            Tanto el POUM como el PCE se declararon partidarios de la construcción de un Ejército Rojo, al estilo de los bolcheviques. La diferencia entre ambas organizaciones residía en la clase de ejército que consideraban adecuado a la naturaleza de la revolución que se estaba desarrollando. El PCE y el PSUC, fieles a la caracterización democrático-burguesa de la revolución española, adoptaron la estructura del mítico Ejército Rojo, pero adaptándola a un ejército clásico, de naturaleza similar al que acababa de sublevarse (apoliticismo, desaparición de los comités de milicianos, prohibición del derecho de expresión y de organización en sus filas, mandos claramente diferenciados de la tropa, recuperación del viejo Código de Justicia Militar...). El poumismo, al definir la revolución como "democrático-socialista" se mostraba partidario de convertir  a las milicias en un verdadero ejército regular, pero sin que éste perdiera las características revolucionarias y clasistas (democracia interna, igualitarismo entre los mandos y la tropa ...). El POUM llamó a la formación de comités de guardias y de milicianos, que deberían  encargarse de velar por el mantenimiento del orden revolucionario en el seno del nuevo ejército.

3.12 CONCLUSIONES SOBRE LAS DIFERENTES ACTITUDES POLÍTICAS EN LA REVOLUCIÓN ESPAÑOLA.

            La naturaleza socialista de la revolución española quedó  ampliamente demostrada por el carácter espontáneo del movimiento que la protagonizó y por el alcance y sentido de las conquistas sociales  que llevaron a cabo los trabajadores en el campo y en la ciudad.

"El dilema real que ésta implicaba no era el de instauración de una dictadura contrarrvolucionaria o consolidación de la república parlamentaria democrático-burguesa, sino dictadura  contrarrevolucionaria o revolución proletaria , aunque sólo fuera por la simple razón de que la única fuerza capaz de impedir la dictadura contrarrevolucionaria no tenía la más mínima intención de sostener después la república parlamentaria democrático-burguesa" (321).

            A estas alturas del debate histórico, la tesis de que la revolución española fue tan solo una "revolución democrático burguesa" queda, no solo en entredicho, sino que no resiste un análisis serio. Si la revolución que estaba en marcha se hubiera limitado a ser "democrática" y "burguesa", la República no se habría hundido, con más pena que gloria; ni su caída habría dado lugar a la multitud de organismos revolucionarios locales que se desarrollaron por todo el territorio donde los sublevados habían sido derrotados y que se constituyeron en el único poder en las localidades donde aparecieron, sin que mediara en ello,    partido o sindicato alguno.

"La democracia burguesa se descompone... el simple hecho de que pueda darse una insurrección fascista contra la democracia burguesa, es un síntoma de que sus días están contados" (322).


            La facilidad con la que el poder republicano desapareció del mapa político; el hecho de que los escasos cuerpos militares y policiales que fueron fieles a la República, se hubieran descompuesto al entrar en contacto con las masas revolucionarias, con la facilidad con la que lo hicieron; la actitud de los  trabajadores al ignorar a las desprestigiadas autoridades gubernamentales y al cumplir con sus propios métodos extraparlamentarios, sus reivindicaciones históricas... Podríamos encontrar muchísimos más ejemplos que nos demostrarían el agotamiento histórico de las instituciones republicanas, que apenas cinco años antes, habían sido recibidas con gran entusiasmo por la mayor parte de las clases sociales españolas.

            Algunos historiadores, cercanos a las posiciones que adoptaron los partidarios del Frente Popular y de la "democracia contra el fascismo" han llegado a insinuar tímidamente la caducidad de la República, y por consiguiente, también lo han hecho sobre la verdadera naturaleza de la revolución española.

"...El aplastamiento del golpe militar y la defensa democrática habían de comportar, en principio, el fortalecimiento de las instituciones republicanas y la legitimidad del gobierno de la Generalitat, PERO, CONTRARIAMENTE, COMO SI FUESE UNA LEGITIMIDAD FICTICIA, la Esquerra y su gobierno quedaron rodeados en medio de dos enemigos irreconciliables, de los cuales, el ganador, derrotaba al mismo tiempo, a un árbitro sin capacidad para hacerse respetar" (323).

            La aparente paradoja que descubre  Miquel Caminal, no era tal. La República se había hundido porque había agotado su capital político, las ilusiones de los sectores más pobres de la población. Y la desaparición de las ilusiones democráticas de los trabajadores también implicaba el final del apoyo que la burguesía había prestado al proyecto republicano, cinco años antes. Poco quedaba para hacerse respetar.

            Los historiadores anarcosindicalistas podrían objetar que el contenido libertario de la revolución, amparándose en el papel  fundamental que jugó la CNT y la FAI en ella. Sin embargo y sin menospreciar sus argumentos, hay que considerar que la evolución de los acontecimientos históricos demuestra todo lo contrario.

            La revolución española no evolucionó según los cánones que había defendido tradicionalmente la CNT. Por el contrario, el anarcosindicalismo chocó y fracasó frente a una contradicción que afectaba a una de las piedras angulares de su edificio ideológico: el poder. Mientras los cuadros dirigentes de la CNT renunciaban a tomarlo, escudándose aparentemente en sus principios tradicionales (lo que no les impidió violarlos al integrarse en los gobiernos de la República y de la Generalitat), sus propias bases, eran protagonistas de un fenómeno  relacionado con el poder. La autoridad de la República fue sustituida por una miríada de comités que se comportaron, a nivel local, como verdaderos miniestados revolucionarios, y donde los militantes de base de la CNT, jugaron un papel fundamental en su formación y desarrollo.

            La evolución que tomó la dualidad de poderes, abierta con el inicio de la guerra civil, nos lleva a la conclusión de que el declive del poder revolucionario de los comités y de las colectivizaciones se dio por la incapacidad de éstos, para estructurarse como el nuevo poder a nivel estatal. Los comités revolucionarios, raramente se coordinaron más allá de niveles comarcales. El obstáculo insalvable contra el que se estrellaron los comités, fue la negativa, por parte de las todas las organizaciones obreras, a llegar hasta el final, construyendo un nuevo poder que sustituyera definitivamente a la República. Este contraste entre la acción espontánea de los trabajadores y la moderación política de sus direcciones, es una prueba inequívoca del carácter socialista de la revolución española.

"La teoría marxista que proclama la necesidad de destruir el estado capitalista y de crear un estado obrero basado en relaciones de producción y distribución socialistas de las clases productoras, en posesión de los instrumentos de trabajo, recibió en España, el 19 de julio, la más brillante demostración" (324).

            La revolución española que partía de la realidad de un país capitalista atrasado con ciertos resabios semifeudales, legado del subdesarrollo histórico, se inició solucionando con métodos extraparlamentarios, lo que cinco largos años de experiencia republicana no habían podido solucionar. El hecho de que gran parte de las conquistas revolucionarias conseguidas en julio, tuvieran un carácter democrático y no socialista, reivindicaciones que  eran tradicionales en el seno del movimiento obrero, del campesinado y la pequeña burguesía, reivindicaciones democráticas que la burguesía española, durante más de un siglo de "revolución burguesa" se había negado a solucionar, lejos de desmentir el carácter socialista,  no hace otra cosa que confirmarlo.

            Las reivindicaciones democráticas de la población trabajadora fueron solucionadas con métodos revolucionarios, que nada tenían que ver con los de la atemorizada burguesía, y que además fueron llevadas a cabo con la oposición de ésta.

            Es la clase obrera y el campesinado pobre, con sus comités, los que iniciaron el camino de la revolución, cumpliendo las tareas democráticas que seguían pendientes (reforma agraria, cuestión nacional, excesivo poder político y económico de la Iglesia, ejército al servicio de la represión interna...). Las mismas colectividades que durante las primeras semanas no pasaron de ser simples "cooperativas", al servicio de los trabajadores de las mismas,  por la falta de un programa político que las articulara coherentemente, en un nuevo sistema económico, tendieron inevitablemente a la socialización y a la estructuración.

            La revolución que se había iniciado cumpliendo las tareas democráticas más inmediatas, sintió que solo podía sobrevivir transformándose en socialista. Y lo hizo adoptando, multitud de formas (colectivizaciones, nacionalizaciones, control obrero, colectivizaciones agrarias forzosas, voluntarias, cooperativas...), que expresaban simultáneamente, su fuerza (la gran capacidad creativa de las clases explotadas, sintiéndose dueñas de su propio destino) y su debilidad (la falta de un organismo  centralizador de la revolución y la inexistencia de una organización dispuesta a terminar con la dualidad de poderes  para llevarla hacia adelante).

            La gran tragedia de la revolución española era que nadie estaba dispuesto a asumir el poder, y a llevar la revolución hasta las últimas consecuencias. En este sentido, la autoridad de los comités locales, aunque fuera de una forma desarticulada, constituía un serio inconveniente para las líneas políticas de los distintos grupos. La dualidad de poderes, expresada en Catalunya, en el seno del Comité Central de Milicias, se expresaría también en la calle, en la oposición que existió entre la autoridad de los comités revolucionarios y las organizaciones obreras del Frente Popular, que apoyaban la reconstrucción de las  viejas instituciones gubernamentales.

            El Estado republicano se había hundido, no a causa de la sublevación militar, sino por la respuesta revolucionaria que los trabajadores habían dado. Sin embargo, los dos poderes existentes en la zona republicana, el poder revolucionario y el poder burgués, no se encontraban claramente enfrentados, por lo menos  no a un nivel plenamente consciente, sino  que por el contrario, coexistían. Fruto del acuerdo entre las organizaciones obreras y las instituciones gubernamentales republicanas, el poder de los comités, se limitó a ignorarlas, permitiendo que éstas, agazapadas a la sombra de la revolución recuperaran, poco a poco  el poder perdido. Los obreros revolucionarios armados,   sintiéndose   dueños de la calle y de los centros de trabajo, y vencedores  de la sublevación, se dedicaron a organizar el nuevo orden social, ignorando la autoridad del gobierno.

            En Catalunya, el compromiso entre los dirigentes anarcosindicalistas  y el presidente Companys, permitió que la   Generalitat apareciera ante los revolucionarios, no como un adversario político que se preparaba para recuperar su poder, sino como la fachada "respetable" y "legal" que adoptaba  la revolución, ante las potencias extranjeras.

            Los comités-gobierno nunca llegaron a convertirse a desarrollarse plenamente como organismos de poder, a la manera  que lo habían hecho los soviets rusos. No porque fueran elementos extraños a la tradición española, como ha sugerido la mayor parte de la izquierda y numerosos historiadores   estudiosos del tema (325). Los comités revolucionarios locales no adquirieron un carácter soviético, porque no existió ninguna organización obrera, dispuesta a trabajar políticamente para que se diera esta transformación.

"¿Cómo se puede pretender que los obreros españoles no habían construido soviets? habían construido comités por todas partes, y estos comités habían tomado la industria en sus manos. No hacía falta más que unificarlos, desarrollarlos, y se hubiera construido el soviet de Barcelona" (326).

            Desde el momento de su formación, los comités representaron la voluntad revolucionaria de los sectores más concienciados y organizados de los trabajadores. Sin embargo, el grado de democratización de los comités fue muy heterogéneo y varió según la zona y la correlación de fuerzas que existió en su seno. El menosprecio de las organizaciones obreras  impidió el desarrollo de su homogeneidad. Pese a la capacidad creadora demostrada por los trabajadores y por los militantes revolucionarios, los comités no podían superar espontáneamente el obstáculo que significaba el hecho de que ninguna de sus organizaciones estuviera dispuesta a organizarlos y a estructurarlos, con la perspectiva de convertirlos en la base de un nuevo estado o poder revolucionario.

            Socialistas y comunistas consideraban que los comités eran organizaciones provisionales, que habían llenado el hueco dejado,  en los primeros momentos, por el derrumbe del Estado republicano.  Sin embargo, los comités  debían  limitarse a mantener el orden interno y organizar la defensa contra los sublevados, para dejar paso al poder restaurado de la República. Anarcosindicalistas y poumistas, los consideraron como simples organismos de frente único entre las diferentes organizaciones obreras, mientras que el auténtico canal de expresión de la voluntad de las masas revolucionarias debían las centrales sindicales y los partidos.

            Ambas opiniones condenaban a los comités, por diferentes caminos, al no desarrollo político, y por lo tanto, a su decadencia y a su extinción final.

            A diferencia de las dos revoluciones rusas y de la alemana, los comités gobierno españoles no contaron con ninguna organización dispuesta a organizarlos y a democratizarlos.

            Los soviets rusos de 1905 y 1917 contaron con el apoyo de todas las organizaciones izquierdistas, incluidas las más reformistas. En la revolución alemana, socialdemócratas, socialdemócratas independientes y espartaquistas, coexistieron en el seno de los Räte, con orientaciones distintas.

            La participación en la revolución rusa y alemana de las organizaciones obreras más reformistas, no significa, en modo alguno, que éstas apoyasen la transformación de los soviets o Räte, de organismos de frente único, a órganos del poder revolucionario. Por el contrario, aspiraban a convertirlos en soportes "populares" de los viejos poderes establecidos. El ejemplo más significativo de esta actitud dual de las organizaciones reformistas, la encontramos en Friedrich Ebert, que  fue simultáneamente, canciller del Reich (el poder burgués) y presidente del consejo de los comisarios del pueblo (el poder obrero).

            La participación de la izquierda en los consejos los  potenció, hasta convertirlos en una auténtica alternativa frente   a las instituciones gubernamentales tradicionales.

            Sin embargo, ninguna de estas características se dio en la revolución española. Aunque los comités revolucionarios se   habían formado espontáneamente, por la acción de la militancia de las organizaciones obreras, sus direcciones políticas mantuvieron una actitud que fue, desde la incomprensión más absoluta de su naturaleza hasta la franca hostilidad. Este fue uno de los rasgos más peculiares y significativos de la revolución española, la absoluta espontaneidad que existió en la aparición de los comités-gobierno.

            Es más que probable, que la experiencia de lo que habían sido los soviets rusos y los Räte alemanes, pesara en las actitudes que adoptaron las organizaciones obreras en España. Especialmente en lo que se refiere a las que mantuvieron una actitud hostil: las organizaciones obreras que estaban adheridas al Frente Popular.

"¿Porqué, pregunto, no han sido creados soviets propiamente dichos (como en Asturias en 1934), constituidos con diputados elegidos democráticamente por los obreros en las fábricas? porque estamos dedicados a los problemas de orden militar, es la respuesta, que no me suena muy convincente... quizás el PSUC desea que las cuestiones militares reciban plena atención, pero es obvio que esto no interesa a la CNT. Quedo limitado a mis deducciones. Es la CNT quien está en posición de decidir si deben o no crearse soviets. Si no los hay, es probablemente porque la CNT no los quiere, si los quisiera, la UGT no podría impedírselo. Y deduzco que la actitud de la CNT se explica quizás por el hecho de que mantiene el control de las fábricas a través de sus poderosas organizaciones sindicales y unas elecciones de tipo soviético no contribuirían en nada a su poder, sino que inevitablemente, darían a los demás partidos, la oportunidad de probar su fuerza en las fábricas" (327).

            La potenciación de los comités no podía hacer otra cosa que poner en peligro la alianza que se había formado entre todas las organizaciones obreras, incluido el anarcosindicalismo y el poumismo, con los republicanos.

            El debate sobre "Guerra o revolución", es decir, sobre si antes se debía ganar la guerra, o no, para hacer después la revolución era en realidad, una polémica falsa. Todas las organizaciones obreras, desde diferentes ángulos, se mostraron partidarias de ganar primero la guerra. Ninguna de ellas defendió de forma  coherente y en la práctica, la necesidad de convertir  la guerra y la revolución, en una misma cosa: "la guerra revolucionaria" (328).

            Rudolf de Jong, diferencia cuatro actitudes diferentes entre las distintas fuerzas políticas que componían el campo republicano:

1. Los partidarios de salvar la revolución, ganando primero la guerra, para continuarla después, una vez desembarazados del principal enemigo, los militares sublevados (los libertarios y el POUM). Mientras la situación perdurara era necesario salvar al máximo las conquistas revolucionarias. La incompatibilidad entre éstas y el mantenimiento de la alianza con el Frente Popular los arrastraría, en detrimento de las primeras, hacia la liquidación de la revolución.

2. Los que consideraban que era necesario terminar con la revolución y restaurar el estado republicano-burgués para poder "terminar" la guerra. La palabra  utilizada "terminar", es  fundamental para poder comprender la actitud de los republicanos.  Los partidarios de esta opción se manifestaron muy pronto por la negociación con los sublevados. La negociación hubiera significado el fin de la guerra y también de la revolución. El problema de los republicanos era que, completamente barridos de la escena política, eran incapaces de imponer su política. Ni la revolución, ni la reacción, enfrentadas a muerte, estaban dispuestas a ceder.

3. Utilizar la guerra para destruir la revolución y ganar el poder (de Jong sitúa en esta posición al PCE y al PSUC). Sin embargo y como ya hemos explicado en capítulos anteriores, el objetivo del poder, está más que cuestionado. Stalin no estaba dispuesto a que el PCE-PSUC pudieran llegar al poder. La sección española de la Komintern no era más que un peón en el tablero de ajedrez de las alianzas internacionales. Un peón que estaba dispuesto a sacrificar en el momento oportuno, para alcanzar sus principales objetivos políticos: evitar a toda costa el aislamiento de la URSS y la posible alianza entre las potencias capitalistas democráticas y fascistas.

4. Finalmente, Rudolf de Jong, sitúa a las diferentes fracciones del Partido Socialista, que nunca llegaron a mantener una postura homogénea. Cada tendencia socialista hacía suya, cualquiera de las tres posiciones citadas anteriormente. Largo Caballero, mantenía una posición ambigua, y coqueteaba con los libertarios. Prieto coincidía por completo con los republicanos (lo que le valió en numerosas ocasiones, la acusación de derrotista). Alvarez del Vayo, estaba próximo a las tesis comunistas (329).

El debate real era otro muy distinto. Las fracciones socialistas de derecha y el Partido Comunista se mostraron partidarios de hacer retroceder a la revolución hasta el punto de que ésta no rebasase, ni pusiese en peligro, el proyecto republicano. Esto equivalía a pretender su liquidación (los calificativos de "democracia de nuevo tipo" o "República social avanzada" no eran más que formas para adornar la idea de mantener la República burguesa, objetivo que chocaba con los deseos de la militancia).

La aspiración de los libertarios, y de una forma más ambigua, de la Izquierda Socialista, era otra muy distinta.  Había que mantener la dualidad de poderes, aplazar su desenlace hasta el final de la guerra, manteniendo mientras tanto, la imagen de respetabilidad y de legalidad republicana, frente a las potencias democráticas, pero conservando en las mejores condiciones posibles, las conquistas revolucionarias logradas.

"Nada de comunismo libertario, primero hay que aplastar al enemigo dondequiera que esté" (330).

            Sin embargo, y a pesar de las pruebas de moderación política  demostradas por la dirección cenetista, las bases continuaban empeñadas en llevar a cabo la revolución, con el consentimiento, o sin él, de sus dirigentes. Fueron las iniciativas de los militantes de la CNT, la que acabaron por arrastrar a los desconcertados dirigentes. Con esta situación de hechos consumados, los líderes libertarios tuvieron que desarrollar una política contradictoria: colaborar con el Frente Popular que pretendía restaurar la República, apoyándose en el poderoso movimiento revolucionario que se estaba desarrollando  y que objetivamente era incompatible con  los restos del viejo estado.

            Sin embargo, la unidad política tenía un precio, que  los adversarios políticos de la revolución estaban dispuestos a cobrar. En aras de la "unidad antifascista" la CNT tendría que aceptar, poco a poco, la liquidación de las conquistas de Julio, provocando la desmoralización de sus  bases y la liquidación, no deseada, de la revolución.

            La pretensión de mantener la situación revolucionaria, apoyándose en el inmenso poder que la CNT había adquirido  en la calle, se rebeló pronto como una ilusión, de desastrosas consecuencias. La influencia conseguida sólo podía mantenerse consolidando el poder adquirido, organizando a los comités locales en una auténtica estructura de poder, articulándolos en torno a un programa político que diera satisfacción a las reivindicaciones históricas de los trabajadores y del resto de las clases populares.  Era necesario acabar, de una vez por todas, con los restos moribundos de las instituciones republicanas, que habían sido incapaces, tanto de realizar una "revolución democrática", como de prevenir la sublevación militar. De otra forma los partidarios de la restauración republicana, irían recuperando paulatinamente el poder perdido, amparándose en la actitud vacilante de los dirigentes anarcosindicalistas.

            La situación que la CNT pretendía mantener hasta el final de la guerra, se manifestaba altamente inestable. La dualidad de poderes evolucionaba rápidamente hacia uno de los dos extremos políticos, sin que los dirigentes de la CNT pudieran   hacer nada para evitarlo. Cada paso que daban sus adversarios, en la reconstrucción del viejo orden, chocaba con la resistencia de los comités y de los sectores revolucionarios de la población.

            Los dirigentes libertarios, con su pretensión de mantener la situación y evitar que ésta derivara hacia ninguno de los dos extremos, tenían que ceder cada vez más, para preservar el compromiso con sus aliados forzosos.

            El POUM aunque defendía la necesidad de avanzar hacia la instauración del socialismo y la dictadura del proletariado, en la práctica acabaría dejándose arrastrar por el enorme peso del anarcosindicalismo, negándose a separarse de su sombra protectora.

            Incapaz la revolución española de ir más allá de donde había llegado espontáneamente, inició su decadencia. La guerra revolucionaria se reveló como un proyecto imposible, al no ser defendida por ninguna organización, y dió paso, cada vez más, a una guerra tradicional. Una vez perdido el contenido social revolucionario, la guerra se decantaría inevitablemente, hacia el lado militarmente más fuerte, el ejército de Franco.

            Ante la comisión Dewey, León Trotsky, el creador del Ejército Rojo, reflexionó, a partir de sus experiencias en la guerra  civil rusa, sobre cuales eran las verdaderas claves que iban a  decidir la derrota o la victoria de la revolución española:

"Durante los tres años que ha durado nuestra guerra civil, la superioridad del arte y de la técnica militares estaba con frecuencia del lado del enemigo, pero, finalmente, fue el programa bolchevique el que consiguió el triunfo. El obrero sabía muy bien por lo que se batía. El campesinado dudó largo tiempo, pero habiendo comparado por experiencia ambos regímenes, sostuvo finalmente el campo bolchevique".

"En la guerra civil, incomparablemente más dura que una guerra ordinaria, la política domina la estrategia...".

"Las reformas sociales audaces representan el arma más  potente en la guerra civil y la condición fundamental de la victoria sobre el fascismo" (331).

            El declive revolucionario, consecuencia de la liquidación  de las conquistas sociales  conseguidas, arrastró tras de si a todo el campo republicano, incapaz de recuperar el entusiasmo  inicial. De forma trágica, la derrota republicana demostraría que, revolución social y guerra, iban inevitablemente unidas.

"Según la opinión coincidente de testigos presenciales extranjeros y de numerosos dirigentes sindicales, la disposición a la acción y al sacrificio de los obreros (sindicalmente organizados) -elemento éste imposible de medir cuantitativamente, pero en cualquier caso decisivo para un desenlace victorioso de la guerra- cedió en la misma medida en que los objetivos bélicos del gobierno republicano perdían el contenido social del programa auspiciado por los trabajadores... En el curso de la guerra civil esto generó... una creciente desilusión e indiferencia cuyas consecuencias sobre el esfuerzo militar no cabe infravalorar." (332).
            El POUM, repitiendo el viejo esquema maurinista, consideraba a las Juntas, como las herederas de las viejas Alianzas Obreras de 1934. La concepción anarcosindicalista de la revolución había arraigado profundamente en la orientación del POUM. También para ellos, la democracia obrera y las aspiraciones de los trabajadores se transmitía a través de las organizaciones obreras que integraban las Juntas, especialmente los sindicatos mayoritarios como eran la CNT y UGT. Convertir las Juntas y los comités en verdaderos soviets era pretender introducir un  cuerpo extraño en la revolución española que no podía prosperar. Andreu Nin consideraba que los soviets rusos de 1917 aparecieron para llenar el vacío que ocasionaba la falta de tradición democrática del movimiento obrero en aquel país (debilidad de las  organizaciones obreras de masas). En cambio, para Nin, España contaba con una gran tradición democrática del movimiento obrero que estaba concretada en la existencia de dos poderosos sindicatos obreros, la UGT y la CNT. (134).





4. EL COMITE CENTRAL DE MILICIAS ANTIFASCISTAS DE CATALUNYA

4.1 ORÍGENES Y FORMACIÓN DEL COMITÉ CENTRAL DE MILICIAS ANTIFASCISTAS DE CATALUNYA

            El pacto acordado entre Companys y los portavoces de la CNT, por el que los anarcosindicalistas renunciaban a aprovechar su indiscutible triunfo para tomar el poder, y que permitía al primero, continuar en su puesto de presidente de la Generalitat de Catalunya, tuvo como consecuencia, la formación de un nuevo organismo de colaboración entre ambas partes, las organizaciones afectas al Front d'Esquerres (El Frente Popular en Catalunya) y la CNT, la FAI y el POUM. Este organismo, concebido de forma muy distinta por ambas partes, se constituyó rápidamente en el único poder con autoridad en toda Catalunya.

            Las versiones sobre los orígenes y las circunstancias que  se dieron, en los momentos de formación del Comité Central son variadas y confusas. Al parecer, el acuerdo no fue bien recibido por algunos sectores del Frente Popular, en particular por el recién formado Partido Socialista Unificado de Catalunya, que   adoptó una postura beligerante ante el "inesperado" triunfo anarcosindicalista en toda Catalunya, y se mostró partidario de reforzar al máximo el gobierno de la Generalitat de Catalunya, organizando rápidamente una fuerza militar, a su servicio.

"Comorera propuso la creación de oficial de las milicias de la Generalitat en una reunión del Frente Popular con el presidente, el 21 de julio (asistieron Comorera (USC), Valdés (PCC), Vidiella (PSOE), Cussó (PCP), Peypoch (AC) y Faustino Bellvé (ERC)... disuelto el ejército por el gobierno de Madrid, la debilidad de éste, obligaba a las provincias y a las nacionalidades españolas a suplir el estado en ruinas y a resolver con sus exclusivos medios los conflictos que se les planteaban. Aceptose por unanimidad, la propuesta de Comorera y se le encargó la redacción del oportuno decreto".

"...sin oponerse por la fuerza a lo que sucede, usted,  presidente, debe asegurar un orden revolucionario y prestar apoyo a la formación de unidades combatientes que dependan de la Generalitat, con el fin de asegurar un frente sólido... pronto dispondremos de una fuerza militar y de un movimiento obrero-campesino político y de clase recuperado y lo bastamente vigoroso para defender la economía en la retaguardia y hacer la guerra y no la revolución que, de momento, no es una meta" (333).

            Independientemente de la escasa rigurosidad histórica que reflejan los escritos de Benavides, (se contradice en el número y nombre de  los asistentes a la reunión, con la versión que se da  en "Guerra y revolución" tomo I, obra colectiva del PCE, (334)), de ellos podemos extraer la división y la desorientación que había provocado el estallido de la revolución en el seno del Front d'Esquerres. La postura de Joan Comorera representaba la de la mayor parte de los grupos que participaban en la reunión, todos salvo Peipoch, miembro de la minúscula Acció Catalana y Bellvé, que pertenecía al mismo partido que Companys. El resto  de los grupos estaban ya, prácticamente fusionados en el nuevo PSUC. Sin embargo, la postura de Comorera se estrelló con la actitud de prudencia que había adoptado el presidente de la Generalitat,  consciente éste, de que cualquier precipitación podría ser considerada como una provocación por los verdaderos triunfadores de las jornadas y desembocar en la liquidación definitiva de la Generalitat y del Front d'Esquerres.

            La CNT y la FAI, eran los auténticos e indiscutibles dueños de la situación, y aunque los dirigentes anarcosindicalistas habían dado seguridades a Companys de que no estaban dispuestos a tomar el poder, sus militantes eran los auténticos dueños de la calle. Las fuerzas militares y policiales que se habían mantenido fieles a la República y que habían combatido contra los sublevados, estaban en franco proceso de disolución, en contacto con la marea revolucionaria. Cualquier acción, por parte de la Generalitat, que no contase con el visto bueno de los anarcosindicalistas podía ser considerada una maniobra hostil.

"Era prácticamente imposible restablecer la disciplina general y la de nuestras fuerzas de Orden Público y hasta la  de la guardia civil, que embriagadas por el entusiasmo, se habían contagiado del ambiente y en mangas de camisa tripulaban también los camiones abanderados y con carteles de las organizaciones, entre las cuales predominaban las inscripciones <<CNT-FAI>>", (335).

            Por otro lado, Lluís Companys era perfectamente consciente del escaso poder de convocatoria que su gobierno y el Front d'Esquerres, tenían en aquellos momentos de euforia revolucionaria.

            El presidente de la Generalitat se mostró partidario de extremar la prudencia y de ganar tiempo para aprovechar la indecisión de la que había hecho gala el anarquismo y situarse en las mejores condiciones posibles en el camino hacia la recuperación del poder. Esta actitud, considerada como vacilante fue duramente criticada por los dirigentes del nuevo partido unificado, defensores de una política más firme frente a los triunfadores de las jornadas de julio.

"Companys acaba de cometer el error más grave de su vida política. El recuerdo de los muertos que han expirado con su nombre en los labios, el tumulto desordenado y patético de los barceloneses y las primeras manifestaciones de una revolución que, a pesar de su desorden y de su patetismo, nacía sobria y virtuosa, lo desorientaron. El Presidente sólo fue un eco del ruido callejero al dirigirse a los anarcosindicalistas que acudieron a su despacho con la victoria caliente en las manos, como una presa de su exclusiva pertenencia" (336).

"No se habló más del decreto y Companys aprobó el proyecto de un Comité de Milicias Antifascistas sugerido por la CNT-FAI y apoyado por el POUM".

"...Se aceptó y ocurrió lo inevitable: desapareció la autoridad del Gobierno, suplantada por la del Comité Central de Milicias. La dualidad de poderes dificultaría los trabajos de organización" (337).

            Si nos atenemos a la versión que nos da Manuel D. Benavides, el Comité Central de Milicias Antifascistas habría sido una propuesta de los anarcosindicalistas,   que habría sido aceptada a regañadientes por Companys y por los partidarios del Front d'Esquerres. La teoría sobre el origen libertario de la propuesta  ha sido compartida por algunos testimonios políticos de la época (338).

            Sin embargo, hay muchas otras versiones, que nos parecen mucho más realistas. Cruells defiende la teoría de que, en realidad, la idea de la formación de un Comité Central de Milicias Antifascistas, procedió, no de los anarcosindicalistas, sino del mismo Companys. La posibilidad de que la CNT y la FAI se integraran en un gobierno de coalición, junto al POUM y el resto de las organizaciones del Front d'Esquerres fue rechazada por los primeros. Cualquier participación gubernamental de la CNT,   en aquellos momentos, era prematura y chocaba, todavía, con la resistencia ideológica de sus militantes.

"...El presidente Companys cree todavía factible una continuidad del Frente Popular catalán, en el cual se integrarían los anarquistas, pero éstos no aceptan esta vieja forma de poder, en la cual ellos quedarían totalmente diluidos, y aceptan en cambio, la formación de un Comité de Milicias, también propuesto por el presidente Companys, que tendría como finalidad, orientar toda la vida de Catalunya, profundamente trastornada a causa de la sublevación militar...".
"Los anarquistas aceptaron la creación de un Comité Central de Milicias, <<en tanto que organismo popular que asuma la dirección económica, militar y política de la vida catalana>>..." (339)

            La versión de Manuel Cruells, compartida por otros muchos historiadores y testimonios de la época, parece más exacta (340). La misma actitud pasiva de los portavoces de la CNT, y el desconcierto que reflejó la asamblea decisoria histórica, en la que el anarcosindicalismo renunció al poder, en contraste con la de Lluís Companys, que intentaba conseguir un respiro para poder reorganizar las dispersas fuerzas de la Generalitat, parece avalarlo.

            Aunque los libertarios se habían negado a tomar el poder, la CNT era, de hecho, la dueña de la Catalunya revolucionaria. La opción adoptada de "colaborar" en el Comité Central de Milicias, les permitía ejercer el poder, sin necesidad de  renunciar a sus principios antiestatalistas y sin tener que asumir la responsabilidad del mismo.

            Por otro lado, Manuel D. Benavides da una versión errónea, también en otros puntos. No es cierto que el decreto aceptado por unanimidad por los asistentes a la reunión de Lluís Companys, con las organizaciones del Front d'Esquerres, por el cual debían formarse milicias al servicio de la Generalitat no fuese redactado. Los planes del gobierno autónomo catalán, para constituir una fuerza de milicias, bajo su mando, fueron publicados en forma de tres decretos, en el Butlletí de la Generalitat, el día 22 de julio. En el primero se constituían las "milicias ciudadanas por la defensa de la República", que sustituiría al viejo ejército que había protagonizado la sublevación. En el segundo, se nombraba a Enric Pérez Farràs, como jefe de estas milicias y en el tercero, se escogía a Lluís Prunés Sató, conseller de la Generalitat, como comisario de Defensa, que sería el encargado de organizarlas.

            El problema no es, como afirma sorprendentemente Manuel  D. Benavides, que la presión de los anarcosindicalistas hiciera que Lluís Companys desestimara la idea, sino que la situación política, convertía los decretos del gobierno de la  Generalitat, en papel mojado:

"Un intento que de hecho, no pasó del papel oficial de la Generalitat, ya que los anarquistas reaccionaron enseguida en contra" (341)

            Paralelamente, la propuesta de Lluís Companys, para formar un organismo de colaboración de los anarcosindicalistas y el POUM, con el gobierno de la Generalitat y las organizaciones del Front  d'Esquerres, pretendía anular políticamente a la CNT, y convertir su triunfo, en una fuerza de apoyo al gobierno autónomo. Con unas milicias bajo el mando la Generalitat, y un Comité Central de Milicias, convertido en un apéndice auxiliar de su gobierno, Companys pretendía recuperar el control de la situación, y por lo tanto del movimiento revolucionario. Sin embargo el tiempo trabajaba en aquellos momentos, en contra de sus planes. La revolución que se había iniciado espontáneamente con los combates, iba a frustrar sus planes.

            Lluís Companys había interpretado erróneamente la renuncia de la CNT al poder, considerándola como una oportunidad histórica para recuperar el control de la situación. El anarcosindicalismo no iba a dejarse arrebatar el triunfo, especialmente, cuando la revolución que se había iniciado, espontáneamente, con  los combates, se estaba radicalizando rápidamente y llegaba, cada vez más, a todos los rincones de Catalunya, creándose comités revolucionarios en la mayor parte de las localidades y donde las grandes propiedades de la burguesía  estaban siendo incautadas por los trabajadores, sin esperar órdenes de sus organizaciones.

            Junto a los decretos sobre la formación de las "milicias ciudadanas", la Generalitat publicó otros dos, en los que se convertía al Comité de Milicias, propuesto a los libertarios, en un simple "Comité de Enlace y dirección de las milicias ciudadanas", que estaría presidido por un delegado del gobierno autónomo, designado por el Conseller de Orden Público. En este organismo auxiliar, estarían integradas todas las organizaciones obreras y antifascistas de Catalunya. Finalmente, su publicaba otro decreto, por el que se creaban "Comités locales de Defensa" en todos los pueblos y ciudades de Catalunya, que estarían supeditados al Comité Central de Milicias.

            La realidad fue muy distinta a los planes y previsiones que había hecho Companys:

"Al empezar la reunión, Lluís Prunés nos apercibió de que, de acuerdo con el decreto aparecido en el Butlletí Oficial, él y los oficiales mencionados habían acudido para encauzar la creación de las milicias ciudadanas....Le interrumpí secamente, diciéndole que los allí reunidos nos encontrábamos presentes no para tratar de unas milicias ciudadanas de las que no teníamos conocimiento, sino para organizar el Comité de Milicias Antifascistas de Catalunya que, en principio, se había acordado en el breve cambio de impresiones tenido entre los representantes de la CNT y el presidente de la Generalitat, con el sentimiento de los dirigentes de todos los sectores antifascistas de Catalunya. Y que eso era lo que íbamos a hacer inmediatamente, para lo cual presentaba un proyecto de constitución y de facultades del referido comité. Leí el proyecto, que fue escuchado atentamente por todos. Y como los delegados no habían recibido ningún otro proyecto, no habiendo otro, fue tomado en consideración el mío y pasó a ser discutido punto por punto..." (342).

            La ficción republicana en Catalunya, quedaba abortada con un simple gesto de los representantes anarcosindicalistas. El forcejeo entre ambas partes fue prácticamente nulo, demostración palpable de que la dualidad de poderes, instituida por la misma CNT al no tomar las riendas del poder, estaba claramente decantada hacia uno de los dos extremos, mientras que el otro, el gobierno de la Generalitat, sobrevivía impotente, privada de cualquier resto de autoridad. Lluís Companys, en pleno auge revolucionario, solamente tenía dos opciones posibles: plegarse  a las exigencias de los anarcosindicalistas respecto a que el Comité Central de Milicias se convirtiera en el auténtico organismo de poder en Catalunya, o presentar su dimisión.

"La presencia en la reunión del día siguiente de delegados sin personalidad en sus partidos y de nombres apenas conocidos hasta aquel momento, revelaba sin lugar a dudas que, a espaldas nuestras, todos los partidos y organizaciones se habían reunido previamente y convenido una tácita desestimación de la importancia del Comité Central de Milicias Antifascistas. Por nuestra parte, acudimos los tres designados por el Comité regional de la CNT: Buenaventura Durruti, José Asens y yo; los designados por el Comité Regional de la FAI eran Aurelio Fernández y Diego Abad de Santillán; por Esquerra Republicana de Catalunya, Artemio Aiguader, Jaime Miravitlles y Juan Pons; por Acció Catalana, Tomás Fabregas; por Unió de Rabassaires, José Torrens; por el POUM, José Rovira Canals; por Unió Socialista de Catalunya, José Miret Yuste y por la UGT, José del Barrio, Salvador González y Antonio López".

"También comparecieron sin que les prestásemos ninguna atención, los designados por Companys para hacerse cargo de las diversas jefaturas previstas en su decreto de milicias ciudadanas: Pérez Farrás, jefe de milicias ciudadanas de Catalunya, Lluis Prunés y Saltó, comisario de defensa de la Generalidad, y Vicenç Guarner designado por el comisario general de Orden Público" (343).

            El Comité Central de Milicias estaría compuesto, desde aquel momento, por quince representantes de los partidos y sindicatos asistentes: cinco anarcosindicalistas (3 de la CNT y 2 de la FAI), cinco republicanos (3 de ERC, 1 de AC y 1 de UdR), 1 representante del POUM, 1 del recién formado PSUC y 3 de la UGT (que caería rápidamente en la órbita del nuevo partido comunista catalán). La central sindical ugetista quedó sobrerrepresentada en el nuevo organismo.

            La concesión que efectuaba el anarcosindicalismo era un guiño político dirigido a la UGT, a la espera de que ésta adoptaría una postura similar en aquellas zonas, donde la CNT era claramente minoritaria. La correlación de fuerzas existente en el seno del Comité, tenía poco que ver con la que correspondía a la realidad, en toda Catalunya. La distribución se hacía claramente en detrimento de los libertarios, que esperaban con ello, conseguir un auténtico frente único de las organizaciones "antifascistas". La minoría numérica  en la que habían quedado,  voluntariamente, los anarquistas, estaba claramente compensada con su hegemonía en la calle.

            Juan García Oliver, nos llama la atención sobre un elemento revelador, casi nunca mencionado por los historiadores o por los testimonios de la época. El hecho de que los representantes de los partidos  y sindicatos que habían asistido a la primera reunión, fuesen cuadros dirigentes de segunda fila en sus respectivas organizaciones. El detalle, lejos de ser anecdótico, como muy  bien indica el autor de dichas líneas, nos lleva a hacer algunas reflexiones sobre las actitudes políticas de los diferentes grupos.

            Las organizaciones que pertenecían al Front d'Esquerres, tenían que conocer, a la perfección, los planes y objetivos que   buscaba  Companys. El plan político de la Generalitat, era completar la maniobra, formando un gobierno de concentración, en el que estarían incluidas todo el arco de organizaciones que integraban el Frente Popular catalán. Sería pues, en el nuevo gobierno autónomo, donde se situaría el centro de gravedad  del poder en Catalunya, y desde donde se dictaría la nueva orientación política. El destino que Companys le daba al Comité Central de Milicias era completamente secundario y sin importancia política.

            Más dudosa parece, la complicidad del POUM en esta maniobra  política de Companys, así como la actitud que mantuvo esta organización, antes y después de las jornadas de Julio y de la formación del Comité Central. La postura del poumismo, parece obedecer a distintos motivos que los del Front d'Esquerres, y es más atribuible a la profunda desorientación política que atravesaba esta organización en los primeros momentos de la revolución. El POUM se mantenía a la expectativa del curso que podían seguir los acontecimientos que estaban sucediendo.

            La propuesta de Lluís Companys que pretendía neutralizar al triunfante anarcosindicalismo catalán fracasó estrepitosamente.

            La CNT había renunciado a tomar el poder, pero no estaba dispuesta a convertirse en una simple comparsa de la Generalitat, renunciando a su triunfo. Tras un debate, en el que parecen haber resaltado las intervenciones de Aiguader y de Juan García Oliver, se estableció publicar un nuevo decreto por el que se declaraba constituido el nuevo organismo de poder, en Catalunya.

"Constituido el Comité de Milicias Antifascistas de Catalunya, este organismo de acuerdo con el decreto publicado por el gobierno de la Generalitat de Catalunya, en el Butlletí Oficial del día de hoy, ha tomado los siguientes acuerdos, el cumplimiento de los cuales obliga a todos los ciudadanos:"

"Primero. Se establece un orden revolucionario, al mantenimiento del cual se comprometen todas las organizaciones que integran el Comité".

"Segundo. Para el control y vigilancia, el Comité ha nombrado los equipos necesarios a fin de hacer cumplir rigurosamente las órdenes que del mismo emanen. A este objeto, los equipos llevarán la credencial correspondiente que hará efectiva su personalidad".

"Tercero. Estos equipos serán los únicos acreditados por el Comité. Todo aquel que actuare al margen será considerado faccioso y sufrirá las sanciones que determine el Comité".

"Cuarto. Los equipos de noche serán especialmente rigurosos contra aquellos que alteren el orden revolucionario".

"Quinto. Desde la una hasta las cinco de la madrugada la circulación quedará limitada a los siguientes elementos:"

"a) Todos los que acrediten pertenecer a cualquiera de las organizaciones que constituyen el Comité de Milicias".

"b) Las personas que vayan acompañadas de algunos elementos que acrediten su solvencia moral".

"c) Los que justifiquen el caso de fuerza mayor que los obligue a salir".

"Sexto. Con el objeto de reclutar los elementos para las Milicias Antifascistas, las organizaciones que constituyen el Comité quedan autorizadas para abrir los correspondientes centros de reclutamiento y entrenamiento. Las condiciones de este reclutamiento serán detalladas en un reglamento interior".

"Séptimo. El comité espera que, dada la necesidad de constituir un orden revolucionario para hacer frente a los núcleos fascistas, no tendrá necesidad, para hacerse obedecer, de recurrir a medidas disciplinarias".

"El comité: (las firmas de los representantes de las organizaciones que habían asistido a la reunión)"(184).

            La nueva orientación que los líderes anarcosindicalistas le dieron al comité Central y la formación de las columnas milicianas, bajo su iniciativa, fueron el final de los sueños de Companys, de reconducir la situación revolucionaria hasta la recuperación total del poder que acababa de perder.

            Definitivamente, el proceso iba a ser mucho más lento e inseguro.

            De un plumazo, el gobierno de la Generalitat quedaba relegado a un segundo plano político, encargándose de ratificar las órdenes que partirían del Comité Central. Los representantes enviados por la Generalitat, para hacerse cargo de la formación de las milicias ciudadanas fueron completamente ignorados, incluido el conseller de Orden Público, Lluis Prunés, reflejando la situación de total bancarrota política en la que se encontraban inmersas, las viejas autoridades republicanas, completamente ignoradas por el movimiento revolucionario que se había adueñado de las calles.

"Aunque el presidente Companys pudo haber concebido el papel del Comité Central de las Milicias Antifascistas, como el de un organismo auxiliar del gobierno de la Generalitat, el comité se convirtió inmediatamente en el órgano ejecutivo de hecho de la región, cuyo poder reposaba, no en el desvencijado aparato del estado, sino en las milicias revolucionarias y en las patrullas de policía y en los innumerables comités que surgieron en la región durante los primeros días de la revolución" (345).

            Como muy bien indica Walther Bernecker, el cruce que se dio entre el proyecto de Companys, traducido en el conjunto de decretos que fueron publicados en el Butlletí Oficial de la Generalitat del 23 de Julio, y la realidad muy distinta, que impusieron los dirigentes anarcosindicalistas, ha dado lugar a una confusión bastante generalizada entre diversos historiadores, (Bernecker cita a Broué, Temine y Lorenzo entre otros), la de que el Comité Central de Milicias fue sancionado por decreto, por el gobierno de la Generalitat (346). Sin embargo, el parecido entre el Comité Central de Companys, y el que se convirtió en el poder indiscutible en Catalunya, durante los tres primeros meses de la guerra civil, es inexistente.

            La complejidad de la tarea, que debía llevar a cabo el Comité Central de Milicias, hizo que, por razones de eficacia, éste se dividiera en departamentos que jugarían el papel de auténticos ministerios. El nuevo Comité Central pasó a repartir los cargos y las responsabilidades en el seno del mismo. Los anarcosindicalistas, verdaderos dueños de la situación, guardaron para si los puestos más importantes.

            Juan García Oliver ocupó el puesto de jefe del departamento de Guerra, encargado de las operaciones militares que debería llevar a cabo el nuevo ejército revolucionario que se estaba formando en aquellos momentos. El departamento estaba formado  por siete miembros (tres militares, el conseller de Guerra de la Generalitat, y representantes de UGT, ERC y del POUM).

            Diego Abad de Santillán quedó como responsable, dentro de este departamento, de la formación y reclutamiento de las milicias.

            El rabassaire Josep Torrents dirigiría el departamento de abastecimientos. Durruti, fue nombrado jefe de Transportes, sin embargo su cargo fue efímero, pocos días después partía de Barcelona, rumbo a Zaragoza, al mando de la primera columna de milicianos de la CNT. El departamento de Transportes quedó en manos de Durán Rosell (UGT) y Alcón (CNT). Aurelio Fernández fue nombrado responsable del departamento de Seguridad Interior, que  organizaría, entre  sus diversas actividades, a las patrullas de control, encargadas de velar por el nuevo orden revolucionario.

            La comisión de las industrias de guerra, estaría a cargo de Josep Tarradellas. Mientras que Jaume Miravitlles sería nombrado responsable del departamento de propaganda, además de ejercer la secretaría administrativa del Comité, que tenía un carácter simbólico.

            La mayor parte de los nombres de los componentes del Comité  Central de Milicias no eran relevantes, y muchos de ellos serían relevados, durante los meses de existencia del Comité, por otros miembros de sus propias organizaciones. Buenaventura Durruti fue sustituido por Marcos-Alcón, Josep Rovira del POUM primero lo fue por Enric Gironella, y éste, posteriormente, por Julián Gorkin, Tarradellas, Durán Rosell, Rafael Vidiella y Enric Pérez Farràs, sustituyeron, durante los meses siguientes, a miembros de sus respectivas organizaciones. Mientras que Lluís Prunés, Felip Diaz Sandino y los hermanos Guarner, cumplieron diversas funciones  de coordinación con el gobierno de la Generalitat, y también como asesores militares del Comité.

            El Comité Central de Milicias estableció su sede en el Club Náutico de Barcelona, desde donde empezó a impartir órdenes  encaminadas a mantener y consolidar el precario orden revolucionario que acababa de aparecer. Entre sus actividades principales, estaba el mantenimiento del orden interno (con el departamento de seguridad interior y las patrullas de control) y externo (con el departamento de guerra y la formación de un improvisado ejército de milicianos, que se dirigieron rápidamente a la conquista de Zaragoza, desde donde los sublevados parecían amenazar a la Catalunya revolucionaria), la organización de la economía (contando con el poderoso movimiento de incautación que se estaba llevando a cabo en aquellos momentos, y con la necesidad de "reconvertir" una parte de la industria para adecuarla a las necesidades de la guerra), y la acción legislativa y judicial.

            El funcionamiento interno del Comité Central de Milicias fue, desde los primeros momentos, completamente improvisado y empírico. Ninguna de las organizaciones que formaban parte de él, tenía una línea política elaborada para poder enfrentarse a la infinidad de problemas que suponía la administración de un nuevo orden revolucionario que todavía no había podido consolidarse.

"La situación era tan caótica...que las reuniones del comité de milicias se celebraban generalmente a media noche, ya que sus miembros debían consagrarse, durante el día, a mil tareas diferentes. Los miembros se veían obligados a reconstruir una administración en plena descomposición, a garantizar el abastecimiento de Barcelona y el funcionamiento de los servicios sanitarios, a entrevistarse con los técnicos y a persuadirles para que hiciesen causa común con los obreros, a reclutar voluntarios para el frente, a mantener la moral de la población, a impedir las venganzas, los saqueos y las exacciones que tienen siempre lugar durante los grandes períodos de efervescencia" (347).

            La estructura del nuevo organismo, desde el que se regulaba toda la vida cotidiana en Catalunya, estuvo provista de otros muchos servicios que no vamos a detallar ahora, de forma exhaustiva (educación, estadística, municiones, censura, radio, prensa, cartografía...).

            La gran complejidad de las múltiples tareas que debía llevar a cabo el nuevo organismo obligó al Comité  Central de Milicias, a dotarse de una complicada red de comités y de subcomités, que pudiera asegurar el cumplimiento de las funciones vitales que debían permitir el mantenimiento del orden revolucionario.

            A pesar de la compartimentación del Comité Central de Milicias en departamentos,  responsables éstos,  de llevar a cabo   una de las tareas que se consideraban vitales para la nueva sociedad revolucionaria, no debe considerarse el funcionamiento de   éstos, como algo estanco. A menudo el cumplimiento de una de las tareas exigía la coordinación y el trabajo de diversos comités. El suministro de alimentos y de productos de primera necesidad para las milicias, implicaba la participación en la operación del comité de abastecimientos, y a menudo, también la de las patrullas de control para las requisas.

            Era necesario sustituir a una vieja administración que se había desmoronado con una rapidez vertiginosa, formar un improvisado ejército y una policía revolucionaria que debía asegurar que este nuevo orden no fuera saboteado ni agredido por sus enemigos, era imprescindible asegurar el mantenimiento de los intercambios entre el campo y la ciudad y los abastecimientos de materias primas para la producción, había que dotar a la revolución de una industria de guerra que Catalunya no poseía.

            Toda esta gigantesca tarea tenía que llevarse a cabo, en las difíciles condiciones de una guerra que acababa de estallar, y en pleno caos revolucionario, mientras que el tiempo con el que contaban era aterradoramente escaso.

"Los representantes de la CNT-FAI en el Comité de Milicias tenían que improvisar continuamente soluciones a problemas inesperados, soluciones nuevas a problemas también nuevos. Las soluciones  no podían ser demoradas  indefinidamente, ni siquiera aplazadas para ser planteadas en la reunión diaria del Comité de Milicias, por no poder correr el riesgo de las objeciones de un largo debate ni de los aplazamientos inevitables, si los miembros del Comité de Milicias hubiesen reclamado la no adopción de acuerdos inmediatos para consultar a las organizaciones sindicales y partidos que representaban, y que éstos, a su vez, no adoptasen resoluciones hasta la celebración de asambleas generales, plenos regionales de sus colectividades. En tales condiciones, el Comité de Milicias hubiera resultado inoperante, y los problemas lo hubieran desbordado, orillándolo inevitablemente al fracaso" (348).

            Las condiciones en las que se encontró inmerso el nuevo organismo de poder, iban en detrimento de los debates y de la coordinación interna. El Comité Central de Milicias no era, ni podía ser nunca, un organismo parlamentario. Muy significativos nos parecen los lamentos de Miravitlles, dirigente de ERC, nombrado secretario del Comité:

"El título significaba muy poco. Mi papel era el de coordinador. Por desgracia, era poco lo que podía coordinar...".

"Cada secretario hacía más o menos lo que le daba la gana... Fueron muy pocos los acuerdos que se tomaron en el comité, al que sencillamente se le presentaban los hechos consumados...".

"Los libertarios controlaban los <<secretariados>> más importantes, pero en realidad el poder seguía estando en la calle. El comité funcionaba espontáneamente, enfrentándose con los problemas a medida que iban surgiendo. Me gustaría poder decir que representaba una nueva forma de organización a través de la cual las masas podían expresarse: pero no era así. No era más que un expediente para llenar un hueco. Lamentablemente, no estuvo a la altura de las exigencias que la historia le hacía..." (349).

            El Comité Central de Milicias Antifascistas había surgido en condiciones  infinitamente   más  dramáticas  que   el  Soviet  de Petrogrado en 1917, o que los consejos alemanes. Ninguna de las organizaciones obreras que lo componían estaba mínimamente preparada para los acontecimientos que se estaban desarrollando a una velocidad vertiginosa. Todas las organizaciones carecían de un programa estudiado y madurado, que les permitiera orientarse en aquellas condiciones. El Comité Central de Milicias había surgido en unos momentos de guerra y de revolución, y difícilmente podía comportarse según los deseos de Jaume Miravitlles. La queja del dirigente político de ERC no era más que un lamento por sentirse apartado del poder real.

            Las condiciones en las que había nacido y se desarrollaba el Comité Central de Milicias, eran un grave factor que se sumaba a la negativa manifiesta de la CNT y del resto de las organizaciones que lo integraban,  a que éste se transformase en un auténtico poder democrático de la revolución, sustituyendo su representación burocrática (estaba formado por representantes de las direcciones de cada una de las organizaciones) por delegados revocables, escogidos  por los comités locales que poblaban toda Catalunya.

"El Comité Central de Milicias no alcanzaba ese grado mutilado de democracia, por elección en el seno de cada organización. Sus componentes habían sido seleccionados por las direcciones de  las  organizaciones   respectivas.  esto,  que  al principio era forzado y no tenía gravedad ninguna, facilitó después la conversión del Comité Central de Milicias en organismo del Estado burgués. Todos los comités-gobierno de Catalunya  aceptaron sin vacilaciones, la duda era imposible, la autoridad de aquel, considerándolo justamente el poder supremo de la revolución y convergiendo espontáneamente hacia él. No se le puede reprochar al Comité Central de Milicias el no haber sido desde el primer instante una representación democrática... pero el gobierno revolucionario tiene que saber estructurar, lo más rápidamente posible, un sistema representativo adecuado al carácter histórico de la revolución" (350).

            El triunfo sobre los sublevados se había convertido en el triunfo de la CNT. La mayor parte de los trabajadores que habían vencido a la reacción, y que patrullaban armados por las calles, que procedían a incautarse de los centros de trabajo, que formaban sus comités, que empezaban a dirigir y a organizar la vida cotidiana, estaban afiliados a la central sindical libertaria. Companys había propuesto la formación de un Comité Central y de unas milicias que debían convertirse en simples apéndices del gobierno de la Generalitat. Sin embargo, el estallido y la profundidad de la revolución había convertido sus sueños restauracionistas, en ceniza.

            La Generalitat estaba a merced de la voluntad de los anarcosindicalistas, y su existencia dependía de la dirección política que estos tomasen, en el transcurso de los meses siguientes. Companys, y los partidarios del Front d'Esquerres,  no estaban dispuestos a perder el respiro, que la revolución les había dado.

"El Comité de Milicias fue reconocido como el único poder efectivo en Catalunya. El gobierno de la Generalitat seguía existiendo y mereciendo nuestro respeto, pero el pueblo no obedecía más que al poder que se había constituido en virtud de la victoria y de la revolución, porque la victoria del pueblo era la revolución económica y social" (351).

"... el Comité de Milicias lo era todo, lo atendía todo, la transformación de las industrias de paz en industria de guerra, la propaganda, las relaciones con el gobierno de Madrid, la ayuda a todos los centros de lucha, las relaciones con Marruecos, el cultivo de las tierras disponibles, la sanidad, la vigilancia de las costas y fronteras, mil asuntos de lo más dispares. Pagábamos  a los milicianos, a sus familiares, a las viudas de los combatientes, en una palabra, atendíamos unas cuantas decenas de individuos a las tareas que a un gobierno le exigían una costosísima burocracia . El Comité de Milicias era un Ministerio de guerra, un Ministerio del Interior y un Ministerio de Relaciones Exteriores al mismo tiempo, inspirando organismos similares en el aspecto económico y en el aspecto cultural. No había expresión mas legítima del poder del pueblo" (352).

            Si el gobierno de la Generalitat de Catalunya se había convertido en   una sombra de lo que había sido, apenas unas semanas antes, el reflejo de la correlación de fuerzas existente,  en plena situación de dualidad de poderes solo podía darse en el seno del nuevo organismo que concentraba el nuevo poder de la revolución: El Comité Central de Milicias Antifascistas de Catalunya.

4.2 LA ESTRUCTURACIÓN DEL COMITÉ CENTRAL DE MILICIAS ANTIFASCISTAS DE CATALUNYA.

            El cargo de secretario político del Comité Central de Milicias fue, de hecho, un cargo puramente simbólico. Jaume Miravitlles, como representante del espectral gobierno de la Generalitat de Catalunya, tuvo que ejercer dicho cargo, que no tenía absolutamente ningún poder. El hecho de que un alto cargo del gobierno autónomo hubiese sido nombrado para este puesto pretendía darle, a los ojos de la dirección anarcosindicalista, una imagen de "legalidad". La anécdota era, sin embargo, todo un símbolo. En el seno del Comité Central la autoridad real estaba en manos del grupo de delegados cenetistas, y entre ellos destacaba la figura carismática de Juan García Oliver, mientras que el poder "legal", completamente ficticio, quedaba en manos de Miravitlles. La simbología reflejaba, sin embargo, la dualidad de poderes existente en aquellos momentos en la Catalunya revolucionaria, donde el destartalado gobierno de ERC se mantenía gracias al compromiso al que habían llegado, con el anarcosindicalismo.

4.2.1 DEPARTAMENTO DE GUERRA

            El departamento de guerra, verdadero motor del Comité Central de Milicias, estaba compuesto por un secretariado de ocho miembros, bajo la dirección de Juan García Oliver (3 militares, el Conseller de Guerra de la Generalitat y los representantes de la UGT, de ERC y del POUM). En su seno se crearon diversas subcomisiones que se encargaron de llevar a cabo, una serie de tareas determinadas, fundamentales para la formación de un verdadero cuadro de defensa (formación de milicias, escuela de mandos, industrias de guerra, abastecimiento y sanidad, planificación de los frentes...).

            Diego Abad de Santillán fue el encargado de la formación de las columnas que se dirigieron rápidamente a la  conquista de Zaragoza y de la zona de Aragón que había quedado en manos de los sublevados. En la comisión que se encargó de la organización y estructuración de las milicias, figuraron, además de Abad de Santillán, Sato, Edo y Ricardo Sanz.

            Los cuarteles, en posesión de los anarcosindicalistas, fueron entregados, posteriormente, cuando el Comité Central de Milicias aceptó el principio representativo en su seno, a los diferentes partidos y sindicatos. La organización de las milicias debía quedar en manos del comité dirigido por Abad de Santillán, sin embargo, la aparición de las milicias partidarias, limitó las actividades de esta comisión a la distribución de suministros de armamento y víveres, a las milicias.

            En los primeros momentos, el cuartel de Pedralbes fue habilitado para convertirse en el centro neurálgico de las milicias revolucionarias que deberían estar dirigidas por el Comité Central. Sin embargo, finalmente, solo sirvió para la organización de las milicias anarcosindicalistas. El resto de las organizaciones se dedicó a formar sus propias columnas de milicianos, que solo estarían controladas por ellas mismas. Para estas funciones se distribuyeron los cuarteles y puestos militares de Barcelona, entre los diferentes partidos y sindicatos. Montjuich fue ocupado por miembros de ERC; el cuartel de Lepanto estaba controlado por el POUM; el cuartel del Parque  de la Ciudadela, fue ocupado por la UGT, y posteriormente por el PSUC, los anarcosindicalistas se reservaron los de Pedralbes, Sant Andreu, el de Caballería de Santiago y el de Ingenieros. El Parque de Artillería y el Cuerpo de Intendencia fueron instalaciones que fueron utilizadas en común, por todas las organizaciones. Los cuarteles en manos de sus nuevos ocupantes fueron bautizados con nombres tan significativos como "Bakunin", "Lenin", "Marx"...

            Las milicias, nacieron por iniciativa de los partidos y de los sindicatos obreros, para enfrentarse al ejército sublevado, en aquellos lugares donde éste había triunfado. En Catalunya, las principales inquietudes estuvieron originadas por la indecisión de las tropas que estaban acantonadas en Valencia y por el triunfo de los facciosos en Zaragoza, tradicional feudo de la CNT. En Barcelona, el 24 de Julio, partía una primera columna armada, con 3.000 milicianos, que estaba dirigida por Durruti y asesorada por el comandante Pérez Farrás. En los días siguientes partieron diversas columnas, correspondientes a la CNT-FAI y al resto de las organizaciones antifascistas de Catalunya. Las milicias, organizadas a instancias del Comité Central, no estaban, sin embargo, bajo la disciplina de éste, sino de los partidos y sindicatos que las componían.

            A comienzos del mes de Septiembre, el principal frente bélico de Catalunya, Aragón, contaba con unos 22.000 milicianos. De ellos, 2.000 correspondían a las fuerzas voluntarias del PSUC y de la UGT, 3.000 al POUM, 13.000 a las organizaciones anarcosindicalistas y unos 4.000 efectivos pertenecientes a los antiguos cuerpos policiales republicanos.

            Además del Frente de Aragón, el departamento de guerra tuvo que hacerse cargo de la vigilancia de las costas catalanas, para prevenir una posible invasión de los sublevados, que estaban establecidos en el portaaviones natural que constituían las islas Baleares (salvo Ibiza que había permanecido fiel al gobierno de la república). La defensa y vigilancia de las costas se estructuró creando dos comisariados, uno en Gerona, que estuvo dirigido por Francisco Isgleas (CNT) y otro en Tarragona, al mando de Francisco Oliva (POUM).

            Otro de las importantes tareas con las que tuvo que enfrentarse el departamento de guerra, fue la formación de nuevos mandos revolucionarios que pudieran dirigir, con la mayor eficacia posible, el nuevo e improvisado ejército revolucionario.

            Los dirigentes de las columnas de milicianos que habían partido en Julio, rumbo a Zaragoza, carecían de formación militar en el campo de batalla, y su máxima experiencia no había pasado de los combates callejeros con la policía, en los años anteriores al inicio de la guerra y de la revolución: Durruti, Jover, Ortiza, Rovira, Arquer, Trueba..., La inexperiencia de estos mandos, tuvo que ser compensada, en las columnas, por la de algunos militares profesionales, de probada lealtad republicana, aunque con escasas simpatías hacia el movimiento revolucionario al que tenían que asesorar (los comandantes Pérez Farràs y Pérez Salas, Escobar...). La organización y coordinación del frente de Aragón, durante el primer mes de la contienda fue un verdadero caos. La dirección militar estuvo a cargo de un Comité de guerra, compuesto por doce hombres, representantes de las diversas columnas. Sin embargo, su autoridad era "muy ilusoria".

            La Escuela de mandos de las Milicias: "La Escuela Popular  de guerra" fue creada el 19 de Agosto, apenas un mes después de iniciada la guerra, cuando todo el mundo ya, adivinaba que la contienda iba a ser larga y sangrienta. La idea de la creación de una escuela de mandos revolucionarios nació a raíz de una conversación entre Guarner, Escobar y García Oliver, sobre los problemas más graves con los que se habían encontrado las milicias en su marcha hacia la ciudad de Zaragoza.

"El ejército del pueblo que ha surgido de las milicias se ha de organizar a base de una concepción nueva. Vamos a organizar una escuela militar revolucionaria en la cual formaremos los  cuadros técnicos, que no estarán calcados de la antigua oficialidad, sino que, como simples técnicos, seguirán, a más a más, las indicaciones de los oficiales instructores que han demostrado su fidelidad al pueblo y al proletariado. Esta es la garantía más absoluta que el fascismo no nos arrollará, porque este fascismo tiene una táctica militar superior a nuestra buena voluntad, la cual extendida sólo sirve para malgastar esfuerzos de toda clase y vidas" (353).

            La dirección y organización de la escuela de mandos quedó bajo el mando directo de Juan García Oliver. En el cuartel "Bakunin" (Pedralbes) donde se habilitó la escuela de mandos, recibieron una rápida instrucción militar, cerca de 2.000 voluntarios.

            Los candidatos tenían que cumplir el requisito de contar con un pasado y una moral revolucionarias intachables, además de contar con el aval de una de las organizaciones que componían el Comité Central de Milicias. La disciplina en el seno del centro de formación era rígida, tanto para los instructores como para los alumnos. Sin embargo el funcionamiento estaba exento de castigos, salvo la expulsión del centro y la comunicación de la falta a la organización política que había avalado su entrada.

4.2.2 EL DEPARTAMENTO DE INTERIOR.

            La formación de una nueva policía revolucionaria tuvo que ser llevada a cabo por los cuadros cenetistas a regañadientes. La revolución necesitaba defenderse de sus enemigos, pero este hecho chocaba con los tradicionales prejuicios del anarcosindicalismo, que proclamaba su condena absoluta del poder y del autoritarismo. Algunos historiadores consideran que la iniciativa de la creación de las patrullas de control, provino de Jaume Miravitlles (354), sin embargo la afirmación parece más que dudosa. Si los libertarios aceptaron, de mala gana, la tarea de crear una policía revolucionaria, forzados por la situación, es mucho más dudoso que Miravitlles, uno de los dirigentes de ERC y de la Generalitat propusiera el proyecto, cuando sus verdaderos planes eran los de reconstruir, cuanto antes, los antiguos cuerpos policiales que estaban al servicio de la Generalitat (355).

"Los jueces, aunque fuesen de la FAI, los policías, aunque perteneciesen a la CNT, nos eran poco gratos; eran funciones esas que nos causaban un poco de repugnancia. Por eso no vimos con simpatía tampoco la formación del cuerpo denominado Patrullas de control. Deseábamos liquidar todos los institutos coactivos de retaguardia y enviarlos al frente..." (356).

            El anarcosindicalismo copó los puestos claves del departamento de Seguridad Interior. Aurelio Fernández fue el responsable de las actividades del comité, mientras que José Asens, quedaba encargado de las "patrullas de control", que quedaron constituidas el 10 de Agosto. Los responsables del Orden Público de la Generalitat, Escofet  y Guarner, dimitían tres días después de este hecho, por considerar que habían quedado marginados de la función que les había encomendado la Generalitat.

            Una de las primeras tareas que tuvo que llevar a cabo el Comité de Seguridad Interior fue la de velar por el nuevo orden revolucionario y hacer frente a la oleada de asesinatos y de saqueos que estaba llevando a cabo el lumpenproletariado y algunos exaltados, que aprovechaban el caos abierto con la nueva situación, para llevar a cabo sus venganzas personales. El mismo 20 de Julio, las organizaciones pertenecientes al Comité Central situaron destacamentos de guardias revolucionarios frente a los bancos, cajas de ahorros y otros lugares estratégicos para evitar que pudieran ser asaltados.

            La nueva policía revolucionaria se organizó a partir de los militantes de las organizaciones obreras, su principal función consistió en velar por el mantenimiento del orden revolucionario, frente a los adversarios de la revolución. Es Andrade, uno de los máximos dirigentes del POUM, quien nos da una definición exacta de lo que era y representaba la nueva policía revolucionaria:

"... ¿Y que son las patrullas de control? pues, sencillamente, una policía obrera, revolucionaria, una garantía para todos los trabajadores, de que la contrarrevolución no levantará cabeza en la retaguardia, y de que la revolución caminará hacia adelante. Las patrullas de control, los grupos de investigación en Barcelona, son carne de la carne de la clase trabajadora; están integrados por militantes que, durante años, han soportado todas las arbitrariedades de la represión capitalista y que, ahora se encuentran al servicio integral de los intereses revolucionarios del proletariado en el actual movimiento" (357).

            Las patrullas de control estuvieron compuestas, desde el principio, por destacamentos de todas las organizaciones antifascistas que formaban parte del Comité Central. El nuevo  cuerpo policial revolucionario estuvo integrado por 700 hombres, en la ciudad de Barcelona, 325 de la CNT, 145 de la UGT, 45 del POUM y 185 de ERC. El número de miembros  aumentó  hasta alcanzar una fuerza de 1.100 hombres. El Comité Central de las patrullas estaba formado por 11 delegados de sección (4 de ellos pertenecientes a la CNT y a la FAI, 3 a la UGT y 4 a ERC). Los delegados de sección se correspondían a su vez a las 11 circunscripciones en las que había quedado dividida Barcelona para la actividad de la policía revolucionaria. Aunque el área de actividad se extendía exclusivamente al área metropolitana de Barcelona, cada ciudad y cada pueblo formaron sus propias patrullas obreras.

            El Departamento de Seguridad dividió sus tareas en compartimientos especializados en tareas determinadas. Para las tareas de tipo político se creó un comité de investigación, que estuvo presidido directamente por Aurelio Fernández, y que se encargó de la persecución de los colaboradores y simpatizantes de la sublevación. El comité recibía denuncias, realizaba  interrogatorios, llevaba a cabo sus propias pesquisas y detenciones cuando lo consideraba conveniente. Las patrullas de control actuaban en estrecha vinculación a este comité, mientras que extendían también, sus actividades al ámbito de la delincuencia común.

            El Comité de Seguridad Interior, convertido en un verdadero ministerio del interior, se encargó también de la vigilancia de las fronteras marítimas y terrestres, controlando la entrada y salida de mercancías, de bienes y de personas.

"A finales de Agosto, hay en la prensa catalana una fuerte campaña sobre los problemas del Orden Público. El diario `La Rambla', por ejemplo, embiste contra <<los secuestros, los registros domiciliarios y los asesinatos>>. Y el `Diario de Barcelona', el mismo día 25 afirmaba: <<La Generalitat de Catalunya tiene en sus manos la solución de los problemas internos del orden revolucionario... Las fuerzas de seguridad, policía y asalto podrían formar, han de formar, la legión gloriosa del honor revolucionario...>>"  (358).

            Las organizaciones pertenecientes al Frente Popular, se convirtieron pronto en críticos acérrimos de la nueva policía revolucionaria, a la que acusaron de cometer numerosos excesos en la represión. Las acusaciones contra las patrullas de control, sin pretender afirmar que no hubo casos en los que hubo un exceso en su labor represiva, eran del todo interesadas. Mientras se acusaba a la policía revolucionaria, de contar en sus filas con asesinos e incontrolados, algunos partidos políticos y sindicatos contaban con su propia policía paralela y sus propias "comisarías" (chekas), y respondían de sus actividades solo ante los comités directivos de sus organizaciones. La represión sistemática contra sus adversarios en el campo republicano,  que llevaban a cabo estos grupos parapoliciales, especialmente los ligados al PSUC, era públicamente conocida.

            Las patrullas de control fueron ocupando, cada vez más, el espacio de la seguridad interior, en detrimento de las policías privadas. Sin embargo, éstas siguieron existiendo, de forma más o menos clandestina, e incluso, algunas de ellas, adquirieron gran importancia en períodos posteriores de la guerra civil. Los ataques contra las patrullas de control formaban  parte de una vasta campaña política, que pretendía ir debilitando su imagen ante la población, para proceder a su supresión y a la restauración de los viejos cuerpos policiales republicanos que habían quedado casi desmantelados durante las jornadas de Julio.

            A principios del mes de Febrero de 1937, los efectivos  pertenecientes al PSUC y a la UGT abandonaron inesperadamente las patrullas de control. Era necesario debilitarlas, como paso previo a su disolución. El fracaso del doble poder y la integración de la CNT y del POUM en un nuevo gobierno de la Generalitat, seguida por la inmediata disolución del Comité Central de Milicias marcó el destino de una policía revolucionaria que perdía rápidamente su razón de ser, en medio de una revolución que retrocedía.

4.2.3 EL DEPARTAMENTO DE ABASTOS.

            La situación de Catalunya era precaria. La principal zona industrial de la República carecía de las materias primas más elementales para el funcionamiento de sus fábricas. Si este déficit no era solucionado, la ventaja industrial con la que contaba la revolución, quedaría rápidamente neutralizada por la paralización de la producción y de los centros de trabajo.

"Nos encontramos desde el primer día, ante la penuria alarmante de materias primas y en una región que escaseaba en minerales, fibras textiles, carbones. Carecíamos de carbón para la industria y el transporte. El consumo normal de Catalunya era de cinco a seis mil toneladas diarias, y las únicas minas que se explotaban de carbones pobres, apenas nos daban, intensificando el trabajo, trescientas toneladas. en pocos meses hemos hecho llegar esta cifra a un millar; pero, con todo, la escasez de carbón era una tragedia constante, en particular de los carbones para la metalurgia. Asturias podía haber cooperado grandemente, pero uno de sus dirigentes, Amador Fernández, ha respondido a nuestras propuestas que prefería que el carbón de Asturias quedase en la bocamina o en el musel, a que fuese a parar a manos de los catalanes; y en cambio carecía en Asturias de tejidos que a nosotros nos sobraban y de otros elementos de que nos ofrecíamos a proveerla" (359).

            La precariedad de la que hablamos, no estaba limitada al suministro de materias primas para el funcionamiento de la industria. Catalunya era especialmente deficitaria también en productos alimenticios, que habían quedado, en su mayor parte en las zonas que controlaban los sublevados: Dos terceras partes del trigo peninsular, la mitad del maíz, el 90% del azúcar, gran parte de la producción de patatas y también la mayor parte de las regiones ganaderas, habían quedado en territorio enemigo. A estas graves dificultades, había que añadir los crecientes obstáculos que iba a producir la guerra, en la importación de estos productos desde el extranjero.

            Las organizaciones obreras, y con especial peso la CNT, organizaron los comités de abastecimientos de víveres, sustituyendo al comercio privado. Paralizados los circuitos tradicionales, la tarea de abastecer  a una ciudad que contaba con más un millón de habitantes se convertía en un problema especialmente grave, que no permitía la más mínima demora. Había que reemplazar los viejos circuitos, ligados en su mayoría, a la iniciativa privada, a nuevos mecanismos revolucionarios que suplieran estas funciones.

            Los primeros organismos que se encargaron de la función de distribuir los alimentos entre la población fueron llamados comités locales de abastecimientos y estuvieron controlados casi totalmente por los sindicatos de la CNT (especialmente por el Sindicato de la Alimentación). Estos organismos nacieron en los barrios de Barcelona y en numerosas poblaciones de Catalunya, ligados a los comités revolucionarios. Para conseguir los productos alimenticios necesarios, a partir del día 22 de Julio, se incautaron las existencias en los almacenes, comercios y en los mercados centrales de frutas, verduras, pescado y carnes para proceder a concentrarlos en grandes depósitos, desde donde procedieron a su distribución.

            Equipos móviles, dependientes de estos comités iniciaron las requisas en las huertas y en las localidades cercanas a la capital, además de realizar todo tipo de permutas y de intercambios con los comités de los pueblos, por medio de vales o recibos que los comerciantes tenían que presentar en la Generalitat, después de que ésta se responsabilizase de los cobros. Fue en estos ámbitos y especialmente en las barriadas obreras de la capital catalana donde se organizaron los   primeros comedores populares, que se encargaron de distribuir alimentos entre los combatientes y entre los sectores de la población más pobre. Los improvisados comedores se establecieron en los hoteles,  en los locales  sindicales,  e incluso en   empresas que acababan de ser incautadas por los trabajadores.

            El Comité de Abastecimientos, creado el 24 de Julio, fue  dirigido por el rabassaire Torrents. Con este nombramiento, el Comité Central pretendía que fuera un dirigente de las organizaciones campesinas de Catalunya, el que dirigiese una de las funciones del Comité Central, en la que eran imprescindibles las buenas relaciones entre la clase obrera, dueña de las ciudades, y el pequeño y mediano propietario del campo.

            El nuevo organismo, adjunto al Comité Central de Milicias,  se responsabilizó de centralizar y organizar las actividades dispersas, que habían llevado a cabo en los primeros momentos, los comités locales y los sindicatos, que estuvieran relacionadas con la producción, distribución y consumo de alimentos. Fue el primer organismo que procedió a realizar una política económica de precios.

"El Comité central de Abastos (cuyo origen era el departamento correspondiente del Comité de Milicias) fue encargado de regularizar y planificar cuanto concernía a la producción alimenticia y al consumo (tasas, precios, control de los grandes almacenes, de los depósitos, de los comercios al por mayor y al detalle, de las cooperativas, de las panaderías, de las fábricas de comestibles, recolección de trigo en Aragón y en Lérida, distribución de las mercancías, de los víveres, de los vestidos, compras al extranjero) y de aprovisionar a las milicias todavía desprovistas de intendencia, a las Patrullas de Control y a la población (restaurantes, centros populares, hospitales, etc.)"
(360).

            El comité de abastecimientos fue dirigido por el anarcosindicalismo y estuvo integrado por un consejero delegado  del   Ayuntamiento  y por  representantes   de  todas las organizaciones (3 de la CNT, 2 de la FAI, 1 del POUM, 3 de ERC y 1 técnico). Una de las principales misiones, de las que se encargó el nuevo comité, fue la de proporcionar alimentos y suministros que aseguraran el mantenimiento de  las milicias que avanzaban hacia Zaragoza, en el frente de Aragón.

            Mediante la labor que llevó a cabo el comité de abastecimiento, durante el mes de Agosto, fueron alimentadas en Barcelona, 120.000 personas diariamente. La cifra se fue reduciendo hasta los 30.000 durante el mes de Septiembre, a medida que la situación se iba normalizando.

            Era necesario detener la ola de confiscaciones que se  llevaron a cabo contra los pequeños comerciantes, en los primeros momentos, sino se quería debilitar a la misma revolución.   Para este fin se prohibieron las requisas individuales que eran   llevadas a cabo por pequeños grupos de "incontrolados", y se establecieron una serie de grandes almacenes centrales que se destinaron a suministrar alimentos y productos de primera necesidad a los milicianos, a las patrullas de control, a los hospitales y a la población más pobre.

            Otra de las tareas que llevó a cabo el comité de abastos fue la persecución del mercado negro y del acaparamiento de productos que llevaban a cabo, algunos comerciantes poco escrupulosos.  Para ello se procedió a controlar las existencias  existentes  en los grandes almacenes de los mayoristas de cada ramo. El comercio al por mayor pasó a estar dirigido por los sindicatos, mientras que los pequeños comerciantes conseguían sus productos, adquiriéndolos en los sindicatos. De esta forma se controlaba el comercio y distribución de los productos, y se pretendía combatir el acaparamiento y el nacimiento del mercado negro.

"Gracias al apoyo de las Patrullas de control y de la Comisión de Investigación, y a los informes de los comités obreros de gestión y de control, pudo disponer de datos serios y ejercer un control efectivo, castigando con graves penas las infracciones: lo  esencial del abastecimiento de los milicianos y de los habitantes de las ciudades se aseguró sin una notable elevación de los precios" (361).

            El Comité de abastecimientos procedió a aplicar una política  económica proteccionista. Para evitar situaciones  explosivas, se congelaron los precios que existían antes del 18 de Julio, para intentar poner freno a la inflación que, aprovechando las circunstancias, empezaba a dispararse. Para ello fue necesario  fijar los precios de los productos que debían venderse en los pequeños comercios.

"En las primeras semanas del nuevo régimen revolucionario, sin intentar un planteamiento de la situación a largo plazo, que desbordaba cualquier previsión y sobrepasaba las posibilidades de coacción política con las que se podía contar, se dictaron disposiciones para salir del paso, intentando bloquear los precios y tasando algunos de los servicios y productos" (362).

            Un dato especialmente significativo de los  resultados de la política seguida por el Comité de Abastos es el de que, durante los dos meses que tuvo de existencia, los precios aumentaron hasta un 12%, mientras que un año después, el incremento ascendía ya al 250% y en el mes de Septiembre de 1938, alcanzaba ya el 500%.

            El comité abolió el dinero en sus transacciones. Los comestibles que llegaban del campo eran intercambiados por productos manufacturados que habían sido producidos en la ciudad. Se enviaron a todas las localidades, las listas de los productos excedentes que estaban depositados en los almacenes de Barcelona, listos para ser cambiados por productos de primera necesidad.

            Las operaciones comerciales que llevó a cabo el comité de abastecimiento no sólo fueron en el ámbito de Catalunya, sino que frecuentemente se realizaron con Aragón, e incluso con Andalucía. La fundación del Comité de abastos, y la estructuración de su labor lo llevó a chocar con los comités revolucionarios de barriada, que habían sido los primeros organismos que habían procedido a asegurar el control y la distribución de víveres entre la población. Los comités cedieron al nuevo departamento del Comité Central el control de los almacenes que se encontraban en su poder.

4.2.4 LA COMISION DE INDUSTRIAS DE GUERRA

            En el período anterior a la contienda, Catalunya no contaba con ninguna industria bélica en su territorio. Razones políticas  e históricas habían alejado de la zona más industrial del país, cualquier tipo de industria de armamento. Era necesario llevar a cabo esta tarea en un tiempo peligrosamente escaso, sino se quería caer en el colapso total de su defensa.

            El 7 de Agosto, se constituyó, por iniciativa del departamento de guerra, la Comisión de Industrias de guerra de Catalunya. A pesar de todo, apenas acabados los últimos combates en las calles de Barcelona, la iniciativa espontánea de los obreros revolucionarios había procedido a dotar a las columnas milicianas que se estaban formando para dirigirse hacia Zaragoza, de los primeros camiones blindados. El 21 de Julio, el sindicato de la Metalurgia de la CNT, de acuerdo con Juan García Oliver, había elegido a Vallejo para organizar una industria de producción de armamento.

            La Comisión recién formada, bajo la presidencia de Josep Tarradellas, se encargó de coordinar estos primeros esfuerzos espontáneos. Sin embargo, a pesar de   la dirección simbólica de la Generalitat, el peso y el control real de ésta, quedaba en manos del Comité Central de milicias. Los obreros industriales Eugenio Vallejo (metalúrgico) y Manuel Martí (Químico) fueron los verdaderos encargados de impulsar la nueva industria bélica. A la comisión se unieron algunos técnicos militares procedentes de Oviedo (Jiménez de la Veraza...).

            Era imprescindible planificar con rapidez la reconversión de una parte de la industria catalana para conseguir la producción de material de guerra. Para ello, el nuevo comité técnico fue dotado de amplios poderes para proceder a la incautación de talleres y fábricas, maquinaria y materias primas. El trabajo inicial del Comité se centró en unas pocas empresas metalúrgicas y químicas, que fue aumentando a medida que las necesidades de armamento y munición también se incrementaban ("Hispano Suiza", Cross, Fabricación Nacional de Colorantes y Explosivos, La Maquinista Terrestre y Marítima...). A mediados del mes de Septiembre, el número de empresas incautadas y controladas por el comité era ya de 24, un año después, en Octubre de 1937, el grupo de empresas se extendía a más de 500, con más de 50.000 trabajadores.

"...se han sostenido campañas virulentas contra las industrias de guerra catalanas, en las que trabajaban ciento cincuenta mil hombres, se perseguía el propósito de hacerlas depender todas del poder central, y en cuanto dependía de éste, no hizo más que poner dificultades, negando divisas, materias primas... pero aún así, a comienzos de Diciembre de 1937 se habían producido en las fábricas catalanas más de 60 millones de vainas para cartuchos <<máuser>> y desde el comienzo de septiembre del mismo año, se llevaban producidos 76 millones de  balas... Habiendo comenzado a fabricar en septiembre de 1936 proyectiles de artillería en número de 4.000 por mes, llegó en Abril de 1937 a la cifra de 90.000. Y hasta el 30 de septiembre de este último año se habían fabricado ya 718.000 proyectiles de cañón. Cerca de 600.000 espoletas se habían fabricado en Catalunya, hasta el 30 de septiembre de 1937... Se montó una fábrica de pólvora con capacidad para mil kilos diarios, y gracias a la metalurgia de Catalunya pudo aumentar considerablemente su producción la fábrica de pólvora de Murcia, única con que contaba la República. En Septiembre de 1936 se fabricaban ya trilita, tetralita, dinitronaftalina y ácido pícrico. En el primer año de trabajo se produjeron 752.972 kilos de tetralina, a fines de agosto de 1936, un mes después del triunfo sobre el levantamiento militar, se cargaban en Catalunya bombas de aviación con trilita fabricada en fábricas propias".
...
"Se comenzó en Agosto de 1936 a instalar una fábrica de octanol, obteniendo en la misma también cloruro de metilo y tetraetilo de plomo puro, la primera de España y una de las pocas de Europa".

"Pero no sólo se fabricaba material de guerra, se fabricaban las máquinas necesarias para obtener ese material..." (363).


4.2.5 LOS TRIBUNALES REVOLUCIONARIOS.

            A pesar de la cuidadosa depuración que llevó a cabo el movimiento revolucionario sobre los viejos cuerpos judiciales, las instituciones penitenciarias, el Palacio de Justicia de Barcelona con sus archivos intactos, permaneció después de las jornadas de Julio en poder del gobierno de la Generalitat, custodiado por un retén de la guardia civil.

            Angel Samblancat, acompañado por un destacamento revolucionario sujeto al Comité Central de Milicias, ocupó el edificio, con el pretexto de hacer un registro en busca de armamento que pudiera estar oculto. Posteriormente, Samblancat, abogado cercano a los anarcosindicalistas, junto a dos delegados de la CNT, constituyeron el Comité Superior de Justicia de Catalunya. El nuevo poder judicial, desde sus nuevas estancias,   simplificó y facilitó los trámites, además de instituir en ellos, el principio de la gratuidad. Los revolucionarios también procedieron a la destrucción de los expedientes anteriores al 19 de Julio que se encontraban archivados en el Palacio de Justicia.

El 17 de Agosto, la Generalitat decretaba la creación de una Oficina Jurídica que debería encargarse de llenar el vacío creado con la disolución de los antiguos cuerpos jurídicos de la república. Sin embargo, simultáneamente, la Generalitat limitaba los alcances revolucionarios de ésta.

"...lo que comenzó en comité revolucionario y fue, no el comité superior, sino el organismo único de la justicia, por un decreto de la Generalitat quedó reducido a una simple oficina jurídica, sin facultades definidas y expresas..." (364).

            Angel Samblancat, primer presidente de este tribunal, fue sustituido, el 29 de Agosto, por su compañero, Eduardo Barriobero. Samblancat pasó a dirigir el Tribunal Extraordinario que juzgó y sentenció a muerte, a bordo del buque-prisión "Uruguay", a Goded, Fernández Burriel y al resto de los principales dirigentes de la sublevación en Barcelona. El 12 de  Agosto, los condenados fueron fusilados en los fosos del  castillo de Montjuich.

            La principal tarea de Barriobero y de su oficina jurídica fue la de proporcionar asesoramiento jurídico gratuito a la población. Entre las principales tareas que llevó a cabo, estuvo la persecución de la  especulación y de la usura, la solución de las dificultades y litigios que surgían en los casos de divorcio y de matrimonio,  la investigación sobre las acusaciones menos graves de simpatías con los sublevados. La labor de la oficina jurídica, llevada con una gran dosis de voluntarismo por sus integrantes, llegó a contabilizar más de 6.000 casos resueltos, en los escasos ochenta días de existencia de este organismo.

La Oficina Jurídica fue disuelta por la Generalitat, el 20 de Noviembre. El gobierno autónomo, había ya recuperado gran parte de su poder perdido. Era el momento de restaurar los viejos organismos judiciales que habían sido depurados por la revolución.

            Los nuevos tribunales revolucionarios fueron "legalizados" por la Generalitat, mediante sendos decretos que fueron publicados el 24 de Agosto. El día 26 del mismo mes, se constituyó un Tribunal Popular Especial en Barcelona, que pasó a encargarse de los delitos relacionados con la rebelión militar.

            Los nuevos tribunales se constituyeron por toda Catalunya a finales del mes de Octubre (siete en total, cuatro en Barcelona y uno en cada una de las provincias catalanas restantes) estando   integrados a imagen y semejanza del de Barcelona, por un magistrado y un jurado de doce miembros de probada "moral revolucionaria" de las organizaciones que componían el Comité Central de Milicias.

            Su funcionamiento estuvo alejado de los procedimientos tradicionales, que la revolución rechazaba. El rechazo a los antiguos códigos de justicia, creaba un vacío legislativo que solo podía subsanarse con la conciencia de los que componían el tribunal. Las sentencias, que se emitían después de los juicios,   no podían apelarse. Sin embargo, y según numerosos testimonios, no puede hablarse de que el Tribunal Popular dictase sentencias preestablecidas, ni que éstas fueran especialmente severas.

            Brademas, cita el testimonio del jurista liberal Angel Osorio y Gallardo, poco sospechoso de simpatizar con la  justicia revolucionaria que afirma que, los tribunales populares respetaban generalmente las garantías de los procesados, llegando incluso a  menudo, a extremos "exagerados" (365). Los nuevos tribunales revolucionarios consiguieron, con su obra, terminar con los primitivos y temidos "paseos".

            La ocupación del Palacio de Justicia de Barcelona por Samblancat y por un destacamento de guardias revolucionarios, ligados al Comité Central, no significaba que éste prestara especial atención a la creación de una nueva justicia, sino que,   por el contrario, éste se desentendía por completo. El nuevo orden  judicial quedó en manos de la actitud voluntarista y de la iniciativa de un puñado de abogados ligados, en su mayoría, a la CNT. Los prejuicios históricos del anarcosindicalismo aparecían, una vez más, dificultando las tareas que la revolución exigía.

"Sin embargo el Comité de Milicias no hizo nada para absorber la administración de justicia. Deliberadamente por mi parte, no se deseó ejercer las funciones judiciales en materia civil ni penal. Dejamos que el control de la administración de justicia fuese ejercido por el comité revolucionario, que se constituyó en la audiencia de Barcelona, al que pertenecían eminentes juristas como Eduardo Barriobero, Angel Samblancat, Juan Rosinyol y otros, asistidos por representantes de la CNT y de la UGT" (366).

            La actitud de menosprecio y de abandono del anarcosindicalismo, con respecto  al poder judicial, fue aprovechada con posterioridad por los partidarios de la restauración del orden republicano. Diego Abad de Santillán nos lo indica a su manera:

"Se formaron tribunales populares que entendían en los delitos de rebelión y de conspiración contra la República y contra el nuevo derecho. Una vez reconocida la función, en la primera circunstancia favorable se sustituiría a los jueces populares por los antiguos jueces profesionales, más expertos en el oficio y se pondría al servicio de la contrarrevolución estatal un instrumento revalorizado inconscientemente por nosotros mismos" (367).

            En contraste con la falta de interés que manifestaba el anarcosindicalismo para consolidar un nuevo poder judicial revolucionario, la Generalitat se oponía y obstaculizaba la depuración de los viejos colegios judiciales.

"...los indeseables expulsados por la puerta principal, con una credencial de la Generalitat como bandera, fueron restituyéndose a sus puestos por las puertas accesorias" (369).

            El gobierno de Companys veía con preocupación las purgas  a la que eran sometidos los estamentos del viejo estado, que serían indispensables para la restauración de la República y del poder jurídico, en cuanto las circunstancias lo hicieran posible.

4.2.6 EL CONSEJO DE LA ESCUELA NUEVA UNIFICADA.

            El Consejo de la Escuela Unificada fue constituido el 27 de  Julio para proceder a llevar a cabo una serie de cambios revolucionarios en la enseñanza, que poco antes estaba,  en gran parte, en manos de las órdenes religiosas. El comité de Enseñanza, "ratificado" por el gobierno de la  Generalitat, se constituyó sobre la base de representaciones de las organizaciones sindicales y de la Universidad. El secretario del consejo J.Puig Elías, era miembro de la CNT, con él, formaban parte del mismo, otros tres representantes del sindicato.

            La labor del CENU tuvo importantes éxitos en un corto espacio de tiempo y en unas circunstancias excepcionalmente difíciles. Antes del 19 de Julio, Barcelona contaba solo, con  un total de 34.000 plazas escolares, a principios de 1937, apenas  medio año después, la cifra era ya de 54.758. La población escolar en toda  Catalunya se triplicó durante este período.
            En pocos semanas fueron abiertas, solo en la ciudad de Barcelona, 102 nuevas escuelas laicas. La enseñanza primaria y media fueron reorganizadas, depurando a los elementos más reaccionarios, de la enseñanza.

            El impotente gobierno de la Generalitat procedió a ratificar    la "legalidad" de las incautaciones que se estaban llevando a cabo en las antiguas escuelas religiosas, y cuyos antiguos ocupantes habían procedido a abandonarlos, después de los resultados de las jornadas revolucionarias de Julio.

"El consejero de cultura ha dado las disposiciones necesarias al claustro de maestros laicos de Catalunya para que procedan inmediatamente a organizar escuelas para el pueblo en los edificios donde estaban las escuelas religiosas del paseo de la Sagrada Familia y la que había sido residencia de los jesuitas de la calle Ataulfo" (370).

            La educación sufrió una verdadera revolución interna. La CENU, liquidó la vieja enseñanza religiosa y basó la nueva enseñanza laica en "los principios racionalistas del trabajo y de la fraternidad humana", el "sentimiento de solidaridad universal" y en la voluntad de suprimir los viejos privilegios de clase existentes anteriormente (371).

4.3 LAS RELACIONES DE PODER.

            La revolución de Julio había entregado el poder al anarcosindicalismo. El gobierno de la Generalitat de Catalunya se había derrumbado estrepitosamente, sin poder oponer ninguna resistencia a los revolucionarios victoriosos. En pocas horas, el ejército sublevado había sido aplastado por las fuerzas combinadas de los obreros revolucionarios y las escasas fuerzas que se habían mantenido fieles a la legalidad republicana.

            Sin embargo, los guardias de asalto y la guardia civil, en contacto con la oleada revolucionaria que ocupó rápidamente las calles de Barcelona y de las principales ciudades y pueblos de Catalunya, entró en un proceso de disgregación.

            En pocas horas, el triunfo de Lluís Companys sobre Goded se había revelado vacío de contenido, revelando la madurez de la situación revolucionaria que se extendía por toda Catalunya y por gran parte del estado.

            El auténtico período de dualidad de poderes se abrió con la renuncia de los dirigentes anarcosindicalistas a tomar el poder e instaurar el comunismo libertario. Los restos del gobierno de la Generalitat se mantuvieron en pie, mediante el pacto que se había establecido entre Companys y los representantes de la   CNT y de la FAI. Fruto de este compromiso aparecía el Comité Central de Milicias Antifascistas de Catalunya. El nuevo organismo de colaboración se constituyó rápidamente en el único poder que abarcaba toda Catalunya, y que contaba con autoridad entre la multitud revolucionaria.

            Sin embargo, la orientación política que habían adoptado los cuadros dirigentes de la CNT y de la FAI, tenía muy poco que ver con la de sus propias bases y las del resto de las organizaciones obreras. Los trabajadores en general, sintiéndose armados y triunfadores del conflicto con los sublevados, desconfiando de las ineficaces y moderadas autoridades republicanas, habían procedido a organizar su propio poder. Los Ayuntamientos fueron sustituidos o en todo caso, marginados, por una vasta red de comités revolucionarios locales que se convirtieron en auténticos miniestados, y ejercieron como tales.

            Los antiguos cuerpos policiales habían desaparecido para apoyar, unos a la sublevación militar, y otros al gobierno de la República, los primeros habían sido aplastados, los segundos se habían disuelto, en muchos casos, en la marea revolucionaria, o habían perdido toda su autoridad frente a los trabajadores armados. El ejército también había desaparecido de la escena, solo unos pocos mandos, fieles a la República, se habían mantenido en sus puestos, mientras que las unidades militares que no se habían unido a los rebeldes, habían acabado por disolverse con el triunfo de los revolucionarios y con el decreto de disolución que había dictado el gobierno Giral.

            En Catalunya, la situación de dualidad de poderes adquiría, con estos acontecimientos, una complejidad extrema, característica de la revolución española. Aparentemente la realidad revolucionaria no  se presentaba como un forcejeo entre dos poderes, claramente diferenciados, uno el poder burgués que no se resignaba a morir, y otro el nuevo poder revolucionario que todavía no había tomado completa conciencia de su existencia. La revolución española en Catalunya aparecía bajo un triple poder.

            En un extremo del arco  político se encontraba el poder burgués republicano, el gobierno de la Generalitat de Catalunya, completamente desarbolado  y apoyado por las organizaciones que componían el Front d'Esquerres (El Frente Popular en Catalunya). En el extremo contrario, representaban a la revolución que acababa de estallar, la multitud de comités locales, los comités de fábrica, las patrullas de control, los tribunales populares y las milicias revolucionarias. Y en medio de ambos poderes, se encontraba el nuevo organismo que encarnaba el poder dual, nacido del compromiso entre los que se negaban a tomar el poder y los que lo habían perdido y pugnaban por recuperarlo.

"La verdad es que la Generalitat tenía su autoridad secuestrada por el Comité de las Milicias, pero éste también lo estaba por otros mil comités que actuaban por su propia cuenta, mientras que el gobierno central intentaba, incluso hasta perder puntos esenciales de la guerra, imponer su autoridad sobre la Generalitat y el mismo Comité Central de Milicias" (372).

            El Comité Central de Milicias Antifascistas representaba esta dualidad de poderes. Inevitablemente, la evolución de este organismo iba a reflejar, en los meses siguientes, los derroteros  que iba a seguir la situación revolucionaria en Catalunya, y este  desenlace iba a condicionar, en gran parte, la evolución de la revolución española. El mantenimiento del Comité Central como organismo de compromiso, solo podía ser temporal. El pacto al que habían llegado las diferentes organizaciones que lo componían no podía extenderse a las fuerzas sociales que se estaban enfrentando. Tarde o temprano, la dualidad de poderes tenía que decantarse hacia uno de los dos lados: hacia el triunfo de la revolución de los comités, o hacia la restauración de la vieja República. Tarde o temprano, iba a producirse el choque entre dos fuerzas que representaban intereses completamente contrapuestos.

En medio de esta compleja situación revolucionaria se estableció un tupida red de relaciones entre los diferentes poderes que convivían: el gobierno de la Generalitat, el Comité Central de milicias y la multitud de comités revolucionarios.

4.3.1 LAS RELACIONES ENTRE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Y EL COMITE CENTRAL DE MILICIAS ANTIFASCISTAS DE CATALUNYA.

            Los hechos de Julio significaron el hundimiento del orden republicano, y por consiguiente, también el del gobierno de la Generalitat en Catalunya. La situación revolucionaria que acababa de abrirse colocaba al Comité Central de Milicias en el centro del poder político, gracias al protagonismo que jugaba en su seno  el anarcosindicalismo.

            Desde los primeros momentos, el eje de la política de la Generalitat estuvo en aprovechar el respiro que le había brindado la CNT para recuperar su poder. La autoridad y los medios de los que disponía el gobierno autónomo catalán habían quedado seriamente desbaratados por la revolución, pero seguían existiendo y podían recuperarse.

            Apenas terminados los combates, el gobierno de la Generalitat publicó una serie de medidas, que contaron con el beneplácito de las  asociaciones patronales catalanas, destinadas a recuperar el prestigio y la iniciativa perdida ante el movimiento revolucionario (aumento de los salarios en un 15%, semana laboral  de 40 horas, rebaja de los alquileres, confirmación a favor de los obreros de todas las sentencias de los jurados mixtos recurridas por los patronos ante el consejo de trabajo, pago de los jornales de los días de la huelga general...).

            Sin embargo, la situación había ido ya, demasiado lejos para poder volver atrás mediante unos simples decretos. Era demasiado tarde, los trabajadores eran perfectamente conscientes de cuales eran las intenciones del gobierno autónomo catalán. Los decretos ya habían sido superados por ellos, con sus propios métodos y organizaciones, no necesitaban para nada al gobierno de la República y a la Generalitat. Eran dueños de sus propios destinos.

"La autoridad, sobre todo la que emanaba del Gobierno central quedó en mitad de la calle, y el mismo Gobierno de la Generalitat,... fue también desbordado. Éste, en un intento de encauzar el ímpetu revolucionario de las masas, autorizó al consejero de Trabajo a que, por medio de la radio, diese cuenta de las disposiciones dictadas sobre la rebaja de jornada, aumento de salarios y aprobación de bases de trabajo pendientes. Antes de publicarlas, estas disposiciones fueron puestas en conocimiento de delegados de las llamadas corporaciones económicas, llamados a la Generalitat, tales como el Fomento del Trabajo Nacional, Cámaras de la Industria y de la Propiedad, etc..." .

"Todos los presentes estuvieron de acuerdo en todo y el representante de la Cámara de la Propiedad ofreció además la rebaja de alquileres" (373).

            Estas medidas, tachadas de "demagógicas" por la mayor parte de los  historiadores,   revelan las verdaderas intenciones  políticas  del gobierno de la Generalitat de mantenerse y resistirse a la cresta de la ola revolucionaria, su derecho a existir, disputando, palmo a palmo, a los revolucionarios el terreno que acababa de perder.

            Los primeros intentos del gobierno de la Generalitat para recuperar el control de la situación acabaron en un rotundo fracaso. La situación revolucionaria no lo permitía. Era necesario esperar el momento propicio.

"(El gobierno autónomo) con intentos a veces tímidos pero constantes, iba manifestando su presencia y su voluntad de subsistencia".

"Como no se disolvieron las fuerzas del orden público... ni la misma burocracia estatal, los republicanos liberales burgueses que estaban en el gobierno autónomo tendieron paulatinamente a reforzar aquellos organismos que en el primer momento de la revolución parecieron desplazados y en una franca confusión sobre el poder al que tenían que obedecer. También tendieron a aglutinar las fuerzas militares, creando fuerzas milicianas propias. Los hombres de la Generalitat sabían que cuando aquellos organismos de orden público volviesen a tener cohesión, conjuntamente  con las propias fuerzas milicianas, podrían ellos, recuperar la vitalidad de su poder o la simple viabilidad de este poder, que de hecho solo estaba dormido".

"Por esto y desde su punto de vista es lógico, el gobierno autónomo catalán constantemente hizo sentir su presencia en  todas las disposiciones que dictaba el comité de milicias y, en ocasiones, hasta creando situaciones conflictivas, intentaba pasar por delante..." (374).

            El gran problema con el que tenía que enfrentarse el gobierno de la Generalitat, era evitar que los pasos progresivos para recuperar el poder, no provocaran la respuesta inmediata de los revolucionarios. El primero a seguir, pues, era ligarse por completo al Comité Central de Milicias, "legalizar" mediante decretos las medidas adoptadas por éste, y aprovechar la indecisión y las vacilaciones de los anarquistas para reforzar sus propios medios. También era necesario aumentar su prestigio político, blanquear  la imagen política ante la población, hasta convertirla en respetable y "revolucionaria", frente a la reacción militar y frente a los "extremismos de izquierda".

"El gobierno de la Generalitat actuó durante los dos primeros meses, poco menos que al dictado del Comité de Milicias. En la mayoría de los aspectos... revelan el firme propósito de mantener las riendas de la situación, aún dentro del pragmatismo que supone aceptar, como marco de actuación una economía revolucionaria que iba más lejos de lo que, sin duda, hubieran deseado los partidos de izquierda burguesa todavía predominantes en el gobierno del 6 de Agosto..." (375).

            La prensa cercana a los criterios políticos del gobierno     de la Generalitat, publicaba continuamente decretos por los cuales, "se incautaba" de las principales industrias y servicios de Catalunya. Los periódicos burgueses catalanes pretendían con estas noticias dar una imagen de normalidad y de iniciativa política  de la Generalitat que no se correspondía con los hechos.

            Si nos atenemos a los artículos de los periódicos, la imagen  que daba la prensa catalanista era de que la Telefónica, los servicios de transportes urbanos y las principales empresas metalúrgicas catalanas, todo era "incautado" por la Generalitat, en aras a las necesidades de la guerra que acababa de estallar. La realidad era otra muy distinta, la industria, los servicios, Catalunya entera, se encontraba en manos de los trabajadores.

            En una conversación entre Juan García Oliver   y Buenaventura Durruti, recogida por Abel Paz, encontramos las claves de la política de la Generalitat, en la que se encontraban presos los dirigentes anarcosindicalistas:

"A la conclusión que García Oliver llegaba era que, tal y como estaban las cosas, no quedaba otra solución que seguir los acontecimientos y mirar de controlarlos.  Había que mantenerse en el Comité Central de Milicias Antifascistas, no soltar los puestos de dirección que la CNT y la FAI tenían, sostener los comités de Defensa, y utilizar la fuerza armada del pueblo como una constante amenaza ante una eventual tentativa de reconstruir el antiguo poder... Pero a todo esto, decía García Oliver, hay que darle un carácter legal, desde el Comité Central de Milicias  Antifascistas...".
...
"...(Durruti) Cuanto más legalicemos -añadió-, más reforzaremos al Govern de la Generalitat, puesto que es él quien decreta y pone su sello; y cuanto más se refuerce el Govern de la Generalitat,  más se  debilitará  el Comité  Central  de Milicias Antifascistas. Esto significará que la CNT reforzará al Govern de la Generalitat..." (376).

            Companys intentaba neutralizar la iniciativa y el predominio de la CNT y de la FAI. Su política de orden público se  centró en reforzar las fuerzas que le eran fieles, y que se habían salvado de la descomposición revolucionaria de los primeros días.

            Los destartalados cuerpos policiales republicanos (guardia civil o republicana, guardias de asalto, mozos de escuadra...) fueron aumentando progresivamente en el número de sus efectivos, hasta poder competir, meses más tarde, con las patrullas de control y liquidar la situación revolucionaria.

            Sin embargo, las medidas de la Generalitat tuvieron que adoptar una dinámica prudente, la oposición que encontró en las primeras semanas, por parte de los representantes anarquistas del Comité Central fue total; solo la presión y la negociación, combinadas, pudieron conseguir que los dirigentes de la CNT acabaran por aceptar medidas de compromiso que significaban un paso en sus planes para recuperar el poder.

"Surgió la idea de traer todas las unidades de la guardia civil que seguían en los pueblos. Los anarquistas se enteraron del plan. Él (Jaume Miravitlles) y Tarradellas, en representación de la Generalitat, se entrevistaron con Durruti, García Oliver y Mariano Vázquez de la CNT, que se presentaron armados".

"<<Si tratáis de traer a la guardia civil, convocaremos una huelga general en el acto. Habrá una masacre de líderes de la Generalitat y de la Esquerra>>" (377).

            El mismo plan político fue aplicado a la reconstrucción del ejército. Las milicias tenían una serie de características (democracia interna, espíritu revolucionario, control de las bases, politización...) que las convertían en altamente indeseables para los objetivos de la Generalitat. Era necesario reconstruir un ejército tradicional a partir de los oficiales que se habían mantenido fieles a la República  y de las milicias controladas por el Front d'Esquerres. Sin embargo, los efectivos de la Generalitat era muy inferiores a los revolucionarios, era necesario, antes, reclutar una serie de levas forzosas sobre la población.

            Aunque los primeros intentos del gobierno autónomo  para recuperarse, fracasaron por la oposición de los revolucionarios,  en otras ocasiones, fue el Comité Central de Milicias quien acabó por aceptar soluciones de compromiso, que evitaran el enfrentamiento y que preservaran la unidad "antifascista" en su seno. El conflicto entre ambos poderes, sobre los cuerpos policiales se saldó, finalmente, con una salida intermedia, la Generalitat podría aumentar las fuerzas de sus efectivos, pero éstos pertenecerían a los sindicatos, con lo que su reforzamiento se haría a partir de elementos revolucionarios.

            Aparentemente, los anarcosindicalistas se habían salido con la suya, en la práctica, el resultado significaba un retroceso de las fuerzas revolucionarias. Los nuevos integrantes de los efectivos policiales de la Generalitat, pese a su origen revolucionario, estarían sujetos a la disciplina y al control del gobierno autónomo catalán.

            Aunque desarbolado, el gobierno autónomo catalán había ido recuperando todos los  medios que  la CNT y la FAI habían despreciado (nacionalización del sistema financiero, importancia del dinero, supervivencia de los viejos cuerpos policiales,...) para poder utilizarlos posteriormente en su política de recuperación del poder. La Generalitat se apresuró a nacionalizar las entidades financieras catalanas, aprovechando la mayoría sindical ugetista que existía en ellas. Peres Mas i Parera fue nombrado comisario de la Banca en Catalunya, "para atender debidamente al pago de los jornales de los trabajadores" (378).

            Los instrumentos que la moral anarcosindicalista había despreciado como instrumentos de un sistema capitalista trasnochado, que nunca volvería a resurgir de sus cenizas, fueron utilizados, posteriormente, en su contra por sus adversarios del frente Popular. Numerosos tesoros y gran cantidad de dinero (en moneda  nacional y en divisas) fueron entregados por el Comité Central y por las patrullas de control, fruto de sus registros y requisas en conventos, iglesias y mansiones, al consejero de cultura de la Generalitat, Ventura Gassol, que hacía, a su vez, de depositario.

            El anarcosindicalismo comprendió demasiado tarde el error que había cometido, todo el sistema financiero, incluidas las reservas de oro y de divisas del Banco de España se encontraban en poder del gobierno republicano, apoyado por las organizaciones del Frente Popular, que empezó a utilizar la represión financiera (La Catalunya revolucionaria necesitaba importar numerosos productos que no estaba en condiciones de producir en su suelo, y para ello eran necesarias las divisas que se encontraban en manos de sus adversarios) como un arma terriblemente eficaz para hacer retroceder al movimiento revolucionario y restaurar el orden republicano.

"La Generalitat es un artefacto meramente formulario. Pero Companys que ha reconocido el derecho de los obreros a gobernar, e incluso les ha ofrecido abandonar su puesto, maneja las cosas con tal arte, que poco a poco reconstituye los órganos legítimos del Poder, devuelve la acción a los Consejeros y deja los organismos obreros reducidos a su papel de auxiliares, de asesores, de ejecutores. A los cuatro o cinco meses estaba restablecida la normalidad" (379).

            Con su política de "legalizar" lo que ya estaba legalizado por la acción de los trabajadores en la calle, la Generalitat pretendía conservar su principio de la autoridad,  y también integrar las conquistas revolucionarias en el marco de la legalidad republicano burguesa: "El gobierno no gobernaba, pero seguía existiendo" (380).

            Consecuencia de esta táctica, el gobierno de la Generalitat publicó el decreto del 22 de Julio. Apenas instituido el Comité Central y en plena efervescencia revolucionaria, el gobierno catalán ordenó la depuración de los gobiernos municipales, por el que eran destituidos todos los concejales y alcaldes que no pertenecieran al Front d'Esquerres, mientras que las vacantes deberían ser cubiertas por los representantes de los partidos y sindicatos que se habían opuesto a la sublevación militar. Con esta maniobra política , el gobierno de Companys pretendía salvar de la quema revolucionaria, el aparato municipal de la República en Catalunya. Para ello era necesario blanquear su imagen depurando a los elementos más derechistas y reaccionarios, pero simultáneamente, también se invitaba a los anarcosindicalistas y a los poumistas a integrarse en los Ayuntamientos. La campaña de depuraciones que llevó a cabo el gobierno de la Generalitat se extendió a todos los campos, incluidos los cuerpos policiales (381).

            Desde el principio, y aprovechando los decretos, el gobierno de Companys nombró una serie de delegados interventores de la Generalitat (decreto del 24.08.36) que la representaban en el seno de las empresas incautadas. La función de estos delegados, simbólica durante los primeros meses por exigencia de los mismos trabajadores, que no hubieran permitido otro tipo de cometido, fue definiéndose y cobrando fuerza, a medida que el movimiento revolucionario retrocedía y las empresas colectivizadas, presionadas financieramente, se veían obligadas a aceptar sus imposiciones.

"Se ha recurrido a la ficción de expedir decretos o leyes que den a sus organismos (comités de milicias, patrullas de control, milicias populares de diversos tipos, consejos regionales, etc.) la característica formal de órganos oficiales, cuando estos reglamentos, por si mismos, hacían obra legal. En Catalunya, por ejemplo, la Generalitat convertía automáticamente esas disposiciones en decretos regulares".

"Los revolucionarios terminan por pensar que la función del Estado o de los gobiernos autónomos es <<legalizar sus actos>>, ... en los últimos meses de 1936 cunde la idea que hay una suerte de división de funciones que consiste en:

a) creación revolucionaria popular, por intermedio de sindicatos, comités, consejos, colectividades, etc.;

b) la legalización, y reconocimiento público de esas conquistas populares por el Gobierno central o los gobiernos locales" (382).

            Con esta política, y frente a la desorientación de los revolucionarios, el gobierno de la Generalitat se hacía cada vez más "imprescindible" para los revolucionarios. Sin embargo, el gobierno autónomo burgués republicano, seguía siendo hostil a la revolución de los comités y seguía combatiendo para conseguir su liquidación final.

            Mientras tanto, los dirigentes de la CNT, confiados en que  eran los dueños de la calle y del Comité Central de Milicias, mantenían una ingenua postura de compromiso y de desprecio hacia el gobierno de la Generalitat. Al fin y al cabo, ellos estaban  convencidos que valiéndose de su fuerza aplastante, podían paralizar en cualquier momento, las maniobras de Companys y de sus aliados del Front d'Esquerres.

4.3.2 LAS RELACIONES ENTRE EL COMITÉ CENTRAL DE MILICIAS ANTIFASCISTAS Y LOS COMITES REVOLUCIONARIOS LOCALES.

            El claro predominio anarcosindicalista en Catalunya se expresaba de una forma dispersa y múltiple. Como muy bien dice, el historiador libertario Abel Paz, la dualidad de poderes se expresaba en que éste, propiamente hablando, no existía.

"De hecho, el poder, propiamente hablando, no existía: La Generalitat era un puro simbolismo, el Comité Central de Milicias Antifascistas no podía dar un paso sin el apoyo de los Sindicatos, y las milicias no podían organizarse sin la colaboración de los Comités de defensa y de los Sindicatos, que eran los que controlaban a las bases obreras" (384).

            Frecuentemente, la autoridad del Comité Central de Milicias terminaba en las afueras de Barcelona, donde empezaba el poder de los comités revolucionarios de cada localidad. Simultáneamente al Comité Central, existían otras Juntas de poder territorial en Catalunya. En la provincia de Tarragona, en la ciudad industrial de Reus, se había un formado un gobierno local de Frente Popular  que estaba dirigido por el anarcosindicalismo. En la ciudad de Lérida, la Junta de poder territorial estaba bajo el control del POUM, y en su seno no existía ninguna representación de los partidos republicanos, ni tenía ningún tipo de vínculo con el gobierno de la Generalitat.

            Las medidas que tomaba el Comité Central de Milicias sólo podía llevarse a cabo, mediante un delicado equilibrio en el que era necesario la aceptación de los sindicatos y de la multitud de comités. Las directrices solo eran obedecidas gracias a la mayoría con la que contaban los anarcosindicalistas en el Comité Central y en los comités revolucionarios.

            La espontaneidad con la que fueron formados los comités, y el alcance de su obra, contrastan claramente con la actitud de compromiso y espera a la que habían llegado los dirigentes de la CNT y de la FAI, con respecto a la Generalitat y el Front d'Esquerres. Las diferencias fueron acentuándose en los meses siguientes, hasta llegar a la integración del Comité Central en el seno de un nuevo gabinete de concentración del gobierno autónomo catalán. Este choque entre las dos actitudes distintas que defendían miembros del anarcosindicalismo se expresó en numerosas ocasiones por la oposición y resistencia que opusieron los comités revolucionarios y los sindicatos a las directrices que ordenaba el Comité Central de Milicias.

            Sin embargo, la oposición de los comités a la política de colaboración que llevaban a cabo los cuadros dirigentes no puede ser considerada como frontal. El hecho de que la CNT fuera claramente hegemónica en ambos organismos, creaba una fuerte confusión en las bases anarcosindicalistas.

"Los comités, que se colocaron en lugar del aparato gubernativo y administrativo y que reflejaban, al mismo tiempo, la relación de fuerzas social y política, se opusieron, en tanto que depositarios de poder revolucionario, al orden económico y político establecido  y al statu-quo de la distribución del poder político -aunque a escala local lo estuviesen ejerciendo de facto-, sino a su destrucción" (384).

            Al no sentirse representados, en muchas ocasiones por la política del Comité Central de Milicias, y no poder ejercer ningún control o influencia directa sobre él, los comités  revolucionarios locales actuaron frecuentemente de forma independiente e incluso opuesta a la línea que pretendía seguir el Comité Central.

            Lorenzo nos revela un organigrama teórico del funcionamiento de las relaciones de poder que existían entre el Comité Central y los comités, que él mismo confiesa que nunca se llevó a la realidad. Si hubiera sido así, nos encontraríamos frente a una estructura presoviética o soviética que nunca llegó a funcionar y que tampoco formaba parte del proyecto de ninguna de las organizaciones obreras que formaban parte de la Junta, ni siquiera entre los anarcosindicalistas o los poumistas.

"Los comités locales se agrupaban después en comités comarcales que actuaban de acuerdo con la voluntad de los habitantes de diversas localidades; estos comités comarcales determinaban a su vez las decisiones del Comité de Milicias de Catalunya que recíprocamente transmitía sus órdenes a los comités comarcales, y éstos a los comités locales. Pero la verdad es que la autoridad del Comité de Milicias no era muy sólida. Los comités locales sólo se obedecían a sí mismos; las relaciones entre ellos y el Comité Central eran muy superficiales. De hecho no existía un poder central, sino muchos poderes autónomos y microgobiernos" (385).

            La política del Comité de Milicias se expresaba, principalmente, por los cauces sindicales de la CNT y en menor medida, del resto de las organizaciones. A diferencia de la revolución rusa, donde el soviet de Petrogrado era considerado como la cúspide legítima del poder revolucionario, y sus miembros  integrantes eran elegidos, democráticamente, por la multitud de soviets locales existentes, el Comité Central solo lo era por el prestigio político de las organizaciones que formaban parte de él.

            Las consignas eran obedecidas por  los comités mientras fueran consideradas favorables para el curso de la revolución, pero tropezaban con grandes resistencias cuando ocurría lo contrario. 

            Las decisiones del Comité Central eran discutidas por los comités locales y comarcales, que decidían su aceptación o rechazo. Mientras tanto, el "máximo órgano de la revolución" tenía que confiar en los comités, para que pudieran llevarse a cabo sus medidas. Frecuentemente las órdenes del Comité Central  de Milicias fueron consideradas como fruto del compromiso con la Generalitat y sus partidarios, y por lo tanto, desobedecidas por los comités locales. El conflicto existente en el seno de la CNT y de la FAI, entre los partidarios de la colaboración y los que se oponían a esta táctica por considerarla como una amenaza para la revolución, se trasladaba a las relaciones entre el Comité Central y los organismos revolucionarios locales.

4.3.3 LAS RELACIONES ENTRE EL COMITÉ CENTRAL DE MILICIAS ANTIFASCISTAS DE CATALUNYA Y EL GOBIERNO CENTRAL DE LA REPÚBLICA.

            El hundimiento del gobierno autónomo catalán fue simultáneo al derrumbe del gobierno de la República. El gobierno Giral tuvo que asistir, impotente, a la disgregaciòn de todo el aparato estatal, y a su sustitución por una multitud de comités dispersos  por toda la geografía del país.

            Sin embargo, mientras a nivel estatal, la República era salvada por la colaboración y el apoyo prestado por las organizaciones obreras del Frente Popular, que aparecían como garantes del gobierno, en Catalunya el anarcosindicalismo adoptaba una posición confusa frente al gobierno de la Generalitat. La CNT y la FAI, a pesar de sus coqueteos anteriores con el Frente Popular nunca habían formado parte de él, mientras que su proyecto político  estaba claramente enfrentado al de los que defendían a la República.

            El anarcosindicalismo proclamaba la necesidad  de la destrucción definitiva de cualquier tipo de Estado, fuera del tipo que fuera. Pese a todo, a la colaboración y la libertad de voto que había dado a sus bases, en las elecciones de Febrero,  éstas concesiones no convertían a la CNT y a la FAI en defensores del orden burgués republicano. Su apoyo a las movilizaciones, en los meses siguientes, así lo atestiguaban.

            El problema con el que tenía que enfrentarse el gobierno republicano, se complicaba a nivel de Catalunya, donde la revolución había adquirido una profundidad mucho mayor. Las diferencias políticas tradicionales entre Catalunya y el estado republicano se habían reflejado en el hecho de que los partidos mayoritarios en el gobierno catalán siempre habían tenido un matiz nacionalista y regionalista, que había chocado con los partidos mayoritarios en el ámbito estatal.

            Al hecho diferencial catalán se unía otra característica más peligrosa: mientras a nivel estatal el socialismo era mayoritario en la mayor parte de las regiones, a nivel de Catalunya, la hegemonía correspondía a la CNT. Los líderes del socialismo, pese a sus discursos izquierdistas y pseudo-revolucionarios, eran claros aliados de los republicanos, en el seno del Frente Popular. El anarcosindicalismo, en cambio, se mostraba un aliado circunstancial, inseguro, e incluso hostil.

"Una vez, el gobierno de Madrid, superó su autodisolución, empezó a frenar al Gobierno de la Generalitat por su catalanismo, y al Comité de  Milicias por su revolucionarismo" (386).



            Para ello, el gobierno de Giral, y los gobiernos posteriores de Largo Caballero utilizaron todos los medios a su alcance. Catalunya era, a pesar de la política llevada a cabo por el Comité Central de Milicias, deficitaria en armamento y municiones. Para ello, era necesario llevar a cabo una serie de importaciones periódicas, que sólo podían pagarse por medio de las divisas y del oro que estaban guardados en el Banco de España. La cuestión financiera fue uno de los instrumentos que utilizó, con terrible eficacia, el gobierno de Madrid. La falta de armamento afectaba por igual a los dos principales adversarios del gobierno central en Catalunya, el Comité Central de Milicias y el gobierno de la Generalitat. El gobierno central era consciente de que controlando el poder financiero, era cuestión de tiempo que la revolución en Catalunya   y también la misma Generalitat, estuvieran a su merced.

"Una política financiera audaz consiguió vencer los obstáculos de los primeros meses mediante incautaciones en los establecimientos bancarios de Catalunya; pero esas incautaciones tenían un límite en las existencias precarias, y llegó el instante en que, para hacer frente a las necesidades urgentísimas, hubo que recurrir a emisiones propias de las que no respondía el Tesoro Nacional. Así llegamos a este dilema: o gestionábamos, por un lado, un entente con el gobierno central para que sufragase los gastos de la guerra, o bien habíamos de decidirnos a establecer un régimen de independencia política que, probablemente habría sido poco viable durante la contienda y, después de ella, habría sido un mal para España y para Catalunya" (387).

            El gobierno central y las organizaciones del Frente Popular estaban dispuestas a aprovechar la ventaja que tenían en sus manos. Las divisas y el armamento, de forma limitada, eran entregadas a cambio de graves concesiones políticas, que amenazaban el futuro de la revolución en Catalunya. De esta forma, los dirigentes anarcosindicalistas que se habían negado a tomar el poder en sus manos, en los inicios de la revolución, y extenderla al resto del Estado, se encontraban chantajeados y empujados, cada vez más, hacia la colaboración y hacia la supeditación de los intereses revolucionarios.

            La llegada del armamento ruso, fue uno de los factores que ayudaron al gobierno central, en colaboración con el PCE y el PSUC, a presionar al Comité Central de Milicias de Catalunya. Los buques soviéticos tenían órdenes de no desembarcar en los puertos catalanes. Cualquier llegada de material bélico a Catalunya, solo llegaba por las concesiones que había dado el Comité a sus adversarios políticos. La resistencia del anarcosindicalismo y de sus aliados del POUM en el seno del Comité Central coincidían siempre con los períodos en los que la escasez de armamento se hacía más angustiosa. Los suministros volvían a aparecer, en el momento en el que éstos cedían a las presiones de sus adversarios (388).



            La dramática falta de divisas surtió efecto en el seno del Comité Central y del anarcosindicalismo.

"Se concibió el proyecto de tomar una parte de las divisas que estaban en manos del Banco de España para llevarlas a Catalunya. Pero llegado el momento, no se quiso cargar con la gran responsabilidad del gesto, que habría tenido grandes repercusiones. Fueron comunicados los propósitos al Comité Nacional de la CNT y a algunos conocidos cuadros anarquistas, pero estos rechazaron el plan con el argumento de que sólo aumentaría la animosidad contra Catalunya" (386).

            La situación ponía a los anarcosindicalistas en un grave aprieto. Su renuncia al poder en Catalunya, durante las jornadas  de Julio, también había significado, por lo menos por el momento, la negativa a extender la revolución, o por lo menos su profundización, fuera de los límites de Catalunya y Aragón, que eran los territorios que la CNT ya controlaba.  Por lo tanto,  la falta de divisas y de reservas en oro, colocaba al anarcosindicalismo en una clara situación de inferioridad, que aprovechaban ahora sus adversarios en el campo republicano para estrangular al movimiento revolucionario. Mantener el status-quo significaba, en esencia, y pese a su desesperada oposición, colocarse bajo el dominio del gobierno republicano y del Frente Popular.

            La negativa de los dirigentes de la CNT a apropiarse, mediante un golpe de mano, de una parte de las divisas que estaban almacenadas en los sótanos del Banco de España, implicaba  también su negativa a enfrentarse, y por consiguiente, su capitulación por anticipado, frente a la presión de sus adversarios políticos.

"Lógicamente el Gobierno utilizó esta arma para ir haciéndose  de nuevo con el poder real, es decir, para frenar el impulso revolucionario y recortar las extralimitaciones autonómicas de los primeros días".
"Los anarquistas se dieron cuenta perfectamente de esta táctica y la denunciaron con vehemencia. Jacinto Toryho resumió así la posición del Gobierno: <<Catalunya es la revolución; hay pues, que hacer fracasar a Catalunya>>, y el sistema de hacerlo era <<asfixiándola en el terreno económico, e inutilizándola en el bélico>>, y Abad de Santillán  llega a declarar que <<sin la política hostil del gobierno central, Catalunya habría podido liquidar el problema de la guerra en pocos meses>>" (390).

            La confesión del dirigente libertario es reveladora. Debatir sobre la opinión de Diego Abad de Santillán sobre la importancia de Catalunya en el desenlace de la guerra es historia ficción.

            Lo que si que está fuera de dudas es que, por su potencial industrial, estaba destinada a jugar un papel clave en el conflicto. Sin embargo, lo que el dirigente anarcosindicalista no define es la postura y los intereses que defendía el gobierno de la República y las organizaciones del Frente Popular, frente a la revolución en Catalunya.

"En los últimos días del gabinete Giral... fuimos con Diaz Sandino, no por primera vez, a exponer al gobierno de Madrid la situación de Catalunya, sus necesidades y sus posibilidades. Desde la primera hora el gobierno central había rehusado categóricamente toda ayuda a nuestra empresa en Aragón y en las Baleares. Pero no podíamos menos de tocar los resortes para hacer comprender a los políticos en Madrid que Catalunya tenía en sus manos el triunfo de la guerra y que era un crimen contra España y contra la cultura amenazada por la bota militar, no poner a su disposición los elementos  que le faltaban para terminar la contienda en muy pocos meses".

"Más de ciento cincuenta mil hombres se habían inscrito voluntariamente en nuestras milicias para salir al frente y luchar contra el enemigo... Recordamos haberle dicho que nuestra guerra estaría ganada el día que las fuerzas del frente aragonés enlazasen con las regiones metalúrgicas y mineras del norte de España. Le explicamos que nos bastábamos si se nos ayudaba con los recursos financieros de que carecíamos, para aplastar al enemigo, deplorando que el gobierno central, por un odio insensato a Catalunya y por miedo a la revolución del pueblo, que era el representante de la verdadera España, pusiera obstáculos a nuestra obra, que entrañaba la victoria y la salvación de todos" (391).

            Lo que parece una actitud sectaria e incomprensible, por parte de los diferentes gabinetes, sin excepción, que ocuparon el gobierno de la República (Giral, Caballero y Negrín), se vuelve clara, si analizamos el conflicto desde una perspectiva clasista. Óptica que Abad de Santillán no utiliza. Catalunya representaba el corazón de la revolución de los comités que había estado a punto de destruir definitivamente al estado burgués republicano. Las frases literarias del dirigente libertario "revolución del pueblo", "representante de la verdadera España", "la victoria y la salvación para todos", sin duda alguna, producían en el gobierno republicano, un resultado completamente opuesto al que esperaba que causaran. Y el mismo "ingenuo" Abad de Santillán reconoce que en una conversación con Azaña:

"...en el curso de la conversación tuvimos la impresión de que aquel hombre no simpatizaba con el fascismo, pero simpatizaba menos aún con la revolución y con la intervención directa del pueblo en la vida pública, sin respetar las barreras preestablecidas por los partidillos republicanos que nacieron al advenimiento de la República" (392).

            El éxito del proyecto militar que defendían los anarcosindicalistas hubiera cuestionado gravemente los objetivos del gobierno y del Frente Popular, además de darle a la CNT un prestigio que hubiera provocado una segunda fase, mucho más radicalizada, de la revolución de Julio. Por lo tanto, era necesario detener y hacer retroceder a la Catalunya revolucionaria, era necesario ayudar a la Generalitat y al Front d'Esquerres para recuperar el terreno perdido, y posteriormente afirmar el control del gobierno central sobre el de Catalunya.

            Pese a los discursos izquierdistas que los dirigentes obreros del Frente Popular dirigían a la multitud, es evidente que la revolución que se había   desencadenado era más peligrosa que el mismo ejército franquista que se había sublevado. Importantes sectores del Frente Popular (republicanos, socialistas de derecha) protagonizaron diversos intentos fracasados de negociación con los sublevados. Al fin y  al cabo, los militares se habían alzado en armas contra el peligro revolucionario, no contra la República, si éste era aplastado, el camino para la reconciliación quedaría allanado. Los republicanos y los socialistas de derecha esperaban conseguir, con su política, un pacto con los sublevados, que relegara la revolución a un segundo término. La alianza entre ellos y los sublevados, hubiera significado, al fin y al cabo, el final de la revolución, y la supervivencia del orden republicano.

            Esto explica que, a menudo, el aspecto político (las negociaciones con los sublevados y la lucha para evitar el triunfo de la revolución), en el seno del bloque republicano, estuviera por encima del militar (que estaba, en aquellos momentos, en manos de las milicias revolucionarias).

            Por otro lado, el PCE y el PSUC, aunque adversarios de cualquier tipo de compromiso con los insurrectos, también se oponían firmemente a cualquier veleidad revolucionaria, siguiendo  las órdenes dictadas por Moscú.

            La actitud que había mantenido el gobierno de la República, antes del estallido de la guerra y de la revolución, había sido  un reflejo de la que fue posteriormente. Los republicanos habían hecho oídos sordos ante los rumores insistentes de que una sublevación militar estaba en marcha. La "ingenuidad" republicana solo podía explicarse porque el temor que los gobernantes sentían hacia la revolución era infinitamente mayor que el que sentían hacia la conspiración. Al fin y al cabo, esperaban vencer a la sublevación, mediante negociaciones y ascensos, que asegurarían la fidelidad militar, que les era especialmente valiosa frente a la amenaza revolucionaria. El gobierno central, en el camino hacia la recuperación total de su antiguo poder, tenía que someter al movimiento revolucionario a su autoridad, para ello contaba con el prestigio de los partidos obreros que integraban el Frente Popular. Esto explica la rápida decadencia de la revolución a nivel estatal, fuera del territorio de Catalunya y de Aragón.

            El proceso en el territorio catalán iba a ser mucho más lento y cuidadoso. Primero era necesario vencer las resistencias que oponía el anarcosindicalismo, la organización que dirigía la revolución en Catalunya; una vez vencido el principal enemigo, ya habría tiempo de ajustar las cuentas a las veleidades nacionalistas de la Generalitat.








4.4 HISTORIA DEL COMITE CENTRAL DE MILICIAS ANTIFASCISTAS DE CATALUNYA. LA EVOLUCION DE LA DUALIDAD DE PODERES.

4.4.1 La formación de las milicias.

            La victoria de los revolucionarios en Barcelona dió un impulso decisivo a la lucha contra los sublevados en el resto de Catalunya. La rendición de Goded fue un poderoso factor de desmoralización para los insurrectos, que decidieron rendirse en aquellas localidades donde todavía resistían.

            Sin embargo, la victoria en Catalunya no estaba asegurada. Zaragoza, uno de los principales núcleos libertarios, donde pocos meses antes se había realizado el último congreso de la CNT, estaba en poder del enemigo. Huesca y Teruel, el resto de las capitales de provincia aragonesas también habían caído en manos de los facciosos, mientras que en Valencia, el ejército permanecía sospechosamente acuartelado desde el día 17, sin que los militares, presos de sus propias vacilaciones, decidieran apoyar la insurrección. La Catalunya revolucionaria estaba rodeada de territorios donde el resultado de la sublevación se había decantado en favor de los facciosos, o todavía no se había decidido por ninguno de los dos contendientes.

            Los rumores de que una columna armada había partido de Zaragoza hacia Barcelona empezó a circular insistentemente entre la población. En la primera reunión del Comité Central de Milicias se decidió enviar en dirección a Zaragoza, delegaciones que comprobasen las verdaderas posiciones del enemigo y como medida preventiva, se decidió minar los puentes de las carreteras y de los ferrocarriles para evitar que una columna motorizada pudiera atacar, por sorpresa.

            La revolución había triunfado en Barcelona. Sin embargo, las fuerzas revolucionarias, organizadas principalmente por los comités de autodefensa anarcosindicalistas de las barriadas, estaban completamente dispersas. El viejo ejército de la República había desaparecido, reduciéndose sus efectivos, a unos pocos cuadros militares que habían permanecido fieles al gobierno.

            Una cosa eran los combates callejeros contra las viejas fuerzas del orden, y otra muy distinta, una guerra abierta contra  un ejército regular. Era necesario formar unas fuerzas de choque que no sólo defendieran el triunfo conseguido en Catalunya, sino que lo extendieran hacia Zaragoza y el resto de Aragón, además de asegurar el triunfo de los revolucionarios en Valencia, si la sublevación llegaba a realizarse.

            La base social y política del nuevo ejército sólo podía descansar, en plena situación revolucionaria, en la multitud de grupos de obreros armados que todavía vigilaban las barricadas que se habían levantado contra los sublevados, el 19 de Julio, y por lo tanto, también tenía que representar sus aspiraciones y sus esperanzas:

"El punto esencial del sistema era la igualdad social entre los oficiales y los soldados. Absolutamente todos, desde el general hasta el soldado raso, tenían la misma paga, comían el mismo rancho, llevaban las mismas ropas y se trataban en términos de completa igualdad... en teoría al menos, cada milicia era una democracia y no una jerarquía.. había oficiales y suboficiales, pero no grados militares en el sentido corriente de la expresión; no había distintivos, ni galones, ni taconazos, ni saludos reglamentarios... una especie de modelo provisional y vivo de la sociedad sin clases".

"... La disciplina es voluntaria, se basa en la lealtad de clase... la mejor prueba de la fuerza de la disciplina <<revolucionaria>> es el hecho de que las milicias no abandonaron en ningún momento la línea de fuego. Porque hasta Junio de 1937, lo único que les obligaba a permanecer allí era su sentido de lealtad para con su clase..." (393)

            El proyecto de la Generalitat era otro muy distinto, constituir un cuerpo armado  de milicias ciudadanas que tuviese una doble finalidad, la lucha contra la sublevación militar y servir como contrapeso al anarcosindicalismo triunfante, que se había adueñado de las calles y que, sin pretenderlo, era el auténtico poder en Catalunya. La iniciativa del Comité Central y de los anarcosindicalistas al decidirse a crear un nuevo ejército de milicias revolucionarias desbarataron por el momento, los planes de Companys y de sus aliados del Front d'Esquerres.

            Según la versión recogida por Cesar M. Lorenzo (extraída de la obra de Francisco Lacruz, "El alzamiento, la revolución y el terror en Barcelona" p.118), el origen de las milicias partidarias estuvo en la negativa de los anarquistas a aceptar  al comandante Pérez Farrás como comandante en jefe de las milicias, por lo que se acordó que cada grupo político o sindical constituiría sus propias fuerzas armadas (394).

            La versión recogida por el historiador libertario es, por lo menos, dudosa. Sin embargo, la anécdota nos enfrenta a un interrogante, ¿porqué, los anarcosindicalistas, dueños absolutos de la situación, permitieron que el resto de las organizaciones formara sus propias columnas, al margen del Comité Central de Milicias, convertido, pocas horas antes, en el órgano supremo de la revolución en Catalunya, por los mismos dirigentes de la CNT? La negativa de los anarcosindicalistas a convertir al Comité Central de Milicias Antifascistas, en un auténtico gobierno revolucionario tuvo como consecuencia, la incapacidad política de este organismo para convertirse en el único organizador y dirigente del nuevo ejército.

            Sin duda alguna, la grave concesión que acababan de cometer los anarcosindicalistas iba a tener graves consecuencias para el futuro del movimiento revolucionario, o las nuevas e improvisadas milicias se constituyeron sin un órgano de dirección único. Las columnas armadas se formaron en torno a los partidos y a los sindicatos, y obedeciendo tan solo a los órganos ejecutivos de éstos.

            Las milicias obreras adquirieron una estructura partidaria que sería utilizada, en los meses siguientes, por los partidarios de la Generalitat, para reforzar su poder, en detrimento de los sectores revolucionarios.

"Cada organización proletaria representada en el Comité de Milicias Antifascistas creó su propio ejército, que se convertía en su garantía de supervivencia dentro del movimiento revolucionario. Los partidos políticos pequeño burgueses, en conjunto, también intentaron crear uno propio, sin renunciar, no obstante, el gobierno de la Generalitat, a crear un ejército propio a base de las clásicas levas" (395).

            La incomprensible actitud de los representantes de la CNT y de la FAI solo se explica por la autoconfianza que tenían, al comparar la desigualdad aplastante que existía entre sus efectivos y los del resto de las organizaciones. Por otro lado,  convertir al Comité Central en el auténtico mando de las milicias los hubiera colocado irremediablemente, una vez más, en la  fatal disyuntiva del ser o no ser, un gobierno revolucionario, idea  especialmente aborrecida por el anarcosindicalismo militante.

            La concesión del anarcosindicalismo también rebela una total improvisación y un análisis superficial sobre las consecuencias que iban a tener sus decisiones en el futuro de la guerra y de la revolución. Sin duda  alguna, los dirigentes de la CNT y de la FAI se dejaron llevar por la optimista e irreal idea de que el conflicto armado iba a ser de corta duración y de que eran ellos, los sectores revolucionarios, los que llevaban la iniciativa victoriosa.

            El Comité Central de Milicias Antifascistas de Catalunya, se convertía en una simple mesa de frente único de las organizaciones antifascistas, pero renunciaba a convertirse en lo que había sido, al crearse, su principal objetivo: el de órgano director del nuevo ejército de milicias, y consecuentemente, de la revolución.

            Para las organizaciones partidarias del Front d'Esquerres el error de los anarcosindicalistas era, por el contrario, una valiosa oportunidad que tenía que ser aprovechada. Constituyendo sus propias milicias, creaban las primeras bases para la construcción del nuevo ejército de la República.

            El proyecto de "las milicias ciudadanas" de Companys había nacido muerto, porque la situación revolucionaria no permitía que pudiese prosperar, sin embargo la ingenuidad de los cenetistas les brindaba una  posibilidad inesperada. A partir de este momento, el gobierno de la Generalitat, por medio de las organizaciones obreras (principalmente del PSUC y de la UGT, que fueron desplazando del  centro político a ERC) del Frente Popular, tenía la posibilidad de formar su propio ejército, para que con el tiempo, pudiera contrarrestar y anular el poderío anarcosindicalista.

            En los meses siguientes, las organizaciones más izquierdistas, los anarcosindicalistas y el POUM, se quejaron frecuentemente, de la falta de suministros de municiones y de armamentos, mientras que las milicias comunistas y de las organizaciones del Frente Popular recibían abundante material de guerra proveniente de los envíos soviéticos (396). El armamento y las municiones se repartían, no en las zonas donde más se necesitaban, sino allí donde los comités dirigentes de las  organizaciones decidían, según sus afinidades ideológicas. Frecuentemente la clave del armamento, fue utilizada para desprestigiar a las milicias rivales, en beneficio de las propias. La incapacidad del Comité Central para imponerse como centro único de mando de las milicias ocasionó graves errores en la organización y en el funcionamiento de las milicias en el frente. Numerosos historiadores y testimonios hablan de los frecuentes roces y enfrentamientos que se dieron entre las columnas armadas de las diferentes organizaciones, de la falta de coordinación y de planificación de las operaciones militares entre las distintas milicias.

"En las milicias hay una tendencia a formarse en unidades independientes, al servicio, cada milicia, de una política, lo que hace que tengan una doble dirección, una doble finalidad, la lucha contra el enemigo de las trincheras de enfrente y contra el enemigo político posible que está a su lado en los frentes de combate y está también tomando posiciones políticas en la retaguardia" (397).

            La falta de un mando único, el sectarismo y los numerosos errores e ingenuidades que cometieron las milicias, fueron aprovechados,  pocos meses más tarde, por sus adversarios, para desprestigiarlas y exigir su disolución e integración en el nuevo Ejército Popular, que empezaba a reconstruirse, al servicio del gobierno republicano.

"Esta falta de dirección, esta  falta de objetivos inmediatos, esta falta de armamento, esta estabilidad desmoralizante de una guerra de trincheras que duró meses, y otros factores bastante evidentes, hicieron que, de hecho, no se pudiese poner a prueba el valor militar de las milicias, sino también, y en gran parte, en la voluntad de no querer aprovechar aquellas masas de hombres que se pudrían en una inactividad total. En los frentes de Aragón no hubo operaciones importantes, no a causa de las estructuras milicianas con todos los defectos que no dejamos de recordar, sino porque se quiso ahogar un intento militar que habría favorecido a la organización confederal y en parte, también, al gobierno autónomo catalán" (398).

            El error cometido por el anarcosindicalismo catalán fue repetido por otras organizaciones, en la mayor parte de los frentes de batalla, a excepción de Asturias, donde el grado de cooperación entre la UGT y la CNT, puesto ya a prueba en la revolución de 1934, permitió la formación de milicias mixtas, formadas por las diferentes organizaciones obreras, sin distinciones ideológicas o partidarias, lo que evitó repetir estas trágicas equivocaciones.

            La noticia de la formación de milicias que iban a dirigirse hacia la conquista de Zaragoza y del resto de la región aragonesa provocó un fuerte entusiasmo entre importantes sectores de la población, especialmente entre los sectores organizados. Abad de Santillán, responsable en el Comité Central de la formación y de los suministros a las milicias, habla de la inscripción de más de 150.000 voluntarios (399). Sin embargo, la cifra que posteriormente se organizó fue sensiblemente menor, la falta de armamento y de municiones, y la imposibilidad de medios materiales para formar un tan vasto e innecesario ejército, motivó que el número de milicias catalanas que llegaron a estar en el frente de Aragón, pocas semanas más tarde, fue apenas quinta parte de estos cifras. La cifra de efectivos que el Comité Central de Milicias había calculado que eran necesarios para la conquista de la capital aragonesa era de 12.000 hombres.

            La primera columna de milicianos, que contó con una cifra de integrantes, muy inferior a la planteada en el Comité Central, entre los 2.000 y los 3.000 miembros, partió hacia Zaragoza, el día 24 de Julio, al mando de Buenaventura Durruti y asesorado por el comandante Enric Pérez Farrás y el sargento Manzana como consejeros técnicos militares. La columna partió del paseo de Gracia, aclamada por la multitud que se había acercado al lugar para despedirla. El mismo Abad de Santillán nos aclara que el motivo del escaso número de milicianos de la expedición armada, se debió a la incomprensión que existía entre los responsables, de la verdadera situación en la que se encontraban. existía un exagerado optimismo de que la columna revolucionaria apenas iba a encontrar obstáculos en su marcha (400).

            La columna de Durruti adoptó una forma organizativa que fue  imitada por el resto de las milicias libertarias, y en mayor   o menor medida, por el resto de grupos. Diez milicianos constituirían un grupo que nombraría un delegado, diez de estos grupos se convertiría en una centuria y cinco de éstas, formarían una agrupación, que estaría representada por un responsable que, junto a los delegados de las centurias, formaría parte del Comité de la Agrupación. Esta estructura de las milicias se mantendría vigente y sin apenas variaciones, hasta la militarización de éstas, en el mes de marzo de 1937.

            El mismo día que la columna de Durruti, partió un nuevo contingente de 2.000 milicianos a las órdenes del ebanista libertario Antonio Ortiz, que estaba asesorado, como técnico militar, por el comandante Fernando Saavedra.

            El día 24, partió otra nueva columna armada con más de 2.000  hombres que recibió el nombre de "Lenin" o "Joaquín Maurín" (detenido en los primeros días de la guerra en Galicia, y dado por muerto o desaparecido, en aquellas fechas). El nuevo cuerpo  de milicianos estaba  organizado por el POUM, y estuvo mandada por José Rovira y por Jordi Arquer. Apenas dos semanas más tarde, otro grupo armado poumista, con un millar de milicianos, partió hacia el frente dirigido por Oltra Picó.

            Al día siguiente, el 25, otro contingente de 2.000 voluntarios marchó hacia la conquista de Aragón. La nueva columna armada, llamada  "Carlos Marx" era dirigida por Lluis del Barrio, A.Trueba y por Angel Estivill, todos miembros de la nueva organización comunista catalana   (PSUC), que hacía dos días que acababa de formarse, al calor de los combates callejeros de Barcelona.

            Un nuevo destacamento anarcosindicalista, dirigido por Domingo Ascaso y por Cristóbal Aldabaltreco, partió hacia la zona que seguía dominada por los sublevados.

            Más tarde marcharon nuevas columnas armadas de milicianos de las diferentes organizaciones que componían el Comité Central. La columna Macià-Companys partió a principios del mes de Agosto,  y estuvo dirigida por el teniente coronel Jesús Pérez Salas y por  Enric Canturriel y el contingente  armado  estaba formado por militantes de ERC y de otros grupos nacionalistas menores.

            El 28 de Agosto partió una nueva columna de milicianos libertarios hacia el frente de Aragón, "Los aguiluchos de la FAI", integrada por cerca de dos mil voluntarios, y reforzada por grupos de guardias de asalto. La columna revolucionaria fue organizada por Joan García Oliver, dirigida por Luis Escobar y García Vivancos, además  de estar asesorada por Josep Guarner.
Una nueva expedición armada, compuesta por montañeros nacionalistas fue enviada a la zona pirenaica. Otros numerosos grupos partieron de diferentes localidades de Catalunya para dirigirse hacia Aragón.

            En Septiembre, las columnas de milicianos que contaban  con  30.000 hombres, sin haber podido conseguir sus principales objetivos militares: apoderarse  de las capitales aragonesas, Zaragoza, Huesca y Teruel y abrirse  paso hasta el norte minero y siderúrgico. Las milicias guardaban un frente de unos 300 kilómetros, desde la frontera con Francia hasta el sur de Aragón. Según el "boletín" de la CNT y de la FAI, el anarcosindicalismo contaba con cerca de 13.000 milicianos en el Frente de Aragón, el POUM tenía 3.000 voluntarios, 2.000 pertenecían a las columnas PSUC-UGT, 4.000 de los efectivos, pertenecían a los restos de los viejos cuerpos policiales de la República, que se habían ofrecido voluntarios para luchar en el frente. De los 30.000 combatientes, dos terceras partes provenían de Catalunya, mientras Valencia había enviado 9.000 milicianos. (401).

            Pese al entusiasmo inicial de los revolucionarios, las columnas de milicianos, organizadas de una forma improvisada, no constituían un ejército eficaz. Durante los meses de su existencia, la inferioridad organizativa de las milicias   pudo  compensarse, con éxito, con el entusiasmo de los combatientes revolucionarios.

"Los periódicos traen noticias de formación de Columnas el mismo día 22; pero es seguro que se trataba de grupos abigarrados, sin orden -relativo- ni mandos, más propios para desfilar por las calles que para mayores empeños" (402).

            Las columnas de voluntarios, contaban frecuentemente, con más hombres que armas, y con raras municiones. El abastecimiento de las milicias dependió en los primeros momentos, cuando se consideraba que la guerra iba a ser rápida, de las aportaciones espontáneas que hacía la población campesina, en las localidades que iban atravesando. A medida que el conflicto tendía a prolongarse y el frente aragonés se estabilizaba, los suministros se regularizaron a través de los comités locales, de las colectividades agrarias y también de las empresas colectivizadas.

            Los milicianos contaban con una ropa dispar e inadecuada para las circunstancias que iban a atravesar, el material utilizado en  los combates era, a menudo, incompleto y defectuoso. Los mapas  utilizados por los dirigentes de las columnas, para planificar las operaciones militares eran simples mapas turísticos de la marca "Michelín" y gran parte de la artillería de la que se apoderaron los revolucionarios durante los combates en Barcelona, llegaron al frente mucho después que los combatientes, por carecer de los medios de transporte adecuados.

            Muchos de estos errores eran perfectamente comprensibles durante las primeras semanas de la guerra, por la enorme tarea que significaba organizar y armar a un ejército completamente improvisado, a partir de una masa ingente de 150.000 voluntarios.

            Sin embargo, muchos de los errores cometidos por las milicias tendieron a perpetuarse, o encontraron grandes resistencias a ser solucionados, por parte de los combatientes. Los recelos de los milicianos a cualquier tipo de disciplina, fruto de una larga tradición de prejuicios antiautoritarios, fueron un serio obstáculo para la eficacia de las fuerzas armadas revolucionarias.

            Respecto a esta cuestión, es revelador el testimonio del zaragozano   Saturnino Carod,  dirigente de una columna de la CNT, procedente de Zaragoza  que ocupó la localidad de Muniesa, recogido por Fraser:

"Comenzó a reorganizar la columna, a <<militarizarla>>, dividiéndola en unidades más pequeñas y dotándola de una estructura de mando. El resultado casi fue un desastre; los milicianos abandonaron la columna y casi sólo le quedó la guardia civil".

"<<Era comprensible. Durante muchos años les había estado hablando a los campesinos aragoneses no sólo de sus problemas (problemas que conocía por haberlos vivido yo mismo), sino también de ideas. De oposición al capitalismo, al estado, a la iglesia, a los militares. Se bebieron estas ideas y ahora, cuando la revolución estaba en marcha, no entendían por qué les hablaba de la necesidad de militarizarse,... Abandonaron la columna, sencillamente. Pero en sus pueblos natales les presionaron mucho para que volvieran" (403).


            Juan García Oliver hace una descripción muy exacta de las milicias, refiriéndose a la columna dirigida por Antonio Ortiz, que partió, poco después de la de Durruti:

"Más me disgustó observar que la preparación de nuestros milicianos no hubiese experimentado ninguna mejoría: iguales vestimentas dispares, los mismos equipos estrafalarios de la primera columna. Y algo peor, en el cuartel Bakunin de Pedralbes los habían provisto de fusiles, pero sin cerrojos. Estos, tuvieron que irlos ajustando a cada fusil en la estación de ferrocarril, cuando fueron traídos  en las cajas escondidas,  por los oficiales sublevados de la Maestranza. Los <<pintorescos>> milicianos que presentaban las fotografías de las revistas extranjeras entrarían en guerra al descender del tren, sin siquiera haber aprendido a cargar un fusil" (404).

            La falta de preparación y la nula disciplina existente en las columnas, junto a la escasez de armas y municiones, hizo que las tropas rebeldes, contuvieran con facilidad a los revolucionarios y les impidieran tomar Zaragoza y el resto de capitales aragonesas. A mediados del mes de Agosto, se había perdido la iniciativa militar, y había dado paso a una guerra  de posiciones que resultó fatal para las milicias revolucionarias.

            A pesar de que las columnas estaban dirigidas y organizadas con diferentes criterios políticos y militares, según las organizaciones que las conformaban, no parece que ninguna de ellas destacara especialmente, por encima de las demás, respecto a su eficacia en el combate.

            En la formación del nuevo ejército, que debía sustituir y enfrentarse al que acababa de sublevarse, se produjeron fuertes choques entre los partidarios de construir un ejército regular al viejo estilo, que cumpliese el papel de brazo armado del gobierno republicano que pretendían reconstruir, y los que defendían que la revolución había acabado con el viejo estilo de vida, y de que el nuevo ejército, no podía ser otro que el pueblo en armas.

            Las organizaciones del Front d'Esquerres se mostraron, desde el principio, partidarios de reconstruir un ejército regular similar al que estaban combatiendo. La República necesitaba de un brazo armado, que aceptara someterse incondicionalmente a sus directrices políticas. Para ello era necesario basarse en los cuadros militares que no habían secundado la sublevación y que habían  permanecido  fieles  a  la  legalidad  republicana.    Sin embargo, sus planes se encontraban ante un obstáculo, que fue insalvable durante los primeros meses, incluso en las zonas donde las organizaciones obreras pertenecientes al Frente Popular eran claramente mayoritarias. Las mismas bases socialistas de izquierdas, mostraban, en la prensa, sus claras simpatías por los rasgos igualitarios y revolucionarios de las milicias, y veían con desconfianza el proyecto de reconstrucción de un ejército como el que acababa de sublevarse. "Claridad" el órgano de la UGT y de la izquierda socialista, lo expresaba así:

"Pensar en otro tipo de ejército para sustituir a los que actualmente luchan y que en cierto modo controlan su propia acción revolucionaria es pensar en términos contrarrevolucionarios. Eso es lo que Lenin dice (El Estado y la Revolución): <<Cada revolución tras la destrucción del aparato del estado, nos enseña cómo la clase gobernante restablece cuerpos especiales de hombres armados a 'su' servicio, y como las clases oprimidas intentan crear una nueva organización de un tipo capaz de servir no a los explotadores, sino a los explotados>>".

"Nosotros... debemos cuidar de que las masas y los dirigentes de las fuerzas armadas, que deben ser sobre todo el pueblo en armas, no se nos escapen de las manos" (405).

            Los más firmes partidarios de la constitución de un nuevo ejército republicano, lo fueron, sin duda alguna, los comunistas ortodoxos, el PSUC en Catalunya. Si la etapa de la revolución que se estaba atravesando, correspondía a la "burguesa", el ejército que debía constituirse tenía que ser también  forzosamente, de naturaleza "democrático-burguesa", es decir, republicana.

            Cualquier concesión a los revolucionarios, pondría en peligro la estabilidad y el control  político de la República. Aunque en los primeros momentos de desconcierto, el nuevo PSUC y la UGT catalana, al igual que el PCE en el resto del estado, se mostraron partidarios de las milicias, e incluso de los comités que las estaban organizando, ambos partidos encaminaron su proyecto militar a la conformación de un nuevo ejército regular republicano, y por lo tanto no revolucionario.

            El PSUC apoyó la creación en las nuevas unidades militares, de los comisarios políticos imitando superficialmente el estilo del ejército soviético. Sin embargo, el parecido con el Ejército Rojo  de Trotsky, que había protagonizado con éxito la guerra civil en la por entonces, recién nacida URSS, empezaba y terminaba aquí.

            Manuel Cruells llega a la conclusión de que el proyecto militar comunista procede de la experiencia del ejército rojo soviético en la guerra civil que azotó a la URSS en su primer período de existencia.

"Se comprende que los comunistas con la experiencia, o solo simple antecedente, de su revolución rusa, fuesen partidarios de un Ejército terriblemente controlado y centralizado... Al fin y al cabo, aquella experiencia les demostraba que un Ejército formado con una disciplina de hierro, bien controlado por una fuerza política, podía ir venciendo a sus enemigos y podía incluso desarticular las formaciones militares paralelas de los otros grupos ideológicos. Solo así la revolución rusa había podido consolidar su toma del poder" (406).

            El historiador catalán peca de sobrevalorar los aspectos puramente organizativistas, y de menospreciar los políticos, en la cuestión militar. La revolución rusa había triunfado a través de una sangrienta guerra civil, en la que participaron ejércitos de diferentes países capitalistas, que procedieron a apoyar a los ejércitos blancos que luchaban contra el triunfo de los bolcheviques. Respecto a la importancia de ambos aspectos, el organizativo y el político, es el mismo León Trotsky quien se encarga de rebatir a Cruells, y también al PSUC.

"Durante nuestra guerra civil, no creo que venciéramos principalmente debido a nuestra ciencia militar. Esto es falso. Ganamos a causa de nuestro programa revolucionario. Decíamos a los campesinos <<la tierra es vuestra>>. Y el campesino, que en un primer momento había preferido a los blancos, comparaba a los bolcheviques con los blancos y decía: <<los bolcheviques son mejores>>. Entonces cuando los campesinos, centenares de miles de millones de campesinos, se convencieron de que éramos mejores, vencimos" (407).

            El proyecto del PSUC de construir un "Ejército Popular" tenía muchas más similitudes con cualquier ejército capitalista europeo, incluido el viejo modelo prusiano (apolítico, con una jerarquía absoluta de arriba hacia abajo, sin ningún tipo de consejo u organización de los soldados, recuperación de los viejos códigos militares y del saludo militar...). Sin embargo, al pretender crear un ejército muy similar al que mantenían  sus adversarios, los militares sublevados contaban con mayor experiencia y recursos.

            Una de las tareas en las que se empeñaron con éxito, el PCE y el PSUC  fue la de la infiltración  y control de los comisarios políticos del nuevo Ejército Popular. Sin duda alguna, la gran capacidad organizativa de los comunistas oficiales atrajo a gran cantidad de oficiales conservadores, que se habían mantenido fieles a la República, y que consideraban que solo el PCE apuntaba claramente hacia la victoria sobre los sublevados.
Indudablemente, el partido político que controlase a los mandos del nuevo ejército, estaría en condiciones de controlar también, en el futuro, a la nueva República.

"El PSUC... está a favor del <<sistema de ejército>>, opuesto al <<sistema de milicias>>, y en eso están de acuerdo tanto con la Generalitat como con el gobierno de Madrid... Ejército regular, con oficiales al mando y comisarios políticos cuyo papel es sólo  el de  consejeros en   asuntos  políticos;  oficiales  no elegidos sino nombrados por el alto mando;  unidades agrupadas no en tanto que hombres de la misma fe política, sino a partir de consideraciones exclusivamente militares; todo bajo las órdenes del gobierno legal, la Generalitat. En una palabra, el PSUC desea un ejército a las órdenes del gobierno en el cual pueda participar, mientras los anarquistas desean un ejército a sus propias órdenes. Al mismo tiempo, el modo en que el PSUC concibe un ejército refleja la tendencia, tanto comunista como socialista, hacia la centralización, mientras los anarquistas continúan defendiendo sus ideales libertarios, la formación de un "ejército" haría más eficientes sin duda, las fuerzas de la República. La formación de una "milicia", aunque dificultase la lucha contra Franco, favorecería el siguiente paso en dirección a la revolución social"(408).

            En agudo contraste con la concepción del Partido Comunista, sobre la forma y la naturaleza que debería adoptar el nuevo ejército, el anarcosindicalismo, consideraba que éste solo podía estar compuesto por los triunfadores de las jornadas de Julio.

            La República había caído sin pena ni gloria, sin poder oponer ninguna resistencia seria, ante el embate de las dos grandes fuerzas sociales que se enfrentaban a muerte, la revolución y la contrarrevolución. La República se había agotado durante cinco largos años de frustrante experiencia de sus gobiernos, que habían sido incapaces de resolver ninguno de los grandes problemas históricos.

            Sin embargo, el anarcosindicalismo, había llegado a las jornadas de Julio y a la revolución, completamente desarmado ideológicamente, sin un programa y una teoría política que le permitiese enfrentarse con éxito al reto del poder. Sus viejos esquemas habían demostrado desde un principio que eran completamente ineficaces para resolver los retos de la nueva situación.

            La CNT se encontraba dueña indiscutible de la zona más vital de la República y dirigiendo al sector más numeroso y combativo del proletariado español. Sus criterios políticos en el seno del Comité Central de Milicias estuvieron caracterizados por el empirismo y por un fuerte voluntarismo de sus propios militantes, empeñados en resolver los graves problemas con los que se enfrentaban. A finales del mes de Julio, y frente a los primeros intentos, por parte de los gobiernos de Madrid y de Catalunya para reconstruir su ejército, la CNT publicó un manifiesto:

"La CNT de Catalunya ha de plantear al Gobierno de la Generalitat y al mismo Gobierno de Madrid, la cuestión pura y simple. No podemos defender la existencia, ni comprender la necesidad de un ejército regular, uniformado y obligatorio. Este ejército ha de ser sustituido por las milicias populares, por el pueblo en armas, garantía única de que la libertad será defendida con entusiasmo y que a su sombra no se incubarán nuevas conspiraciones" (409).

            Siguiendo sus viejas tradiciones, la CNT y la FAI rechazaron al principio, no solo cualquier proyecto de reconstruir el viejo ejército, sino cualquier elemento de aquel (los viejos códigos militares, el saludo tradicional, los privilegios de casta de los mandos, la disciplina, fueron completamente suprimidos). En sustitución de los viejos principios militares, los libertarios defendieron sus conceptos antiautoritarios (autodisciplina, igualdad entre la tropa y los mandos, organización asamblearia, elección de los mandos por la tropa...).

"La diferencia que existe entre un militar que manda y un revolucionario que dirige, reside en que el primero se impone por la fuerza, mientras que el segundo no dispone de más autoridad que la que se deriva de su propia conducta" (410).

            A pesar de que esta idea revolucionaria fue llevada, frecuentemente, y con grandes dosis de ingenuidad, a niveles casi esperpénticos. Frecuentemente los milicianos abandonaban sus puestos de vigilancia para visitar a sus familias, o se negaban   a cumplir órdenes, por considerarlas peligrosas. Sin embargo los hechos manifestaban que existía una fuerte voluntad de los   trabajadores de sustituir a la vieja sociedad, por un nuevo proyecto social revolucionario.

"Hace falta decirlo desde un principio los defectos fundamentales de las milicias radicaban en su estructura y solo en parte, en la ideología que las formaba. Los defectos de improvisación, de menosprecio por el criterio militar de los profesionales, de politización partidista, de incapacidad orgánica para emprender maniobras de larga duración y, en general, de falta de capacidad de maniobra militar, fueron propios de todos los grupos políticos que lucharon en aquellos frentes".
"... En, los anarquistas estaban doblemente aumentados los defectos a causa del gran número de milicianos y a causa de su ideología, pero, puede ser que este exceso en sus defectos quedase compensado, en ellos, por su tradición de lucha armada...".
"No existía en las milicias falta de combatividad, lo que faltaba era entrenamiento, disciplina y un concepto de unidad entre los diferentes grupos a causa de las divergencias ideológicas..." (411).

            En el esquema anarcosindicalista, las milicias tenían que estar sometidas al control de los sindicatos. Victor Alba achaca el fracaso cenetista al hecho de que el movimiento libertario era hegemónico en Barcelona y en la mayoría de las ciudades y áreas industriales, pero no en toda Catalunya. Por lo tanto la única forma de coordinación posible entre las distintas fuerzas tenía que ser el Comité Central de las Milicias (412). Sin embargo, este organismo no solo  se mostró incapaz de convertirse en el centro de mando de las columnas revolucionarias, sino que tampoco cumplió la función de coordinación que las milicias necesitaban, salvo en el tema de los suministros del material de guerra. El tercer proyecto político que se planteaba en Catalunya, era el defendido por el POUM. No parecen ser justificadas algunas  de las críticas realizadas a este grupo, desde posiciones anarcosindicalistas o trotskistas. Munis considera que el POUM aceptó alegremente la organización de las milicias al margen del Comité Central de Milicias, a cambio de poder tener  sus propias milicias y su propio armamento (413). Diego Abad de Santillán considera que fueron "las tendencias marxistas -estalinistas y las llamadas trotskistas- las que primero escindieron al pueblo antifascista" (414).

            La observación que hace Pierre Broué parece ajustarse más a la realidad. El historiador francés afirma que la actitud del POUM no parece que fuera la de constituir sus propias milicias, postura que habría entrado en contradicción con su política de fortalecer el Comité Central de Milicias y de convencer a los dirigentes anarcosindicalistas de convertir a este organismo en un auténtico gobierno revolucionario.
"En realidad el POUM se encontró cogido en un engranaje, ya que todas las organizaciones obreras constituyeron desde las primeras horas del levantamiento, sus propias unidades de milicias. Esta situación tenía más ventajas que inconvenientes para el POUM, ya que éste no podía esperar ningún favor en el reparto de armas y municiones; y el hecho de tener <<sus propios sectores>> en el frente le hacía prácticamente vulnerable y trágicamente dependiente. En Madrid, las milicias del POUM no obtuvieron más armas que las que les cedió el Partido Sindicalista que había recibido demasiadas para sus reducidos efectivos..." (415).

            La penuria en la que se encontraron las milicias del POUM, que carecían del potencial del anarcosindicalismo, pero que tampoco poseía la ayuda que tuvieron las organizaciones estalinistas para formar sus propios cuerpos armados.

            Frecuentemente, las columnas poumistas, fueron dramáticamente discriminadas en el reparto de armamento y de municiones. En el frente de Madrid, nueve de cada diez milicianos poumistas, murieron en los combates, víctimas de las órdenes que los enviaban a realizar operaciones suicidas, con su escaso armamento y sin ningún tipo de protección aérea o artillera.             La verdadera postura del POUM quedó reflejada en el mitin que realizó en el Gran Price de Barcelona, el 6 de Septiembre:

"Y uno de los obstáculos más importantes que se oponen a la verdadera organización de la victoria, a la obtención del triunfo por nuestras milicias obreras, es la falta de un mando único, la falta de un centro militar unificado que dirija todas las operaciones. En las presentes circunstancias, el gobierno de Madrid no puede jugar este papel. En Catalunya hemos creado el Comité Central de Milicias obreras, que es el que centraliza realmente toda la acción militar y toda la acción política, y nuestro partido propone que se constituya una Junta Nacional de Defensa que, como el Comité de las Milicias de Catalunya, centralice toda la acción y lleve la guerra hasta la victoria definitiva" (416).

            El POUM defendía la necesidad de la construcción de un auténtico Ejército Rojo. Un ejército regular y disciplinado que superara las limitaciones y los errores de las milicias de los primeros meses, pero que mantuviera las características revolucionarias en su seno.

"La organización del ejército rojo no puede hacerse de un golpe. Pero en realidad, las bases sobre las que ha de sujetarse están ya realizadas en el frente, en la convivencia íntima de las milicias obreras y campesinas en las líneas de fuego y en la fraternización de los milicianos con los soldados y los guardias. La creación sin pérdida de tiempo de comités integrados por delegados de combatientes rojos integrados por delegados democráticamente elegidos por los distintos grupos de las milicias revolucionarias, por los guardias y por los soldados será la garantía de que el pueblo alzado en armas para la defensa de sus intereses comunes primero, para la total reivindicación de sus derechos después, nada ni nadie podrá detenerlo..." (417).
            El proyecto militar del POUM se diferenciaba en otro aspecto fundamental del que defendía el PSUC. La estructura del nuevo Ejército Rojo solo podía reflejar los avances y las aspiraciones de la revolución de los comités, esto es, defender un auténtico programa social que recogiera las viejas aspiraciones de todas las clases populares. En el mitin celebrado, el 6 de Septiembre, en el Gran Price de Barcelona, Andreu Nin declaraba:

"Las guerras solo se ganan, no solamente desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista técnico, por la superioridad del armamento y por la disciplina, los militares tendrían que haber vencido el día 19 de Julio...".

"Las realizaciones de carácter social y de carácter político tienen tanta trascendencia, como los éxitos en el terreno militar... contra el fascismo solo hay un medio eficaz de lucha, la revolución proletaria..." (418).

            Por el otro extremo político, el POUM realizaba una crítica al espontaneísmo anarquista, por su desprecio a los aspectos técnicos y militares.

"Este ejército fuerte por su moral de clase, por su entusiasmo, por su heroísmo, ha tenido, no obstante, defectos que es necesario corregir. Ha sido, a pesar de todo, un ejército irregular, inpreparado técnicamente, que ha confiado demasiado en el impulso y en la abnegación de sus componentes y no ha tenido en cuenta la ciencia, la técnica y la estrategia de la guerra..." (419).

            Sin embargo, el proyecto del POUM, no pasó en ningún momento, del propagandismo. El poumismo tenía que aceptar  una política de hechos consumados: el anarcosindicalismo aceptaba la formación de milicias partidarias, cuando por su propio peso e influencia podía haberlo evitado. Sin embargo, en esta situación, el POUM optó por evitar el enfrentamiento con la CNT y la FAI y desarrollar una política similar a la del resto de las organizaciones, formar sus propias columnas. La otra opción posible, la de ingresar en las filas de las milicias anarcosindicalistas (las únicas que estaban sometidas directamente al control y a la disciplina del Comité Central), fue rechazada por los dirigentes del POUM, para no enemistarse con los dirigentes cenetistas y poner en peligro su política de alianzas.

            Por otro lado, el POUM también parece que descuidó, menospreció, o se opuso a la formación de consejos de milicianos en su seno. Félix Morrow aseguraba en sus escritos que no hubo elecciones de delegados para la formación de consejos de soldados, y asegura que los dirigentes de las columnas poumistas se oponían a ello (420). El escritor británico George Orwell, miembro de las milicias de este partido, corrobora esta idea y da su testimonio de que el POUM no hizo ningún tipo de trabajo político entre sus propias milicias.


"Al contrario de lo que se cree generalmente los líderes políticos del POUM están muy en contra de esta idea del comité y estaban ansiosos de que la idea no pasase de los ingleses a los españoles" (421).

            Sin embargo, el testimonio más firme y demostrativo de esta actitud la encontramos en la "resolución sometida al Comité Central del POUM", realizada por José Rebull líder de la oposición en el seno del partido.

"...Ha permitido a miembros de nuestro partido, dirigentes de la división Lenin, sabotear toda acción política por parte de los milicianos en nuestras filas, en lugar de llevar una agitación por la democracia obrera en los organismos de masas" (422).

            Los proyectos del PSUC, de la CNT-FAI y del POUM se enfrentaron en el seno del Comité Central de Milicias, por la supremacía. Las vacilaciones y la falta de un plan político madurado, por parte del anarcosindicalismo, triunfante en las jornadas de Julio, permitieron que el PSUC y las organizaciones del Front d'Esquerres, partidarios y aliados del gobierno de la Generalitat, fueran minando el terreno sobre el que se sostenía el edificio cenetista.

            El proyecto del POUM tampoco pudo prosperar. Su actitud seguidista frente a los errores del anarcosindicalismo y la situación de aislamiento creciente en el que se encontraba,  redujo sus planes para construir un Ejército Rojo, a una simple actividad propagandística sin concreción en la realidad. El compromiso político del anarcosindicalismo con el gobierno de la Generalitat colocaba a las milicias en una situación de dependencia hacia las autoridades republicanas que iba a tener funestas consecuencias. El gobierno autónomo catalán, adversario político de la revolución que encarnaban los comités y las milicias, se encargaba de pagar los sueldos a los combatientes del frente.

            Sólo la ideas del PSUC y del PCE prosperaron. Apoyados por los gobiernos, Central  y autónomo catalán, y también por la política soviética. Utilizando la presión política que significaban los suministros de armamento y  de municiones, sobre  los revolucionarios, día tras día, el proyecto de construcción del Ejército Popular, nombre bajo el que se escondía el viejo ejército republicano, fue abriéndose camino, en detrimento de las milicias y de la revolución.

4.4.2 El orden interno revolucionario

            El triunfo revolucionario de las jornadas de Julio llevó consigo una gran explosión social y la irrupción de grandes sectores de la población, inactivos o pasivos hasta el momento, en la actividad política. Sin embargo, y junto a la gran actividad que empezó a desarrollarse en todas las áreas de la vida cotidiana, también hizo irrupción la delincuencia y el lumpenproletariado.

            Siglos y siglos de explotación y de miseria, se expresaron en la gran cantidad de saqueos y de asesinatos que asolaron las calles de Barcelona y de gran parte de los pueblos y ciudades de Catalunya. Gran parte de esta violencia fue provocada   por la irrupción en la arena política, de importantes sectores sociales, que habían  sido marginales antes de la revolución. El odio de siglos de miseria y de opresión se desencadenó espontáneamente, sin que existiera una clara perspectiva revolucionaria.

            No es posible analizar una situación revolucionaria, desde una óptica supuestamente moralista, como han hecho algunos historiadores y políticos que se opusieron a ésta. La violencia que acompaña cada revolución, los excesos que en ella se desencadenan son, sin duda alguna, inevitables, y reflejan la actitud de importantes capas de la población, oprimidas, de no querer seguir soportando la explotación sufrida hasta el momento. Sin embargo, era necesario canalizar y limitar esta violencia social mediante cauces de "legalidad revolucionaria", para evitar que importantes sectores de la población, especialmente la pequeña burguesía urbana y campesina,   profundamente catalanista, pudieran depositar sus simpatías en la reacción que acababa de sublevarse, por temor a que el movimiento revolucionario pudiera poner sus propiedades y sus vidas en peligro.

            La profunda desestabilización social y los peligros que estos hechos provocaban hizo que el recién nacido Comité Central de Milicias tomara medidas urgentes para poner coto a la violencia desatada. Su primer decreto fue el de la creación de "equipos", integrados por militantes de las distintas organizaciones, que se encargarían del mantenimiento del nuevo orden revolucionario y de que fuera cumplido estrictamente el toque de queda.

            El gobierno de la Generalitat de Catalunya, y los partidos del Front d'Esquerres denunciaron los graves excesos represivos que se estaban cometiendo, al calor de la revolución, y acusaron a los anarcosindicalistas de ser incapaces para frenar la violencia de sus propias bases. Su objetivo era obligar al Comité Central de Milicias a entregar las competencias del orden público a la Generalitat y los antiguos cuerpos policiales, que habían quedado completamente desplazados de sus funciones, por las milicias revolucionarias y por las patrullas de control.

"Sus  líderes    en  el  Comité    decían  que  el  movimiento libertario no era responsable de los asesinatos. <<Son las patrullas de control. Algunos de los que las integran son asesinos>>. Pero a mi juicio, no podían enfrentarse con aquella gente que representaba a su propia ideología" (423).

            Otro de los testimonios críticos con la actividad del anarcosindicalismo y del Comité Central es la de Manuel D. Benavides, que muestra la actitud y las pretensiones del PSUC, partido que, rápidamente, y desde su nacimiento, se había aliado al gobierno de la Generalitat.


"¡Un orden! ¡un orden! -reclamaba Catalunya".
"El obstáculo para restablecerlo procedía de que el Estado y sus  órganos  -magistratura, policía,  ejército y administración-  habían desaparecido con las funciones que ejercían" (424).

            Sin embargo, las acusaciones contra el anarcosindicalismo parecen haber sido profundamente injustas y también interesadas.  Las campañas contra los "incontrolados" tenían como objetivo convertir al Comité Central en el blanco de sus críticas, desprestigiarlo ante la población, acusando a los  anarcosindicalistas de ineptitud e incluso de complicidad con los excesos sangrientos que se estaban realizando, para justificar la revitalización de los cuerpos policiales de la Generalitat y el desarme de los trabajadores revolucionarios.

            "La Humanitat", periódico catalanista que representaba los intereses políticos próximos al gobierno de la Generalitat, elogiaba, en los días posteriores a las jornadas de Julio, la actividad de las patrullas revolucionarias para evitar los actos de delincuencia y las venganzas personales. Sin duda alguna, estos artículos fueron escritos antes de que se desatara la campaña de desprestigio contra el orden público, que estaba en manos del Comité Central de Milicias.

"El orden revolucionario es admirablemente llevado por las <<milicias antifascistas>>, las cuales reprimen enérgicamente todo acto de pillaje u otro que deshonre la lucha contra la rebelión antirrepublicana".

"Los elementos de la CNT, que, con tanto coraje, defendieron en aquellos días las libertades del pueblo, se muestran celosos defensores del orden revolucionario y cortan en seco todo acto de bandidaje, efectuado por los elementos profesionales del delito" (425).

            Numerosos cuadros y dirigentes libertarios denunciaron, desde los primeros momentos, que la violencia indiscriminada era profundamente reaccionaria, y que debía ser detenida con todos los medios que estuvieran al alcance de los revolucionarios.

"Se están  sucediendo en  Barcelona una   serie de  registros domiciliarios, seguidos de detenciones arbitrarias y consiguientes fusilamientos, ejecutados la mayoría de ellos sin causa alguna que justifique tal medida... Esto no puede continuar por más tiempo. Estamos de acuerdo en que, en todos aquellos casos que sean debidamente justificados, se proceda inexorablemente y sin contemplaciones de ninguna clase. Concretando: los registros domiciliarios que se efectúan con carácter particular deben cesar, y no podrán llevarse a cabo más que con un aval de la Comisión de Investigación de las Milicias antifascistas... o bien por la Federación local, Comité regional y Regional de la FAI, conjuntamente... Que cada   militante, que todos los soldados de la revolución sean los más celosos guardadores de un orden nuevo: orden revolucionario. ¡Qué la revolución no nos ahogue a todos en sangre! ¡Justicieros conscientes, sí! ¡Asesinos, nunca!..." (427)

            Cinco días después, y en plena ofensiva del Comité Central de Milicias para hacer respetar el nuevo orden revolucionario, Solidaridad Obrera advertía:

"Declaramos fríamente, con terrible serenidad y la inalterable intención de hacer lo que decimos, que si no se acaba con todos estos actos que están propagando el terror en toda Barcelona, procederemos a ejecutar a cada individuo a quien se pruebe haber cometido actos contra los derechos humanos... Por el honor del pueblo de Barcelona, por la dignidad de la CNT y de la FAI, debe acabarse con estos excesos" (427).

            Junto a los libertarios, el POUM planteó la necesidad de fortalecer el Comité Central de Milicias, como la única forma posible que existía, de defensa del orden revolucionario. Los poumistas hicieron una fuerte crítica contra el terrorismo individual que estaba desprestigiando a la revolución, y contra los que aprovechaban la situación para exigir el reforzamiento de los viejos cuerpos policiales de la República. La represión  revolucionaria tenía que encauzarse por los medios adecuados, que evitaran posibles excesos contra sectores de la sociedad, que solo servirían para reforzar a los enemigos de la revolución.

"No se trata de suprimir a los burgueses físicamente, sino de suprimir a la burguesía como clase social... ¿Quién debe entender en las cuestiones del terrorismo revolucionario, de la justicia revolucionaria? los órganos propios que para tal fin crea la propia revolución. Tanto en el frente de batalla como en la retaguardia... deben ser los órganos de defensa, de salud pública, de control, de investigación, y los tribunales populares, los únicos calificados para administrar la justicia revolucionaria..." (428).

            Las acciones del Comité Central de Milicias y de las patrullas de control se encaminaron a poner fin a tales excesos. Se amenazó a los miembros de los partidos y sindicatos que realizaban registros domiciliarios, detenciones y fusilamientos por su propia cuenta con duras represalias si eran sorprendidos realizando tales actividades. Algunos militantes anarquistas fueron detenidos y fusilados sin contemplaciones, por haber sido sorprendidos en pleno delito. Entre estos destacaron los ajusticiamientos de José Gardeñas, miembro del Sindicato de la Construcción de Barcelona y de su grupo, y el de José Fernández, presidente del de la Alimentación.

            El dinero y las joyas, recogidos en los registros domiciliarios y en   las incautaciones eran entregadas por las patrullas de control al Comité Central de Milicias, y éste, a su vez, las cedía al Conseller de Cultura de la Generalitat. La actitud del Comité Central respondía al profundo desprecio que mostraba el anarcosindicalismo hacia el dinero y los objetos de valor, considerados como símbolos de una sociedad caducada que no debería volver, pero también reflejaba su postura de negarse a tomar el poder, y por lo tanto, su intención de mantener las viejas instituciones del estado, aunque fuera de una forma simbólica.

            De forma progresiva, los registros, las detenciones y los paseos arbitrarios fueron reduciéndose, poco a poco, a medida que el orden revolucionario iba quedando en manos de las patrullas de control, y de la Comisión de Seguridad del Comité Central de Milicias. Carlos Semprún-Maura expresa la opinión de que el mayor control sobre el orden revolucionario no se tradujo en el final de los ajustes de cuentas y en los ajusticiamientos, sino en su legalización.

"La idea inicial era la de que había que evitar los abusos y exacciones que algunos individuos o grupos <<incontrolados>> pudieran cometer por iniciativa propia. Para ello, como siempre en la historia a secas y no sólo en la historia de las revoluciones, lo que se iba a hacer era intentar <<legalizar>> los abusos y las exacciones. El resultado era previsible de antemano, no se las evitó, no se las limitó, no se hizo más que añadir a los ajustes de cuentas individuales, las ejecuciones <<legales>>, sin mencionar los ajustes de cuentas entre organizaciones..." (429).

            El mismo historiador libertario reconoce que sólo una ínfima parte de los represaliados eran simpatizantes declarados de los sublevados, mientras que la mayoría eran simples "tipos de derechas" o que "iban a misa", y que no representaban ningún peligro para la revolución. Sin embargo, Semprún-Maura también reconoce, seguidamente, que el mayor peso de la represión y de los excesos no estuvo a cargo de los Tribunales revolucionarios y de las patrullas de control, sino de las policías paralelas que seguían existiendo, completamente independientes de la autoridad del Comité Central y supeditados a las de los órganos directivos de sus propias organizaciones (430).

            En los meses posteriores, y a medida que la  revolución  iba retrocediendo, la violencia espontánea dió paso a otra, mucho más fría y sistemática,  que fue  dirigida   principalmente, no contra los simpatizantes de los sublevados, sino contra los mismos revolucionarios. Las diferencias políticas entre las organizaciones, se saldaron, a menudo, por medio del asesinato y de los "paseos". Entre las víctimas de estos ajustes de cuenta, encontramos a Desiderio Trillas, acusado por la CNT de corrupción  y de ser "el cacique de los muelles" de Barcelona y el encargado de la UGT de la fábrica Hispano-suiza.

            La prensa del PSUC se destacó rápidamente por ser la que con más fuerza exigió el final de los "excesos" de los incontrolados, que retenían gran cantidad de fusiles y de munición en la retaguardia, cuando este material resultaba dramáticamente escaso en el frente. El concepto de "incontrolados" utilizado por el PSUC abarcaba a los comités revolucionarios y toda la actividad espontánea que estaban llevando a cabo los trabajadores.

            La campaña desatada por el PSUC y la UGT,  apoyada por ERC,  y que contó también con la participación de los dirigentes anarcosindicalistas del Comité Central de Milicias fue contestada por la federación de comités de Defensa de Barcelona, ligados también a la CNT y a la FAI:
"Mientras que la revolución no haya resuelto el problema del poder político, y exista una fuerza armada obediente a las órdenes del gobierno de Madrid, no sometida al control de los trabajadores, los grupos de defensa no depondrán sus armas, porque ellas constituyen la defensa y la garantía de las conquistas revolucionarias" (431).

            La campaña por el desarme de la retaguardia, lanzada por las organizaciones ligadas al Frente Popular en Catalunya,  pretendía el total desarme de la población, y la centralización del control del orden público en manos del Comité Central de Milicias y del gobierno de la Generalitat. El desarme de los trabajadores y de sus comités revolucionarios tenía que ser el primer paso necesario que había que dar, para que el gobierno republicano y la Generalitat recuperaran el pleno poder.

            Por consiguiente, el desarme de la retaguardia, sin que el poder dual se resolviera hacia ninguno de los dos lados, podía significar, la derrota de la revolución. El hecho de que la requisa de armas, coincidiera con el rearme de los viejos cuerpos policiales de la Generalitat, confirman la tesis, de que el móvil de la campaña, lanzada por los partidos y sindicatos del Frente Popular en Catalunya, no fuera otro que asegurar la recuperación del poder, por parte del gobierno autónomo catalán.

            Es indudable que hubo una importante retención de material  de guerra en la retaguardia, cuando éste estaba siendo muy necesario en el  Frente,  paralizado  por la  escasez de  armas y municiones. Diego Abad de Santillán nos habla de 60.000 fusiles,  retenidos por los partidos y sindicatos, mientras que las milicias que combatían en Aragón, apenas contaban con 30.000  armas (432).

            Sin duda alguna, la retención de armas y municiones por los llamados "incontrolados", es decir, por los comités locales y por las bases cenetistas y poumistas, reflejaba el temor a que el desarme de la retaguardia significase el reforzamiento de los viejos poderes, y por ende, el fin de la revolución y de las conquistas sociales que acababan de conseguir. Los posteriores acontecimientos, demostraron que sus temores no  estaban, en absoluto, infundados.

            La retención del armamento no sólo era llevada a cabo por los comités revolucionarios, sino que era una práctica habitual entre los partidos y sindicatos. El mismo PSUC, principal artífice de la campaña de desarme, fue acusado por retener armas, e incluso carros blindados, que debían enviarse al frente de Aragón. El mismo Buenaventura Durruti realizó una expedición armada a Sabadell  para obtener una docena de ametralladoras que se encontraban en manos del PSUC (433). La retención de material de guerra en la retaguardia reflejaba el  convencimiento  de  todas  las  organizaciones que componían el Comité Central de Milicias, de que la situación de dualidad de poderes, tarde o temprano, iba a tener que resolverse en un enfrentamiento armado entre los dos campos, el de la revolución de los comités y el de la contrarrevolución democrática republicana.

            El POUM se mostró completamente contrario a la campaña de requisas de armamento. El desarme de la retaguardia solo podía ir acompañado de la consolidación del poder revolucionario, frente a sus adversarios, los partidarios de la restauración del poder republicano:

"El proletariado tiene un deber elemental, y éste deber elemental es no dejarse desarmar. Las armas con las cuales va al Frente, la clase trabajadora ha de conservarlas, al volver del frente, para batir definitivamente al régimen de la burguesía". (434).

            El Comité Central de Milicias participó en la campaña para que los trabajadores entregaran el armamento que se encontraba en sus manos, para concentrarlo en el frente. Sin embargo, la resistencia de los comités locales fue muy fuerte y no tuvo el éxito que se esperaba. El mismo Diego Abad de Santillán, responsable de la requisa de las armas, para poder enviarlas al frente, confesó la impotencia del Comité Central de Milicias para hacer cumplir sus directrices, en las que se negaron a colaborar gran parte de los  sindicatos de la CNT y la misma FAI (435).

"No una, decenas de veces planteamos al movimiento libertario, la necesidad de entregar el armamento de guerra de que disponía. Si no se quería entregar el armamento, que acudiesen los hombres que lo manejaban. Para asegurar el orden en la retaguardia bastaban ya las mujeres, los niños, las piedras. Se argumentaba que no podíamos desarmar a los propios, mientras los otros partidos y organizaciones se preparaban para atacarnos por la espalda..." (436).

            Indudablemente, las resistencias que expresaban las bases anarcosindicalistas y del POUM, reflejaban una profunda desconfianza que  éstas sentían,  hacia las organizaciones que más exigían el desarme de la retaguardia, los partidos del Front d'Esquerres pero que seguían manteniendo en sus manos, importantes cantidades de material de guerra. De la misma manera, el temor y la desconfianza no podían ser eliminadas, mientras el Comité Central de Milicias permitiera que siguieran existiendo, paralelamente a las patrullas de control, los viejos cuerpos policiales, incluida la odiada guardia civil, que sobreviviría con el nombre de Guardia Nacional Republicana.

            El día 23 de Julio, la Federación Local de Sindicatos de la CNT de Barcelona publicaba una octavilla:

"Obrero, organízate en milicias. No abandones el fusil ni la munición, no pierdas el contacto con tu sindicato. Tu vida y tu libertad están en tus manos" (437).

            La octavilla era una respuesta de los sindicatos y de los comités de Defensa de la CNT, a las directrices que el Comité Central había empezado a publicar, por las cuales se intentaba establecer una especie de censo sobre el armamento existente en manos de los trabajadores, mientras que se recomendaba que los que desearan entregar las armas, lo hicieran en los cuarteles de las milicias.
            La consigna fue interpretada en el seno del anarcosindicalismo como un intento de desarmar a la revolución. La debilidad del Comité Central de Milicias estaba en que, mientras los líderes anarcosindicalistas se negaban a romper la dualidad de poderes, para convertir a éste en el órgano máximo e indiscutido de la revolución, también eran perfectamente conscientes de que el logro de sus objetivos de desarme de la retaguardia, solo podía realizarse mediante el enfrentamiento con sus propias bases.

4.4.3 La justicia revolucionaria. El juicio a los vencidos.

            La revolución de los comités provocó la inmediata huida de una gran parte de los estamentos que habían estado relacionados con el poder judicial en el período anterior a la contienda, por temor a las posibles represalias de los revolucionarios. Sin duda alguna, fue la situación de vacío de poder que provocó la caída de las instituciones republicanas y la inexistencia de un poder revolucionario articulado que ocupara su lugar, la causante de los saqueos, del terrorismo individual y de los posibles excesos de la represión revolucionaria. Esta situación caótica quedó parcialmente controlada por la aparición de las milicias de retaguardia y de las patrullas de control, y también por la formación de los primeros tribunales populares que canalizaron, organizaron y "racionalizaron" la violencia revolucionaria.

            El creciente control del orden público, de la Justicia y de la represión, que iba adquiriendo el Comité Central de Milicias, fue saludado entusiásticamente por toda la prensa republicana, cercana a las posiciones políticas de la Generalitat y del Front d'Esquerres. El contrasentido era solo aparente.

            La centralización de estas funciones, aunque fuera una necesidad ineludible de la revolución que ellos combatían, también significaba un primer paso en la dirección política hacia la que esperaban que evolucionase la situación. El hecho de que los comités revolucionarios locales delegasen estas funciones en manos del Comité de Milicias implicaba el reconocimiento de la supremacía política de éste. Y, sin lugar a dudas, el peso y la  influencia de sus organizaciones en el seno de este organismo era infinitamente mayor que en la multitud de comités locales.

            El Comité Central de Milicias era, en última instancia, un organismo que    encarnaba la negativa de los anarcosindicalistas a tomar el poder y, por lo tanto, también representaba la dualidad de poderes existente. Si ellos conseguían, mediante el compromiso de los dirigentes de la CNT y las presiones políticas, ir haciéndose con el control de las competencias que asumía el Comité, la posibilidad de recuperación del estado republicano podría  ir abriéndose camino y convertirse en una realidad.

"Se han instalado tribunales populares y <<La Vanguardia>>, que continua siendo el periódico más importante de Barcelona, hace ver que se felicita por ello, pero expresa su esperanza de que ahora en adelante, se pondrá fin a la nueva seguridad en la vía pública y de que, delante de los nuevos tribunales comparezcan no solo los fascistas, sino también los autores de las falsas denuncias y los terroristas... pretende quitar a los milicianos el poder ejecutivo y a lo mejor, llevarlos ante los tribunales" (438).

            Sin embargo, la situación estaba muy lejos de haber madurado, para poder llevar hacia adelante, de forma inmediata, sus planes, el Comité Central de las Milicias, no solo era un órgano de compromiso y de colaboración "democrática" con  el gobierno de la Generalitat, sino que también representaba, de una forma más o menos deformada, las aspiraciones de una revolución que controlaba las calles y los centros de trabajo.

            El Comité Central de Milicias ordenó que se llevara a cabo  un consejo de guerra contra los militares sublevados que habían sido derrotados en Barcelona, en las jornadas de Julio.

            Los juicios sumarísimos se iniciaron el 11 de Agosto en el buque prisión "Uruguay".  Los vencidos serían juzgados por tribunales que estarían integrados por oficiales y suboficiales que se habían mantenido leales a la República (entre ellos figuraban el coronel Guillermo de la Peña, los tenientes coroneles Martínez Sansón Redondo, Jiménez Combelles, el comandante Michelena...).

            Algunos de los detenidos fueron liberados antes de los juicios e invitados a unirse a las milicias como técnicos asesores, al considerarse que su responsabilidad en el levantamiento había sido ínfima, y que en realidad, habían sido arrastrados por los conspiradores. Otros fueron sentenciados a  la pena de reclusión, por considerar que su participación había sido escasa. Las sentencias más duras estuvieron dirigidas hacia los principales promotores de la intentona en Catalunya.

            Las penas de muerte fueron dictadas contra los generales Goded y Fernández Burriel, y también contra los capitanes Luis López Varela, López Amor, López Belda y Lizcano de la Rosa. Las sentencias, irrevocables, fueron ejecutadas rápidamente, los reos fueron fusilados, el 12 de Agosto, en los fosos del castillo de Montjuich.

            Según Vicenç Guarner, la dureza de las sentencias estuvo dictada por el clima de exasperación social que provocaban las noticias sobre la represión y los continuos fusilamientos que se estaban llevado a cabo en la zona franquista.

"El presidente Companys, cuando le hablé de un posible indulto, me aseguró que por humanidad estaba dispuesto a dictarlo, pero que la gente estaba exasperada por las noticias de los fusilamientos continuados en la zona adversaria. Por otro lado, me dijo que, como Presidente y abogado, él tenía que velar por el cumplimiento de la ley, y que, si indultaba <<lo arrastrarían por las calles como los segadores hicieron con el conde de Santa Coloma" (439).


4.4.4 El Frente de Aragón.

            Aragón tenía, para los revolucionarios catalanes, una doble importancia, defensiva y ofensiva. Por un lado, esta región, ocupada por las tropas sublevadas, se convertía, por su cercanía, en un peligro inminente para la Catalunya revolucionaria. Por el otro, Aragón era la puerta que abría a las columnas armadas catalanas, el camino hacia el Norte minero y siderúrgico, y también el que llevaba hacia Madrid. Por último, la conquista de Zaragoza, uno de los baluartes del movimiento libertario en el período anterior a la guerra y a la revolución, se convertía, para la CNT y la FAI es una necesidad ineludible e impostergable, para poder auxiliar a sus compañeros que se encontraban sometidos a la sangrienta represión del ejército franquista.

            Los representantes del anarcosindicalismo catalán    comprendían la gran importancia estratégica que suponía la  conquista de Aragón, y especialmente, Zaragoza. Apoderarse de estas tierras podía significar, no solo el principio del fin para la sublevación, sino también un enorme prestigio para la CNT, lo que los hubiera colocado en una inmejorable posición, después de la derrota de la sublevación militar, en el desenlace del pulso que existía, de forma más o menos encubierta, entre los revolucionarios y los partidarios de la República. Idéntico criterio parece que siguieron los adversarios políticos del anarcosindicalismo pero con intereses completamente opuestos, con su política de negarse a suministrar el armamento y las municiones necesarias para poder relanzar la ofensiva de las milicias en este frente.

            No parece que el argumento de la escasez de armas, para explicar esta falta de suministros, resista un análisis serio, en tanto en cuanto, otros frentes, quizás con menor importancia estratégica, recibieron material de guerra más que suficiente. Sin duda alguna, el criterio político, el de combatir con todos los medios a su alcance a la revolución, primaba, una vez más, sobre el militar, la guerra contra los sublevados. En cualquier caso, la victoria sobre el ejército franquista solo debería ser realidad, después de la derrota y  la liquidación definitiva del movimiento revolucionario. De otra forma, una hipotética victoria sobre los militares, significaría, en aquellas circunstancias, la muerte definitiva del orden republicano, y el triunfo de aquella revolución, que partidarios de la República y sublevados habían intentado evitar.             Por lo tanto, el entusiasmo que empujaba al grueso de las columnas milicianas en el frente de Aragón (y también en otros frentes de batalla), tenía muy poco que ver con la defensa de la República, y mucho en cambio, con el proyecto de extensión de la revolución fuera de Catalunya.

"Nos importaba un comino la República. Lo único que nos importaba era la revolución. No habría ido al frente de no haber sido para hacer la revolución. En Barcelona nos habíamos echado a la calle para luchar porque no teníamos otra opción, pero ir a luchar contra los militares en Aragón... no, no se habría ido allí solamente para hacer eso. La fiebre revolucionaria era la que nos empujaba" (440).
            Otro testimonio valioso, que confirma la actitud de los milicianos es el de Orwell, que formaba parte, en aquella época de las columnas del POUM, y que ha sido defensor y a la vez, crítico, del sistema de las milicias:

"Los miembros de los sindicatos que se constituyeron en las milicias e hicieron retroceder a los franquistas hasta Zaragoza en las primeras semanas de la guerra... creían estar luchando por el poder de la clase obrera" (441).

            Las columnas de milicianos se estrellaron contra las defensas de las tres capitales aragonesas, que estaban en poder de los sublevados. Solo Teruel, cayó, en manos republicanas, de forma muy efímera y mucho más tarde. Sin embargo, los milicianos reconquistaron el territorio aragonés más cercano a Catalunya, y avanzaron cerca de 100 kilómetros más allá de las fronteras catalanas, lo que significaba cerca de tres cuartas partes de la región. Además del aspecto militar, también hay que tener en cuenta, el aspecto político y revolucionario, del que ya hemos hablado en capítulos anteriores. La huída de los grandes propietarios permitió la creación de un vasto sistema de comités locales y de colectividades agrarias, que sustituyeron el vacío de poder político y económico.

            El fracaso de las milicias revolucionarias para abrirse paso a través de Aragón, se debe a diferentes motivos. Manuel Cruells alude a dos clases de motivos al analizar la ineficacia de las columnas armadas catalanas: los defectos y errores derivados de su origen, y las luchas políticas que existieron entre ellos, para dominar, a través del nuevo ejército, el poder (442). Sin duda alguna, las dos causas tienen un origen común, el hecho de que las columnas adquirieran una conformación partidaria, y no supeditada a la dirección del Comité de Milicias.

            Respecto a los errores de origen, los hemos analizado en capítulos anteriores. Sin duda alguna, la falta de armamento y de municiones fue el más importante de todos las limitaciones con las que tuvieron que enfrentarse las milicias revolucionarias. La penuria llegó a ser tal, que las milicias aragonesas asaltaron un convoy que transportaba material de guerra perteneciente al gobierno central, para poder suavizar la dramática situación del frente (443). Según las declaraciones de uno de los responsables, nombrado por el Comité Central de Milicias, para proveer a las milicias del frente de Aragón, de los suministros necesarios:

"Todos ellos tenían más hombres que armas, más heridos que ambulancias, más escaseces de suministros. Escaseaban las armas, las municiones, los vagones de abastecimiento, todo lo necesario para hacer la guerra. Empezamos a recoger las armas que quedaban en la retaguardia..." (444).

            Mucho se ha magnificado la importancia de la cantidad  de armamento que  fue retenido por los comités locales y también por los partidos y sindicatos, en la retaguardia. Algunos dirigentes de las milicias como Carod (CNT) o Jordi Arquer (POUM)  están convencidos de que el material bélico retenido en Catalunya, no habría solucionado la grave carestía de las milicias. Sin ninguna duda la penuria armamentística fue uno de los principales factores que explican la transformación en una guerra de trincheras, justo en el momento en el que tenían sus principales objetivos a la vista (445). La campaña de requisa del armamento en la retaguardia tenía más elementos políticos, desarmar a un movimiento revolucionario que desafiaba la autoridad del gobierno de la Generalitat, que de índole militar.

            Los suministros bélicos fueron utilizados por los adversarios  de la  revolución,  las  organizaciones  del  Frente Popular y el gobierno de la República, para desprestigiar, y sabotear a las fuerzas armadas que se reclamaban de dicha revolución, acusándolas de ineptitud y de irresponsabilidad frente al enemigo franquista:

"Catalunya, sin embargo, había enviado en Octubre de 1936, treinta mil hombres a Aragón, que conquistaron miles de kilómetros e hicieron más prisioneros que los milicianos de todos los otros sectores de lucha. De ello se desprende el tremendo fracaso de lo que pudo y debió ser una campaña victoriosa. El enemigo se limitó a establecer un muro de contención que los voluntarios catalanes no pudieron perforar porque los planes anarquistas eran inadecuados, abstractos y caprichosos".
...
"Asediado Madrid. la Prensa madrileña y el general Miaja calificaron de perezoso el Frente de Aragón y de inactivas a sus milicias. El frente, en efecto, había adquirido condición estática. La Generalitat alegó la escasez de municiones, la autonomía de las milicias, el incumplimiento de los decretos de militarización, la desconfianza hacia los mandos profesionales y la ausencia de un comisariado. El POUM y la FAI replicaron, reprochando al Gobierno central que escatimara los medios de combate..." (446).

            La trampa estaba cerrada. Además de la escasez de municiones, el gobierno autónomo catalán, representando a todas las organizaciones del frente Popular, y por lo tanto, al mismo gobierno central, reclamaba para si el control y el mando de las milicias revolucionarias y denunciaba la oposición de los sectores revolucionarios a que se formase un nuevo ejército republicano, con el reclutamiento forzoso de levas, entre la población. El único camino que se ofrecía era la militarización de las milicias y su sometimiento incondicional a los planes del gobierno republicano y del Frente Popular.

            Manuel Cruells analiza la situación existente en el Frente de Aragón de forma muy distinta y cita para reafirmar sus tesis, el testimonio de Diaz Martín:

"No eran hombres lo que faltaba, pero sí combatientes, o sea tropas efectivas... si alguna cosa caracterizaba aquellos hombres, a parte de su valentía, era su falta de eficacia. En el primer año de guerra, lo máximo que habían intentado era apoderarse de alguna posición enemiga aislada, pero no se había organizado una operación importante, y no existía en absoluto, entre las unidades, una coordinación. Muchas veces, las milicias de una o de otra sindical o de un partido eran hostiles entre si. Los aprovisionamientos eran escasos y el armamento desigual y viejo, debido a que el gobierno de Valencia desconfiaba totalmente de los hombres de la CNT-FAI y no se atrevía a equiparlos convenientemente" (447).

            La actitud de total hostilidad del gobierno republicano hacia el alcance de la revolución en Catalunya queda evidenciada por las palabras de Manuel Martínez Bande. El suministro de armamento al Frente de Aragón hubiera significado la posibilidad de descongestionar la presión sobre Madrid y otros frentes. Sin embargo, el gobierno central republicano prefirió debilitar el frente aragonés, enviando columnas de milicianos catalanes a la defensa de Madrid (448). El éxito de las milicias catalanas en Aragón habría significado la potenciación de los sectores revolucionarios ante los intentos del Frente Popular para restaurar el poder perdido de la República.

            Una vez más, la actitud hostil,aparentemente incomprensible, de los gobiernos republicanos, se vuelve lógica, si partimos de que el temor a los avances de la revolución, era igual o mayor que el que podían tener hacia las tropas franquistas. No hay que olvidar, que los políticos republicanos y algunos sectores de  la derecha del Frente Popular defendieron ,desde los inicios de la guerra, el establecimiento de conversaciones con los sublevados.

            Por el contrario, la realidad hizo que las milicias revolucionarias catalanas se estrellaran contra  el sistema defensivo  de las tres capitales aragonesas. La iniciativa militar de las columnas, que había conseguido recuperar tres cuartas partes de Aragón, se transformó en una ineficaz guerra de trincheras que debilitó la moral de los revolucionarios.

"Fue esa la principal razón (la falta de armamento) por la que no se pudo lanzar una ofensiva importante. Pero no fue la única. No había un plan global, ni creo que hubiese en Catalunya un oficial del ejército capaz de trazarlo. Entre las columnas, no existía una coordinación apropiada y a veces no había ni siquiera comunicaciones. -recordaba Arquer- A menos que el coronel Villalba convocase una reunión de todos los jefes de columna, nadie sabía lo que el vecino tramaba" (449).

            Por el contrario, el alejamiento de la idea de un triunfo inminente de las fuerzas revolucionarias en el campo militar, daban nuevos argumentos a los partidarios de la "colaboración democrática" con las autoridades republicanas.

"El Comité regional de la CNT de Catalunya empezaba a sentir los efectos de no haber marchado adelante, hacia la implantación del comunismo libertario...".

"... se tenía la impresión de estar ante un gran fracaso..." (450).

            Algunos cuadros libertarios propusieron la formación de un cuerpo guerrillero, que estuviera capacitado para infiltrarse en las líneas enemigas y que hostigase y desbaratase su retaguardia. Sin embargo, el proyecto de formar los contingentes guerrilleros fue rechazado por el gobierno central e incluso, llegó a ser  objeto de presión por parte de la diplomacia estalinista.

"Un día nos advirtió, apenado, Ovseenko, que su partido, que Rusia, no accedía a que se nos entregase armamento para poner en práctica las guerrillas en territorio enemigo. Nos decía que éramos considerados como buenos camaradas, pero que un día podíamos ser peligrosos" (451).

"Por nuestra parte, no pudiendo hacer comprender a los que asumieron la responsabilidad de la guerra, incluso a los propios compañeros, que era preciso emplear, aparte del método regular... el método popular de la acción audaz, libre, sobre un territorio enemigo en el que contábamos con tantas simpatías... nos hemos esforzado por obrar independientemente, pero careciendo de armamento, de apoyo y de comprensión, nos vimos en la necesidad de desistir. De desistir en las tentativas prácticas, ante la imposibilidad de superar las resistencias de los propios comités de la organización y las de los dirigentes estatales de la guerra y de la política" (452).

            Efectivamente, la formación de un cuerpo de guerrilleros, fue considerado por las autoridades gubernamentales de la República como un  arma de doble filo para sus objetivos. Una fuerza de estas características estaba lejos de sus objetivos: la formación de un ejército regular, sometido a su autoridad. La guerrilla hubiera sido un arma de incalculable valor en la retaguardia del adversario, pero su propia estructura y su composición, presumiblemente anarcosindicalista, la hacía peligrosa.

            La autoridad política del departamento de milicias en el  frente era nula o casi nula. A menudo los dirigentes del Comité Central se quejaban de que las milicias sólo recurrían a ellos para pedir nuevos suministros de víveres o material de guerra.
Los mismos dirigentes de las columnas milicianas fueron, frecuentemente, cuestionados o desobedecidos por sus propias unidades, por no estar de acuerdo con las decisiones que se adoptaban.

            La necesidad de un mando único militar que corrigiese los graves errores que cometían las milicias, y que optimizase su rendimiento y eficacia era cada vez más impostergable. Las columnas de voluntarios habían tenido un éxito parcial, hasta el momento habían contrarrestado sus limitaciones con el entusiasmo revolucionario y habían conseguido hacer retroceder el peligro. Sin embargo, también habían demostrado su incapacidad para desbaratar las líneas enemigas:

"En el transcurso de los meses de Julio y de Agosto, fue quizás la unidad de mando, la que hizo falta más cruelmente. En  los días siguientes a la rebelión fue cuando se tomaron las primeras iniciativas felices en el plano de lo estratégico: luego, cada uno se encerró en su propia región. Anarquistas y nacionalistas se vigilaban en el País Vasco. Mola, en las primeras semanas, pudo darles tranquilamente las espaldas. Los catalanes que se encarnizaban en vano, sin artillería, contra Zaragoza, no transtornaron casi los planes de un enemigo que tenía a Madrid como meta. Cada uno parecía llevar a cabo su propia guerra sin preocuparse de la que se llevaba a cabo en la provincia vecina" (453).

            A pesar de que la prensa intentaba transmitir una sensación de éxito, la campaña militar se alargaba cada vez más, y el frente tendía a estancarse por completo. La prolongación del conflicto se reflejaba en una mayor presión de la población sobre la CNT y sobre los organismos del poder revolucionario.

"Todo esto creaba nubes de inquietud, que se transformaban en presiones sobre todos los organismos oficiales, especialmente sobre los de mayor representación popular en aquellos momentos: los Sindicatos...".
"No obstante, el comité regional, presionado por los sindicatos, comités locales y comarcales y por el latido de la opinión popular, decidió descargarse de las presiones que sufría presionando a su vez al departamento de Guerra del Comité de Milicias y a los jefes de las columnas anarcosindicalistas..." (454).

            Era necesario dar un nuevo impulso a las milicias del frente  y terminar con los errores que tantas bajas estaban provocando.  Había que convertir a las indisciplinadas milicias en auténticas unidades revolucionarias de combate, capaces de coordinarse entre sí, para poder llevar a cabo ofensivas y maniobras de mucho más vasto alcance del que habían sido capaces hasta entonces.  También era necesario aumentar su capacidad ofensiva, dotarlas de verdaderos cuadros capaces de dirigirlas eficazmente en los combates, mediante los oficiales y suboficiales que iban a surgir de la Escuela Popular de Guerra. Sin embargo, lo más importante y urgente, era dotarlas de un auténtico mando unificado que acabara con los particularismos y las hostilidades que existían entre las diferentes columnas. En el seno del Comité Central de Milicias se barajaron diferentes nombres como posibles candidatos a dirigir el Mando Unificado del Frente de Aragón. ERC, UGT y el PSUC propusieron al comandante Reyes, jefe del puesto de aviación que se había instalado en la población de Sariñena. Otros nombres de los líderes de las columnas fueron barajados como posibles  opciones a tener en cuenta (Rovira, Trueba, Durruti, Ascaso, Ortiz, ...). Finalmente, entre todos los propuestos sería el coronel José Villalba el escogido para convertirse en el jefe de operaciones. El hecho de que no perteneciera a ninguna de las corrientes políticas y de que fuera un militar profesional, lo convertía, para el jefe del departamento de las milicias, Juan García Oliver, en el candidato mejor situado para el puesto (455).

            Tras la presentación de las candidaturas en el seno del Comité Central de Milicias, la elección del jefe de operaciones para el Frente  de Aragón, realizada por el Departamento de milicias se hizo pública en la localidad de Sariñena. A la reunión asistieron, entre otros, el coronel Villalba, el comandante Reyes, Durruti, Ortiz, y algunos dirigentes de las columnas "Roja y negra", de la del PSUC y de la del POUM.

            La creación de un Estado Mayor para el frente aragonés dió a las milicias una nueva y mayor capacidad operativa. Sin embargo, no dejó de ser un pobre sustituto de las verdaderas necesidades que exigía la situación militar de las columnas y de la misma revolución en si misma. Para ello, era necesario que el Comité Central de Milicias, se decidiese a convertirse en un auténtico gobierno revolucionario. Indudablemente, el poder de las milicias no sólo dependía de su capacidad militar, sino también de la capacidad política de la revolución en la retaguardia, para llegar hasta el final.

"Era evidente que ni políticamente ni militarmente las cosas no funcionaban y que se necesitaba una nueva estructura en la dirección de la revolución y de la guerra civil que ésta mantenía. <<En la dualidad de poderes representada por la Generalitat y el Comité de Milicias, triunfaba la primera>>, esencialmente porque el Comité de Milicias, de una composición tan heterogénea, no tuvo, o no supo establecer, una línea de acción eficiente, a pesar del predominio que mantuvieron los anarquistas, y que después aún quisieron continuar en el Gobierno de la Generalitat, que se formó absorbiendo al Comité de las Milicias" (456).

            El fracaso de las milicias en Aragón significaba  también la consolidación del fracaso político del anarcosindicalismo (457). Una victoria militar rápida de las milicias hubiera significado un nuevo factor de  aliento para la radicalización de la revolución que se estaba llevando a cabo en la retaguardia. Sin embargo el estancamiento implicaba también el mantenimiento del status quo, del que era fruto el Comité Central de Milicias, y por consiguiente también, el mantenimiento de las condiciones que iban a hacer posible la reconstrucción del Estado republicano y de su Ejército Popular.

4.4.5 La expedición a Mallorca.

            Los orígenes y las circunstancias del proyecto, aunque han sido explicados por el que fue el creador y  principal organizador del plan, Alberto Bayo han sido algo confusos, y motivos de controversias (458). Historiadores y políticos de la época, han dado diferentes versiones sobre el tema.

            Jaume Miravitlles, alto cargo del gobierno de la Generalitat de Catalunya, y dirigente político de ERC, afirma en su obra, que la iniciativa de la conquista de Mallorca partió de la órbita del Comité Central de Milicias y que él mismo se opuso al proyecto:

"Hace falta constar explícitamente que la iniciativa de aquellas operaciones salía de la órbita del Comité Central de Milicias de Catalunya. La preocupación, durante las primeras semanas, se centró sobre el frente de Aragón y la posibilidad de ocupar Zaragoza. Las milicias quedaron inmovilizadas delante de Huesca por falta de fusiles y de municiones. No era, entonces, el momento de iniciar otros frentes, sobre todo contra una isla donde la guarnición franquista era numerosa y relativamente bien armada. Yo mismo hice una declaración... en la que definía aquel intento como una acción marginal no autorizada. Prieto, que en aquellos momentos, era ministro de Marina y de la Aviación, tampoco era partidario y escatimaba los elementos de combate que hacían falta en los puntos más decisivos de la guerra en aquellos momentos" (459).

            La referencia que hace, un personaje tan cercano al gobierno catalán y su referencia al Comité Central de Milicias, ha creado cierta confusión, en lo que respecta a la iniciativa y responsabilidades del Comité de Guerra.

            Juan García Oliver, responsable máximo del departamento de Guerra del Comité Central de Milicias, apunta, por el contrario que la idea partió de "la mente calenturienta" de Alberto Bayo, y que posiblemente ésta, fue "recalentada" por algún alto cargo del gobierno de la Generalitat. La velada alusión del dirigente libertario, parece dirigirse, sin mencionarlo, a Lluís Companys (o alguien muy próximo a éste) (460). Sin embargo, las dudas y las cábalas de Juan García Oliver se vuelven una afirmación tajante a la hora de negar la responsabilidad del Comité Central de Milicias.

"El Comité Central de Milicias Antifascistas ignoraba por completo la operación que se proyectaba. Si la empresa resultaba venturosa, sería un triunfo para la <<persona que en lo alto de su posición oficial>> había alentado la conquista de Mallorca, y un fracaso para el Comité de Milicias" (461).

            La posición del Comité Central, en aquellos momentos, era  la de neutralizar la parálisis que empezaba a afectar a las milicias del frente de Aragón. La conquista de Zaragoza y del resto de las capitales aragonesas era mucho más valioso para el proyecto anarcosindicalista; romper el frente de los sublevados para enlazar con el norte vasco y asturiano. La expedición militar a Mallorca, en unos momentos en los que escaseaba dramáticamente el material de guerra, no podía dejar de aparecer, ante los dirigentes libertarios, como una idea descabellada e inoportuna.

            Los cenetistas se mostraron totalmente contrarios a la expedición armada contra Mallorca. Juan García Oliver afirma que, tras preguntar a los delegados de la CNT y de la FAI en el Comité Central, Diego Abad de Santillán, Marcos Alcón, Torrens y Aurelio Fernández, todos ellos afirmaron desconocer, por completo, el proyecto del desembarco en las Baleares. Juan García Oliver alude a la posible colaboración del Sindicato del Transporte, que ya había cometido, anteriormente, otros actos por su propia cuenta y riesgo, e incluso insinúa posibles y oscuras maquinaciones de sus principales adversarios en el seno de la CNT, Federica Montseny y Diego Abad de Santillán (462).

            Al parecer los dirigentes anarcosindicalistas se encontraron  ante una situación de hechos consumados, una expedición que ya estaba en marcha y que contaba con numerosos apoyos en la Generalitat de Catalunya y probablemente también en el gobierno de Giral en Madrid. La conquista de la isla de Mallorca habría  podido provocar la intervención militar abierta de Italia en defensa de sus bases en las islas, y por lo tanto su entrada directa en la guerra al lado de sus aliados del ejército franquista. Los partidarios del plan, consideraban que este hecho tendría como consecuencia inmediata, la intervención militar de Gran Bretaña en el conflicto para frenar las ambiciones de una de las potencias rivales a nivel internacional. Por lo tanto, el logro de estos objetivos, difícilmente podría ser contemplado con buenos ojos por los anarcosindicalistas, que, de este modo, habrían visto en un grave aprieto, su situación y la de todo el movimiento revolucionario. Sin embargo, la no participación del Comité Central de Milicias en la planificación del proyecto, no implica que no participasen algunas de las organizaciones políticas que formaban parte de él. Es difícil imaginarse que el plan pudiera llevarse a cabo, con el absoluto desconocimiento de todos los partidos y sindicatos que lo integraban. Y en cambio, es bastante probable, que algunos de los grupos políticos utilizase la autoridad del Comité. para conseguir los pertrechos que hacían falta para la expedición.

            Manuel Cruells afirma que la expedición fue preparada por el gobierno de la Generalitat, por un grupo de militares profesionales, por las organizaciones del Front d'Esquerres y algunos grupos nacionalistas, como Estat Catalá. Todos ellos, habían quedado marginados del centro del poder político por la revolución. Los partidarios del gobierno autónomo catalán necesitaban urgentemente una inyección de prestigio, que compensara los recientes éxitos de los anarcosindicalistas en las jornadas de Julio, y la hegemonía aplastante que ejercían las milicias de la CNT en el frente aragonés.

"El gobierno de la Generalitat, con cierta urgencia, necesitaba de unas fuerzas propias que tuviesen un sentido de disciplina y que en un momento dado pudiesen representar un papel definitivo en la política catalana. Estas fuerzas, naturalmente, solo podían surgir de los elementos que eran fieles a la situación republicana" (463).

            Alberto Bayo, ha dado una versión muy parecida a la defendida por  Manuel Cruells:

"En la Consejería de Defensa, donde tenía muchísimo ambiente por mi comportamiento en la sofocación del movimiento insurreccional, me indicaron, consejeros amigos, después de ser aceptada en principio la idea que les expuse, que hiciese un detallado y minucioso estudio de una posible expedición para la conquista de las islas sublevadas" (464).

            El capitán de aviación, Alberto Bayo, contó, desde los primeros momentos, con el apoyo de  los altos dirigentes del gobierno de la Generalitat (el mismo Companys, Casanovas...). Fue el consejero Josep María España, quien le aconsejó que se dirigiera al Comité Central de Milicias para que éste diera su visto bueno a la operación militar. Era evidente que, sin su consentimiento, la expedición no podría ser llevada a cabo.

Finalmente, otro de los testimonios que aclara los orígenes y los apoyos que recibió la expedición es el de Joaquín Almendros, responsable, en aquellos momentos, de los asuntos militares del PSUC:

"Pude intervenir muy de cerca en todo lo concerniente a ese momento crucial de nuestra guerra, en mi calidad de Secretario Militar del Partido Socialista unificado de Catalunya, PSUC. Ese partido, conjuntamente con la Generalitat de Catalunya, tuvo a su cargo la mayor parte de la organización. De ahí partió la iniciativa de apoderarse de Palma de Mallorca...".

"Motivos fundamentales hubo que movieron a los organizadores a no darle intervención directa a la Federación Anarquista Ibérica (FAI)...".

"A nuestro juicio, el curso de la guerra hubiese cambiado en forma muy positiva para las fuerzas republicanas, si hubiera sido posible privar al enemigo del gran <<portaaviones>> que tenían en el Mediterráneo, ya que sus aviones hostilizaban continuamente las ciudades de Barcelona y Valencia principalmente...".

"De haberse cumplido con éxito la operación de Palma de Mallorca, se habrían evitado también las hostilidades del enemigo contra la navegación que nos abastecía de pertrechos y víveres...".

"No fue posible marginar del todo a la CNT y FAI, en los actos de desembarco. Se les <<autorizó>> para que formaran una columna que saldría dos o tres días después" (465).

            Sólo el gobierno de la Generalitat de Catalunya y las organizaciones que componían el Front d'Esquerres podían salir políticamente beneficiados del éxito de esta operación militar. La victoria en Mallorca, contrastada con el estancamiento en el que se encontraban sumidas las milicias que combatían en el frente de Aragón, habría dado un fuerte impulso a los planes de Companys y del PSUC para recuperar la perdida autoridad del gobierno catalán. Joaquín Almendros cita a varios políticos y militares que participaron en la planificación y en los preparativos del proyecto: el coronel Sandino, el comandante Guarner, de Mansilla y Escobar, Josep Tarradellas, Lluís Companys y Juan Comorera entre otros (466).

            Sin embargo, los preparativos de la expedición acabaron siendo anunciados a todo bombo y platillo por la prensa catalanista. A. Rovira i Virgili la consideraría en sus artículos como uno de los deberes pendientes que tenía "La Catalunya peninsular" (467). En el mismo artículo, se alude a la oposición que existía a la expedición, entre numerosos técnicos militares y políticos. Los opositores al proyecto consideraban que las circunstancias del momento, aconsejaban centrarse en los objetivos militares primordiales, que eran la toma de las ciudades de Sevilla, Zaragoza y Burgos. Unos días más tarde, el mismo periódico, defendía las razones estratégicas que habían llevado a preparar la operación. La isla de Mallorca en manos de los sublevados, constituía una plataforma natural, situada detrás de las líneas republicanas, desde donde se podía hostigar las costas y bombardear sus ciudades (468).

            La campaña de la prensa, anunciando los preparativos militares, dejaron a la expedición sin la valiosa ventaja del factor sorpresa. Alberto Bayo ha acusado al Comité Central de Milicias de la indiscreción y falta de seriedad:

"Mientras el secreto perteneció a mi estado Mayor, nadie supo nada del pretendido desembarco en las Baleares, pero cuando solicité el permiso del famoso <<Comité de Guerra>> de Barcelona, días después, aparecieron en la primera plana de <<La Vanguardia>> (el diario más popular de Barcelona) dos fotografías del <<Almirante Miranda>> correspondientes al Miércoles 5 de Agosto de 1936, en cuyos pies se decía lo siguiente: <<Preparando la ocupación de Mallorca>>. El buque de guerra <<Almirante Miranda>> que ha marchado a Mahón convocando una expedición de quinientos hombres que han de intervenir, ayudados por la aviación, en la ocupación de Mallorca. A la derecha: los tubos lanzatorpedos del <<Almirante Miranda>> con su carga dispuesta para su empleo" (469).

            Sin embargo, la acusación parece completamente injusta e infundada. La especulación de Alberto Bayo, parece más bien, fundada en sentimientos de antipatía hacía García Oliver (la animadversión parece que era mutua) y el Comité Central de Milicias. El hecho de que la campaña de prensa estuviera iniciada por Rovira i Virgili, personaje alejado del Comité y de los anarcosindicalistas, parece apuntar a que la irresponsabilidad periodística partió del lado político opuesto a la CNT. La polémica y contradictoria anécdota refleja, una vez más, la escasa o nula predisposición del Comité Central de Milicias, a ejercer como un órgano del poder revolucionario, al no existir, ni tan siquiera unos órganos de censura adecuados, para impedir, que en tiempo de guerra, pudieran ser hechos públicos los secretos militares, de forma tan sorprendente.

            La actitud del Comité de Milicias y en particular la de los cenetistas, fue la de aceptar finalmente los planes militares que se habían preparado sin su conocimiento. Juan García Oliver exigió que la expedición se sometiera a la dirección política del Comité Central.

            La expedición, capitaneada por Alberto Bayo, partió de Barcelona rumbo a las islas Baleares. Las milicias pertenecían mayoritariamente a Estat Català, ERC, PSUC y también a la CNT-FAI. La participación de toda una verdadera flota, constituida por destructores, submarinos, cañoneras..., refleja que el proyecto militar estaba siendo apoyado también, desde fuera de Catalunya, por sectores gubernamentales.

            A la columna barcelonesa, compuesta por unos 5.000 combatientes, se unió otro grupo que provenía de Valencia, al mando del capitán de la guardia civil Uribarri. Entre los contingentes valencianos se encontraban algunos diputados socialistas, Galarzo, Ruiz del Toro y Ruiz Lecina. Posteriormente se añadieron los buques de guerra que se encontraban en Mahón y algunos hidroaviones.

            La participación de los notables socialistas y la de toda   una flotilla de barcos de guerra de la Marina pone en evidencia la colaboración del gobierno de Giral y del algunos sectores del Partido Socialista. El mismo Joaquín Almendros habla de que el proyecto era conocido por Largo Caballero, que lo había aprobado (470). El socialista moderado Juan Simeón Vidarte, asegura que el proyecto fue discutido en el Consejo de Ministros y finalmente acabó contando con el apoyo del gobierno de Madrid (371). Sin embargo otros sectores socialistas y del gobierno lo rechazaban. La oposición fuera de Catalunya, estuvo capitaneada por Indalecio Prieto, nombrado ministro de la Guerra,  en pleno desarrollo del desembarco en Mallorca. Vidarte, califica en sus memorias a la expedición como:

"... una de las páginas románticas y al mismo tiempo más descabelladas e inútiles del ejército republicano" (472).

            Curiosamente Juan Simeón Vidarte atribuye erróneamente, la corresponsabilidad política de la expedición al Comité Central  de Milicias (473). En cualquier caso, el papel del Comité se limitó a la aceptación  del plan, una vez éste ya se había puesto en marcha sin su conocimiento, para evitar el enfrentamiento con  el gobierno de la Generalitat y sus aliados, y resquebrajar, de esta forma, la "unidad antifascista". Los anarcosindicalistas podían haber impuesto sus criterios sin grandes esfuerzos, pero prefirieron no hacerlo, pese a considerar el proyecto como algo descabellado.

            Las presiones contra la expedición, por parte de la oposición, existente fuera de Catalunya tuvieron, posteriormente, funestas consecuencias. Joaquín Almendros considera que las razones políticas de estos sectores gubernamentales y del Frente Popular se debieron a la tradicional desconfianza del gobierno central hacia las iniciativas de Catalunya. El aumento del prestigio del gobierno autónomo catalán era visto con buenos ojos, frente al predominio de los anarcosindicalistas, sin embargo provocaba recelos y suspicacias por la actitud nacionalista de los dirigentes catalanistas.

"Los elementos del poder Central criticaron  mucho esta operación. Se ha tratado de justificar la falta de apoyo inicial, así como la orden de retirar los barcos de guerra y mercantes del escenario de esa acción de guerra. Esa actitud obedecía a un propósito bien claro: impedir o dificultar las pretensiones de la Generalitat, que esperaba fortalecer su posición política en Catalunya, Baleares y Levante..." (474).

            El 8 de Agosto finalizaba triunfalmente, la conquista del resto de las islas menores, Formentera e Ibiza, que se encontraban en manos de los militares sublevados. Seguidamente, Alberto Bayo retornó a Barcelona para reclamar el envío de cañones, que consideraba necesarios para poder llevar a cabo el desembarco y la conquista de la isla de Mallorca. La respuesta del Comité Central de Milicias fue la de  exigir  el  inicio  de  la ofensiva,  exclusivamente  con los materiales de los que se disponía. Una fuerte desconfianza y antipatía existía entre los responsables del Comité y el mando militar máximo de la operación.

            El 18 de Agosto, desembarcaba un contingente armado de 2.500 hombres en las playas más desérticas de Mallorca, lejos de los principales núcleos urbanos. En pocas horas, las columnas  milicianas dominaron las costas comprendidas entre Porto Cristo y Artá. La ofensiva llegó a tener una profundidad de unos diez kilómetros de profundidad en dirección hacia Manacor, localidad que no pudo ser tomada. Tras los primeros éxitos, la resistencia de la guarnición empezó a ser cada vez más fuerte, apoyada por las primeras incursiones de la aviación italiana.

            La expedición adoleció, desde los primeros momentos del desembarco,   de la falta del armamento adecuado para la ofensiva. Al parecer, el escaso material que les fue suministrado, llegó demasiado tarde, cuando las órdenes de retirada, procedentes del gobierno central, ya estaban dadas.

            El comandante Guarner fue enviado por el Comité de Milicias a la isla, para supervisar la marcha de la ofensiva. Su informe  sería tajante, el éxito de la  expedición dependía de que fuera suministrado el material que Alberto Bayo reclamaba. Sin embargo, los suministros sólo llegaron en cantidades muy limitadas, e incluso parece ser que las órdenes dadas desde este organismo para que fuera enviado el material tampoco fueron obedecidas.

            Simultáneamente a la realización de las operaciones militares, una serie de cambios se estaban produciendo en la retaguardia republicana. Prieto iniciaba su ofensiva contra la expedición a Mallorca, ridiculizándola en las páginas del diario "Informaciones" de Madrid.

"La reconquista de cualquier provincia española vale muchísimo más que la toma de Mallorca. No iban los facciosos mallorquines a nado con el fusil a la espalda a invadirnos por Levante" (475).

            La actitud del gobierno central estaba marcada por una profunda desconfianza hacia la iniciativa catalana. Sin duda alguna, el éxito de la expedición habría reforzado enormemente el prestigio del gobierno autónomo catalán que se mostraba excesivamente independiente frente al gobierno central e indirectamente también hubiera beneficiado al Comité Central, que se había convertido en la auténtica dirección de la operación. 


            La dependencia en la cuestión del armamento del Comité Central hacia el gobierno central se hizo patente. El hecho de que el gobierno republicano controlara la Aviación y la Marina se convirtió en una eficaz arma de presión para conseguir la retirada inmediata de los expedicionarios de la isla. Bayo considera que Prieto fue el principal responsable del ultimátum  que dió el gobierno central a la expedición.

"La retirada se debe a él. El la exigió para entrar en el Ministerio de Defensa y ésa orden fue dada porque él no creyó en la empresa, como no creyó en ninguna de las que pretendimos hacer en nuestra guerra" (476).

            Las órdenes del gobierno republicano central fueron tajantes. Se ordenaba la retirada inmediata de las tropas expedicionarias que se encontraban en Mallorca. La retirada de las milicias se inició en la noche del 2 al 3 de Septiembre. La precipitación fue tal, que una gran cantidad de material bélico  y numerosos milicianos quedaron abandonados en tierra, siendo apresados por la guarnición de la isla, y fusilados la mayoría de ellos.

            Tras la llegada a Barcelona, Alberto  Bayo tuvo que presentarse ante el Comité Central y ante Juan García Oliver, responsable máximo de las milicias, para rendir cuentas del fracaso de la expedición. Al parecer, en Barcelona, tanto  el gobierno de la Generalitat como el Comité de Milicias ignoraban las razones de la retirada de la expedición.

            El fracaso de la operación se debió, no tanto a los errores tácticos de las milicias, que fueron muchos, como a la rivalidad  existente entre los diferentes poderes, y lo que éstos representaban. Una vez más, para el gobierno republicano, primaban más los aspectos políticos (la liquidación de la revolución) sobre los militares y la evolución de la guerra (la derrota del ejército franquista).

            La descoordinación política entre los distintos poderes, gobierno autónomo, Gobierno de la República y Comité Central, era absoluta, agravada por la lucha a muerte que existía entre ellos. Los dos primeros encarnaban al viejo poder burgués, en sus dos versiones, la central y la nacionalista, el último era, al fin y al cabo, un organismo de poder surgido de la revolución, que debía ser combatido hasta su desaparición definitiva.

4.4.6 Solidaridad con otros frentes. Valencia, Irún y Madrid.

            Las jornadas de Julio comportaron la derrota de los sublevados en la mayor parte de la península y el derrumbe de las instituciones republicanas. Sin embargo, y pese al triunfo de los revolucionarios, la victoria de la revolución de los comités solo había alcanzado la primera etapa. La no aparición de un auténtico poder revolucionario a nivel estatal implicó la existencia de un inestable período de dualidad de poderes.


            A pesar de la profundidad que había adquirido la revolución en Catalunya, respecto al resto del estado, que se mantenía fuera del poder de los sublevados, los peligros seguían siendo reales. En este sentido, y no en otro, podemos entender la curiosa e ingenua combinación de la táctica del anarcosindicalismo. Negarse a la toma del poder político que la revolución había puesto en sus manos en Catalunya, para extenderla al resto de la península, mientras intentaba extender su influencia política mediante las milicias obreras, a través de una política de colaboración y de compromiso con las derruidas instituciones republicanas.

            El anarcosindicalismo, triunfante en Catalunya, contaba con una fuerte presencia en las provincias del Levante y en otras zonas del estado que debía mantener a toda costa. Sus victorias militares, indudablemente, hubieran aumentado enormemente el prestigio de sus columnas armadas, y por lo tanto, de su propio proyecto revolucionario. Por otra parte, el Comité Central de Milicias tenía que evitar, a toda costa, que la Catalunya revolucionaria quedara aislada, geográfica y políticamente, del resto del estado, donde habían fracasado los insurgentes. El peligro de aislamiento que corrían los revolucionarios catalanes provenía de dos frentes: la victoria de los sublevados y la recuperación total del control político por parte de las instituciones republicanas y de sus aliados del Frente Popular. Por este motivo, la primera industria bélica de Catalunya, envió grandes cantidades de municiones y de material de guerra a otras zonas de la península, cuando el mismo frente de Aragón padecía una escasez angustiosa.

"Hemos entregado armas y municiones a todos los frentes: a Córdoba, a Málaga, al Centro, a Levante, a Irún, etc.; hemos proporcionado algunas piezas de artillería a los frentes del sur, al mismo tiempo que sosteníamos la campaña de Mallorca y nuestra empresa de reconquista de Aragón, sin hablar de material sanitario, ambulancias, camiones, víveres, ropas, obuses de artillería de todos los calibres, que habíamos comenzado a fabricar en gran escala".
"A la misma defensa de Madrid, hemos contribuido desde Catalunya con unos diez mil hombres armados..." (477).

            En los primeros momentos del triunfo en Catalunya, el Comité Central de Milicias no sólo tuvo que enfrentarse a la amenaza de los sublevados, que habían triunfado en Zaragoza y en el resto de la región aragonesa, sino que tuvo que asegurar que la vacilación de las guarniciones militares existentes en Valencia, se tradujera en el triunfo del Comité Ejecutivo Popular y no en el de los partidarios de los facciosos. Las directrices de la junta enviada por el gobierno de Giral, dirigida por Martínez Barrio, y encargada de mantener la autoridad del estado republicano en la región fueron claramente desmovilizadoras. La junta gubernamental, apoyada únicamente por el Partido Comunista, pretendía que fuera desconvocada la huelga general, organizada por los sindicatos, negociar las condiciones  para conseguir la neutralidad de las tropas acantonadas en la zona, que estaban dirigidas por el general Martínez Monje y la disolución inmediata del Comité Ejecutivo Popular.

            Las órdenes gubernamentales fueron desobedecidas por la población que seguía desconfiando de las sospechosas muestras de lealtad republicana que ofrecía Martínez Monje, mientras sus tropas continuaban acuarteladas en sus guarniciones, y vigiladas estrechamente por la población. El Comité Ejecutivo Popular de Levante continuó funcionando al margen de la junta de Martínez Barrio, que era desobedecida y arrinconada por los trabajadores.

            Mientras los militares, en Valencia, dudaban en sumarse a la sublevación, el Comité Central de Milicias de Catalunya amenazaba a las autoridades republicanas, que exigían la desmovilización popular y la restauración inmediata de su autoridad, con el envío de columnas de milicianos para apoyar a los sectores revolucionarios.

            Cuando a finales del mes de Julio, los militares de Valencia decidieron sumarse a la sublevación, los obreros valencianos, dirigidos por el Comité Ejecutivo Popular, se lanzaron a sofocar el levantamiento con armas procedentes de los suministros que habían llegado por el Comité Central de Milicias de Catalunya y también por las organizaciones anarcosindicalistas de Barcelona y de Madrid. Indudablemente, el factor catalán contribuyó decisivamente a la victoria de los revolucionarios en Levante.

            La victoria de los revolucionarios en Catalunya fue fundamental para la moral de los trabajadores valencianos al enfrentarse a los sublevados y, sin ninguna duda, fue en detrimento de la de éstos. También la llegada de armas procedentes de Barcelona  contribuyó a aumentar las posibilidades de éxito para los revolucionarios levantinos en su combate para sofocar la sublevación.

            El resultado fue el completo desmoronamiento, como en Catalunya, de las autoridades republicanas de la región y la derrota total de los insurgentes. El Comité Ejecutivo Popular se constituía como la junta de poder territorial en la región hasta la llegada, pocos meses después, el 7 de Noviembre, del gobierno republicano central, ahora presidido por Largo Caballero, que abandonaba Madrid, en peligro de caer en manos del ejército franquista. La negativa de los libertarios a constituir un auténtico gobierno revolucionario, tanto en Catalunya como en Valencia, fue la causa  principal de la rápida decadencia  que sufrió el Comité Ejecutivo Popular, a la llegada de las autoridades republicanas.

"... su duración fue efímera pues el traslado del gobierno central a Valencia no tardó en asfixiarlo y no permitió que realizara nada comparable a la obra del Consejo de Economía de Catalunya...".

"Cuando el 7 de Noviembre de 1936 el gobierno de Largo Caballero   se instaló en Valencia, el Comité Ejecutivo Popular empezó a debilitarse y desapareció en el mes de Diciembre. Fue reemplazado por Consejos provinciales en cada una de las cinco provincias de Levante..." (478).

            La victoria militar de los revolucionarios levantinos no era suficiente. Su indiscutible victoria, su poder indiscutido en la ciudad de Valencia, tenía que ir acompañada de una verdadera voluntad para constituirse en el único poder en la región, en el poder de la revolución triunfante. La voluntad de "colaboración democrática" que alentaba a la CNT, marcó el final del Comité Ejecutivo Popular levantino.

            La ofensiva que los sublevados, dirigidos por el general Mola, desencadenaron contra Euskadi  y contra todo el frente norte se centró en la toma de la población de Irún, única vía terrestre que mantenía la zona republicana, conectada con Francia. Las columnas libertarias que defendían y controlaban la localidad, fueron abandonadas por las milicias nacionalistas vascas y por las autoridades francesas, que en nombre del pacto de "no intervención" bloquearon en Hendaya, un importante convoy de municiones que envió el Comité Central de Milicias de Catalunya en auxilio de los combatientes.

"Irún no pedía aviación, ni artillería, pedía solamente fusiles, algunas ametralladoras, municiones. Nos llegaron algunas delegaciones para exponer la situación angustiosa en que se encontraban los combatientes de aquella región, por falta de armas y de municiones. Nos aseguraron que Irún no caería si  se les facilitaban medios para defenderse. Todas las tentativas que habían hecho ante el gobierno de Madrid para obtener algún armamento habían sido estériles y los emisarios dirigieron sus pasos hacia Catalunya en demanda de auxilio".
"... No podíamos abastecer a las milicias de Aragón, que reclamaban en vano el envío de municiones. Se planteó algunas veces el problema de Irún en el Comité de Milicias; pero nuestras disponibilidades se habían agotado por completo".
"Comprendimos que Madrid abandonaba a ese bravo pueblo norteño y que nosotros, por muchos sacrificios que hiciésemos, no podíamos salvarles" (479).

            Según el testimonio de Diego Abad de Santillán, el Comité Central de Milicias tuvo que recurrir a los comités locales y de defensa, para conseguir el armamento que pedían los defensores de Irún, ya que las existencias de armamento y municiones en su poder, eran casi inexistentes. Una pequeña parte de las armas consiguió llegar a manos de la Federación Local de Sindicatos Únicos de Irún. Sin embargo, un importante cargamento de municiones, que resultaba indispensable para la defensa de la ciudad, no pudo llegar a tiempo, por el boicot francés y por la negativa del gobierno de Madrid a suministrar el transporte aéreo adecuado.

            A pesar de la desesperada resistencia de los defensores, reforzados por la llegada de unos centenares de milicianos procedentes de Catalunya, que llegaron a través de la frontera  francesa, el 5 de Septiembre Irún caía en manos del ejército franquista, completamente abandonada por Madrid y por las instituciones vascas. La caída de la ciudad significaba el aislamiento completo de la zona republicana del norte y también, su principio del fin.
            Sin embargo, el capítulo más importante de la intervención catalana, fuera de sus fronteras naturales (es decir, salvo el frente de Aragón y el desembarco en Mallorca) fue, sin ninguna  duda, la ayuda que se prestó a la defensa de Madrid. La capital del estado era uno de los objetivos principales del ejército franquista. La toma de Madrid hubiera significado una baza política decisiva para el reconocimiento diplomático del gobierno  de la Junta militar de Burgos. Sin embargo, Franco y su estado mayor cometieron el error de subestimar a sus adversarios, las milicias revolucionarias. El rápido avance de las fuerzas africanistas hacia la capital, se vió desviado, a finales de Septiembre, hacia la ciudad de Toledo, donde un puñado de guardia civiles y de militares se defendía en el Alcázar de la ciudad. La conquista de Toledo por el ejército franquista, dió un tiempo precioso a las tropas milicianas, que estaban organizando la defensa de Madrid.

            La contribución catalana en armamento y en hombres a la defensa, primero del frente de Talavera, y después de la capital, fue importante. El 10 de Septiembre llegaba a Madrid la centuria italo-catalana Gastone Stozzi, para integrarse en las milicias comunistas del V Regimiento. A finales del mismo mes, la columna  "Libertad", integrada por milicianos  comunistas, entraba en combate en la zona centro, en el frente de Talavera. Con posterioridad llegaba a la capital madrileña la columna "Tierra y Libertad" con mil quinientos voluntarios, bajo la responsabilidad de Federica Montseny y por Diego Abad de Santillán. La columna libertaria se formó con voluntarios procedentes de la malograda expedición a Mallorca. Sin embargo, al parecer, la columna se formó a espaldas del Comité Central de Milicias. Al parecer y según el testimonio del García Oliver, la formación de esta columna fue motivo de roces y de enfrentamientos entre los dirigentes de la CNT en el Comité Central de Milicias (480).

            Posteriormente otros nuevos contingentes de las milicias catalanas se incorporaron a la defensa de Madrid, entre ellos destacaron por su importancia, las milicias poumistas y la columna dirigida por Durruti que se batió en la ciudad universitaria. Sin embargo, estas nuevas incorporaciones se dieron fuera del período del trabajo que nos ocupa, en pleno retroceso del movimiento revolucionario en Catalunya y en el resto el estado.

4.4.7 Los Consejos de soldados.

            El fenómeno de los comités es una característica peculiar del espontaneismo de la revolución española. La fiebre de los comités se extendió a todo el territorio de la República, donde los militares habían sido derrotados, y también alcanzó e inundó a todo el panorama político y económico de esta zona (los comités adquirieron funciones políticas y económicas, ocupando el vacío político que habían dejado las instituciones de poder republicanas y la burguesía que se había dado a la fuga).

            Los comités revolucionarios también aparecieron, desde los primeros momentos, en las filas de los semidisueltos cuerpos policiales y en los restos  del ejército que se había mantenido fieles a la  autoridad del gobierno. La fiebre revolucionaria había contagiado a los restos del brazo armado con los que contaba  el Estado republicano burgués.

            La ola espontánea, creadora de los comités, fue aprovechada por el Comité Central para asegurarse el control de dichos cuerpos y de las recién organizadas milicias revolucionarias.

            Consejos de Obreros y Soldados, supeditados  a las directrices  políticas del Comité de milicias, fueron creados entre los restos  de los cuerpos de Aviación, Infantería y Artillería que se habían mantenido leales al gobierno republicano; también aparecieron entre los carabineros, empleados de Aduanas, Mozos de Escuadra y en Sanidad, por iniciativa del departamento de guerra.

"Para asegurarse el control de las recién organizadas milicias y limpiar las fuerzas gubernamentales de posibles traidores, la CNT y la UGT introdujeron un sistema de consejos de obreros y soldados. Fue en Barcelona donde primero se organizaron, extendiéndose luego por Levante, Andalucía y hasta Madrid. Los consejos no tenían por misión asumir la dirección militar de las operaciones, sino la de impedir que el control político de las unidades armadas pasara de las organizaciones obreras a los oficiales profesionales que actuaban en calidad de  asesores técnicos de las milicias" (481).

            John Brademas recoge el testimonio, especialmente revelador, de uno de los principales creadores de los Consejos de Obreros y de Soldados, que estaban compuestos por tres delegados cenetistas y por tres ugetistas:

"La creación de los comités fue determinada por la necesidad de continuar la lucha y de tener la confianza más absoluta en las decisiones generales del mando militar... Las milicias obreras necesitaban una dirección garantizada. La consiguieron, mezclando sus propios elementos a los que, elegidos por los cuerpos y unidades militares respectivas, tenían idéntico fin: <<luchar unidos, bajo una dirección responsable y leal...>>" (482).

            Los comités de soldados que actuaban bajo la dirección  política del Comité Central de Consejos, subordinado a su vez al Comité Central de Barcelona, mantenían el control y la vigilancia sobre los militares profesionales que combatían al lado de las milicias. También atendían a los problemas y conflictos de disciplina que sucedían en los cuarteles y en el frente.

            El propósito de los anarcosindicalistas era poder romper definitivamente la disciplina y los sentimientos corporativistas  que todavía pudieran anidar en los cuerpos policiales, y evitar que en el futuro, pudieran ser utilizados contra los sectores revolucionarios.

"Los Consejos de Obreros y Soldados los creamos para hacer imposible la sublevación de los guardias civiles, cosa que se logró. Pero también para impedir el éxito de las maniobras que los comunistas realizaban en el resto de la España republicana, donde con la complicidad de socialistas y republicanos, se estaban apoderando de todos los mandos de las fuerzas armadas..." (483).

            Los Consejos de Obreros y de Soldados, fomentados por el Comité Central de milicias, contaron, desde los primeros momentos, con la oposición de los comunistas del PSUC, que veían en ellos organismos que introducirían, en los ya destartalados cuerpos policiales de la República, elementos de indisciplina y de desintegración.

"La idea fue apoyada por Brotons y por aquellos jefes y oficiales que, en tales consejos, veían el mejor y más eficaz instrumento para introducir un elemento corrosivo en la disciplina de la Guardia Civil. Una institución de esa índole, de férreos reglamentos, deja de ser efectiva, cuando se le introduce el germen de la discusión y la falta de respeto a la autoridad. Fácil es darse cuenta de que los anarquistas, con esto, le hacían el juego a los enemigos de la República y a sus propios enemigos" (484).

            Los Consejos de Obreros y de Soldados, como toda la estructura de comités revolucionarios que se había formado por doquier, entre los milicianos y entre los cuerpos policiales fieles a la República, dificultaba los planes del PSUC y del gobierno de la Generalitat para dotarse de una fuerza de choque fiel, para poder contrarrestar la hegemonía de la CNT.

            Sin embargo, los partidarios de la restauración republicana contaban con un elemento que iba a ser decisivo para sus propósitos. El compromiso político del anarcosindicalismo para respetar la existencia de las antiguas autoridades republicanas  iba acompañado, implícitamente, de la no disolución de las viejas fuerzas de orden público, lo que, a pesar de la actividad de los comités y de los consejos en su seno, permitió al Front d'Esquerres y al gobierno de la Generalitat, ir recuperando, poco a poco, sus efectivos y por lo tanto, también su perdido poder.

            Los Consejos, quedaron mortalmente heridos por la posterior desaparición del Comité Central de Milicias, y acabaron por desaparecer después de Noviembre, para dar paso a los comisarios políticos. La figura del &q